EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario Certiorari
v. 2019 TSPR 86
Jorge E. Martínez Landrón 202 DPR ____
Recurrido
Número del Caso: CC-2017-388
Fecha: 6 de mayo de 2019
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan – Caguas, Panel IV
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Luis Román Negrón Procurador General
Lcda. Lisa Mónica Durán Procuradora General Auxiliar
Abogados de los recurridos:
Lcdo. José R. Olmo Rodríguez
Materia: Derecho Penal - Periodo de observación de la persona intervenida antes de realizar una prueba de aliento opera a favor del acusado.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionario
v. CC-2017-388 Certiorari
Jorge E. Martínez Landrón
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo
San Juan, Puerto Rico, a 6 de mayo de 2019.
La controversia ante nuestra consideración se
circunscribe a determinar a favor de quién opera
-entiéndase a favor del Estado o del acusado- el
período de 20 minutos de observación de la persona
intervenida antes de realizar una prueba de aliento
al amparo del Reglamento Núm. 73181 promulgado en
1 Reglamento para regular los métodos y procedimientos para la toma y análisis de muestras de sangre, orina o de cualquier otra sustancia del cuerpo y para adoptar y regular el uso de los instrumentos científicos para la determinación de concentración de alcohol, incluyendo la prueba inicial de aliento y la detección e identificación de drogas y/o sustancias controladas (Reglamento del Secretario de Salud Núm. 123 del Departamento de Salud), Reglamento Núm. 7318, Departamento de Estado, 9 de marzo de 2007 (Reglamento Núm. 7318). CC-2017-388 2
virtud de la autoridad otorgada por la Ley de Vehículos y
Tránsito de Puerto Rico, infra. Por entender que ese período
opera a favor del acusado, revocamos el dictamen recurrido.
I
El 24 de abril de 2015, a eso de las 7:45 de la noche,
el Sr. Jorge E. Martínez Landrón (señor Martínez Landrón)
fue detenido en el Puente Teodoro Moscoso por el agente
Osvaldo L. Merced López (agente Merced López) por manejar un
vehículo de motor2 a exceso de velocidad y transitar entre
carriles de manera indebida.3 Además de que la Policía de
Puerto Rico (Policía) expidiera boletos de tránsito por
cambio indebido de carriles y manejo a exceso de velocidad,
el 19 de mayo de 2015 el Ministerio Público presentó una
denuncia contra el señor Martínez Landrón por manejar un
vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes
en violación al Art. 7.02 de la Ley Núm. 22-2000 conocida
2 Un modelo Maserati GranTurismo.
3 El agente Osvaldo L. Merced López (agente Merced López) declaró lo siguiente en el juicio: “[…] En este caso me percato de que viene un vehículo, un Maserati GranTurismo color blanco por el carril derecho, el radar me marca 71 millas por hora en una zona que está rotulada en 55. El letrero más cercano está entrando al Puente Teodoro Moscoso. Cuando uno sale de la Carr. 26 o viene del aeropuerto como tal, entrando. Una vez le computo la velocidad a ese vehículo, de modo estacionario de la parte posterior, tanto lo identifico también por medio visual porque ya el vehículo una vez pasa por el lado de la patrulla el mismo mantiene la velocidad constante en el mismo carril donde más luego que yo arranco veo que el vehículo se mueve hacia el carril izquierdo de extrema izquierda y vuelve a seguir transitando entre el carril de la extrema derecha y vuelve y se cambia nuevamente y hace dos cambios de carril consecutivamente. Más adelante, yo lo detengo después del peaje”.
Véase Transcripción de la prueba oral, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 10. CC-2017-388 3
como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22),
según enmendada, 9 LPRA sec. 5202.
En el juicio celebrado el 18 de marzo de 2016, el
agente Merced López testificó que al momento de la detención
se percató que el señor Martínez Landrón expelía un fuerte
olor a alcohol y tenía los ojos rojos.4 Luego de esto, el
agente intentó realizarle una prueba de aliento, pero el
señor Martínez Landrón se negó. Ante la denegatoria, el
agente Merced López le hizo las advertencias de ley para
casos de embriaguez, y entonces lo arrestó y trasladó a la
División de Patrullas de Carreteras de San Juan (cuartel).5
4 Sobre el particular, el agente Merced López testificó lo siguiente en el juicio: “Antes de la salida lo detengo. Me voy por el lado del conductor, me presento como agente de orden público, le digo a la división a la que yo pertenezco, le indico mi número de placa, le indico el motivo de la intervención por lo cual se le está interviniendo al caballero que era por exceso de velocidad, se le indica también de donde se encontraba el rótulo más cercano, se le dice que está en todo su derecho de bajarse del vehículo y ver la velocidad computada en el radar de la patrulla y yo tener que explicarle de qué manera fue que se computó la velocidad. Sigo hablando con el caballero corroboro siempre las identificaciones, una vez que se le pide licencia, registro del vehículo, se verifican los datos para saber si yo estoy interviniendo con la persona correcta. Me percato que la persona es un conductor que está bajo los efectos de bebidas embriagantes, ya que él mismo cuando me está dialogando me está expeliendo un fuerte olor a licor en el área. También tiene los ojos rojos. Le digo al caballero al [haber] visto ese tipo de características, que se baje del vehículo que pase a la parte posterior, ya que él me había indicado dentro del vehículo también, de que una vez le dije que se podía bajar y ver la velocidad, él me dijo que no tenía prisa que iba a una actividad de su hija, que por eso es que estaba de prisa”. (Énfasis suplido).
Véase Transcripción de la prueba oral, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 10.
5 Durante el juicio en su fondo, el agente Merced López declaró lo siguiente a preguntas del Ministerio Público: “Fiscal: Y en ese espacio de tiempo desde que están en la patrulla y llegan a la División, usted lo perdió en algún momento de vista al Señor acusado? Agente: En ningún momento lo perdí”.
Véase Transcripción de la prueba oral, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 18. CC-2017-388 4
Según el testimonio del agente Merced López, llegaron
al cuartel a las 8:10 de la noche y desde ese momento el
señor Martínez Landrón estuvo bajo observación del agente
Merced López para que éste no comiera, fumara o se provocara
el vómito.6 De igual manera, señaló que durante ese tiempo
esperaban la llegada del abogado del señor Martínez Landrón.
El agente Merced López también testificó que el período de
observación comenzó a las 8:35 de la noche y finalizó a las
8:56 de la noche. Sobre esto, el agente Merced López
también declaró lo siguiente:
“Fiscal: ¿A qué hora surge del documento que usted llegó? Agente: A las 8:10. Fiscal: ¿Y a qué hora empezó a hacer la observación? Agente: Se empieza a hacer la observación desde las 8:35 hasta las 8:56. Fiscal: Una pregunta, una vez, usted dice, que una vez llega est[á] en la patrulla hasta que llega a tr[á]nsito no lo perdió de vista, una vez llega a tr[á]nsito a las 8:10, a las 8:35, usted lo perdió de vista al Señor acusado en algún momento? Agente: No, en ningún momento. Fiscal: Y a las 8:35, qué fue lo que ocurrió? Agente: A las 8:35 el caballero se sient[a]… estaba al lado mío todavía, pero como él, anteriormente a que se le hiciera la prueba, él tenía que hablar con su abogado, el cual cuando el Licenciado llega a la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, ahí yo me doy cuenta qui[é]n es el abogado, y ahí yo le indico lo que estaba pasando. Sí le di una oportunidad de que él hablara. Fiscal: ¿Y usted lo perdió de vista cuando hablaba? Agente: En ningún momento, en ningún momento […] . . . . . . . . Fiscal: ¿A qué hora se le hizo la prueba?
6 En relación con lo que ocurrió una vez llegaron al cuartel, el agente Merced López testificó esto: “Fiscal: ¿Y qué pasó una vez llegan al cuartel, a la División? Agente: Cuando llegamos al cuartel llegamos aproximadamente era[n] las 8:10 de la noche, llegamos al cuartel, donde se le indicó al caballero nuevamente todo el procedimiento que se iba a hacer, ya que el caballero se estaba negando a hacer cualquier tipo de prueba, hasta que llegara su abogado. […] yo empecé a otorgárselo [el tiempo de observación] en el Cuartel, aunque sé que lo tenía en observación desde que empieza la intervención hasta que llegamos a la División todavía estaba bajo observación, pero las anotaciones en mis documentos yo se las coloqué dándoselo en el Cuartel para que estuviera bien seguro estando al lado mío en el cuarto donde está la máquina de intoxylizer (sic)”. (Énfasis suplido).
Véase Transcripción de la prueba oral, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 18. CC-2017-388 5
Agente: La hoja… los 20 minutos se terminaron a las 8:56. A las 8:57 empieza el comienzo de prueba, y se empieza… la máquina ponchó sus resultados a las y 21, que es la del ponche. Juez: ¿A las y 21 de? ¿A las 9:21? Agente: A las 9, sí. Juez: ¿9:21? Agente: Y veinte. No, no, no, a las nueve. A las 8:57 Juez: Comenzó Agente: Es que yo activo la máquina para entrar la… Juez: Correcto Agente: Entonces a las 8.55 es que se termina el tiempo de observación de los veinte minutos. A las y veintiuno, que en ese caso sería las 9:00. Fiscal: Esa es la hora militar. Agente: Sería las 9:00, entonces es que ahí la máquina poncha el resultado. Fiscal: ¿Y cuál fue el resultado? Agente: Dando .123% de alcohol en el organismo”. (Énfasis suplido).7
Como vemos, el período de observación duró 21 minutos.
Además, indicó que a las 8:57 de la noche inició la prueba
de alcohol con la máquina Intoxilyzer 5000. Esta prueba
culminó a las 9:00 de la noche y arrojó un resultado de
0.123% de alcohol en el organismo.
Durante el contrainterrogatorio al agente Merced López
en juicio, la Defensa le preguntó sobre un alegado apagón de
luz que hubo en el cuartel al momento de realizar la prueba
de aliento. Sobre esto, el agente Merced López indicó que
ese apagón surgió antes de que se realizara la prueba.8
El tribunal de instancia encontró culpable al señor
Martínez Landrón por violación al Art. 7.02 de la Ley 22,
supra, y lo condenó a las siguientes penas: multa de $400,
multa de $200 conforme a la Ley Núm. 144-2014 y pago de $100
por la pena especial de la Ley Núm. 183-2012. Además, se
7 Véase Transcripción de la prueba oral, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 19-20.
8 Véase Transcripción de la prueba oral, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 30. CC-2017-388 6
refirió al curso de Mejoramiento para Conductores del
Departamento de Transportación y Obras Públicas, se le impuso
15 días de reclusión “suspendido condicionado a finalizar el
curso” y se le suspendió la licencia de conducir por 30 días.9
Inconforme con el fallo condenatorio, el señor
Martínez Landrón acudió ante el Tribunal de Apelaciones
mediante un recurso de Apelación Criminal. Señaló como único
error que el tribunal de instancia lo encontrara culpable
“cuando el agente no lo tuvo bajo observación durante los
20 minutos reglamentarios, pues durante el período de
observación hubo un apagón que ocasionó que se fuera la luz
en el cuartel por varios minutos”.10
Posteriormente, el Estado solicitó en su Alegato que
el Tribunal de Apelaciones confirmara “en toda su extensión
la condena y la sentencia apeladas porque se imputó y probó
más allá de duda razonable que el apelante ilegalmente estuvo
conduciendo en estado de ebriedad”.11 Añadió que “[l]a prueba
de aliento cumplió con los requisitos reglamentarios, sin
que el supuesto apagón ocurrido mucho antes de administrar
la prueba haya arrojado siquiera remotamente dudas sobre su
confiabilidad o precisión”.12
Más adelante, el Tribunal de Apelaciones revocó al
foro de instancia al entender que no se cumplió con el
9 Sentencia, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 63.
10 Apelación Criminal, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 44.
11 Alegato del Pueblo, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 83.
12 Íd. CC-2017-388 7
requisito reglamentario de observar al acusado por
20 minutos antes de administrar la prueba de aliento. En
particular, determinó que existía duda razonable sobre la
confiabilidad, el valor probatorio y, por lo tanto, la
admisibilidad de la prueba de aliento, debido a que no surgía
de la transcripción que el agente Merced López hubiese
mantenido al señor Martínez Landrón en observación durante
el apagón en el cuartel.13 También concluyó que la alegación
de que el señor Martínez Landrón tenía los ojos rojos y
expelía olor a alcohol, por sí sola, no es suficiente para
establecer, más allá de duda razonable, que el señor Martínez
Landrón conducía con un por ciento de alcohol en su sangre
en exceso de lo permitido por ley.14
Inconforme con la decisión del foro apelativo
intermedio, el Estado solicitó reconsideración, pero ésta
fue denegada. Insatisfecho con tal determinación, el Estado
presentó ante esta Curia el recurso que nos ocupa, en el que
señala estos dos errores:
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al atender el señalamiento de que el apagón produjo una deficiencia en el requisito de observación previo de 20 minutos en la toma de aliento al Sr. Jorge E. Martínez Landrón porque ese error no fue anunciado en la Apelación Criminal instada el 19 de mayo de 2016.
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al revocar sobre la base de una duda especulativa (apagón) y estimar que tal circunstancia externa vició automáticamente la observación que del intervenido tuvo el agente por más de 40 minutos. Más aún si había prueba independiente de la embriaguez de Martínez Landrón, quien conducía a exceso de
13 Sentencia, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 95.
14 Íd. CC-2017-388 8
velocidad, cambiaba erráticamente de carriles, tenía los ojos rojos y expelía un fuerte olor a alcohol. (Énfasis en el original).
Expedimos el auto de certiorari y, conforme solicitado
por el Estado, acogimos la Petición de certiorari como el
Alegato de la parte peticionaria acorde con la Regla 33 (k)
de nuestro Reglamento15 y recibimos el Alegato del recurrido.
En vista de ello, estamos en posición de adjudicar la
controversia en sus méritos. Pasemos entonces a exponer el
marco jurídico aplicable.
II
El acto de conducir un vehículo de motor en estado de
embriaguez o bajo los efectos de sustancias controladas
constituye un grave peligro para nuestra sociedad, pues
atenta contra el bienestar de los ciudadanos en las
carreteras del País.16 Ante una realidad alarmante en el
aumento de las intervenciones por conducir en estado de
embriaguez, la Legislatura procedió “a revisar las normas
establecidas en la ̒Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto
Rico̓ con respecto al consumo de alcohol en nuestras
carreteras, el proceso de identificar a los que conducen
vehículos de motor bajo los efectos de bebidas alcohólicas y
sustancias controladas, además de las multas y penalidades
por este tipo de violación, entre otros fines”.17 Así, con
15 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 33 (k).
16 Pueblo v. Caraballo Borrero, 187 DPR 265, 274 (2012); Pueblo v. Montalvo Petrovich, 175 DPR 932, 944 (2009); Pueblo v. Figueroa Pomales, 172 DPR 403, 419 (2007).
17 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 132-2004. CC-2017-388 9
el objetivo de reafirmar la política pública a favor de la
seguridad pública, la Asamblea Legislativa aprobó la
Ley Núm. 132-2004 para incluir varias enmiendas a la
Ley 22.
El Art. 7.02 (a) de la Ley 22, 9 LPRA sec. 5202,
establece que “[e]s ilegal per se, que cualquier persona de
veintiún (21) años de edad, o más, conduzca o haga funcionar
un vehículo de motor, cuando su contenido de alcohol en su
sangre sea de ocho centésimas del uno por ciento (0.08%) o
más, según surja tal nivel o concentración del análisis
químico o físico de su sangre o aliento”. Además, el
Art. 7.02 de la Ley 22, supra, indica que lo dispuesto en
ese inciso (a) no debe interpretarse en el sentido de que
ello “limita la presentación de cualquier otra evidencia
competente sobre si el conductor estaba o no bajo los efectos
de bebidas embriagantes al tiempo de cometerse la alegada
infracción”.
Por su parte, el Art. 7.09 de la Ley 22, 9 LPRA
sec. 5209, establece que “toda persona que transite por las
vías públicas de Puerto Rico conduciendo un vehículo […]
habrá prestado su consentimiento a someterse a un análisis
químico o físico de su sangre, o de su aliento […] así como
una prueba inicial del aliento a ser practicada en el lugar
de la detención por el agente del orden público o cualquier
otro funcionario autorizado por ley”. A su vez, el inciso
(c) del propio Art. 7.09 de la Ley 22, supra, esboza que:
[c]ualquier agente del orden público o funcionario debidamente autorizado por ley deberá requerir de CC-2017-388 10
cualquier conductor que se someta a cualesquiera de dichos análisis químicos o físicos después de haberle detenido si tiene motivo fundado para creer que dicha persona conducía o hacía funcionar un vehículo bajo los efectos de bebidas embriagantes, drogas o sustancias controladas, o cuando habiendo sido detenido por razón de una posible infracción a la ley o a las leyes de servicio público y sus reglamentos, existieren motivos fundados para creer que conducía o hacía funcionar un vehículo bajo los efectos de bebidas embriagantes, drogas o sustancias controladas al tiempo de su detención.
Como vemos, el Art. 7.09 (c) de la Ley 22, supra,
dispone que un agente del orden público tiene autoridad para
detener a cualquier conductor que transite por la vía pública
si tiene motivos fundados para creer que ese conductor ha
cometido alguna violación a la ley.18 Una vez el agente
notifique sobre el motivo de la detención y las violaciones
de ley aparentemente incurridas, el conductor vendrá obligado
a identificarse y a mostrar todos los documentos que debe
llevar consigo o en el vehículo, según requiere la ley.19
De conformidad con el Art. 7.09 (g) de la Ley 22,
9 LPRA sec. 5209, el Departamento de Salud promulgó el
“Reglamento para regular los métodos y procedimientos para
la toma y análisis de muestras de sangre, orina o de cualquier
otra sustancia del cuerpo y para adoptar y regular el uso de
los instrumentos científicos para la determinación de
concentración de alcohol, incluyendo la prueba inicial de
aliento y la detección e identificación de drogas y/o
18Véase, también, Art. 10.22 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22), según enmendada, 9 LPRA sec. 5302, sobre la autoridad de los agentes del orden público.
19 Véase Pueblo v. Caraballo Borrero, supra, págs. 274-275. CC-2017-388 11
sustancias controladas” (Reglamento del Secretario de Salud
Núm. 123 del Departamento de Salud), Reglamento Núm. 7318,
Departamento de Estado, 9 de marzo de 2007 (Reglamento
Núm. 7318).20
El Art. 4.03 del Reglamento Núm. 7318, supra, define
“alcohol residual” como la “[c]antidad de alcohol que
permanece en la mucosa de la boca por algún tiempo después
de haberse ingerido alcohol, bien se encuentre en forma
líquida o en forma de vapor”. Asimismo, el Art. 4.04 define
“alcoholímetro” como “[i]nstrumento científico para
determinar el por ciento de alcohol en la sangre de una
persona por medio del análisis de alcohol en el aliento”.
Entre éstos se incluyen el Intoxilyzer 5000 y el Intoxilyzer
5000 EN.
En lo pertinente al presente caso, el Art. 8.14 del
Reglamento Núm. 7318, supra, dispone que “[a]ntes de realizar
una prueba con el Intoxilyzer, la persona intervenida se
mantendrá bajo observación por un periodo mínimo de veinte
(20) minutos, contados a partir de la hora de la
intervención, para asegurarse de que no existe alcohol
residual en su boca al momento de efectuarse el análisis”.
(Énfasis suplido). Mientras, el Art. 8.15 del Reglamento
Núm. 7318, supra, expresa que durante ese período de
20 minutos la persona estará bajo observación y el agente
20Este Reglamento fue enmendado por el Reglamento del Secretario de Salud Núm. 139 del Departamento de Salud, Reglamento Núm. 7805, Departamento de Estado, 26 de enero de 2010. Valga destacar que este Reglamento Núm. 7805 solo enmendó el Art. V, Secciones 5.03, 5.20, 5.21 y 5.22, y el Art. VIII, Secciones 8.08 y 8.23. CC-2017-388 12
debe evitar que dicha persona fume, ingiera alimentos o se
provoque vómito. En caso de que ocurra alguna de estas
circunstancias, la persona deberá esperar 20 minutos
adicionales a partir de la hora en que ocurrió el evento y
así lo documentará el agente interventor y/o el operador del
instrumento encargado de realizar la prueba de aliento.
Claramente, el mencionado período de observación de
20 minutos tiene el objetivo de garantizar un mínimo de
precisión y confiabilidad de la prueba que se administra.21
En Pueblo v. Montalvo Petrovich, 175 DPR 932 (2009),
este Tribunal rechazó establecer una regla de exclusión
automática ante un incumplimiento con el período de
observación de la persona intervenida antes de realizar una
prueba de aliento según lo dispone el Reglamento Núm. 7318.
La controversia giraba en torno a si el incumplimiento con
el requisito de 20 minutos de observación previo a realizar
la prueba de aliento para determinar los niveles de alcohol
en la sangre acarreaba la inadmisibilidad de dicha prueba.
Resolvimos, pues, que el tribunal de instancia debía evaluar
-caso a caso- el efecto del incumplimiento sobre la
confiabilidad y precisión de la prueba conforme a los
criterios de la Regla 19 de las Reglas de Evidencia (actual
Regla 403),22 para así determinar si se ha afectado su valor
probatorio y, por lo tanto, si debe ser rechazada.23
21 Pueblo v. Caraballo Borrero, supra, pág. 279.
2232 LPRA Ap. IV. La equivalencia actual para la anterior Regla 19 es la Regla 403 de las Reglas de Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap. VI.
23 Pueblo v. Montalvo Petrovich, 175 DPR 932, 937 (2009). CC-2017-388 13
Asimismo, en Pueblo v. Montalvo Petrovich, supra,
aclaramos que el tiempo reglamentario para el periodo de
observación antes de tomar la prueba de aliento debe contarse
a partir del momento en que el agente interviene con el
acusado y está en posición de observarlo para poder
determinar si éste ingirió alimentos, fumó o se provocó el
vómito.24 Así pues, allí concluimos que el Estado no probó
haber cumplido sustancialmente con el período de observación
dispuesto por reglamento,25 de forma tal que ello creó serias
dudas respecto a la confiabilidad de la prueba de aliento y
afectó de manera significativa su valor probatorio.26
No obstante, en aquella ocasión enfatizamos que nada impide
que el Estado presente otra evidencia para intentar probar
que la persona se encontraba bajo los efectos de bebidas
embriagantes cuando fue detenida.27 Esto es, prueba
independiente del resultado de los análisis de las muestras
tomadas a la persona detenida.28 Por lo tanto, el tribunal
24 Íd., pág. 959.
25En aquel momento el reglamento vigente era el Reglamento para regular los métodos y procedimientos para la toma y análisis de muestras de sangre o de cualquier otra sustancia del cuerpo y para adoptar y regular el uso de los instrumentos científicos para la determinación de concentración de alcohol, drogas y/o sustancias controladas, incluyendo la prueba inicial del aliento (Reglamento del Secretario de Salud Núm. 110 del Departamento de Salud), Reglamento Núm. 6346, Departamento de Estado, 17 de septiembre de 2001.
26 Pueblo v. Montalvo Petrovich, supra, pág. 961.
27Pueblo v. Montalvo Petrovich, supra, pág. 961. Véanse, además: Pueblo v. Zalduondo Fontánez, 89 DPR 64, 71-72 (1963); Pueblo v. Tribunal Superior, 84 DPR 392, 400 (1962); Pueblo v. Cabrera Osorio, 84 DPR 97, 99 (1961).
28 Pueblo v. Zalduondo Fontánez, supra, págs. 71-72. Véase, además, Pueblo v. Díaz Just, 97 DPR 59, 63 (1969). CC-2017-388 14
de instancia deberá evaluar el dominio que la persona tenía
sobre sí misma, la apariencia de los ojos, el dominio del
habla, el grado de control que ejerció sobre su vehículo
hasta el momento del accidente, su estado de ánimo, así como
cualquier otro factor que refleje el estado de sus facultades
físicas o mentales.29
Según expresamos en Pueblo v. Caraballo Borrero, 187
DPR 265, 280-281 (2012), el comportamiento y los signos
externos de embriaguez exhibidos por la persona detenida
pueden ser suficientes para sostener una convicción por
conducir un vehículo de motor en estado de embriaguez. Como
mencionamos antes, esto puede establecerse mediante prueba
independiente del resultado de los análisis.30
En relación al período de observación, también en
Pueblo v. Caraballo Borrero, supra, pág. 279, expresamos que:
el referido período de observación de 20 minutos tiene el propósito de garantizar un mínimo de precisión y confiabilidad de la prueba que se administra. El incumplimiento con ese tiempo de observación crea serias dudas sobre la confiabilidad de la prueba de aliento y mina su valor probatorio. El agente del orden público debe cumplir con ese lapso de observación para asegurarse de que no queden restos de alcohol en la boca del sospechoso que puedan afectar la corrección de la prueba. Para ese fin también debe prestar particular atención a que el sospechoso no ingiera alimentos, fume o vomite durante el referido periodo. Estos requerimientos son elementales y lo único que exigen es un mínimo de diligencia.
29Pueblo v. Montalvo Petrovich, supra, pág. 961. Véase, además, Pueblo v. Caraballo Borrero, supra, pág. 278.
30Pueblo v. Caraballo Borrero, supra, pág. 280. Veánse, además: Pueblo v. Cruz Rivera, 88 DPR 332, 335 (1963); Pueblo v. De Jesús Marrero, 88 DPR 154, 156 (1963). CC-2017-388 15
III
Por los fundamentos que esbozaremos a continuación,
solo atenderemos el segundo error señalado por el Estado.
Éste dispone del recurso y concede la razón al Estado, por
lo que huelga discutir el primer error expuesto por dicha
parte.
En síntesis, el Estado alega que el foro apelativo
intermedio erró al estimar que el apagón que ocurrió en el
cuartel vició automáticamente el período de observación de
la persona detenida, a quien el agente Merced López observó
por más de 40 minutos.
En el caso de Pueblo v. Montalvo Petrovich, supra,
establecimos que no todo incumplimiento acarrea la absolución
del acusado. Hoy añadimos que esa máxima es correcta, más
aún cuando la irregularidad en realidad beneficia al acusado.
Como mencionamos, el Reglamento Núm. 7318, supra, dispone
que “la persona intervenida se mantendrá bajo observación
por un período mínimo de veinte (20) minutos, contados a
partir de la hora de la intervención, para asegurarse de que
no existe alcohol residual en su boca al momento de
efectuarse el análisis”.31 En particular, podemos establecer
que el periodo de 20 minutos de observación opera a favor
del acusado, toda vez que el propósito del mismo es evitar
que la prueba arroje un resultado falso o incorrecto. Este
propósito va estrictamente ligado al interés del Estado de
ser justos con el ciudadano. En este caso no vemos un nexo
31 Art. 8.14 del Reglamento Núm. 7318, supra. CC-2017-388 16
causal entre el breve apagón suscitado en el cuartel y la
violación de un derecho del señor Martínez Landrón, toda vez
que el período de observación no se acortó, sino todo lo
contrario, se duplicó. Habida cuenta de que el período de
20 minutos de observación previo a la prueba de aliento obra
a favor del acusado y el derecho a la observación obra a
favor del Estado, el derecho del acusado no fue menoscabado.
En el caso ante nuestra consideración, entendemos que
la intervención cumplió con todos los parámetros
reglamentarios. En particular, el agente Merced López
observó al señor Martínez Landrón por un periodo de
alrededor de 40 minutos, claramente un término mayor al
requerido para garantizar un mínimo de precisión y
confiabilidad en la prueba de aliento que se administró.
Dicho período comenzó a contar desde el momento en que el
agente Merced López intervino con el señor Martínez Landrón.
Además, resulta imperativo resaltar que aunque de la
transcripción no se desprende específicamente en qué momento
ocurrió el apagón de luz, por los comentarios de los abogados
podemos inferir que éste ocurrió una vez había transcurrido
el período de 20 minutos requeridos por reglamento. Esto
refuerza aún más la confiabilidad de la observación
realizada por el agente Merced López.
Así, conviene contextualizar la frase de un pionero de
las ciencias forenses y la criminología, el doctor francés
Edmond Locard, quien señaló que “el tiempo que pasa es la
verdad que huye”. En las circunstancias del caso ante CC-2017-388 17
nuestra consideración, cada minuto adicional que se concede
como parte del período de observación obra a favor del
acusado y en contra del Estado, pues es claro que el porciento
de alcohol residual disminuye. Por lo tanto, reiteramos que
la alegada irregularidad en el caso de autos opera en contra
del Estado. Además, si tomamos en consideración las
declaraciones del agente Merced López sobre los ojos rojos y
el fuerte olor a alcohol que expelía el señor Martínez
Landrón, éstas claramente imprimieron una mayor
confiabilidad hacia el resultado de la prueba administrada.
Por último, debemos puntualizar la norma reiterada por
este Foro relativa a que “[l]as determinaciones del tribunal
de origen no deben ser descartadas arbitrariamente ni
sustituidas por el criterio del tribunal apelativo a menos
que éstas carezcan de fundamento suficiente en la prueba
presentada”.32 En la misma línea, hemos manifestado que la
“̒determinación de culpabilidad̓ que hace el juzgador de los
hechos a nivel de instancia es merecedora de gran deferencia
por parte del tribunal apelativo”, ello porque se encuentra
en mejor posición para evaluar la prueba desfilada.33 Esto
es, el foro de instancia tiene la oportunidad de ver y oír a
los testigos declarar, ante lo cual su apreciación merece
gran respeto y deferencia.34 Por lo tanto, “[e]n ausencia de
32 Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, 62 (1991).
33 Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 653-654 (1986).
34Pueblo v. Maisonave Rodríguez, supra, pág. 63; Pueblo v. Cabán Torres, supra, pág. 654. CC-2017-388 18
pasión, prejuicio, parcialidad y error manifiesto, y a menos
que la apreciación de la evidencia se aleje de la realidad
fáctica o la prueba sea inherentemente imposible o increíble,
el tribunal apelativo debe abstenerse de intervenir con la
apreciación de la evidencia hecha por el foro recurrido”.35
Examinado el recurso ante nuestra consideración, no
encontramos las circunstancias que justifiquen la sentencia
revocatoria emitida por el Tribunal de Apelaciones.
IV
Por todo lo anterior, revocamos la decisión del
Tribunal de Apelaciones y reinstalamos la determinación
emitida por el tribunal de instancia.
Se dictará sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo Juez Asociado
35 Pueblo v. Maisonave Rodríguez, supra, pág. 63 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede la cual se hace formar parte íntegra de la presente, revocamos la decisión del Tribunal de Apelaciones y reinstalamos la determinación emitida por el tribunal de instancia.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Feliberti Cintrón no interviene.
José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo