EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Juan E. Capó Cruz
Peticionario Certiorari
v. 2020 TSPR 68 Junta de Planificación, Pastor Jesús Figueroa, 204 DPR _____ María Elena Blanco Maldonado, The Kingdom Christian Academy
Peticionaria
Número del Caso: CC-2019-0195
Fecha: 23 de julio de 2020
Tribunal de Apelaciones:
Panel II
Abogado de la parte peticionaria:
Por Derecho Propio
Abogada de la parte recurrida:
Lcda. Carla M. Rodríguez Heredia
Materia: Derecho Administrativo: Alcance de la revisión e investigación que debe realizar la Junta de Planificación ante una querella en la que se impugne la ausencia, concesión o incumplimiento con un permiso de obra de construcción.
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Peticionario
v. CC-2019-0195 Certiorari Junta de Planificación, Pastor Jesús Figueroa, María Elena Blanco Maldonado, The Kingdom Christian Academy
Recurridos
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ.
San Juan, Puerto Rico, a 23 de julio 2020.
La controversia ante nuestra consideración nos exige
expresarnos en torno a los deberes y responsabilidades de
la Junta de Planificación ante una querella en la cual se
impugne la ausencia, concesión o incumplimiento con un
permiso de obra de construcción. Específicamente, a la luz
de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto
Rico, infra, debemos precisar el alcance de la revisión e
investigación que debe realizar tal ente administrativo
ante una querella de esta naturaleza. Con ello en mente,
procedemos a exponer el trasfondo fáctico y procesal de la
controversia a atender.
I
El 19 de abril de 2016, el Sr. Juan E. Capó Cruz (señor
Capó Cruz o peticionario) presentó una querella, enumerada CC-2019-0195 2
2016-SQR-186895, en contra de The Kingdom Christian
Academy (Academia) ante la Oficina de Gerencia de Permisos
(OGPe). En esencia, el peticionario indicó que las
facilidades de la Academia se construyeron en una comunidad
residencial, la Urbanización Villas de Río Grande, donde
precisamente éste residía. Así, sostuvo que la Academia
autorizó y permitió que se accediera a la misma a través de
su urbanización, causando una gran congestión de tráfico y
alteración a la paz de los y las residentes colindantes.
De igual modo, el señor Capó Cruz señaló que, en
ocasiones, la Academia impedía totalmente el acceso a su
residencia por motivo de celebraciones y actividades
escolares. Más aún, alegó que sufrió confrontaciones
violentas e intimidantes con miembros de la comunidad
escolar que se estacionaban frente a un hidrante de agua
localizado en la acera de su hogar.
Debido a estos acontecimientos, el peticionario
sostuvo que el volumen de tráfico y contaminación que
generaba la Academia no era cónsono con la comunidad que
residía a su alrededor. A raíz de ello, señaló las
siguientes deficiencias ante la OGPe: (1) la ausencia de un
permiso que autorizara a la Academia a gestionar sus
operaciones en una calle residencial; (2) el incumplimiento
de la Academia con los términos del permiso de construcción,
y (3) la improcedencia de un permiso de esta naturaleza en
un área residencial. CC-2019-0195 3
Ante ello, la OGPe se limitó a examinar la existencia
de un permiso y archivó la querella presentada, pues
concluyó que la Academia sí obtuvo el permiso de
construcción necesario. No obstante, la OGPe no se expresó
en torno a los demás reclamos del peticionario, incluyendo
el alegado incumplimiento con el permiso en controversia.
Así las cosas, el 16 de octubre de 2018, el señor Capó Cruz
presentó una segunda querella, enumerada 2018-SQR-003957, en contra
de la Academia. En esta ocasión, se presentó ante la Junta de
Planificación.1 En la misma, el peticionario indicó que la Academia
comenzó a construir una cancha deportiva en el área residencial, sin
un permiso de construcción para ello. Particularmente, señaló que se
estaba construyendo dentro de los límites de un distrito de
calificación residencial, en el cual no se permitía una construcción
de esta naturaleza. Asimismo, arguyó que, contrario a los estatutos
y los reglamentos aplica bles, dicha construcción no
se notificó a los residentes colindantes ni se
celebró vista pública alguna.
De igual forma, el señor Capó Cruz alegó que la
congestión de tráfico previamente impugnada se agravó, pues
expresó que la Academia y la cancha deportiva no contaban
con estacionamiento para su personal y los
1La querella se presentó ante la Junta de Planificación debido a que la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9011 et seq., se enmendó por la Ley Núm. 19-2017, (Parte 1) 2017 LPR 650, para establecer que las querellas de esta naturaleza serían tramitadas mediante tal ente administrativo. 23 LPRA sec. 9024f; (Parte 1) 2017 LPR 739. CC-2019-0195 4
visitantes. En esa línea, añadió que, como agravante,
las facilidades deportivas se estaban construyendo en una
región que anteriormente era utilizada como estacionamiento
por la comunidad escolar. El peticionario arguyó que las
circunstancias descritas afectaron significativamente su
salud mental y emocional.
Al igual que en la primera querella, el peticionario
fundamentó su reclamo en las razones siguientes: (1) la
“ausencia de un Permiso Requerido” que autorizara la
construcción de la cancha deportiva; (2) el “incumplimiento
con los términos del Permiso”, pues nuevamente se estaba
afectando un área residencial, y (3) la concesión de permiso
de construcción “en incumplimiento de la ley y/o
reglamentos”.2
Ante este cuadro, la Junta de Planificación archivó la
querella debido a que, posterior a la presentación de la
querella, la OGPe autorizó la construcción de la cancha
deportiva. A esos fines, la Junta de Planificación
determinó que “[e]n la situación de hechos y de derechos
que nos ocupa, la construcción cuenta con un permiso de
construcción aprobado, por lo que no se justifica continuar
en el proceso adjudicativo de la querella bajo nuestra
2Apéndice de certiorari, Solicitud de Radicación de Querella, pág. 29. CC-2019-0195 5
consideración”.3 Sin embargo, la Junta de Planificación no
adjudicó los otros planteamientos de alegados
incumplimientos expuestos por el señor Capó Cruz,
entiéndase, el incumplimiento con los términos del permiso
y la alegada concesión ilegal del permiso de construcción.
El peticionario presentó un recurso de reconsideración, el
cual fue declarado no ha lugar.
Insatisfecho, el señor Capó Cruz acudió al Tribunal de
Apelaciones en revisión judicial. En su recurso, el
peticionario expresó que la querella no se basaba
únicamente en la ausencia de un permiso de construcción. Al
contrario, indicó que su reclamo tenía como propósito
impugnar la concesión de un permiso que era contrario a las
leyes y a los reglamentos aplicables. El peticionario alegó
que la OPGE no actuó conforme a derecho al autorizar la
construcción de una cancha deportiva en un distrito de calificación
residencial, pues éste no permitía una construcción de esa
naturaleza. De igual forma, arguyó que en la querella impugnó que se
autorizara tal obra sin el espacio apropiado de estacionamientos
para las personas visitantes, sin la notificación previa a los
residentes colindantes y sin la celebración de una vista pública.
Debido a lo anterior, el peticionario arguyó que los estatutos
aplicables exigían que la Junta de Planificación
investigara adecuadamente la totalidad de los reclamos
3Apéndice de certiorari, Notificación archivo y/o no hallazgo, pág. 27. CC-2019-0195 6
contenidos en su querella . A esos fines, expresó que
la Junta de Planificación no podía culminar su
investigación por el mero h echo de que se había
autorizado el permiso de construcción. Ello, pues sus
reclamos iban dirigidos precisamente a impugnar la legalidad
y la corrección de tal permiso. Por su parte, la Junta de
Planificación no compareció ante el foro apelativo.
Ante este cuadro, el Tribunal de Apelaciones confirmó
la determinación de la Junta de Planificación. El foro
apelativo resolvió que la decisión estuvo fundamentada en
evidencia sustancial del expediente. Por tanto, concluyó
que la Junta de Planificación no actuó de forma caprichosa,
arbitraria, ilegal ni abusó de su discreción.
Inconforme, el señor Capó Cruz comparece ante este
Tribunal y reitera los argumentos expuestos ante los foros
recurridos.4 A esos fines, el peticionario alega que la
Junta de Planificación erró al negarse a atender todos sus
señalamientos. Asimismo, impugna la concesión del permiso de
construcción tanto de la Academia como de la cancha
4El12 de abril de 2019, el Sr. Juan E. Capó Cruz (señor Capó Cruz o peticionario) presentó una Moción informativa y en auxilio del Tribunal, en la cual solicitó la paralización de la construcción de la cancha deportiva hasta tanto este Tribunal resolviera la controversia de epígrafe. Este Tribunal declaró no ha lugar a la misma. El 9 de agosto de 2019, el señor Capó Cruz presentó una Segunda moción informativa y en auxilio del Tribunal y solicitando cese y desista, en la cual reitera los argumentos antes rechazados por este Tribunal. Por las razones expuestas en esta Sentencia y el remedio concedido al peticionario, proveemos nada que proveer a la moción presentada, ya que la controversia será devuelta a la Junta de Planificación. CC-2019-0195 7
deportiva, por realizarse en un distrito de clasificación
que entiende residencial. De igual modo, alega que los
permisos no se debieron autorizar sin el espacio
correspondiente para estacionamientos, sin notificar a los
residentes colindantes de la Academia y sin la celebración
de vista pública. En virtud de estos fundamentos, solicita
que revoquemos los permisos en controversia.
Por otra parte, comparece la Junta de Planificación y
aduce que actuó correctamente y que cumplió con sus deberes.
En esencia, alega que, ante la querella del señor Capó Cruz,
procedía investigar únicamente si la OGPe había emitido el
permiso correspondiente para la construcción de las
facilidades de la cancha de deportiva de la Academia. A
esos fines, expone que “el resultado de la obtención del
permiso en cuestión demostró que el proponente del permiso
estaba apto para el mismo y que pasó por el escrutinio de
la OGPe, lo cual haría nuestra participación una académica
en el asunto”.5 Así, interpreta que no era necesario un
trámite ulterior ante los reclamos del peticionario.
Además, la Junta de Planificación señala que,
contrario a lo expresado por el señor Capó Cruz, el área
donde está construida la Academia y la cancha deportiva
corresponde a un distrito de calificación comercial. En
5Alegato en oposición a petición de certiorari, pág. 8. CC-2019-0195 8
consecuencia, arguye que en esa área se podía construir
tanto la Academia como la cancha deportiva.6
El 31 de mayo de 2019, el Pleno de este Tribunal acordó
expedir el recurso ante nuestra consideración. Con el
beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a
resolver la controversia ante nuestra consideración.
II
A.
Como cuestión de umbral, debemos exponer el estándar
de adjudicación aplicable a la controversia ante nuestra
consideración. La doctrina de revisión judicial dispone
que, al revisar las determinaciones administrativas, los
tribunales tienen la encomienda de auscultar si las mismas fueron
emitidas en virtud de los poderes delegados a la agencia y de su
política pública. Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 625-
626 (2016); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 279 (1999).
Para ello, los tribunales revisores debemos conceder deferencia a
las decisiones de las agencias administrativas, pues éstas gozan de
experiencia y conocimiento especializado sobre los asuntos ante su
consideración, lo cual ampara sus dictámenes con una presunción de
legalidad y corrección. Torres Rivera v. Policía de PR,
supra, pág. 626.
6Ante ello, el señor Capó Cruz presentó una Moción solicitando permiso que se nos permita replicar el alegato en oposición a petición de certiorari radicado por la Junta de Planificación. Por no presentar argumentos distintos a los expuestos ante los foros recurridos, proveemos no ha lugar a la misma. CC-2019-0195 9
En esta tarea, los foros judiciales analizarán los
aspectos siguientes: (1) si el remedio concedido por la
agencia fue apropiado; (2) si las determinaciones de hecho
que realizó la agencia están sostenidas por evidencia
sustancial, y (3) si las conclusiones de derecho fueron
correctas. Asoc. Fcias v. Caribe Specialty et al. II, 179
DPR 923, 940 (2010). Por un lado, las determinaciones de
hecho se deben sostener si las mismas se basan en evidencia
sustancial que surja de la totalidad del expediente
administrativo. Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR
26, 36 (2018). A esos fines, evidencia sustancial es
aquella prueba relevante que “una mente razonable podría
aceptar como adecuada para sostener una conclusión”.
Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76-77 (2004). Debido
a lo anterior, debemos respetar las resoluciones
administrativas hasta tanto no se demuestre mediante
evidencia suficiente que la presunción de legalidad ha sido
superada o invalidada. Torres Rivera v. Policía de PR,
supra.
Por su parte, las determinaciones de derecho pueden
ser revisadas en su totalidad. Torres Rivera v. Policía de PR,
supra, pág. 627. Sin embargo, hemos dispuesto que la revisión
judicial no equivale a la sustitución automática del criterio e
interpretación del organismo administrativo. Rebollo v. Yiyi Motors,
supra, pág. 77. Al contrario, los tribunales revisores descartarán
el criterio de los entes administrativos cuando “no se pueda CC-2019-0195 10
hallar fundamento racional que explique o justifique el
dictamen administrativo”. Rolón Martínez v. Supte.
Policía, supra.
En virtud de este análisis, los tribunales sólo deben
intervenir en las decisiones administrativas cuando éstos
concluyan que se ha actuado arbitraria, ilegal o
irrazonablemente. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero
Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009). “En esas circunstancias,
cederá la deferencia que merecen las agencias en las
aplicaciones e interpretaciones de las leyes y los
reglamentos que administra”. Rolón Martínez v. Supte.
B.
Con tales principios como norte, procedemos a exponer
el desarrollo del marco estatutario relacionado con la
otorgación e impugnación de permisos de construcción. La
Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico,
Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9011 et seq., provee el
marco jurídico para la solicitud, evaluación y concesión de permisos
en el Gobierno de Puerto Rico. A esos fines, el estatuto creó la
OGPe, un organismo gubernamental con el propósito de emitir
determinaciones finales, permisos, licencias, inspecciones,
certificaciones, entre otros. 23 LPRA secs. 9012, 9012d.
Particularmente, en torno a los permisos de obras de
construcción, la Asamblea Legislativa delegó expresamente en la
Junta de Planificación la delineación de l os CC-2019-0195 11
requisitos y criterios específicos que se deben cumplir
en estos trámites. 23 LPRA sec. 9025. En cumplimiento con
ello, se aprobó el Reglamento Conjunto de Permisos para
Obras de Construcción y Uso de Terreno, Reglamento Núm.
7951, Junta de Planificación, 29 de noviembre de 2010
(Reglamento Conjunto), el cual tuvo el propósito de
uniformar, aclarar y precisar el trámite de concesión de
permisos para obras de construcción.7 El mismo desglosa el
complejo andamiaje de una solicitud de construcción y
detalla los deberes y responsabilidades de las
organizaciones con inherencia principal en este proceso, a
saber, la Junta de Planificación, la OGPe y la Oficina del
Inspector General de Permisos.
Toda solicitud para construir una obra inicia con su
presentación electrónica en el Sistema Unificado de
Información, acompañada de la documentación requerida. 23
LPRA sec. 9018b. Para ello, el Reglamento Conjunto, supra,
precisa que la concesión de permisos de construcción
estará sujeta a la naturaleza del territorio y la región
donde se pretende construir. Íd., sec. 9.3.1(b). A esos
efectos, establece que se autorizarán los permisos de construcción
7El Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terreno, Reglamento Núm. 7951, Junta de Planificación, 29 de noviembre de 2010 (Reglamento Conjunto) fue derogado posteriormente a los hechos ante nuestra consideración por el Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios, Reglamento Núm. 9081, Junta de Planificación, 8 de mayo de 2019. CC-2019-0195 12
“siempre y cuando se cumpla con los parámetros del
distrito en que se ubica la propiedad y el estacionamiento
requerido”. (Énfasis suplido). Íd. Por tanto, al
enfrentarse a una solicitud de construcción, la OPGE deberá
auscultar si la construcción propuesta cumple con los
requisitos del distrito de calificación en el cual estará
localizada y si provee las facilidades de estacionamiento
exigidas.
Los distritos de calificación se definen como “las
demarcaciones espaciales en las cuales se subdivide un
territorio para distribuir y ordenar los usos o
edificaciones permitidas”. Íd., cap. 4(54). La Junta de
Planificación y los Municipios Autónomos con Jerarquías de
la I a la V son las entidades responsables de adoptar mapas
de calificación en los cuales se designen los múltiples
distritos de calificación de Puerto Rico. Íd., sec.
61.1.1(a).
El Reglamento Conjunto, supra, precisa a gran a detalle
los propósitos, alcances, usos, parámetros y limitaciones
que se deben respetar en los distritos de calificación a
través de Puerto Rico. Íd., cap. 19. De igual modo, el mismo
detalla los espacios de estacionamiento para vehículos que
debe proveer cada facilidad y edificación en los distintos
distritos. Íd., cap. 24.
Ahora bien, una vez la OGPe emite un permiso de cualquier
naturaleza, se presumirá su corrección y legalidad. 23 LPRA CC-2019-0195 13
sec. 9019i. Sin embargo, la Ley para la Reforma del Proceso de
Permisos de Puerto Rico, supra, provee distintos mecanismos
para revisar e impugnar tal decisión. Por un lado, una parte
adversamente afectada por una actuación o determinación
final de la OGPe, tiene la facultad de presentar una
solicitud de revisión administrativa ante la División de
Revisión Administrativa de la OGPe. 23 LPRA sec. 9021r.
Para ello, la parte tendrá que presentar tal solicitud en
un término jurisdiccional de veinte (20) días desde el
archivo en autos de la notificación de la actuación o
determinación final. Íd.
Por otro lado, el referido estatuto contempla la
impugnación de un permiso mediante la presentación de una
querella.8 A esos fines, el Art. 14.6 dispone lo siguiente:
Cualquier agencia, dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público o una persona privada, natural o jurídica, que tenga interés propietario, o que sea colindante, propietaria u ocupante de una propiedad vecina, a la cual su interés personal podría verse afectado, podrá presentar una querella contra una persona natural o jurídica o una entidad pública, a través del Sistema Unificado de Información alegando: (a) el incumplimiento con las disposiciones o condiciones de los permisos expedidos; (b) la alegada ausencia de un permiso requerido; o (c) el incumplimiento con cualquier disposición de la [Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, 23 LPRA sec. 62 et seq., Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, supra], las leyes habilitadoras de las entidades gubernamentales concernidas, la Ley de
8La Asamblea Legislativa ha contemplado este mecanismo desde que se aprobó originalmente el estatuto en el año 2009. Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, Ley Núm. 161-2009, (Parte 2) 2009 LPR 1081-1087. CC-2019-0195 14
Municipios Autónomos, el [Reglamento Conjunto, supra] o demás reglamentos aplicables. Bajo ningún concepto, se puede utilizar una querella para realizar un ataque colateral a una determinación final o permiso que debió haber sido presentado oportunamente de conformidad con esta Ley. (Énfasis suplido). 23 LPRA sec. 9024e.
En virtud de lo anterior, la Ley para la Reforma del
Proceso de Permisos de Puerto Rico, supra, concede
legitimación activa a cualquier persona privada, ya sea
natural o jurídica, “que tenga interés propietario, o que
sea colindante, propietaria u ocupante de una propiedad
vecina, a la cual su interés personal podría verse afectado”
a presentar una querella para impugnar la construcción de
alguna obra. Para ello, la persona querellante deberá
sustentar específicamente alguno de los argumentos
siguientes: (1) el incumplimiento con los términos del
permiso concedido; (2) la construcción de una obra en
ausencia de un permiso, y (3) la concesión de un permiso de
construcción en contra de las leyes y reglamentos
aplicables.
Inicialmente, la propia OGPe era la entidad
responsable de atender, investigar y adjudicar las
querellas de esta naturaleza.9 Sin embargo, la Ley para la
Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, supra, fue
enmendada por la Ley Núm. 19-2017 para establecer, entre
varios asuntos, unos procesos de auditoría y supervisión,
9Leypara la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, Ley Núm. 161-2009, (Parte 2) 2009 LPR 1081-1087. CC-2019-0195 15
con el propósito de garantizar la corrección y legalidad de
los permisos concedidos. Particularmente, la Ley Núm. 19-
2017 enmendó el referido estatuto para transferir a la Junta
de Planificación la obligación de atender las querellas
presentadas para impugnar la concesión de algún permiso.10
Así, se desprende del texto de la ley que la Junta de
Planificación “fiscalizará el cumplimiento de las
determinaciones finales y los permisos otorgados” mediante
las obligaciones siguientes:
[L]a realización de auditorías de las determinaciones finales, independientemente de cuál haya sido el ente adjudicador; la fiscalización motu proprio de obras o usos llevados a cabo sin las autorizaciones pertinentes y la evaluación y adjudicación de querellas presentadas al amparo de la [Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, supra], [Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico, supra] o el [Reglamento Conjunto, supra]. (Énfasis suplido). 23 LPRA sec. 9024c.
Igualmente, la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos
de Puerto Rico, supra, reitera la responsabilidad
investigativa de la Junta de Planificación al disponer que,
entre sus facultades, deberes y funciones se encuentra:
“[i]nvestigar los referidos o querellas de las entidades
gubernamentales concernidas o cualquier persona natural o
jurídica, señalando la ausencia de permisos o el
incumplimiento con las disposiciones legales aplicables en
el otorgamiento de permisos relacionados a sus áreas de
10Ley Núm. 19-2017, (Parte 1) 2017 LPR 731-747. CC-2019-0195 16
injerencia o en la operación de los permisos otorgados”.
(Énfasis suplido). 23 LPRA sec. 9024d.
Asimismo, el referido estatuto particulariza el
trámite que debe seguir la Junta de Planificación al recibir
una querella impugnando la ausencia, concesión o
incumplimiento de un permiso. Una vez se presente una
querella de esta naturaleza, el estatuto provee que “[l]a
Junta de Planificación así como el Municipio Autónomo con
Jerarquía de la I a la V o la entidad gubernamental
concernida, según corresponda, iniciará la investigación de
los hechos alegados en toda querella dentro del término de
treinta (30) días naturales”. (Énfasis suplido). 23 LPRA
sec. 9024f. Por ende, la Junta de Planificación está
obligada a realizar una investigación para auscultar las
alegaciones de la querella. Además, dentro del término de
sesenta (60) días naturales desde su presentación, la Junta
de Planificación debe emitir sus hallazgos o
recomendaciones sobre la querella. Íd.
Si la Junta de Planificación concluye que no hubo
incumplimiento o violación a las disposiciones legales
aplicables, se archivará la querella. Íd. Si, por el
contrario, se concluye que las alegaciones de la querella
son ciertas, ésta tiene la facultad de tomar una serie de
medidas. 23 LPRA sec. 9024g. En esas circunstancias, podrá
expedir una multa administrativa o podrá instar un recurso
judicial ante el Tribunal de Primera Instancia para CC-2019-0195 17
solicitar la revocación del permiso, la paralización de una
construcción o la demolición de las obras. Íd.
Por último, es menester destacar que, aunque el
Reglamento Conjunto, supra, vigente al momento de los
hechos no abarca el trámite estatutario antes explicado, el
Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de
Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y
Operación de Negocios, Reglamento Núm. 9081, Junta de
Planificación, 8 de mayo de 2019, sí contempla y codifica
el procedimiento de presentación de querellas ante la Junta
de Planificación. En el mismo, se reconoce nuevamente el
mandato legislativo y se dispone que se puede presentar una
querella para impugnar lo siguiente: (1) el incumplimiento
con las condiciones de un permiso expedido; (2) la alegada
ausencia de un permiso, y (3) el incumplimiento con
cualquier ley o reglamento aplicable. Íd., sec. 11.2.3.1.
De igual forma, responsabiliza a la Junta de Planificación,
a los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V o
a las entidades gubernamentales concernidas de atender
estos reclamos e investigar los hechos alegados en toda
querella. Íd., sec. 11.2.3.3. En consecuencia, como puede
observarse, hay una intención legislativa y administrativa
de que este andamiaje se cumpla.
III
En el caso de epígrafe, el señor Capó Cruz presentó
inicialmente una querella, enumerada 2016-SQR-186895, para CC-2019-0195 18
impugnar la construcción de la Academia. Al archivarse tal
querella, el peticionario no presentó una reconsideración
ni acudió en revisión judicial. En consecuencia, este
Tribunal está impedido de pasar juicio sobre la corrección
o legalidad de la construcción de la Academia.
Ahora bien, como expusimos anteriormente, el señor Capó
Cruz presentó una segunda querella, enumerada 2018-SQR-
003957, ante la Junta de Planificación, en la cual impugnó
la construcción de tanto la Academia como de la cancha
deportiva. Por las razones expuestas en el párrafo
anterior, los permisos de construcción de la Academia son
finales y firmes, por lo que los reclamos relacionados a la
Academia no serán atendidos en esta Opinión.
En torno a la cancha deportiva, el peticionario señaló
expresamente que las razones que fundamentaban su querella
eran: (1) la “ausencia de Permiso Requerido”; (2) el
“incumplimiento con los términos del Permiso”, y (3) la
concesión de un “Permiso en incumplimiento con la ley y/o
reglamento”.11 Asimismo, el señor Capó Cruz fundamentó sus
alegaciones y explicó cómo la construcción de la cancha
deportiva le impedía aún más el acceso a su área
residencial, cómo se estaba construyendo sin el espacio
apropiado para estacionamiento y cómo se comenzó la
construcción sin notificar a los residentes colindantes.
11Apéndicede certiorari, Solicitud de Radicación de Querella, pág. 29. CC-2019-0195 19
Según el derecho explicado anteriormente, éstos son asuntos
altamente regulados por la Ley para la Reforma del Proceso
de Permisos de Puerto Rico, supra, y el Reglamento Conjunto,
supra. Por tanto, están dentro del conocimiento
especializado de la Junta de Planificación.
Ante ello, la Junta de Planificación archivó la
querella. En la resolución emitida a esos efectos,
fundamentó su decisión en el hecho de que la OGPe autorizó
la construcción de la cancha deportiva a través de la
concesión de un permiso. Sin embargo, la Junta de
Planificación no evaluó ni adjudicó los demás reclamos del
señor Capó Cruz. En su alegato, la Junta de Planificación
se sostiene con tal proceder y razona que, toda vez que la
OGPe autorizó la construcción mediante el correspondiente
permiso, ésta no tiene que realizar investigación ulterior
alguna.
Por tanto, la controversia ante nuestra consideración
nos exige determinar si, una vez se impugna el
incumplimiento con los términos de un permiso o la concesión
ilegal de un permiso, la Junta de Planificación está
obligada a investigar estos reclamos. Por las razones que
expondremos a continuación, resolvemos en la afirmativa.
Como explicamos anteriormente, la Ley para la Reforma
del Proceso de Permisos de Puerto Rico, supra, y el
Reglamento Conjunto, supra, disponen de un andamiaje
complejo y abarcador para tramitar la solicitud, evaluación CC-2019-0195 20
y concesión de un permiso de construcción. En virtud de
ello, se implementó un sistema de auditoría y supervisión,
para garantizar que los permisos expedidos sean correctos
y conforme a las leyes y reglamentos aplicables.
A la luz de lo anterior, la Ley para la Reforma del
Proceso de Permisos de Puerto Rico, supra, provee que
cualquier persona que colinde con una obra de construcción
tiene la facultad de presentar una querella ante la Junta
de Planificación. 23 LPRA sec. 9024e. A esos fines, el Art.
14.6 particulariza los argumentos que la parte querellante
puede señalar en estas querellas y dispone que se puede
impugnar:
(a) el incumplimiento con las disposiciones o condiciones de los permisos expedidos; (b) la alegada ausencia de un permiso requerido; o (c) el incumplimiento con cualquier disposición de la [Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, 23 LPRA sec. 62 et seq., Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, supra], las leyes habilitadoras de las entidades gubernamentales concernidas, la Ley de Municipios Autónomos, el [Reglamento Conjunto, supra] o demás reglamentos aplicables. Íd.
Como puede apreciarse, la ley provee que una parte
querellante puede, además de señalar la ausencia de un
permiso, impugnar el incumplimiento con los propios
términos del permiso o, incluso, la concesión de un permiso
contrario a las leyes y reglamentos aplicables.
A la luz de lo anterior, procede resolver que, una vez
presentada una querella en la cual se sustente alguno de
estos fundamentos, la Junta de Planificación tiene el deber CC-2019-0195 21
ministerial de atender, investigar y adjudicar cada uno de
estos reclamos. La Ley para la Reforma del Proceso de
Permisos de Puerto Rico, supra, no limita los deberes de la
Junta de Planificación a investigar únicamente la
existencia o ausencia de un permiso de construcción. Acoger
tal interpretación, haría del Art. 14.6 letra muerta, pues
sus incisos (a) y (c) especifican que se puede señalar el
incumplimiento con los términos de un permiso y la concesión
contraria a derecho de un permiso.
Asimismo, el estatuto reitera expresa y
consecuentemente las labores investigativas de la Junta de
Planificación, en virtud de sus responsabilidades de
fiscalización, auditoría y supervisión. A la luz de ello,
no podemos validar que sus obligaciones investigativas
cesen con la concesión de un permiso de construcción. Al
contrario, debemos garantizar que la Junta de Planificación
cumpla con su responsabilidad de fiscalizar adecuadamente
las labores de la OPGE y el debido cumplimiento de los
parámetros de los permisos concedidos. Ello, incluye el
estudio y análisis del contenido sustantivo de los permisos
de construcción.
En virtud de estos fundamentos, resolvemos que la Junta
de Planificación actuó irrazonablemente al negarse a
atender la totalidad de los reclamos presentados por el
señor Capó Cruz. Por mandato expreso de la ley, la Junta de
Planificación tiene la obligación de investigar CC-2019-0195 22
adecuadamente el alegado incumplimiento con los términos de
un permiso y la concesión de un permiso en contra de las
leyes y reglamentos aplicables.
En consecuencia, devolvemos el caso de epígrafe a la
Junta de Planificación para que ésta atienda, investigue y
evalúe los reclamos relacionados con la cancha deportiva
presentados por el señor Capó Cruz en la querella enumerada
2018-SQR-003957. Entiéndase, la Junta de Planificación no
adjudicará los señalamientos en torno a la construcción de
la Academia.
IV
A la luz de los fundamentos expuestos, revocamos la
Sentencia del Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso
a la Junta de Planificación para que proceda según lo
dispuesto en esta Opinión.
Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
v. CC-2019-0195 Certiorari Junta de Planificación, Pastor Jesús Figueroa, María Elena Blanco Maldonado, The Kingdom Christian Academy
SENTENCIA
A la luz de los fundamentos expuestos, se revoca la Sentencia del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso a la Junta de Planificación para que proceda según lo dispuesto en esta Opinión.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo no intervino.
Jose Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo