Adolfo Krans Bell Y Otros v. Antulio "Kobo" Santarrosa Y Otros

2007 TSPR 219

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: December 12, 2007
• Docket: CC-2007-516 Ref. CC-2007-519
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Adolfo Krans Bell y otros Certiorari Demandantes-recurridos 2007 TSPR 219 v. 172 DPR ____ Antulio “Kobo” Santarrosa y otros Ramos Ortiz

Demandados-peticionarios

Número del Caso: CC-2007-516 Ref. CC-2007-519

Fecha: 12 de diciembre de 2007

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón Panel VII

Juez Ponente:

Hon. Andrés Salas Soler

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Juan R. Marchand Quintero Lcdo. Francisco Ortiz Santini Lcdo. José E. Colón Rodríguez

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Ángel L. Tapia Flores

Materia: Daños por Difamación de Figura Pública

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Adolfo Krans Bell y otros Demandantes-recurridos

Certiorari v.

CC-2007-516 Antulio “Kobo” Santarrosa y otros Ref. CC-2007-519 Demandados-peticionarios

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre de 2007.

A la solicitud de certiorari presentada por el peticionario Antulio “Kobo” Santarrosa, no ha lugar.

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal. Todos los Jueces intervinieron por Regla de Necesidad. El Juez Asociado señor Rivera Pérez disiente con opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Adolfo Krans Bell y/otros

Demandantes Recurridos

v CC-2007-516 Ref. CC-2007-519 Antulio “Kobo” Santarosa y/otros

Demandados Peticionarios

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR RIVERA PÉREZ.

San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre de 2007.

Muy respetuosamente DISENTIMOS de la

decisión de la Mayoría de no expedir el recurso

de epígrafe. No compartimos el criterio de la

Mayoría de no intervenir con lo resuelto por el

foro intermedio apelativo, en cuanto a la

suficiencia de la prueba presentada ante el

Tribunal de Primera Instancia para sostener la

existencia de malicia real en la publicación de

la información alegadamente difamatoria. Debido a

que dicha determinación no es congruente con la

prueba desfilada en el foro primario y tampoco se

ajusta a la pauta vigente sobre el tema,

consideramos pertinente expresarnos por separado

para plasmar nuestro criterio. CC-2007-516 2 Ref. CC-2007-519

El presente recurso pone de manifiesto los esfuerzos

realizados por este Tribunal para definir y conciliar

apropiadamente la doctrina de difamación con las libertades

de prensa y expresión, protegidas constitucionalmente.

Mediante esta Opinión haremos, una vez más, el esfuerzo de

proponer la formulación de un criterio categórico y

uniforme, aplicable a todos los casos de difamación de

figuras públicas. El norte de nuestras decisiones debe ser

la estabilidad en la consecución de la verdad, la seguridad

jurídica, la justicia y la igualdad.

La controversia principal del caso de autos es de

índole evidenciaria, a saber, si desfiló ante el tribunal

sentenciador prueba clara y convincente de la cual

razonablemente se pudiera inferir la existencia de malicia

real en la publicación. Específicamente debemos determinar

si el señor Krans y sus hijos presentaron prueba suficiente

que permitiera al juzgador de hechos concluir que los

peticionarios abrigaban serias dudas sobre la certeza y

veracidad de la información publicada. Veamos los hechos

acaecidos que originan el presente recurso.1

1 Resulta pertinente resaltar que este Tribunal no consolidó los casos CC-2007-516 y CC-2007-519 a pesar de que ambas controversias se originaron de los mismos hechos. CC-2007-516 3 Ref. CC-2007-519

I Para el año 2001, el señor Adolfo Krans Bell,2 en

adelante señor Krans, era el esposo de la entonces

Gobernadora de Puerto Rico, la Honorable Sila María

Calderón, en adelante la Gobernadora. Éste participó

activamente en las campañas electorales de 1996 y 2000, en

las cuales la Gobernadora aspiró a la posición de Alcalde

de San Juan y de Gobernadora de Puerto Rico

respectivamente. El señor Krans se afianzó como figura

pública.3 Según las determinaciones de hechos del Tribunal

de Primera Instancia, luego del juramento y toma de

posesión de su esposa como Gobernadora de Puerto Rico en el

año 2001, la relación matrimonial entre ambos comenzó a

deteriorarse.4

Por su parte, según indican las determinaciones de

hechos del foro primario, el señor Antulio Santarrosa, en

2 El señor Adolfo Krans es dueño de dos corporaciones, una dedicada al mercadeo de seguros y la otra es la propietaria del edificio donde ubican las oficinas de la primera. Ninguna de estas corporaciones compareció como parte demandante en el presente caso. Así lo indican las determinaciones de hechos del foro primario. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice del recurso de Certiorari CC-2007-516, págs. 969-970; Apéndice del recurso de Certiorari CC-2007-519, págs. 29-30. 3 El señor Krans participaba como ponente en el programa radial Fuego Cruzado y, asimismo se ha expresado vigorosamente en diversos foros, a favor de la unicameralidad, ello antes y después del referéndum que a esos efectos se celebró en el verano del 2005. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice del recurso de Certiorari CC-2007-516, pág. 974; Apéndice del recurso de Certiorari CC-2007-519, pág. 34 4 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice del recurso de Certiorari CC-2007-516, pág. 970; Apéndice del recurso de Certiorari CC-2007-519, pág. 30. CC-2007-516 4 Ref. CC-2007-519

adelante señor Santarrosa, es el productor del programa

SuperXclusivo, transmitido por Televicentro de Puerto Rico,

Inc., en adelante Televicentro y en conjunto los

peticionarios. En el mismo, el señor Santarrosa, a través

de su personaje “La Comay”, divulga información sobre

figuras públicas del país.5

Surge de la prueba creída por el foro primario que el

3 de agosto de 2001, antes de que saliera al aire el

programa SuperXclusivo, la Gobernadora le comunicó

telefónicamente al señor Krans su deseo de divorciarse y

le indicó que envió un comunicado de prensa para hacer

pública la noticia de su separación. Luego de advenir en

conocimiento de la intención de la Gobernadora, el señor

Krans se comunicó con sus hijos el señor Kendall, la

señora Karusha y la señora Gretchen, todos de apellido

Krans Negrón, en adelante los hijos, para notificarles su

separación matrimonial.6

Tal y como lo recoge las determinaciones de hechos

del Tribunal de Primera Instancias, avaladas por el foro

apelativo intermedio, ese mismo día, es decir el 3 de

agosto de 2001, el señor Krans y tres (3) de sus hijos se

5 Íd. 6 Cabe resaltar que el hijo mayor del señor Krans, el señor Kenneth Krans Negrón, al momento de los hechos se encontraba de vacaciones en China. No obstante, al referirnos a los hijos del señor Krans, se incluye al mismo. Véase, Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice del recurso de Certiorari CC-2007-516, pág. 971; Apéndice del recurso de Certiorari CC-2007-519, pág. 31. CC-2007-516 5 Ref. CC-2007-519

reunieron en su oficina para observar el programa

SuperXclusivo en el cual el señor Santarrosa, mediante su

personaje “La Comay”, leyó el comunicado de prensa que

emitió la Gobernadora publicando su separación

matrimonial. Es en dicho programa que el señor Santarrosa,

a través de “La Comay”, manifestó que el señor Krans

alegadamente sostenía una relación extramarital con una

mujer a la que le compró un apartamento, joyas y un

vehículo de motor.7 Es importante subrayar que el foro

primario en sus determinaciones de hechos ni en parte

alguna de su dictamen expresó la razón o motivo de por qué

el señor Krans convocó a sus hijos a una reunión para

observar el programa SuperXclusivo, inmediatamente después

de haber advenido en conocimiento de la intención de su

entonces esposa, la Gobernadora de Puerto Rico, de

disolver el vínculo matrimonial entre éstos.

El 6 de agosto de 2001 uno de los hijos del señor

Krans8 le envió una comunicación escrita al señor Joe

Ramos, gerente de Televicentro. Según las determinaciones

de hechos del foro primario, mediante la referida carta

éste le expresó la preocupación de su familia debido a la

falsedad de la información difundida en el programa

SuperXclusivo. A su vez, solicitó a Televicentro, que a

7 Íd. 8 El señor Kendall Krans Negrón. CC-2007-516 6 Ref. CC-2007-519

través del programa SuperXclusivo se retractara de lo

dicho.9

Los peticionarios, según sostienen las

determinaciones de hechos del foro primario, no se

retractaron de las imputaciones realizadas en contra del

señor Krans. Por el contrario, en el programa

SuperXclusivo del día 7 de agosto de 2001 el señor

Santarrosa, a través de su personaje “La Comay”, mostró a

través de la televisión una cinta de video en la cual

alegadamente y según sus expresiones, evidenciaba la

relación extramarital imputada a éste. El contenido de

dicha cinta nunca se presentó en el programa.10

Posteriormente la Gobernadora instó una demanda de

divorcio contra el señor Krans y el 6 de noviembre de 2001

se dictó una Sentencia que decretó roto y disuelto el

matrimonio entre éste y la Gobernadora.

El 2 de agosto de 2002 el señor Krans y sus hijos

presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Bayamón, una demanda contra el señor

Santarrosa y Televicentro.11 Mediante la misma, alegaron,

9 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice del recurso de Certiorari CC-2007-516, pág. 971; Apéndice del recurso de Certiorari CC-2007-519, pág. 31. 10 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice del recurso de Certiorari CC-2007-516, pág. 971-972; Apéndice del recurso de Certiorari CC-2007-519, pág. 31- 32. 11 Demanda, Apéndice del recurso de Certiorari CC-2007-516, págs. 1719-1723. CC-2007-516 7 Ref. CC-2007-519

entre otras cosas, que las expresiones vertidas por el

señor Santarrosa en el programa SuperXclusivo, a través de

su personaje “La Comay”, eran totalmente falsas,

insultantes y con claro y malicioso menosprecio a la

verdad. Adujeron que fueron difundidas con el único

propósito de difamar el honor, la dignidad, el buen nombre

y la reputación, personal y profesional del señor Krans a

sabiendas de que lo expresado carecía de veracidad; y que

Televicentro era responsable solidariamente por los actos

de aquél, toda vez que como operador y dueño del canal no

corroboró la veracidad y confiabilidad de la información

difundida. 12

Finalmente, el señor Krans y sus hijos aseveraron en

la demanda que, a pesar de que se le notificó a los

peticionarios mediante una misiva, la falsedad de la

imputación, el señor Santarrosa no corrigió posteriormente

la misma sino que por el contrario, éste sostuvo en una

segunda transmisión del programa SuperXclusivo que tenía

en su poder un video que alegadamente corroboraba las

mismas. Por lo que solicitaron se le compensara por los

daños morales, sufrimientos y angustias mentales así como

las pérdidas económicas de sus empresas comerciales,

12 Véase además, Demanda Enmendada de 28 de mayo de 2003, Apéndice del recurso de Certiorari CC-2007-516, págs. 1494-1499; Segunda Demanda Enmendada de 3 de mayo de 2004; Apéndice del recurso de Certiorari CC-2007-516, págs. 1434-1438 y Apéndice del recurso de Certiorari CC-2007- 519, págs. 1-5. CC-2007-516 8 Ref. CC-2007-519

sufridas como consecuencia de la difusión de dicha

información.13

Luego de varios incidentes procesales, el Tribunal de

Primera Instancia celebró un juicio.14 Durante el mismo se

presentó como evidencia las videograbaciones de los

programas de SuperXclusivo, en las cuales constaban las

expresiones del señor Santarrosa.15 Con el propósito de

establecer la malicia real en la difusión de la

información se presentó además el testimonio de la señora

Carmen Jovet Esteves, en adelante señora Jovet y mediante

deposición, el del señor Leopoldo Fernández III, en

adelante señor Fernández.16 Éstos declararon, entre otras

13 El señor Krans sostuvo que las actuaciones de los peticionarios afectaron negativamente su relación matrimonial y que contribuyeron a la eventual ruptura de su matrimonio con la Gobernadora. No obstante, el foro primario no avaló dicho argumento. Según las determinaciones de hechos del foro primario, la propia Gobernadora le indicó al señor Krans que lo transmitido por el programa SuperXclusivo no tuvo relación alguna con su decisión de divorciarse. Además, según indican las determinaciones de hechos de dicho foro, la infidelidad nunca se planteó en el trámite del mismo. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice del recurso de Certiorari CC-2007-516, pág. 971; Apéndice del recurso de Certiorari CC-2007-519, pág. 31. 14 El juicio se celebró durante los días 5, 8, 9, 19 y 21 de diciembre de 2005. 15 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice del recurso de Certiorari CC-2007-516, pág. 971; Apéndice del recurso de Certiorari CC-2007-519, pág. 31. 16 El señor Fernández se desempeñaba como reportero del programa SuperXclusivo y era quien investigaba y reportaba eventos y noticias de la farándula y otras figuras públicas. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, CC-2007-516 9 Ref. CC-2007-519

cosas, que el video que alegadamente corroboraba la

relación extramarital que el señor Santarrosa imputó al

señor Krans, nunca existió. El foro primario corroboró

dichos testimonios con la videograbación del programa de

la señora Jovet en el cual ésta entrevistó al señor

Fernández sobre el particular.

En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia

dictó una Sentencia mediante la cual declaró con lugar la

demanda. Determinó que los peticionarios publicaron la

información con malicia real, en su modalidad de grave

menosprecio a la verdad, razón por la que impuso

responsabilidad solidaria al señor Santarrosa y a

Televicentro, determinando que los daños y perjuicios

sufridos por el señor Krans y sus hijos ascendían a la

suma de $260,000.17 Resolvió, no obstante, que la evidencia

_____________________________________________________________________ Apéndice del recurso de Certiorari CC-2007-516, pág. 970; Apéndice del recurso de Certiorari CC-2007-519, pág. 30.

Además, es pertinente resaltar que el Tribunal de Primera Instancia declaró al señor Fernández como testigo no disponible. Razón por la cual, mediante estipulación entre todas las partes, se presentó su deposición en evidencia. Véase, Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice del recurso de Certiorari CC-2007-519, pág. 32, esc. 1 y Apéndice del recurso de Certiorari CC- 2007-516, [sin pág.]. 17 Dicha suma se desglosa de la manera siguiente: (1) $180,000 a favor del señor Krans; (2) $20, 000 a favor del señor Kendall Krans Negrón; (3) $20,000 a favor del señor Kenneth Krans Negrón; (4) $20,000 a favor de la señora Karusha Krans Negrón y; (5) $20,000 a favor de la señora Gretchen Krans Negrón. Véase, Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice del recurso de Certiorari CC- 2007-516, pág. 989; Apéndice del recurso de Certiorari CC- 2007-519, pág. 49. CC-2007-516 10 Ref. CC-2007-519

presentada por el señor Krans y sus hijos no fue

suficiente para probar que la información difamatoria

vertida en el programa SuperXclusivo era la causa próxima

de la merma en los negocios de éstos.

Inconformes con el referido dictamen, los

peticionarios acudieron ante el Tribunal de Apelaciones

mediante sendos recursos de Apelación.18 Mediante

Sentencia emitida el 12 de marzo de 2007 el foro apelativo

intermedio confirmó la Sentencia apelada en todos sus

extremos.19

Insatisfechos con dicho dictamen, los peticionarios

acuden ante nos mediante sus respectivos recursos de

Certiorari. En su recurso,20 el señor Santarrosa le imputó

al foro apelativo intermedio la comisión de los errores

siguientes:

ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL CONFIRMAR Y CONCLUIR QUE MEDIÓ MALICIA.

18 Se presentaron ante el Tribunal de Apelaciones tres (3) recursos de Apelación. El KLAN2006004 se presentó el 12 de abril de 2006, por Televicentro. El KLAN200600482 se presentó el 19 de abril de 2006 por el señor Krans y sus hijos y el KLAN200600512 lo presentó el señor Sanatrrosa el 26 de abril de 2006. Los apelantes, desde distintas perspectivas y señalamientos de errores, perseguían la modificación de la Sentencia emitida el 7 de marzo de 2006 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón y modificada el 9 de marzo del mismo año. Razón por la cual el foro apelativo intermedio decidió consolidar los tres (3) recursos. 19 Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice del recurso de Certiorari CC-2007-516, págs. 62-91; Apéndice del recurso de Certiorari CC-2007-519, págs. 622-651. 20 CC-2007-516. CC-2007-516 11 Ref. CC-2007-519

ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL CONFIRMAR UNA COMPENSACIÓN POR ANGUSTIAS MENTALES DE CARÁCTER PUNITIVO.

ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL CONFIRMAR QUE LOS DEMANDADOS PROCEDIERON CON TEMERIDAD.

ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL CONFIRMAR QUE LA PARTE DEMANDANTE NO FUE TEMERARIA.

Por su parte, Televicentro en su recurso de

Certiorari21 le imputó al foro apelativo intermedio la

comisión de los errores siguientes:

ERRARON LOS TRIBUNALES DE INSTANCIA Y APELACIONES, REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN, AL DESENTENDERSE DEL ESTADO DE DERECHO APLICABLE, EN BENEFICIO DE NOCIONES AJENAS A LA NORMATIVA DE EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS EMOCIONALES QUE ESTABLECE TANTO LA JURISPRUDENCIA DE ESTE TRIBUNAL COMO EL TRIBUNAL SUPREMO DE LOS ESTADOS UNIDOS.

ERRARON LOS TRIBUNALES DE INSTANCIA Y APELACIONES, REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN, AL IGNORAR ABIERTAMENTE EL ESTADO DE DERECHO VIGENTE EN TORNO A LA IMPOSICIÓN DEL PAGO DE HONORARIOS DE ABOGADO EN UNA SITUACIÓN EN QUE NO MEDIÓ TEMERIDAD DE PARTE DE TELEVICENTRO.

II

La libertad de prensa es un derecho fundamental

consagrado en el Artículo II, Sección 4 de la Constitución

de Puerto Rico. La referida cláusula constitucional

garantiza que no se aprobará ley alguna que restrinja la

libertad de palabra o de prensa y la reparación de

agravios por violación a los mismos.22 Esta disposición

constitucional tiene su contraparte y modelo en la Primera

21 CC-2007-519. 22 Art. II, Sec. 4 Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 269. CC-2007-516 12 Ref. CC-2007-519

Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.23 Su

propósito es el pluralismo económico y social dentro de un

sistema liberal cimentado en la diseminación de ideas y el

derecho del pueblo a estar debidamente informado. Por

tanto, la libertad de prensa es condición necesaria para

la libertad de expresión. En el desarrollo de una sociedad

democrática ambas caminan juntas de la mano.24 Sin

conocimiento de hechos no se puede juzgar.25

La libertad de prensa tiene por finalidad servir como

sustituto de la presencia directa del pueblo, por ser su

derecho el estar debidamente informado de lo que acontece

en su gobierno y en la gestión de los funcionarios

públicos.26 Además, permite fomentar el debate vigoroso,

23 La Primera Enmienda de la Constitución Federal dispone los siguiente:

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances. 24 Oliveras v. Paniagua Diez, 115 D.P.R. 257, 268 (1984). 25 P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643, 681 (1995); Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., 117 D.P.R. 153, 159 (1986); Soto v. Srio de Jusiticia, 112 D.P.R. 477, 485 (1982). 26 Zequeira Blanco v. El Mundo, Inc., 106 D.P.R. 432, 436 (1977). Véase además, Bose Corp. v. Consumers Union of United States, Inc., 466 U.S. 485, 503-504 (1984) (“[T]he freedom to speak one's mind is not only an aspect of individual liberty -- and thus a good unto itself -- but also is essential to the common quest for truth and the vitality of society as a whole.”). CC-2007-516 13 Ref. CC-2007-519

precisamente en pro de ese derecho del individuo a estar

informado.27 Esto es imprescindible para la vivencia de

nuestra democracia participativa.28

Consecuentemente, es ineludible que esta garantía

constitucional cobije tanto la manifestación veraz como la

incorrecta,29 el ataque vehemente cáustico (hostil) y

muchas veces desagradablemente punzante al gobierno, sus

funcionarios y otras figuras públicas.30 Las garantías

conferidas por la libertad de prensa deben aplicarse no

solamente a aquellos que se pueden clasificar por los

tribunales como “prensa”, sino a quienquiera y a cualquier

medio que regularmente asuma la misión de prensa.31 Es

dentro de este contexto de las publicaciones de prensa que

se manifiesta la difamación.

27 Clavell v. El Vocero de P.R., 115 D.P.R. 685, 691 (1984); Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 D.P.R. 415, 420 (1977). 28 Véase, Cabrero v. Zayas, 2006 T.S.P.R. 77, 2006 J.T.S. 86, 167 D.P.R. ___. (Opinión Disidente del Juez Asociado Señor Rivera Pérez). 29 Zequeira Blanco v. El Mundo, Inc., supra, pág. 436. Véase, St. Amant v. Thompson, 390 U.S. 727, 732 (1968)(“... to insure the ascertainment and publication of the truth about public affairs, it is essential that the First Amendment protect some erroneous publications as well as true ones. We adhere to this view and to the line which our cases have drawn between false communications which are protected and those which are not.”). 30 Zequeira Blanco v. El Mundo, Inc., supra, pág. 436. Citando a New York Times v. Sullivan, 376 U.S. 254, 270 (1964). 31 Oliveras v. Paniagua Diez, supra, pág. 268. Citando a B.J. Chamberlain, C.J. Brown, The First Amendment Reconsidered, New York, Longman, 1982, pág. 110. CC-2007-516 14 Ref. CC-2007-519

III

En la esfera civil la difamación se define como

desacreditar a una persona, publicando información falsa

contra su prestigio, fama y reputación.32 La misma abarca

los conceptos de libelo33 y calumnia34, definidos

estatutariamente por la Ley de Libelo y Calumnia de Puerto

Rico,35 codificada en el Código de Enjuiciamiento Civil,

los cuales crean una causa de acción torticera, probadas

cualquiera de éstos.36 No obstante, hemos resuelto que es

la Constitución de Puerto Rico y la Primera Enmienda de la

32 I. Rivera García, Diccionario de Términos Jurídicos, 3ra ed. Revisada, San Juan, Lexis Publishing, 2000, pág. 74. Véase además, Vélez v. García, 2004 T.S.P.R. 169, 2004 J.T.S. 175, 163 DPR __, en donde definimos la difamación como “desacreditar a una persona publicando cosas contra su reputación”. 33 Se entiende por libelo la difamación maliciosa que públicamente se hace en contra de una persona, por escrito, impreso, signo, retrato, figura, efigie u otro medio mecánico de publicación, tendente a exponer a dicha persona al odio del pueblo o a su desprecio, o a privarle del beneficio de la confianza pública y trato social, o perjudicarle en sus negocios; o de otro modo desacreditarle, menospreciarle o deshonrarle, o cualquiera difamación publicada, como antes se ha dicho, con la intención de denigrar o deprimir la memoria de un muerto y desacreditar o provocar a los parientes y amigos sobrevivientes. 32 L.P.R.A. sec. 3142. 34 Se entiende por calumnia la publicación falsa o ilegal, que no sea un libelo, y que impute a una persona la comisión de un hecho constitutivo de delito, o tienda directamente a perjudicarle con relación a su oficina, profesión, comercio o negocios, o que, como consecuencia natural, le cause daños reales y efectivos. 32 L.P.R.A. sec. 3143. 35 Ley de 19 de febrero de 1902. 32 L.P.R.A. 3141-3149. 36 32 L.P.R.A. sec. 3141 et seq. CC-2007-516 15 Ref. CC-2007-519

Constitución de los Estados Unidos y no la Ley de Libelo y

Calumnia las fuentes principales de la protección contra

injurias. Dicho estatuto sobrevive tan solo en cuanto sea

compatible con las mismas.37

Es preciso señalar que las normas constitucionales

federales imponen las pautas y requisitos de protección

mínimos a seguir. Ello es así, toda vez que Puerto Rico,

como cualquier Estado de la Unión Americana, tiene

facultad para establecer sus propias normas de

responsabilidad por difamación, siempre y cuando no se

imponga responsabilidad absoluta o que las reglas que se

adopten no reduzcan el contenido mínimo de la Primera

Enmienda de la Constitución Federal.38

La publicación de información y la diseminación de

ideas, podría plantear un conflicto entre dos valores de

alta jerarquía. Por un lado, la libertad de expresión que

protege la diseminación de ideas e información,

especialmente si se trata de personas que ocupan una

posición pública. Por el otro, está el derecho que tiene

toda persona, como parte de su intimidad, a la protección

contra ataques abusivos a su honra, su reputación, vida

37 Pérez v. El Vocero de P.R., 149 D.P.R. 427, 441 (1999); Méndez Arocho v. El Vocero de P.R., 130 D.P.R. 867, 876, (1992); Clavell v. El Vocero de P.R., supra, pág. 690; García Cruz v. El Mundo, Inc., 108 D.P.R. 174, 180 (1978); Cortés Portalatín v. Hau Colón, 103 D.P.R. 734, 738 (1975). 38 Íd. CC-2007-516 16 Ref. CC-2007-519

privada y familiar y a la inviolabilidad de la dignidad

del ser humano.39

El ordenamiento jurídico constitucional vigente

protege ambos intereses, razón por la cual los casos de

difamación requieren del juzgador un delicado balance de

intereses.40 El derecho a la libre expresión no es

irrestricto sino que puede condicionarse cuando intereses

públicos apremiantes lo requieran.41 Al condicionarse tal

derecho deben considerarse las alternativas para alcanzar

el objetivo de su limitación.42

Para que prospere una acción civil por libelo o

difamación el promovente debe probar lo siguiente: (1) la

falsedad de la información publicada; (2) los daños reales

39 El Artículo II, Sección 8 de la Constitución de Puerto Rico dispone lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, reputación y a su vida privada o familiar.

Art. II, Sec. 8, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 301. 40 Pérez v. El Vocero de P.R., supra, págs. 441-442. Véase además, D. Biderman y otros, Law and Business of the Entertainment Industries, 4ta ed., Londres, Ed. PRAEGER, 2001, Londres, pág. 195. (“Just as the public figures “right of privacy” must yield to the public interest so too much “right of publicity” bow were such conflicts with the free dissemination of thoughts, idea, newsworthy events, and matters of public interest.”). 41 Pueblo v. Santos Vega, 115 D.P.R. 818, 821 (1984); Aponte Martínez v. Lugo, 100 D.P.R. 282, 290 (1971); Mari Bras v. Casañas, 96 D.P.R. 15, 21 (1968). 42 Pueblo v. Santos Vega, supra. Citando a Rodríguez v. Srio. de Instrucción, 109 D.P.R. 251, 256 (1979). CC-2007-516 17 Ref. CC-2007-519

sufridos a causa de dicha publicación; (3) la relación

causal entre el acto negligente y los daños; (4) si el

demandante es figura privada, hay que demostrar que las

expresiones fueron hechas en forma negligente; y (5) si el

demandante es figura pública, tiene que probar que la

información fue publicada con malicia real, es decir a

sabiendas de su falsedad o con grave menosprecio de si era

falso o no.43

En nuestra jurisdicción rige la doctrina sentada por

el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en New York

Times Co. v. Sullivan,44 a los efectos de que no es

difamatoria la publicación de un informe falso o de

comentarios injustificados concernientes a la conducta de

una figura pública, a menos que la información fuera

publicada maliciosamente, esto es, a sabiendas de que era

falsa o con grave menosprecio a la verdad.45

Esta doctrina, así como el concepto de libertad de

prensa garantizado por la Sección 4 de nuestra Carta de

43 Garib Bazain v. Clavell, 135 D.P.R. 475, 482 (1994); Méndez Arocho v. El Vocero de P.R., supra, págs. 877-878; Villanueva v. Hernández Class, supra, págs. 642-643; Maldonado y Negrón v. Marrero y Blanco, 121 D.P.R. 705, 715 (1988); Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121 D.P.R. 37, 61-62 (1988); González Martínez v. López, 118 D.P.R. 190, 192-193 (1987); Soc. de Gananciales v. López, 116 D.P.R. 112, 115 (1985); Oliveras v. Paniagua Diez, supra, pág. 262; García Cruz v. El Mundo, Inc., supra, pág. 178; Torres Silva v. El Mundo, Inc., supra, pág. 421; Zequeira Blanco v. El Mundo, Inc., supra, pág. 435. 44 376 U.S. 254 (1964). 45 Soc. De Gananciales v. López, supra, pág. 115. Véase además, García Cruz v. El Mundo, Inc., supra, pág. 178. CC-2007-516 18 Ref. CC-2007-519

Derechos y por la Primera Enmienda de la Constitución de

los Estados Unidos, impusieron requisitos más rigurosos,

que los establecidos en las disposiciones de la Ley de

Libelo y Calumnia, en cuanto a la evidencia necesaria para

probar la existencia de malicia real en la publicación.46

Consecuentemente, cuando el promovente de una acción civil

por difamación, ya sea por libelo (diseminación de

información falsa por escrito) o calumnia (diseminación de

información falsa oralmente) es una figura pública, éste

tendrá que probar específicamente que quien publicó la

información falsa actúo maliciosa e intencionalmente.47

Tienen que alegarse y probarse hechos específicos. No es

suficiente afirmar meramente que la publicación fue

maliciosa.48

Es harto conocido que el concepto grave menosprecio a

la verdad no puede encasillarse en una definición rígida,

infalible e inflexible. No obstante, ello no significa que

este Tribunal, como máximo intérprete de la ley y la

Constitución, debe abstenerse de delimitar los contornos

del mismo.49 Podemos y debemos establecer unos criterios

46 García Cruz v. El Mundo, Inc., supra, pág. 180; Torres Silva v. El Mundo, Inc., supra, pág. 423. 47 La figura pública, como cualquier otro promovente, tiene la carga inicial de la prueba para apoyar las defensas alegadas. Véase, Pérez v. El Vocero, supra, pág. 446. 48 Clavell v. El Vocero de P.R., supra, pág. 696; García Cruz v. El Mundo, Inc., supra, pág. 180. 49 St. Amant v. Thompson, supra, 730–31. (“The Court noted that although reckless disregard cannot be fully CC-2007-516 19 Ref. CC-2007-519

uniformes y concretos para que los juzgadores puedan

aplicar de manera indistinta al determinar la existencia o

no de grave menosprecio a la verdad.50 Precisamente ésta es

la ineludible e impostergable labor nuestra, establecer

las pautas mínimas en derecho que guíen a los foros

judiciales en su labor adjudicativa,51 evitando así que

_____________________________________________________________________ encompassed within one infallible definition, and that, invariably, its outer limits would be marked out by a case-by-case adjudication, it was nonetheless true that cases prior to St. Amant had provided sufficient guidance to make it clear that St. Amant's conduct did not constitute recklessness.”). 50 Gertz v. Robert Welch, 418 U.S. 323, 344 (1974). (“[T]his approach would lead to unpredictable results and uncertain expectations, and it could render our duty to supervise the lower courts unmanageable. Because an ad hoc resolution of the competing interests at stake in each particular case is not feasible, we must lay down broad rules of general application. Such rules necessarily treat alike various cases involving differences as well as similarities. Thus it is often true that not all of the considerations which justify adoption of a given rule will obtain in each particular case decided under its authority.”). 51 Véase, Bose Corp. v. Consumers Union, supra, pág. 503. Citando a L. Green, Judge and Jury 286 (1930) (Chapter 10 of this work by Professor Green, 16 Va. L. Rev. 749 (1930)). (“And it must be kept in mind that the judge has another distinct function in dealing with these elements, which though not frequently called into play, is of the utmost importance. It involves the determination of the scope of the general formula, or some one of its elements. It comes into play in the marginal cases. It requires the judge to say what sort of conduct can be considered as condemned under the rules which are employed in such cases. It is the function through which the formulas and rules themselves were evolved, through which their integrity is maintained and their availability determined."). CC-2007-516 20 Ref. CC-2007-519

éstos caractericen desacertadamente la naturaleza y

contenido de la doctrina constitucional aplicable.52

La malicia real, siendo un elemento de intención

subjetivo, nunca se presume. Es imprescindible que el

promovente de la acción pruebe como mínimo, mediante

evidencia clara y convincente que el demandado tenía

serias dudas sobre la certeza de la información53 y que

albergaba un serio grado de conciencia sobre su probable

falsedad.54 La suficiencia de la prueba para establecer la

existencia de malicia real es una cuestión estrictamente

de derecho.55 La prueba de mala voluntad u odio no

52 En nuestra Opinión Disidente en Cabrero v. Zayas, supra, nos habíamos expresado sobre este aspecto al establecer lo siguiente:

Cierto es que no podemos encerrar el grave menosprecio a la verdad al que se refiere la doctrina en una definición inflexible. Por ello, inevitablemente, la determinación de lo que constituye grave menosprecio a la verdad se hará mediante un análisis caso a caso. Ello obedece a una razón sencilla: la determinación de lo que constituye malicia real dependerá de los hechos particulares de cada caso. No obstante, ello no es óbice para que podamos darle contenido a dicho estándar constitucional. 53 Villanueva v. Hernández Class, supra, pág. 643; Soc. De Gananciales v. López, supra, pág. 115; García Cruz v. El Mundo, Inc., supra, págs. 180-181. 54 Soc. De Gananciales v. López, Íd.; García Cruz v. El Mundo, Inc., Íd. 55 Villanueva v. Hernández Class, supra, págs. 644-645. Véase además, Garib Bazain v. Clavell, supra, pág. 485; Oliveras v. Paniagua Diez, supra, pág. 270; García Cruz v. El Mundo, Inc., supra, pág. 183. CC-2007-516 21 Ref. CC-2007-519

satisface de por sí el grado constitucionalmente requerido

de la prueba de malicia real.56

El requisito de la evidencia clara y convincente es

significativamente más oneroso que el standard usual de la

preponderancia de la prueba.57 Estamos ante un requisito

intermedio de prueba que se encuentra entre el de mera

preponderancia de la prueba en casos civiles y el de más

allá de duda razonable en casos criminales.58 El mismo se

estableció con el propósito de evitar y disuadir la

autocensura de los medios de comunicación.59 Dicho en otras

palabras, se trata de evitar que los medios noticiosos,

por temor a ser demandados y finalmente condenados al pago

de cuantiosas sumas, puedan verse coartados en su derecho

a expresarse libremente.60

El debido proceso de ley impone que para la negación

de un derecho fundamental, como la libertad de prensa, la

56 García Cruz v. El Mundo, Inc., supra, pág. 181. Véase además, Henry v. Collins, 380 U.S. 356 (1965); Rosenblatt v. Baer, 383 U.S. 75 (1966); Eckhardt, Jr. & McKey, Caldero v. Tribune Publishing Co.: Substantive and Remedial Aspects of First Amendment Protection for a Reporter's Confidential Sources, 14 Idaho L. Rev. 21 (1977). 57 Tavoulareas v. Piro, 817 F.2d. 762, 776 (D.C. Cir. 1987). 58 P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 DPR 199, 224 (1981). 59 Gertz v. Robert Welch, Inc., supra, pág. 342. (“…administers an extremely powerful antidote to the inducement to media self-censorship of the common-law rule of strict liability”.). 60 Méndez Arocho v. El Vocero de P.R., supra, pág. 880. CC-2007-516 22 Ref. CC-2007-519

libertad de expresión y la dignidad humana, el valor y

suficiencia de la prueba deben medirse con criterios más

rigurosos que el de preponderancia de la prueba.61 Por tal

razón, en acciones de difamación de figuras públicas es un

tanto difícil probar clara y convincentemente que la

diseminación de información denigrante se publicó con

serias dudas sobre su veracidad o grave menosprecio a la

verdad.62

En fin, en controversias sobre difamación de figuras

públicas, como en el caso de autos, la interrogante a

dirimir por el juzgador de hechos es la siguiente:

¿presentó el demandante o promovente evidencia

suficientemente clara y convincente para sustentar que el

demandado actuó con malicia real en la publicación? Para

ello, el demandante o promovente puede hacer uso de

evidencia directa o de evidencia indirecta o

circunstancial.

IV

La Regla 10(H) de las de Evidencia de Puerto Rico63

dispone que todos los casos pueden probarse mediante

61 P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones, supra, pág. 223. 62 MacFarlane v. Sheridian Square Press, 91 F.3d 1501, 1515 (D.C. Cir. 1996). Citando a St. Amant v. Thompson, supra, pág. 731. (“Few public figures have been able clearly and convincingly to prove that the scurrilous things said about them were published by someone with ‘serious doubts as to the truth of the publication’.”). 63 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 10(H). CC-2007-516 23 Ref. CC-2007-519

evidencia directa o indirecta o circunstancial.64 Estos dos

medios de prueba son esencialmente iguales y ambos se

evalúan con el mismo criterio.65 Hemos resuelto que la

evidencia indirecta o circunstancial es intrínsecamente

igual que la evidencia directa,66 razón por la cual todos

los hechos de un litigio pueden probarse mediante

evidencia indirecta o circunstancial, aún en los casos

criminales.67

La evidencia directa es aquella que prueba el hecho

en controversia sin que medie inferencia o presunción, y

que de ser cierta, demuestra el hecho de modo

concluyente.68 Por su parte la evidencia indirecta o

circunstancial es aquella que presenta una base de hechos

64 El inciso (H) de la Regla 10 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico dispone lo siguiente:

Cualquier hecho en controversia es susceptible de ser demostrado mediante evidencia directa o mediante evidencia indirecta o circunstancial. Se entiende por evidencia directa aquella que prueba el hecho en controversia sin que medie inferencia o presunción alguna, y que de ser cierta demuestra el hecho de modo concluyente. Se entiende por evidencia indirecta o circunstancial aquella que tiende a demostrar el hecho en controversia probando otro distinto, del cual -en unión a otros hechos ya establecidos- puede razonablemente inferirse el hecho en controversia.

32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 10(H). 65 Pueblo v. Ortiz Rodríguez, 100 D.P.R. 972, 978 (1972). 66 Pueblo v. Rivera Rivera, 117 D.P.R. 283, 294 (1986); Pueblo v. Salgado Velázquez, 93 D.P.R. 380, 383 (1966). 67 Pueblo v. Picó Vidal, 99 D.P.R. 708 (1971). 68 R. Emanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño, 2nda ed., San Juan, Ed. SITUM, Inc., 2005, pág. 165. CC-2007-516 24 Ref. CC-2007-519

que mediante el uso de inferencias o presunciones, lleva

razonablemente a la conclusión sobre otros hechos.69

El asunto específico bajo nuestra consideración

requiere que examinemos con detenimiento los preceptos

aplicables a la evidencia indirecta o circunstancial. Este

tipo de evidencia opera a base de la inferencia, deducción

y presunción. Una inferencia es la deducción que de los

hechos probados hace en su discernimiento el juez o el

jurado, sin que al efecto medie mandato de la ley.70 Una

presunción es una deducción de un hecho que la ley

autoriza a hacer o requiere que se haga de otro hecho o

grupo de hechos previamente establecidos en la acción.71 Es

la inferencia, deducción que hace en su discernimiento el

juez o el jurado, que surge de una serie de hechos

probados.72

A pesar de que la malicia real puede probarse

mediante evidencia circunstancial,73 no será de aplicación

el standard general de la persona prudente y razonable

69 Íd. 70 Íd. 71 Íd. Citando la Regla 13 de las Reglas de Evidencia vigentes. 72 Pueblo v. Cortés del Castillo, 86 D.P.R. 220 (1962). 73 Harte-Hanks Commc’n, Inc. v. Connaughton, 491 U.S. 657, 667 (1989) (“[A] plaintiff is entitled to prove the defendant’s state of mind through circumstantial evidence ... and it cannot be said that the evidence concerning motive or care never bears any relation to the actual malice inquiry.”). Véase además, Herbert v. Lando, 441 U.S. 153, 160 (1979). CC-2007-516 25 Ref. CC-2007-519

sino que aplicará el de evidencia clara y convincente.74 El

propósito es evitar que el juzgador de los hechos al

evaluar cuestiones subjetivas, como el estado mental de la

persona que publicó la información alegadamente

difamatoria, convierta el proceso en una pesquisa sin fin

sobre la irrazonabilidad del demandado en investigar la

información o en su cumplimiento con los estándares

aceptables de su profesión.75

Por tal razón, el Tribunal Supremo de los Estados

Unidos estableció solamente tres instancias en las cuales

la evidencia circunstancial sobre la intención subjetiva

puede ser lo suficientemente poderosa para proveer prueba

clara y convincente de malicia real. Las instancias son

las siguientes: (1) cuando existe evidencia de que la

historia fue fabricada o es producto de la imaginación de

quien la publicó; (2) cuando existe evidencia de que el

suceso es tan inherentemente improbable que solo una

persona temeraria pudo publicarlo; o (3) cuando existe

74 St. Amant v. Thompson, supra, pág. 731 (“These cases are clear that reckless conduct is not measured by whether a reasonably prudent man would have published, or would have investigated before publishing. There must be sufficient evidence to permit the conclusion that the defendant in fact entertained serious doubts as to the truth of his publication. Publishing with such doubts shows reckless disregard for truth or falsity and demonstrates actual malice.”). 75 Véase además, OAO v. Alfa Bank v. Center for Public Integrity, et. al, 387 F.Supp. 2d. 20, 50 (D.D.C. 2005) (“To prevent the inquiry into the defendant’s subjective state of mind from slipping into an open-ended review of the reasonableness of the defendant’s investigation or his compliance with the professional standards ...”). CC-2007-516 26 Ref. CC-2007-519

evidencia de que la información publicada se basó única y

exclusivamente en una fuente en la cual existían razones

obvias para dudar de su credibilidad.76

Es una norma debidamente asentada en nuestro sistema

de justicia que la discreción judicial permea la

evaluación de la evidencia presentada en los casos y

controversias. Los jueces de instancia son quienes están

en mejor posición de aquilatar la prueba, por ello su

apreciación merece gran respeto y deferencia por parte de

los tribunales apelativos. En ausencia de error

manifiesto, perjuicio, parcialidad o pasión, no se

intervendrá con sus conclusiones de hechos y apreciación

de la prueba.77 Solamente se podrá intervenir con estas

conclusiones cuando la apreciación de la prueba no

76 St. Amant v. Thompson, supra, pág. 732 (“The defendant in a defamation action brought by a public official cannot, however, automatically insure a favorable verdict by testifying that he published with a belief that the statements were true. The finder of fact must determine whether the publication was indeed made in good faith. Professions of good faith will be unlikely to prove persuasive, for example, where a story is fabricated by the defendant, is the product of his imagination, or is based wholly on an unverified anonymous telephone call. Nor will they be likely to prevail when the publisher's allegations are so inherently improbable that only a reckless man would have put them in circulation. Likewise, recklessness may be found where there are obvious reasons to doubt the veracity of the informant or the accuracy of his reports.”). 77 Pueblo v. Miranda Ortiz, 117 D.P.R. 188, 191 (1986). CC-2007-516 27 Ref. CC-2007-519

represente el balance más racional, justiciero y jurídico

de la totalidad de la prueba.78

En Méndez v. Morales79 resolvimos que aunque el

arbitrio del juzgador de los hechos es respetable y merece

deferencia, no es absoluto y una apreciación errónea de la

prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la

función revisora de este Tribunal.80 Por consiguiente,

aunque haya evidencia que sostenga las determinaciones de

hecho del foro primario, si de un análisis de la totalidad

de la evidencia este Tribunal queda convencido de que se

cometió un error, como cuando las conclusiones están en

conflicto con el balance más racional, justiciero, y

jurídico de la totalidad de la evidencia recibida, podrá

revocarlas.81

Según se desprende de los precedentes antes

señalados, la deferencia no es óbice para nuestra

revisión judicial, en un caso como el presente. Es por

ello que al evaluar si la prensa se extralimitó en el

ejercicio de su libertad de expresión e intervino con el

78 R. Emanuelli Jiménez, op cit., pág. 156. Citando a Pueblo v. Rodríguez Román, 128 D.P.R. 121 (1991); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 125 D.P.R. 702 (1990); Zambrana v. Hospital Santo Asilo de Damas, 109 D.P.R. 517 (1980). 79 142 D.P.R. 26 (1996). 80 Íd., pág. 36 (1996); Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8, 14 (1987). 81 Abudo Servera v. A.T.P.R., 105 D.P.R. 728, 731 (1977). Citando a Maryland Casualty Co. v. Quick Const. Corp., 90 D.P.R. 329, 336 (1964). CC-2007-516 28 Ref. CC-2007-519

derecho a la intimidad y dignidad humana, dentro del

contexto de la difamación de figuras públicas, debemos

evaluar si el demandante presentó prueba clara y

convincente para establecer los requisitos

constitucionales de su acción.82 En dichos casos, bajo el

palio de nuestra Constitución y de la Constitución

Federal, estamos obligados a realizar un examen

independiente de toda la evidencia para determinar si el

dictamen apelado constituye o no una intervención indebida

en el ámbito de la libertad de expresión.83

V

Ante el claro mandato constitucional, legislativo y

jurisprudencial antes esbozado, a la luz de toda la prueba

obrante en autos, incluso la trascripción del testimonio

82 Bose Corp. v. Consumers Union, supra, págs. 509-510. Citando a Time, Inc. v. Pape, 401 U.S. 279, 284 (1971) (“[In] cases in which there is a claim of denial of rights under the Federal Constitution, this Court is not bound by the conclusions of lower courts, but will reexamine the evidentiary basis on which those conclusions are founded, noting that in cases involving the area of tension between the First and Fourteenth Amendments on the one hand and state defamation laws on the other, we have frequently had occasion to review the evidence in the record to determine whether it could constitutionally support a judgment for the plaintiff."). (Citas omitidas). 83 Íd., pág. 499. Citando a New York Times Co. v. Sullivan, supra, págs. 284-286; NAACP v. Claiborne Hardware Co., 458 U.S. 886, 933-934 (1982); Greenbelt Cooperative Publishing Assn. v. Bresler, 398 U.S. 6, 11 (1970); St. Amant v. Thompson, supra, págs. 732-733. (“[I]n cases raising First Amendment issues we have repeatedly held that an appellate court has an obligation to make an independent examination of the whole record in order to make sure that the judgment does not constitute a forbidden intrusion on the field of free expression.”). (Citas omitidas). CC-2007-516 29 Ref. CC-2007-519

que se desprende de la deposición del señor Fernández,

concluimos que, tanto las determinaciones del foro

primario como las del foro apelativo intermedio sobre la

existencia de malicia real no están plenamente sostenidas

por la parte demandante, mediante prueba clara y

convincente. A pesar de que el señor Krans y sus hijos

presentaron evidencia sobre los elementos esenciales del

caso, esta prueba no puede dar base a una sentencia a su

favor porque no satisface el criterio particular, como

cuestión de hecho y de derecho, aplicable al caso de

autos.84

La mera inexistencia del video, hecho sobre el cual

se descansó para sostener la existencia de malicia real,

no constituye base suficiente para razonablemente inferir

que la información se divulgó con conocimiento de su

falsedad o con grave menosprecio de si era falsa o no. La

mera ocurrencia de este incidente no necesariamente da

base de por sí, a una inferencia de malicia real.85 Ello a

pesar de que, el elemento de intención puede probarse con

evidencia circunstancial.

84 El profesor Rolando Emanuelli Jiménez, en lo pertiente expresa lo siguiente: “[P]uede ocurrir que una parte cumpla con su obligación de presentar evidencia sobre las controversias esenciales del caso, pero ésta evidencia no puede dar base a una sentencia a su favor porque no satisfizo el criterio particular de persuasión del juzgador que sea aplicable al caso.” Op cit., pág. 150. 85 Véase, Bacó v. Almacén Ramón Rosa Delgado, Inc., 151 D.P.R. 711, 724-725 (2000). CC-2007-516 30 Ref. CC-2007-519

Contrario a lo resuelto por el foro primario y

confirmado por el foro apelativo intermedio, de la

deposición del señor Fernández, admitida como evidencia

por estipulación entre todas las partes, no surge la

existencia de malicia real en ninguna de sus dos

modalidades. En su deposición éste categóricamente

testificó que no tenía base alguna para creer que el señor

Santarrosa conocía de la falsedad de la información o que

albergaba dudas sobre su veracidad.86 Más aún, el señor

Fernández admitió haber mentido cuando aseveró

públicamente, en la entrevista en el programa televisivo

de la señora Carmen Jovet, que el señor Santarrosa conocía

la falsedad de la imputación sobre adulterio lanzada

contra el señor Krans.

Los foros inferiores tampoco reconocieron valor

probatorio alguno al hecho de que el señor Fernández

aceptó que todo lo que había dicho sobre el señor

Santarrosa en las entrevistas que le concedió a la señora

Jovet era falso. Que hizo tales manifestaciones porque se

encontraba molesto por la forma en que se terminó la

relación profesional entre ellos y que, dentro de ese

estado de ánimo donde quiera que le dieran un foro

86 Véase, Deposición del señor Leopoldo Fernández III, Apéndice del recurso de Certiorari CC-2007-516, pág. 1,188. CC-2007-516 31 Ref. CC-2007-519

aprovechaba el mismo para descargarse contra el señor

Santarrosa.87

De las declaraciones ofrecidas por el señor Krans no

podemos razonablemente inferir que los peticionarios

tuviesen serias dudas sobre la certeza de la información

publicada ni que albergaban un grado de conciencia sobre

su probable falsedad. El senor Krans indicó que en la

carta cursada al gerente de Televicentro el 6 de agosto de

2001, se le notificó a los peticionarios que la

información divulgada en el programa SuperXclusivo era

falsa y que además, les solicitó que se retractaran de lo

dicho. Añade que éstos no se retractaron y que por el

contrario al siguiente día el señor Santarrosa, por medio

de su personaje “La Comay”, mostró una cinta de video que

alegadamente corroboraba sus expresiones, pero cuyo

contenido nunca se presentó.

Ninguno de estos señalamientos demuestra que para la

fecha de la segunda transmisión, es decir el 7 de agosto

de 2001, el señor Santarrosa tuviese conocimiento personal

de la falsedad de la información.88 En ausencia de

87 Íd., pág. 1,196. 88 El tratadista Rodney A. Smolla, citando a Bose Corp. v. Consumer Union, supra, expresa en lo pertinente lo siguiente:

[T]he Supreme Court, in reaffirming the principle of independent appellate review of the actual malice determination, again emphasized the subjective nature of the inquiry, noting that the actual malice issue before it “rests entirely on an evaluation of the [author’s] state of mind when he CC-2007-516 32 Ref. CC-2007-519

evidencia adicional que sostuviera las alegaciones de la

carta, es forzoso concluir que la información no se

publicó con grave menosprecio sobre su veracidad.89 Para

que la negación de las imputaciones (alegadamente

difamatorias) pueda sostener una determinación de malicia

real, debe existir evidencia adicional que, en unión a

ésta, permita al juzgador inferir razonablemente que la

información se publicó con grave menosprecio a la verdad.90

_____________________________________________________________________ wrote his initial report, or when he checked the article against that report.” (Corchetes en el original.)

2 Smolla and Nimmer on Freedom of Speech, Sec. 23:3, pág. 23-14 (2006). 89 En Harris v. City of Seattle, 152 Fed. Appx. 565, 33 Media L. Rep. (BNA) 2473 (9no Cir. 2005), el Tribunal de Apelaciones Federal para el Noveno Circuito resolvió que las meras alegaciones de un demandante, a los efectos de que negó la veracidad de la información divulgada, no establecen de por sí que el reportero actuó con grave menosprecio a la verdad. 90 Véase, Smolla and Nimmer on Freedom of Speech, op. cit. Sec. 23:3, págs. 23-16, 23-17 (2006). (“A person who is the subject of a story being investigated will often strongly deny the defamatory charges, either personally or through a lawyer or other representative. Such a denial may or may not impact on the actual malice calculus, depending on the circumstances. If the denial is of a kind that would plausibly induce subjective doubt, then the denial may be a factor that can be used to construct a case for the existence of actual malice, for once a publisher has reasons to doubt the accuracy of a story, the publisher must act reasonably to dispel those doubts prior to publishing. However, a reporter need not believe self-serving denials, as "such denials are so commonplace in the world of polemical charge and countercharge." A denial only serves to buttress a case for actual malice when there is something in the content of the denial or supporting evidence produced in conjunction with the denial that carries a doubt-inducing quality.”). CC-2007-516 33 Ref. CC-2007-519

Cónsono con lo anterior, concluimos que la evidencia

circunstancial en el caso de autos no es lo

suficientemente clara, ni convincente para establecer la

intención subjetiva de los peticionarios al momento de la

publicación.

En primer lugar, no existe evidencia de que los

demandados fabricaron el contenido de la publicación.

En segundo lugar, no existe evidencia de que el

suceso constituye uno tan inherentemente improbable, que

solamente una persona temeraria pudo publicarlo. No

obstante, aclaramos que con ello no pretendemos resolver y

tampoco insinuar que las manifestaciones del señor

Santarrosa tengan visos de certeza o veracidad. Nuestro

escrutinio queda reducido a evaluar sus expresiones sobre

tal requisito o elemento delineado por la norma

jurisprudencial aplicable como para permitir una

inferencia razonable de malicia real.

Finalmente, el hecho de que la información divulgada

por el señor Santarrosa en el programa SuperXclusivo

proviene, en algunas ocasiones, de llamadas telefónicas

del público a través de líneas que se tienen disponibles

para este fin,91 no necesariamente tal situación apunta de

91 El foro primario en su determinación de hechos número cinco (5) estimó probado lo siguiente:

El señor Santarrosa es titeretero. A través de su personaje “La Comay”, divulga información, entre otras cosas, de figuras públicas del país. Normalmente esta información proviene de llamadas CC-2007-516 34 Ref. CC-2007-519

por sí a la presencia de malicia real.92 En el caso de

autos los demandados no basaron totalmente la información

publicada en una llamada telefónica anónima sobre la cual

existieran serias dudas sobre su veracidad.93 De la

trascripción del testimonio de la deposición del señor

Fernández se desprende que el señor Santarrosa tenía

fuentes independientes, las cuales no revelaba, que le

daban información a la mano.94

Por las razones antes discutidas, somos del criterio

que la evidencia presentada no cumple con el quantum de

prueba clara y convincente requerido para los casos de

difamación de figuras públicas.

VI

Ciertamente, esta no es la primera vez que

consideramos la reconciliación o balance de derechos o _____________________________________________________________________ telefónicas del público a través de líneas telefónicas que él tiene disponibles para ese fin.

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice del recurso de Certiorari CC-2007-516, pág. 970; Apéndice del recurso de Certiorari CC-2007-519, pág. 30.

Con esto el foro primario parece sugerir que toda la información publicada en el programa SuperXclusivo carece de confiabilidad y corrección por obtenerse a través de llamadas telefónicas anónimas. 92 Véase, McFarlane v. Sheridian Square Press, supra, pág. 1510; Clyburn v. News World Commc’m, Inc., 705 F. Supp. 635, 641-642 (D.D.C. 1989) (“Defendant’s reliance on the confidential sources, who, in turn, relied on informants, does not indicated actual malice.”). 93 McFarlane v. Sheridian Square Press, supra, pág. 1512. 94 Véase, Deposición del señor Leopoldo Fernández III, Apéndice del recurso de certiorari CC-2007-519, págs. 1171-1172. CC-2007-516 35 Ref. CC-2007-519

intereses en materia de la libertad de expresión. Nuestro

criterio siempre es el resultado de un intenso esfuerzo de

darle vida y sentido y, de aplicar unos preceptos

constitucionales. No estamos, pues, ante una decisión o

una nueva regla que permita justificar solo su

prospectividad. Es un contrasentido que negáramos sus

efectos.

Nuestro historial refleja que la tendencia seguida

por este Tribunal ha sido a favor de la divulgación de

información pública, al punto de impartirle una dimensión

amplia y robusta a la libertad de expresión consagrada en

nuestra Carta de Derechos.95 No obstante, la Mayoría ignora

dicha tendencia en este caso.

El proceso adjudicativo puertorriqueño responde en su

realidad al postulado de igualdad inmerso en la

Constitución de Puerto Rico el cual persigue lograr una

igualdad y paridad entre todos los ciudadanos, incluyendo

la prensa, para la divulgación de ideas en el país.96

No podemos ignorar, con un parco “no ha lugar”, la

trayectoria de este Tribunal y la tendencia seguida a

través de su facultad adjudicativa a favor de la

95 P.P.D. v. Gobernador I, supra, pág. 680. Citando a Noriega v. Gobernador, 130 D.P.R. 919 (1992); Noriega v. Gobernador, 122 D.P.R. 650 (1988); López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219 (1987); Soto v. Srio. de Justicia, supra, pág. 485; Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 D.P.R. 264 (1960) y Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554 (1959). 96 Véase, P.P.D. v. Gobernador II, 136 D.P.R. 916, 923-924 (1994). CC-2007-516 36 Ref. CC-2007-519

divulgación de información cuando de la controversia

traída ante nuestra consideración a todas luces se

desprenden los méritos para la aplicación de la norma

pautada. Ello propicia la inestabilidad, erigiéndose así

un estado de derecho incoherente, huérfano de reglas

uniformes necesarias que guíen la función adjudicativa de

los tribunales y la conducta de los ciudadanos. No podemos

avalar tal práctica.97

97 En Cabrero v. Zayas, supra, la Mayoría de este Tribunal desestimó sumariamente una demanda de libelo que instó un ex-funcionario público en contra del periódico El Nuevo Día por estimar que éste no contaba con prueba para establecer los requisitos constitucionales de su acción. En aquel caso el demandante, el señor Antonio Cabrero Muñíz, quien se desempeñaba al momento de los hechos como Síndico Especial de la Oficina para la Liquidación de las Cuentas de la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda, contaba con evidencia directa que sostenía sus alegaciones que las expresiones del periódico eran falsas y fueron divulgadas con grave menosprecio a la verdad. Demostró además, que ofreció evidencia a la reportera sobre el asunto divulgado por ella públicamente con el propósito de que corrigiese sus expresiones previas.

No obstante, este Tribunal resolvió que el señor Antonio Cabrero Muñíz no aportó evidencia clara y convincente cuya posible credibilidad justificara una determinación de que el periódico El Nuevo Día en su publicación hizo expresiones difamatorias, falsas y con malicia real. En síntesis este Tribunal determinó que la intención de grave menosprecio a la verdad o conocimiento de la verdad no podía razonablemente inferirse de una investigación periodística defectuosa. Aún con el conocimiento por la periodista de la existencia de una evidencia que decidió no examinar y que alegadamente apuntaba en dirección contraria.

En el caso antes reseñado, a diferencia del caso de autos, el demandante contaba con evidencia directa para probar, en la etapa de sentencia sumaria, la existencia de una controversia esencial sobre la presencia de malicia real en la publicación. No obstante, la Mayoría de este Tribunal determinó que la misma era insuficiente para dicho fin. Por el contrario, en el caso de autos, donde la CC-2007-516 37 Ref. CC-2007-519

No es la primera vez que consideramos estos asuntos

Esta preocupación invade nuestra conciencia. En P.N.P. v.

Gobernadora,98 nos expresamos a los efectos de que este

Tribunal, al no pasar juicio sobre casos y controversias

como el presente, claudica su función revisora, deber

ministerial que nos fuera encomendado por la Constitución

de Puerto Rico.99 Nos reiteramos que ello atenta

_____________________________________________________________________ única evidencia con la cual contaban los demandantes, el señor Krans y sus hijos, para probar la existencia de malicia real en la publicación es indirecta o circunstancial, a saber la inexistencia del video, la Mayoría estimó que la misma era suficiente para hacer una inferencia razonable sobre la intención de grave menosprecio a la verdad o conocimiento de la verdad al momento de la publicación. 98 Supra, (Opinión Disidente del Juez Asociado Señor Rivera Pérez). 99 En este punto nos parece pertinente ilustrar el tema con una cita de Bose Corp. v. Consumers Union, supra, págs. 510-511. En dicho caso el Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos, por conducto del Juez Stevens, resolvió lo siguiente:

The requirement of independent appellate review reiterated in New York Times Co. v. Sullivan is a rule of federal constitutional law. It emerged from the exigency of deciding concrete cases; it is law in its purest form under our common-law heritage. It reflects a deeply held conviction that judges --and particularly Members of this Court --must exercise such review in order to preserve the precious liberties established and ordained by the Constitution. The question whether the evidence in the record in a defamation case is of the convincing clarity required to strip the utterance of First Amendment protection is not merely a question for the trier of fact. Judges, as expositors of the Constitution, must independently decide whether the evidence in the record is sufficient to cross the constitutional threshold that bars the entry of any judgment that is not supported by clear and convincing proof of "actual malice." CC-2007-516 38 Ref. CC-2007-519

directamente contra el axioma de igualdad que es

imprescindible para nuestra sociedad, socavando de esa

forma los pilares de nuestro esquema constitucional.

La justicia debe ser inmaculada no sólo en su

realidad interior sino también en su apariencia externa.100

Sobre este particular es de vital importancia la

consistencia en la adjudicación. A pesar de que la

coherencia de nuestras normas no constituye una garantía

absoluta de la corrección de nuestras decisiones, ser

consistentes al adjudicar le imprime estabilidad,

confiabilidad y credibilidad a nuestro sistema de justicia

así como a nuestra democracia constitucional.101

En aras de salvaguardar el derecho a la libertad de

expresión y a la libertad de prensa, debemos siempre

tratar de ser consistentes. De otra forma, existe el

peligro, en un caso como el presente, que se utilice el

poder y discreción judicial para castigar la expresión que

resulta antipática. Es impermisible colocar o tratar de

forma diferente a sectores de la prensa meramente porque

su estilo y editorial se aparte de lo que regularmente los

tribunales han clasificado como prensa tradicional.102

100 P.N.P. v. Gobernadora, supra, (Opinión Disidente del Juez Asociado Señor Rivera Pérez). Citando a In re Rodríguez Torres, 104 D.P.R. 758, 766 (1926). 101 P.N.P. v. Gobernadora, supra, (Opinión Disidente del Juez Asociado Señor Rivera Pérez). 102 Véase, Anderson v. Cryovac, Inc., 805 F.2d. 1, 9 (1er Cir. 1986). (“The danger of favorable treatment of certain members of the media is obvious: it allows the government CC-2007-516 39 Ref. CC-2007-519

Igualmente, en aras de salvaguardar el derecho a la

intimidad y al inviolable principio de la dignidad del ser

humano que tiene toda figura pública, el trato que le

dispensemos a ésta tiene que responder a nociones de

igualdad y equidad.

VIII

Por todos los fundamentos antes expuestos

respetuosamente DISENTIMOS del curso de acción de este

Tribunal. Expediríamos el recurso y revocaríamos las

Sentencias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia y

el Tribunal de Apelaciones.

Efraín E. Rivera Pérez Juez Asociado

_____________________________________________________________________ to influence the type of substantive media coverage that public events will receive. Such a practice is unquestionably at odds with the First Amendment.”); Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Company, 433 U.S. 562, 578 (1977) (“[T]here is no doubt that entertainment, as well as news, enjoys First Amendment protection. It is also true that entertainment itself can be important news.”).