García López v. Estado Libre Asociado De Puerto Rico

2012 TSPR 69

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: April 10, 2012
• Docket: CC-2011-610
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Mirta García López y otros

Recurridos Certiorari v. 2012 TSPR 69 Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros 185 DPR ____

Peticionarios

Número del Caso: CC-2011-610

Fecha: 10 de abril de 2012

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial Caguas, Panel IX

Oficina de la Procuradora General

Lcda. Irene Zoroeta Kodesh Procuradora General

Lcda. María C. Umpierre Marchand Procuradora General Auxiliar

Lcda. Karal Z. Pacheco Alvarez Procuradora General Auxiliar

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Rafael A. Nadal Arcelay Lcdo. Edgardo Pabón Rodríguez Lcda. Zahira A. Maldonado Molina

Materia: Injuction Preliminar y Permanente

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Mirta García López y Otros Certiorari Recurrida

v. CC-2011-610 Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de 2012.

Comparece ante nos el Gobierno de Puerto Rico,

et als., y nos solicita que revoquemos una

Resolución interlocutoria emitida por el Tribunal

de Apelaciones. Mediante esta, el foro apelativo

intermedio concedió siete (7) días a la parte

recurrida de epígrafe para que se expresara en

cuanto a una Moción en Auxilio de Jurisdicción

presentada por la parte peticionaria ante ese foro.

El caso de autos nos da la oportunidad de

expresarnos en cuanto a la naturaleza de las

mociones en auxilio de jurisdicción en nuestro

ordenamiento jurídico. En particular, debemos

resolver si, ante una moción en auxilio de

jurisdicción en la cual se solicita la paralización CC-2011-610 2

de los efectos de un injunction en un caso de alto interés

público, el Tribunal de Apelaciones abusa de su discreción

al conceder términos a las partes para expresarse sin antes

evaluar si la moción en auxilio de jurisdicción presentada

es meritoria de su faz.

Previo a atender esta controversia, pasamos a exponer

los hechos que dieron génesis al caso de autos.

I

El 17 de mayo de 2011 los recurridos de epígrafe,

quienes son maestros y padres de estudiantes de la Escuela

Superior Luis Muñoz Iglesias del Municipio de Cidra,

recibieron una notificación del entonces Secretario de

Educación Jesús Rivera Sánchez en la cual se les informó

que, a tenor con el procedimiento establecido en la Carta

Circular Número 4-2009-2010, se procedería con el cierre de

su escuela efectivo el 31 de mayo de 2011. A su vez, en la

misiva se notificó que las operaciones de ese plantel

escolar serían consolidadas con la Escuela Superior Ana J.

Candelas del mismo municipio.

Inconformes con ese proceder administrativo, el grupo

de padres y maestros (en adelante los recurridos)

presentaron el 1 de junio de 2011 un pleito de interdicto

preliminar ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Caguas. En este, alegaron que la determinación

de cerrar y consolidar con otra su escuela era una

determinación arbitraria y caprichosa que violentaba sus CC-2011-610 3

derechos constitucionales a un debido proceso de ley y a la

igual protección de las leyes.

En síntesis, los recurridos sostuvieron que no

procedía el cierre del plantel escolar ya que el

Departamento de Educación no siguió el procedimiento

establecido en la Carta Circular Número 4-2009-2010, el

cual requería que, previo a ordenar el cierre de una

escuela, el Director Regional debía notificar al Consejo

Escolar sobre la evaluación de cierre escolar que se

estaría realizando, de modo que ese organismo pudiera

expresarse en cuanto a este y emitiera una recomendación al

respecto.

Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia pautó

una vista inicial para el 9 de junio de 2011. Ese mismo

día, el Gobierno de Puerto Rico presentó una Moción de

Desestimación en la cual argumentó que conceder un

injunction en el caso de autos violentaría el principio de

separación de poderes, ya que se daría paso a una

intromisión indebida con la discreción inherente del Poder

Ejecutivo. A su vez, el Gobierno alegó que el pleito

incoado por los recurridos no cumplía con los requisitos

esbozados en la Regla 57 de Procedimiento Civil, 32

L.P.R.A. Ap. V R.57.7, ni con lo enunciado en el Art. 658

del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 3524.

En cuanto a las alegadas violaciones al procedimiento

dispuesto en la Carta Circular Número 4-2009-2010, el CC-2011-610 4

Gobierno argumentó que se trataba de directrices generales

y que la propia Carta establecía que en nada se alteraba la

facultad del Secretario de Educación para cerrar escuelas

aunque no hubiese recibido recomendaciones al respecto.

Por su parte, los recurridos presentaron oposición a

la Moción de Desestimación presentada por el Gobierno y, el

20 de junio de 2011, el foro de instancia denegó esta

última. Así las cosas, citó a las partes para la vista de

injunction preliminar a celebrarse tres (3) días después.

En esa vista, los recurridos presentaron el testimonio

de un maestro de matemáticas de la Escuela, así como la

misiva del 17 de mayo de 2011 y la Carta Circular Número 4-

2009-2010. Acto seguido, el Gobierno presentó una Solicitud

al Amparo de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, 32

L.P.R.A. Ap. V R.39.2, y argumentó que los recurridos no

presentaron alegaciones suficientes que justificaran la

concesión de un remedio. El Gobierno sostuvo que los

recurridos no sufrirían un daño que justificara la emisión

de un injunction a su favor ya que todos los estudiantes y

maestros serían reubicados a la Escuela Superior Ana J.

Candelas ubicada en el mismo municipio. El foro de

instancia denegó ese petitorio.

Posteriormente, el 28 de junio, notificada el 1 de

julio de 2011, el Tribunal de Primera Instancia emitió una

Resolución en la cual expidió un injunction provisional y

ordenó al Departamento de Educación a dejar sin efecto el CC-2011-610 5

cierre de la Escuela Superior Luis Muñoz Iglesias. Entendió

el foro de instancia que, al no cumplir con las directrices

de la Carta Circular Núm. 4 2009-2010, el Departamento de

Educación violentó los derechos constitucionales de los

recurridos. A su vez, determinó que se les causaría a estos

un daño irreparable al cerrarse su plantel escolar.

Inconforme, el Gobierno de Puerto Rico presentó el 15

de julio de 2011 un recurso de certiorari ante el Tribunal

de Apelaciones. Junto con este, presentó una Moción en

Auxilio de Jurisdicción en la cual peticionó que, dado el

alto interés público del caso y el hecho que el nuevo

semestre escolar estaba a solo días de comenzar, se dejara

sin efecto inmediatamente el injunction provisional emitido

por el Tribunal de Primera Instancia mientras se dilucidaba

el recurso de certiorari. Ese mismo día, en horas de la

tarde, el foro apelativo intermedio emitió una Resolución

en la cual, sin atender los asuntos esbozados en la moción

en auxilio de jurisdicción que tenía ante sí, le concedió

siete (7) días a la parte recurrida para que expresara su

posición en cuanto a la petición del Gobierno y el recurso

de certiorari presentado.

Insatisfecho con ese proceder, el 21 de julio de 2011

el Gobierno de Puerto Rico presentó una petición de

certiorari acompañada de una Moción en Auxilio de

Jurisdicción ante este Tribunal y señaló la comisión del

siguiente error: CC-2011-610 6

Erró el Tribunal de Apelaciones al no paralizar la efectividad del injunction emitido por el Tribunal de Instancia, mientras dilucida la petición de certiorari que fue presentada ante sí.

Luego de analizar la moción, el 22 de julio de 2011

procedimos a declararla Ha Lugar, paralizando así los

efectos del injunction emitido por el Tribunal de Primera

Instancia. A su vez, emitimos a los recurridos una Orden de

Mostrar Causa por la cual no debíamos revocar la Resolución

emitida por el Tribunal de Apelaciones.

Los recurridos comparecieron el 1 de agosto de 2011,

por lo cual estamos en posición de resolver sin ulterior

trámite.

II

A.

Una moción que solicita a un tribunal un remedio en

auxilio de su jurisdicción es, en esencia, un llamado a la

utilización del poder inherente que tiene todo tribunal

para constituir los remedios necesarios que hagan efectiva

su jurisdicción y que eviten fracasos en la administración

de la justicia. Pantoja Oquendo v. Mun. de San Juan, res.

el 9 de junio de 2011, 2011 T.S.P.R. 82, pág. 7, 2011

J.T.S. 87, 182 D.P.R. ___ (2011); San Gerónimo Caribe

Project v. A.R.Pe., 174 D.P.R. 640, 654 (2008); Misión Ind.

P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 D.P.R. 656, 678 (1997). Es

decir, se trata de un remedio en equidad que recae en la

sana discreción de los tribunales, y que “goza de CC-2011-610 7

características afines a otros de similar naturaleza, como

lo son el entredicho provisional y el injunction

preliminar”. Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., Íd.

En nuestro ordenamiento se ha reconocido la facultad

de los tribunales apelativos para emitir este tipo de

órdenes en equidad. Así, por ejemplo, la Regla 79 del

Tribunal de Apelaciones en su inciso (A) establece, inter

alia, que:

(A) Para hacer efectiva su jurisdicción en cualquier asunto pendiente ante sí, el Tribunal de Apelaciones podrá expedir cualquier orden provisional, la cual será obligatoria para las partes en la acción, sus oficiales, agentes, empleados(as) y abogados(as), y para aquellas personas que actúen de acuerdo o participen activamente con ellas y que reciban aviso de la orden mediante cualquier forma de notificación. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R.79.

La facultad inherente de este Foro para emitir

órdenes en auxilio de jurisdicción también se encuentra

recogida en nuestro Reglamento. Particularmente, la Regla

28 establece, en lo pertinente, que:

(a) El Tribunal podrá expedir una orden provisional en auxilio de su jurisdicción cuando sea necesario hacer efectiva su jurisdicción en un asunto pendiente ante su consideración.

A los fines de esta regla, se entenderá que el Tribunal atenderá, sin sujeción al trámite ordinario, cualquier asunto relacionado con el recurso presentado o pendiente para evitar alguna consecuencia adversa que afecte su jurisdicción o que pueda causar un daño sustancial a una parte mientras resuelve el recurso. In re: Reglamento del Tribunal Supremo, 2011 T.S.P.R. 174, 183 D.P.R. ___ (2011), pág. 59.1

1 Tan temprano como en 1946 ya se reconocía en el Reglamento de este Tribunal la facultad de expedir “injunctions en auxilio de su CC-2011-610 8

Debido a su linaje basado en principios de equidad y

de discreción inherente del poder judicial, hemos dicho

que el remedio que ofrece esta Regla es uno “excepcional

de trascendental importancia en casos donde existan

situaciones de verdadera emergencia”. Marrero Rivera v.

Dolz, 142 D.P.R. 72, 73 (1996)(Resolución)(Énfasis

suplido). Así, al invocar la facultad discrecional de los

tribunales apelativos, no puede utilizarse este remedio

para casos o situaciones que no conlleven el nivel de

importancia adecuado.

Estas disposiciones provistas por nuestro

ordenamiento son de naturaleza similar al poder reconocido

a los tribunales federales en Estados Unidos. A manera de

enriquecer nuestro análisis, conviene analizar brevemente

la figura análoga de la moción en auxilio de jurisdicción

en la esfera federal.

B.

En esa jurisdicción de common law, se encuentra

estatuido el All Writs Act, 28 U.S.C. sec. 1651. Este

estatuto federal establece que “el Tribunal Supremo y

todas las cortes establecidas por Ley del Congreso podrán

emitir todos los recursos necesarios o apropiados en

auxilio de sus respectivas jurisdicciones y que sean

acordes con los usos y principios del Derecho”. Íd.

(Traducción suplida).

jurisdicción apelativa”. Regla 15a, Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 1946. CC-2011-610 9

La doctrina federal establece que el All Writs Act,

supra, fue aprobado con el propósito de “asegurar que

todos los recursos y remedios disponibles para las cortes

del common law estén disponibles para las cortes federales

a menos que su uso esté prohibido por estatutos o reglas”.

Moore’s Federal Rules Pamphlet sec. 1651.2. (Traducción

suplida).

Se ha reconocido que esta disposición permite a los

tribunales federales emitir cualquier tipo de orden que

sea en auxilio de su jurisdicción apelativa, inclusive

injunctions. 19 Moore’s Federal Practice sec.

204.01[2][c]. No obstante, la facultad de emitir órdenes

en auxilio de su jurisdicción apelativa no significa que

los tribunales apelativos federales puedan, a través de

ese mecanismo, expandir su jurisdicción más allá de las

fronteras constitucionales y estatutarias. Clinton v.

Goldsmith, 526 U.S. 529 (1999); Pennsylvania Bureau of

Corrections v. U.S. Marshals Service, 474 U.S. 34 (1985).

A su vez, y similar a nuestro ordenamiento, se ha

reconocido en la esfera federal que la expedición de un

injunction al amparo del All Writs Act, supra, es una

medida que descansa en la sana discreción del tribunal

apelativo y que debe reservarse solo para casos de

verdadera urgencia en donde los derechos en controversia

sean indiscutiblemente claros. Brown v. Gilmore, 533 U.S.

1301 (2001) (Rehnquist, J.P., actuando como juez de CC-2011-610 10

circuito); Ohio Citizens for Responsible Energy, Inc. v.

Nuclear Regulatory Com’n, 479 U.S. 1312 (1986) (Scalia,

J., actuando como juez de circuito).2

De lo anterior podemos apreciar que en ambas

jurisdicciones los mecanismos que proveen a los tribunales

la facultad de emitir órdenes en auxilio de su

jurisdicción se amparan en principios de equidad. A la

vez, van dirigidos a la discreción de cada tribunal y su

uso debe reservarse para casos de verdadera urgencia.

C.

Cónsono con estos principios, en ocasiones anteriores

hemos expresado que el uso incorrecto del mecanismo de la

moción en auxilio de jurisdicción “trastoca y entorpece

injustificadamente el funcionamiento interno de este

Tribunal, lo cual tiene un efecto detrimental en la

administración expedita de la justicia”. Marrero v. Dolz,

supra, pág. 73. A tales efectos, hemos establecido que los

abogados que abusen de este mecanismo extraordinario

estarán sujetos a la imposición de sanciones. Marrero v.

Dolz, supra; Regla 28 del Tribunal Supremo de Puerto Rico,

supra.

Por otra parte, hemos reiterado la importancia de que

el Tribunal de Apelaciones atienda con premura las

2 A diferencia de este Tribunal, el Reglamento del Tribunal Supremo de Estados Unidos permite que las mociones que solicitan la paralización de los efectos de una Sentencia sean presentadas a uno de sus jueces individualmente. Este puede disponer del asunto sin referirlo al Pleno del Tribunal. Véase Regla 23 del Tribunal Supremo de Estados Unidos, U.S.Sup.Ct. Rule 23, 28 U.S.C. CC-2011-610 11

mociones en auxilio de jurisdicción que ante este sean

presentadas. Pantoja Oquendo v. Mun. de San Juan, supra.

A esos efectos, hemos colegido que en casos de alto

interés público el Tribunal de Apelaciones debe actuar con

celeridad y abusa de su discreción al conceder términos a

las partes para que se expresen en cuanto a los

fundamentos de una moción en auxilio de jurisdicción si

con ese proceder se fomenta un impermisible panorama de

incertidumbre. Pantoja Oquendo v. Mun. de San Juan, supra,

pág. 15.

III

Analizada la naturaleza de la moción en auxilio de

jurisdicción en nuestro ordenamiento, pasemos a discutir

los remedios que hemos reconocido pueden ser concedidos a

las partes que hacen uso de este mecanismo extraordinario.

Comenta el tratadista Rafael Hernández Colón que, en

atención a una moción en auxilio de jurisdicción, el

Tribunal de Apelaciones

puede expedir la orden que sea necesaria para mantener un estado de cosas entre los litigantes y el objeto del pleito que le permita llevar a cabo la revisión de la actuación del [Tribunal de Primera Instancia] . . . y dictar una sentencia que sea eficaz para proteger los derechos de la parte que recurre al [Tribunal de Apelaciones]. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, San Juan, Lexis- Nexis, 5ta Ed., 2010, pág. 496.

Cónsono con lo anterior, desde Peña v. Federación de

Esgrima de P.R., 108 D.P.R. 147 (1978) habíamos reconocido

que los tribunales apelativos están revestidos de CC-2011-610 12

autoridad para tomar medidas que, en auxilio de su

jurisdicción, tengan el efecto de suspender los efectos de

la Sentencia y detener su ejecución. Para poder prevalecer

en su petitorio, establecimos que la parte que interesa se

suspendan los efectos de una Sentencia debe cumplir con

los siguientes requisitos: (a) presentar un caso fuerte

con probabilidades de prevalecer en los méritos; (b) que

sufrirá un daño irreparable si no se detiene la ejecución

de la Sentencia; (c) que la paralización no causará daño

sustancial a las demás partes; y (d) que no se verá

perjudicado el interés público.3 Estos requisitos han sido

consistentemente reiterados por nuestra jurisprudencia.

Véase Pantoja Oquendo v. Mun. de San Juan, supra, y Plaza

Las Américas v. N & H, 166 D.P.R. 631, 642-643 (2005).

A su vez, estos requisitos son de igual aplicación

cuando una parte recurre al foro apelativo y solicita la

paralización de los efectos de un injunction. Plaza Las

Américas v. N & H, supra. A tales efectos, la Regla 57.7

de Procedimiento Civil establece que:

(a) Cuando una parte apele o recurra de una orden o sentencia que conceda, deje sin efecto o deniegue un injunction, el tribunal de instancia, en el ejercicio de su discreción, podrá suspender, modificar, restituir o conceder un injunction

3 Como hemos dicho en otras ocasiones, “existe cierta simetría entre los principios que regulan la concesión del injunction y los que regulan sus efectos post apelativos”. Plaza Las Américas v. N & H, 166 D.P.R. 631, 644 (2005). Así, la norma reconocida en Peña v. Federación de Esgrima de P.R., 108 D.P.R. 147 (1978) refleja los requisitos para la expedición de un injunction, tanto preliminar como permanente. Véase Plaza Las Américas v. N & H, supra; Mun. de Loíza v. Sucns. Súares et al., 154 D.P.R. 333 (2001); Pérez Vda. Muñiz v. Criado, 151 D.P.R. 355, 383 esc. 11 (2000). CC-2011-610 13

mientras dilucida el recurso interpuesto bajo aquellos términos relativos a fianza y demás que estime adecuados para proteger el interés público.

(b) Lo dispuesto en esta regla no restringe la facultad del tribunal de apelación o de uno(a) de sus jueces o juezas para paralizar los procedimientos mientras se dilucida el recurso interpuesto o para suspender, modificar, restituir o conceder un injunction mientras esté pendiente la apelación o certiorari, o para dictar cualquier orden adecuada para preservar el status quo o la efectividad de la sentencia que habrá de emitirse en su día. No obstante, cuando una parte recurra de una orden que deje sin efecto o deniegue un entredicho provisional, el tribunal de apelación sólo podrá emitir, mientras dilucida el recurso interpuesto, una orden provisional ex parte que no debe excederse del término de diez (10) días que caracteriza a dicho recurso extraordinario, salvo que el tribunal expresamente prorrogue dicho término en conformidad con la Regla 57.1 (Énfasis suplido). 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 57.7.

Finalmente, y cónsono con el principio que ante una

moción en auxilio de jurisdicción los tribunales pueden

conceder cualquier remedio que en equidad proceda, hemos

inclusive ordenado al Tribunal de Apelaciones a resolver

controversias complejas y de alto interés público en un

término determinado. Véase U. Ciencias Méd. S.J. Bautista

v. E.L.A., 141 D.P.R. 403, 405 (1996)(Sentencia).4

4 En U. Ciencias Méd. S.J. Bautista v. E.L.A., 141 D.P.R. 403 (1996) se dio una situación similar a la de autos, en la cual el foro apelativo intermedio, ante una moción en auxilio de jurisdicción, se negó a paralizar los efectos de un injunction emitido por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de interés público. En esa ocasión dijimos que el “foro apelativo debió acoger la moción en auxilio de su jurisdicción y decretar la paralización de la referida prohibición hasta tanto resolviera el recurso presentado. El balance de intereses y el derecho vigente así lo aconsejan”. Íd. pág. 404 (Énfasis suplido). Por ende, y ante el alto interés público presentado, ordenamos al Tribunal de Apelaciones a resolver la controversia planteada en un término de nueve (9) días. CC-2011-610 14

IV

Conforme a los principios anteriormente esbozados,

procedemos a aplicarlos a la controversia de autos.

Como vimos, en el caso de epígrafe el Gobierno de

Puerto Rico presentó ante el Tribunal de Apelaciones un

recurso de certiorari acompañado de una Moción en Auxilio

de Jurisdicción. En esta, peticionó que se dejara sin

efecto el injunction emitido por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Caguas. El foro apelativo

intermedio emitió una Resolución en la cual le concedió

siete (7) días a la parte recurrida de epígrafe para que se

expresara en cuanto al recurso y la Moción en Auxilio de

Jurisdicción.

El Tribunal de Apelaciones erró con tal proceder. Como

hemos discutido, una moción en auxilio de jurisdicción

correctamente utilizada, coloca ante la consideración del

foro apelativo una situación de gran importancia en la cual

puede quedar adversamente afectada su jurisdicción o

causarse daños serios a una parte. En casos de alto interés

público como el de autos, la urgencia de la situación es

aún mayor. El Tribunal de Apelaciones debe actuar con toda

la celeridad debida para evitar que: 1) se afecte

negativamente el interés público y 2) se fomente un

panorama de incertidumbre jurídica. CC-2011-610 15

Es por ello que en casos de alto interés público, como

por ejemplo aquellos que versen sobre temas de separación

de poderes, violaciones a derechos constitucionales, casos

de menores o en los cuales se afecte la libertad de un

ciudadano, el foro apelativo intermedio no puede conceder

términos para que otras partes en el pleito se expresen en

cuanto a un remedio solicitado en auxilio de su

jurisdicción, sin antes evaluar si la solicitud merece un

remedio inmediato o si, por el contrario, carece de mérito.

Al así proceder, el Tribunal de Apelaciones estaría

obviando la urgencia de ese recurso extraordinario. Aun

cuando la concesión de ese remedio está sujeta a su sana

discreción, ello no significa que tal discreción opera en

un vacío, y el tribunal debe ponderar el interés de todas

las partes involucradas en el pleito, sin que ello conlleve

el conceder términos a estas para expresarse en cuanto a

este. Por ende, establecemos que en casos en los cuales se

presenten situaciones como las antes descritas, el Tribunal

de Apelaciones no puede conceder términos a las partes para

que se expresen en cuanto a una moción en auxilio de

jurisdicción, sin antes evaluar si la solicitud es

meritoria de su faz.

Lo anterior no significa que el Tribunal de

Apelaciones deba conceder inmediatamente, cuan objeto

autómata, cualquier remedio solicitado mediante moción en

auxilio de jurisdicción. A contrario sensu, el foro CC-2011-610 16

apelativo intermedio debe utilizar su discreción

responsablemente para analizar si el remedio procede en

derecho. Como todo acto discrecional, el Tribunal de

Apelaciones puede ponderar la situación ya que pueden

existir diferentes grados de urgencia. Incluso, si el

tribunal entiende que es meritorio o conveniente escuchar

a la otra parte antes de adjudicar la moción, puede

conceder un término corto –lo más limitado posible- antes

de resolver. Inclusive puede emitir un remedio provisional

en auxilio de su jurisdicción, sujeto a la disposición

definitiva de la Moción una vez la otra parte comparezca.

Pero lo que no puede hacer es conceder términos a las

partes para que se expresen en cuanto al remedio

solicitado en auxilio de jurisdicción si con ello se

fomenta un impermisible panorama de incertidumbre o se

incurre en el riesgo de tornar académico el pleito.

Tampoco pueden concederse términos sin evaluar antes los

méritos de la moción en auxilio de jurisdicción a tenor

con la jurisprudencia aplicable, ya que ello le resta

importancia a la situación presentada y tiene el efecto

práctico de denegar sub silentio una moción en la cual se

solicita la intervención urgente del Tribunal.

La disidencia sostiene que esta norma crea una

injustificada distinción en el manejo de mociones en

auxilio de jurisdicción entre el Tribunal de Apelaciones y

este Foro, pues “el Tribunal Supremo de Puerto Rico CC-2011-610 17

incurre cotidianamente en la misma práctica por la que hoy

reprende al foro intermedio”. Op. Disidente pág. 9. Ello

es incorrecto.

Primero, en las ocasiones en que proveemos términos a

las partes para que se expresen en cuanto a mociones en

auxilio de jurisdicción lo hacemos luego de ponderar los

factores enumerados en Peña v. Federación de Esgrima de

P.R., supra y la Regla 28 del Reglamento de este Tribunal.

Segundo, la disidencia parece no reconocer que la norma

anunciada en esta Opinión aplica solo a casos en donde la

concesión de un término a una parte fomenta un

impermisible panorama de incertidumbre jurídica, y no a

“cualquier moción en auxilio de jurisdicción” presentada.

Ante ello, no cabe hablar de distinciones injustificadas

ya que este Tribunal solo concede términos en casos donde

no se cree un panorama de incertidumbre ni exista un

riesgo de convertir el pleito en académico.

A tenor con lo anterior, pasemos a aplicar los

P.R., supra, y Pantoja Oquendo v. Mun. de San Juan, supra,

para determinar si la Moción en Auxilio de Jurisdicción

presentada por el Estado en el caso de autos era meritoria

de su faz y si la concesión de término provista por el

Tribunal de Apelaciones fomentó un impermisible panorama

de incertidumbre. CC-2011-610 18

En el caso de autos, se solicitó una Orden de

Paralización de un injunction emitido por el Tribunal de

Primera Instancia. Mediante este último, se le prohibió al

Secretario de Educación continuar con el procedimiento de

cierre de la Escuela Superior Luis Muñoz Iglesias. De un

análisis de los autos podemos colegir que la parte

peticionaria cumplió con todos los requisitos necesarios

para la expedición de una Orden de Paralización de los

efectos del injunction.

De entrada, mediante la Moción en Auxilio de

Jurisdicción presentada ante el Tribunal de Apelaciones,

el Departamento de Educación expresó claramente el alto

interés público que involucra el caso de autos. Se trata

de controversias de separación de poderes, y de la

utilización por parte del Poder Ejecutivo de sus

facultades para administrar el erario. Debemos recordar

que, en cuanto al derecho a la educación se refiere, la

Constitución de Puerto Rico en su Artículo II, Sección 5

establece la enseñanza en escuelas públicas será gratuita

y “hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, se

hará obligatoria para la escuela primaria”. Art. II, Sec.

5, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, pág. 292. Por ende,

este caso involucra directamente una de las

responsabilidades constitucionales ineludibles del Poder

Ejecutivo: la obligación de delinear las alternativas más CC-2011-610 19

razonables para el mejor y más eficiente uso de los fondos

públicos, los cuales no son ilimitados.

Por otro lado, el Gobierno de Puerto Rico demostró

que sufriría un daño serio si no se concedía el remedio de

paralización que solicitó en auxilio de la jurisdicción

del foro apelativo intermedio. La consolidación de la

Escuela Superior Luis Muñoz Iglesias formaba parte de un

plan integrado del Departamento de Educación. Al momento

de presentar su Moción en Auxilio de Jurisdicción, el

semestre escolar de agosto 2011 estaba a aproximadamente

dos (2) semanas de comenzar, por lo cual si no se

paralizaba el injunction emitido por el Tribunal de

Primera Instancia, el Estado sufriría un palpable daño.

Ello es así ya que quedaría trastocado su plan para

maximizar el uso de planteles escolares con el fin de

lograr una planificación coherente del sistema de

instrucción pública. A su vez, de no paralizarse los

efectos del injunction se fomentaría un panorama de

incertidumbre en el cual el estado no podría cumplir con

sus planes de consolidación de escuelas para el manejo de

fondos públicos.

Por otra parte, no existía riesgo de que la

paralización del injunction en el caso de autos causaría

un daño sustancial a la parte recurrida de epígrafe. Los

estudiantes de la Escuela Superior Luis Muñoz Iglesias no

verían su derecho a la educación afectado ya que todas las CC-2011-610 20

operaciones de su plantel escolar serían consolidadas con

las de otra escuela. La posible molestia que podría

causarle a los recurridos el tener que viajar a otra

escuela no es un daño grave. Ergo, la paralización del

injunction en el caso de autos no ocasionaría daño

sustancial a los estudiantes.

Finalmente, el Gobierno de Puerto Rico presentó un

caso fuerte con altas probabilidades de prevalecer en los

méritos. Los recurridos argumentan que el Departamento de

Educación los privó de su derecho constitucional a un

debido proceso de ley ya que no siguió los procedimientos

para el cierre de escuelas establecidos en la Carta

Circular Núm. 4-2009-2010, los cuales incluían

notificación a los consejos escolares para que estos

emitieran comentarios y recomendaciones al Secretario de

Educación. No obstante, en ese documento se establecen

unas directrices generales, y se deja claro que estas “no

limitan la autoridad del Secretario de Educación para

aceptar o no, las recomendaciones del Comité [para el

Cierre], ni su autoridad para tomar acción, aunque no haya

recibido recomendación”. Véase Apéndice Petición de

Certiorari, pág. 49.5

5 Por otro lado, el Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil establece, en lo pertinente, que no se podrá emitir un injunction o una orden de entredicho en la siguiente circunstancia:

(3) Para impedir la aplicación u observancia de cualquier ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, o el cumplimiento de cualquier actuación autorizada por ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, de un funcionario CC-2011-610 21

Todos estos factores demuestran que el Gobierno de

Puerto Rico cumplió con los requisitos esbozados en

nuestra jurisprudencia para que se ordenara la

paralización del injunction provisional emitido por el

Tribunal de Primera Instancia. Pero de mayor importancia

es que el Gobierno de Puerto Rico argumentó correctamente

el alto interés público presentado en el caso y el

panorama de incertidumbre que se fomentaría si no se

paralizaban los efectos de la sentencia del foro de

instancia. Ante esas circunstancias, la Moción en Auxilio

de Jurisdicción presentada por el Gobierno de Puerto Rico

era meritoria de su faz, por lo cual erró el Tribunal de

Apelaciones al no conceder el remedio de paralización

solicitado mediante esta. La concesión de un término de

siete (7) días a la parte recurrida de epígrafe para que

se expresara en cuanto a la moción aludida tuvo el efecto

de fomentar un impermisible panorama de incertidumbre.

Ante tal cuadro fáctico, se debieron paralizar los efectos

del dictamen del Tribunal de Primera Instancia sin

conceder el término aludido.

público, de una corporación pública, o de una agencia pública, o de cualquier empleado o funcionario de dicha corporación o agencia, a menos que se hubiera determinado por sentencia final, firme, inapelable e irreversible que dicha ley o actuación autorizada por ley es inconstitucional o inválida. 32 L.P.R.A. sec. 3524(3) (Énfasis suplido). Ante este mandato estatutario, el Gobierno solidificó su caso con altas probabilidades de prevalecer, ya que no surge de los autos que el Tribunal de Primera Instancia haya declarado inconstitucional la Carta Circular Núm. 4-2009-2010 o la Ley Orgánica del Departamento de Educación, Ley 149-1999 (3 L.P.R.A. sec. 143a et seq.) previo a la emisión del injunction. CC-2011-610 22

V

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el

auto de certiorari y se declara este Ha Lugar. Por ende,

se mantienen paralizados los efectos del interdicto

preliminar que fue emitido por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Caguas. A tales efectos, se

devuelve el caso al Tribunal de Apelaciones para que

atienda con la celeridad debida los méritos del recurso de

certiorari presentado ante ese foro.

Se dictará sentencia de conformidad.

Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente Sentencia, se expide el auto de certiorari y se declara este Ha Lugar. Por ende, se mantienen paralizados los efectos del interdicto preliminar que fue emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. A tales efectos, se devuelve el caso al Tribunal de Apelaciones para que atienda con la celeridad debida los méritos del recurso de certiorari presentado ante ese foro.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió una Opinión de Conformidad. La Jueza Asociada señora Fiol Matta concurre con el resultado y hace constar la siguiente expresión:

La Jueza Asociada señora Fiol Matta concurre con el resultado por entender que el Tribunal de Apelaciones se excedió en el ejercicio de su discreción al otorgar un plazo de siete (7) días para que la parte recurrida se expresara en cuanto a la solicitud de auxilio de CC-2011-610 2

jurisdicción presentada por el Estado. Dado los hechos particulares de este caso, el foro apelativo debió atender la petición de auxilio de jurisdicción con mayor premura. Sin embargo no por ello podemos concluir que el foro apelativo no dio consideración oportuna a la moción de su faz, según indica la Opinión mayoritaria. Además, el que el Tribunal de Apelaciones ejerciera su discreción de forma irrazonable en este caso no equivale, contrario a lo que aparenta concluir la Opinión mayoritaria, a que dicho tribunal carezca de discreción para otorgar plazos razonables para que las partes se expresen cuando se le presenten solicitudes en auxilio de jurisdicción. Al igual que en el caso de autos, el estándar aplicable debe ser el de abuso de discreción según los hechos particulares de cada caso. En ese sentido, no puedo estar conforme con el análisis realizado por la Opinión mayoritaria que limita innecesariamente la discreción judicial.

La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió una Opinión Disidente a la cual se unió el Juez Presidente señor Hernández Denton. El Juez Asociado señor Feliberti Cintrón no interviene.

Larissa Ortiz Modestti Secretaria del Tribunal Supremo, Interina EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Recurridos

v. CC-2011-610 Certiorari Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros

Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ

San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de 2012.

La naturaleza de las mociones en auxilio de

jurisdicción han requerido que este Tribunal

delimite y aclare lo que constituye un abuso de

discreción en el trámite de éstas ante el

Tribunal de Apelaciones bajo distintas

circunstancias. Nos toca hoy nuevamente emitir

juicio sobre ello.

La Opinión emitida en el caso de epígrafe

responde a la necesidad de establecer unos

parámetros a la discreción del Tribunal de

Apelaciones al tramitar las mociones en auxilio

de jurisdicción ante su consideración en casos de

alto interés público. Especialmente, aquellos CC-2011-610 2

que requieren y merecen que el foro intermedio evalúe si la

solicitud es meritoria para actuar con premura en la

concesión de remedios antes de conferir términos a las

partes para que se expresen y cuyo efecto conlleve

resultados irreparables para éstas.

Antes de la decisión hoy alcanzada, este Tribunal

atendió recientemente el caso de Pantoja Oquendo v. Mun. de

San Juan, res. 9 de junio de 2011, 2011 T.S.P.R. 82, 182

D.P.R.___(2011). En éste nos encontrábamos ante una

solicitud de auxilio de jurisdicción debido a un interdicto

preliminar emitido por el Tribunal de Primera Instancia

para que el Municipio de San Juan desistiera de impedir a

un grupo de féminas del Movimiento Amplio de Mujeres de

Puerto Rico pintar un mural que leía: “Tod@s contra la

Violencia Machista”. Como parte de los sucesos acaecidos,

el Municipio de San Juan acudió ante el Tribunal de

Apelaciones mediante un recurso de apelación que se

acompañó con una moción en auxilio de jurisdicción en la

cual solicitó que se dejara sin efecto el interdicto

preliminar expedido. El mismo día, el foro intermedio

emitió una resolución en la que concedió un término de diez

días a las partes para que se expresaran sobre el recurso y

sobre la moción de auxilio de jurisdicción presentada por

el Municipio de San Juan.

Ante dichas circunstancias, en el caso de Pantoja

Oquendo v. Mun. de San Juan, supra, la mayoría de este CC-2011-610 3

Tribunal concluyó que el Tribunal de Apelaciones no atendió

con celeridad la moción en auxilio de jurisdicción

presentada por el Municipio de San Juan. Para ello,

auscultó los méritos del interdicto preliminar emitido por

el Tribunal de Primera Instancia y, a su vez, adjudicó la

totalidad de la controversia. Al así hacerlo, la mayoría

entendió que era necesario acreditar la naturaleza y

titularidad de la propiedad en donde se pretendía ejercer

el derecho de libertad de expresión. Asimismo, apuntó que

no se podía permitir dejar al Municipio de San Juan en una

especie de “vacío jurídico” mediante el cual el ejercicio

de un derecho fundamental implica la posibilidad de

incurrir en conducta delictiva. Íd., pág. 14. Por estas

razones, la mayoría de este Tribunal dilucidó que el foro

intermedio debió paralizar inmediatamente los efectos del

interdicto concedido.

En aquella ocasión disentí del curso decisorio optado

por la mayoría de este Tribunal. Mi criterio respondió a

que en la etapa procesal en la que se encontraba el caso

era innecesario acreditar la naturaleza pública o privada

del lugar donde se pretendía ejercer el derecho a la

libertad de expresión, como paso previo a la concesión de

un interdicto preliminar. Además, resultaba insuficiente el

reclamo del Municipio de San Juan de mantener la estética y

ornato como fundamento para dejar sin efecto el interdicto

emitido por el foro primario. Juzgué que −a base de los CC-2011-610 4

hechos particulares del caso− el Tribunal de Apelaciones

actuó razonablemente y ejerció adecuada discreción al

acortar los términos a diez días para escuchar a las

partes.

De acuerdo a ello suscribí la Opinión disidente

emitida en Pantoja Oquendo v. Mun. de San Juan, supra. En

ésta se precisó que el interdicto preliminar se emitió como

medida cautelar para proteger el reclamo de libertad de

expresión. Por tanto, avalé que el foro intermedio

permitiera al grupo protegido expresarse sobre su reclamo.

Esa actuación fue a todas luces diligente.

Hoy nos encontramos ante una controversia distinguible

a la que nos enfrentamos en Pantoja Oquendo v. Mun. de San

Juan, supra. Los hechos particulares de la causa ante este

Tribunal así lo demuestran.

El presente caso, consiste de la determinación del

Departamento de Educación –a pocos meses de comenzar el año

escolar− de cerrar la Escuela Superior Luis Muñoz Iglesias

del Municipio de Cidra y consolidar las operaciones del

plantel escolar con la Escuela Superior Ana J. Candelas de

ese municipio. Ello dio lugar a la solicitud inmediata de

un interdicto preliminar ante el Tribunal de Primera

Instancia. Durante ese proceso, el Gobierno de Puerto Rico

arguyó que la solicitud violaba la separación de poderes,

resultaba en una intromisión indebida de sus prerrogativas

y que los recurridos no sufrirían un daño ya que los CC-2011-610 5

estudiantes y maestros serían reubicados dentro del mismo

municipio. El foro primario expidió un injunction

provisional y ordenó al Departamento de Educación dejar sin

efecto el cierre de la escuela. Como consecuencia, el

Gobierno de Puerto Rico acudió ante el Tribunal de

Apelaciones mediante recurso de certiorari y solicitó el

auxilio de jurisdicción dado el alto interés público y el

hecho que el nuevo semestre escolar estaba a solo días de

comenzar. A pesar de la inminencia de la necesidad de tomar

una decisión, el foro intermedio concedió siete días a la

parte recurrida para que se expresara sobre el auxilio de

jurisdicción y la petición de certiorari ante la

consideración de ese foro. Ante tales circunstancias, el

Gobierno de Puerto Rico acudió a esta Curia bajo el

fundamento de que erró el Tribunal de Apelaciones al no

paralizar la efectividad del injunction emitido por el

Tribunal de Primera Instancia. Al día siguiente, procedimos

a paralizar los efectos del injunction pronunciado por el

Tribunal de Primera Instancia y ordenamos mostrar causa por

la cual no debíamos revocar la resolución emitida por el

foro intermedio.

En cuanto al trámite conducido por el Tribunal de

Apelaciones al atender una moción en auxilio de

jurisdicción no debe haber discrepancia en que éstas deben

ser atendidas con celeridad. Las expresiones recogidas por

la mayoría de este Tribunal simplemente dirigen al Tribunal CC-2011-610 6

de Apelaciones a prestar atención a los casos de alto

interés público y evitar un panorama de incertidumbre

jurídica.

A estos efectos, le recordamos al foro apelativo

intermedio que su discreción no puede ejercerse en el

vacío. Advertimos que al atender una solicitud de auxilio

de jurisdicción en estos casos y antes de conceder un

término para que otras partes se expresen debe evaluar si

la solicitud es meritoria de su faz. Ello no debe

entenderse ni conlleva una restricción a las funciones del

foro intermedio. Por el contrario, simplemente anunciamos

el deber del foro apelativo intermedio de atender las

solicitudes en auxilio de jurisdicción y los parámetros que

conllevan un abuso de discreción al tramitar los casos ante

su consideración.

Al estudiar las circunstancias del presente caso

consideramos que −contrario a lo ocurrido en Pantoja

Oquendo v. Mun. de San Juan, supra− el asunto ante la

consideración del Tribunal de Apelaciones ameritaba la

pronta intervención de ese foro. En el caso ante nuestra

consideración no podemos perder de perspectiva que

estábamos a tan sólo unos pocos días para el inicio del año

escolar. El Departamento de Educación indicó las razones

para cerrar la Escuela Superior Luis Muñoz Iglesias y su

plan de reubicar a los estudiantes y maestros de ésta para

no afectar el derecho a la educación. La orden emitida por CC-2011-610 7

el Tribunal de Primera Instancia imponía sobre el Gobierno

de Puerto Rico una carga cuyo efecto podría trastocar el

plan para maximizar el uso de planteles escolares y la

planificación del sistema de instrucción pública. No

atender los asuntos ante la consideración del foro

apelativo intermedio redundaría claramente en una

inseguridad que podría afectar los derechos de todas las

partes causándole un daño inminente. Así, y bajo estas

circunstancias, el trámite seguido por el Tribunal de

Apelaciones al no adjudicar con prioridad la procedencia

del auxilio de jurisdicción ante su consideración y

conceder un término de siete días para que la otra parte se

exprese conllevaría a todas luces un efecto nefasto en la

concesión de un remedio.

Las particularidades del caso ante esta Curia

demuestran que el Tribunal de Apelaciones abusó de su

discreción al tramitar la controversia ante su

consideración. A pocos días de comenzar el curso escolar

conceder un término de siete días para escuchar a las otras

partes sin atender con mayor prontitud la controversia ante

ese foro conllevaría un disloque operacional para el año

escolar. Todo ello, distinto a la situación a la que nos

enfrentamos en Pantoja Oquendo v. Mun. de San Juan, supra.

Recordamos que la discreción es una facultad del poder

decisorio de los tribunales para decidir en una u otra

forma, es decir, para escoger entre uno o varios cursos de CC-2011-610 8

acción. Esa potestad debe ejercerse de forma razonable para

alcanzar una conclusión justiciera que responda y produzca

un remedio compatible con los intereses públicos envueltos.

HIETEL v. PRTC, res. 30 de junio de 2011, 2011 T.S.P.R.

100, 182 D.P.R.___; Bco. Popular de P.R. v. Mun. de

Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 657-658 (1997) (Citas omitidas).

El Tribunal de Apelaciones al escoger su curso de

acción no lo hizo razonablemente. El foro apelativo

intermedio debió atender con mayor premura la situación de

autos. Como consecuencia de ello, avalo la postura de la

mayoría de este Tribunal.

LUIS F. ESTRELLA MARTÍNEZ Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v. CC-2011-610

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros

Opinión Disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez a la cual se une el Juez Presidente señor Hernández Denton

San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de 2012

En el día hoy, una mayoría de este Tribunal reafirma

las expresiones que vertiera en Pantoja Oquendo v. Mun.

de San Juan, 2011 T.S.P.R. 82, 182 D.P.R. ___, y resuelve

que, en casos de alto interés público, el Tribunal de

Apelaciones carece de discreción para otorgar un término

a la parte recurrida para que se exprese en torno a una

moción en auxilio de jurisdicción presentada en su

contra, sin antes evaluar si tal solicitud merece un

remedio inmediato o si carece de méritos. Por entender

que nada en nuestro ordenamiento procesal prohíbe el

proceder del foro apelativo intermedio y que la opinión

mayoritaria se basa en la premisa errónea de que el

Tribunal de Apelaciones actuó sin evaluar los méritos de

la controversia ante sí, disiento.

I CC-2011-610 2

El 17 de mayo de 2011, un grupo de padres y maestros

de estudiantes de la Escuela Superior Luis Muñoz Iglesias

(en adelante los recurridos), del municipio de Cidra,

recibieron una comunicación del entonces Secretario de

Educación, Jesús Rivera Sánchez, mediante la cual se les

informó que, conforme al procedimiento establecido en la

Carta Circular Número 4-2009-2010, su escuela sería

cerrada desde el 31 de mayo de 2011 en adelante y que las

operaciones de dicho plantel escolar serían consolidadas

con las de la Escuela Superior Ana J. Candelas, de mismo

municipio.

En desacuerdo con esta acción administrativa, el 1

de junio de 2011, los recurridos instaron un pleito de

interdicto preliminar ante el Tribunal de Primera

Instancia. Solicitaron que se paralizara la orden de

cierre y posterior consolidación de su plantel escolar y

alegaron que el Secretario de Educación violó sus

derechos constitucionales a un debido proceso de ley y a

la igual protección de las leyes al ordenar el cierre de

la escuela Muñoz Iglesias sin cumplir con el

procedimiento establecido en la Carta Circular Número 4-

2009-2010, particularmente con su exigencia de notificar

al Consejo Escolar la evaluación que se realice de la

escuela previo a ordenarse el cierre de la misma, para

que este organismo pueda expresarse en torno a la

recomendación de cierre y pueda remitir sus comentarios CC-2011-610 3

al Secretario de Educación. Por su parte, el Gobierno

respondió que el mencionado requisito era una mera

directriz general y que la propia Carta Circular

establecía que en nada se alteraba la facultad del

Secretario de Educación para cerrar escuelas aunque no

hubiese recibido recomendaciones al respecto.

Tras varios trámites procesales, los cuales

incluyeron una vista de injunction preliminar, el

Tribunal de Primera Instancia dio la razón a los

recurridos, por lo cual expidió un injunction provisional

y ordenó al Departamento de Educación a dejar sin efecto

el cierre de la Escuela Superior Muñoz Iglesias. El foro

primario concluyó que el Estado no cumplió con el proceso

establecido en la Carta Circular, por lo que violó el

debido proceso de ley de los recurridos. Además, concluyó

que el cierre ilegal de su escuela representaría un daño

irreparable.

Inconforme, el 15 de julio de 2011, el Gobierno de

Puerto Rico acudió oportunamente al Tribunal de

Apelaciones mediante recurso de certiorari, el cual

acompañó con una moción de en auxilio de jurisdicción en

la que solicitó que se dejara sin efecto el injunction

provisional otorgado por el Tribunal de Primera Instancia

mientras se dilucidaba el recurso de certiorari. El mismo

día, el tribunal intermedio otorgó un término de siete

(7) días a la parte recurrida para que expresara su CC-2011-610 4

posición en torno a la moción en auxilio de jurisdicción,

así como respecto al certiorari.

Aún inconforme, el 21 de julio de 2011, el Estado

presentó ante nuestra consideración una petición de

certiorari, junto con una moción en auxilio de

jurisdicción, en la cual solicitó que dejáramos sin

efecto inmediatamente el injunction emitido. Alegó que,

según establecido en Pantoja Oquendo v. Mun. de San Juan,

2011 T.S.P.R. 82, el Tribunal de Apelaciones erró al

otorgar un término de siete (7) días a la parte recurrida

para que ésta se expresara, en lugar de resolver

inmediatamente la moción en auxilio de jurisdicción.

El 22 de julio de 2011, este Tribunal declaró ha

lugar la moción en auxilio de jurisdicción, paralizando

de esta forma los efectos del injunction, y ordenó a la

parte recurrida mostrar causa por la cual no debía

revocarse la Resolución del Tribunal de Apelaciones. Ya

desde entonces mostré mi insatisfacción con el proceder

de esta Curia, por lo que hice constar en la Resolución

emitida por este Tribunal que, por razones similares a

las expresadas en mi opinión disidente en Pantoja Oquendo

v. Mun. de San Juan, 2011 T.S.P.R. 82, consideraba

inapropiada nuestra intervención en esta etapa de los

procedimientos. Mi postura no ha cambiado.

II CC-2011-610 5

Como bien señala la mayoría en su exposición sobre

la naturaleza de la moción en auxilio de jurisdicción,

este recurso es, en esencia, un llamado a la utilización

del poder inherente que tiene todo tribunal para

constituir los remedios necesarios que hagan efectiva su

jurisdicción y que eviten fracasos en la administración

de la justicia. Pantoja, 2011 T.S.P.R. 82; San Gerónimo

Caribe Project v. A.R.Pe., 174 D.P.R. 640, 654 (2008);

Misión Ind. P.R. v. J.P., 142 D.P.R. 656, 678 (1997). Se

trata, pues, de un remedio cuya concesión recae en la

sana discreción de los tribunales y que sólo está

disponible excepcionalmente y para casos en los que

existan situaciones de verdadera emergencia. Marrero

Rivera v. Dolz, 142 D.P.R. 72, 73 (1996).

Sobre la concesión de órdenes en auxilio de

jurisdicción por parte de los tribunales apelativos, la

Regla 79 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

dispone que:

(A) Para hacer efectiva su jurisdicción en cualquier asunto pendiente ante sí, el Tribunal de Apelaciones podrá expedir cualquier orden provisional, la cual será obligatoria para las partes en la acción, sus oficiales, sus agentes, empleados(as) y abogados(as), y para aquellas personas que actúen de acuerdo o participen activamente con ellas y que reciban aviso de la orden mediante cualquier forma de notificación. Dichas órdenes se regirán por las disposiciones pertinentes del Código de Enjuiciamiento Civil, las Reglas de Procedimiento Civil, Las Reglas de Procedimiento Criminal y, en CC-2011-610 6

lo que no fuere incompatible con aquélla, se regirán también por estas reglas. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 79.

Asimismo, la Regla 28 del Reglamento del Tribunal

Supremo de Puerto Rico recoge la facultad de este Foro

para emitir este tipo de órdenes:

(a) El Tribunal [Supremo] podrá expedir una orden provisional en auxilio de jurisdicción cuando fuere necesario hacer efectiva su jurisdicción en un asunto pendiente ante su consideración. A los fines de esta Regla, se entenderá que el Tribunal atenderá, sin sujeción al trámite ordinario, cualquier asunto relacionado con el recurso presentado o pendiente, con el propósito de evitar alguna consecuencia adversa que afecte su jurisdicción o que pueda causar daño sustancial a una parte mientras resuelve el recurso.

In re: Reglamento del Tribunal Supremo, 2011 T.S.P.R. 174.

Como puede apreciarse de la exposición de los hechos

de este caso, así como del derecho aplicable a la

controversia que plantea, nada en nuestro ordenamiento

jurídico conduce al resultado al que llega hoy una

mayoría de esta Curia. Veamos.

Al igual que en Pantoja Oquendo v. Mun. de San Juan,

2011 T.S.P.R. 82, la única controversia que pende ante

nuestra consideración es si constituyó un abuso de

discreción del Tribunal de Apelaciones conceder un

término breve a los recurridos para que se expresaran en

torno a la moción en auxilio de jurisdicción y el recurso

de certiorari presentados en su contra. Sólo de eso trata CC-2011-610 7

este caso; de nada más. Al resolver erróneamente que sí

abusó de su discreción, este Tribunal opta una vez más

por sustituir su criterio por el del tribunal que evaluó

la prueba presentada en corte, sin permitir siquiera que

el Tribunal de Apelaciones emitiera una adjudicación en

los méritos.

En Pantoja, una mayoría de este Tribunal dejó sin

efecto un interdicto preliminar expedido por el Tribunal

de Primera Instancia para que el Municipio de San Juan

desistiera de impedirles a las allí recurridas,

partidarias del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto

Rico, pintar un mural como manifestación en contra la

violencia machista en lo que entendió era un foro público

tradicional o por designación, tras concluir que el

Tribunal de Apelaciones había abusado de su discreción al

otorgar, el mismo día en que se presentaron los recursos,

un término de diez (10) días a la parte recurrida para

que se expresara en torno a las mociones presentadas en

su contra. Según este Tribunal, el foro intermedio erró

en aquella ocasión “al no atender con premura y celeridad

la moción en auxilio de jurisdicción que se le

presentara”, id. en la pág. 10, por lo su acción creó una

especie de “vacío jurídico” y un “panorama de

incertidumbre” que perjudicó, irónicamente, al Movimiento

Amplio de Mujeres, la propia parte a cuyo favor se había

expedido el interdicto preliminar. Id. en las págs. 10- CC-2011-610 8

11. En otras palabras, para impedir la supuesta

incertidumbre en torno al ejercicio de un derecho

constitucional que acababa de ser validado por el

Tribunal de Primera Instancia mediante la concesión del

interdicto, esta Curia decidió terminar esa

“incertidumbre” mediante la revocación del dictamen que

validaba dicho ejercicio y adjudicando en contra de la

parte alegadamente perjudicada por la misma, sin siquiera

dejarle expresarse.

Dado el hecho de que la controversia procesal que

nos ocupó en aquel caso era prácticamente idéntica a la

del caso de autos, merece la pena repetir las expresiones

que al respecto emitiéramos en nuestra opinión disidente:

Considero innecesaria la intervención nuestra en esta etapa de los procedimientos. Adviértase que el interdicto preliminar se expidió por el foro de instancia como medida cautelar para proteger un reclamo de libertad de expresión. Lo razonable en estos casos, donde se solicita que en auxilio de jurisdicción se deje sin efecto una orden de interdicto, es actuar precisamente como actuó el foro apelativo intermedio; brindándole una oportunidad a la parte que reclama que se le ha conculcado su derecho a la libertad de expresión y que ha recibido protección de parte del foro de instancia para expresarse en torno al reclamo de la otra parte. El foro apelativo fue en extremo diligente en este caso. El mismo día en que se presentó la moción en auxilio de jurisdicción y el escrito de apelación, acortó los términos y concedió 10 días a las demandantes para que se expresaran. Concluir, como hace el Tribunal, que el Tribunal de Apelaciones abusó de su discreción “al no atender con celeridad la moción en auxilio de jurisdicción presentada”, sorprende y consterna pues no refleja la realidad. Por otro lado, debemos preguntarnos: ¿En qué reside el abuso CC-2011-610 9

de discreción si la moción se atendió el mismo día que se presentó y se acortaron los términos? ¿En qué consiste el grave daño sufrido por los demandados que exigiría paralizar los efectos del interdicto preliminar expedido sin escuchar a la parte beneficiada por éste? ¿Qué peligra? El Tribunal, a mi juicio, no ofrece una respuesta satisfactoria.

Id. en la pág. 19 (énfasis omitido y énfasis suplido).

En el caso ante nuestra consideración actualmente,

la concesión del injunction expedido estuvo predicada en

la violación de otro derecho constitucional: el derecho

a un debido proceso de ley; por tanto, las precitadas

expresiones son igualmente aplicables. Más impactante aún

resulta que el término otorgado a la parte recurrida en

este caso es incluso más corto que el ofrecido en

Pantoja. Mientras que el tribunal apelativo en Pantoja

concedió diez (10) días a la parte recurrida, en este

caso lo limitó a siete (7). Aun así, este Tribunal

resuelve que dicho tribunal abusó de su discreción.

Difiero del criterio mayoritario.

“¿No sería mejor escuchar a ambas partes? ¿No está

este Tribunal interviniendo con las determinaciones

discrecionales del foro de apelación sobre cómo manejar

los asuntos relacionados a la tramitación de los casos

ante su consideración? No podemos reclamar deferencia

para con las decisiones del Tribunal de Apelaciones en

unos casos y en otros no”. Id. en la pág. 20.

Este Tribunal establece expresamente el día de hoy

que, en casos de alto interés público, el Tribunal de CC-2011-610 10

Apelaciones no puede conceder términos a las partes para

meritoria de su faz. Esta norma es problemática por

diversas razones.

En primer lugar, como ya discutimos, no existe

fundamento jurídico alguno en nuestro ordenamiento

procesal que prohíba tal conducta por parte del Tribunal

de Apelaciones. Imponer esta restricción implica lacerar

la sana discreción que ostentan los foros apelativos para

tramitar los casos ante su consideración.

En segundo lugar, parece crear una distinción

injustificada entre el Tribunal de Apelaciones y este

Foro, pues el Tribunal Supremo de Puerto Rico incurre

cotidianamente en la misma práctica por la que hoy

reprende al foro intermedio. Constantemente otorgamos

términos a las partes recurridas para que se expresen en

torno a las mociones de auxilio de jurisdicción

presentadas en su contra previo a tomar una determinación

al respecto. De hecho, en no pocas ocasiones, la

comparecencia de la parte recurrida trae a colación

defensas relevantes o planteamientos jurisdiccionales no

esbozados por la peticionaria en su petición de auxilio,

por lo que resultan de gran valor para la correcta

adjudicación en los méritos tanto de la petición de

auxilio como del recurso al que acompaña. CC-2011-610 11

La norma que hoy adopta la mayoría podría resultar

en que, ante cualquier moción en auxilio de jurisdicción

bien redactada en la que se plantee la existencia de un

alto interés público, incluso aunque se hayan omitido

elementos importantes que inclinarían la decisión a favor

de la parte ausente, el Tribunal de Apelaciones vendría

obligado a declarar ha lugar inmediatamente la misma,

pues ya le consta que al otorgar un término de apenas

siete (7) días a la parte recurrida, el mismo día en que

se presentó la moción en auxilio de jurisdicción en su

contra, constituiría un abuso de discreción de su parte.

El otro resultado posible sería que el foro apelativo

optase por denegar de plano lo que parecería una moción

en auxilio de jurisdicción meritoria debido a que, ante

la imposibilidad de otorgar un término razonable a la

parte recurrida para que se exprese sus argumentos,

prefiera mantener el statu quo que adjudicar en los

méritos una moción sin el beneficio de la comparecencia

de la parte que se vería perjudicada por su decisión. De

cualquier forma, la norma pautada fomenta precisamente

aquello que intenta evitar: que el juzgador apelativo se

torne en un objeto autómata.

En tercer lugar, quizá el problema mayor que

subyace la nueva norma, y que sin duda alguna sucedió en

esta ocasión, es que se parte de la premisa equivocada de

que el Tribunal de Apelaciones otorga términos a las CC-2011-610 12

partes sin evaluar primero las mociones presentadas ante

sí; en palabras de este Tribunal, “sin antes evaluar si

la solicitud es meritoria de su faz”. Id. en la pág. 15.

En este caso, no hay fundamento alguno para llegar a

esta determinación ni para concluir que el Tribunal de

Apelaciones “fomentó un panorama de incertidumbre

jurídica” con su proceder. ¿Qué incertidumbre se crea con

dejar expresarse a una otra parte sobre una moción

presentada en su contra antes de tomar una determinación

judicial que podría perjudicarle? Mientras exista un

dictamen del Tribunal de Primera Instancia que no haya

sido revertido por un foro apelativo, las partes deberán

regirse por él y no tiene sentido que se catalogue como

“panorama de incertidumbre” cualquier tiempo que

transcurra entre la determinación que le afectó y la

respuesta de un tribunal a una moción presentada para que

dicho dictamen se revierta, siempre que el foro apelativo

no haya actuado de manera arbitraria o claramente

abusiva. Independientemente de cuán largo deba ser ese

término para tornarse arbitrario o claramente abusivo,

ciertamente el término de siete (7) días otorgado a los

recurridos en este caso, el mismo día en que se presentó

la moción de auxilio de jurisdicción, no satisface ese

criterio.

La mayoría niega que su determinación implique que

el Tribunal de Apelaciones deba “conceder inmediatamente, CC-2011-610 13

cuan objeto autómata, cualquier remedio solicitado

mediante moción en auxilio de jurisdicción” y sostiene

que éste debe “utilizar su discreción responsablemente

para analizar si el remedio solicitado procede en

derecho”. Id. en las págs. 15-16. Reconoce, incluso, que

“si el tribunal entiende que es meritorio o conveniente

escuchar a la otra parte antes e adjudicar la moción,

puede conceder un término corto –lo más corto posible–

antes de resolver”. Id. en la pág. 16. Eso fue

precisamente lo que sucedió en este caso. El Tribunal de

Apelaciones utilizó responsablemente su criterio y,

amparándose en la sana discreción que posee para tramitar

los casos ante su consideración, optó por otorgar

rápidamente un término corto a la parte recurrida para

que le pusiera en mejor posición para evaluar las

peticiones. Difícilmente podremos encontrar mejor ejemplo

de diligencia y uso adecuado de la discreción judicial.

De ahora en adelante, parece ser que el foro

apelativo vendrá obligado a justificar y detallar las

razones por las cuales decide otorgar un término a las

partes para expresar su sentir, pues cualquier silencio

al respecto será interpretado por este Tribunal como una

acto arbitrario que “le resta importancia a la situación

presentada y [que] tiene el efecto práctico de denegar

sub silentio una moción en la cual se solicita la

intervención urgente del Tribunal”. Id. en la pág. 16. CC-2011-610 14

Por último, conforme a los planteamientos esbozados

en esta opinión, no procede evaluar los méritos de los

demás planteamientos esbozados por los peticionarios en

su recurso de certiorari, en torno a que no procedía la

concesión del injunction emitido en su contra, hasta

tanto el Tribunal de Apelaciones haya tomado una decisión

al respecto. Por tanto, nos abstenemos de pasar juicio

sobre las determinaciones que sobre ello hiciera una

Por los fundamentos expuestos anteriormente, dejaría

sin efecto la orden de paralización emitida por este

Tribunal el 22 de julio de 2011, declararía no ha lugar

el recurso de certiorari y devolvería el caso al Tribunal

de Apelaciones para que evalúe en sus méritos si erró el

Tribunal de Primera Instancia al conceder un injunction

para impedir el cierre de la Escuela Superior Luis Muñoz

Iglesias por violación al derecho constitucional de los

recurridos a un debido proceso de ley.

Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada