EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Jesús Bones Cruz Peticionario 2016 TSPR 44 v. 194 DPR ____ Hon. Ismael L. Purcell Soler, Registrador del a Propiedad de Guayama Recurrido
Número del Caso: RG-2015-7
Fecha: 9 de marzo de 2016
Abogado de la parte Peticionaria:
Lcdo. Ángel L. Montañez Morales
Registro de la Propiedad Sección de Guayama:
Lcdo. Ismael L. Purcell Soler Registrador de la Propiedad
Materia: Incumplimiento Contractual y Daños y Perjuicios
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Jesus Bones Cruz
Peticionario
v. RG-2015-0007 Hon. Ismael L. Purcell Soler, Registrador de la Propiedad de Guayama
Recurrido
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2016.
Comparece Jesús Bones Cruz (en adelante,
“peticionario”) y nos solicita que revoquemos una
recalificación realizada por el Registrador de la
Propiedad de la Sección de Guayama, Hon. Ismael L.
Purcell Soler. En esta, el Registrador denegó la
anotación del derecho a hogar seguro solicitado
por el peticionario al amparo de la Ley Núm. 195-
2011, conocida como “Ley de Protección del Hogar”,
31 L.P.R.A. secs. 1858-1858k, toda vez que uno de
los cotitulares de la propiedad no autorizó el
Acta Notarial mediante la cual se le requirió la
inscripción del derecho de hogar seguro. RG-2015-0007 2
Evaluados los autos así como los alegatos de ambas
partes, resolvemos que el Registrador de la Propiedad
actuó conforme a lo resuelto por este Tribunal en Rivera
García v. Registradora, 189 DPR 628 (2013), por lo cual
procede confirmar la calificación del Registrador de la
Propiedad.
A continuación exponemos el marco fáctico que dio
génesis a la controversia de autos.
I
Los hechos de este caso son sencillos. El
peticionario reside en un inmueble sito en el municipio de
Arroyo. Según consta en el Registro, dicho inmueble
pertenece en proporción de cincuenta por ciento (50%) al
peticionario y a la Sra. Alicia Figueroa Rosa (en
adelante, “Figueroa Rosa”).
Así las cosas, el peticionario le requirió al notario
público Ángel Luis Montañez Morales que autorizara un Acta
Notarial para que se anotara en el Registro de la
Propiedad su derecho a hogar seguro conforme con la Ley
Núm. 195, supra. El Acta Notarial fue otorgada el 3 de
marzo de 2012, mediante la Escritura Número Quince (15),
intitulada “Acta para Anotar Derecho a Hogar Seguro” (en
adelante, “Acta Notarial” o Escritura Núm. 15).1
1 La propiedad inmueble sobre la cual el peticionario reclamó el derecho a hogar seguro está descrita en la Escritura Número Quince (15) de la siguiente forma: RG-2015-0007 3
El 19 de diciembre de 2013 se presentó el Acta
Notarial en el Registro de la Propiedad, Sección de
Guayama.2 Luego de la correspondiente calificación, el
Registrador denegó la inscripción de la Escritura Núm. 15
y el 8 de octubre de 2015 notificó al notario presentante,
licenciado Montañez Morales, las siguientes faltas:
Según el Registro la finca consta inscrita a favor de Alicia Figueroa Rosa y Jesús Bones Cruz, solteros, en una proporción de 50% cada uno, por lo que ambos titulares deben comparecer a consentir la transacción. Cuando la propiedad tiene m[á]s de un titular todos tienen que comparecer a la autorización del Acta Notarial en la que se reclama el Derecho de Hogar Seguro. Art. 9 [L]ey 195, 31 L[P]RA secci[ones] 1858-1858[k]. Antonia Rivera [v.] Namyr I. Hernández Sánchez[,] 2013 T[S]PR 107. (Art. 68 Ley Hipotecaria). Insatisfecho con el proceder del Registrador, el 22
de octubre de 2015, el peticionario presentó a través de
su representación legal un “Escrito de Recalificación”. En
resumen, adujo que la Ley Núm. 195-2011, supra, provee un
derecho de hogar seguro para todo individuo domiciliado en
Rústica: Parcela de terreno identificada con el numero D cuat[r]o (D-4) en el plano de inscripción de Villas de Arroyo, radicada en el Barrio Ancones del término municipal de Arroyo, Puerto Rico[,] con una cabida superficial de cuatrocientos ochenta punto veinte[ú]n (480.21) metros cuadrados, en lindes por el norte con parcela identificada n[ú]mero “D” tr[e]s (D-3) por el sur con canal de riego de Autoridad de Energ[í]a El[é]ctrica de Puerto Rico, por el [é]ste con calle n[ú]mero uno (#1)[,] por el oeste con parcela identificada n[ú]mero “D” –ocho (D-8).---------------------------------------------- -----Consta inscrita al asiento 70, diario 434.----------- --Enclava una estructura dedicada a vivienda de dos (2) plantas[.] [E]n la planta baja consta de sala-comedor- cocina y un baño y en la planta alta tres (3) cuartos dormitorios y dos (2) baños. 2 Presentada al asiento 445, Diario de Operaciones 656 del Registro de la Propiedad, Sección de Guayama. RG-2015-0007 4
Puerto Rico. Asimismo, arguyó que la postura del
Registrador carecía de méritos toda vez que la solicitud
de inscripción del derecho de hogar seguro no implicaba
una pérdida, traslación de dominio o cambio de
participación de la titularidad del inmueble y, en
consecuencia, no se requiere consentimiento de todos los
titulares. Como fundamento a su solicitud de
recalificación citó la derogada Ley Núm. 87 de 12 de marzo
de 1936, conocida como “Ley para Establecer el Derecho de
Hogar Seguro” y el principio de equidad.
El 10 de diciembre de 2015 el Registrador de la
Propiedad denegó el Escrito de Recalificación presentado
por el peticionario. Sostuvo que el derecho a hogar seguro
se rige por la Ley Núm. 195, supra, y es en ese estatuto
que se establecen las formas en que los propietarios
pueden reclamar su derecho a hogar seguro. Dispuso,
además, que de acuerdo con el Artículo 9 de la Ley Núm.
195, supra, y las expresiones de este Tribunal en Rivera
García v. Registradora, supra, era necesario que todos los
cotitulares de un bien inmueble autorizaran el Acta
Notarial en la cual se reclamó el derecho de hogar seguro.
Inconforme con la determinación final del Registrador
de la Propiedad, el 28 de diciembre de 2015 el
peticionario presentó el Recurso Gubernativo3 de autos y
3 Conjuntamente con el Recurso Gubernativo, el peticionario presentó la “Moción de Solicitud de Orden Provisional en Auxilio de Jurisdicción”. Argumentó allí que es imprescindible que este Tribunal RG-2015-0007 5
alegó que el Registrador de la Propiedad cometió el error
siguiente:
Cometió error el Registrador de la Propiedad, Sala de Guayama en su calificación y recalificación de la escritura sobre Hogar Seguro al requerir la firma de la Sra. Alicia Figueroa Rosa. Con el beneficio de la comparecencia del Registrador
de la Propiedad, estamos en posición de resolver sin
ulterior trámite.
II
El derecho a hogar seguro no es otra cosa que una
limitación a lo dispuesto en el Art. 1811 del Código Civil
en cuanto a que “[d]el cumplimiento de las obligaciones
responde el deudor con todos sus bienes presentes y
futuros”. 31 LPRA sec. 5171. Rivera García v.
Registradora, supra, pág. 39. Esa limitación
tradicionalmente se tradujo en una cuantía de dinero que
estaría exenta de ser embargada por los acreedores.
Sin embargo, mediante la Ley Núm. 195, supra, la
Asamblea Legislativa cambió ese paradigma convirtiendo el
derecho de hogar seguro en una protección al disfrute de
un bien inmueble específico, dejando atrás la protección
emita una Orden dirigida al Registrador de la Propiedad, con el propósito de impedirle que inscriba cualquier documento en la finca en la que desea que se inscriba el derecho de hogar seguro. Según el peticionario, ello es necesario para evitar causarle daño y que pueda hacer efectiva la decisión que emita este Tribunal. RG-2015-0007 6
de una cantidad de dinero no sujeta a embargo.4 Véase,
Rivera García v. Registradora, supra.
Así pues, mediante la Ley Núm. 195, supra, la
Asamblea Legislativa creó el derecho de hogar seguro como
un derecho personal con trascendencia real, por lo que es
inscribible en el Registro de la Propiedad. De un lado, el
derecho a hogar seguro tiene un efecto real toda vez que
protege la finca misma. Id., pág. 639. A su vez, crea un
efecto erga omnes “ya que el derecho a hogar seguro
remueve del tráfico comercial la propiedad protegida,
quedando así fuera del alcance de los acreedores, con
excepción de aquellos dispuestos en el Artículo 4 de la
Ley Núm. 195, supra. 31 LPRA sec. 1858a.
El Artículo 9 de la Ley Núm. 195, supra, establece
dos (2) maneras en que los propietarios pueden reclamar el
derecho de hogar seguro. En primer lugar, la persona puede
reclamarlo en el mismo acto de adquisición del título del
bien inmueble. En segundo lugar, en aquellos casos en los
que la finca esté inscrita a nombre del titular en el
Registro de la Propiedad, el estatuto dispone, en lo
pertinente, lo siguiente:
En los casos donde la finca estuviere ya inscrita a nombre de dicho individuo o jefe de familia, bastará que el propietario o propietarios de la finca otorgue(n) un acta ante notario público, donde se haga constar que la
4 Como cuestión de Derecho, mediante la Ley Núm. 195, supra, la Asamblea Legislativa derogó la Ley Núm. 87 de 13 de mayo de 1936, según enmendada, conocida como “Ley para Establecer el Derecho a Hogar Seguro”. Véase, Art. 16 de la Ley 195, supra. RG-2015-0007 7
finca tiene carácter de hogar seguro, para que el Registrador de la Propiedad consigne tal carácter en nota marginal de la inscripción correspondiente. 31 LPRA sec. 1858f. (Énfasis suplido). En Rivera García v. Registradora, supra, este
Tribunal precisamente interpretó el artículo antes citado.
En esa ocasión la peticionaria presentó al Registro de la
Propiedad un acta de hogar seguro a ser anotada en la
finca donde se encontraba su hogar conyugal. Esta finca
pertenecía a la comunidad de herederos de su fenecido
esposo, cuyos comuneros consistían en sus hijos y la
peticionaria. La Registradora de la Propiedad denegó la
inscripción del acta notarial aduciendo que los
coherederos y cotitulares debían todos consentir a la
constitución del derecho a hogar seguro. Razonó que el
consentimiento expreso de los coherederos era necesario
toda vez que estos perderían el derecho a solicitarlo en
sus respectivas propiedades de conformidad con el Artículo
10 de la Ley Núm. 195, supra, 31 LPRA sec. 1858g.
En efecto, ante esos hechos, resolvimos que el
Artículo 9 de la Ley Núm. 195, supra, “exige que cuando
una propiedad tiene más de un titular registral, todos
tienen que comparecer a la autorización del acta notarial
en la que se reclama el derecho a hogar seguro”. Rivera
García v. Registradora, supra, pág. 641. RG-2015-0007 8
III
En el presente caso, es un hecho incontrovertido que
la propiedad que el peticionario pretendió proteger con el
derecho a hogar seguro consta inscrita a nombre del
peticionario y de la señora Figueroa Rosa, ambos como
solteros, en proporción de cincuenta por ciento (50%). Sin
embargo, el peticionario compareció individualmente a la
autorización del Acta Notarial en la que requirió que se
anotara su derecho de hogar seguro. Por tal razón, el
Registrador de la Propiedad concluyó correctamente que el
Acta Notarial no cumplió con los requisitos estatutarios
establecidos en la Ley Núm. 195, supra, para la
inscripción del derecho de hogar seguro en el Registro de
la Propiedad.
Tal y como resolvimos en Rivera García v.
Registradora, supra, cuando una propiedad pertenece a más
de un titular registral, es necesario que todos los
cotitulares comparezcan a la autorización del acta
notarial en la que se reclama el derecho a hogar seguro.
Id, págs. 642-643. Así pues, en este caso era necesario
que la señora Figueroa Rosa compareciera y autorizara el
Acta Notarial cuya calificación se revisa en el presente
caso.
Ante dicha realidad jurídica, el peticionario
argumenta que no le es posible obtener el consentimiento
de la señora Figueroa Rosa toda vez que ella lo RG-2015-0007 9
“abandonó”. Recurso Gubernativo, pág. 6. Aduce que “le
indicaron que ella se había trasladado a los Estados
Unidos de Norteamérica…”. Id. Sin embargo, el propio
peticionario admite que estos “datos no le constan de
propio conocimiento por lo que no puede dar fe de ello”.
Id. (Énfasis suplido).
Basta simplemente señalar que hemos reiterado que en
esta jurisdicción “meras alegaciones no constituyen
prueba”. U.P.R. Aguadilla v. Lorenzo Hernández, 184 D.P.R.
1001, 1013 (2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182
D.P.R. 485, 509-510 (2011); Alberty v. Bco. Gub. de
Fomento, 149 D.P.R. 655, 671 (1999). Además, este asunto
no fue planteado en el Escrito de Recalificación, por lo
que sus méritos tampoco pueden ser revisados por este
Tribunal. Véase, Art. 77 de la Ley Núm. 198 de 8 de agosto
de 1979, conocida como “Ley Hipotecaria y del Registro de
la Propiedad”, 30 LPRA sec. 2270 (en adelante, “Ley
Hipotecaria”)(El recurso gubernativo “no podrá incluir
objeciones a la calificación del documento… que no hubiese
incluido al radicar su escrito solicitando
recalificación”).
Por otro lado, el peticionario arguye que la
inscripción de su derecho a hogar seguro no requiere el
consentimiento de la señora Figueroa Rosa toda vez que
ello “no implica una pérdida o traslación del dominio ni
altera el título de la propiedad del 50% indiviso que RG-2015-0007 10
posee la Sra. Alicia Figueroa Rosa… y lo único que hace es
proteger a una familia que tiene una legítima necesidad”.
Recurso Gubernativo, págs. 4 y 7. Según el peticionario,
esta postura es más afín con los propósitos de la Ley Núm.
195, supra, ya que facilita extender el derecho al cónyuge
supérstite y sus herederos.
En Rivera García v. Registradora, supra, la
peticionaria argumentó de manera similar que no existía
objeción alguna que los cotitulares pudieran anteponer en
contra de la inscripción del derecho de hogar seguro. Id.,
pág. 633. Sin embargo, resolvimos expresamente que a pesar
de que el derecho reconocido en la Ley Núm. 195, supra, es
amplio y abarcador, este no constituye un mero acto de
administración. Id., págs. 641-642. Por el contrario, [s]e
trata de un derecho que en cierto sentido remueve a la
propiedad del tráfico jurídico cuando se trate del cobro
exclusivamente de deudas”. Id. Cabe reiterar que es el
Artículo 9 de la Ley Núm. 195, supra, que exige que todos
los cotitulares de una propiedad autoricen la inscripción
del derecho a hogar seguro en el Registro de la Propiedad.5
De esa forma el Registrador de la Propiedad en este caso
5 No obstante, en Rivera García v. Registradora, supra, expresamos que en casos en los que no existe evidencia del consenso entre los comuneros para reconocer el derecho a hogar seguro de uno de ellos, siempre se puede acudir al tribunal con el propósito de que se reconozca el derecho a hogar seguro al amparo del Art. 3 de la Ley Núm. 195-2011, supra, y se ordene su anotación en el Registro de la Propiedad. Id., pág. 642. RG-2015-0007 11
cumplió con el mandato del Derecho Positivo encarnado en
la propia Ley Núm. 195, supra.
Por último, el peticionario arguye que su postura es
afín con los propósitos generales que sirvieron como base
para la Ley Núm. 195, supra. En específico, sostiene que
el propósito de la referida legislación es que cada
ciudadano cuente con una protección básica contra el
riesgo de ejecución. Véase, Recurso Gubernativo, pág. 5.
Sin embargo, es suficiente remitir al peticionario a
los principios generales de interpretación y aplicación
estatutaria dispuestos en el título preliminar de nuestro
Código Civil. El Artículo 14 del Código Civil dispone que
cuando la ley es clara, “la letra de ella no debe ser
menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. 31
LPRA sec. 14. Cordero v. ARPe, 187 DPR 445, 456 (2012);
Bomberos Unidos v. Cuerpo de Bomberos et al., 180 D.P.R.
723, 750 (2011), citando a Pueblo v. Castro Muñiz, 118
D.P.R. 625, 650 (1987). Es precisamente la acción vedada
en esa disposición legal la cual el peticionario nos
invita a realizar. En consecuencia, carece de mérito el
planteamiento del peticionario.6
6 El peticionario sostiene, además, que este Tribunal debe revocar lo resuelto en Rivera García v. Registradora, supra, ello a base de ciertas enmiendas que se pretendieron realizar a la Ley Núm. 95, supra, mediante el Proyecto de la Cámara 1638, radicado el 23 de enero de 2014 en la Decimoséptima Asamblea Legislativa, Cuarta Sesión Ordinaria; y el Informe rendido por la Comisión de lo Jurídico ante dicho cuerpo legislativo, fechado el 11 de noviembre de 2014. No obstante, este planteamiento tampoco fue levantado en el Escrito de Recalificación. Véase, Art. 77 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA sec. RG-2015-0007 12
Por todo lo anterior, colegimos que era necesaria la
comparecencia y autorización de la señora Figueroa Rosa al
Acta Notarial mediante la cual el peticionario requirió
que se anotara el derecho de hogar seguro en el Registro
de la Propiedad. En consecuencia, actuó correctamente el
Registrador de la Propiedad y no se cometió el error
señalado.7
IV
De acuerdo con los fundamentos expuestos
anteriormente, se confirma la determinación del
Registrador de la Propiedad Sección de Guayama, la cual
denegó la inscripción del derecho a hogar seguro del
peticionario, reclamado en la Escritura Núm. 15 intitulada
2280. Además, si bien es cierto que la Asamblea Legislativa tiene amplios poderes para aprobar y enmendar leyes, la realidad es que el P. de la C. 1638 no ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa. 7 Asimismo carece de mérito la Moción de Solicitud de Orden Provisional en Auxilio de Jurisdicción presentada por el peticionario. Mediante la referida Moción el peticionario nos solicita que expidamos una orden para prohibirle al Registrador de la Propiedad, Sección de Guayama, llevar a cabo su deber ministerial de calificar e inscribir cualquier documento que fuese presentado en la finca en cuestión, hasta tanto este Tribunal resuelva el Recurso Gubernativo presentado en autos. Sin embargo, la realidad es que la Orden solicitada es innecesaria toda vez que uno de los efectos de la denegatoria de la recalificación es que el Registrador de la Propiedad deberá realizar una “anotación preventiva sobre la finca afectada, en la cual expresará los motivos legales para tal anotación, que deberán ser los mismos contenidos en la notificación de la calificación”. Art. 71 de la Ley Hipotecaria, supra, 30 LPRA sec. 2274. Véase, Art. 77 de la Ley Hipotecaria, supra (En el término de cinco días a partir de la notificación de Recurso Gubernativo, el Registrador tomará nota de su interposición al margen de la anotación preventiva de denegatoria). Cabe señalar que la vigencia del asiento de presentación o de la anotación preventiva queda automáticamente “prorrogada hasta la resolución definitiva del asunto por parte del Tribunal Supremo…”. L.R. Rivera Rivera, Derecho registral inmobiliario puertorriqueño, 2da ed., San Juan, Jurídica Editores, 2002, pág. 323. Véanse, Arts. 83.2- 83.5 y 84.3 del Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, según enmendado, Reglamento Núm. 2674, Departamento de Estado, 9 de julio de 1980. Véase además, SLG Pérez Rivera v. Registradora, 189 DPR 729 (2013). RG-2015-0007 13
“Acta para Anotar Derecho a Hogar Seguro”, otorgada el 3
de marzo de 2012 ante el notario Ángel Luis Montañez
Morales. Asimismo, se deniega la Moción de Solicitud de
Orden Provisional en Auxilio de Jurisdicción.
Así lo acordó el Tribunal y lo certifica el
Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta
Oronoz Rodríguez disiente con Opinión escrita.
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Jesús Bones Cruz
v.
Hon. Ismael L. Purcell Soler, Registrador de la Propiedad RG-2015-7 Guayama
Opinión Disidente emitida por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez
En San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2016.
La Mayoría de este Tribunal ha decidido
reiterar en este caso la norma errada establecida
en Rivera García v. Registradora, 189 DPR 628
(2013). Al así hacerlo, desaprovechamos la
oportunidad de corregir el curso tomado en dicho
caso y atemperar nuestra jurisprudencia a la
verdadera intención legislativa y política pública
de la Ley Núm. 195–2011, 31 LPRA secs. 1858–1858k.
Esto es, garantizar que toda persona, jefe o jefa
de familia domiciliado en Puerto Rico obtenga una
protección que cobije la posesión y el disfrute de
su residencia principal contra el riesgo de RG-2015-7 2
perderla como consecuencia de una sentencia en su contra
para obtener el cobro de una deuda. Por entender que la
Ley Núm. 195-2011, supra, no requiere que todos los
copropietarios de un inmueble comparezcan al otorgamiento
del acta de hogar seguro para lograr su inscripción en el
Registro de la Propiedad, disiento.
I.
Los hechos de esta controversia resultan fáciles de
exponer. El Sr. Jesús Bones Cruz otorgó la Escritura
Pública Núm. 15 de 3 de marzo de 2012 ante el notario
público Ángel Luis Montañez Morales. En la misma, hizo
constar su deseo de constituir su derecho a hogar seguro
sobre una propiedad compuesta por una estructura de dos
pisos utilizada como vivienda, la cual ubica en el Barrio
Ancones, en el Municipio de Arroyo.8 Según consta en la
minuta de presentación del Diario de Operaciones del
Registro de la Propiedad, dicha Escritura Pública se
presentó al Registro de la Propiedad, Sección de Guayama,
el 19 de diciembre de 2013.
Calificado el documento, el Hon. Ismael L. Purcell
Soler, Registrador de la Propiedad, notificó las
siguientes faltas: “Según el Registro la finca consta
inscrita a favor de Alicia Figueroa Rosa y Jesús Bones
Cruz, solteros, en una porción de 50% cada uno, por lo que
ambos titulares deben comparecer a consentir la
8 Apéndice, págs. 2–3. RG-2015-7 3
transacción”.9 El Registrador fundamentó su denegatoria en
el hecho de que la finca constaba inscrita a favor de más
de un propietario y todos tenían “que comparecer a la
autorización del Acta Notarial en la que se reclama el
Derecho de Hogar Seguro”.10
Inconforme con esta determinación, el señor Bones Cruz
presentó un escrito de recalificación. Argumentó que el
derecho a hogar seguro establecido por la Ley Núm. 195–
2011, supra, era de carácter sui generis, por lo que la
copropietaria no podía objetar la inscripción de dicho
derecho a favor del recurrente y que su participación en
el bien inmueble no se veía afectada. Además, señaló que
la inscripción del derecho a hogar seguro no representaba
una pérdida o transferencia de dominio ni alteraba el
título de propiedad de la codueña. No obstante, el
Registrador denegó la recalificación solicitada.
Así las cosas, el señor Bones Cruz presentó el Recurso
Gubernativo de epígrafe. Señaló que erró el Registrador al
negarse a recalificar el documento presentado y requerir
el consentimiento de la copropietaria para inscribir su
derecho a hogar seguro. Atendido el recurso, decidimos
expedir.11
9 Apéndice, pág. 5. 10 Íd. 11 En su comparecencia ante este Tribunal, el señor Bones Cruz señaló por primera vez que su excompañera, cotitular de la propiedad en controversia, se mudó a Estados Unidos y que se le ha hecho imposible dar con su paradero. RG-2015-7 4
II.
El legislador puertorriqueño ha reconocido el derecho
a la vivienda como uno de carácter fundamental para
nuestro Pueblo, el cual debe estar revestido de la mayor
protección posible. Así, desde temprano en el Siglo XX el
legislador estableció por la vía estatutaria mayores
garantías para la propiedad residencial de las personas,
de manera tal que en caso de un embargo y posterior venta
judicial de la propiedad, cierta cantidad de dinero
quedara protegida de los acreedores.12
Este esquema, sin embargo, cambió con la aprobación
de la Ley Núm. 195-2011, supra, conocida como la “Ley del
Derecho a la Protección al Hogar Principal y el Hogar
Familiar” (Ley de Protección del Hogar). Tal y como
reconocimos en Rivera García v. Registradora, supra, la
nueva legislación no se enfocó en proteger cierta cantidad
de dinero, sino que estableció disposiciones dirigidas a
proteger la propiedad física del titular o los titulares.
Rivera García v. Registradora, supra, a la pág. 636. Como
reconoció la Asamblea Legislativa, para el puertorriqueño
el hogar o residencia principal constituye una aspiración
personal de primer orden y, en muchos de los casos,
12 En 1903 la Asamblea Legislativa aprobó la “Ley para definir el Hogar Seguro y para Extentarlo [sic] de una Venta Forzosa”, la cual protegía la cantidad de $500 de cualquier potencial embargo y posterior venta judicial de la propiedad que un demandado utilizara como vivienda. Posteriormente la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 87 de 3 de mayo de 1936, la cual derogó la anterior legislación y estableció una protección de hasta $1,500 sobre la propiedad a ejecutarse. La cantidad a ser protegida de un potencial embargo y venta judicial no fue alterada hasta el año 2003, cuando la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 116–2003 y estableció la cantidad de $15,000 como hogar seguro. 31 LPRA secs. 1851–1857 [Derogadas]. RG-2015-7 5
representa casi la totalidad de su patrimonio y el
principal bien que pueden ofrecer a sus herederos.13
La Ley de Protección del Hogar crea un derecho
sustantivo a favor de todo individuo, jefe o jefa de
familia, a poseer y disfrutar, en concepto de hogar
seguro, de una propiedad que consista de un predio de
terreno y la estructura enclavada en éste, o una
residencia bajo el Régimen de Propiedad Horizontal. Ello,
siempre que dicha propiedad le pertenezca legalmente y sea
utilizada por esa persona o por su familia exclusivamente
como residencia principal. 31 LPRA sec. 1858. Esta
protección del hogar o domicilio principal será efectiva
en contra de cualquier embargo, sentencia o ejecución
ejercitada para el pago de todas las deudas excepto de
aquellas específicamente establecidas en la Ley. 31 LPRA
sec. 1858b. El derecho a hogar seguro que establece la Ley
Núm. 195–2011 no depende de la inscripción registral para
su efectividad, puesto que es un derecho sustantivo creado
por legislación a favor del individuo. Así se reconoce en
la propia ley al establecer que “[e]l hecho de que una
finca no esté inscrita en el Registro de la Propiedad o
que el derecho a hogar seguro no esté inscrito o anotado
en el Registro de la Propiedad, en nada afecta el derecho
de hogar seguro que en ella tenga su propietario, siempre
y cuando el derecho sea levantado oportunamente…”. 31 LPRA
sec. 1858h. Lo anterior significa que la inscripción del
13 “Así, la protección del hogar es de gran importancia para todos en Puerto Rico, desde el joven que con tanto anhelo compra su primera propiedad hasta el individuo retirado, que tanto luchó para mantener su propiedad”. 2011 Leyes de Puerto Rico 2231. Exposición de Motivos. RG-2015-7 6
derecho a hogar seguro en el Registro de la Propiedad es
simplemente declarativa y no de carácter constitutivo,
como lo sería en el caso de una hipoteca.14
Lo anterior es de suma importancia al analizar la
controversia pues, como señala el Prof. Michel Godreau,
“[e]s principio registral que si el derecho sustantivo es
claro, lo relativo a su inscripción tiene que ajustarse”.
M.J. Godreau Robles, Derechos Reales, Análisis del Término
2013–2014, 84 Rev. Jur. U.P.R. 709, 716 (2015). Respecto
al proceso de inscripción del derecho a hogar seguro, la
Ley de Protección del Hogar establece en su Art. 9 dos
vías para completarlo. En primer lugar, el o los
adquirentes de una propiedad pueden hacer constar en la
escritura de compraventa su deseo de constituir sobre la
propiedad adquirida su derecho a hogar seguro y el
Registrador así lo anotará en el folio que corresponda. La
segunda vía de inscripción ocurre cuando la propiedad
sobre la que se quiere constituir el derecho a hogar
seguro ya consta inscrita a favor del o los titulares. En
ese caso, “bastará que el propietario o propietarios de la
finca otorgue(n) un acta ante notario público, donde se
haga constar que la finca tiene carácter de hogar seguro,
para que el Registrador de la Propiedad consigne tal
14 Tal y como explica el tratadista Luis R. Rivera Rivera, “[e]n Puerto Rico la inscripción es declarativa en la mayoría de los casos, pues los derechos reales sobre inmuebles se constituyen, modifican, transmiten o extinguen, con eficacia jurídica, fuera del registro en virtud de las normas del Derecho civil”. L.R. Rivera Rivera, Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño, 3ra Edición, Puerto Rico, Jurídica Editores, 2012, pág. 42. RG-2015-7 7
carácter en una nota marginal de la inscripción
correspondiente”. 31 LPRA sec. 1858f.
Amparados en el lenguaje anterior, la Mayoría en
Rivera García v. Registradora, supra, estableció que la
Ley de Protección del Hogar exige que cuando una propiedad
tenga más de un titular registral, todos tienen que
comparecer a la autorización del acta notarial en la que
se reclama el derecho a hogar seguro. Rivera García v.
Registradora, supra, pág. 641. Dicha determinación, sin
embargo, parte de dos errores fundamentales que es preciso
aclarar. Primero, en Rivera García v. Registradora, supra,
la Mayoría del Tribunal estableció que el derecho a hogar
seguro es un derecho personal que, una vez tiene acceso al
Registro de la Propiedad, “adquiere una dimensión real y
otra erga omnes”. Íd., pág. 639. Es por esta razón, según
el razonamiento mayoritario, que era preciso requerir que
comparezcan todos los titulares al otorgamiento del acta
de hogar seguro toda vez que “el derecho que reconoció la
Asamblea Legislativa (...) es amplio y abarcador y tiene
efectos de carácter real en cuanto a la propiedad. Se
exclusivamente de deudas”. Íd., pág. 641. Asimismo, el
segundo error que cometió la Mayoría en Rivera García v.
Registradora, supra, fue caracterizar la inscripción del
derecho de hogar seguro como un acto de dominio o
alteración que requiere la comparecencia de todos los
titulares de la propiedad. Íd., pág. 642. RG-2015-7 8
Resulta equivocado establecer que la naturaleza real
o erga omnes del derecho reconocido por la Ley Núm. 195–
2011, surge una vez éste tiene acceso al Registro de la
Propiedad. Como vimos, la inscripción del derecho a hogar
seguro es meramente declarativa. La protección especial
que le quiso conceder el legislador a la residencia
principal del individuo es lo que hace que este tenga
transcendencia real y erga omnes, y no su acceso al
Registro. Véase, M.J. Godreau Robles, Un esquema para el
análisis de problemas de derecho civil patrimonial, 55
Rev. Jur. U.P.R. 9 (1986). Así, que el bien inmueble
sujeto al derecho a hogar seguro esté fuera del tráfico
comercial para el cobro de toda deuda no contemplada en la
Ley 195-2001 es una consecuencia de la propia legislación.
Se trata de la protección que le quiso otorgar el
legislador a la residencia principal de todo individuo,
por lo que no depende de si el derecho está inscrito para
tener transcendencia real. Esto ocurre sin importar que,
en el caso de una propiedad ya inscrita a nombre de más de
un titular, sólo uno de los titulares solicite la
inscripción de su derecho a hogar seguro sobre dicha
propiedad. Como vimos, el derecho al hogar seguro es de
carácter sustantivo, por lo que su efectividad no está
atada al aspecto procesal de su inscripción en el Registro
de la Propiedad.
Por otro lado, a diferencia del criterio mayoritario
en Rivera García v. Registradora, supra, la inscripción
del derecho a hogar seguro por parte de un comunero RG-2015-7 9
constituye un acto de conservación y no un acto de dominio
o alteración a la cosa.15 Los actos de conservación son
aquellos necesarios para que la cosa no se deteriore ni
perezca, y aquellos dirigidos a mantener la utilidad y
productividad de la cosa común, procurando que ésta
permanezca al servicio del destino que se le asignó.
Véase, Asociación de Residentes Urb. Sagrado Corazón, Inc.
v. Arsuaga Álvarez, 160 DPR 289, 309 (2003), citando a M.
Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones
forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1985, T. V, Vol.
II, pág. 106.16
Asimismo, hemos establecido que para realizar actos
de conservación sobre la cosa común un comunero no
necesita el consentimiento de los demás copartícipes, pero
puede requerirles a éstos que contribuyan con los gastos.
Véase, Cabera v. Morales, 57 DPR 457, 463 (1940); Art. 329
del Código Civil, 31 LPRA sec. 1274. Además, J.R. Vélez
Torres, Curso de Derecho Civil, [sin ed.], San Juan, 1983,
T. II, pág. 148. No hay duda que al inscribir el derecho a
hogar seguro sobre una copropiedad, un comunero la protege
de su posible embargo y ejecución en venta judicial, lo
que implicaría la pérdida del inmueble. Al así hacerlo, la
propiedad sujeta al derecho a hogar seguro seguirá
15 En Rivera García v. Registradora, supra, existía una comunidad hereditaria a la cual por sus características sui generis no se le podían aplicar las normas existentes para una comunidad de bienes, tal y como hizo la Mayoría en dicho caso. 16 El Prof. Godreau Robles llega a la misma conclusión al afirmar que “[n]o es un acto de alteración porque lo que se logra es la protección de la cosa en contra de los terceros que querían ejecutarla”. Y más adelante añade: “...la inscripción del derecho a hogar seguro representa un acto de conservación, porque saca la finca de la posible pérdida que representaría la ejecución de la misma en cobro de deudas”. Ver, M.J. Godreau Robles, Derechos Reales, supra, pág. 719. (Itálicas suprimidas). RG-2015-7 10
destinada a su uso residencial -tal y como exige la Ley de
Protección al Hogar- por lo que no se altera su naturaleza
ni su destino. Además, al inscribir el comunero su derecho
a hogar seguro sobre la propiedad en que reside, no está
perjudicando el interés de la comunidad ni les impide a
los demás copartícipes utilizarla según su derecho, tal y
como exige el Art. 328 del Código Civil, 31 LPRA sec.
1273.
Como hemos visto, no existe justificación para
requerir que todos los cotitulares comparezcan al
otorgamiento del acta para que uno de ellos pueda
inscribir su derecho a hogar seguro.17 Esto es contrario a
la intención legislativa de la Ley Núm. 195–2011, supra, y
niega, so pretexto de un rigorismo procesal innecesario,
un derecho sustantivo y de transcendencia real que fue
concedido expresamente por legislación a todo individuo,
jefe o jefa de familia. Lo único que requiere la Ley de
Protección del Hogar es que la propiedad a ser afectada
por el derecho a hogar seguro conste inscrita a nombre de
la persona que desea inscribir sobre ella su derecho, que
ésta sea la residencia principal del solicitante, y que no
tenga inscrito su derecho a hogar seguro sobre otra
propiedad. 31 LPRA sec. 1858f, ante.18 Por tanto, basta
17 Valga señalar que el comunero que no comparezca al otorgamiento del acta de hogar seguro sobre la propiedad de la cual es codueño no solamente no se ve afectado, sino que de todos modos no podría solicitar para sí el derecho a hogar seguro sobre la propiedad, a menos que ésta sea su residencia principal. 18 Como indicó la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez en sus expresiones en Rivera García v. Registradora, supra, págs. 643–644, aún permanecen las interrogantes en torno a cómo se extenderá el derecho a hogar seguro ante una situación en que la propiedad esté inscrita a favor de más de un titular y sólo uno de ellos la haya reclamado como hogar seguro. Sin embargo, los hechos de este caso no RG-2015-7 11
con que uno solo de ellos comparezca y solicite la
inscripción de su derecho a hogar seguro sobre esa
propiedad, siempre que cumpla con los demás requisitos
señalados por la Ley.
III.
En el caso ante nuestra consideración, el señor Bones
Cruz compareció ante notario público para otorgar un acta
de hogar seguro sobre su residencia principal, la cual
constaba inscrita a su nombre y a nombre de la su
excompañera, quien no compareció. El Registrador,
aplicando la norma establecida en Rivera García v.
Registradora, supra, denegó la inscripción. La Mayoría
concluye que dicha decisión fue correcta ya que “[t]al y
como resolvimos en Rivera García v. Registradora, supra,
cuando una propiedad pertenece a más de un titular
registral, es necesario que todos los cotitulares
comparezcan a la autorización del acta notarial en la que
se reclama el derecho a hogar seguro.” [Cita omitida].
Sentencia, pág. 8. Difiero.
El recurrente cumple con todos los requisitos para
establecer su derecho a hogar seguro. Primero, la
propiedad está inscrita a su nombre en el Registro de la
Propiedad. Segundo, la propiedad es su residencia
principal. Por último, el señor Bones Cruz no tiene
inscrito su derecho a hogar seguro sobre ninguna otra
propiedad. El Art. 9 de la Ley de Protección al Hogar
son los apropiados para profundizar en cuanto a ello, toda vez que estamos ante una controversia relacionada a la inscripción del derecho y no con la ejecución de la propiedad. RG-2015-7 12
permite la inscripción del derecho del señor Bones Cruz
sin necesidad de que comparezca la cotitular. Concluir lo
opuesto es ponerle trabas al reconocimiento del derecho
sustantivo y de transcendencia real establecido en la Ley
de Protección al Hogar, lo cual es contrario a nuestros
principios registrales. En ninguna parte de la Ley se
requiere la comparecencia de todos los cotitulares para
inscribir el derecho a hogar seguro sobre la propiedad.
Por el contrario, las normas de la comunidad de bienes
establecen que, al tratarse de un acto de conservación de
la propiedad, el señor Bones Cruz está facultado para
realizarlo sin tener que procurar la intervención de la
otra cotitular. De esta manera, se reconoce y adelanta la
intención legislativa de proteger el derecho a la vivienda
y hogar seguro del recurrente. Este derecho, valga
recordar, existe en este momento a pesar de la denegatoria
del Registrador de la Propiedad y de este Tribunal de
permitir su inscripción. No es correcto, por lo tanto,
insistir en la solución errada a la que llegamos en Rivera
García v. Registradora, supra. Por el contrario, debemos
corregir el curso y ajustar la balanza para favorecer el
interés legítimo de un copropietario de proteger su
propiedad, en la cual tiene su hogar y residencia
principal y la de su familia. Esto, a pesar de que, por
distintas razones, no pueda contar en ese momento con el
consentimiento de los demás copropietarios. Como la
Mayoría de este Tribunal insiste en aplicar una norma
equivocada, disiento. RG-2015-7 13
IV.
Por todo lo anterior, revocaría la determinación del
Hon. Ismael L. Purcell Soler, Registrador de la Propiedad
de la Sección de Guayama, y ordenaría la inscripción del
derecho a hogar seguro sobre la finca del señor Jesús
Bones Cruz. Esto por entender que no es necesaria la
comparecencia de la cotitular al otorgamiento del acta de
hogar seguro.
Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Presidenta