Andreu Fuentes v. Popular Leasing

2012 TSPR 31

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: February 16, 2012
• Docket: CC-2008-726
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José A. Andréu Fuentes y otros

Recurridos Certiorari

v. 2012 TSPR 31

Popular Leasing, Inc. Y otros 184 DPR ____

Peticionarios

Número del Caso: CC-2008-726

Fecha: 16 de febrero de 2012

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan

Jueza Ponente:

Hon. Emmalind García García

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. David López Pumarejo Lcda. Juliette Donato Bofill Lcda. Nubia Z. Díaz Figueroa

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Harold D. Vicente Lcdo. Pedro J. López Bergollo

Materia: Saneamiento por Vicios Ocultos; Rescinsión de Contrato; Daños y Perjuicios

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

JOSÉ A. ANDRÉU FUENTES Y Certiorari OTROS

RECURRIDOS Núm.: CC-2008-0726

v.

POPULAR LEASING, INC. Y OTROS

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de febrero de 2012.

En el presente recurso tenemos la oportunidad de

aclarar y profundizar sobre una controversia novel que

surge dentro de los parámetros de la institución legal del

contrato de arrendamiento financiero, comúnmente conocido

como leasing. En particular, debemos resolver si en caso

de incumplimiento de un contrato de arrendamiento

financiero, la entrega del bien objeto del contrato debido

a desperfectos mecánicos ─de los cuales el arrendador ha

quedado totalmente relevado, y que además se han

transferido al arrendatario todas las garantías que el

arrendador tuviese con el suplidor respecto al

funcionamiento adecuado del vehículo─ compensa

adecuadamente al arrendador de su riesgo e inversión en CC-2008-0726 2

relación a la responsabilidad del arrendatario por el

incumplimiento o resolución unilateral del contrato.

I

En octubre de 2000, José A. Andréu Fuentes (Sr.

Andréu o el recurrido) decidió adquirir un vehículo para

su uso personal, marca Audi, modelo A6 del año 1998, que

vendía el proveedor de automóviles JP Motors, Inc. (JP

Motors). El Sr. Andréu optó por financiar el vehículo a

través de un arrendamiento financiero abierto otorgado con

Popular Leasing (en ocasiones identificado como Popular

Auto). El 17 de octubre de 2000, Popular Leasing compró

el vehículo seleccionado por el Sr. Andréu de JP Motors en

cuarenta mil dólares ($40,000.00),1 y se lo arrendó el

mismo día al recurrido. De acuerdo con el contrato de

arrendamiento, el Sr. Andréu pagó un pronto de cinco mil

dólares ($5,000.00) a Popular Leasing y se obligó a pagar

una mensualidad de seiscientos noventa y ocho dólares

($698.00) durante sesenta (60) meses, con la opción de

comprar el vehículo por el precio de nueve mil novecientos

dólares ($9,900.00) al cumplirse el término del contrato.

Mediante el lease, Popular Leasing le transfirió al

Sr. Andréu todas las garantías provistas por el vendedor,

advirtiendo que si el vehículo no le era satisfactorio,

debía “presentar[] su reclamación únicamente contra el

1 Según el contrato de arrendamiento, el precio del vehículo se pactó en cuarenta mil dólares ($40,000.00), y los costos de originación sumaban unos cuatrocientos veinticinco dólares ($425.00) adicionales. CC-2008-0726 3

suplidor u otra persona y no contra [Popular Leasing]”.2

Por su parte, el Sr. Andréu se obligó a no cancelar o

revocar el arrendamiento “en momento alguno por razón

alguna” y a pagar todos los cánones de arrendamiento

incondicionalmente “aún si el vehículo le es robado,

dañado o destruido, si tiene defectos, o si … ya no [se]

puede utilizar[]”.3

Asimismo, el recurrido confirió varias garantías a

favor del arrendador. En el anejo al contrato titulado

“Recibo de Entrega y Aceptación y Certificación del

Arrendatario”, el recurrido certificó que la unidad fue

recibida de forma satisfactoria, en buenas condiciones,

que no adolecía de defecto alguno, que estaba operando

satisfactoriamente, y que aceptaba la unidad de forma

irrevocable. Reiteró, además, que no podía cancelar el

contrato por ningún motivo y que aceptaba que el

financiador no respondería por defectos, garantías,

servicio, o fallo de la unidad.

También se suscribieron dos (2) relevos de

responsabilidad como parte de los negocios. Ambos relevos

–uno otorgado por el Sr. Andréu para el beneficio de

Popular Auto, y el segundo suscrito por JP Motors a favor

del arrendador y arrendatario– garantizaban el título del

vehículo y que el mismo estaba libre de toda carga o

gravamen, a la vez que acordaron defender e indemnizar

2 Véase, Cláusulas 7(C), 7(F) del contrato.

3 Véase, Cláusulas 7(A), 7(B) del contrato. CC-2008-0726 4

toda reclamación que surgiera en relación a dichas

garantías.

En febrero de 2002, el Sr. Andréu empezó a confrontar

graves problemas con su vehículo, el cual aún estaba bajo

garantía.4 El sistema electrónico del interior del

vehículo, incluyendo los “power windows”, “power locks”,

“sunroof” y computadora le fallaban al extremo de

convertir el vehículo en inservible. El 5 de febrero de

2002 el Sr. Andréu llevó el vehículo al representante

autorizado y agente de servicios de garantía de Audi en

Puerto Rico, Gómez Hermanos Kennedy, Inc. (Gómez

Hermanos), para ser reparado. Durante esta primera

visita, el vehículo permaneció en Gómez Hermanos hasta el

8 de febrero de 2002, para un total de cuatro (4) días.

Dentro del mismo mes, los problemas se volvieron a

manifestar. El Sr. Andréu regresó a Gómez Hermanos el 26

de febrero de 2002, donde su vehículo se quedó hasta el 8

de marzo de 2002, para un total de once (11) días

adicionales. Debido a que los desperfectos continuaban

presentándose, el recurrido no tuvo otro remedio que

regresar nuevamente a Gómez Hermanos por tercera vez el 18

de abril de 2002. Luego de transcurridos otros diecinueve

(19) días con el vehículo en el taller mecánico, el Sr.

4 Aunque surgen dos (2) fechas diferentes para la expiración de la garantía del vehículo en el expediente, es decir, el 2 de marzo de 2002 y el 15 de agosto de 2002, para propósitos del presente recurso esta inconsistencia es inmaterial, ya que el Sr. Andréu reclamó el arreglo de su vehículo oportunamente bajo cualquiera de los dos (2) supuestos. CC-2008-0726 5

Andréu pasó a recoger el vehículo el 6 de mayo de 2002,

cuando le informaron que todavía no estaba listo.

El 14 de mayo de 2002, mientras el vehículo

permanecía aún en Gómez Hermanos en el cuarto intento de

atender los defectos, el Sr. Andréu envió una carta vía

facsímil a Gómez Hermanos, informando todo lo sucedido

hasta entonces con respecto a su vehículo y concediéndole

una última oportunidad de cinco (5) días para finalizar la

reparación del mismo. Advirtió que de lo contrario,

debían sustituir el vehículo por uno de igual calidad y

precio. El Sr. Andréu nunca recibió una contestación a su

reclamo y el vehículo continuó fuera de servicio y en

manos de Gómez Hermanos hasta el 19 de julio de 2002.

Esta cuarta visita duró setenta y cinco (75) días.

El 26 de junio de 2002, antes de ser notificado que

el vehículo estaba arreglado, el Sr. Andréu cursó cartas

certificadas con acuse de recibo a Gómez Hermanos, JP

Motors y Popular Leasing comunicando sus intenciones en

cuanto al vehículo. Para ese momento, habían transcurrido

un total de ochenta y seis (86) días durante los cuales el

Sr. Andréu, como usuario del vehículo, estuvo privado de

su uso desde su primera visita a Gómez Hermanos. El Sr.

Andréu les informó a Gómez Hermanos y a JP Motors que por

razón de los vicios ocultos del vehículo “resolv[ía] el

contrato de compraventa del vehículo y el de arrendamiento

financiero suscrito con Popular Leasing”. Les reclamó “la

devolución del precio total pagado por el vehículo, los CC-2008-0726 6

gastos incurridos, así como los daños y perjuicios

causados”.5 En la carta dirigida a Gómez Hermanos añadió

que “en relación al vehículo en cuestión en lo sucesivo se

comuniquen con Popular Leasing and Rental, Inc., a quienes

como titulares del vehículo se le ha hecho entrega del

mismo en sus facilidades”.

En su carta a Popular Leasing, el Sr. Andréu repitió

que resolvía el contrato de arrendamiento suscrito con

ellos y que daba el vehículo por entregado en las

facilidades de Gómez Hermanos. Concluyó la carta con el

siguiente mensaje:

Debe quedar meridianamente claro que desde este momento el suscribiente no realizará pago adicional alguno a su compañía por concepto del arrendamiento del vehículo, advirtiéndose que de afectárseme en el futuro el crédito por esta situación constituirá una causa de acción por los daños y perjuicios que ello pueda causarme.

Conforme con lo anterior, Popular Auto recuperó el

vehículo en Gómez Hermanos el 8 de agosto de 2002.6

El 13 de agosto de 2002 Popular Auto le notificó por

escrito al Sr. Andréu que adeudaba un balance de

arrendamiento ascendente a treinta y dos mil novecientos

once dólares con cuarenta y nueve centavos ($32,911.49).

También informó el hecho de que había transcurrido el

término pactado para obtener ofertas de compra o

arrendamiento del vehículo sin éxito alguno. Por lo

5 Ap. 62, 66-67.

6 Notamos que en el expediente surgen varias fechas en que alegadamente ocurrió este evento, incluyendo, además, el 1 y el 2 de agosto de 2002. Ap. 105, 115. CC-2008-0726 7

tanto, se le concedía el término adicional provisto en el

lease para que consiguiera un comprador o pagara lo

adeudado. Ante el silencio del Sr. Andréu, Popular Auto

procedió a vender el vehículo en pública subasta el 26 de

septiembre de 2002 por dieciséis mil quinientos dólares

($16,500.00). El 17 de octubre de 2002, Popular Auto le

notificó al Sr. Andréu de la venta e informó que el

balance de la deuda quedaba en dieciséis mil cuatrocientos

once dólares con cuarenta y nueve centavos ($16,411.49).

El nuevo dueño del Audi confrontó los mismos defectos

que afectaron al Sr. Andréu y consecuentemente lo llevó en

dos (2) ocasiones adicionales a Gómez Hermanos. Después

de más de un (1) mes en el taller, el vehículo finalmente

fue reparado de manera definitiva en noviembre de 2002.

El litigio que ahora nos ocupa comenzó el 1 de julio

de 2002, fecha en que el recurrido presentó su Demanda en

el Tribunal de Primera Instancia (TPI) solicitando la

rescisión del contrato de compraventa y de arrendamiento

financiero del vehículo, incluyendo como demandados a

Popular Leasing, JP Motors y Gómez Hermanos.7 La Demanda

planteó que, por razón de los vicios ocultos del vehículo,

JP Motors y Gómez Hermanos le respondían solidariamente al

Sr. Andréu por el precio pagado por el vehículo, además de

gastos e intereses. Reclamó en la alternativa que le

pagaran esa cantidad directamente a Popular Leasing

7 También nombró a Audi AG y/o Audi North America como parte codemandada, aunque del expediente se desprende que esta parte aparentemente nunca fue emplazada. CC-2008-0726 8

después de compensar a los demandantes sus gastos y

desembolsos. Solicitó, además, que JP Motors y Gómez

Hermanos le compensaran los daños y perjuicios sufridos

por él a consecuencia de los vicios del vehículo,

estimados en una cantidad ascendente a cincuenta mil

dólares ($50,000.00). También solicitó al TPI que

ordenara a Popular Leasing que se abstuviera de cobrarle

los cánones de arrendamiento pendientes y le compensara

por sus daños. Gómez Hermanos y Popular Leasing

contestaron la Demanda, mientras que JP Motors, a pesar de

haber solicitado una prórroga para responder, nunca

sometió una alegación.

Popular Leasing presentó una Reconvención

argumentando que los hechos exponían la violación del

lease por parte del Sr. Andréu al resolver el contrato

unilateralmente y, por lo tanto, el recurrido era

responsable del balance adeudado de dieciséis mil

cuatrocientos once dólares con cuarenta y nueve centavos

($16,411.49). Adujo, además, que Popular Leasing no

respondía por la condición defectuosa del vehículo ya que,

conforme al contrato, era inmune a toda reclamación por

vicios, incumplimiento de garantías y/o daños que

resultaran como consecuencia de estos.8

8 Popular Leasing también sometió una Demanda contra Coparte contra JP Motors y Gómez Hermanos para recuperar el monto de la deuda en la eventualidad que el Sr. Andréu prevaleciera y se decretase la rescisión del contrato de compraventa del vehículo. CC-2008-0726 9

Por no existir hechos controvertidos, el TPI decidió

resolver el caso por la vía sumaria. El Sr. Andréu

argumentó que JP Motors y Gómez Hermanos respondían por el

precio del vehículo, apoyándose en la Ley Complementaria

de Garantías de Vehículos de Motor (Ley Complementaria de

Garantías),9 ahora derogada,10 la cual obligaba a un

vendedor a comprar nuevamente o reemplazar un vehículo de

motor que no se ajustaba a la garantía de estar presentes

los criterios allí establecidos; o, en la alternativa,

conforme la doctrina de saneamiento por vicios ocultos.11

Gómez Hermanos y Popular Auto se opusieron a dicha moción

y solicitaron que en su lugar se emitiera sentencia

sumaria a su favor. Popular Auto, por su parte, adujo que

la reclamación en su contra no procedía porque, aunque un

arrendatario típicamente puede subrogarse en el lugar del

arrendador y reclamar la garantía directamente del

proveedor, esto a base de la Ley para Regular los

Contratos de Arrendamientos de Bienes Muebles (Ley para

Regular los Contratos de Arrendamientos),12 en este caso

era imposible rescindir el contrato de compraventa puesto

que el vehículo para ese entonces estaba en manos de un

tercero, lo que impedía restituir las contraprestaciones.

9 Ley Núm. 300-2000 (10 L.P.R.A. sec. 2066 et seq. (2004)).

10 Ley Núm. 529-2004.

11 Artículos 1373-1375 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3841-3843 (1990).

12 Ley Núm. 76-1994 (10 L.P.R.A. 2401 et seq. (2004, Supl. 2011)), según enmendada. CC-2008-0726 10

El 23 de febrero de 2006 el TPI dictó Sentencia

Sumaria a favor del Sr. Andréu, concediéndole, además,

gastos y honorarios de abogado. El TPI determinó, como

parte de los hechos no controvertidos, que el vendedor-

distribuidor del vehículo lo fue JP Motors; que el mismo

era responsable de honrar las garantías del fabricante;

que Gómez Hermanos era el representante autorizado y

agente de garantía del manufacturero (Audi) en Puerto

Rico, y que el vehículo presentaba vicios.

Concluyó que no procedían las reclamaciones del

recurrido contra ningún demandado bajo la Ley

Complementaria de Garantías, ni bajo la teoría de

saneamiento por vicios ocultos, por éste no tener

legitimación activa, ya que no era el dueño del vehículo,

y por ya no existir el bien para que el vendedor lo

comprara.13 Sin embargo, el TPI encontró que, a base del

relevo de responsabilidad suscrito por JP Motors, éste le

respondía a Popular Auto por el balance adeudado del

arrendamiento en lugar del Sr. Andréu, y también venía

obligado a indemnizar al Sr. Andréu por los ochenta y seis

(86) días que estuvo privado del uso de su vehículo,

además de las costas, gastos y honorarios de abogado.

13 En cuanto a Gómez Hermanos, el TPI especificó, y el Tribunal de Apelaciones luego afirmó, que bajo ambas teorías de ley propuestas por el Sr. Andréu, a esa entidad no le correspondía responsabilidad alguna por el hecho de que el vehículo presentara vicios que no se pudieron curar de manera oportuna. Véase 10 L.P.R.A. sec. 2069(b)(1)(2004). CC-2008-0726 11

Mediante su “Moción de Reconsideración y Segunda

Moción de Sentencia Sumaria”, Popular Auto planteó que la

Sentencia Sumaria no dispuso de la totalidad del caso al

no expresarse sobre su Reconvención y que el remedio

resultaba ser trunco, ya que JP Motors era insolvente y

había cerrado sus operaciones en Puerto Rico.14 Arguyó,

además, que no obstante el relevo de JP Motors, el Sr.

Andréu continuaba directamente obligado a pagar la deuda

entera del lease al financiador conforme el contrato de

arrendamiento.

El TPI acogió dicha reconsideración y modificó su

determinación original. En su Sentencia Sumaria Enmendada

dictada el 10 de mayo de 2007, declaró Ha Lugar la

Reconvención de Popular Auto y ordenó al Sr. Andréu

pagarle a Popular Auto el dinero adeudado en calidad de

arrendamiento financiero del vehículo, más honorarios de

abogado razonables. Por otro lado mantuvo, a base del

relevo de JP Motors, que éste indemnizara al Sr. Andréu

por la deficiencia pendiente del arrendamiento, más los

días que se encontró sin el uso de su vehículo debido a

los vicios.

Inconforme, el Sr. Andréu recurrió al Tribunal de

Apelaciones. Examinados los alegatos de Popular Auto,

Gómez Hermanos y JP Motors, el foro apelativo intermedio

reinstaló la Sentencia Sumaria originalmente emitida por

14 Véase también la pág. 19 del Alegato de JP Motors ante el Tribunal de Apelaciones. CC-2008-0726 12

el TPI. El Tribunal de Apelaciones decretó que el Sr.

Andréu había cumplido con sus obligaciones contractuales.

Entendió, además, que al vender el vehículo en subasta en

lugar de procurar la rescisión de la compraventa del

vehículo del proveedor (JP Motors) conforme la Ley

Complementaria de Garantías, Popular Auto se auto-infligió

sus daños y no podía cobrarle al Sr. Andréu lo que éste

adeudaba como arrendatario.

Popular Leasing acudió ante nos oportunamente,

mediante recurso de certiorari, señalando los siguientes

cuatro (4) errores:

(1) El Tribunal de Apelaciones [erró] al resolver que el hecho de que el apelante entregara voluntariamente la unidad y dejara de hacer los pagos a que se obligó en el contrato, no constituye incumplimiento del contrato de leasing. La sentencia del Tribunal de Apelaciones injustificadamente desechó las obligaciones contractuales entre las partes y no tomó en consideración el relevo otorgado por el apelante relevando al financiador por los defectos que pudiera tener la unidad y obligándose a pagar el financiamiento sin importar que la unidad tuviera defectos.

(2) Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que Popular Auto tenía la obligación de instar una acción para obligar al proveedor[,] manufacturero o distribuidor a relevar al deudor del contrato de financiamiento.

(3) Erró el Tribunal de Apelaciones al aceptar la teoría de que Popular Auto se autoinfligió sus daños especialmente cuando dicha teoría fue traída por primera vez en apelación y nunca fue alegada antes de la apelación.

(4) Erró el Tribunal de Apelaciones al reinstalar la primera sentencia dictada por CC-2008-0726 13

el TPI cuando la misma no dispone de forma alguna de la Reconvención de Popular, por lo que entonces dicha alegación continúa vigente y no se ha dictado un remedio completo. El Tribunal de Apelaciones tampoco tomó en consideración de que el proveedor de la [u]nidad [JP] Motors cerró operaciones y Popular Auto no puede recuperar nada de dicha parte.

Evaluado el recurso, acordamos expedir. Tras

analizar todos los escritos ante nuestra consideración,

así como el derecho aplicable, procedemos a resolver las

controversias presentadas, enfocándonos principalmente en

el segundo error señalado.

II

A. CONTRATO DE LEASING

El contrato de arrendamiento financiero o leasing “es

un negocio jurídico cuyo contenido está formado por varias

declaraciones de voluntad, las cuales producen una

relación jurídica [entre las partes suscribientes] y

establecen los términos que la regulan.” CNA Casualty of

P.R. v. Torres Díaz, 141 D.P.R. 27, 33 (1996). El

arrendamiento financiero se destaca por ser el producto de

una relación tripartita la cual se organiza a través de

dos (2) negocios separados. El arrendador sirve como

intermediario financiero entre el proveedor (vendedor o

suplidor) y el arrendatario (usuario). Meyers Bros. v.

Gelco, 114 D.P.R. 116, 120 (1983). Típicamente, después

de que el arrendatario escoja el bien que quiere usar y

llega a un acuerdo con el arrendador para que se otorgue CC-2008-0726 14

un lease, éste compra el bien del proveedor y se lo

arrenda a aquél por un término fijo irrevocable. Class v.

Vehicle Eqmnt. Leasing Co., 143 D.P.R. 186, 197 (1997).

No obstante esa realidad comercial, el contrato de

arrendamiento financiero consagra las obligaciones y los

derechos entre el arrendador y arrendatario. Véase CNA

Casualty of P.R. v. Torres Díaz, supra, a las págs. 33-34;

Class v. Vehicle Eqmnt. Leasing Co., supra, a la pág. 197.

A través de nuestra jurisprudencia, hemos

identificado la institución del arrendamiento financiero

como una relativamente nueva forma de financiamiento, “un

contrato atípico, sui géneris, producto de la realidad

cambiante del tráfico mercantil”. Class v. Vehicle Eqmnt.

Leasing Co., supra, a la pág. 198 (citando Meyers Bros. v.

Gelco, supra, a la pág. 121). Antes de aprobarse la Ley

para Regular los Contratos de Arrendamientos, el lease se

regía por el principio de la autonomía contractual

consagrado por el Artículo 1207 de nuestro Código Civil,

31 L.P.R.A. sec. 3372 (1990). Class v. Vehicle Eqmnt.

Gelco, supra, a la pág. 123). Es menester notar que uno

de los objetivos de la Ley para Regular los Contratos de

Arrendamientos fue estimular la celebración de estos

contratos para lograr un crecimiento económico, lo cual

denota la importancia e impacto que este tipo de negocio

ha tenido en la sociedad y en el desarrollo mercantil

puertorriqueño. Art. 2 de la Ley Núm. 76-1994, supra. CC-2008-0726 15

Es característica innata del lease que el financiador

retiene el título sobre la unidad arrendada a lo largo del

arrendamiento financiero, mientras que el arrendatario

goza de su posesión y uso, siempre y cuando no incumpla

con las cláusulas del contrato. 10 L.P.R.A. sec. 2408

(2004); CNA Casualty of P.R. v. Torres Díaz, supra, a las

págs. 33-34; Nieves Vélez v. Bansander Leasing Corp., 136

D.P.R. 827, 838 (1994); Meyers Bros. v. Gelco, supra, a la

pág. 121. Es sólo al vencerse el término del contrato que

el usuario tiene una triple opción de comprar el bien por

el valor residual pactado en el lease, realquilarlo

mediante un nuevo contrato, o devolverlo al arrendador.

10 L.P.R.A. sec. 2417 (2004); Meyers Bros. v. Gelco,

supra, a la pág. 121. También cabe señalar que la cuota

de alquiler pactada en el arrendamiento financiero suele

consistir de “tres componentes: la amortización del costo

del equipo, los intereses y demás cargas financieras, y la

utilidad o beneficio” del uso del bien arrendado. Meyers

Bros. v. Gelco, supra, a la pág. 120. “El primer

componente lleva a la fijación, por un período

irrevocable, de una suma que cause generalmente la

amortización total del bien a la conclusión del

compromiso.” Íd. (énfasis suplido).

Claro está, aparte de la información requerida en

todo contrato de arrendamiento bajo la Ley para Regular

los Contratos de Arrendamientos, los términos y las

condiciones del arrendamiento financiero varían de lease CC-2008-0726 16

en lease. 10 L.P.R.A. sec. 2403 (2004). En el caso de

Meyers Bros. v. Gelco, supra, tuvimos la primera

oportunidad de pronunciarnos en torno a este modo

emergente de contratar. Ahí resolvimos que una cláusula

exonerando al arrendador de toda responsabilidad por la

garantía del vehículo es válida, ya que no es contraria al

interés público. Íd. a la pág. 125. Deducimos que ese

tipo de cláusula, la cual traspasa al usuario todo riesgo

excepto la financiación del bien, se fundamenta en que el

negocio básico del arrendador es proveer financiación,

mientras que son funciones subsidiarias las de comprar y

arrendar la unidad. Íd. a la pág. 123.

Expandiendo sobre esa noción, en CNA Casualty of P.R.

v. Torres Díaz, supra, notamos que “[p]or lo general, los

contratos de arrendamiento financiero contienen ciertas

garantías destinadas a proteger al arrendador [o más bien,

su interés económico] de sucesos inadvertidos que puedan

producirse durante la duración del contrato”, tal como,

por ejemplo, requerir al usuario suscribir una póliza de

seguro. Íd. a la pág. 34. Cuando un arrendatario se

compromete a asumir todos los riesgos e indemnizar al

arrendador por los daños o destrucción de la unidad

arrendada, su obligación de pagar la totalidad de los

cánones mensuales establecidos en el contrato no

desaparece, sin importar la condición en que se encuentra

el bien durante la vigencia del arrendamiento. Íd. a la

pág. 35. Por cierto, el arrendamiento financiero está CC-2008-0726 17

diseñado con la finalidad de recuperar la inversión total

del arrendador e “impedir que la pérdida de la unidad

arrendada se convierta en una pérdida financiera para el

arrendador”. Íd. a la pág. 36.

Partiendo de este marco normativo, procedemos al

análisis que nos ocupa.

B. INCUMPLIMIENTO DEL LEASE POR EL ARRENDATARIO

Popular Auto alega que el tribunal apelativo

intermedio erró al resolver que el Sr. Andréu no incumplió

con el contrato de arrendamiento financiero, toda vez que

el recurrido como arrendatario voluntariamente entregó el

vehículo al arrendador antes de que se cumpliera el

término fijo del lease y dejó de hacer los pagos mensuales

a causa de los desperfectos que sufrió el vehículo durante

varios meses.15 Para determinar si se cometió el error

señalado, es necesario examinar las cláusulas del contrato

de arrendamiento otorgado en el caso de autos. Conforme

al lease, Popular Auto acordó comprar el vehículo

seleccionado por el Sr. Andréu para propósitos de

arrendárselo bajo ciertos términos y condiciones impresas

en “letra pequeña”. Las “Condiciones Importantes”

destacadas en la cláusula 7 del contrato, en lo

pertinente, incluyeron lo siguiente:

(A) USTED NO PODR[Á] CANCELAR O REVOCAR ESTE ARRENDAMIENTO EN MOMENTO ALGUNO POR RAZ[Ó]N ALGUNA[.]

15 De acuerdo al expediente, estos hechos no están en controversia. CC-2008-0726 18

(B) USTED EST[Á] INCONDICIONALMENTE OBLIGADO A PAGAR TODOS LOS PAGOS DEL ARRENDAMIENTO Y OTRAS CANTIDADES VENCIDAS POR EL T[É]RMINO COMPLETO NO IMPORTA LO QUE SUCEDA, AUN SI EL VEH[Í]CULO LE ES ROBADO, DAÑADO O DESTRUIDO, SI TIENE DEFECTOS, O SI USTED YA NO PUEDE UTILIZARLO.

(C) LE ESTAMOS ARRENDANDO EL VEH[Í]CULO A USTED “COMO EST[Á]” Y NO LE HEMOS HECHO REPRESENTACI[Ó]N NI GARANT[Í]A, YA SEA EXPRESA O IMPL[Í]CITA (INCLUYENDO CUALQUIER GARANT[Í]A IMPL[Í]CITA DE FUNCIONALIDAD O CONVENIENCIA PARA UN PROP[Ó]SITO EN PARTICULAR), RELACIONADO CON EL VEH[Í]CULO. NOSOTROS REPUDIAMOS TODAS DICHAS GARANT[Í]AS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ESTAS SEAN. NOSOTROS ACORDAMOS EN TRANSFERIR A USTED TODAS LAS GARANT[Í]AS SI ALGUNA, HECHAS POR EL SUPLIDOR A NOSOTROS.

….

(F) SI EL VEH[Í]CULO NO OPERA SEG[Ú]N REPRESENTADO POR EL SUPLIDOR, O SI EL SUPLIDOR O CUALQUIER OTRA PERSONA DEJARE DE PROVEER CUALQUIER SERVICIO, O SI EL VEH[Í]CULO NO ES SATISFACTORIO POR CUALQUIER OTRO MOTIVO, USTED PRESENTAR[Á] SU RECLAMACI[Ó]N [Ú]NICAMENTE CONTRA EL SUPLIDOR U OTRA PERSONA Y NO CONTRA NOSOTROS.

(Énfasis suplido).

El Sr. Andréu firmó, además, un “Recibo de Entrega y

Aceptación”, certificando que el vehículo arrendado

operaba satisfactoriamente, que lo aceptó de forma

irrevocable, y que sus obligaciones eran absolutas e

incondicionales. Finalmente, también se otorgó un “Relevo

de Responsabilidad” a beneficio de Popular Auto,

exonerando al financiador de responsabilidad contra toda

reclamación que surgiera o estuviese relacionada a las

garantías de título perfecto del vehículo. CC-2008-0726 19

Resulta de forma clara y precisa que el Sr. Andréu se

comprometió a pagar las mensualidades del arrendamiento

por el término completo del contrato sin importar la

condición del vehículo, incluyendo específicamente la

eventualidad de que sufriera defectos mecánicos, como

ocurrió en el caso de autos. A la vez, se le extendió al

recurrido el derecho de reclamar las garantías del

vehículo directamente al vendedor, JP Motors.

Aun así, el Sr. Andréu cursó una carta a Popular Auto

el 26 de junio de 2002 anunciando que resolvía el contrato

de arrendamiento por el vehículo sufrir defectos

alegadamente irreparables, por lo cual no pagaría otra

mensualidad, a la vez que dio el vehículo por entregado en

las facilidades de Gómez Hermanos. Pasaron varios meses

sin que el Sr. Andréu remitiera pago alguno, por lo cual

Popular Auto eventualmente tomó posesión del vehículo y lo

vendió en subasta según provisto en el lease.

El Tribunal de Apelaciones erróneamente refrendó las

acciones del recurrido al determinar que éste no tenía

otro remedio que no fuera actuar como lo hizo y afirmar

repetidamente que el Sr. Andréu no incumplió con sus

obligaciones contractuales. Al dejar de pagar las

mensualidades del arrendamiento vencidas con la expresada

intención de liberarse del término aún pendiente bajo el

contrato, el Sr. Andréu efectivamente infringió los

términos y las condiciones del lease al que se obligó

voluntariamente a cumplir. Si bien es cierto que el Sr. CC-2008-0726 20

Andréu llevó el vehículo en cuatro (4) ocasiones a Gómez

Hermanos para que se ajustara a la garantía, esto no le

justificaba a cancelar unilateralmente el contrato de

arrendamiento financiero con el arrendador, Popular Auto.

Véase, por ejemplo, lo dispuesto en el Artículo 1208 del

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3373 (1990) (“La validez y

el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al

arbitrio de uno de los contratantes.”).

Por lo tanto, concluimos que el primer error señalado

por Popular Auto fue cometido.

III

Una vez resuelta la controversia inicial, surge la

interrogante principal que nos ocupa, esto es, qué

consecuencias tiene el que un bien arrendado, estando aún

en garantía, sufre defectos tan graves que motivan al

arrendatario a entregar el bien al financiador

prematuramente e incumplir con los términos del lease.

Bajo estas circunstancias, nos toca resolver si, no

obstante los defectos del bien, el arrendador le puede

reclamar al arrendatario la totalidad de la deuda restante

conforme lo pactado en el lease; o, si al contrario, viene

obligado a instar una acción de rescisión de compraventa

en contra de la entidad responsable de honrar la garantía

del bien arrendado, para así recuperar el monto adeudado.

Contestamos lo primero en la afirmativa. Veamos. CC-2008-0726 21

A. LEY PARA REGULAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS

Comenzamos el análisis acudiendo directamente al

estatuto que rige el contrato ante nos. La Ley para

Regular Contratos de Arrendamientos provee para que un

arrendador financiero recupere completamente su inversión

en un arrendamiento en la eventualidad que el arrendatario

incumpla con el lease y entregue el bien arrendado

voluntariamente al arrendador:

Cuando el arrendatario incumpla con el arrendamiento y el arrendador obtiene la posesión del bien arrendado, sea mediante entrega voluntaria o reposeído por vía judicial, éste podrá recibir ofertas de compra de terceros y notificará de las mismas al arrendatario mediante carta certificada…. Si luego que el arrendador obtuviere la posesión del bien arrendado, éste no lograre obtener ofertas de compra de terceros dentro de un término de quince (15) días, notificará de este hecho al arrendatario y le otorgará un período de quince (15) días para que consiga un comprador o pague lo adeudado….

[S]i existe una deficiencia por la diferencia entre la cantidad a recibirse por la venta y el balance adeudado por el arrendatario, éste pagará dicha diferencia al arrendador.

10 L.P.R.A. sec. 2424 (2004) (énfasis suplido).

Con esta disposición estatutaria, la Legislatura

protegió los intereses de los arrendadores financieros

contra la posibilidad de no recuperar su riesgo e

inversión total en los arrendamientos. De acuerdo a la

ley, un arrendador que advenga en la posesión del bien

arrendado antes de que se cumpla el término del lease

podrá obtener el balance pendiente del arrendamiento

cancelado de una (1) de dos (2) maneras. Tiene la opción CC-2008-0726 22

de vender el bien a un tercero, o, de no ser posible la

venta por falta de ofertas de compra, o si queda una

deficiencia en el balance adeudado después de dicha venta,

el arrendador podrá recuperar la diferencia adeudada

directamente del arrendatario. Notamos que el estatuto no

incluye excepción alguna a este procedimiento de

recuperación financiera, ni siquiera si el incumplimiento

del lease y la entrega del bien fueron ocasionados por los

vicios ocultos del bien mueble.

Previamente resolvimos que la entrega del bien

arrendado en el caso de incumplimiento de un contrato de

arrendamiento financiero no compensa adecuadamente al

arrendador financiero por su riesgo e inversión en el

negocio otorgado. Class v. Vehicle Eqmnt. Leasing Co.,

supra, a la pág. 203. En ese caso, aunque los hechos

precedieron la aprobación de la Ley para Regular Contratos

de Arrendamientos, nos valimos de su historial legislativo

para diferenciar la institución de arrendamiento

financiero de un contrato de venta condicional. Íd. a las

págs. 199-202. En esa ocasión, nos resultó informativo

que el Informe de la Asociación de Bancos de Puerto Rico –

el cual fue acogido e incorporado en el proyecto de ley

que luego se convirtió en la Ley para Regular Contratos de

Arrendamientos – sostuvo que “[l]a entrega del bien previo

a la terminación del contrato o el pago de las sumas

pendientes no cubre los costos y gastos incurridos por el

[a]rrendador”, por lo que un arrendatario debe ser CC-2008-0726 23

responsable por su obligación total según pactada. Íd. a

las págs. 200-202.

Por otro lado, dado que conforme al Artículo 1044 del

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2994 (1990), todo contrato

tiene fuerza de ley entre las partes contratantes, es

necesario también examinar el contrato de arrendamiento

financiero bajo el cual se define la relación jurídica

entre el arrendador y arrendatario para determinar si los

contratantes estipularon qué ocurriría, o quién

respondería, en la eventualidad de que el bien arrendado

sufriera de defectos. Si, como en el caso de autos, el

lease provee que el arrendador está completamente

exonerado de responsabilidad por cualquier garantía del

bien arrendado – cláusula que ya determinamos es válida en

Meyers Bros. v. Gelco, supra –, entonces la presencia de

defectos en el bien arrendado no altera la responsabilidad

a la cual el arrendatario voluntariamente se comprometió

de continuar honrando su obligación de pagar el

arrendamiento hasta su fin. Véase Artículo 1207 del

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3372 (1990). De igual

manera, la presencia de dichos defectos tampoco altera el

derecho del arrendador de cobrar la financiación del bien

en su totalidad, tal como fuera pactado.

B. OBLIGACIÓN DE INSTAR O RESPALDAR LA RESCISIÓN DE LA COMPRAVENTA DEL BIEN ARRENDADO

No obstante lo provisto por la Ley para Regular

Contratos de Arrendamientos y la presencia de un lease que CC-2008-0726 24

releva al arrendador de toda garantía relacionada al bien

arrendado, el Tribunal de Apelaciones concluyó en su

dictamen que el arrendador, Popular Auto, tenía la

obligación de instar o respaldar una reclamación contra el

vendedor del vehículo para rescindir la compraventa de la

unidad al amparo de la Ley Complementaria de Garantías.

No tiene razón.

La Ley Complementaria de Garantías disponía, en lo

pertinente, que si un manufacturero o su agente de

servicio autorizado no podía ajustar un vehículo a la

garantía después de un número razonable de intentos, el

manufacturero, dentro de cuarenta (40) días, tenía que

comprar nuevamente el vehículo y el consumidor tendría un

derecho incondicional para escoger entre un reembolso del

precio de compra menos la compensación razonable por uso,

o reemplazo de vehículo. 10 L.P.R.A. sec.

2069(b)(1)(2004). La definición de consumidor incluía a

un adquiriente o arrendatario de un vehículo de motor

utilizado principalmente para fines personales, familiares

o de la casa. 10 L.P.R.A. sec. 2066(g)(2004). Se

presumía que un número razonable de intentos habían sido

emprendidos para ajustar el vehículo a la garantía si el

vehículo no estuvo disponible por razón de reparación de

uno o más vicios por el agente de servicios autorizado del

manufacturero por un total acumulativo de treinta (30)

días o más. 10 L.P.R.A. sec. 2069(c)(2)(2004). CC-2008-0726 25

Sin embargo, una lectura detenida de la Ley

Complementaria de Garantías revela que nada disponía sobre

una obligación del arrendador de respaldar una acción del

arrendatario contra el manufacturero.

Por otro lado, es menester señalar que la Ley para

Regular Contratos de Arrendamientos también contiene una

sección titulada “Garantías”, la cual dirige cómo debe

presentarse una reclamación relacionada a la garantía del

bien arrendado contra el proveedor. No obstante, tampoco

les impone una obligación a los arrendadores al respecto.

Más bien, la Ley para Regular Contratos de Arrendamientos

le facilita a los arrendatarios el instar una reclamación

de garantía contra los proveedores. Así pues, en lo

pertinente dispone:

.…

El arrendatario tendrá derecho a reclamar del proveedor el cumplimiento de las obligaciones, promesas y garantías, así como también podrá reclamar todos los derechos de saneamiento por vicios ocultos sobre el bien arrendado. Si el arrendatario no reclama los derechos que tiene contra el proveedor, el arrendador podrá reclamarlos…. ….

10 L.P.R.A. sec. 2412 (2004) (énfasis suplido).

Tal como está escrita, la clara letra de la ley no

obliga al arrendador a reclamar el cumplimiento de las

garantías en contra del proveedor. Es únicamente después

de que un arrendatario decide no ejercitar una reclamación

bajo la garantía que el arrendador puede hacerlo. CC-2008-0726 26

Analizadas las Secciones 2412 y 2424 de la Ley para

Regular Contratos de Arrendamientos en conjunto con la Ley

Complementaria de Garantías, no surge que el derecho del

arrendador para recuperar la deuda del arrendatario en el

caso en que el bien arrendado sea defectuoso depende de si

trató de rescindir la compraventa. Por ende, erró el

Tribunal de Apelaciones al resolver que un arrendador

viene obligado a instar o respaldar una acción en contra

del proveedor para hacer cumplir la garantía y, de no ser

posible, rescindir el contrato de compraventa del bien

defectuoso. Más bien, la interpretación clara y correcta

de las leyes aplicables es que un arrendatario puede

reclamar por sí mismo la garantía del bien arrendado del

proveedor, así como el saneamiento por vicios ocultos, sin

que dicha reclamación dependa del arrendador de manera

alguna.

En fin, bajo la Ley Complementaria de Garantías y la

Ley para Regular Contratos de Arrendamientos, un

arrendatario ciertamente goza de protecciones en la

eventualidad de que el bien arrendado sufra de vicios que

lo obligue a optar por la terminación temprana del

arrendamiento. No obstante, las leyes no permiten que el

arrendatario viole sus responsabilidades contractuales con

el arrendador. El arrendador tiene el derecho de

recuperar la deuda remanente de un lease directamente del

arrendatario que incumpla con el contrato de arrendamiento

y entregue el bien arrendado prematuramente debido a sus CC-2008-0726 27

defectos. De igual manera, el financiador no viene

obligado a tomar acciones contra el vendedor para

rescindir la compraventa del bien por los defectos

irreparables. La Ley para Regular Contratos de

Arrendamientos le da la opción al arrendador de decidir

cómo recuperar lo que invirtió en el otorgamiento del

lease, de esta manera guardando armonía con el fin del

lease de no perder el dinero o inversión del arrendador.

IV

Expuesta y discutida la normativa aplicable al caso

de autos, pasamos ahora a resolver conjuntamente las

controversias restantes ante nuestra consideración.

A. OBLIGACIÓN DIRECTA DEL ARRENDATARIO DE PAGAR AL ARRENDADOR

Según notamos anteriormente, el contrato de

arrendamiento financiero del caso de autos colocaba todo

riesgo de pérdida o menoscabo del uso del bien sobre el

Sr. Andréu como arrendatario. A la vez, éste aseguró que

completaría el pago de las sesenta (60) mensualidades

incondicionalmente. Así pues, Popular Auto exitosa y

válidamente contrató para asegurarse de que recuperaría la

totalidad de la financiación del vehículo del Sr. Andréu,

aunque el vehículo tuviera defectos o se entregara de

manera prematura.

Así las cosas, el Sr. Andréu entregó el vehículo a

Popular Auto debido a los defectos mecánicos antes CC-2008-0726 28

mencionados y suspendió el pago de los cánones vencidos

bajo el contrato, incumpliendo así con el lease. Luego,

el Sr. Andréu intentó transferir su obligación directa de

pagar el balance debido bajo el arrendamiento a JP Motors

mediante una Demanda de rescisión de la compraventa del

vehículo basada en la Ley Complementaria de Garantías, o,

en la alternativa, bajo la doctrina de saneamiento por

vicios ocultos.

Sin embargo, el Sr. Andréu carecía de legitimación

activa para invocar la Ley Complementaria de Garantías por

no ostentar el título de arrendatario al momento en que

invocó estos derechos. A tenor con su carta fechada el 26

de junio de 2002 y su curso de acción al entregar el

vehículo y dejar de pagar las mensualidades del lease, el

Sr. Andréu unilateralmente resolvió el arrendamiento

financiero otorgado con Popular Auto. Esto causó que ya

no cualificara bajo la definición de “consumidor” de la

Ley Complementaria de Garantías, y que consecuentemente ya

no gozara de los privilegios o protecciones que la ley

extendía a arrendatarios frente a un proveedor que vendió

un bien que no se ajustara a la garantía. El Sr. Andréu

debió haber continuado pagando el arrendamiento para poder

retener su legitimación activa para rescindir la

compraventa del vehículo y así intentar resolver el lease

bajo este estatuto en particular. Véase Meyers Bros. v.

Gelco, supra, a la pág. 125 (notando que en Francia “la

resci[s]ión del contrato entre el proveedor y la CC-2008-0726 29

financiera provoca el desplome del contrato entre ésta y

el usuario, por defecto de causa, aunque el segundo

contrato no puede rescindirse sin actuar contra el

primero”, pero negando entrar en ese aspecto del

arrendamiento financiero).

Al momento en que el Sr. Andréu entregó el vehículo e

incumplió con el lease, no sólo se desvinculó del vehículo

para efectos de poder reclamar la garantía del vehículo de

JP Motors bajo la Ley Complementaria de Garantías,16 sino

que también se activó la Sección 2424 de la Ley para

Regular Contratos de Arrendamientos, permitiendo al

arrendador, Popular Auto, cobrarle el remanente adeudado

luego de haber vendido el bien. Sin la capacidad de poder

rescindir la compraventa del vehículo mediante la Ley

Complementaria de Garantías, la obligación del Sr. Andréu

de pagar toda la financiación del vehículo a tenor con el

arrendamiento financiero permaneció intacta, sin importar

que el vehículo tuviera defectos. Por las razones

esbozadas anteriormente, Popular Auto no tenía la

obligación de llevar una acción de recisión de la

compraventa del vehículo contra JP Motors para relevar al

16 Debe constar que esta determinación no significa que el Sr. Andréu quedó desprovisto de todo remedio frente al manufacturero o vendedor del vehículo, o que éstos no le responden al Sr. Andréu por los defectos mecánicos del vehículo. El recurrido tiene el derecho a ser resarcido en daños y perjuicios por JP Motors y/o Audi, tal como señaló en su Demanda. Cabe señalar, sin embargo, que como indicáramos anteriormente, en el expediente hay información no corroborada de que JP Motors dejó ya de operar y es insolvente, en cuyo caso el Sr. Andréu podría confrontar problemas prácticos en obtener indemnización de ese proveedor por cualquier daño que hubiera podido sufrir. Véase, también, lo indicado en la nota al calce número 7. CC-2008-0726 30

arrendatario-deudor del contrato y podía reclamar el

balance directamente del Sr. Andréu.

Dado que la entidad financiera sí podía recuperar el

dinero debido de parte de su arrendatario, procedía en

efecto declarar con lugar la Reconvención del peticionario

contra el Sr. Andréu.17

B. AUTOINFLICCIÓN DE DAÑOS

Por consiguiente, en respuesta al tercer error

señalado por Popular Auto, encontramos que el Tribunal de

Apelaciones erró al determinar que éste se autoinfligió

sus daños al vender el vehículo en vez de unirse a la

Demanda de rescisión de la compraventa del vehículo. La

doctrina de autoinflicción de daños surge cuando una parte

promovente se coloca voluntariamente en una posición que

le causa un perjuicio irrazonable. Empresas Ferrer v.

A.R.Pe., 172 D.P.R. 254, 270 (2007) (citando Asoc. Res.

Baldrich, Inc. v. J.P. de P.R., 118 D.P.R. 759, 772

(1987)).

Popular Auto actuó conforme sus derechos estatutarios

y contractuales al vender el vehículo y cobrarle el

balance del arrendamiento al Sr. Andréu. No se colocó en

una posición que le causara perjuicio irrazonable, sino

17 La cuarta controversia planteada por Popular Auto sostiene que la Sentencia del Tribunal de Apelaciones, al adoptar la Sentencia Sumaria original del TPI, no dispone de forma alguna sobre su Reconvención, por lo que dicha alegación continúa vigente y, consiguientemente, el remedio es incompleto. Reconocida la validez jurídica de la Reconvención de Popular Auto contra el Sr. Andréu, dicha controversia se ha tornado académica. Por lo tanto, no es necesario adentrarnos en un análisis jurídico de este señalamiento de error. CC-2008-0726 31

que, por el contrario, sus acciones mitigaron el daño

causado por el Sr. Andréu al abruptamente intentar

rescindir el contrato sin pagar lo adeudado. Popular Auto

desconocía si recuperaría lo adeudado por el recurrido,

quien incumplió con el contrato otorgado. Al vender el

vehículo, al menos se aseguró de recuperar una porción de

dicha deuda de parte de un tercero. Posteriormente,

amparado en la Ley para Regular Contratos de

Arrendamientos, procedió a requerir el pago de la

deficiencia de parte del recurrido.

C. RELEVO DE RESPONSABILIDAD DE JP MOTORS

Según resolvimos anteriormente, el Sr. Andréu, como

arrendatario, tiene la responsabilidad directa de pagar la

deuda a la cual se obligó frente al arrendador, Popular

Auto. Entramos ahora a explicar el por qué el vendedor de

la unidad, JP Motors, no tenía dicha responsabilidad

frente a Popular Auto por concepto del Relevo de

Responsabilidad, tal como resolvió el Tribunal de

Apelaciones. Para ello encontramos necesario discutir el

alcance del Relevo de Responsabilidad de JP Motors, el

cual, en su totalidad, consiste de lo siguiente:

JOS[É] A. ANDRÉU-FUENTES (Arrendatario), por la presente reconoce que Popular Leasing & Rental, Inc., adquirió un 1998 A-6 Audi WAUBA24B4WN138257, conforme a las instrucciones de JOS[É] A. ANDRÉU-FUENTES (Arrendatario). En referencia a esta transacción, JP MOTORS (C) (Distribuidor) por la presente garantiza a ambos Popular Leasing & Rental, Inc. y JOS[É] A. ANDRÉU-FUENTES (Arrendatario) que todos los arbitrios, impuestos o cualquier otra carga que CC-2008-0726 32

pese sobre el vehículo arriba mencionado, han sido pagados y que JP MOTORS (C) (Distribuidor) tiene título perfecto y absoluto sobre dicho vehículo, libre de todo gravamen, cargas o de cualquier otro defecto de título.

JP MOTORS (C) (Distribuidor) por la presente acuerda defender, indemnizar, salvar, proteger y en general relevar a Popular Leasing & Rental, Inc. y JOS[É] A ANDRÉU-FUENTES (Arrendatario), sus cesionarios, agentes y empleados, de toda reclamación, acción, procedimiento, gastos, daños, lesiones, responsabilidades o pérdidas de cualquier tipo o naturaleza, ya sea que estas resulten de la exclusiva negligencia del Arrendador o de otro modo e incluyendo, pero sin limitarse a, honorarios de abogados, costos y gastos de litigio, pagos de transacción y cantidades pagadas para satisfacer sentencias, que surjan de o resulten directa o indirectamente de o estén relacionados con las garantías aquí mencionadas.

El Artículo 1233 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A.

sec. 3471 (1990), instruye que cuando vayamos a

interpretar un contrato, si los términos son claros y no

dejan duda sobre la intención de los contratantes, se

aplicará un sentido literal a sus cláusulas. Ahora bien,

si las palabras utilizadas en el contrato parecen ser

contrarias a la intención evidente de los contratantes,

entonces prevalecerá la intención sobre aquéllas.

C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 D.P.R. 443, 450 (2007)

(“[S]i los términos de un contrato o de una cláusula

contractual… son suficientemente claros como para entender

lo que se pacta, hay que atenerse al sentido literal de

las palabras y, por ende, los tribunales no pueden entrar CC-2008-0726 33

a dirimir sobre lo que las partes alegadamente intentaron

pactar al momento de contratar.”).

En el caso de autos, el Relevo de Responsabilidad

antes citado se expresa de forma clara y precisa, y no

arroja duda alguna sobre la intención que compartieron JP

Motors y el Sr. Andréu al firmarlo. Ninguna parte

argumentó ni presentó prueba demostrando que las palabras

de dicho relevo fueran contrarias a la intención de los

contratantes. Por lo tanto, nos ceñimos al sentido

literal de lo expresado.

Una lectura somera de la cláusula en cuestión nos

lleva inevitablemente a concluir que ésta se limita a

garantizar los aspectos atenientes al título del vehículo.

Es decir, certificar la legitimidad del título, así como

aseverar que no pesaban sobre él ningún tipo de carga o

gravamen. De otra parte, JP Motors se comprometió a

indemnizar al arrendador y al arrendatario únicamente en

la eventualidad de una reclamación suscitada

exclusivamente en relación a esa garantía en particular.

Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones y el TPI

erraron en sus respectivos dictámenes al encontrar que, a

base del relevo arriba indicado, JP Motors le era

responsable a Popular Auto por el balance pendiente del

arrendamiento o que tenía que indemnizar al Sr. Andréu por

dicho balance más los días que éste estuvo privado del uso

de su vehículo debido a los vicios del mismo, habida

cuenta de que este aspecto en particular no estuvo CC-2008-0726 34

contemplado en el Relevo de Responsabilidad en

controversia.

Sin embargo, JP Motors no estaba relevado de toda

responsabilidad hacia el Sr. Andréu por los daños

incurridos por éste a causa de los vicios ocultos del

vehículo, sino que no procedía el resarcimiento deseado de

parte del proveedor del vehículo bajo el Relevo de

Responsabilidad en controversia.

V

A base de lo anterior, se dictará Sentencia revocando

el dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones y

reinstalando la Sentencia Sumaria Enmendada dictada por el

Tribunal de Primera Instancia según aquí modificada. Se

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que

el Sr. Andréu tenga oportunidad de probar sus daños contra

JP Motors, según alegado en la Demanda.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Roberto Feliberti Cintrón Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

Por los fundamentos antes expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia, se revoca el dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones y se reinstala la Sentencia Sumaria Enmendada dictada por el Tribunal de Primera Instancia según modificada.

Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que el Sr. Andréu tenga oportunidad de probar sus daños contra JP Motors, según alegado en la Demanda.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Fiol Matta y la Juez Asociada Rodríguez Rodríguez concurren sin opinión escrita y el Juez Presidente señor Hernández Denton inhibido.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo