El Pueblo v. Morales Roldán

2024 TSPR 54

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: May 29, 2024
• Docket: CC-2023-0276
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario Certiorari

v. 2024 TSPR 54

Víctor M. Morales Roldán 213 DPR ___

Recurrido

Número del Caso: CC-2023-0276

Fecha: 29 de mayo de 2024

Tribunal de Apelaciones:

Panel XI

Oficina del Procurador General:

Hon. Fernando Figueroa Santiago Procurador General

Lcdo. Omar Andino Figueroa Subprocurador General

Lcda. Isimar Ocasio Franco Procuradora General Auxiliar

Representante legal de la parte recurrida:

Lcdo. Javier H. Jiménez Vázquez Lcdo. Osvaldo Sandoval Báez

Materia: Ley Núm. 404-2000 – Ente con facultad para atender una solicitud de devolución de un arma de fuego y su respectiva licencia luego de que las acusaciones son desestimadas por incumplirse con los términos de juicio rápido.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Peticionario

v. CC-2023-0276 Víctor M. Morales Roldán

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco.

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2024.

En esta ocasión, tenemos la delicada y sensible tarea

de determinar a qué foro debe recurrir toda persona que

desee solicitar la devolución de un arma de fuego y su

respectiva licencia —incautadas como parte de un proceso

penal por alegados actos de violencia doméstica— luego de

que las acusaciones son desestimadas por incumplirse los

términos de juicio rápido. Al llevar a cabo esta

encomienda, y en el ejercicio de un balance justo de los

intereses envueltos, entendemos que la Policía de Puerto

Rico (Policía)1 es la entidad adecuada para evaluar este

tipo de petición.

Veamos los hechos que dan base a la controversia ante

nuestra consideración.

1 Al amparo de la Ley Núm. 168-2019, según enmendada, conocida como Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, 25 LPRA sec. 461 et seq. (Ley Núm. 168-2019) el ente administrativo es denominado como “Negociado de la Policía de Puerto Rico”. CC-2023-0276 3

I

El 27 de julio de 2021, el Ministerio Público presentó

dos denuncias en contra del Sr. Víctor Morales Roldán

(señor Morales Roldán o recurrido) por presuntas

infracciones al Artículo 3.1 de la Ley Núm. 54 de 15 de

agosto de 1989, según enmendada, conocida como Ley para la

Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, 8

LPRA sec. 601. En particular, el Estado alegó que el señor

Morales Roldán mantuvo un patrón de acecho, persecución y

maltrato contra su expareja. En ese sentido, detalló que

el recurrido constantemente: (1) contactaba a la fémina,

a su familia y a terceros allegados mediante llamadas y

mensajes de textos; (2) acudía al lugar de trabajo de esta

con el fin de intimidarla y acosarla; y (3) en una ocasión

la agarró por el cuello, le dio con la mano en la boca y,

al caer ambos al suelo, la agredió con varios puños en

diferentes partes del cuerpo.

Tras evaluar los méritos de las denuncias, el Tribunal

de Primera Instancia encontró causa probable para arresto

y expidió una Orden de Protección Ex Parte en contra del

recurrido. Además, luego de celebrarse la Vista Preliminar

el 15 de septiembre de 2021, el foro primario determinó

que existía causa probable para presentar las debidas

acusaciones.2 Sin embargo, el 18 de enero de 2022 el

2 Inicialmente, el juicio quedó pautado para el 2 de noviembre de 2021. No obstante, debido a varias incidencias procesales, incluyendo que el Ministerio Público no tuvo la prueba de cargo disponible, el mismo tuvo que ser pospuesto en dos ocasiones. La Orden de Protección Ex Parte quedó extendida en ambas instancias. CC-2023-0276 4

Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia

mediante la cual desestimó el proceso penal al amparo de

la Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap.

II, por haberse violado los términos de juicio rápido.

Así las cosas, el 18 de mayo de 2022, el señor Morales

Roldán presentó una Moción Solicitando a la Policía de

Puerto Rico [la] Devolución de Huellas y Documentos. El

foro primario procedió a conceder la misma e instruyó a la

Policía a que eliminara del sistema computarizado y le

devolviera al recurrido las huellas dactilares, los

documentos y las fotografías que le fueron tomadas durante

la etapa investigativa.

Posteriormente, el 2 de noviembre de 2022, el señor

Morales Roldán presentó una Moción en Solicitud de Orden

alegando que, ante su “exoneración” y conforme al Art.

2.08 de la Ley Núm. 168-2019, según enmendada, conocida

como Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, 25 LPRA sec.

462g (Ley Núm. 168-2019) procedía que se ordenara a la

Policía a devolverle la licencia de armas y el arma de

fuego que le fueron ocupadas al comienzo de estos casos.

No obstante, el Tribunal de Primera Instancia rechazó su

petición por entender que “[e]sa determinación la

tomar[ía] la Policía de Puerto Rico dentro de su facultad

administrativa de la Ley de Armas”.3

El señor Morales Roldan solicitó reconsideración.

Adujo que, a diferencia de la legislación anterior, la Ley

3 Apéndice de Certiorari, págs. 19-20. CC-2023-0276 5

Núm. 168-2019, supra, y el Reglamento Núm. 9172 de 17 de

marzo de 2020, conocido como Reglamento para la

Administración de la Ley de Armas, no contemplan un

procedimiento administrativo para solicitar la devolución

de una licencia de armas y un arma de fuego incautadas por

razón del comienzo de un proceso penal. Por lo cual,

entendía que era el foro judicial quien tenía el deber de

dilucidar y atender su solicitud. No obstante, el foro

primario no reconsideró su postura.

En vista de ello, el señor Morales Roldán presentó un

recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.

Reiteró que bajo el ordenamiento jurídico actual la

Policía no está facultada a llevar a cabo un proceso

administrativo al respecto. Arguyó que, por el contrario,

era el foro judicial quien debía ordenar la devolución de

la licencia y el arma de fuego conforme al deber

ministerial que le impone el Art. 2.08 de la Ley Núm. 168-

2019, supra.

Por su parte, el Estado se opuso. Argumentó que la

licencia de armas del recurrido fue expedida bajo la

derogada Ley Núm. 404-2000, según enmendada, conocida como

Nueva Ley de Armas de Puerto Rico, 25 LPRA ante sec. 455,

et seq. (Ley Núm. 404-2000) por lo que entendía que era

esta la que debía aplicar al caso. Además, alegó que, si

bien coincidía en que el Tribunal de Primera Instancia

tenía competencia para atender la petición en cuestión, no

existía una obligación de conceder la misma, pues el señor CC-2023-0276 6

Morales Roldán no fue absuelto de las acusaciones en su

contra. A su entender, el proceder más razonable, práctico

y a tono con las disposiciones de la derogada Ley Núm.

404-2000, supra, era que el Tribunal de Primera Instancia

llevase a cabo un proceso evaluativo para considerar la

solicitud del recurrido.

Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones

emitió una Sentencia por medio de la cual revocó el

dictamen del foro primario.4 Razonó que el Art. 2.08 de

Ley Núm. 168-2019, supra, era claro al disponer que los

tribunales tienen un deber ministerial de ordenar la

inmediata devolución de un arma de fuego una vez el acusado

es encontrado no culpable. Concluyó que dicha disposición

debía ser aplicada aun en casos como el de autos, en el

que no media una decisión absolutoria final y firme. Por

lo cual, devolvió el asunto al Tribunal de Primera

Instancia para que ordenara a la Policía a devolverle al

señor Morales Roldán la licencia y el arma de fuego que le

fueron ocupadas. El Estado presentó una Moción de

Reconsideración, pero el foro apelativo intermedio denegó

acogerla.

Todavía inconforme, el Ministerio Público presentó un

recurso de certiorari ante nos en el cual levantó el

señalamiento de error siguiente:

El Tribunal de Apelaciones erró al determinar que el Tribunal de Primera Instancia tiene la

4 La Jueza Lebrón Nieves emitió un voto disidente en el cual expresó, en síntesis, que el foro primario actuó correctamente al referir el asunto a la consideración de la Policía de Puerto Rico. CC-2023-0276 7

obligación de ordenar al Negociado de la Policía devolver inmediata y automáticamente, sin mayor evaluación y consideración, el arma de fuego y su respectiva licencia, a pesar de que el señor Morales Roldán no obtuvo una determinación de no culpabilidad, final y firme, como expresamente dispone la Ley de Armas de Puerto Rico.

Contando con la comparecencia de ambas partes, y

habiendo ya expedido el recurso, nos encontramos en

posición de resolver.

II

A.

La Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados

Unidos consagra el derecho fundamental de las personas a

poseer y portar armas de fuego. Enmda. II, Const. EE. UU.,

LPRA, Tomo 1, ed. 2023, pág. 186. Dicho mandato se ha

extendido a los Estados en virtud de la Cláusula de Debido

Proceso de Ley contenida en la Decimocuarta Enmienda de la

Constitución Federal. McDonald v. Chicago, 561 U.S. 742

(2010). Además, se ha aclarado que este derecho es uno

individual. Pueblo v. Rodríguez López et al., 210 DPR 752

(2022); Disctrict of Columbia v. Heller, 554 U.S. 570

(2008). Por lo cual, las personas pueden poseer y portar

armas para su defensa propia tanto dentro como fuera de

sus hogares. Véase: Disctrict of Columbia v. Heller,

supra; McDonald v. Chicago, supra; New York State Rifle &

Pistol Assn., Inc. v. Bruen, 597 U.S. 1 (2022). Sin

embargo, no es un derecho absoluto ni ilimitado. District

of Columbia v. Heller, supra, pág. 626. Ello pues, no

existe un derecho a poseer y portar cualquier arma, de CC-2023-0276 8

cualquier manera y para cualquier propósito. Íd. En ese

aspecto, los Estados pueden imponer regulaciones y

limitaciones, siempre y cuando cumplan con el text-and-

history test desarrollado por la Corte Suprema Federal en

New York State Rifle & Pistol Assn., Inc. v. Bruen, supra.

B.

El 11 de septiembre de 2000, la Asamblea Legislativa

de Puerto Rico aprobó la Ley Núm. 404-2000, supra, para,

entre otros fines, orientar a las personas autorizadas a

manejar un arma de fuego a que lo hiciesen de manera

responsable y, además, apercibir al delincuente de las

consecuencias a las que se exponía si incurría en actos

criminales mediante el uso de estas. Exposición de Motivos

de la Ley Núm. 404-2000 (2000 [Parte 3] Leyes de Puerto

Rico 2602). Si bien es cierto que esta legislación fue

derogada el 11 de diciembre de 2019 al aprobarse la Ley

Núm. 168-2019, supra, esta última expresamente expuso que

“las disposiciones de [la Ley Núm. 404-2000, supra] serán

aplicables a las licencias obtenidas o renovadas bajo su

vigencia, hasta que tales licencias venzan o se renueven

bajo la [Ley Núm. 168-2019, supra]”. Art. 7.24 de la Ley

Núm. 168-2019 (2019 [Parte 3] Leyes de Puerto Rico 2226).

(Negrillas suplidas). Por lo cual, en vista de que en este

caso la licencia de armas del señor Morales Roldán fue

expedida el 17 de julio de 2018, las disposiciones de la

Ley Núm. 404-2000, supra, son las que regulaban todo lo CC-2023-0276 9

concerniente a la petición de devolución instada por el

recurrido ante el Tribunal de Primera Instancia.5

C.

Aclarado este asunto, resulta pertinente recordar

que, recientemente, en Pueblo v. Rodríguez López et al.,

supra, tuvimos la oportunidad de evaluar la

constitucionalidad del Art. 5.04 de la Ley Núm. 404-2000,

supra, 25 LPRA ante sec. 458c, el cual impone la obtención

de una licencia como requisito para poder poseer y portar

un arma de fuego en Puerto Rico. En aquella ocasión, al

analizar la controversia a la luz del marco jurídico

expuesto en New York State Rifle & Pistol Assn., Inc. v.

Bruen, supra, arribamos a la conclusión de que el

mencionado artículo era válido por ser “consistente con la

tradición histórica de regular las armas de fuego

nacionalmente mediante la exigencia de una licencia o un

permiso”. Pueblo v. Rodríguez López et al., supra, pág.

782.

Así las cosas, para obtener una licencia de armas en

Puerto Rico, el Art. 2.02 de la Ley Núm. 404-2000, supra,

requiere que la persona solicitante demuestre cumplir,

entre otras cosas, con las cualificaciones siguientes:

[...] (7) No estar bajo una orden del tribunal que le prohíba acosar, espiar, amenazar o acercarse a un compañero íntimo, alguno de los niños de ese

5 Al amparo del Art. 2.02(F) de la Ley Núm. 404-2000, según enmendada, conocida como Nueva Ley de Armas de Puerto Rico, 25 LPRA ante sec. 456a, et seq. (Ley Núm. 404-2000), las licencias de armas tienen vigencia por un periodo de cinco (5) años desde su expedición. CC-2023-0276 10

compañero o a persona alguna, y no tener un historial de violencia.

[...] (12) Someter en su solicitud una (1) declaración jurada de tres (3) personas que no tengan relación de consanguinidad o afinidad con el peticionario y que so pena de perjurio, atestigüen que el peticionario goza de buena reputación en su comunidad, y que no es propenso a cometer actos de violencia, por lo que no tienen objeción a que tenga armas de fuego. Esta declaración será en el formulario provisto por el Superintendente junto a la solicitud de licencia de armas.6 25 LPRA ante sec. 456a. (Negrillas suplidas).

De igual forma, al momento de renovar una licencia de

armas, resulta necesario que la persona solicitante

acredite que las circunstancias que dieron base a su

otorgamiento se mantienen igual o, por el contrario, que

indique de qué forma han cambiado. Íd.

Por su parte, el Art. 2.11 de la Ley Núm. 404-2000,

supra, le concede al Superintendente de la Policía la

facultad para rehusarse a expedir, o de haber expedido

revocar, una licencia de armas a toda persona solicitante

que hubiese:

[S]ido convicta, en o fuera de Puerto Rico, de cualquier delito grave o su tentativa, por conducta constitutiva de violencia doméstica según tipificada en las secs. 601 et seq. del Título 8, por conducta constitutiva de acecho según tipificada en las secs. 4013 a 4026 del Título 33, ni por conducta constitutiva de

6 En Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26 (2018), aclaramos la facultad de la Policía para revocar una licencia de armas por el hecho de que la persona tuviese un historial de violencia. En ese aspecto, dispusimos que, bajo esta causal, no era necesario que la persona hubiese sido declarada culpable de delito alguno. Así pues, resulta suficiente que se haya incurrido en algún acto violento o agresivo que, a juicio de la Policía, requiera la remoción de la licencia de armas para evitar la posible comisión de un acto desafortunado en el futuro. CC-2023-0276 11

maltrato de menores según tipificada en la Ley de Diciembre 16, 1999, Núm. 342. Disponiéndose, además, que tampoco se expedirá licencia alguna a una persona con un padecimiento mental que lo incapacite para poseer un arma, un ebrio habitual o adicto al uso de narcóticos o drogas, ni a persona alguna que haya renunciado a la ciudadanía americana o que haya sido separad[a] bajo condiciones deshonrosas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o destituido de alguna agencia del orden público del Gobierno de Puerto Rico, ni a ninguna persona que haya sido convicta por alguna violación a las disposiciones de este capítulo o de la anterior Ley de Armas. 25 LPRA ante sec. 456j. (Negrillas suplidas).

De manera similar, los tribunales también tienen

facultad de suspender provisionalmente una licencia de

armas y ocupar inmediatamente un arma de fuego y sus

municiones en situaciones en las cuales se determine causa

probable para ordenar el arresto de una persona que posea

estos bienes. Sobre el particular, la Ley Núm. 404-2000,

supra, dispone que:

Luego de una determinación de causa probable para el arresto de cualquier persona a la cual se le haya otorgado una licencia de armas, por la comisión de cualquiera de los delitos especificados en la sec. 456j de este título o de violaciones a las disposiciones de este capítulo, el tribunal suspenderá provisionalmente la licencia hasta la determinación final del procedimiento criminal. Disponiéndose, además, que el tribunal ordenará la ocupación inmediata de la totalidad de las armas y municiones del concesionario para su custodia en el Depósito de Armas y Municiones de la Policía. De resultar el acusado con una determinación de no culpabilidad, final y firme, el juez ordenará la inmediata devolución de su licencia de armas y de las armas y municiones. Toda arma y municiones así devueltas deberán entregarse en las mismas condiciones en que se ocuparon. El concesionario estará exento del pago por depósito. De resultar la acción judicial en una de culpabilidad, final y firme, el Superintendente revocará la licencia CC-2023-0276 12

permanentemente y se incautará finalmente de todas sus armas y municiones. Art. 2.07 de la Ley Núm. 404-2000, supra, 25 LPRA ante sec. 456f. (Negrillas suplidas).

A su vez, el Art. 2.13 de la Ley Núm. 404-2000, supra,

inviste de autoridad a los agentes del orden público para

que, en circunstancias específicas, puedan incautar armas,

licencias y municiones. Además, contempla un procedimiento

administrativo mediante el cual se puede solicitar la

devolución de las armas que sean ocupadas bajo esta

disposición.7

Como último punto, debemos destacar que el Art. 7.07

de la Ley Núm. 404-2000, supra, establece que:

Salvo que otra cosa se disponga expresamente, todas las determinaciones que tengan que realizarse en virtud de este capítulo se regirán por las disposiciones de vistas informales,

7 En particular, el mencionado artículo dispone que: Cualquier agente del orden público ocupará la licencia, arma y municiones que posea un concesionario cuando tuviese motivos fundados para entender que el tenedor de la licencia hizo o hará uso ilegal de las armas y municiones, para causar daño a otras personas; por haber proferido amenazas de cometer un delito; por haber expresado su intención de suicidarse; cuando haya demostrado reiteradamente negligencia o descuido en el manejo del arma; cuando se estime que el tenedor padece de una condición mental, se le considere ebrio habitual o es adicto a sustancias controladas; o en cualquier otra situación de grave riesgo o peligro que justifique esta medida de emergencia. Un agente del orden público también ocupará la licencia, armas y municiones cuando se arreste al tenedor de la misma por la comisión de un delito grave o delito menos grave que implique violencia. A solicitud de la parte a quien se le ocupó el arma, hecha dentro de los quince (15) días laborables luego de la ocupación del arma, el Superintendente celebrará una vista administrativa en un término no mayor de cuarenta y cinco (45) días para sostener, revisar o modificar la ocupación del agente del orden público. El Superintendente deberá emitir su decisión en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días a partir de la celebración de dicha vista administrativa formal y de resultar favorable a la parte afectada la determinación de Superintendente, éste ordenará la devolución inmediata del arma o armas ocupadas. 25 LPRA ante sec. 456l. CC-2023-0276 13

adjudicaciones y reconsideraciones establecidas en las secs. 2101 et seq. del Título 3, conocidas como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 25 LPRA ante sec. 460f. (Negrillas suplidas).8

D.

Por otra parte, la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de

1989, según enmendada, conocida como Ley para la

LPRA sec. 601 nota et seq. (Ley Núm. 54-1989), confirió a

los jueces del Tribunal de Primera Instancia la facultad

de dictar medidas afirmativas de protección a favor de

toda persona que así lo solicite por medio de un proceso

civil sencillo y ágil. Exposición de Motivos de la Ley

Núm. 54-1989 (1989 Leyes de Puerto Rico 223). De expedirse

una Orden de Protección en contra de un poseedor de un

arma de fuego al amparo de este estatuto, el Art. 2.1 de

la Ley Núm. 54-1989, supra, 8 LPRA sec. 621, exige que se

lleve a cabo el procedimiento siguiente:

[...]

Cuando el tribunal así lo entienda o emita una orden de protección o de acecho, de inmediato el tribunal ordenará a la parte promovida entregar a la Policía de Puerto Rico para su custodia, cualquier arma de fuego perteneciente al promovido y sobre la cual se le haya expedido una licencia de tener o poseer o de portación, o de tiro al blanco, de caza o de cualquier tipo, según fuera el caso. La orden de entrega de cualquier arma de fuego, así como la

8 La Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 LPRA ante sec. 2101 nota, et seq. fue derogada y sustituida por la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9601 et seq. CC-2023-0276 14

suspensión de cualquier tipo de licencia de armas de fuego se pondrá en [v]igor de forma compulsoria. Asimismo, al emitirse dicha orden por un tribunal, dicho dictamen tendrá el efecto de suspender la licencia de poseer o portar cualquier arma de fuego, incluyendo de cualquier tipo, tales como[,] pero sin limitarse a, tiro al blanco, de caza o de cualquier tipo, aun cuando forme parte del desempeño profesional del imputado. Dicha restricción se aplicará como mínimo por el mismo período de tiempo en que se extienda la orden. Cualquier violación a los términos de la orden de protección, que resulte en una convicción, conllevará la revocación permanente de cualquier tipo de licencia de armas que el promovido poseyere, y se procederá a la confiscación de las armas que le pertenezcan. El objetivo de este estatuto es eliminar la posibilidad de que el imputado pueda utilizar cualquier arma de fuego para causarle daño corporal, amenaza o intimidación al peticionario o a los miembros de su núcleo familiar. (Negrillas suplidas).

Así pues, como es posible apreciar, una suspensión de

una licencia de arma de fuego al amparo del Art. 2.1 de la

Ley Núm. 54-1989, supra, durará, como mínimo, el periodo

de tiempo que esté vigente la Orden de Protección emitida

en contra del promovido. Ahora bien, de resultar este

convicto por violar los términos dispuestos en la Orden de

Protección, la citada disposición contempla que se revoque

permanentemente la licencia de armas y se confisquen las

armas de fuego ocupadas.

Con este marco jurídico en mente, pasemos a disponer

de la presente controversia.

III.

En su recurso ante nos, el Ministerio Público alega

que el foro apelativo intermedio erró al concluir que el

Tribunal de Primera Instancia tenía la obligación de CC-2023-0276 15

ordenar a la Policía de Puerto Rico a devolver

inmediatamente la licencia y el arma de fuego que le fueron

incautadas al señor Morales Roldán. A su entender, dicha

devolución no puede ser automática, puesto que debe

llevarse a cabo un proceso evaluativo en donde el tribunal

se asegure que no existen impedimentos para restituirle al

recurrido los bienes que fueron ocupados.9

Por su parte, el señor Morales Roldán se opone.

Entiende que sostener la postura del Estado conllevaría

legislar por vía judicial un proceso que no fue contemplado

por la Asamblea Legislativa al promulgarse la legislación

que reglamenta el uso, posesión y portación de un arma de

fuego. De igual forma, considera que se estaría regulando

o limitando ilegalmente el derecho a poseer y portar armas,

lo que contravendría la decisión emitida por el Tribunal

Supremo Federal en New York State Rifle & Pistol Assn.,

Inc. v. Bruen, supra. Por último, dispone que conceder la

petición en cuestión violentaría la presunción de

9 A tales efectos, el Estado cita de manera persuasiva la decisión emitida por el Máximo Foro Judicial de New Jersey en el caso Matter of J.W.D., 693 A.2d 92, 93 (N.J. 1997). En esa ocasión, dicho tribunal atendió la controversia de si un acusado tenía derecho a que le devolvieran las armas de fuego luego de que se desestimaran las denuncias de violencia doméstica instadas en su contra. Al analizar la intención legislativa del Prevention of Domestic Violence Act of 1991, N.J. Stat. Ann. secs. 2C:25-17-33 (West), el Tribunal dispuso que, aun cuando el estatuto ordenaba la devolución de las armas en ausencia de una decisión desfavorable al acusado, se podía observar también que el legislador tuvo la intención de prohibir la concesión de un arma de fuego a toda persona que representara una amenaza para la salud, la seguridad o el bienestar público. Por lo cual, el tribunal entendió que procedía devolver el caso al foro primario para que considerara si, a la luz de los testimonios y una vista a los efectos, el imputado reunía o no los requisitos para poseer y portar un arma de fuego en esa jurisdicción. CC-2023-0276 16

inocencia que le asiste, ante el hecho de que las

acusaciones en su contra fueron desestimadas.

Estudiados con detenimiento los escritos presentados

por ambas partes, así como las decisiones emitidas por los

foros inferiores, entendemos que en efecto el proceder del

Tribunal de Apelaciones fue errado. En casos como el de

autos, en los que no media una decisión de absolución sobre

los delitos imputados, el proceso de devolución de una

licencia de armas no puede ser automático. A contrario

sensu, corresponde que este tipo de petición sea objeto de

un proceso evaluativo por parte de la Policía. Veamos.

En este caso, al señor Morales Roldán se le ocupó una

licencia de armas y un arma de fuego luego de que el foro

primario determinara causa probable para ordenar su

arresto y expidiera una Orden de Protección Ex Parte al

amparo de la Ley Núm. 54-1989, supra, a favor de su

expareja. No obstante, llegado el momento de celebrar el

juicio en su fondo, el Tribunal de Primera Instancia

desestimó las acusaciones, por haberse incumplido los

términos de juicio rápido.

Ante este cuadro procesal, el señor Morales Roldán

solicitó al foro primario que ordenara a la Policía a

devolverle la licencia y el arma de fuego que le fueron

ocupadas, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 2.08 de

la Ley Núm. 168-2019, supra. Sin embargo, el Tribunal de

Primera Instancia denegó acoger su postura, por entender

que esa decisión la tomaría la Policía al amparo de la CC-2023-0276 17

facultad administrativa que le otorga nuestro

ordenamiento. El Tribunal de Apelaciones, por su parte,

revocó, pues consideró que la desestimación por violación

a los términos de juicio rápido constituía un dictamen de

no culpabilidad final y firme para efectos del Art. 2.08

de la Ley Núm. 168-2019, supra, y que, por tanto, el foro

primario tenía el deber de atender la petición del señor

Morales Roldán.

Al examinar el derecho aplicable, observamos que

conforme al Art. 2.01 de la Ley Núm. 54-1989, supra, la

suspensión de una licencia de armas será, como mínimo, por

el tiempo de duración de la Orden de Protección emitida.

Empero, del Estado comenzar un proceso penal en contra del

imputado, el Art. 2.07 de la Ley Núm. 404-2000, supra,

impone una suspensión provisional de la licencia de armas

hasta tanto recaiga una determinación final en el proceso

criminal. En ese aspecto, el Art. 2.07 de la Ley Núm. 404-

2000, supra, expone que, de resultar la acción penal con

una decisión de no culpabilidad, final y firme, el tribunal

ordenará la devolución de la licencia de armas de manera

inmediata. Sin embargo, de culminar el caso con un

veredicto de culpabilidad, final y firme, el

Superintendente de la Policía deberá revocar la licencia

de armas permanentemente e incautar de manera final todas

las armas y municiones.

Ahora bien, terminado el proceso penal con un

resultado distinto a cualquiera de los escenarios CC-2023-0276 18

anteriores, el Art. 2.07 de la Ley Núm. 404-2000, supra,

no dispone de un remedio o curso de acción a seguir para

recuperar los bienes ocupados. Ante esta disyuntiva, el

foro apelativo intermedio pretendió equiparar una

desestimación de las acusaciones al amparo de la Regla

64(n)(4) de Procedimiento Criminal, supra, a un dictamen

absolutorio para efectos del Art. 2.07 de la Ley Núm. 404-

2000, supra. Sin embargo, no podemos avalar esa postura.

Como bien es sabido, a diferencia de una determinación de

no culpabilidad final y firme, una desestimación por

incumplimiento de los términos de juicio rápido no impide,

de ordinario, que el Ministerio Público inste otro

procedimiento penal por el mismo delito grave que dio base

al primer encausamiento. Véase: Pueblo v. Pérez Pou, 175

DPR 218 (2009); Pueblo v. Camacho Delgado, 175 DPR 1

(2008); Pueblo v. Carrión, 159 DPR 633 (2003).10

Además, resulta evidente que la intención de la

Asamblea Legislativa fue limitar la facultad del tribunal

para ordenar devolver una licencia de armas a instancias

en las que la culpabilidad del imputado no hubiese sido

probada más allá de toda duda razonable. Esto pues, para

situaciones como las de autos, en las que no se contempló

un proceso expreso a seguir para recuperar los bienes

incautados, el mandato legislativo delega en el ente

administrativo la facultad de tomar cualquier decisión al

10 Véase, además, E.L. Chiesa Aponte, Procedimiento Criminal y la Constitución: Etapa Adjudicativa, San Juan, Ed. Situm, 2018, pág. 586. CC-2023-0276 19

respecto. Así lo establece claramente el Art. 7.07 de la

Ley Núm. 404-2000, supra, el cual dispone que toda

determinación que deba tomarse al amparo de esta

legislación deberá tramitarse a través de los procesos

administrativos de vistas informales, adjudicación y

reconsideración que provee nuestro ordenamiento jurídico,

salvo que otra cosa se hubiese expresamente dispuesto.11

Así las cosas, concluimos que, cuando se ocupa una

licencia de armas y un arma de fuego por virtud de la

facultad que otorga el Art. 2.07 de la Ley Núm. 404-2000,

supra, y el proceso criminal no culmina con una decisión

absolutoria final y firme, cualquier petición de

devolución de estos bienes deberá ser referida a la Policía

de Puerto Rico. De esa manera, el ente administrativo

determinará la procedencia de la solicitud utilizando los

procesos dispuestos en la Ley Núm. 38-2017, según

enmendada, conocida como Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3

LPRA sec. 9601 et seq.

11 Si bien es cierto que el Art. 7.07 de la Ley Núm. 404-2000, supra, se titula “Determinaciones administrativas; adjudicación; reconsideración”, un análisis de su contenido, junto al hecho de que fue ubicado en el Capítulo 7 del estatuto —el cual contiene las “Disposiciones Finales” de la Ley—, permite concluir que su aplicación es de carácter general y no tan solo a procesos administrativos celebrados ante la Policía de Puerto Rico.

Por otra parte, debemos destacar que tanto el Art. 7.06 de la Ley Núm. 168-2019, supra, como el inciso (A)(25) del Capítulo 15 del Reglamento Núm. 9172 de 17 de marzo de 2020, conocido como Reglamento para la Administración de la Ley de Armas, contemplan que toda determinación que deba realizarse en virtud de la Ley Núm. 168-2019, supra, sea tramitada al amparo de los procedimientos administrativos dispuestos en la Ley Núm. 38-2017, supra, salvo que expresamente se hubiese contemplado otro trámite a seguir. CC-2023-0276 20

Mediante el mencionado curso de acción se logra

preservar un justo balance de los intereses envueltos.

Esto pues, por un lado, el señor Morales Roldán tendrá la

posibilidad de recuperar su licencia de armas a través de

un procedimiento cuyas salvaguardas del debido proceso de

ley han sido ampliamente reconocidas en nuestro

ordenamiento. Por el otro, la Policía de Puerto Rico,

utilizando la pericia y autoridad que dispone para regular

estos asuntos, evaluará si el recurrido satisface los

criterios estatutarios para poseer un arma de fuego en

nuestra jurisdicción.

Al llevar a cabo dicha encomienda, la agencia

administrativa deberá emplear su conocimiento para

determinar si los factores que dieron base a la remoción

de la licencia de armas del señor Morales Roldán aún están

presentes. Lo anterior, tomando en cuenta la probabilidad

de que el recurrido pueda utilizar su arma para agredir,

amenazar o intimidar a su expareja, su familia o a

terceros. Después de todo, debemos recordar que, si bien

el derecho a poseer y portar un arma de fuego está

revestido de la más alta garantía legal provista en nuestro

ordenamiento, el mismo no es absoluto. Por lo cual, ante

situaciones de peligro a la vida o la propiedad de

cualquier persona, la Policía de Puerto Rico, como ente

encargado de la seguridad y prevención de la violencia,

debe tomar las medidas preventivas necesarias para

intentar evitar la ocurrencia de cualquier incidente CC-2023-0276 21

desgraciado o lamentable.12 Véase: Rolón Martínez v. Supte.

Policía, 201 DPR 26, 49 (2018).

IV

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. En

consecuencia, se procede a reinstalar la decisión dictada

por el Tribunal de Primera Instancia para disponer del

presente asunto.

Se dictará sentencia de conformidad.

Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada

12La decisión que hoy tomamos de ninguna forma debe ser interpretada en el sentido de que la Policía de Puerto Rico tiene potestad para revisar o revocar un dictamen del tribunal ordenando la suspensión o remoción de una licencia de armas. Por el contrario, la facultad de la agencia está centrada en determinar si la persona solicitante cumple o no con los criterios para poseer un arma de fuego y, de entenderlo procedente, conferir la licencia correspondiente. Lo anterior debido a que, como ente especializado, la Policía de Puerto Rico es quien está en mejor posición de evaluar una petición de tal naturaleza.

Por otra parte, debemos recordar que, si bien el foro administrativo es quien debe pasar juicio, en primera instancia, sobre una petición de devolución de una licencia de armas, los tribunales aún guardan jurisdicción para revisar cualquier dictamen final que se emita al respecto. Esto pues, el Art. 7.08 de la Ley Núm. 404-2000, supra, 25 LPRA ante sec. 460g, expresamente dispone que: “[u]na parte adversamente afectada por una orden o resolución final alcanzada en virtud de las disposiciones de este capítulo, que haya agotado todos los remedios administrativos, podrá presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones […]”. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. En consecuencia, se procede a reinstalar la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia para disponer del presente asunto.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres concurre con Opinión escrita. El Juez Asociado señor Colón Pérez concurre con Opinión escrita a la cual se une la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v. CC-2023-0276

Víctor M. Morales Roldán

Opinión concurrente emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES

Concurro con el curso de acción avalado por la

Mayoría de este Tribunal. La derogada Ley de Armas de

Puerto Rico, Ley Núm. 404-2000, 25 LPRA sec. 455, no

le impone al tribunal un deber ministerial para

ordenar la devolución inmediata de la licencia de

armas, las armas y municiones cuando el caso se

desestima por incumplir los términos de juicio

rápido. Este deber ministerial de devolver

automáticamente el arma solamente aplica luego de una

absolución en los méritos. Por eso, estoy de acuerdo

en que correspondía revocar la sentencia emitida por

el Tribunal de Apelaciones. CC-2023-0276 2

Sin embargo, discrepo en cuanto a que en situaciones

como la de autos, le corresponde al Negociado de la Policía

de Puerto Rico evaluar una petición de devolución de un

arma y su licencia. Considero que, si bien la devolución no

procede de forma automática, el foro primario tiene el deber

de ejercer su discreción para decidir si procede o no la

devolución. En estos casos, es el foro que ordenó la

suspensión provisional, a saber, el Tribunal de Primera

Instancia, el único con autoridad para dirimir si procede

dejar sin efecto su orden anterior y devolver el arma.

Por esa no ser la determinación a la que hoy arribó

esta Curia, concurro respetuosamente.

El Sr. Víctor Morales Roldán (señor Morales Roldán)

fue acusado por infracciones al Art. 3.1 de la Ley Núm. 54-

1989, 8 LPRA sec. 631. El juicio para ventilar estas

acusaciones quedó señalado para el 2 de noviembre de 2021.

Sin embargo, debido a que el Ministerio Público no contaba

con la prueba, el juicio tuvo que ser pospuesto en dos

ocasiones. A raíz de estas dilaciones, el 18 de enero de

2022 el Tribunal desestimó el proceso penal al amparo de la

Regla 64 (n) (4) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II,

por violación de los términos de juicio rápido.

Como consecuencia de la desestimación, el señor

Morales Roldán alegó que, ante su “exoneración” y conforme

con el Art. 2.08 de la vigente Ley de Armas de Puerto Rico,

Ley Núm. 168-2019, 25 LPRA sec. 462g, procedía que se CC-2023-0276 3

ordenara al Negociado de la Policía a devolverle la licencia

de armas y el arma de fuego que se le ocuparon al comienzo

del proceso criminal en su contra. El foro primario rechazó

su petición y concluyó que “esa determinación la tomaría la

Policía de Puerto Rico dentro de su facultad

administrativa”.

En desacuerdo, el señor Morales Roldán solicitó

reconsideración. Aseveró que la Ley Núm. 168-2019, supra,

y el Reglamento Núm. 9172 de 17 de marzo de 2020, conocido

como Reglamento para la Administración de la Ley de Armas,

no contemplan un procedimiento administrativo para

solicitar la devolución de una licencia de armas incautadas

como parte del proceso criminal en su contra, luego de este

haber culminado. En vista de ello, esgrimió que era el foro

judicial quien tenía el deber de dilucidar y atender su

solicitud.

Tras denegarse la reconsideración, el señor Morales

Roldán presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal

de Apelaciones. El foro apelativo intermedio revocó al foro

primario bajo el raciocinio de que el Art. 2.08 de la Ley

Núm. 168-2019, supra, era claro al disponer que los

devolución inmediata de un arma de fuego una vez el acusado

debía ser aplicada en este caso a pesar de que no existía

una determinación absolutoria final y firme. CC-2023-0276 4

En desacuerdo con este proceder, el Procurador General

del Puerto Rico recurrió ante nosotros mediante recurso de

certiorari. Planteó que el foro apelativo intermedio se

equivocó al aplicar la disposición contenida en el Art.

2.08 de la Ley Núm. 168-2019, supra, al caso de autos.

Señaló que no está en desacuerdo con que el arma sea

entregada al señor Morales Roldán. Sin embargo, enfatizó

que discrepa de la decisión del tribunal intermedio a los

fines de que el foro primario tiene un deber ministerial de

devolver el arma. Según el Procurador General, el lenguaje

de la Ley Núm. 404-2000, supra y de la Ley Núm. 54-1989,

supra, demuestra que el tribunal tiene la discreción y es

el foro adecuado para determinar si procede o no la

devolución del arma.

Tras evaluar el asunto, estimo que el Procurador

General tiene razón.

A. Aplicabilidad de la Ley de Armas de Puerto Rico Ley Núm.

168-2019.

En primer lugar, es importante señalar que, como

correctamente explica la Opinión Mayoritaria, en vista de

que la licencia de armas del señor Morales Roldán fue

expedida el 17 de julio de 2018, durante la vigencia de la

Ley Núm. 404-2000, supra, su petición debía fundamentarse

con arreglo a este estatuto. Véase, Art. 7.24 de la Ley

Núm. 168-2019, supra. CC-2023-0276 5

Ahora bien, la derogada Ley Núm. 404-2000 supra,

aplicable a la controversia de autos, contiene una

disposición similar a lo establecido en el Art. 2.08 de la

Ley 168-2019, 25 LPRA sec. 462g. En lo pertinente, el Art.

2.07 de la Ley Núm. 404-2000, 25 LPRA sec. 456f, establece

que “[d]e resultar el acusado con una determinación de no

culpabilidad, final y firme, el juez ordenará la inmediata

devolución de su licencia de armas y de las armas y

municiones”.

B. Desestimación al amparo de la Regla 64(N)(4) de

Procedimiento Criminal y la absolución en los méritos.

Es preciso aclarar que, aunque el señor Morales Roldán

hubiese fundamentado su solicitud en el precitado Art. 2.07

de la Ley Núm. 404-2000, supra, el resultado hubiera sido

el mismo. Es decir, no procedía la inmediata devolución del

arma y la licencia. Esto es así debido a que una

desestimación por haber incumplido con los términos de

juicio rápido no equivale a una determinación de no

culpabilidad final y firme. Pueblo v. Carrión, 159 DPR 633,

644 (2003). Hace algún tiempo ya habíamos expresado que “el

hecho de que [una desestimación] sea “sin perjuicio” no

opera en contra de esta conclusión, ya que lo que significa

es que el imputado no está “absuelto” para propósitos de la

protección constitucional contra la doble exposición”. Íd.

Sobre este particular, el Profesor Ernesto L. Chiesa

Aponte nos dice que “una desestimación de la acusación por CC-2023-0276 6

cualquiera de los fundamentos de derecho que no sea una

determinación de no culpable (absolución en los méritos) no

impide ulteriores procedimientos, en el tribunal de origen

ni en tribunales apelativos”. E.L. Chiesa Aponte,

Procedimiento Criminal y la Constitución: Etapa

Adjudicativa, Ediciones Situm, San Juan, 2017, pág. 586.

Con este lenguaje, el Profesor Chiesa aclara que lo único

que equivale a una absolución en los méritos es una

determinación final y firme realizada por un juzgador de

hechos.

En esta misma línea, el Profesor Chiesa añade que

“[p]or supuesto, si el defecto que provoca la desestimación

es insubsanable habría impedimento para un nuevo proceso

una vez la resolución de desestimación advenga firme; tal

sería el caso, para dar un ejemplo, de una desestimación

por prescripción de la acción penal”. Íd. De igual forma,

la desestimación de una causa tiene que entenderse como un

evento que da por terminada la acción presentada ante los

tribunales por el Ministerio Público. Íd. Bajo este crisol

doctrinario, queda claro que el foro apelativo intermedio

se equivocó al concluir que el foro primario tenía un deber

ministerial de devolverle la licencia y el arma al señor

C. Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia

Doméstica, Ley 54-1989. CC-2023-0276 7

Conviene recordar que el señor Morales Roldán fue

acusado por haber infringido el Art. 3.1 de la Ley Núm. 54-

1989, supra, 8 LPRA sec. 631. Este artículo, en síntesis,

establece que “toda persona que empleare fuerza física o

violencia psicológica, en la persona de su cónyuge,

excónyuge, o la persona con quien cohabita o haya

cohabitado, o la persona con quien sostuviere o haya

sostenido una relación consensual, incurrirá en delito

grave”. Íd. Como el señor Morales Roldán fue acusado por un

delito grave tipificado en ley especial que fue desestimado

debido al incumplimiento con los términos de juicio rápido,

el Ministerio Público puede volver a radicar cargos por los

mismos hechos mientras el delito no haya prescrito. Véase,

Art. 87 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5132.

Además, es importante mencionar que el Art. 2.1 de la

Ley Núm. 54-1989, supra, establece que cuando el tribunal

emita una orden de protección o de acecho, de inmediato

ordenará a la parte promovida entregar a la Policía de

Puerto Rico cualquier arma de fuego. Sobre el propósito de

esta disposición, el precitado artículo añade que: “el

objetivo de este estatuto es eliminar la posibilidad de que

el imputado pueda utilizar cualquier arma de fuego para

causar daño corporal, amenaza o intimidación al

peticionario o a los miembros de su núcleo familiar”. Íd.

D. El efecto de una desestimación: el fin de un proceso

criminal. CC-2023-0276 8

El Art. 2.07 de la Ley Núm. 404-2000, 25 LPRA ant.

sec. 456f, objeto de la controversia ante nuestra

consideración, establece que:

Luego de una determinación de causa probable para el arresto de cualquier persona a la cual se le haya otorgado una licencia de armas, por la comisión de cualquiera de los delitos especificados en el Artículo 2.11 o de violaciones a las disposiciones de esta Ley, el tribunal suspenderá provisionalmente la licencia hasta la determinación final del procedimiento criminal. (Énfasis nuestro).

De una lectura de este artículo, salta a la vista la

frase “hasta la determinación final del procedimiento

criminal” pues precisamente, el proceso criminal del señor

Morales Roldán ya ha llegado a su final. En Pueblo v.

Camacho Delgado, 175 DPR 1 (2008), pautamos que según la

Regla 67 de Procedimiento Criminal, supra, la desestimación

de un caso grave por violación de los términos prescritos

en la Regla 64(n) no constituye un impedimento para el

inicio de otro proceso por los mismos hechos.

Particularmente enfatizamos que, en ausencia de

circunstancias que lo prohíban, el Ministerio Público tiene

la facultad de presentar nuevamente aquellos cargos. En

aquel momento expresamos que

“luego de una desestimación por violentar el término consignado en la Regla 64(n)(5) de Procedimiento Criminal, supra, el Estado tiene tres opciones: (1) recurrir de dicha determinación ante el Tribunal de Apelaciones; (2) aceptar el dictamen del foro de instancia y, de tratarse de un caso por delito grave, iniciar otro proceso con la presentación del proyecto de denuncia correspondiente para una nueva determinación de causa probable para el arresto, o (3) negarse a procesar al ciudadano, de acuerdo CC-2023-0276 9

con la facultad discrecional que le reconoce nuestro ordenamiento penal al Ministerio Público. Íd., pág. 21.

Nuestro lenguaje en Pueblo v. Camacho Delgado, supra,

no deja margen para interpretar que la nueva presentación

de los cargos constituía la continuación del proceso

inicial. Tanto es así que, un año más tarde, en Pueblo v.

Pérez Pou, 175 DPR 218 (2009) establecimos que, “según lo

resuelto en Pueblo v. Camacho Delgado, 175 DPR 1 (2008),

una determinación judicial que declare “con lugar” una

moción de desestimación pone fin a la acción penal".

Conviene también recordar los hechos del caso Pueblo

v. Carrión, supra, en donde el acusado argumentaba que la

demora entre la primera desestimación del caso por

incumplimiento con los términos de juicio rápido y la

segunda presentación de los cargos violentó su debido

proceso de ley pues en este periodo se encontraba “sujeto

a responder”. Nuestra conclusión ante tal planteamiento

fue:

[D]ebemos concluir que, durante todo el primer proceso, desde el arresto hasta la solicitud de desestimación, el peticionario estuvo “sujeto a responder”. Dicha condición, sin embargo, cambió con la desestimación de la denuncia. Esto es así debido a que la desestimación, aunque sin perjuicio, significó la caída de los cargos que pendían en su contra. (Énfasis nuestro). Tan es así que el Ministerio Público tuvo que presentar cargos nuevamente por los mismos hechos. A esa nueva denuncia se le asignó un nuevo número de caso y, por haber solicitado el peticionario que se le cancelara la fianza anterior, se le fijó una nueva. Es con esa nueva presentación de cargos que el peticionario advino nuevamente a estar expuesto a convicción CC-2023-0276 10

y, por ende, “sujeto a responder”. Pueblo v. Carrión, supra, pág. 643.

Por lo tanto, no nos persuade el argumento del peticionario, en el sentido de que una primera desestimación sería sólo una incidencia procesal que no interrumpe el carácter continuo del procedimiento. (Énfasis nuestro). A lo único que estuvo sujeto el peticionario durante ese período fue a que, como en efecto ocurrió, el Ministerio Público decidiera reprocesarlo. Por lo que, para efectos prácticos, el peticionario se encontraba en la misma situación procesal que un individuo que sabe que lo están investigando, pero que aún no se le han sometido cargos formalmente. Íd. (Énfasis nuestro).

Al analizar lo discutido en los precitados casos en

conjunto con en el lenguaje del Art. 2.07 de la Ley Núm.

404-2000, supra, no existe duda de que el proceso criminal

en contra del señor Morales Roldán culminó. Por tanto, si

bien no estamos ante una absolución en los méritos y no

existe un deber ministerial de devolver el arma y la

licencia, el foro primario sí tiene el deber de dirimir,

bajo su prudencia, si procede o no la devolución.

Considero que ese resultado es el más apropiado pues en

este momento no existe procedimiento criminal pendiente. Lo

único que existe en contra del señor Morales Roldán es la

posibilidad de que el Ministerio Público le presente

nuevamente otra acusación bajo los mismos cargos. Ante este

escenario, procede que el foro primario pase juicio sobre

su propia determinación para auscultar si el solicitante

posee algún riesgo de peligrosidad. De esta manera, el foro

primario estará en una mejor posición para determinar si

devuelve o no la licencia y el arma en cuestión. CC-2023-0276 11

E. Revisión judicial de los procesos administrativos.

La Opinión mayoritaria sustenta su conclusión de

remitir el asunto al foro administrativo en el lenguaje del

Art. 7.07 de la Ley Núm. 404-2000, supra, 25 LPRA sec. 460f,

que dispone que “[s]alvo que otra cosa se disponga

expresamente, todas las determinaciones que tengan que

realizarse en virtud de esta Ley se regirán por las

disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. Ahora

bien, el propio título del artículo: “Determinaciones

Administrativas; Adjudicación; Reconsideración” nos

demuestra que esta disposición aplica únicamente a las

determinaciones administrativas. Por lo tanto, debido a que

la suspensión del arma del señor Morales Roldán no fue por

una orden administrativa, sino por una judicial, dicho

artículo no puede ser utilizado para disponer de la

controversia ante nuestra consideración.

Aunque del expediente no surge la orden judicial que

decretó la suspensión de la licencia de armas del señor

Morales Roldán, el Ministerio Público nos menciona que “no

existe controversia sobre que, en efecto, el arma fue

ocupada como parte de los incidentes de violencia doméstica

en este caso”. Véase Petición de certiorari pág. 11 nota

23. Por tanto, no resulta correcto y mucho menos práctico

utilizar el lenguaje del Art. 7.07 de la Ley Núm. 404-2000, CC-2023-0276 12

supra, para remitir la orden judicial al foro

administrativo.

F. Debido Proceso de Ley.

La Opinión mayoritaria considera que el debido proceso

de ley del señor Morales Roldán queda adecuadamente

protegido porque la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm.

170 del 12 de agosto de 1988, 25 LPRA sec. 9601 et. seq.,

le reconoce un derecho a revisión judicial. Sin embargo, en

este ejercicio, lo que la Mayoría propone es delegarle

indirectamente a una agencia administrativa la revisión de

una orden judicial. Soy consciente de que el Negociado de

la Policía cuenta con el expertise para realizar una mejor

determinación sobre a quién se le puede o no conceder una

licencia de armas. Sin embargo, la mayoría olvida que en

este caso ya hubo una determinación realizada por el

Comisionado de la Policía que, en su día, le otorgó al señor

Morales Roldán la licencia de armas. Fue luego de las

acusaciones por violencia doméstica que el tribunal,

cumpliendo el mandato de la Ley Núm. 404-2000, supra,

intervino con la determinación del Negociado y le suspendió

al señor Morales Roldán la licencia de armas. En resumidas

cuentas, al remitir nuevamente el asunto al Negociado de la

Policía, la Opinión mayoritaria convierte al Negociado de

la Policía en el foro con jurisdicción para revisar una

orden judicial. Este proceder resulta peligroso pues CC-2023-0276 13

establece como precedente que una agencia administrativa

puede revisar y revocar una determinación judicial.

A tenor, debemos recordar nuestros pronunciamientos en

Rolón Martínez v. Caldero López, 201 DPR 26 (2018). Allí

establecimos que la Policía y el Superintendente (hoy

Comisionado) tienen la facultad en ley para revocar las

licencias de armas cuando una persona posea un historial de

violencia. Si bien esta pudiera ser la situación del señor

Morales Roldán, es necesario que antes de que el Negociado

de la Policía intervenga, el foro judicial tome una

determinación. Según nuestra postura, le corresponde

exclusivamente al foro que ordenó la suspensión decidir si

procede o no la devolución de la licencia y el arma del

señor Morales Roldán.

G. Deber ministerial y facultad discrecional.

Estoy convencido de que, aunque no existe un deber

ministerial por parte del foro judicial para entregar el

arma y la licencia del señor Morales Roldán, el foro

primario sí tiene el deber de evaluar la petición y tiene

discreción para devolverla. Hace algún tiempo explicamos

que existe un deber ministerial cuando “la ley prescribe y

define un deber que tiene que ser cumplido de forma tal que

no le permite el ejercicio de la discreción o del juicio

sobre si cumple o cómo cumple con ese deber impuesto”.

Partido Popular v. Junta de Elecciones, 62 DPR 745, 749

(1944). Por lo tanto, si la ley no establece un deber CC-2023-0276 14

ministerial para entregar un arma luego de una

desestimación, y ni siquiera lo contempla, no es

irrazonable concluir que lo dejó a la discreción del foro

que ordenó la suspensión de la licencia. Por esta razón

considero que no procede delegarle al Negociado de la

Policía la facultad de determinar si corresponde o no la

devolución de un arma de fuego, después que un tribunal

ordena su suspensión.

III

En resumen, el foro primario no tiene el deber

ministerial de devolverle el arma al señor Morales Roldán

pues este no fue absuelto en los méritos. Sin embargo, el

propio tribunal que ordenó la suspensión de la licencia

tiene el deber de considerar la petición y ponderar si

procede o no la devolución. Con este proceder, se

salvaguardan adecuadamente los derechos aquí en conflicto.

Mas allá de todos los fundamentos en derecho que he esbozado

a través de esta concurrencia, el sentido práctico también

me lleva a esta conclusión. Definitivamente, el propio

tribunal que atendió el caso criminal que dio paso a la

suspensión de la licencia y la entrega del arma está en

mejor posición que un foro administrativo para intervenir

con el derecho de una persona a poseer armas y para tomar

aquellas medidas dirigidas a salvaguardar la seguridad de

las víctimas de violencia doméstica.

A su vez, debo mencionar que el curso avalado por la

mayoría me deja serias preocupaciones en cuanto las CC-2023-0276 15

posibles violaciones al debido proceso de ley que puede

enfrentar el señor Morales Roldán al momento de solicitarle

al Negociado de la Policía la devolución del arma y su

licencia. El Sr. Víctor Morales Roldán no tiene un caso

criminal pendiente pues las acusaciones en su contra fueron

desestimadas por un tribunal. Al señor Morales Roldán, le

cobija el derecho a la presunción de inocencia. Debido a lo

anterior, advierto que un proceso criminal que fue

desestimado y una orden de protección que ya venció no

pueden utilizarse como pretexto para interferir con su

derecho constitucional a la portación de armas. Véase Emda.

II, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1. Por lo tanto, la

determinación del Negociado de la Policía no puede estar

atada a la posibilidad de que el Ministerio Público vuelva

a radicar los cargos. Reitero que, para todos los efectos,

ese proceso criminal inicial ya no existe. Por

consiguiente, la determinación no puede estar fundamentada

en un caso judicial que se desestimó.

Finalmente, estimo que el Art. 2.1 de la Ley Núm. 54-

1989, supra, es claro al mencionar que el propósito de

ordenar al promovido la entrega del arma es proteger al

peticionario. Por lo tanto, el curso de acción propuesto

por la mayoría aleja a los tribunales de cumplir con su

deber de proteger a las víctimas de violencia doméstica.

Estimo que en casos como el de autos resulta necesario que,

sin pretender delegarla a otros foros, realicemos nuestra

función adjudicativa y cumplamos nuestro llamado de CC-2023-0276 16

impartir justicia. A fin de cuentas, de eso se trata la

función judicial. Véase, Preámbulo de los Cánones de Ética

Judicial, 4 LPRA Ap. IX.

Por todo lo anterior, concurro respetuosamente.

Hubiese determinado que le corresponde al foro judicial

auscultar si procede la devolución del arma y la licencia

del señor Morales Roldán. A pesar de que el proceso criminal

culminó, la orden judicial que dispuso la suspensión de la

licencia del señor Morales Roldán es independiente y

continúa vigente. Por tanto, el tribunal, a solicitud del

señor Morales Roldán tiene el deber de determinar bajo su

discreción, si procede o no la devolución de la licencia y

el arma.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v. CC-2023-0276 Certiorari

Opinión concurrente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ a la que se une la Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ

En San Juan, Puerto Rico a 29 de mayo de 2024.

En el presente caso, uno en el cual se acusa y se

procesa criminalmente a una persona por violar el

Artículo 3.1 de la Ley para la Prevención e

Intervención con la Violencia Doméstica, infra, nos

corresponde determinar si, ante la desestimación del

caso criminal por violación a los términos de juicio

rápido contemplados en la Regla 64(n) de las de

Procedimiento Criminal, infra, corresponde la

devolución inmediata de la licencia y las armas de

fuego que le fueron ocupadas a ésta, de conformidad

con lo dispuesto en los Artículos 2.1 de la ya

mencionada ley y 2.07 de la Ley de Armas de Puerto

Rico, infra. CC-2023-0276 2

Adelantamos que, luego de haber examinado detenida y

cuidadosamente los hechos que dieron margen al presente

proceso penal, así como el derecho aplicable,-- al igual que

se hace en la Opinión que hoy emite este Tribunal --,

revocaríamos la determinación tomada por el Tribunal de

Apelaciones en el caso de marras, mediante la cual se ordenó

la devolución inmediata de la licencia y armas de fuego

ocupadas al Sr. Víctor Morales Roldán. Ello es lo correcto.

Ahora bien, -- distinto al acercamiento que se hace en

el escrito de la Mayoría, en el cual se concluye que la

devolución del arma de fuego será una determinación que le

corresponderá exclusivamente a la Policía de Puerto Rico en

el ejercicio de su facultad administrativa --, somos de la

opinión que, en casos como estos, lo correcto hubiese sido

que, como paso previo a devolver el arma de fuego a la persona

acusada de delito, el Tribunal de Primera Instancia refiriese

el asunto a la Policía de Puerto Rico para que dicha agencia

del orden público, -- como ente administrativo especializado

--, determinase si esta última cuenta, o no, con la aptitud

necesaria en ley para poseer y portar un arma de fuego, y

rindiese un informe al Tribunal de Primera Instancia a tales

fines; y que, luego de ello, basándose en la recomendación

hecha por la referida agencia, fuese el foro primario quien

evaluase y resolviese, de forma definitiva, la solicitud de

devolución de arma de fuego.

A nuestro juicio, el procedimiento que proponemos para

la devolución de armas de fuego en casos como el de autos, CC-2023-0276 3

es el que mejor armonizaría los importantes intereses que

aquí yacen en pugna. Por un lado, y distinto a lo que hoy

pauta una Mayoría de este Tribunal, brindaría coherencia

procesal al facultar al propio Tribunal de Primera Instancia

que ordena la incautación de la licencia y arma de fuego a

realizar su devolución. Igualmente, y por otro lado,

integraría la participación experta de la Policía de Puerto

Rico quien es la entidad administrativa con la pericia

necesaria para resolver estos asuntos, y cuyo insumo guiaría

la determinación que en su día tomase el foro judicial

correspondiente.

Por ello, concurrimos. Nos explicamos.

I.

La serie de eventos que dieron paso al caso que hoy

pende ante nuestra consideración, tuvo su génesis allá para

el año 2021. El 27 de julio de dicho año, el Ministerio

Público presentó contra el señor Víctor M. Morales Roldán

(en adelante, “señor Morales Roldán”) dos denuncias por

infracción al Artículo 3.1 de la Ley para la Prevención e

Intervención con la Violencia Doméstica, infra.

En síntesis, en las referidas denuncias el Estado alegó

que el 25 de julio de 2021 el señor Morales Roldán agredió

de manera violenta a su entonces pareja consensual.

Específicamente, se aseveró que la referida agresión

consistió en el señor Morales Roldán haber abofeteado a su

expareja, así como lanzarla al suelo y agredirla con los

puños en varias partes del cuerpo. CC-2023-0276 4

Celebrada la vista de causa para arresto el mismo 27 de

julio de 2021, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de

Fajardo, encontró causa probable para arresto contra el señor

Morales Roldán por todos los delitos imputados. Asimismo, en

consideración a la naturaleza del caso, el foro primario

expidió una orden de protección a favor de la presunta

víctima de la agresión y en contra del imputado Morales

Roldán.

Cónsono con lo anterior, y en virtud del mandato expreso

que contiene el Artículo 2.07 de la Ley de Armas de Puerto

Rico (en adelante, “Ley de Armas de 2000”), infra, el

Tribunal de Primera Instancia requirió al señor Morales

Roldán que hiciera entrega a la Policía de Puerto Rico de

cualquier arma de fuego para la cual éste poseyera licencia,

así como la licencia misma, ya fuera ésta de portación o

posesión. Este último así lo hizo.

Entregadas las armas de fuego y la licencia a la

autoridad competente, el 15 de septiembre de 2021 se celebró

la vista preliminar contra el señor Morales Roldán. Culminada

la misma, el foro primario encontró causa probable para

acusar por todos los delitos imputados. En consecuencia, la

orden de protección expedida a favor de la perjudicada se

extendió hasta el día 2 de noviembre de 2021, fecha en la

que quedó pautada la celebración del juicio.

Llegado el día en que se había pautado el inicio del

juicio, el mismo fue reseñalado para el 23 de noviembre de CC-2023-0276 5

2021. De igual manera, la ya mencionada orden de protección

fue extendida hasta dicha fecha.

Posteriormente, y luego de varios incidentes procesales

no necesarios aquí pormenorizar, el 18 de enero de 2022 el

Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia mediante

la cual desestimó los cargos que pesaban contra el señor

Morales Roldán, ello por violación a los términos de juicio

rápido contemplados en la Regla 64(n) de las de Procedimiento

Criminal, 34 LPRA Ap. II.

Así las cosas, el 2 de noviembre de 2022 el señor Morales

Roldán presentó ante el foro primario una Moción en solicitud

de orden. En dicho escrito, éste arguyó que debido a que el

caso en su contra había sido desestimado, dicha desestimación

constituía una “exoneración” por lo cual, en virtud del

Artículo 2.08 de la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020,

infra, correspondía que el Estado le devolviera su licencia

de armas y el arma de fuego ocupadas.

En respuesta a la solicitud del señor Morales Roldán,

el Tribunal de Primera Instancia, emitió una Orden el 7 de

noviembre de 2022 mediante la cual declaró no ha lugar la

referida solicitud. En particular, el foro primario dictaminó

que la determinación sobre la devolución de la licencia y el

arma de fuego era una que le correspondería tomar a la Policía

de Puerto Rico dentro de su facultad administrativa.

Acto seguido, el 28 de noviembre de 2022 el Tribunal de

Primera Instancia denegó una Moción en solicitud de

reconsideración que fuera presentada por el señor Morales CC-2023-0276 6

Roldán. Esas determinaciones fueron oportunamente

notificadas a todas las partes en el presente caso.

Inconforme con la decisión del foro primario, el 27 de

diciembre de 2022 el señor Morales Roldán acudió ante el

Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari.

En dicho escrito, alegó que el Tribunal de Primera Instancia

había errado en su proceder toda vez que, conforme al

infra, correspondía la devolución, sin más, de la licencia

de armas y el arma que le habían sido ocupadas. Esto, debido

a que, según su criterio, una desestimación bajo la Regla

64(n) de las de Procedimiento Criminal, supra, suponía una

determinación de no culpabilidad por lo cual, según el texto

de la ley, el foro primario estaba ministerialmente obligado

a devolver inmediatamente las armas ocupadas.

Por su parte, y en oposición, la Oficina del Procurador

General compareció ante el foro apelativo intermedio mediante

un Escrito en cumplimiento de orden. En síntesis, el

Procurador General arguyó que, en virtud del texto claro de

la ley, -- tanto la Ley de Armas de 2000, infra, como la Ley

de Armas de Puerto Rico de 2020, infra --, la devolución

inmediata de la licencia y armas no procedía puesto que en

este caso no hubo una determinación de no culpabilidad, sino

que se trató de una desestimación por violación a los

términos de juicio rápido. A esos fines, la Oficina del

Procurador General sostuvo que lo que correspondía era que

el Tribunal de Primera Instancia evaluara la solicitud de CC-2023-0276 7

devolución del arma de fuego y licencia de armas, y tomara

su decisión.

Así las cosas, el 28 de febrero de 2023 el Tribunal de

Apelaciones emitió una Sentencia mediante la cual revocó la

determinación dictada por el foro primario. En particular,

concluyó que, habiendo obtenido el señor Morales Roldán una

determinación de no culpabilidad final y firme, el Tribunal

de Primera Instancia estaba obligado a ordenar a la Policía

de Puerto Rico la devolución inmediata, y sin ulterior

consideración, de la licencia y el arma de fuego ocupadas.

Presentada una Solicitud de reconsideración por parte del

Ministerio Público, el foro apelativo intermedio proveyó no

ha lugar a la misma.

Ante la determinación del Tribunal de Apelaciones, el

pasado 1 de mayo de 2023 el Pueblo de Puerto Rico compareció

ante nos mediante una Petición de certiorari. En su escrito,

el Estado señala que el foro apelativo intermedio erró al

ordenar a la Policía de Puerto Rico devolver inmediata y

automáticamente el arma de fuego al señor Morales Roldán, a

pesar de éste no haber obtenido una determinación de no

culpabilidad, final y firme, como expresamente requiere la

Ley de Armas de Puerto Rico, infra. A esos fines, nos solicita

que revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de

Apelaciones y que, en consecuencia, devolvamos el caso al

foro primario para que se continúen los procedimientos

pertinentes a la devolución de la licencia y arma de fuego

ocupadas. CC-2023-0276 8

Por su parte, el señor Morales Roldán compareció

mediante un Alegato de la parte recurrida. En su escrito, y

de manera similar a como lo hizo en los foros a quo, alega

que tras la desestimación de los cargos al amparo de la Regla

64 (n) de las de Procedimiento Criminal, supra, correspondía

la devolución inmediata de la licencia y arma de fuego

ocupadas. Ello debido a que, proceder como el Ministerio

Público propone, constituiría un acto de legislación judicial

y menoscabaría la presunción de inocencia del señor Morales

Roldán. De igual manera, la defensa del señor Morales Roldán

reafirma que la desestimación de los cargos presentados en

su contra es equivalente a una absolución puesto que ambos

escenarios suponen la finalización del proceso criminal en

cuestión.

Por último, el señor Morales Roldán expresa que tanto

la continuación de la ocupación de las armas, así como el

proceso que propone el Ministerio Público como condición a

la devolución de las mismas, constituyen una violación

constitucional al derecho fundamental a la posesión y

portación de armas de fuego contenido en la Segunda Enmienda

de la Constitución de los Estados Unidos. A esos fines, el

señor Morales Roldán hace referencia a la reciente decisión

emitida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en New

York State Rifle and Pistol Association v. Bruen, infra, y

aduce que no existe una práctica histórica similar que CC-2023-0276 9

justifique la pretensión del Ministerio Público, por lo que

la propuesta de dicha entidad sería inconstitucional.1

Examinado el trámite fáctico y procesal, pasemos, pues,

a discutir el derecho aplicable a la controversia ante

II.

Como es sabido, la Constitución de los Estados Unidos

de América, en su Segunda Enmienda, reconoce expresamente

“el derecho del pueblo a tener y portar armas”. Enmda. II,

Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1, ed. 2023, pág. 186. Dicho

derecho, según ha sido reconocido por la jurisprudencia

federal, es un derecho individual y fundamental bajo el

ordenamiento constitucional federal norteamericano, New York

State Rifle & Pistol Association, Inc. v. Bruen, 142 S. Ct.

2156 (2022); McDonald v. City of Chicago III, 561 US 742,

778 (2010); District of Columbia v. Heller, 554 US 570, 595

(2008), y se hizo extensivo a todos los estados y territorios

norteamericanos en virtud de la Decimocuarta Enmienda federal

en McDonald v. City of Chicago III, supra, pág. 791.

Por lo tanto, aunque la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico no reconoce expresamente el derecho

de los ciudadanos a poseer y portar armas, el referido

derecho federal aplica en Puerto Rico con toda su fuerza.

1 De igual manera, y como fuente persuasiva, el señor Morales Roldán nos señala que el pasado año el 5to Circuito del Tribunal de Apelaciones federal resolvió que la ley federal prohibiendo la posesión de armas de fuego por personas bajo una orden de protección expedida por actos constitutivos de violencia doméstica es inconstitucional. US v. Rahimi, 61 F. 4th 443 (5to Circuito, 2023). Cabe señalar que dicho caso pende actualmente ante la consideración del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. CC-2023-0276 10

Pueblo v. Rodríguez López et al., 210 DPR 752, 766 (2022).

Esto, de conformidad con la doctrina de la incorporación

selectiva. Véase, McDonald v. City of Chicago III, supra,

págs. 763-766; Malloy v. Hogan, 378 US 1, 5-6, 10 (1964);

Gideon v. Wainwright, 372 US 335, 341-342 (1962).

Ahora bien, dicho ello, es preciso señalar que, si bien

el Alto Foro Judicial federal ha elevado el derecho a poseer

y portar armas a uno fundamental, de igual forma ha

reconocido expresamente que la referida garantía no es

absoluta ni ilimitada. New York State Rifle & Pistol

Association, Inc. v. Bruen, supra, pág. 2128; District of

Columbia v. Heller, supra, pág.626. Véanse, además, Pueblo

v. Rodríguez López et al., supra, pág. 768; y Rolón Martínez

v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 37 (2018). A esos fines,

recientemente, en New York State Rifle & Pistol Association,

Inc. v. Bruen, supra, el Tribunal Supremo de los Estados

Unidos pautó el examen que habrá de seguirse cuando se

examinen, bajo el crisol de la Segunda Enmienda, la

constitucionalidad de leyes que regulan la posesión y

portación de armas de fuego. Consecuentemente, este Tribunal

así lo adoptó en nuestra jurisdicción en Pueblo v. Rodríguez

López et al., supra.

En esencia, y de conformidad con lo resuelto en los

precitados casos, el examen constitucional aplicable a las

regulaciones sobre la posesión y portación de armas es el

siguiente:

(1) Cuando la conducta de un individuo esté protegida por el texto de la Segunda Enmienda, se CC-2023-0276 11

presumirá que la Constitución protege tal conducta y, solo entonces, (2) el gobierno o estado deberá justificar la regulación o limitación del derecho consagrado en la mencionada enmienda constitucional, tras demostrar que la referida regulación o limitación es consistente con la tradición histórica de regulación de armas de fuego en la Nación [norteamericana]. Íd., pág. 775 (citando a New York State Rifle & Pistol Association, Inc. v. Bruen, supra, pág. 2126).

En otras palabras, al considerar un estatuto a la luz de este

examen, el estado que aprobó la legislación que está siendo

objeto de escrutinio judicial “deberá establecer que existe

un entendido histórico que hace permisible la regulación o

limitación que se impugna”. Íd., pág. 776. Es decir, deberá

“evaluarse si la regulación moderna e históricamente [similar

impone] una carga comparable sobre el derecho constitucional

a poseer y portar armas para defenderse, y si esa carga se

ha justificado de manera semejante” a lo largo del tiempo.

Íd.

Cual discutido, si bien en el caso de New York State

Rifle & Pistol Association, Inc. v. Bruen, supra, pág. 2138,

el Alto Foro Judicial federal invalidó la ley impugnada,

dicho tribunal también reconoció que, tradicionalmente, a

través de la historia angloamericana el derecho a poseer y

portar armas ha estado sujeto a válidas y bien definidas

restricciones gubernamentales sobre la forma y manera en las

que se puede ejercer el derecho constitucional en cuestión.

A esos efectos, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos

dejó claro que nada de lo resuelto en el referido caso debía

interpretarse como sugerente de la posible CC-2023-0276 12

inconstitucionalidad de los mecanismos de otorgamiento de

licencias para poseer y portar armas que tienen la mayoría

de los estados de la nación norteamericana. Íd., pág. 2138

esc.9.2

De esta forma, se mantuvo el raciocinio expresado por

el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en District of

Columbia v. Heller, supra, págs. 626-627, a los efectos de

que nada en dicha opinión debería poner en duda la validez

constitucional de las diversas y perdurables prohibiciones

estatales de posesión de armas respecto a los incapaces

mentales y a los criminales, así como a las regulaciones

sobre los lugares en donde se podrán usar y vender las mismas.

(“[N]othing in our opinion should be taken to cast doubt on

longstanding prohibitions on the possession of firearms by

felons and the mentally ill, or laws forbidding the carrying

of firearms in sensitive places such as schools and

government buildings, or laws imposing conditions and

qualifications on the commercial sale of arms”).

Cónsono con ello, y al abordar una controversia de

similar naturaleza, este Tribunal en Pueblo v. Rodríguez

López, supra, pág. 782, resolvió que el Artículo 5.04 de la

Ley de Armas de Puerto Rico de 2000, 25 LPRA ant. sec. 458c,

que penalizaba la portación y uso de armas de fuego sin la

debida licencia, era constitucionalmente válido a la luz de

2 En particular, el alto foro federal expresó que “to be clear, nothing in our analysis should be interpreted to suggest the unconstitutionality of the 43 States’ ‘shall-issue’ licensing regimes, under which ‘a general desire for self-defense is sufficient to obtain a [permit]’”. New York State Rifle & Pistol Association, Inc. v. Bruen, supra, pág. 2138. CC-2023-0276 13

la jurisprudencia federal ya reseñada. En ese sentido,

concluimos que nuestra regulación estatutaria del derecho a

poseer y portar armas fuego era una práctica consistente con

la tradición histórica de regular armas de fuego en la nación

norteamericana. Íd. Siendo el propósito fundamental de la

misma perseguir “la política pública de cero tolerancia

contra el crimen, lograr que las agencias de orden público

sean más efectivas en esa lucha y promover mayor seguridad y

bienestar público para el Pueblo”. (Énfasis nuestro). Íd.,

pág. 781.

Así pues, habiendo revisado todo lo concerniente al

derecho constitucional a poseer y portar armas de fuego,

tanto en la esfera federal como en la local, procedemos a

considerar nuestra legislación en materia de armas.

Como ya mencionamos anteriormente, en Pueblo v.

Rodríguez López et al., supra, este Tribunal resolvió que

nuestro ordenamiento regulatorio en torno al derecho

fundamental de poseer y portar armas de fuego es

constitucionalmente válido a la luz de la más reciente

jurisprudencia federal al respecto. De igual forma, en el

referido caso manifestamos que nuestro requerimiento de una

licencia para poseer y portar armas persigue la consecución

de una política pública de cero tolerancia contra el crimen

y mayor seguridad y bienestar público. Íd., pág. 782.

En esa dirección, y como parte de su poder de razón de

estado, la Asamblea Legislativa facultó a la Policía de CC-2023-0276 14

Puerto Rico, y en particular a su Superintendente, con la

autoridad para expedir licencias de armas de conformidad con

la ley. Ley de Armas de 2000, Art. 2.01, 25 LPRA ant. sec.

456.3 De igual forma, la ley proveyó a dicho funcionario la

potestad para realizar las investigaciones pertinentes y

denegar o revocar las solicitudes o licencias cuando hubiera

fundamento en ley para ello. Véase, Íd., Art. 2.02, incisos

(A) y (B), 25 LPRA ant. sec. 456a. De este modo, la Ley de

Armas de 2000 “designó a la Policía – junto a su

Superintendente – como el ente administrativo especializado

para regular lo relacionado con la concesión de las armas

[de fuego]”. (Énfasis nuestro). Pueblo v. Barahona Gaitán,

201 DPR 567, 577-578 (2018).

A esos fines, y en aras de crear un marco conceptual

que guíe la función de la Policía de Puerto Rico, la Ley de

Armas de 2000 establece un listado de requisitos que una

persona debe cumplir para poder obtener una licencia de

armas.4 Art. 2.02, 25 LPRA ant. sec. 456a. En lo pertinente

3 Antes de comenzar la discusión es preciso señalar que, a pesar de que los hechos que nos conciernen ocurrieron en el año 2021, la Ley de Armas aplicable al caso de marras es la del año 2000. Esto, debido a que según dispone el Artículo 7.24 de la Ley Núm. 168-2019, mejor conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, las disposiciones de la Ley de Armas de Puerto Rico del año 2000 (en adelante, “Ley de Armas de 2000”), 25 LPRA ant. sec. 455 et seq., continuarán siendo “aplicables a las licencias obtenidas o renovadas bajo su vigencia, hasta que tales licencias venzan o se renueven bajo esta Ley”. Art. 7.24 de la Ley Núm. 168-2019 (2019 [Parte 3] Leyes de Puerto Rico 2226). Así las cosas, y dado que la licencia de armas del señor Morales Roldán se expidió en el año 2018, repasaremos las disposiciones aplicables de la Ley de Armas de 2000, supra. 4El Artículo 1.02 de la referida Ley de Armas de 2000 define la “licencia de armas” como “aquella licencia concedida por el Superintendente [de la Policía] que autorice al concesionario para tener, poseer y transportar armas, sus municiones, y dependiendo de su categoría, portar armas de fuego, tirar al blanco o cazar”. 25 LPRA ant. sec. 455o. CC-2023-0276 15

a la controversia ante nuestra consideración, la referida

disposición legal indica que, para poder obtener una licencia

de armas, la persona solicitante de la misma debe, además de

tener cumplidos los veintiún (21) años de edad,

(7) no estar bajo una orden del tribunal que le prohíba acosar, espiar, amenazar o acercarse a un compañero íntimo, alguno de los niños de ese compañero o a persona alguna, y no tener un historial de violencia. […] (12) someter en su solicitud una (1) declaración jurada de tres (3) personas que no tengan relación de consanguinidad o afinidad con el peticionario y que so pena de perjurio, atestigüen que el peticionario goza de buena reputación en su comunidad, y que no es propenso a cometer actos de violencia, por lo que no tienen objeción a que tenga armas de fuego. Íd., 25 LPRA sec. 456a (1), (7) y (12).5

Es decir, en los precitados incisos siete (7) y doce

(12) de la disposición legal en cuestión se establece que

uno de los requisitos para poder obtener una licencia de

armas es que la persona solicitante atestigüe que no posee

un historial de violencia y que goza de buena reputación en

la comunidad.

Además, y cónsono con lo anterior, la Ley de Armas de

2000 también establece que la persona que haya sido convicta

de cualquier delito grave o su tentativa, o por conducta

constitutiva de violencia doméstica según tipificada en la

Ley Núm. 54 de 1989, infra, no podrá obtener la referida

5 En cambio, valga destacar que la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, supra, no contiene como requisito el atestiguar que el solicitante posee buena reputación en su comunidad y que no es propenso a cometer actos de violencia. De igual forma, tampoco es un requisito expreso el no tener un historial de violencia. Véase, Art. 2.02 de la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, 25 LPRA sec. 462a. CC-2023-0276 16

licencia o, de tenerla, se le revocará la misma. Art. 2.11,

Ley de Armas de 2000, 25 LPRA sec. 456j.

De otra parte, y como medida protectora, la disposición

legal bajo estudio dispone también que, cuando a una persona

que posea licencia de armas se le encuentre causa probable

para arresto por la comisión de cualquiera de los delitos

especificados en el Artículo 2.11 de la ley, -- dentro de

los cuales se encuentra toda “conducta constitutiva de

violencia doméstica según tipificada en la Ley Núm. 54 de 15

de agosto de 1989” --, o por violaciones a la propia Ley de

Armas de 2000, el tribunal en cuestión suspenderá

provisionalmente la referida licencia hasta tanto culmine el

proceso criminal. (Énfasis nuestro). Íd., Art. 2.07, ant.

sec. 456f.6 Además, el referido foro judicial ordenará la

ocupación inmediata de la totalidad de las armas y municiones

de la persona, las cuales serán custodiadas por la Policía

de Puerto Rico. Íd. Una vez la persona acusada obtenga “una

determinación de no culpabilidad, final y firme, el juez

ordenará la inmediata devolución de su licencia de armas y

de las armas y municiones”. (Énfasis nuestro). Íd.

Sin embargo, si bien la Ley de Armas de 2000 establece,

como vimos, lo que procede una vez la persona que ostenta

6 Por su parte, cabe señalar que el Artículo 2.08 de la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, 25 LPRA sec. 462g, dispone que, tras la determinación de causa probable para arresto contra una persona que posea licencia de armas de fuego, el tribunal de instancia ordenará “la suspensión provisional e incautación de la licencia” de dicha persona hasta que exista una determinación final y firme en el proceso criminal. Sin embargo, en cuanto a la ocupación de las armas como consecuencia del inicio de la acción penal, el nuevo estatuto contiene el mismo lenguaje que su homólogo del año 2000. A saber, que la devolución inmediata de las armas procederá solo cuando el acusado obtenga una determinación de no culpabilidad final y firme. CC-2023-0276 17

una licencia de armas obtiene una determinación de no

culpabilidad, final y firme, en determinado proceso judicial,

nada dice sobre lo que corresponde hacer con la licencia y

armas de fuego ocupadas a una persona acusada de los delitos

que contempla el estatuto y cuyo caso se desestima. Se trata,

además, de un asunto que este Tribunal nunca ha tenido la

oportunidad de discutir.

No obstante, podemos mencionar, de manera persuasiva,

que algunos paneles del Tribunales de Apelaciones sí han

abordado el asunto, aunque de forma distinta.7 Así, por

ejemplo, en el caso Santiago Mercado v. Fernández Obret,

KLCE202201046, un panel del foro apelativo intermedio, --

compuesto por los jueces Sánchez Ramos, Rivera Torres y

Salgado Schwarz --, concluyó que tras el desistimiento de

una solicitud de orden de protección bajo la Ley Núm. 54 de

1989, infra, el peticionado al que se le habían ocupado la

licencia y armas de fuego al amparo del Artículo 2.1 de la

Ley Núm. 54 de 1989, infra, no tenía derecho a una devolución

inmediata de sus armas y licencia. Esto, debido a que el

Artículo 2.08 de la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, 25

LPRA sec. 462g, (equivalente al Artículo 2.07 de la Ley de

Armas de 2000, supra) solo contempla tal escenario cuando

existe una determinación de no culpabilidad, final y firme.

7Véanse, Rosado Cruz v. Rosa Rivera, KLCE202201313; Freire Díaz v. Aponte Porrata, KLCE202200635; Moreno Irizarry v. Medina Rivera, KLCE202200024; González Rosario v. Negociado de la Policía de Puerto Rico, KLRA202100238. CC-2023-0276 18

Así pues, en el citado caso el Tribunal de Apelaciones

determinó que lo que correspondía era que el Tribunal de

Primera Instancia evaluara, luego de recibir un informe sobre

la postura de la Policía, si procedía o no la devolución de

las armas y licencia a la luz de lo que dispone la Ley de

Armas de Puerto Rico de 2020, supra. Santiago Mercado v.

Fernández Obret, supra, pág. 4.

De igual manera, en el caso Freire Díaz v. Aponte

Porrata, KLCE202200635, expirada una orden de protección al

amparo de la Ley para la Prevención e Intervención con la

Violencia Doméstica, infra, contra el señor Emmanuelle Aponte

Porrata, éste solicitó al Tribunal de Primera Instancia la

devolución de su licencia de armas. Ante dicha petición, el

foro primario replicó no ha lugar. Inconforme, el señor

Aponte Porrata solicitó la revisión al Tribunal de

Apelaciones.

Examinado el asunto ante su consideración, el foro

apelativo intermedio, -- en un panel compuesto por los jueces

Bermúdez Torres, Grana Martínez y Adames Soto --, razonó

que, siendo el proceso de orden de protección uno de

naturaleza civil y no disponiendo la Ley de Armas de 2000,

supra, de ningún proceso o directriz que guiara el accionar

del Tribunal de Primera Instancia ante el vencimiento de una

orden de este tipo, era necesario que, antes de ordenar la

devolución de la licencia de armas en cuestión, la Policía

de Puerto Rico emitiera una recomendación sobre si existía o CC-2023-0276 19

no impedimento para que el señor Porrata Aponte pudiera

obtener su licencia de vuelta.

Por último, en el caso Rosado Cruz v. Sosa Rivera,

KLCE202201313, el Tribunal de Apelaciones, -- en un panel

compuesto por los jueces Figueroa Cabán, Grana Martínez y

Rodríguez Flores --, determinó que ante la denegatoria, sin

más, del Tribunal de Primera Instancia a una solicitud de

devolución de licencia de armas y armas de fuego ocupadas

como parte del proceso de expedición de una orden de

protección, correspondía devolver el asunto al foro primario

para que éste considerara si la devolución procedía o no

según solicitado. Es decir, el foro apelativo intermedio

razonó que la devolución del arma no operaba de forma

automática.

Con esas decisiones en mente, y, toda vez que la

situación planteada ante nuestra consideración está

íntimamente relacionada con la Ley para la prevención e

intervención con la violencia doméstica, infra, conviene

discutir aquí la referida pieza legislativa.

IV.

Sabido es que la Ley para la Prevención e

Intervención con la Violencia Doméstica, Ley Núm. 54-1989

(en adelante, “Ley Núm. 54”), 8 LPRA secs. 601 et seq., fue

una pieza legislativa que se aprobó con el propósito de

reiterar el compromiso del Estado en “proteger la vida, la

seguridad y la dignidad de hombres y mujeres,

independientemente de su sexo, estado civil, orientación CC-2023-0276 20

sexual, identidad de género o estatus migratorio” frente a

la ola de violencia doméstica que arropa a la Isla. Íd., Art.

1.2, sec. 601. En ese sentido, al aprobar el referido

estatuto, la Asamblea Legislativa reconoció la necesidad de

enfrentar la violencia doméstica fijando su atención en la

naturaleza violenta y delictiva del problema, así como

diseñando “medidas dirigidas a los agresores y medidas de

protección para las víctimas”. Exposición de Motivos, Ley

Núm. 54, supra.

Entre las medidas antes señaladas se encuentran aquellas

relacionadas con las órdenes de protección. En lo pertinente,

el Artículo 2.1 de la Ley Núm. 54-1989, supra, dispone que:

Cuando el tribunal así lo entienda o emita una orden de protección o de acecho, de inmediato el tribunal ordenará a la parte promovida entregar a la Policía de Puerto Rico para su custodia, cualquier arma de fuego perteneciente al promovido y sobre la cual se le haya expedido una licencia de tener o poseer, o de portación, o de tiro al blanco, de caza o de cualquier tipo, según fuera el caso. La orden de entrega de cualquier arma de fuego[,] así como la suspensión de cualquier tipo de licencia de armas de fuego[,] se pondrá en rigor de forma compulsoria. (Énfasis nuestro). Íd., sec. 621.

De igual manera, el precitado Artículo expone que, como

mínimo, la restricción al disfrute de la licencia de armas

se extenderá por el mismo tiempo que dure la orden de

protección. Íd. Además, del peticionado y poseedor de la

licencia ser encontrado culpable por alguna violación a la

orden de protección impuesta, la ley establece que la

revocación de la licencia de armas será permanente. Íd.

Detrás de todo ello, radica el interés legislativo de CC-2023-0276 21

“eliminar la posibilidad de que el imputado pueda utilizar

cualquier arma de fuego para causarle daño corporal, amenaza

o intimidación al peticionario o a los miembros de su núcleo

familiar”. Íd.

Sin embargo, y al igual que sucede con la Ley de Armas

de 2000, supra, la Ley Núm. 54-1989, supra, también guarda

silencio sobre qué procede hacer cuando la persona

peticionada recibe un resultado favorable en el proceso que

enfrenta. Así, lo único que dispone la referida Ley Núm. 54,

en su Artículo 2.1, supra, es que la restricción al uso de

la licencia de armas y la ocupación de las armas durará, como

mínimo, hasta tanto dure la orden de protección dictada

contra el peticionado.

Así pues, habiendo examinado el derecho aplicable al

caso de referencia y reconociendo los vacíos estatutarios

que adolecen las legislaciones reseñadas, pasemos a disponer

de la presente controversia. Al así hacerlo, tomamos en

consideración aquellas normas de hermenéutica que postulan

que en situaciones como estas nos corresponde interpretar

los estatutos aplicables de forma armónica, dándoles sentido

lógico y “supliendo las posibles deficiencias cuando esto

fuere necesario”. Pizarro Rivera v. Nicot Santana, 151 DPR

944, 951 (2000); véase, además, J. Farinacci Fernós,

Hermenéutica Puertorriqueña: cánones de interpretación

judicial, San Juan, Editorial InterJuris, 2019, pág. 156.

Para ello, debemos aquilatar también las políticas públicas

que persiguen las dos legislaciones en cuestión. A saber, la CC-2023-0276 22

Ley de Armas de 2000, supra, y la Ley Núm. 54, supra.

Procedemos a ello.

V.

Como mencionamos anteriormente, en el presente caso el

Pueblo de Puerto Rico arguye que el Tribunal de Apelaciones

erró al sentenciar que el Tribunal de Primera Instancia

estaba obligado en ley a devolver inmediatamente, y sin

ulterior consideración, la licencia de armas y armas de fuego

ocupadas al señor Morales Roldán como parte del procedimiento

penal seguido en su contra. En consecuencia, nos solicita la

devolución del caso al Tribunal de Primera Instancia para

que se continúen los procedimientos pertinentes a la

devolución de la licencia y arma de fuego ocupadas. Le asiste

la razón al Estado.

Y es que, de conformidad con la normativa antes

expuesta, y luego de haber evaluado la política pública que

persigue tanto la Ley de Armas de 2000, supra, como la Ley

Núm. 54, supra,8 somos de la opinión que, previo a que el

Tribunal de Primera Instancia decida si ordena o no la

devolución de la licencia y el arma de fuego aquí ocupadas

en virtud del Artículo 2.1 de la Ley Núm. 54, supra, o del

Artículo 2.07 de la Ley de Armas de 2000, supra, dicho foro

8 Como es sabido, la Ley de Armas de 2000, supra, persigue el propósito de establecer un gobierno con cero tolerancia contra el crimen, lograr un ambiente de paz, tranquilidad y alcanzar una mayor seguridad pública. Por otro lado, la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Núm. 54-1989, 8 LPRA secs. 601 et seq., aspira a atender “las dificultades que las situaciones de violencia doméstica presentan para toda víctima […] para preservar su integridad física y emocional, procurar su seguridad y salvar sus vidas”. Exposición de Motivos, Ley Núm. 54, supra. CC-2023-0276 23

debería ordenar a la Policía de Puerto Rico, -- ente

administrativo especializado, y facultado, en lo relacionado

a la concesión de licencia de armas de fuego, y, además, el

custodio de las armas ocupadas --, a realizar la

investigación pertinente y expresar su parecer sobre la

aptitud de la persona para poseer y portar armas de fuego.9

Esto, a la luz de los criterios y requisitos que establece

la Ley de Armas de 2000, supra. En dicho proceso, la Policía

de Puerto Rico podría determinar si la referida persona

exhibe o no un historial de violencia que lo inhabilite para

poseer y portar armas de fuego. Con el beneficio de dicha

investigación, el tribunal estaría en una mejor posición para

tomar una decisión informada en tan delicado asunto que

atienda la urgente política pública de protección y seguridad

a las víctimas de violencia doméstica.

A nuestro juicio, y como ya mencionamos, el

procedimiento que proponemos para la devolución de armas de

fuego en casos como el de autos, es el que mejor armonizaría

9 A esos fines, en el caso de Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, este Tribunal resolvió que tras la ocupación de unas armas de fuego y una licencia de armas como consecuencia de un proceso de solicitud de orden de protección instado bajo la Ley Núm. 54 de 1989, infra, la Policía de Puerto Rico tenía la facultad de realizar una investigación sobre las cualidades del poseedor de la licencia y revocársela si lo entendía meritorio. Esto, aun cuando la persona poseedora de la licencia de armas hubiese salido airosa en el proceso en su contra. Es decir, la Policía puede revocar la licencia de armas si, no habiendo una determinación de no culpabilidad, el poseedor de la misma obtiene un resultado favorable en el proceso criminal en su contra, -- como, por ejemplo, una desestimación de los cargos --, pero aun así la Policía concluye que éste no es, a la luz de los requisitos que dispone el Artículo 2.02 de la Ley de Armas de 2000, supra, una persona apta para poseer armas de fuego. Entre dichos requisitos se encuentra el no tener historial de violencia. Sobre esto último, en el citado caso también resolvimos que contar con un historial de violencia no suponía necesariamente el tener convicciones penales previas y que bastaba con que la Policía de Puerto Rico concluyera que la persona en cuestión había incurrido en actos de violencia o propendía a cometerlos. Íd., pág. 44. CC-2023-0276 24

los importantes intereses que aquí yacen en pugna. Por un

lado, y distinto a lo que hoy pauta una Mayoría de este

Tribunal, brindaría coherencia procesal al facultar al propio

Tribunal de Primera Instancia que ordena la incautación de

la licencia y arma de fuego a realizar su devolución.

Igualmente, y por otro lado, integraría la participación

experta de la Policía de Puerto Rico quien es la entidad

administrativa con la pericia necesaria para resolver estos

asuntos, y cuyo insumo guiaría la determinación que en su

día tomase el foro judicial correspondiente.

Debemos destacar, no obstante, que el procedimiento que

aquí proponemos no supone que el Tribunal encomendado con la

tarea de devolver la licencia y arma de fuego incautadas

venga obligado a acatar la recomendación que a esos fines

emita la Policía de Puerto Rico. Somos del parecer que el

foro judicial correspondiente tendría la discreción para

determinar, dentro de las circunstancias particulares de cada

caso, lo que en derecho estime correcto.

Así las cosas, en un caso como el de autos, habiéndose

culminado el proceso penal que enfrentaba el señor Morales

Roldán, mas no tratándose de una determinación de no

culpabilidad final y firme como erróneamente concluyó el

Tribunal de Apelaciones,10 correspondía, pues, aplicar un

10Según ya hemos mencionado, la Ley de Armas de 2000, supra, es clara en que la devolución inmediata de las armas y licencia de armas ocupadas como resultado del inicio de una acción penal contra el poseedor de las mismas solo procede cuando la persona obtiene una determinación de no culpabilidad final y firme. Empero, es sabido que una desestimación por violación a los términos de juicio rápido que contempla la Regla 64(n) de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, no es sinónimo ni equivalente a una determinación de no culpabilidad o absolución. Véase, CC-2023-0276 25

procedimiento de devolución de licencia y arma de fuego como

el que aquí hemos propuesto.11

Currier v. Virgina, 138 S. Ct. 2144 (2018); U.S. v. Scott, 437 US 82 (1978); y E. Chiesa Aponte, Procedimiento Criminal y la Constitución: etapa adjudicativa, San Juan, Ediciones SITUM, 2018, págs. 586-587. Por lo tanto, en el presente caso el Tribunal de Primera Instancia no estaba obligado a entregar las armas y licencia de forma inmediata.

11Por último y no menos importante, tal y como reseñamos en la exposición fáctica, en su alegato el señor Morales Roldán arguyó que el argumento y propuesta esbozado por el Ministerio Público, así como la propia ocupación de sus armas de fuego como consecuencia de una denuncia en su contra por violación a la Ley Núm. 54, supra, eran inconstitucionales por infringir con su derecho fundamental a la posesión y portación de armas de fuego. Para ello, se basó en la jurisprudencia federal interpretativa de la Segunda Enmienda y en el caso del Tribunal Apelativo Federal, US v. Rahimi, 61 F. 4th 443 (5to Circuito, 2023),-- caso cuya revisión aun pende ante la consideración del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por lo que la decisión, aunque posiblemente persuasiva, no nos es vinculante --. Sobre el particular, podemos expresar que la controversia allí planteada es distinguible de la que hoy nos ocupa. Ello debido a que, en el presente caso, el Estado no está criminalizando el ejercicio del derecho constitucional del señor Morales Roldán como, se podría argüir, lo hace la legislación penal federal allí en controversia. Todo lo contrario, en la situación de marras, el Estado, -- mediante la acción confiscatoria que provee el Artículo 2.07 de la Ley de Armas de 2000, supra, --, solo cumple con su deber de velar por el bienestar y seguridad de los ciudadanos, y únicamente incide temporalmente en el ejercicio del referido derecho constitucional. Ello, en el contexto de un proceso criminal que pendía contra el señor Morales Roldán. Por tanto, la ocupación preventiva y provisional de las armas de fuego y la licencia de armas puede verse como parte de la tradición histórica, y constitucionalmente validada, de limitar el derecho constitucional a la posesión y portación de armas de fuego, -- que como ya hemos dicho, no es absoluto ni ilimitado --, a las personas no aptas para ello. Véase, District of Columbia v. Heller, supra, págs. 626-627 (2008). De hecho, el propio Tribunal de Apelaciones federal para el Quinto Circuito expresó en US v. Rahimi, supra, pág. 452 esc. 6, que la discusión contenida en esa Opinión no tenía el propósito de poner en tela de juicio la validez de las limitaciones a la posesión y portación de armas de fuego que se imponen durante la celebración de un proceso penal y antes de una convicción (“[t]his discusión is not to cast doubt on firearm restrictions that attach during criminal proceedings prior to conviction”). Al final, dado el resultado obtenido en el proceso penal que enfrentó, el señor Morales Roldán podrá gozar nuevamente de su derecho constitucional a la posesión y portación de armas de fuego si la Policía de Puerto Rico entiende que, -- tal y como concluyó en la ocasión en la que le concedió su licencia --, éste cumple con la aptitud necesaria en ley para disfrutar de dicho derecho, y el Tribunal de Primera Instancia así lo estima correcto. CC-2023-0276 26

VI.

Es, pues, por todo lo anterior que concurro con el

resultado al que llega una mayoría de este Tribunal en el

día de hoy.

Ángel Colón Pérez Juez Asociado