EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Autopistas de Puerto Rico y Cia, S,E,
Peticionaria Certiorari
v. 2006 TSPR 41
Autoridad de Carreteras y 167 DPR ____ Transportación
Recurrida
Número del Caso: CC-2004-534
Fecha: 17 de marzo de 2006
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan Panel II
Juez Ponente:.
Hon. Mildred G. Pabón Charneco
Abogada de la Parte Recurrida:
Lcda. María del Pilar García-Incera
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Lino J. Saldaña Lcda. Bárbara M. Rivera
Materia: Acción Civil
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionaria CC-2004-534 CERTIORARI v.
Autoridad de Carreteras y Transportación
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 17 de marzo de 2006.
La Autoridad de Carreteras y Transportación
(en adelante la recurrida o la Autoridad)
contrató los servicios del bufete Greenberg &
Traurig, establecido en Estados Unidos, para que
le brindara consejería legal en cuanto a la
negociación del contrato de concesión para la
construcción de la Ruta PR-66. El abogado
encargado de ofrecer el asesoramiento fue el
señor Gary M. Epstein, quien está admitido a
ejercer la abogacía en el estado de Florida, pero
no así en Puerto Rico.
La Autoridad sostuvo negociaciones con
Autopistas de Puerto Rico Cia., S.E. (en adelante
la peticionaria o Autopistas de Puerto Rico) en CC-2004-534 3
cuanto al mencionado contrato de concesión. En 1997, luego
de cuatro años de negociación, Autopistas de Puerto Rico
presentó una demanda por daños contra la Autoridad por haber
ésta terminado las negociaciones de manera alegadamente
unilateral. Como parte del descubrimiento de prueba en este
caso, Autopistas de Puerto Rico le solicitó al Tribunal de
Primera Instancia que le ordenara a la Autoridad entregar
copia de todas las comunicaciones cursadas entre ésta y su
asesor legal, el señor Epstein, relacionadas con las
negociaciones del contrato de concesión. La Autoridad se
opuso a esta solicitud invocando el privilegio de abogado-
cliente establecido en la Regla 25 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV R. 25 (2001). Autopistas de Puerto Rico, por su
parte, alegó que el privilegio abogado-cliente no protege las comunicaciones hechas a abogados que no están admitidos
a practicar en Puerto Rico. Según su criterio, la aplicación
de la norma de interpretación restrictiva en cuanto al
alcance de los privilegios, establecida en la Regla 35 de
Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV R. 35 (2001), lo prohíbe.
El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista,
luego de la cual ordenó a la Autoridad que presentara todos
los documentos alegadamente privilegiados, para examinarlos
en cámara. Una vez cumplida la orden, el Tribunal de Primera
Instancia determinó que los documentos solicitados estaban
cobijados por el privilegio abogado-cliente. Inconforme con
esta decisión, la peticionaria acudió al Tribunal de
Apelaciones, que confirmó al Tribunal de Primera Instancia.
De esta determinación recurre ante nosotros Autopistas de
Puerto Rico señalando que el foro apelativo erró al resolver CC-2004-534 4
que el privilegio abogado-cliente protege las comunicaciones
en controversia y al permitir que el tribunal de instancia
determinara que todos los documentos sometidos estaban
protegidos por el privilegio, sin hacer un desglose de las
comunicaciones y la razón por la cual éstas eran
privilegiadas.
Luego de examinar detenidamente el asunto, este
Tribunal ha acordado confirmar el dictamen del Tribunal de
Apelaciones y devolver el caso al foro de instancia para que
se continúe con los procedimientos.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo de Puerto Rico. La Jueza
Asociada señora Fiol Matta emitió una opinión concurrente a la cual se unen el Juez Presidente señor Hernández Denton y
la Jueza Asociada señora Rodríguez Rodríguez. El Juez Fuster Berlingeri concurrió con el resultado sin opinión escrita.
El Juez Asociado señor Rebollo López emitió una opinión
disidente a la cual se une el Juez Asociado señor Rivera
Pérez.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Autopistas de Puerto Rico y Cía, S.E.
Peticionaria
v.
Autoridad de Carreteras y CC-2004-534 Certiorari Transportación
Opinión concurrente emitida por la Jueza Asociada señora Fiol Matta, a la cual se unen el Juez Presidente señor Hernández Denton y la Jueza Asociada señora Rodríguez Rodríguez
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de marzo de 2006.
Coincido en que debemos confirmar al Tribunal
de Apelaciones en este caso, pero entiendo que no
debemos desaprovechar la oportunidad para
expresarsnos sobre el alcance del privilegio
abogado-cliente en nuestra jurisdicción y resolver
si están protegidas las comunicaciones hechas por un
cliente a un abogado no admitido a practicar en
Puerto Rico, pero sí admitido a la jurisdicción
donde tiene su despacho. Por esta razón, formulo la
presente opinión concurrente. Entiendo, por las
razones que expongo a continuación, que las
comunicaciones antes mencionadas están protegidas
por el privilegio abogado-cliente establecido en el
Regla 25 de Evidencia. CC-2004-534 2 I.
Los hechos pertinentes del presente caso no están en
controversia. La Autoridad de Carreteras y Transportación
(en adelante la recurrida o la Autoridad) contrató los
servicios del bufete Greenberg & Traurig, establecido en
Estados Unidos, para que le brindara consejería legal en
cuanto a la negociación del contrato de concesión para la
construcción de la Ruta PR-66. El abogado encargado de
ofrecer el asesoramiento fue el señor Gary M. Epstein,
quien está admitido a ejercer la abogacía en el estado de
Florida, pero no así en Puerto Rico.
La Autoridad sostuvo negociaciones con Autopistas de
Puerto Rico Cia., S.E. (en adelante la peticionaria o
Autopistas de Puerto Rico) en cuanto al mencionado contrato
de concesión. En 1997, luego de cuatro años de negociación,
Autopistas de Puerto Rico presentó una demanda por daños
contra la Autoridad por haber ésta terminado las negociaciones de manera alegadamente unilateral. Como parte
del descubrimiento de prueba en este caso, Autopistas de Puerto Rico le solicitó al Tribunal de Primera Instancia
que le ordenara a la Autoridad entregar copia de todas las comunicaciones cursadas entre ésta y su asesor legal, el
Sr. Epstein, relacionadas con las negociaciones del contrato de concesión. La Autoridad se opuso a esta
solicitud invocando el privilegio de abogado-cliente
establecido en la Regla 25 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV
R. 25 (2001). Autopistas de Puerto Rico, por su parte,
alegó que el privilegio abogado-cliente no protege las
comunicaciones hechas a abogados que no están admitidos a
practicar en Puerto Rico. Según su criterio, la aplicación
de la norma de interpretación restrictiva en cuanto al CC-2004-534 3
en cámara. Una vez cumplida la orden, el Tribunal de
Primera Instancia determinó que los documentos solicitados
estaban cobijados por el privilegio abogado-cliente.
Inconforme con esta decisión, la peticionaria acudió al
Tribunal de Apelaciones, que confirmó al Tribunal de
Primera Instancia. De esta determinación recurre ante
nosotros Autopistas de Puerto Rico señalando que el foro
apelativo erró al resolver que el privilegio abogado- cliente protege las comunicaciones en controversia y al
permitir que el tribunal de instancia determinara que todos los documentos sometidos estaban protegidos por el
privilegio, sin hacer un desglose de las comunicaciones y
la razón por la cual éstas eran privilegiadas.
II.
Para resolver los planteamientos que han hecho ambas
partes a lo largo de este pleito debemos evaluar si las
comunicaciones entre la Autoridad y su asesor legal, quien
no está admitido a ejercer la abogacía en Puerto Rico, son
materia privilegiada al amparo de la Regla 25 de Evidencia.
En lo referente al privilegio abogado-cliente esta regla
establece que:
(A) Según usadas en esta regla, las siguientes expresiones tendrán el significado que a continuación se indica: (1) Abogado.--Persona autorizada o a quien el cliente razonablemente creyó autorizada a ejercer la profesión de abogado; incluye a la persona así autorizada y a sus CC-2004-534 4
asociados, asistentes y empleados de oficina.
(2) Cliente.--Persona natural o jurídica que, directamente o a través de representante autorizado, consulta a un abogado con el propósito de contratarle o de obtener servicios legales o consejo en su capacidad profesional; incluye al incapaz que consulta él mismo a un abogado o cuyo tutor o encargado hace tal gestión con el abogado a nombre del incapaz.
(3) Comunicación confidencial.--Aquella comuni-cación habida entre un abogado y su cliente en relación a alguna gestión profesional, basada en la confianza de que no será divulgada a terceras personas, salvo a aquellas que sea necesario para llevar a efecto los propósitos de la comunicación.
(B) Sujeto a lo dispuesto en esta regla, el cliente, sea o no parte en el pleito o acción, tiene el privilegio de rehusar revelar, y de impedir que otro revele, una comunicación confidencial entre él y su abogado. El privilegio puede ser invocado no sólo por el poseedor del privilegio que es el cliente, sino también por una persona autorizada a invocarlo en beneficio de éste, o por el abogado a quien la comunicación fue hecha si lo invoca a nombre de y para beneficio del cliente.
(C) No existe privilegio bajo esta regla si:
(1) Los servicios del abogado fueron solicitados u obtenidos para permitir o ayudar a cualquier persona a cometer o planear la comisión de un delito, un acto torticero o un fraude.
(2) La comunicación es pertinente a una controversia entre los herederos del cliente ya fallecido, independientemente de que las reclamaciones provengan de un testamento o de sucesión intestada o de transacción entre vivos.
(3) La comunicación es pertinente a una controversia relativa a una violación por el abogado del cliente de un deber que surja de la relación abogado-cliente.
(4) La comunicación es pertinente a una controversia relativa a un documento en que intervino el abogado en calidad de notario.
(5) La comunicación es pertinente a una materia de común interés para dos o más clientes del abogado, en cuyo caso un CC-2004-534 5
cliente no puede invocar el privilegio contra los otros dos.
(D) Cuando dos o más personas se unen como clientes de un mismo abogado en cuanto a un asunto de interés común entre ellas, ninguna de ellas podrá renunciar al privilegio sin el consentimiento de las otras.
A pesar de que la regla es clara y contempla una
amplia gama de situaciones, ésta no resuelve de su faz la
controversia ante nuestra consideración. Por esta razón es
necesario que interpretemos la Regla 25 y establezcamos su
alcance. Al así hacerlo, debemos tener presente la norma de
interpretación restrictiva del alcance del privilegio
abogado-cliente que establecimos en Lugo Ortiz v. Lugo
Ortiz, 85 D.P.R. 862(1962). En ese caso señalamos que: “la
interpretación de los preceptos que consagran el carácter
privilegiado de estas comunicaciones [debe ser restrictiva,
y] la prueba debe admitirse a menos que esté claramente
comprendida dentro de la exclusión del estatuto”. Id.,
pág. 871. Esta norma de interpretación está consagrada actualmente en nuestra Regla 35 de Evidencia.1 Su
fundamento radica en que no se debe limitar
innecesariamente el acceso de los juzgadores a evidencia
pertinente. Por eso sólo se debe excluir el contenido de
una comunicación si es claro que está dentro de las
comunicaciones que la regla de exclusión pretende proteger.
Para poder establecer si las comunicaciones entre la
Autoridad y el señor Epstein están protegidas por la
política a la que responde el privilegio establecido por la
Regla 25 de Evidencia, debemos entender el propósito
de la regla y su trayectoria en nuestra jurisdicción.
1 La Regla 35 de Evidencia establece que: “[l]as Reglas 25 a 32 se interpretarán restrictivamente en relación a CC-2004-534 6
III.
El privilegio abogado-cliente es el más antiguo de los
privilegios reconocidos en el common law. E. L. Chiesa
Aponte, Tratado de Derecho Probatorio, República
Dominicana, Publicaciones JTS, Tomo I, § 4.4, pág. 218
(1998). Se encuentra tan arraigado este privilegio en la
tradición del Derecho Probatorio anglo-americano, del cual
se deriva el nuestro, que las reglas y la doctrina
reconocen pocas excepciones a su aplicación en comparación
con las reconocidas para otros privilegios. Esto responde,
a su vez, a la fuerte política pública a favor del
privilegio abogado-cliente. Las reglas que protegen las comunicaciones entre
abogado y cliente tienen por objetivo el fomentar la representación legal efectiva. El reconocimiento del
privilegio abogado-cliente pretende promover la relación de
confianza que debe existir entre el abogado y su cliente,
de modo que la preparación para el juicio y la eventual
representación legal sean adecuadas. Al excluir del juicio
y del descubrimiento de prueba las comunicaciones que hace
el cliente a su abogado se propicia que el cliente haga a
su abogado un recuento fiel y exacto de los hechos y de las
controversias por las cuales busca consejería legal. Esto
desalienta los litigios carentes de méritos y facilita la
labor del abogado de brindar una asesoría correcta. Es por
esta razón que el poseedor del privilegio es el cliente y
no el abogado, contrario a lo que sucede con la doctrina de
la labor de representación legal(work product). El objetivo
del privilegio es que el cliente tenga la confianza de
cualquier determinación sobre la existencia de un privilegio”. 32 L.P.R.A. Ap. IV R. 35 (2001). CC-2004-534 7
decirle a su abogado la verdad de los hechos, de forma que
se facilite una sana administración de la justicia.
Precisamente, por esta aspiración es que el reconocimiento
del privilegio se antepone usualmente a la norma que
favorece un descubrimiento de prueba amplio. Véase, The
Attorney-Client Privilege and the Work-Product Doctrine, 2da
ed., EE.UU., American Bar Association, págs. 1-3 (1989); S.
Bradford, Conflict of Laws and the Attorney-Client
Privilege: A Territorial Solution, 52 U. Ill. L. Rev. 909,
913-15 (1991); Lugo Ortiz v. Lugo Ortiz, supra, pág. 871
(citas omitidas).
Por otro lado, una comunicación debe estar protegida
por el privilegio abogado-cliente, si además de haberse entablado entre las personas que señala la regla, cumple
con los siguientes cuatro requisitos: 1. la comunicación se hace dentro de un marco de expectativa de confidencialidad;
2. la confidencialidad es un elemento esencial en el mantenimiento de la relación entre las partes;
3. la relación es reconocida socialmente como merecedora de ser protegida; y 4. el menoscabo de la relación por el descubrimiento de las comunicaciones sería mayor que el beneficio que representaría su divulgación. J. H. Wigmore, Wigmore on Evidence, Toronto, Little, Brow and Company, Vol. VIII, § 2285, pág. 527 (revisado por J. T. McNaughton, 1961).
En síntesis, si una comunicación entre un abogado y un
cliente cumple con estos cuatros criterios, ésta debe estar
protegida por el privilegio abogado-cliente, ya que así se
promueven los intereses tutelados por la regla de
exclusión. No hay duda que las comunicaciones sostenidas
entre la recurrida y el señor Epstein cumplen con los
cuatro requisitos mencionados. El problema en este caso es CC-2004-534 8
si el señor Epstein está dentro de la acepción de la
palabra “abogado” de nuestra regla.
IV.
En lo referente a quien puede ser considerado como
abogado para propósitos del privilegio, la Regla 25
establece tres posibilidades: 1. que el abogado esté
admitido al ejercicio de la profesión, 2. que se trate de
un empleado del abogado, o 3. que sea una persona que el
cliente razonablemente cree está autorizada a ejercer la
profesión de abogado. La regla no requiere expresamente,
como no lo requería la regla anterior,2 que el abogado esté
admitido a ejercer la profesión en nuestra jurisdicción. Tampoco el historial de la regla actual muestra que esa
hubiese sido la intención del comité encargado de su
2 La Ley de Evidencia establecía en su artículo 40 en lo pertinente lo siguiente: No se podrá examinar a una persona como testigo en los casos siguientes:
...
2. Un abogado no podrá, sin el consentimiento de su cliente, ser examinado con referencia a ninguna comunicación hecha por éste a aquél, ni al consejo que le hubiera dado respecto a la misma en el curso de su gestión profesional; ni podrá un secretario, taquígrafo o escribiente de abogado, ser examinado, sin consentimiento de su principal, con referencia a algún hecho cuyo conocimiento hubiere adquirido como tal empleado; mas este párrafo no será aplicable a una acción entre el abogado y su cliente, en la que se ventilare la existencia, cuantía, validez, y circunstancia de un convenio sobre pago de honorarios; pero ninguna comunicación será privilegiada bajo este párrafo, si se hubiere hecho con el propósito de trasmitirse a cualquiera persona cuyo interés fuese contrario al del cliente, o con el fin de cooperar a un crimen o fraude que a la sazón estuviere en vías de perpetración o meditándose. ... 32 L.P.R.A. § 1734 (1956). CC-2004-534 9
redacción al crearla ni de la Asamblea Legislativa al
aprobarla. Los borradores y proyectos que antecedieron a
la actual regla recogían la norma de las Uniform Rules of
Evidence, hoy día establecida en la mayor parte de los
estados de Estados Unidos.3 Esta norma protege no sólo las
comunicaciones abogado-cliente cuando efectivamente se
trata de un abogado, sino también las comunicaciones que se
hacen a personas que el cliente entendió, razonablemente,
que eran abogados admitidos a practicar la profesión de la
abogacía en la jurisdicción de origen del cliente o en otra
jurisdicción.4
3 Por ejemplo, California, Florida, Hawaii, Kansas, Louisiana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, Oregon, South Dakota, Texas, Wisconsin, Alabama, Montana, y Oklahoma han adoptado la norma que protege las comunicaciones entabladas entre abogados o personas que el cliente pueda pensar son abogados admitidos a practicar la profesión de la abogacía en la jurisdicción de origen del cliente o en otra jurisdicción. 4 En la década del 50, estos proyectos supeditaban la aplicación del privilegio a comunicaciones con abogados de otras jurisdicciones a que se reconociera en el lugar de procedencia del abogado un privilegio similar al de abogado-cliente de nuestra jurisdicción. Las reglas disponían en lo pertinente:
... Abogado significa una persona autorizada, o aquélla a quien el cliente razonablemente creyera que está autorizada, a ejercer su profesión en Puerto Rico o en cualquier estado o nación, donde la ley reconociere un privilegio contra la revelación de comunicaciones confidenciales entre cliente y abogado; e incluye no solamente a la persona así autorizada sino también a sus asociados, sus asistentes y sus empleados de oficina. ...
Véase el Borrador del Proyecto de Reglas de Evidencia de 1954, pág. 43; Reglas de Evidencia para el Tribunal General de Justicia adoptas el 13 de enero de 1958 y remitidas el 5 de febrero de 1958 a las Asamblea Legislativa, pág. 26; Reglas de Evidencia para el Tribunal General de Justicia adoptas el 20 de noviembre de 1958 y remitidas el 23 de noviembre de 1959 a las Asamblea Legislativa, pág. 26.
Por su parte, las versiones de la década del 70 no supeditaban a ningún requisito la aplicación del privilegio CC-2004-534 10
Consta en el historial legislativo que las primeras
versiones de la Regla 25 no se aprobaron porque la Asamblea
Legislativa no tuvo tiempo para estudiar y considerar las 5 reglas de evidencia propuestas. Por otro lado, los
comentarios a la Regla 25 preparados por el Secretariado de
la Conferencia Judicial, tanto para el Proyecto de Reglas
como para la versión aprobada por la Asamblea Legislativa,
no indican la razón por la cual no se incorporó en el
proyecto final y en la eventual regla la versión que
recogía la norma de las Uniform Rules of Evidence y que
aparecía en el Informe de la Comisión de Reglas de
Evidencia de la Conferencia Judicial de Puerto Rico de
1977.6 Específicamente, no surge de dichos comentarios la intención de excluir las comunicaciones realizadas con
abogados no admitidos a nuestra jurisdicción del privilegio abogado-cliente. Por el contrario, se puede colegir del
Proyecto presentado en 1978 que el cambio obedeció a la
intención de simplificar la redacción finalmente aprobada y
adoptar la norma de mayor amplitud. En efecto, cuando se
a comunicaciones establecidas con abogados de otras jurisdicciones. La primera regla propuesta en la década del 70 disponía en lo pertinente: ...
Según se usa en este artículo “abogado” significa una persona autorizada, o que el cliente razonablemente crea autorizada, para practicar la abogacía en cualquier estado o nación. ... Informe de la Comisión Reglas de Evidencia de la Conferencia Judicial de Puerto Rico, págs. 156-57 (1977). 5 Véase Ley núm. 83 de 23 de junio de 1958; Informe Parcial del Comité de Evidencia de la Conferencia Judicial, pág. 2 (1973). 6 Véase Proyecto Reglas de Evidencia, Secretariado de la Conferencia Judicial, págs. 111-13 (1978); Reglas de Evidencia, págs. 44-45 (ed. Secretariado de la Conferencia Judicial, 1979); Comentarios a la Regla 25 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV R. 25 (2001). CC-2004-534 11
sometió el proyecto final se simplificó la redacción de la
regla en su totalidad. Por otra parte, en los comentarios a
la Regla 25 preparados por el Secretariado de la
Conferencia Judicial, tanto para el Proyecto de Reglas como
para la versión aprobada por la Asamblea Legislativa, se
incluyeron como disposiciones similares o relacionadas a
nuestro privilegio de abogado-cliente, las Reglas Uniformes
de Evidencia, la Reglas de Evidencia de California, el
Código Modelo de Evidencia y el Proyecto de las Reglas de
Evidencia de 1958, todos los cuales reconocen la aplicación
de este privilegio a comunicaciones entabladas con abogados
no admitidos a la jurisdicción de origen del cliente.7 Todo
lo anterior es indicativo de que la variación en el texto aprobado no tuvo la intención de limitar la norma contenida
en los proyectos anteriores. El proyecto de Reglas de Evidencia preparado por la Conferencia Judicial en 1991
tampoco propuso modificación alguna en este sentido.8
Al sopesar lo anterior junto con la claridad del inciso C de la Regla 25, que establece las cinco
circunstancias específicas en las cuales no aplicará el privilegio, concluimos que la limitación que propone la
peticionaria sería ajena al propósito de proteger al cliente, privilegiando la comunicación de éste con su
abogado. Abonan a nuestra conclusión el hecho de que el cliente es el poseedor del privilegio y los comentarios a
Conferencia Judicial, que señalan que el propósito de este
7 Véase Proyecto Reglas de Evidencia, Secretariado de la Conferencia Judicial, pág. 113 (1978); Reglas de Evidencia, pág. 45 (ed. Secretariado de la Conferencia Judicial, 1979). 8 Véase Proyecto de Reglas de Evidencia, Conferencia Judicial Tribunal Supremo de Puerto Rico, pág. 57 (1991). CC-2004-534 12
inciso es restringir expresamente el privilegio en los 9 casos indicados.
Por otro lado, si acudiéramos al derecho comparado,
encontraríamos que en el common law el privilegio abogado-
cliente aplica aun cuando se trate de una comunicación con
alguien que no esté autorizado a ejercer la profesión, a
menos que el cliente conozca de esa situación. Se entiende
que sería contrario al propósito de la regla imponerle al
cliente la obligación de averiguar si su abogado estaba
autorizado a ejercer como tal antes de comunicarse con él.
Los tribunales de otras jurisdicciones han sostenido la
aplicación del privilegio en casos similares a éste, y han
preferido penalizar de otro modo el brindar asesoría legal sin estar admitido a la práctica en la jurisdicción. Véase
Georgia-Pacific Plywood Co. V. U.S. Plywood Co, 18 F.R.D.
463, 465 (1956); Powell v. Western Illinois Elec. Co-op,
180 Ill. App. 3d. 581 (1989); Witkin, California Evidence, ta 10 Vol. 2, § 101, pág. 354 (4 ed., 2000).
9 Véase Proyecto Reglas de Evidencia, Secretariado de la Conferencia Judicial, pág. 113 (1978); Reglas de Evidencia, pág. 45 (ed. Secretariado de la Conferencia Judicial, 1979); Comentarios a la Regla 25 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV R. 25 (2001). 10 Sabemos que para evitar la práctica ilegal de la abogacía, ésta se penaliza como delito. Véase 4 L.P.R.A. § 740 (2003). La mayoría de las jurisdicciones de los Estados Unidos han resuelto que no se debe penalizar al cliente por la conducta posiblemente impropia de su abogado al practicar donde no debe. Véase C. A. Wright, & K. W. Graham, Federal Practice and Procedure, Minesota, West Publishing Co., Vol. 24, § 5480, pág. 252 (1986); D. W. Louisell, & C. B. Muller, Federal Evidence, The Lawyer Co- operative Publishing Co., Bancrof-Whitney Co, Vol. 2 pág. 521 (1978); 7 Cal. L. Rev. Comm. Reports 1 (1965). Desde el punto de vista de política pública, sancionar a los abogados es una mejor práctica, ya que puede servir como disuasivo para que éstos no practiquen donde no están autorizados, mientras que sancionar a sus clientes sólo debilita la confianza de éstos en la profesión. CC-2004-534 13
Nos parece un contrasentido proteger las
comunicaciones entabladas con alguien que el cliente creyó
razonablemente que era abogado, pero no lo es, como
expresamente dispone la Regla 25, y no proteger las
comunicaciones establecidas con quién sí lo es, aunque esté
autorizado a ejercer en una jurisdicción distinta a la
nuestra. Igualmente, contradeciría el propósito y la razón
de ser del privilegio negarle protección a las
comunicaciones efectuadas entre la recurrida y su abogado
en este caso, por el sólo hecho de que la recurrida realizó
la consulta desde Puerto Rico con su abogado radicado en
Florida, quien le respondió desde allá, aunque la
comunicación se recibió en nuestro país. Si la recurrida se hubiese trasladado al estado de Florida, donde está
admitido a la práctica su abogado, no hay duda que las comunicaciones serían privilegiadas.11 El no reconocer la
aplicación del privilegio en este caso atentaría contra la
certeza que requieren los clientes de que las comunicaciones establecidas con su abogado o con la persona
que creen autorizada para ejercer la abogacía estarán protegidas, y por tanto, atenta contra el privilegio mismo.
Más aún, negaría la realidad actual de la comunicación digital y extra-jurisdiccional, y de la globalización
económica y cultural. El mandato de interpretación restrictiva del alcance
de los privilegios no significa que éstos deben
interpretarse en contraposición a la política pública que
los inspira. Concluir que las comunicaciones establecidas
11 La norma en el common law, del cual proviene nuestro Derecho Probatorio, protege las comunicaciones en este supuesto. Véase J. H. Wigmore, supra, Vol. VIII, § 2300, pág. 580. CC-2004-534 14
entre la recurrida y su asesor legal en este caso no están
cobijadas por el privilegio abogado-cliente sería ir en
contra de la política pública a la que responde esa norma.
Es claro que la situación ante nosotros está dentro del
grupo de comunicaciones que pretende proteger la política
pública de la regla de exclusión del privilegio abogado-
cliente. Por tanto, resolvería que las comunicaciones
hechas por la recurrida al señor Epstein están protegidas
por el privilegio abogado-cliente.
Resolvería además que el Tribunal de Apelaciones no
erró al permitir que el Tribunal de Primera Instancia
protegidos por el privilegio sin desglosar las comunicaciones y sin expresar la razón por la cual cada una
era privilegiada. La determinación sobre si una comunicación está protegida por un privilegio le
corresponde exclusivamente al juez de instancia, al amparo
de la Regla 9(A) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV R. 9
(2001). El tribunal de instancia examinó cada uno de los
documentos para los que la recurrida invocó el privilegio
de abogado-cliente antes de resolver que todas las
comunicaciones estaban protegidas por el privilegio
abogado-cliente. El tribunal no venía obligado a dar a la
peticionaria una lista de las comunicaciones con la razones
por la cuales éstas eran privilegiadas. Más aún, si lo
hubiera hecho se hubiera derrotado el propósito de la
regla. El procedimiento seguido por el Tribunal de Primera
Instancia fue adecuado para proteger tanto el derecho de la
peticionaria a realizar un descubrimiento de prueba
apropiado como para salvaguardar la confidencialidad de las
comunicaciones privilegiadas. Por otro lado, la CC-2004-534 15
peticionaria no nos ha puesto en condiciones para concluir
que el tribunal erró en su apreciación.
Por todo lo anterior, resolvería que las
comunicaciones hechas por la recurrida al señor Epstein,
abogado admitido a la jurisdicción del estado de Florida,
aunque no a nuestra jurisdicción, están protegidas por el
privilegio abogado-cliente. Del mismo modo, resolvería que
no erró el Tribunal de Apelaciones al permitir que el
Tribunal de Primera Instancia determinara que todos los
documentos sometidos estaban protegidos por el privilegio
sin hacer un desglose de las comunicaciones y la razón por la cual las mismas eran privilegiadas. Confirmaría la
determinación del Tribunal de Apelaciones y devolvería el caso al Tribunal de Primera Instancia para que se continúe
con los procedimientos.
Liana Fiol Matta Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Autopistas de Puerto Rico y Cía., S.E.
Peticionario
vs. CC-2004-534
CERTIORARI
OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ A LA CUAL SE UNE EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR RIVERA PÉREZ
San Juan, Puerto Rico, a 17 de marzo de 2006
No podemos suscribir y endosar con nuestro
voto la posición que sostiene la Mayoría en el
presente caso. Ello, en primer lugar, por
entender que la misma contradice claramente el
mandato de interpretación restrictiva de los
privilegios contenidos en las Reglas de
Evidencia, al extender el alcance de los mismos
a unas comunicaciones hechas por un cliente a un
abogado no admitido a ejercer la profesión legal
en Puerto Rico. Dicha interpretación, como
veremos, no está contemplada por nuestras Reglas
de Evidencia.
Por otro lado, la interpretación laxa que
se hace en la Opinión concurrente --al extender el CC-2004-534 2
privilegio en controversia-- tiene consecuencias no
previstas por la Mayoría, las cuales resultan perjudiciales
para el abogado puertorriqueño. Basta con decir que la
protección que brinda la aplicación del privilegio en esta
situación fomenta el que cualquier abogado, proveniente de
cualquier país o jurisdicción, podrá ser contratado para
brindar asesoría legal en Puerto Rico sobre cualquier
materia del Derecho. Esta persona, indirectamente, estará
practicando la profesión de abogado en nuestro País sin
haber sido admitido como tal por este Tribunal.
Esta lamentable situación constituye un serio atentado
contra el abogado puertorriqueño, el cual posee, cuando
menos, iguales destrezas y conocimiento respecto al Derecho
que debe ser aplicado en nuestra jurisdicción. La actuación
mayoritaria menosprecia a quienes, día a día, dignamente
batallan por ganarse la vida ejerciendo noblemente la
profesión de abogado en esta bendita tierra nuestra.
I
Los hechos del presente caso, en apretada síntesis,
son los siguientes: Autopistas de Puerto Rico Cia., S.E.,
en adelante Autopistas, fue seleccionada por la Autoridad
de Carreteras y Transportación, en adelante la Autoridad,
para la construcción de la Ruta PR-66. Ambas entidades
comenzaron las negociaciones pertinentes en cuanto al
contrato de concesión de la mencionada Ruta PR-66 entre los
años 1991 y 1992. Durante el curso de las mismas, la
Autoridad contrató los servicios del bufete Greenberg & CC-2004-534 3
Taurig del estado de la Florida, recibiendo asesoría de uno
de sus abogados, el señor Gary M. Epstein, quien es abogado
admitido a ejercer la abogacía en el estado de Florida.
Epstein no está admitido a ejercer la abogacía en Puerto
Rico.
Así las cosas, en el 1997, Autopistas presentó una
demanda en daños y perjuicios ante el Tribunal de Primera
Instancia, Sala Superior de San Juan, contra la Autoridad.
En la referida demanda alegó, en síntesis, que la Autoridad
había terminado las negociaciones de forma unilateral, de
mala fe, y de forma arbitraria y caprichosa. Durante la
etapa de descubrimiento de prueba, Autopistas solicitó que
la Autoridad le entregase todas las comunicaciones habidas
entre ésta y el Sr. Gary M. Epstein; relativas las mismas a
las negociaciones entre la Auotridad y Autopistas sobre el
contrato de concesión para la construcción y operación de
la Ruta PR 66 y la terminación de las mismas en 1997.
La Autoridad reclamó el privilegio abogado-cliente en
cuanto a dichas comunicaciones y alegó que las mismas se
llevaron a cabo en el contexto de una consulta legal y con
la confianza de que las mismas no serían divulgadas.
Celebrada una vista, el foro primario ordenó a la Autoridad
a presentar todos los documentos sobre los cuales reclamó
el privilegio para examinarlos en cámara. Examinados los
mismos, el referido foro determinó que estaban cobijados
por el privilegio abogado-cliente. De la anterior
determinación, Autopistas acudió en revisión al Tribunal de CC-2004-534 4
Apelaciones. El foro apelativo intermedio confirmó la
decisión del tribunal de instancia.
Inconforme, Autopistas acudió, mediante recurso de
certiorari ante este Tribunal. Alega, en síntesis, que el
foro apelativo intermedio incidió: al resolver que el
privilegio abogado-cliente aplicaba a las comunicaciones de
índole legal entre la Autoridad y Gary M. Epstein, en vista
que éste no estaba autorizado a ejercer la profesión de
abogado en Puerto Rico y la Autoridad tenía conocimiento de
ello; y, al interpretar la Regla 25 de Evidencia de forma
favorable a la existencia del privilegio, y no en forma
restrictiva, según establece la Regla 35 de Evidencia.
II
Luego de un recuento de la trayectoria del privilegio
abogado-cliente, la Opinión concurrente emitida fundamenta
su errónea conclusión expresando que “el mandato de
interpretación restrictiva del alcance de los privilegios
no significa que éstos deben interpretarse en
contraposición a la política pública que los inspira.
Concluir que las comunicaciones establecidas entre la
recurrida y su asesor legal en este caso no están cobijadas
por el privilegio abogado-cliente sería ir en contra de la
política pública a la que responde esa norma”.
Nada más lejos de la realidad jurídica. Veamos.
III CC-2004-534 5
Los privilegios reconocidos en nuestro derecho
probatorio operan como reglas de exclusión de evidencia.
Como tales, su fundamento... “es totalmente independiente,
y de ordinario antagónico, de la búsqueda y consecución de
la verdad, propósito cardinal del derecho probatorio. Se
excluye materia privilegiada por consideraciones de
política pública, para adelantar valores o intereses
sociales ajenos o antagónicos a la búsqueda de la verdad,
tan fundamental para la más justa adjudicación de las
controversias judiciales”. Ortiz García v. Meléndez Lugo,
res. el 3 de marzo de 2005, 2005 T.S.P.R. 19, citando a
Ernesto L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, Tomo I,
(1998), pág. 185. Por esta razón, expresa el profesor
Chiesa, es que “los privilegios deben surgir de la ley,
bien de la Constitución, de reglas de evidencia o de leyes
especiales”. Op.cit., pág. 188.
Sobre los privilegios, expresamos en Pueblo v. Jesús
Delgado, res. el 20 de diciembre de 2001, 2001 T.S.P.R.
176, que todo proceso judicial tiene el fin esencial de
descubrir la verdad de lo acontecido, razón por la cual no
debe exceptuarse o excluirse la debida exposición de los
hechos pertinentes, salvo que exista un interés superior o
de mayor jerarquía para la sociedad o para la persona que
se interpongan a ese fin. Por ello, el legislador concibió
y codificó los privilegios como una excepción, una regla de
exclusión de evidencia, ya que éstos --aunque ciertamente
obstaculizan, en algunas circunstancias, el esclarecimiento CC-2004-534 6
de la totalidad del cuadro fáctico-- protegen otro fin de
mayor trascendencia. Dicho de otro modo, los privilegios,
por su naturaleza y función, impiden el descubrimiento de
ciertos actos, hechos o comunicaciones por existir
intereses en conflicto que intervienen con esa búsqueda
exhaustiva de la verdad. Ibid.
En consideración a lo anterior, y conforme a la Regla
35 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, R.3512, este Tribunal
reiteradamente ha expresado que los privilegios deben
interpretarse de forma restrictiva. Véase: Pueblo v. Jesús
Delgado, ante. Dicha interpretación restrictiva tiene el
obvio propósito de fomentar el descubrimiento de la verdad
en todo procedimiento judicial. No hay duda de que la
tendencia moderna en el ámbito del procedimiento civil es a
facilitar el descubrimiento de prueba de forma tal que se
coloque al juzgador en la mejor posición posible para
resolver justamente. E.L.A. v. Casta Developers, S.E., res.
el 25 de mayo de 2004, 2004 T.S.P.R. 81; Ward v. Tribunal
Superior, 101 D.P.R. 865, 867 (1974). A esos efectos, hemos
expresado que un amplio y adecuado descubrimiento de prueba
antes del juicio facilita la tramitación de los pleitos y
evita los inconvenientes, sorpresas e injusticias que
surgen cuando las partes ignoran hasta el día de la vista
12 La referida Regla dispone que las Reglas 25 a 32 se interpretarán restrictivamente en relación a cualquier determinación sobre la existencia de un privilegio. CC-2004-534 7
las cuestiones y los hechos que en realidad son objeto del
litigio.13
Debido a ello, existen únicamente dos limitaciones
fundamentales al descubrimiento: (1) no puede descubrirse
materia privilegiada, según los privilegios que se
reconocen en las Reglas de Evidencia, y (2) la materia a
descubrirse tiene que ser pertinente al asunto en
controversia. Regla 23.1(a) de Procedimiento Civil, 32
L.P.R.A. Ap. III. Vincenti v. Saldaña, res. el 16 de mayo
de 2002, 2002 T.S.P.R. 81.
IV
Sabido es que será materia privilegiada aquellas
comunicaciones hechas entre el cliente y su abogado
referente al asunto objeto de la representación legal,
hechas con la confianza que las mismas no serán divulgadas,
es decir, hechas dentro del marco de la confidencialidad.
A esos efectos, dispone la Regla 25(B) de Evidencia,
32 L.P.R.A. Ap. IV, R.25(B), que el cliente tiene el
privilegio de rehusar revelar, y de impedir que otro
revele, una comunicación confidencial entre él y su
abogado.
Ciertamente, como se expone en la Opinión concurrente,
privilegios reconocidos en el common law. A esos efectos,
13 Citando a Medina Morales v. Merk, Sharp & Dhome, 135 D.P.R. 716 (1994); y a Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554, 560 (1959). CC-2004-534 8
el Tribunal Supremo de los Estados Unidos expresó en Upjohn
Co. v. U.S., 449 U.S. 383 (1981) que:
the attorney-client privilege is the oldest of the privileges for confidential communications known to the common law.14 Its purpose is to encourage full and frank communication between attorneys and their clients and thereby promote broader public interests in the observance of law and administration of justice. The privilege recognizes that sound legal advice or advocacy serves public ends and that such advice or advocacy depends upon the lawyer's being fully informed by the client. Ibid.
Por otro lado, el privilegio abogado-cliente está
dirigido a permitir que el abogado obtenga toda la
información necesaria para una adecuada representación. A
esos efectos, expresamos en Lugo Ortiz v. Lugo Ortiz, 85
D.P.R. 862 (1962), que los estatutos que protegen las
comunicaciones privilegiadas entre abogado y cliente tienen
por objeto fundamental fomentar la relación de confianza
entre ambos, propiciándose así que el cliente haga un
recuento fiel y exacto de los hechos cuando requiere
consejo legal. Indicamos, además, que una relación abogado-
cliente completa ayuda a desalentar los litigios carentes
de méritos y estériles en cuanto a sus resultados y que,
frente a la política pública de evitar pleitos
innecesarios, se encontraba la necesidad de que ante el
juzgador se presenten todos los hechos pertinentes que
conduzcan a ayudarle a formar un juicio ponderando todos
los elementos de prueba disponible. En atención a ello,
14 Citando a 8 J. Wigmore, Evidence § 2290 (McNaughton rev. 1961). CC-2004-534 9
expresamos que la interpretación de los preceptos que
consagran el carácter privilegiado de estas comunicaciones
es restrictiva, y que la prueba debe admitirse a menos que
esté claramente comprendida dentro de la exclusión del
estatuto.15 Ibid.
Debido a lo anteriormente expresado, para que se pueda
reconocer el carácter privilegiado de estas comunicaciones,
debe estar claro que las mismas están excluidas por la
regla. La pregunta es, en consecuencia: ¿están claramente
comprendidas, dentro de la Regla 25, ante --para efectos
del reconocimiento del privilegio-- las comunicaciones
hechas entre un cliente y un abogado no admitido a ejercer
la profesión en Puerto Rico? Contestamos en la negativa;
veamos por qué.
Para efectos de la Regla 25 de Evidencia, ante,
abogado es aquella persona autorizada o a quien el cliente
razonablemente creyó autorizada a ejercer la profesión de
abogado; incluye a la persona así autorizada y a sus
Por otro lado, la referida Regla define cliente como
aquella persona natural o jurídica que, directamente o a
través de representante autorizado, consulta a un abogado
con el propósito de contratarle o de obtener servicios
legales o consejo en su capacidad profesional; incluye al
incapaz que consulta él mismo a un abogado o cuyo tutor o
15 Citando a People v. Donovan, 369 P.2d 1 (Cal. 1962); Greyhound Corporation v. Superior Court, 364 P.2d 266 (Cal. 1961); In re Richardson, 157 A.2d 695 (N.J. 1960). CC-2004-534 10
encargado hace tal gestión con el abogado a nombre del
incapaz.
Ciertamente, en cuanto a quién puede ser considerado
“abogado” para propósitos del privilegio, la Regla 25,
ante, establece las siguientes tres posibilidades: (1) el
abogado admitido al ejercicio de la profesión; (2) sus
asociados, asistentes o empleados; y (3) la persona que el
cliente razonablemente crea que está autorizada a ejercer
la profesión de abogado, aun cuando no lo esté.
Vemos, pues, que la Regla 25, ante, no indica de forma
específica si el privilegio abogado-cliente cobija a
abogados admitidos a jurisdicciones fuera de Puerto Rico.
Como bien se señala en la Opinión concurrente16, los
proyectos de reglas de evidencia de los años 50, los cuales
no fueron aprobados por la Asamblea Legislativa, proponían
una regla que específicamente extendía el privilegio a
abogados admitidos a otras jurisdicciones. Los mencionados
proyectos disponían que:
“Abogado” significa una persona autorizada, o aquélla a quien el cliente razonablemente creyere que está autorizada, a ejercer la profesión en Puerto Rico o en cualquier estado o nación, donde la ley reconociere un privilegio contra la revelación de comunicaciones confidenciales entre cliente y abogado, e incluye no solamente a la persona así autorizada sino también a sus asociados, sus asistentes y sus empleados de oficina.17 (Énfasis nuestro).
16 Véase nota al calce número 4. 17 Véase, Proyecto de Reglas, Comité Consultivo sobre las Reglas de Evidencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 1954. CC-2004-534 11
Se desprende de la Regla propuesta una definición
abarcadora de quién se considera abogado para fines de la
extensión del privilegio. Ello no obstante, el proyecto de
Reglas finalmente aprobado por la Asamblea Legislativa
limitó esta definición y eliminó aquella parte que extendía
el privilegio a abogados admitidos en cualquier estado o
nación donde la ley reconociere el privilegio.18
No se trata entonces, como se expresa en la Opinión
concurrente, que “el cambio se debió a la intención de
simplificar la redacción finalmente aprobada…”. Dicho
razonamiento no tiene lógica alguna. ¿Por qué eliminar una
definición que, sin margen a dudas, reconocía el privilegio
aun cuando se trataba de abogados admitidos fuera de Puerto
Rico, y sustituirla por una que no los incluye
expresamente?
La contestación a esta interrogante es sencilla: la
intención del legislador fue excluir del privilegio a todo
abogado no admitido a ejercer la profesión en Puerto Rico.
La mejor evidencia de lo anteriormente expresado es
que las disposiciones probatorias que sirvieron de modelo
para la redacción de la regla, como las Reglas Uniforme de
Evidencia y las Reglas de Evidencia de California, sí
tienen una amplia definición de abogado para efectos del
reconocimiento del privilegio. Así, la Regla 502(a)(3) de
las Reglas Uniformes de Evidencia definen al abogado como
18 Véase, Proyecto Reglas de Evidencia, Secretariado de la Conferencia Judicial, pág. 111 (1978). CC-2004-534 12
una persona admitida a ejercer la profesión en cualquier
estado o nación.19 Idéntica definición se encuentra en el
Código de Evidencia del Estado de California.20
Al eliminarse este amplio concepto de nuestro
ordenamiento probatorio, resulta mandatoria la conclusión
de que fue la intención de la Asamblea Legislativa que
únicamente estuvieran cobijadas por el privilegio, aquellas
comunicaciones confidenciales hechas entre el cliente y el
abogado admitido a ejercer la profesión en Puerto Rico. Por
consiguiente, somos del criterio que la Regla 25 de
Evidencia, ante, aplica únicamente cuando se trata de un
abogado admitido por este Tribunal a ejercer la profesión
de abogado en Puerto Rico y no en ningún otro lugar.
Y es que no puede ser de otra forma. Las Reglas de
Evidencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico son de
aplicación en Puerto Rico. Por esa razón las mismas se
interpretan y se aplican dentro de los linderos
territoriales de la Isla de Puerto Rico. Por ello, cuando
la Regla 25 define al abogado como aquella persona admitida
a ejercer la profesión, así sin decir más, necesariamente
se refiere al abogado admitido a ejercer la profesión en
Puerto Rico.
Ello es lo que claramente se desprende de una lectura
de la referida disposición estatutaria. Si la Asamblea
19 A “lawyer” is a person authorized, or reasonably believed by the client to be authorized, to engage in the practice of law in any state or nation. 20 Véase, Cal.Evid.Code §950. CC-2004-534 13
Legislativa hubiere querido extenderlo a abogados admitidos
en otras jurisdicciones, así lo hubiese plasmado
expresamente, tal y como lo han hecho las otras
jurisdicciones que sí han establecido la norma de extender
el privilegio a abogados admitidos a ejercer la profesión
en cualquier estado o nación.21 Tampoco podemos perder de
vista, que por imperativo de las propias Reglas de
Evidencia, los privilegios deben interpretarse de forma
restrictiva y que debe rechazarse su aplicación en todo
caso que no esté claramente comprendido por las Reglas.
V
Tampoco es correcto el razonamiento contenido en la
Opinión concurrente en cuanto a que “nos parece un
contrasentido proteger las comunicaciones entabladas con
alguien que el cliente creyó razonablemente que era
abogado, pero no lo es, como expresamente dispone la Regla
25, y no proteger las comunicaciones establecidas con quien
sí lo es, aunque esté autorizado a ejercer en una
jurisdicción distinta a la nuestra.”
El supuesto reconocido en la referida Regla 25, ante,
aplica a casos en que el cliente se asesora legalmente con
una persona que creyó razonablemente que era abogado
21 Tomando los estados mencionados en la nota al calce número 3 de la Opinión mayoritaria, son ejemplos de esta norma California, Florida, Hawai, Kansas, Lousiana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, Oregon, South Dakota, Texas, Wisconsin, Alabama, Montana y Oklahoma. CC-2004-534 14
autorizado a ejercer en Puerto Rico, pero que resultó no
serlo. Sobre este particular, explica el profesor Chiesa
que es suficiente con que el cliente tenga base razonable
para creer que está tratando con una persona autorizada a
ejercer la abogacía en Puerto Rico, aunque ese no sea en
realidad el caso. No es suficiente una creencia que no sea
razonable, sin motivos fundados que justifiquen tal
creencia. Op cit. pág. 221.
Este supuesto no aplica a las circunstancias del
presente caso. La Autoridad no contrató con una persona
dentro de nuestra jurisdicción creyendo que era abogado
autorizado a ejercer en nuestra jurisdicción y que
finalmente resultó no serlo. La Autoridad buscó asesoría
legal de un abogado teniendo pleno conocimiento que no
estaba autorizado a ejercer la profesión de abogado en
Puerto Rico. Se trata de una situación de hechos distinta a
la contemplada en la referida Regla. En otras palabras, la
Autoridad sabía específicamente que el Sr. Epstein sólo
estaba admitido a ejercer la profesión en el estado de la
Florida. En vista de ello, somos del criterio que no aplica
al presente caso la situación contemplada en la Regla 25,
ante, en la que, en protección del cliente, se reconoce el
privilegio en situaciones en que el cliente tiene base
razonable para creer que esta tratando con una persona
autorizada a ejercer la profesión legal en Puerto Rico. CC-2004-534 15
En fin, somos de la opinión que las comunicaciones
habidas entre la Autoridad de Carreteras y Transportación y
el Sr. Gary M. Epstein no están protegidas por el
privilegio abogado cliente. La decisión en contrario,
emitida por una mayoría de los integrantes del Tribunal, no
solo es jurídicamente errónea sino que es injusta y nociva
a los mejores intereses del abogado puertorriqueño --el
cual con miles de sacrificios labora afanosamente para
poder ganarse el sustento de su familia-- al privarlo de
ganarse unos honorarios con relación a una asesoría para la
cual está plenamente capacitado a realizar.
Es por ello que disentimos; en consecuencia,
revocaríamos la determinación del Tribunal de Apelaciones y
ordenaríamos al tribunal de instancia que entregue, a
Autopistas de Puerto Rico, el contenido de dichas
conversaciones para ser examinadas.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ Juez Asociado