EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Puerto Rico antes Banco Bilbao Vizcaya Puerto Rico Certiorari Demandante-Recurrido 2005 TSPR 50 vs. 163 DPR ____ Latinoamericana de Exportación, Inc.; La Sucn. de Ivette González, Etc.
Demandadada-Peticionaria La Segunda
Número del Caso: CC-2003-931
Fecha: 22 de abril de 2005
Tribunal de Apelaciones:
ReCircuito Regional I, Panel III
Juez Ponente: Hon.Rafael Ortiz Carrión
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. George Mottley Flores
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Ángel L. Alicea Montañez Lcdo. Ángel L. Alicea Parés
Materia: Cobro de Dinero, Ejecución de Refacción Industrial y Comercial
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Puerto Rico antes Banco Bilbao Vizcaya Puerto Rico
Demandante-Recurrido
vs. CC-2003-931 Certiorari
Latinoamericana de Exportación, Inc.; La Sucn. de Ivette González, Etc.
Demandada-Peticionaria La Segunda
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor FUSTER BERLINGERI.
San Juan, Puerto Rico, a 22 de abril de 2005.
Tenemos la ocasión para precisar lo resuelto
en Banco Comercial de P.uerto R.ico v. García, 51
D.P.R. 735 (1937), y decidir si es prorrogable el
término para aceptar o repudiar una herencia cuando
un acreedor que demanda a una sucesión para cobrar
una deuda del causante, no ha ejercido expresamente
el interpellatio in iure requerido por el Art. 959
del Código Civil.
I
El 2 de agosto de 2000 el Banco Bilbao Vizcaya
de Puerto Rico (BBV) presentó ante el Tribunal de
Primera Instancia una demanda en cobro de dinero contra Latinoamericana de Exportación, Inc., Gustavo
Adolfo Zepeda, Ivette González, la CC-2003-931 2
Adolfo Zepeda, Ivette González, la Sociedad de Sociedad de
Gananciales integrada por ambos y otros codemandados. Alegó
que los codemandados habían garantizado personalmente el
pago de un préstamo del BBV por $187,874.40 de principal y
$36,473.23 de intereses hasta el 22 de junio de 2000 a favor
de Latinoamericana de Exportación., Inc.; y que como la
deuda estaba vencida y era líquida y exigible, se le
reclamaba solidariamente el pago de las cantidades
adeudadas.
La codemandada Ivette González había fallecido el 9 de
abril de 1999, por lo que el tribunal de instancia ordenó
que se enmendase la demanda para incluir a los herederos de
ésta. El 30 de noviembre de 2001 el BBV enmendó la demanda
para incluir a sus hijos Gustavo Zepeda González y Roberto
Zepeda González (los hermanos Zepeda Gonzálezs) como
herederos de Ivette González. Durante los meses siguientes
el BBV trató infructuosamente de emplazarlos personalmente
por lo que el tribunal autorizó el emplazamiento por
edictos. El edicto referido se publicó el 19 de julio de
2002 y los codemandados recibieron copia de la demanda el 2
y 10 de agosto de 2002.
El 20 de agosto de 2002 los codemandados hermanos Zepeda
González solicitaron una prórroga de treinta días para
contestar la demanda enmendada. El 12 de septiembre de 2002
el foro de instancia les notificó una prórroga de veinte
días; y luego les concedió diez días adicionales para
contestar la demanda en su contra. CC-2003-931 3
Así las cosas, el 23 de octubre de 2002, los hermanos
Zepeda González presentaron una moción de desestimación de
la demanda, mediante la cual alegaron que ambos habían
repudiado la herencia de Ivette González, por lo que no eran
miembros de la sucesión y no procedía la reclamación en su
contra. Según surgía de los documentos incluidos con la
moción de desestimación referida, Roberto Zepeda González
había repudiado la herencia el 29 de diciembre de 1999 y
Gustavo Zepeda González el 9 de octubre de 2002, ambos
mediante escritura pública.
El BBV entonces se opuso a la desestimación solicitada,
en cuanto al codemandado Gustavo Zepeda González. Adujo el
BBV que debía tenerse por aceptada la herencia en cuestión,
debido a que el acto de repudio se había llevado a cabo
luego de transcurrido el término que concede el Artículo 959
del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 2787, para
aceptar o repudiar la herencia. En cuanto al codemandado
Roberto Zepeda González, el BBV solicitó autorización para
iniciar el descubrimiento de prueba con miras a investigar
si antes de la acción de repudio de la herencia, éste había
realizado algún acto que pudiese constituir una aceptación
tácita de ella.
El tribunal de instancia autorizó el descubrimiento de
prueba en cuanto a Roberto Zepeda González y ordenó a
Gustavo Zepeda González a expresarse sobre la referida
oposición del BBV. Luego de considerar los varios escritos
presentados por las partes con respecto al asunto pendiente, CC-2003-931 4
el 10 de febrero de 2003, el foro de instancia declaró sin
lugar la solicitud de desestimación de Gustavo Zepeda
González y le ordenó presentar en veinte días su
contestación a la demanda. Inconforme con la referida
determinación del foro de instancia, Gustavo Zepeda González
presentó un recurso de certiorari ante el entonces Tribunal
de Circuito de Apelaciones, mediante el cual alegó lo
siguiente:
1. Incidió el Honorable Tribunal de Instancia al declarar No Ha Lugar la Moción de Desestimación basada en la defensa afirmativa de repudiación de herencia presentada oportunamente, por lo que el codemandado- peticionario no es responsable de las deudas de la herencia de su causante.
2. Incidió el Honorable Tribunal de Instancia al declarar No Ha Lugar la Moción de Desestimación y aplicar erróneamente a los hechos del caso el Artículo 959 del Código Civil de Puerto Rico sin que el demandante- recurrido haya solicitado la interpelación judicial para aceptar o repudiar la herencia; ni el Tribunal de Instancia haya señalado término para que el codemandado-peticionario expresara su intención de aceptar o repudiar; ni tampoco se le apercibiera que en caso de no expresar su intención, se entendería aceptada la herencia, según requiere el antes citado Artículo 959.
El foro apelativo rechazó el planteamiento del
peticionario con respecto al Artículo 959 del Código Civil.
Expresó:
Zepeda González plantea que la letra del precepto citado es clara y debe ser interpretada literalmente, de forma que, para que comience a transcurrir el término de treinta días señalado, es necesario que el tercero interesado solicite y el tribunal ordene al presunto heredero que se exprese en cuanto a su posición respecto a la herencia, y que le aperciba de que, transcurrido CC-2003-931 5
el término se tendrá por aceptada la herencia. Sin embargo, tal interpretación es contraria a la que el Tribunal Supremo de Puerto Rico le impartió al artículo 959 del Código Civil en el caso Banco Comercial de P. R. v. García, 51 D.P.R. 735 (1937).
Dicho tribunal resolvió, además, que en el caso de
autos, la presentación de la demanda y el emplazamiento
habían sido suficientes para instar al peticionario a
aceptar o repudiar la herencia. Indicó que como el edicto se
había publicado el 19 de julio de 2002, el peticionario
tenía hasta el 18 de agosto para contestar la demanda y
también para anunciar si aceptaba o no la herencia, pero no
lo había hecho ya que, el 20 de agosto, expirado el término
de treinta días para hacer ambos pronunciamientos, había
solicitado una prórroga para contestar la demanda o “hacer
cualquier otro pronunciamiento que proceda en derecho.”
Añadió que el término para aceptar o repudiar la herencia es
perentorio y, concluyó:
De esta forma, concluimos que el término de 30 días que señala el artículo 959 del Código Civil es improrrogable, por lo que la actuación del tribunal recurrido al autorizar dos prórrogas a los codemandados para contestar la demanda, no puede ser interpretada de forma tal que implique la prórroga del plazo para aceptar o repudiar la herencia del artículo 959 del Código Civil. Puesto que el peticionario Gustavo Zepeda González otorgó la escritura de repudio luego de expirado el término de 30 días, tal acto no puede tener efecto alguno ni perjudicar a la parte demandante en el presente caso.
Consecuentemente, el 23 de octubre de 2003, denegó el
recurso solicitado. CC-2003-931 6 CC-2003-931 7
Inconforme con el referido dictamen del foro apelativo,
Gustavo Zepeda González compareció oportunamente ante nos y
formuló, en lo esencial, el siguiente señalamiento:
1. Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al denegar el recurso de certiorari a pesar que el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación y aplicó erróneamente a los hechos del caso el Artículo 959 del Código Civil de Puerto Rico sin darle cumplimiento a lo exigido por la propia letra de dicho artículo, a saber, sin que el demandante-recurrido haya solicitado la interpelación judicial del demandado para que este aceptara o repudiara la herencia; ni el Tribunal de Instancia haya señalado término para que el codemandado-peticionario expresara su intención de aceptar o repudiar; ni tampoco se le apercibiera que en caso de no expresar su intención, se entendería aceptada la herencia, según requiere el antes citado Artículo 959.
El 23 de enero de 2004 expedimos el recurso solicitado
a los fines de revisar el dictamen del foro apelativo del 23
de octubre de 2003, y para pautar lo que procediese en
derecho.
La parte peticionaria presentó su alegato el 13 de
abril de 2004, y la parte recurrida presentó el suyo el 14
de junio de 2004. Pasamos a resolver.
II
Nos toca decidir si en el caso de autos el peticionario
Zepeda González repudió su herencia a tiempo, de modo que
procedía que se desestimase la demanda instada en su contra
para cobrar una deuda de su madre. CC-2003-931 8
El asunto que aquí nos concierne tiene su raíz en el
hecho de que en nuestro sistema de Derecho sucesoral rige la
norma procedente de los romanos al efecto de que la herencia
no se adquiere hasta que el llamado heredero la acepta.
Rivera Rivera v. Monge Rivera, 117 D.P.R. 464 (1986). El
llamado a herederoar no es propietario de las cosas
hereditarias hasta que no acepta la herencia. Según explica
el eminente comentarista Manuel Gitrama González, el
silenciao del llamado heredero en cuanto a aceptar la
herencia puede dar lugar a largos años de incertidumbre con
respecto a las relaciones jurídicas que al fallecer el
causante quedaron sin sujeto cierto. Comentarios al Código
Civil y Compilaciones Forales, Tomo XIV, Vol. 1, Ed. Revista
de Der. Privado, EDERSA, (1989) págs. 276-278.
Para paliar en algún grado la incertidumbre referida
antes, el Código Civil español, como el nuestro, le conceden
un remedio a cualquier interesado enn que el llamado
heredero se decida a aceptar o repudiar la herencia.
Personas tales como los coherederos que pueden tener derecho
a acrecer; los legatarios, cuyo derecho puede ser
considerado como un crédito contra el heredero; los
sustitutos, que podrán heredar si el llamado a heredar no
acepta; y, claro está, los acreedores del causante, que
interesan cobrar sus créditos pronto –todos éstos titulares
de derechos expectantes tienen un interés legítimo en
terminar con la incertidumbre que existe si el llamado
heredero no ha decidido si acepta o renuncia a la herencia. CC-2003-931 9
M.anuel Gitrama González, supra, pág. 279. Para éestos
existe el remedio de la interpellatuio in iure del Art.
1.004 del Código Civil español, y del Art. 959 del nuestro.
Veamos.
Art. 959 - 31 L.P.R.A. sec 2787. - Término para declaración de intención
Instando, en juicio, un tercer interesado para que el heredero acepte o repudie, deberá el Tribunal Superior señalar a éste un término, que no pase de treinta (30) días, para que haga su declaración; apercibido de que, si no la hace, se tendrá la herencia por aceptada. (Énfasis suplido).
Otras disposiciones del Código Civil de Puerto Rico
también aplican al caso de autos, por ser pertinentes a la
aceptación y repudiación de la herencia. Veamos.
Art. 962 - 31 L.P.R.A. sec. 2790. - Cómo se hará la repudiación
La repudiación de la herencia deberá hacerse en instrumento público o auténtico, o por escrito presentado a la sala competente del Tribunal Superior para conocer de la testamentaría o del ab intestato.
Art. 968 - 31 L.P.R.A. sec. 2805. – Término para solicitar beneficio de inventario – Heredero en posesión de los bienes
El heredero que tenga en su poder los bienes de la herencia o parte de ellos y quiera utilizar el beneficio de inventario o el derecho de deliberar, deberá manifestarlo a la sala del Tribunal de Primera Instancia competente para conocer de la testamentaría o del ab intestato, dentro de los diez días siguientes al en que supiere ser tal heredero, si reside en el lugar donde hubiese fallecido el causante de la herencia. Si residiere fuera, el plazo será de treinta (30) días.
En uno y otro caso el heredero deberá pedir a la vez la formación del inventario, y la citación CC-2003-931 10
a los acreedores y legatarios para que acudan a presenciarlo si les conviniere.
Art. 969 - 31 L.P.R.A. sec. 2806. - Cuando los bienes no están en posesión del heredero
Cuando el heredero no tenga en su poder la herencia o parte de ella, ni haya practicado gestión alguna como tal heredero, los plazos expresados en la sección anterior se contarán desde el día siguiente al en que expire el plazo que el Tribunal Superior le hubiese fijado para aceptar o repudiar la herencia, conforme a la sec. 2787 de este título o desde el día en que la hubiese aceptado o hubiera gestionado como heredero. (Énfasis suplido).
Como puede observarse, el Art. 959 los artículos
referidos del Código Civil, particularmente el Art. 959,
establecen el remedio que tiene un acreedor paraque interesa
poder proceder contra unos herederos para el cobro de una
deuda contraída por el causante, en casos como el de autos.
El remedio referido consiste de cuatro elementos. Primero,
el acreedor debe interpelar judicialmente al heredero para
que acepte o renuncie a la herencia. Segundo, el foro
judicial debe fijar un término no mayor de treinta días para
que el heredero acepte o repudie la herencia. Tercero, Een
la orden judicial correspondiente, el tribunal debe
apercibir al heredero de que si no se expresa dentro del
término que se le fijó, la herencia se tendrá por aceptada.
Tercero, dentro de los términos de diez o treinta días,
según fuere el caso, el heredero debe notificarle al
tribunal que antes de decidir si acepta o repudia la
herencia, quiere utilizar el beneficio de inventario o el CC-2003-931 11
derecho de deliberar, si es que interesa ejercer tales
opciones. Finalmente Cuarto, el heredero acepta o renuncia
la herencia, mediante instrumento público o por escrito
judicial.
En Banco Comercial de P. R. v. García, supra,51 D.P.R.
735 (1937), una antigua decisión de este Foro de hace siete
décadas, resolvimos que la demanda de un acreedor contra la
sucesión en cobro de una deuda del causante, satisfacía el
requisito del Art. 959 del Código Civil de interpelar al
heredero para que aceptase o renunciase la herencia.
Determinamos que la propia demanda en cobro de dinero contra
la sucesión constituía una “intimación judicial” 1 para que
los herederos aceptasen o repudiaran la herencia. Resolvimos
así aunque en la demanda de dicho caso no incluía
expresamente ninguna interpelación como tal con respecto a
que se aceptase o renunciase la herencia involucrada en ese
casoen cuestión.
El dictamen de Banco Comercial de P. R. v. García,
supra, ha sido severamente criticado por Efraín González
Tejera, en su obra Derecho de Sucesiones, Tomo I, Ed. de la
UPR (2001), págs. 187-188. Como bien señala González Tejera,
lo resuelto en Banco Comercial de P. R. v. García, supra,
era contrario a varios precedentes de este mismo Tribunal, y
contrario también al claro tenor de lo dispuesto en el Art.
959 del Código Civil, supra, que requiere la interpelación
judicial expresamente. Más aun, el dictamen del Banco
1 Lo explicamos así en Rivera Rivera v. Monge Rivera, 117 D.P.R. 464, 481-482 (1986). CC-2003-931 12
Comercial de P. R. v. García, supra, no es consistente con
el interés de todos los titulares de derecho expectantes
referidos antesjurídico en que el hecho de la aceptación o
repudio de una herencia quede claramente establecido. Véase,
Ex Parte Finlay, Waymouth & Lee y C. Armstrong E Hijos, 42
D.P.R. 845 (1931); y Rosa v. Sucesión García, 32 D.P.R. 586
(1923). Quizás por ello, este Tribunal no volvió a citar
posteriormente a Banco Comercial v. García, supra, a pesar
de tener la oportunidad de hacerlo en casos en que era
aplicable. Véase, González Tejera, supra, a la pág. 188. CC-2003-931 13
La postura crítica de González Tejera en torno a la con
respecto a lo resuelto en Banco Comercial de P.R. v. García,
supra, fundamentada en una interpretación y aplicación de lo
que literalmente dispone el texto del Art. 959 en cuestión,
refleja también lo que sostiene en general la doctrina
civilista, en la cual se señala claramente que un tercero
interesado en que un presunto heredero acepte o repudie la
herencia deberá ejercer la “interpellatio in iure” a fin de
que el tribunal designe un término para que el presunto
heredero declare si acepta o renuncia la herencia haga la
declaración correspondiente, instado a ello por el debido
apercibimiento judicial. Véase, Manuel Gitrama González,
supra,; José María Manresa y Navarro, Comentarios al Código
Civil Español, Madrid, Ed. Revs., 1955, págs. 496-500; Jaime
Santos Briz, Derecho de Sucesiones, EDERSA, 1979, Tomo VI,
págSs. 56-57; J. L. La Cruz Berdejo y F. Sánchez Rebullida,
Derecho de Sucesiones, Barcelona, Bosch, 1971, págS. 119-
120; X. O’cCallaghan Muñoz, Compendio de Derecho Civil, Tomo
V, EDERSA, 1987, pág. 45..
Lo anterior, no obstante, debe señalarreconocerse que
nuestro dictamen en Banco Comercial de P. R. v. García,
supra, no fue tan tajante o rígido como lo interpretó el
foro apelativo en este caso. En dicha opinión señalamos lo
siguiente, a la pág. 740:
“Es verdad que de acuerdo con el Art. 959 un tercero interesado puede requerir a un heredero para que acepte o repudie la herencia, pero si con la interpretaosición de la demanda se obtiene este propósito, parece innecesario que se le obligue a cumplir con dicho requisito como condición CC-2003-931 14
precedente para establecer su reclamación. Se trata simplemente de una cuestión de procedimiento...” (Énfasis suplido).
En esa misma opinión, luego de señalar que la demanda
del deudor podía hacer las veces del requerimiento en
cuestión – del interpellatio in iure – indicamos a reglón
seguido que hecho dicho requerimientouna vez presentada dicha
demanda
“... nada impide que [los demandados] puedan solicitar de la corte la concesión de un tiempo razonable para aceptar o repudiar la herencia.” Id. pág. 739.
Es evidente de lo anterior que, dependiendo de sus
términos, una demanda de un acreedor contra un heredero para
cobrar lo adeudado por su causante puede constituir el
interpellatio in iure del Art. 959; y, que si el tribunal no
fija entonces un término para que el heredero declare si
acepta o renuncia la herencia, la parte demandada puede
solicitar un término razonable para hacerlo. Visto de esta
manera, armonizamos lo resuelto en Banco Comercial de P. R.
v. García, supra, con enl claro tenor literal del Art. 959
referido y su interpretación en la doctrina civilista.
Además, de esta manera evitamos adentrarnos a considerar el
reclamo del peticionario Zepeda González sobre el debido
procesdo de ley, que en nuestros días exige con particular CC-2003-931 15
rigor que las disposiciones estatutarias sobre los derechos
de las personas se observen al pie de la letra.2
III
Al examinar detalladamente los hechos del caso de autos,
con miras a aplicar la normativa reseñada antes, observamos
que la demanda enmendada presentada al foro de instancia para
incluir a los Zepeda González en el lugar de su fallecida
madre, fue muy escueta en cuanto al asunto que aquí nos
concierne. Sólo indicaba que la señora Ivette González había
fallecido, “siendo los herederos de ésta Gustavo Zepeda
González y Roberto Zepeda González”. Carecía de los elementos
mínimos necesarios para constituir a la vez la interpellatio
in iure en cuestión. Así pues, Nno se hacíaizo en ella
alegación alguna de que los éstosZepeda González hubiesenn
aceptado la herencia. Tampoco se alegaó que éstos debían
decidir dentro del término de treinta días fijado por el Art.
959 del Código Civil, supra, si la aceptaban o la repudiaban
dicha herencia. Más aun, de ningún modo se alegó que los
presuntos herederos se incluían en la demanda, no porque
hubiesen garantizado personalmente y solidariamente la deuda
de Latinoamericana de Exportación como lo hizo su madre, sino
porque ellos como herederos que presuntamente habían aceptado
la herencia de su madreen cuestión, respondían por las cargas
2 Véase, Torres v. J. Exam. C.I.A.A., res. 27 de abril de 2004, 161 D.P.R. ___. 2004 TSPR 65, 2004 JTS 71; y Pueblo v. Serbiá, 78 D.P.R. 788, 792 (1955). CC-2003-931 16
de dicha herencia, conforme a lo dispuesto por el Art. 957
del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2785. Véase, Berríos v.
Rivera, 64 D.P.R. (1949).
Finalmente y lo más importante aquí, no hayubo nada en
la demanda enmendada en cuestión que de modo alguno le
instara al tribunal a efectuar siquiera se asemeje ael
apercibimiento que exige el Art. 959 del Código Civil, supra,
de que si los herederos no hacen su declaración sobre la
aceptación de la herencia dentro del plazo correspondiente,
se tendrá la herencia por aceptada. Y, claro está, no hubo
aquí ningún apercibimiento por parte del propio tribunal.
Estel apercibimiento referido es el elemento medular sobre el
cual se erige el derecho del acreedor de reclamarle al
heredero lo debido por su causante cuando aquel nada ha dicho
sobre si acepta o no la herencia. Es el medio de lograr lo
que en Banco Comercial de P. R. v. García, supra,
identificamos como el propósito de lo dispuesto en el Art.
959 en cuestión: impedir que el heredero pueda “evadir
fácilmente con su silencio el cumplimiento de una obligación
de su causante”. Id, a la pág. 738.
A la luz de lo anterior, no se puede resolver
razonablemente que la demanda enmendada en el caso de autos
cuestión hacía las veces de la interpellatio in iure que
requiere el Art. 959 del Código Civil, supra. Según hemos
indicado ya, dichaLa demanda en cuestión no tenía los
elementos mínimos necesarios para constituir la interpelación
prevista en el Art. 959 referido. Era únicamente una demanda CC-2003-931 17
ordinaria de cobro de dinero, carente de las alegaciones
especiales que debía tener para constituir a la vez la
interpelación exigida por el Art. 959 del Código Civil. Es
por ello que no puedeodía darse por aceptada la herencia en
el caso de autos, como erróneamente resolvió el foro
apelativo aquí, aunque hubiesen pasados treinta días desde
que los Zepeda González fueron emplazados con la demanda
enmendada en cuestión, sin que éstos hubiesen aceptado o
repudiado la herencia aun como erróneamente resolvió el foro
apelativo.
Según el foro a quo, la prórroga que los Zepeda González
obtuvieron del tribunal de instancia para repudiar la
herencia fue inoficiosa porque supuestamente el término
máximo de treinta días para aceptar o repudiar la herencia
previsto en el Art. 959 del Código Civil, supra, no es
prorrogable. Lo que el foro apelativo no consideró al
resolver de este modo es que para que tal dictamen fuese
válido, al menos tenía que haber ocurrido la “interpellatio
in iure” debidamente. Debe entenderse que Eel término en
cuestión es un plazo límite de tiempo para responder a la
interpelación. Se trata obviamente de dos aspectos
interdependientes de una misma norma. No puede un acreedor
aprovecharse del término referido cuando éste no ha realizado
antes la interpelación a partir de la cual comienza a
transcurrira dicho término.
Para concluir, nótese que aun si estimáramos que la
escueta demanda del caso de autos sirvió como una CC-2003-931 18
interpelación conforme a lo resuelto en Banco Comercial de
P. R. v. García, supra, en esa misma opinión reconocimos que
si el tribunal no fijaba un término luego de presentada la
demanda del acreedor para que el demandado aceptara o
repudiara la herencia, contra los herederos del deudor –como
sucedió aquí- entonces éste podía entonces solicitar la
coaccncesión de un término razonable para elloaceptar o
repudiar la herencia, antes de contestar la demanda. Eso, en
esencia, fue precisamente lo que hicieron aquí los Zepeda
González mediante la solicitud de prórrogas en cuestión. Como
el foro de instancia no había fijado un plazo para que ellos
aceptaran o repudiaran la herencia, éstos pidieron tiempo
para ello mediante la solicitud de prórroga, a tenor con lo
señalado en Banco Comercial de P.R. v. García, supra.
Es menester indicar aquí, además, que el foro apelativo
erró al determinar que el término de treinta días aludido era
uno perentorio. El plazo de treinta días a que alude el Art.
959, es prorrogable, conforme se señala claramente en la
doctrina civilista. Véase, Manuel Gitrama González, supra, a
la pág. 281 (“...tal plazo... a petición justificada, puede
ser prorrogado por el Juez”). J. L. LaCruz Berdejo, supra, a
la pág. 120, lo señala de este modo:
“Diversos autores consideran el plazo... como prorrogable, por tratarse de un plazo procesal. Al menos, como dice ALBALADEJO... con esta opinión se logran obviar numerosos inconvenientes que se derivarían de la contraria”.
Con lo anterior coincide también el comentarista
puertorriqueño José Vélez Torres. Véase, J. R. Vélez Torres, CC-2003-931 19
Derecho de Sucesiones, 2da. Ed. Revisada, 1992, pág. 447.
Tratándose, pues, de una cuestión procesal, como señalamos en
Banco Comercial de P. R. v. García, supra, el término
referido es evidentemente prorrogable. Regla 68.2 de
Procedimiento Civil de Puerto Rico; Pietri González v.
Tribunal Superior, 117 D.P.R. 638 (1986).
Resolvemos, pues, que en el caso de autos el
peticionario, Gustavo Zepeda González los presuntos
herederos, renunciaronió a la herencia de su madre
válidamente, por lo que procedía laconceder la moción de
desestimación que presentadaaron ante el foro de instancia.
Erraronó el foro de instancia y el foro apelativo al resolver
de otro modo, por lo que procede que se revoquen sus
dictámenes..
Se dictará sentencia de conformidad.
JAIME B. FUSTER BERLINGERI JUEZ ASOCIADO EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Puerto Rico antes Banco Bilbao Vizcaya Puerto Rico
Latinoamericana de Exportación, Inc.; La Sucn. de Ivette González, Etc.
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se resuelve que en el caso de autos el peticionario, Gustavo Zepeda González, renunció a la herencia de su madre válidamente, por lo que procedía conceder la moción de desestimación que presentó ante el foro de instancia. Erraron el foro de instancia y el foro apelativo al resolver de otro modo.
Por lo anterior se revocan los dictámenes del Tribunal de Circuito de Apelaciones Circuito Regional I – San Juan y del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rebollo López concurre sin opinión.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo