Acevedo Feliciano v. Iglesia Católica Apostólica

2018 TSPR 106

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: June 11, 2018
• Docket: CC-2018-475
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Yalí Acevedo Feliciano, et al.

Peticionarios

v.

Iglesia Católica Apostólica y Romana, et al.

Recurridos

Sonia Arroyo Velázquez, et al.

Peticionarios Certiorari

v. 2018 TSPR 106

Iglesia Católica, Apostólica y 200 DPR ____ Romana, et al.

Recurridos ____________________________

Elsie Alvarado Rivera, et al.

Iglesia Católica, Apostólica y Romana, et al.

Número del Caso: CC-2018-475

Fecha: 11 de junio de 2018

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan, Panel especial

Abogados de la parte peticionaria:

Lcdo. Antonio Bauzá Santos Lcdo. Germán Brau Ramírez CC-2018-0475 2

Abogados de los recurridos:

Iglesia Católica, Apostólica y Romana Arquidiócesis de San Juan Superintendencia de las Escuelas Católicas

Lcdo. José J. Santiago Meléndez Lcdo. José A. Ruiz García Lcdo. Pedro Busó García

Fideicomiso Plan de Pensión para Empleados de Escuelas Católicas

Lcda. Eda Mariel Ayala Morales Lcdo. Jesús R. Rabell Méndez Lcdo. Frank Zorrilla Maldonado

Academia San José

Lcdo. Jesús Jiménez González-Rubio

Academia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Inc.

Lcdo. Carlos Padilla Velez Lcda. Alina Ortiz César

Materia: Derecho constitucional: Cláusulas constitucionales sobre separación de Iglesia y Estado y Libertad de culto. Personalidad jurídica de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en Puerto Rico. Procedencia de un embargo en aseguramiento de sentencia y un interdicto preliminar sin prestar fianza. Alcance del Art. 9.08 de la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Sonia Arroyo Velázquez, et al. CC-2018-0475 Certiorari

El Juez Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ emitió la Opinión del Tribunal

(Regla 50)

San Juan, Puerto Rico, a 11 de junio de 2018. CC-2018-0475 2

Hoy tenemos la obligación de atender la reclamación de

cientos de maestros, empleados y exempleados de varios

colegios y academias católicas (peticionarios), los cuales

han dedicado gran porción de su vida a la enseñanza,

educación y formación de parte de varias generaciones en

Puerto Rico. Para ello, el presente caso exige analizar y

aclarar varios contornos de nuestro ordenamiento jurídico y

atender varias controversias noveles y de alto interés

público. A tales fines, nos corresponde analizar lo

siguiente: (1) si la Iglesia Católica, Apostólica y Romana

en Puerto Rico (Iglesia Católica) ostenta personalidad

jurídica; (2) si las divisiones y componentes de ésta poseen

personalidad jurídica propia y separada; (3) la procedencia

de un embargo en aseguramiento de sentencia y un interdicto

preliminar sin la prestación de fianza; (4) si existe vínculo

contractual alguno que tenga como efecto que los patronos

participantes en un plan de retiros respondan

subsidiariamente por éste, y (5) el alcance del Art. 9.08 de

la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico, infra.

Con eso en mente, procedamos a puntualizar el contexto

fáctico y procesal en el cual se desarrolla la presente

controversia.

I

El 6 de junio de 2016, los peticionarios,

correspondientes a la Academia Perpetuo Socorro, presentaron

su demanda inicial en la que sostuvieron que son CC-2018-0475 3

beneficiarios del Plan de Pensión para Empleados de Escuelas

Católicas (Plan), administrado por el Fideicomiso Plan de

Pensión para Empleados de Escuelas Católicas (Fideicomiso).1

Arguyeron, además, que el Fideicomiso les notificó sobre la

terminación del Plan y la eliminación de sus beneficios de

retiro. Ante eso, argumentaron que poseen derechos

adquiridos sobre el Plan, los cuales no pueden ser

eliminados retroactivamente. Asimismo, éstos solicitaron en

la demanda varios remedios provisionales, a saber, un

embargo en aseguramiento de sentencia y un interdicto

preliminar. Posteriormente, se presentaron demandas

análogas, solicitando los mismos remedios, por empleados de

la Academia San José y la Academia San Ignacio, las cuales

fueron consolidadas por el Tribunal de Primera Instancia.2

Evaluada la solicitud de los peticionarios, el foro

primario denegó los remedios provisionales. Ese dictamen fue

oportunamente recurrido al Tribunal de Apelaciones, el cual,

de igual forma, denegó otorgar los remedios solicitados.

Inconformes, los peticionarios acudieron ante nos. En esa

1ElPlan de Pensión para Empleados de Escuelas Católicas (Plan) que funge como eje central de esta controversia, comenzó a operar en el 1979. La Superintendencia de Escuelas Católicas (Superintendencia), ese mismo año, constituyó el Fideicomiso Plan de Pensión para Empleados de Escuelas Católicas (Fideicomiso) para fines de que éste operara el Plan y agrupar a los cuarenta y dos colegios y academias que participarían del mismo.

2Lasdemandas incluyeron como demandados a la Iglesia Católica, la Arquidiócesis de San Juan, la Superintendencia, la Academia Perpetuo Socorro, la Academia San José, la Academia San Ignacio y el Fideicomiso. CC-2018-0475 4

ocasión, este Tribunal acogió el recurso presentado y

emitimos una Sentencia, revocando al foro apelativo

intermedio. Véase, Acevedo Feliciano, et al. v. Iglesia

Católica, Apostólica y Romana, et al., res. el 18 de julio

de 2017, CC-2016-1053. A esos efectos, dictaminamos que

procedía otorgar el remedio de interdicto preliminar. De

igual modo, concluimos que de los documentos del Plan surgen

varias cláusulas que atienden la responsabilidad de los

patronos participantes para con los beneficiarios del mismo.

Íd. págs. 9-10. Es decir, dispusimos que entre el

Fideicomiso y los patronos participantes existe un vínculo

obligacional subsidiario para con los beneficiarios. Por

medio de esa relación, del Fideicomiso no contar con los

fondos necesarios para cumplir con sus responsabilidades,

serían los patronos participantes los obligados a cumplir.

A raíz de esa conclusión, y al existir controversia sobre

cuáles demandados en el pleito ostentaban personalidad

jurídica, ordenamos al foro primario a celebrar una vista,

a los fines de determinar quién sería responsable de

continuar con los pagos de las pensiones, en virtud del

interdicto preliminar. Es decir, si esa responsabilidad

recaía en “las correspondientes Academias o la Iglesia”.

Acevedo Feliciano, et al. v. Iglesia Católica, Apostólica y

Romana, et al., supra, pág. 12.

Devuelto el caso al Tribunal de Primera Instancia, éste

celebró la vista ordenada. En su correspondiente Resolución,

ese foro determinó que el único demandado con personalidad CC-2018-0475 5

jurídica propia era la Iglesia Católica. Ello, pues ni la

Academia San José ni la Academia San Ignacio habían sido

debidamente incorporados. A su vez, determinó que la

Academia Perpetuo Socorro le fue revocado su certificado de

incorporación el 4 de mayo de 2014. Luego de varios trámites

procesales, el foro primario le concedió a la Iglesia

Católica un término de veinticuatro horas para consignar la

suma de $4.7 millones y le apercibió que, de incumplir con

su Orden, procedería a ordenar el embargo de sus cuentas

bancarias. Inconformes con ese proceder, el mismo día, los

recurridos acudieron ante el Tribunal de Apelaciones vía

certiorari y en Auxilio de Jurisdicción el cual

efectivamente ordenó la paralización de los procedimientos

ante el Tribunal de Primera Instancia.

Así las cosas, luego de ponderados los argumentos de las

partes, el foro apelativo intermedio emitió una Sentencia

en la cual revocó en su totalidad la Resolución emitida por

el foro primario. En primer término, determinó que la

Iglesia Católica es un ente inexistente en Puerto Rico. A

esos efectos, dispuso que los diferentes componentes de las

entidades que constituyen la Iglesia Católica en Puerto Rico

ostentan personalidades jurídicas propias y separadas uno

de los otros. En ese sentido, concluyó, que tanto la Orden

de embargo como la de interdicto preliminar, eran

inoficiosas, toda vez que se dirigen en contra de un ente

inexistente. CC-2018-0475 6

Por otra parte, el Tribunal de Apelaciones determinó que

no procedía trasladar directamente a los patronos

individualmente la obligación de pagar la pensión que

recibían los empleados, puesto que esa era responsabilidad

estrictamente del Fideicomiso.

Asimismo, el foro apelativo intermedio concluyó que la

Orden de embargo y el interdicto preliminar eran

improcedentes, pues los peticionarios no habían prestado la

fianza requerida por las Reglas de Procedimiento Civil.

Por último, sostuvo que la Academia Perpetuo Socorro

poseía personalidad jurídica, ya que logró renovar su

certificado de incorporación en el 2017, a pesar de que el

mismo había sido cancelado el 16 de abril de 2014. De esa

forma, razonó que se le debía reconocer personalidad

jurídica retroactiva a los actos llevados a cabo durante ese

tiempo, dado que actuó dentro del término de tres años

dispuesto en el Art. 9.08 de la Ley General de Corporaciones

de Puerto Rico, 14 LPRA sec. 3708.3.

Por consiguiente, los peticionarios acuden ante nos

señalando como errores las conclusiones de derecho antes

mencionadas. Contando con el beneficio de la comparecencia

de las partes procedemos a disponer del recurso ante nuestra

consideración.3 Veamos.

3Duranteel trámite del presente caso, se presentaron ante la Secretaría de este Tribunal varias solicitudes de intervención o para comparecer como amicus curiae. Los solicitantes fueron las Diócesis de Caguas, Arecibo, Mayagüez, Fajardo-Humacao y Ponce. No obstante, concluimos que los intereses de esas instituciones han estado CC-2018-0475 7

II

A.

Con tal de disponer adecuadamente de la controversia

plasmada ante nos, resulta importante explicar el contexto

jurídico e histórico por el cual se le reconoce personalidad

jurídica a la Iglesia Católica en Puerto Rico. La relación

entre España, la Iglesia Católica y Puerto Rico es una de

carácter sui generis, dadas las particularidades de su

desarrollo y contexto histórico. Sabido es que, para la época

durante la cual Puerto Rico era una colonia española, la

Iglesia Católica formaba, de facto y de jure, parte del

Estado. Por tal razón, la Iglesia Católica estaba sumamente

inmiscuida en las relaciones jurídicas en las que el Estado

se involucraba. Ahora bien, posterior a la Guerra

Hispanoamericana, Puerto Rico fue cedido a los Estados

Unidos, acto que fue concretizado con la firma del Tratado

de París. En ese sentido, y según ha expuesto este Tribunal:

Puerto Rico pasó a formar parte del esquema constitucional de Estados Unidos como resultado de la Guerra Hispanoamericana. Mediante el Tratado de París de 1898, la soberanía de Puerto Rico fue cedida a los Estados Unidos —Art. II, Tratado de París, L.P.R.A., Tomo 1— y se estableció que los derechos de los habitantes de la Isla serían definidos por el Congreso. Íd., Art. IX. De suerte que desde inicios de nuestra relación con Estados Unidos, la manera en la cual la Constitución Federal aplicaría a Puerto Rico fue objeto de

debidamente representados por la parte recurrida. Por tal motivo, declaramos sin lugar las mismas. CC-2018-0475 8

intensos debates. ELA v. Northwestern Selecta, 185 DPR 40, 61 (2012).4

En virtud del referido Tratado, además, se le reconoció

a la Iglesia Católica la personalidad jurídica que ésta

ostentaba previo a la cesión de Puerto Rico a los Estados

Unidos. En otras palabras, el “Tratado de París, mantuvo la

personalidad jurídica de la Iglesia”. J.J. Monge Gómez, La

permisibilidad de lo “impermisible”: La Iglesia sobre el

Estado, 41 Rev. Jur. U. Inter. PR 629, 633–634 (2007). Lo

anterior se desprende del Art. 8 del Tratado el cual reza

como sigue:

Queda por lo tanto declarado que esta renuncia o cesión, según el caso, a que se refiere el párrafo anterior, en nada puede mermar la propiedad, o los derechos que correspondan, con arreglo a las leyes, al poseedor pacífico, de los bienes de todas clases de las provincias, municipios, establecimientos públicos o privados, corporaciones civiles o eclesiásticas, o de cualesquiera otras colectividades que tienen personalidad jurídica para adquirir y poseer bienes en los mencionados territorios renunciados o cedidos, y los de los individuos particulares, cualquiera que sea su nacionalidad. Tratado de Paz entre Estados Unidos de América y el Reino de España (Tratado de París), art. 8, 10 de diciembre de 1898, EE.UU.-España, 30 Stat. 1754 (1898), T.S. 343.

Nótese que no se hace referencia directa a la Iglesia

Católica, sino que se hace alusión a corporaciones

eclesiásticas. Ahora bien, el Tribunal Supremo de los Estados

Unidos estableció que la palabra “eclesiásticas” en el

4Para una actualización de las diversas posturas en ese debate, véase G.A. Gelpí, The Constitutional Evolution of Puerto Rico and other U.S Territories (1898-Present), 1ra ed., Colombia, Ed. Nomos S.A., 2017. CC-2018-0475 9

precitado artículo se refería estrictamente a la Iglesia

Católica, puesto que era la única organización eclesiástica

existente en Puerto Rico al momento de firmar el Tratado de

París. Específicamente, en su análisis, el Tribunal Supremo

federal determinó lo siguiente:

The Roman Catholic Church has been recognized as possessing legal personality by the treaty of Paris, and its property rights solemnly safeguarded. In so doing the treaty has merely followed the recognized rule of international law which would have protected the property of the church in Porto [sic] Rico subsequent to the cession. This juristic personality and the church's ownership of property had been recognized in the most formal way by the concordats between Spain and the papacy, and by the Spanish laws from the beginning of settlements in the Indies. Such recognition has also been accorded the church by all systems of European law from the fourth century of the Christian era. Ponce v. Roman Catholic Apostolic Church, 210 U.S. 296, 323–324 (1908).

A pesar de ello, el foro apelativo intermedio entendió

que cada división de la Iglesia Católica en Puerto Rico

equivale a la creación de una persona jurídica distinta y

separada y no reconoció la personalidad jurídica de la

Iglesia Católica. Ello, a base de una sustitución del estado

de derecho local por el Derecho Canónico, cuyo ámbito en la

controversia ante nos, se limita a regir las relaciones y

los procesos internos de la Iglesia Católica. Véase, Marianne

Perciaccante, The Courts and Canon Law, 6 Cornell J.L. & Pub.

Pol'y 171 (1996).

En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones erradamente

entró a analizar los argumentos de los recurridos respecto a

la cláusula constitucional que establece la separación de CC-2018-0475 10

Iglesia y Estado. Ello pues, según los recurridos, se deben

respetar las determinaciones internas de la Iglesia Católica,

en cuanto a cómo administrar sus instituciones. Ante la

naturaleza contractual de la controversia ante nos, no les

asiste la razón.

Interpretando la referida cláusula constitucional, el

Tribunal Supremo de los Estados Unidos estableció lo

siguiente:

The “establishment of religion” clause of the First Amendment means at least this: Neither a state nor the Federal Government can set up a church. Neither can pass laws which aid one religion, aid all religions, or prefer one religion over another. Neither can force nor influence a person to go to or to remain away from church against his will or force him to profess a belief or disbelief in any religion. No person can be punished for entertaining or professing religious beliefs or disbeliefs, for church attendance or non-attendance. No tax in any amount, large or small, can be levied to support any religious activities or institutions, whatever they may be called, or whatever form they may adopt to teach or practice religion. Neither a state nor the Federal Government can, openly or secretly, participate in the affairs of any religious organizations or groups and vice versa. Everson v. Bd. of Ed. of Ewing Twp., 330 U.S. 1, 15–16 (1947). Véase además, Academia San Jorge v. J.R.T., 110 DPR 193 (1980).

De igual modo, a base de esa misma disposición, el máximo

foro federal ha invalidado actuaciones judiciales estatales

que desembocan en una intromisión indebida de parte de esos

tribunales sobre asuntos de organización o disputas internas

(intrachurch dispute) o “materias de doctrina y fe” de la

iglesia. Véanse, Jones v. Wolf, 443 U.S. 595 (1979); Serbian

E. Orthodox Diocese for U. S. of Am. & Canada v. Milivojevich, CC-2018-0475 11

426 U.S. 696 (1976). Por ello, el Tribunal Supremo federal

ha avalado lo denominado como el “neutral principles of law

approach”. Jones v. Wolf, supra, págs. 602-603. Bajo ese

análisis, los tribunales pueden dirimir ciertas

controversias de la Iglesia, como por ejemplo derecho sobre

propiedad, siempre y cuando la adjudicación no tome en

consideración ni indague materias de doctrina y fe. Íd.,

págs. 602-603. Ello, sin ir en contravención de la cláusula

constitucional sobre separación de Iglesia y Estado. Como

corolario de lo anterior, ese foro ha expresado que “[the

First] Amendment therefore commands civil courts to decide

church property disputes without resolving underlying

controversies over religious doctrine. This principle

applies with equal force to church disputes over church

polity and church administration”. Serbian E. Orthodox

Diocese for U. S. of Am. & Canada v. Milivojevich, supra,

pág. 710.

Adviértase que, en el caso de autos, nos encontramos

ante obligaciones civiles voluntariamente contraídas, no

impuestas por el Estado. En ese sentido, según expuso este

Tribunal en Mercado, Quilichini v. U.C.P.R., 143 DPR 610

(1997):

[D]ebe quedar claro que[,] aunque una de las partes en el litigio de autos es una institución educativa que reclama la no intervención de los tribunales por estar involucradas reclamaciones que podrían conducir a dilucidar asuntos de índole religiosa, podemos y debemos distinguir los distintos planteamientos ante nuestra consideración. Específicamente, en esta parte de la discusión, solamente examinamos el CC-2018-0475 12

planteamiento de incumplimiento contractual. En ese sentido, no existe duda en cuanto a la autoridad que tiene un tribunal civil para intervenir en la interpretación de un contrato “libremente negociado y acordado” entre dos (2) entes privados. Díaz v. Colegio Nuestra Sra. del Pilar, 123 DPR 765 (1989). La intervención del tribunal intenta hacer cumplir la voluntad de las partes y vindicar sus intereses contractuales. En Díaz v. Colegio Nuestra Sra. del Pilar, supra, aclaramos que la participación del Estado a través de los tribunales en disputas contractuales no es penetrante e incisiva en la operación de una institución educativa católica al punto de constituir una carga sustancial al libre ejercicio del culto ni promover el establecimiento de cualquier religión, según proscriben la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y el Art. II, Sec. 3 de la Constitución del Estado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1. Por lo tanto, siempre que la dilucidación de la disputa contractual no requiera pasar juicio sobre materias de doctrina, de fe o de organización eclesiástica interna, los tribunales civiles podrán ejercer jurisdicción. Íd., págs. 626–627.

Conforme a lo pautado, resulta imperativo concluir que este

Tribunal se encuentra en igual posición en el presente caso.

Nótese, en primer lugar, que es claro que en el caso de autos

no se encuentran en controversia “materias de doctrina y fe”

de la Iglesia Católica. Lejos de enfrentarnos a asuntos

puramente internos (intrachurch dispute), ciertamente la

controversia ante nuestra consideración está enmarcada en

asuntos externos de la Iglesia Católica, en su rol como

patrono, frente a los empleados peticionarios, en una disputa

de índole puramente contractual. Y es que cuando los

tribunales nos enfrentamos ante controversias seculares,

como la que nos ocupa, no podemos otorgarles entera

deferencia a las decisiones internas de ésta, por no ser una

controversia de organización interna o materia de doctrina y CC-2018-0475 13

fe. Perciaccante, supra, págs. 171-172 y 178. Máxime, cuando

actuar de esa forma constituiría en sí misma una violación a

la cláusula constitucional que establece la separación de

Iglesia y Estado. Íd., pág. 172; Serbian E. Orthodox Diocese

for U. S. of Am. & Canada v. Milivojevich, supra, págs. 708-

710.

Tampoco hay espacio para imputar una violación a la

garantía de la Primera Enmienda de la Constitución Federal

por la cual toda persona tiene el derecho de ejercer

libremente su religión sin que sea obstaculizado, restringido

o coartado por el gobierno, la cual aplica a los estados en

virtud de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución

Federal. Everson v. Board of Education, supra. Según

explicado, no estamos ante una regulación o interferencia

del Gobierno que pretenda imponer una carga sustancial a

determinada religión. Nos explicamos.

Primero, la controversia civil planteada ante nos versa

sobre acuerdos que la parte recurrida contrajo de forma

voluntaria con los maestros demandantes. Segundo, esos

acuerdos están sustentados en unas normas de Derecho Civil y

Corporativo de aplicación general. Tercero, la parte

recurrida no demostró que esas leyes constituían una carga

sustancial en el ejercicio de su religión. Véase, Holt v.

Hobbs, 135 S.Ct. 853, 857-859 (2015); Burwell v. Hobby Lobby

Stores, Inc., 134 S.Ct. 2751, 2760-2762 (2014). Muy distinto

sería que el Gobierno de Puerto Rico interfiriera con las

normas internas de reclutamiento de ministros o sacerdotes CC-2018-0475 14

de alguna o todas las iglesias, porque como bien dictaminó

el Tribunal Supremo federal, constituiría una interferencia

indebida con las normas internas de las iglesias. Véase,

Hosana-Tabor Evangelical Lutheran Church and School v. EEOC,

565 U.S. 171 (2012). Por el contrario, aquí estamos ante una

controversia puramente contractual regida por el derecho

local, entre partes privadas. Es decir, la personalidad

jurídica que le reconocemos a la Iglesia Católica no incide

sobre la garantía constitucional antes mencionada, pues esa

determinación en nada interfiere sustancialmente con su

organización interna o alguna “materia de doctrina y fe”.

Con nuestro proceder, meramente aclaramos la capacidad

jurídica de la Iglesia Católica en Puerto Rico para con sus

responsabilidades civiles frente a personas externas a ella.

En segundo lugar, la controversia en este caso, y

distinto a como fue apreciada por el Tribunal de Apelaciones,

no requiere que evaluemos o califiquemos como correctas o

incorrectas las determinaciones internas o la “organización

eclesiástica interna” de la Iglesia Católica-

independientemente como opte por hacerla-, sino si la

referida organización es capaz de conceder o negar, por si

sola, personalidad jurídica independiente a una o varias de

las estructuras internas. Veamos.

Contrario a lo concluido por el foro apelativo

intermedio, resulta innegable que cada ente creado que opere

separado y con un cierto grado de autonomía a la Iglesia

Católica es en realidad una fragmentación de un sólo ente CC-2018-0475 15

poseedor de personalidad jurídica. J. Gelpí Barrios,

Personalidad jurídica de la Iglesia en Puerto Rico, 95 Rev.

Esp. Der. Canónico 395, 403 y 410 (1977); A. Colón Rosado,

Relation Between Church and State in Puerto Rico, 46 Rev.

Jur. Col. Ab. 51, 54-57 (1985). En otras palabras, las

entidades creadas como consecuencia de cualquier

configuración interna de la Iglesia Católica no equivalen

automáticamente a la formación de entes con personalidades

jurídicas distintas y separadas en el ámbito del Derecho

Civil. Ello, puesto que más bien son meras fragmentaciones

indivisibles de la personalidad jurídica que posee la Iglesia

Católica.

La contención de que la Iglesia Católica está autorizada

a obviar el Derecho Corporativo local y puede establecer

entes con personalidad jurídica por decreto o bula papal,

desde Roma, es —para todo efecto práctico— el reconocimiento

de una religión oficial o privilegiada en Puerto Rico. Eso

está vedado por la Primera Enmienda de la Constitución de

los Estados Unidos y el Art. II, Sec. 3 de la Constitución

de Puerto Rico. Véanse, Everson v. Board of Education, supra;

Academia San Jorge v. J.R.T., supra.

Ante lo expuesto, resulta incuestionable que la Iglesia

Católica goza y ostenta de personalidad jurídica propia en

Puerto Rico. Por ello, a diferencia de otras instituciones

religiosas, a ésta no le es requerido el llevar a cabo un

acto formal de incorporación con tal de poseer capacidad

jurídica. Como cuestión de hecho, esa realidad se recoge en CC-2018-0475 16

el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado de

Puerto Rico.5 Así, en la medida que las entidades creadas por

la Iglesia Católica funjan como alter egos o entidades doing

business as de ésta, sin someterse independientemente a un

proceso ordinario de incorporación (como en su momento lo

hizo la Academia Perpetuo Socorro) constituirán meras

fragmentaciones indivisibles de la Iglesia Católica, sin

personalidad jurídica propia. Ante ese cuadro, el Tribunal

de Apelaciones erró al suplantar el derecho vigente expuesto

por normas no vinculantes.

B.

Como es sabido, una de las características medulares de

las corporaciones es que las mismas poseen personalidad

jurídica propia, separada y distinta a la de sus

incorporadores y accionistas. Véase, C.E. Díaz Olivo,

Corporaciones: Tratado sobre Derecho Corporativo, Colombia,

[s. Ed], 2016, págs. 2 y 45; M. Muñoz Rivera, Ley de

Corporaciones de Puerto Rico: Análisis y Comentarios, 1ra

ed., San Juan, Ed. Situm, 2015, pág. 7. Esa personalidad

jurídica es duradera hasta tanto la corporación se disuelva

o se extinga. Miramar Marine, et al. v. Citi Walk, et al.,

198 DPR 684, 691 (2017). En lo relevante a la controversia

ante nos, el Art. 9.08 de la Ley General de Corporaciones de

Puerto Rico, supra, dispone ciertas instancias en las cuales,

5Certificado del Departamento de Estado, Apéndice del certiorari, págs. 787-789. CC-2018-0475 17

a pesar de la disolución o extinción de una corporación, la

misma tendrá personalidad jurídica para ciertos propósitos.

El precitado artículo adopta en Puerto Rico lo que es

conocido como los survival statutes. Miramar Marine, et al.

v. Citi Walk, et al., supra, pág. 693. El mismo tiene como

propósito el culminar adecuada y completamente el proceso de

liquidación de una corporación. Íd. Es por ello que, como se

desprende del mismo texto del referido artículo, se le provee

personalidad jurídica a corporaciones extinguidas con el

propósito de que éstas puedan continuar con sus litigios

pendientes y atender aquellas reclamaciones judiciales

instauradas dentro de los tres años siguientes a su disolución

o extinción. Sin embargo, el mismo artículo aclara que “[n]o

podrá continuar la personalidad jurídica con el propósito de

continuar los negocios para los cuales se creó dicha

corporación”. Ley General de Corporaciones de Puerto Rico,

supra. Véase además, 16A Fletcher Cyc. Corp., secs. 8112.3 y

8117 (2012). Es decir, la personalidad jurídica de una

corporación liquidada o extinguida es limitada, puesto que no

se le reconocerá la misma para fines de continuar con sus

negocios, como si nunca hubiera sido extinguida o liquidada.

Sin embargo, lo anterior no equivale a poder demandar a una

corporación extinguida o liquidada dentro de los tres años

siguientes a su extinción por actos llevados a cabos dentro

de ese mismo término. De una interpretación de ese artículo

se revela que la causa de acción ejercitada tuvo que haber

surgido durante la existencia de la corporación que se intenta CC-2018-0475 18

demandar. De ese modo, el referido artículo brinda un término

para que una parte afectada pueda instar un pleito contra la

corporación, a pesar de que la misma haya dejado de existir.

A la luz de lo anterior, resolvemos que el foro apelativo

intermedio erró en reconocer la personalidad jurídica de la

Academia Perpetuo Socorro. Según expusimos, el Art. 9.08 de

la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico, supra, provee

un término de tres (3) años posterior a la extinción de una

corporación para ejercitar causas de acciones y derechos que

hayan surgido durante la vigencia de ésta. A la luz de los

hechos expuestos, es evidente que la causa de acción en

cuestión surgió en el 2016, con el anuncio del Fideicomiso en

cuanto al cese del Plan y el impago de las pensiones. Por lo

tanto, no procedía reconocerle personalidad jurídica a la

Academia Perpetuo Socorro, toda vez que las actuaciones que

se reclaman fueron efectuadas con posterioridad a la

revocación del certificado de incorporación de ésta.

III

Según fue expuesto, los peticionarios señalan que la

sentencia recurrida erróneamente determinó que no existía

fuente obligacional entre ellos y su patrono sobre el pago

de las pensiones. Ello, dado que el único vínculo

obligacional presente en la controversia era estrictamente

entre los pensionados y el Fideicomiso. Esa conclusión

resulta contraria a nuestro mandato en Acevedo Feliciano, et

al. v. Iglesia Católica, Apostólica y Romana, et al., supra.

En aquella ocasión establecimos con claridad la relación CC-2018-0475 19

obligacional entre las partes y el efecto jurídico de la

misma. Así, la actuación del Tribunal de Apelaciones resulta

errónea, toda vez que es incongruente con nuestro mandato

previo. Véase, Colón, et al. v. Frito Lays, 186 DPR 135, 151

(2012).

En esa ocasión, este Tribunal determinó que en el Plan

existían varias cláusulas que responsabilizaban a los

patronos con las obligaciones del Fideicomiso. Íd., págs.

9-10. A raíz de ello, ordenamos al Tribunal de Primera

Instancia a que celebrara una vista, con tal de determinar

cuáles patronos poseían personalidad jurídica independiente

y serían los responsables por pagar. En ese sentido,

expresamos lo siguiente:

A la vez, e independientemente de la legalidad de la terminación del plan, del Plan de Pensiones surgen varias cláusulas que versan sobre la responsabilidad de los patronos participantes para con los beneficiarios, a saber: 1) el Artículo 2 (B), donde los patronos garantizan su contribución de los fondos necesarios para la operación del plan, 2) los Artículos 4 (B) y 8 (B.1) donde se enfatiza una garantía de pago de por lo menos sesenta (60) meses, 3) el Artículo 7 (E), donde se establece que los patronos que terminen su participación en el plan son responsables de amortizar el pasivo acumulado no financiado, y 4) el Artículo 15 (B), donde se enfatiza que el patrono que se retira del Plan es responsable de los beneficios adquiridos de sus empleados mientras participó. Todo esto requiere examinar la responsabilidad que incurrieron los patronos al pactar el Plan de Pensiones, y si ésta se extiende más allá de la figura del fideicomiso que establecieron. Acevedo Feliciano, et al. v. Iglesia Católica, Apostólica y Romana, et al., supra, págs. 9-11 (escolios omitidos).

Por tal motivo, y por los fundamentos expuestos en

nuestra Sentencia previa, la cual advino final y firme, CC-2018-0475 20

concluimos que el foro apelativo intermedio erró al actuar

contrario a nuestro mandato. Ello, dado que en aquella

ocasión ya este Tribunal concluyó que el vínculo obligacional

entre las partes era existente según se desprendía de varias

partes del Plan. Por tal razón, actuó correctamente el foro

primario al ceñirse a lo dispuesto por este Tribunal en

Romana, et al., supra, a los fines de celebrar una vista,

para determinar cuál parte ostentaba personalidad jurídica

para propósitos de cumplir con la obligación que ya este foro

determinó existente.

IV

El remedio de embargo en aseguramiento de sentencia

busca asegurar la efectividad de la sentencia que en su día

se dicte. Ramos, et al. v. Colón, et al., 153 DPR 534 (2001).

Por ello, las Reglas de Procedimiento Civil obligan a los

tribunales a exigir la prestación de una fianza con tal de

otorgar ese remedio. 32 LPRA Ap. V, R. 56.4. No obstante,

existen varias excepciones a la prestación de esa fianza. En

lo pertinente a la controversia presente, una de las

excepciones dispone que “[u]n remedio provisional sin la

prestación de fianza podrá concederse en cualquiera de los

casos siguientes: (a) si aparece de documentos públicos o

privados, según definidos por ley y firmados ante una persona

autorizada para administrar juramento, que la obligación es

legalmente exigible . . .”. 32 LPRA Ap. V, R. 56.3. La CC-2018-0475 21

definición de lo que constituye un documento público o

privado debe gozar de una interpretación amplia y expansiva.

J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da

ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. V, pág. 1607. Por tal

razón, la gama de documentos admisibles para eximir a una

parte de tener que prestar fianza es sumamente amplia. A

tales efectos, consta en el expediente abundante prueba

documental que demuestra la exigibilidad de la obligación en

cuestión, a saber: Manual informativo para patronos

participantes, Apéndice del certiorari, págs. 564-566;

Manual informativo para empleados, íd. págs. 567-569;

Escritura de fideicomiso, íd. págs. 545-563; Plan de

Pensiones de las Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de

San Juan, íd. págs. 516-538; Minuta de la reunión del

Fideicomiso del 26 de abril de 2010, Íd. pág. 680, y Minuta

de la reunión del Fideicomiso del 13 de septiembre de 2010,

íd. pág. 690.

De otra parte, el interdicto preliminar tiene como

función “mantener el status quo mientras se dilucida el

pleito”. Mun. Fajardo v. Srio. Justicia, 187 DPR 245, 255

(2012). Para la concesión de este remedio la parte

solicitante debe, además de cumplir con los criterios

establecidos en la Regla 57.3 de las Reglas de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57.3, prestar una fianza, como regla

general. Según el Doctor Cuevas Segarra, “la imposición de

una fianza previa constituye un requisito esencial que no CC-2018-0475 22

debe ceder ante ningún supuesto, salvo circunstancias

extraordinarias en donde requerir tal prestación conllevaría

un fracaso de la justicia”. (Énfasis suplido) Cuevas Segarra,

op. cit., pág. 1726. De igual forma opina el Profesor

Echevarría Vargas. J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento

civil puertorriqueño, San Juan, [ed. de autor], 2012, pág.

393. Ante ese cuadro, nos encontramos ante circunstancias

excepcionales las cuales hacen imperativo reconocer en

nuestro ordenamiento tal excepción. Por tanto, no podemos

avalar el razonamiento del Tribunal de Apelaciones el cual

nos conduciría a que no esté disponible para un peticionario

la concesión de un remedio interdictal para evitar un fracaso

de la justicia si no posee la fuerza del dinero. Esa lógica

debilitaría la efectividad del Derecho en una sociedad

democrática y cerraría las puertas a los tribunales por

consideraciones puramente económicas a los que,

precisamente, necesitan un remedio económico urgente.

A esos efectos, resulta claro que exigir la prestación

de una fianza en este caso implicaría un fracaso a la

justicia. Nos explicamos. Aquí, la parte peticionaria reclama

el pago de una pensión que resulta incontrovertible que ha

dejado de ser sufragada. Como consecuencia de ese

incumplimiento, los peticionarios sufren un daño, a raíz de

la falta de flujo de ingresos y las consecuencias claras y

palpables que atentan contra su salud, seguridad y bienestar

en una etapa de retiro. Así lo reconocimos y expusimos en la

Sentencia de Acevedo Feliciano, et al. v. Iglesia Católica, CC-2018-0475 23

Apostólica y Romana, et al., supra, págs. 8-9. Ante la

realidad de que los peticionarios expusieron situaciones

concretas y particularizadas de cómo la privación del pago

de la pensión ha tenido un impacto significativo en sus

vidas, resultaría un contrasentido jurídico exigir la

prestación de una cuantiosa fianza para que los demandados

continúen el pago de la pensión que los peticionarios

reclaman.

V

Por los fundamentos que anteceden, se expide el recurso

de certiorari y se revoca la sentencia del Tribunal de

Apelaciones a los extremos abordados en esta Opinión. En

consecuencia, se sostiene y se mantiene en todo vigor el

dictamen contenido en la Resolución emitida por el Tribunal

de Primera Instancia el 16 de marzo de 2018, al igual que

todas las medidas adoptadas por el foro de instancia y, por

tanto, se devuelve el caso a ese foro para la continuación

de los procedimientos ulteriores, cónsono con lo pautado en

esta Opinión.

Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Peticionarios CC-2018-0475 Certiorari v.

SENTENCIA (Regla 50)

San Juan, Puerto Rico, a 11 de junio de 2018. CC-2018-0475 25

Por los fundamentos que anteceden, se expide el recurso de certiorari y se revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones a los extremos abordados en esta Opinión. En consecuencia, se sostiene y se mantiene en todo vigor el dictamen contenido en la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 16 de marzo de 2018, al igual que todas las medidas adoptadas por el foro de instancia y, por tanto, se devuelve el caso a ese foro para la continuación de los procedimientos ulteriores, cónsono con lo pautado en esta Opinión.

Notifíquese inmediatamente por teléfono y por correo electrónico.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Presidenta Interina señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado señor Colón Pérez disienten con opiniones escritas. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no intervino.

Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Yalí Acevedo Feliciano et al.

Iglesia Católica, Apostólica

y Romana et al.

Peticionario

___________________________

Sonia Arroyo Velázquez, et

al. Núm. CC-2018-0475 Peticionarios

Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 11 de junio de 2018.

Una vez más, “con la iglesia hemos dado, Sancho”.6

Por entender que el curso de acción adoptado por una

Mayoría de los integrantes de este Tribunal violenta el

6 Diócesis De Arecibo v. Srio. Justicia, 191 D.P.R. 292, 329 (2014) (Rodríguez Rodríguez, J., Op. Disidente) (citando a M. de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, (Ed. IV Centenario), Madrid, Ed. Alfaguara, 2004, en la pág. 60. CC-2018-0475 2

principio constitucional sobre separación de Iglesia y

Estado consagrado tanto en la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico como en la Constitución de los

Estados Unidos de América, al reconfigurar - de facto y de

jure - la organización eclesiástica interna y jerárquica de

la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, disiento

enérgicamente.

I.

La controversia medular ante nuestra consideración tuvo

su origen luego de una Sentencia emitida por este Foro, el

18 de julio de 2017. Véase Acevedo Feliciano, et al. v.

Iglesia Católica, Apostólica y Romana, et al., res. 18 de

julio de 2017, CC-2016-1053. La Sentencia que emitimos en

ese momento revisó una Resolución y Orden del Tribunal de

Primera Instancia que, a su vez, denegó una solicitud de

interdicto preliminar y embargo en aseguramiento de

sentencia presentada por los demandantes. El foro primario

había concluido, como cuestión de derecho, que los daños

alegados en la demanda eran económicos y por lo tanto

reparables, por lo que no procedía el interdicto solicitado.

El foro apelativo intermedio se negó a revisar ese dictamen.

Traído a nuestra consideración esa controversia,

expedimos el auto y revocamos. Concluimos que los

demandantes, beneficiarios de un Plan de Pensiones, habían

sufrido un daño irreparable al verse “despojados de su

necesitada fuente de ingreso.” En vista de ello, se declaró

ha lugar la demanda de interdicto preliminar presentada por

Yalí Acevedo Feliciano y los demás maestros y maestras CC-2018-0475 3

demandantes (en conjunto, peticionarios). En virtud de ese

dictamen, este Foro ordenó la continuación de los pagos de

las pensiones reclamadas. De igual forma, se ordenó al foro

primario celebrar una vista evidenciaria para determinar si

las entidades demandadas tenían personalidad jurídica y,

consiguientemente, eran responsables por el pago de las

pensiones en cuestión mientras se dilucidaban los méritos

del caso. Véase Acevedo Feliciano, et al. v. Iglesia

Católica, Apostólica y Romana, et al., res. 18 de julio de

2017, CC-2016-1053, en la pág. 13.

Acatando el mandato por parte de este Foro, el Tribunal

de Primera Instancia celebró la vista correspondiente y,

luego de considerar la evidencia presentada, los escritos

sometidos por las partes y el derecho vigente, resolvió que

“las iglesias-escuelas demandadas, así como la Arquidiócesis

de San Juan y la Superintendencia de Escuelas Católicas de

San Juan, no ostentan personalidad jurídica propia por

formar parte de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana,

como ente con personalidad jurídica propia, así reconocido

por nuestro estado de derecho actual”. Resolución del

Tribunal de Primera Instancia (Civil Núm. SJ-2016-CV-0131),

16 de marzo de 2018, en la pág. 8. Para arribar a dicha

conclusión, el foro primario analizó, en esencia, el

artículo 8, párrafo 2 del Tratado de París del 10 de

diciembre de 1898 y las expresiones del Tribunal Supremo de

los Estados Unidos en Municipality of Ponce v. Catholic

Church in Porto Rico, 210 U.S. 296 (1908).

Según la interpretación del foro primario –suscrita hoy

por una mayoría de este Tribunal- el Tribunal Supremo de los CC-2018-0475 4

Estados Unidos dictaminó que dicho artículo del Tratado

presuntamente reconoció una personalidad jurídica propia e

independiente a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana

(Iglesia Católica) en Puerto Rico. Por las razones que se

exponen más adelante en este disenso, esa interpretación de

la decisión emitida por el Tribunal Supremo federal carece

de fundamentos jurídicos e históricos y es del todo

incompatible con la doctrina constitucional moderna sobre la

separación de Iglesia y Estado y el Código de Derecho

Canónico.

A la luz de dicho análisis sobre la personalidad

jurídica de la Iglesia Católica, el Tribunal de Primera

Instancia ordenó que se continuara “con la emisión de pagos

a los demandantes conforme al Plan de pensiones, mientras se

dilucida este pleito”. Resolución del Tribunal de Primera

Instancia (Civil Núm. SJ-2016-CV-0131). Ante el

incumplimiento de la Iglesia Católica, el 27 de marzo de

2018, el foro primario le ordenó, en un término de

veinticuatro (24) horas, consignar la cantidad de $4,700,000

como medida para asegurar el pago de las pensiones de los

demandantes. De igual forma, le apercibió que su

incumplimiento resultaría en una orden de embargo de sus

cuentas bancarias.

Insatisfecha, ese mismo día, la Iglesia Católica acudió

al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari y una moción

de auxilio de jurisdicción. En respuesta a esta última, el

foro apelativo intermedio ordenó preventivamente la

paralización de los procedimientos ante el foro primario.

Tras recibir los respectivos alegatos de las partes en el CC-2018-0475 5

pleito, el 30 de abril de 2018, el Tribunal de Apelaciones

emitió una sentencia mediante la cual revocó en su totalidad

la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

En lo pertinente a la controversia sobre la personalidad

jurídica de la Iglesia Católica, dicho foro razonó que,

conforme al Derecho Canónico y al estado de Derecho vigente

en torno a los principios de separación de Iglesia y Estado,

“no existe en la Isla una estructura que agrupe bajo una

sola autoridad a todas las diócesis y a la que sus obispos

estén subordinados”. Sentencia del Tribunal de Apelaciones,

KLCE-2018-00413, 30 de abril de 2018, en la pág. 29. Al

interpretar las secciones 368 y 369 del Código de Derecho

Canónico, el foro apelativo intermedio enfatizó que una

diócesis es una porción del pueblo de Dios, cuyo cuidado se

le encomienda al Obispo y que, con la cooperación del

presbiterio, “constituye una Iglesia particular, en la cual

verdaderamente está presente y actúa la Iglesia de Cristo

una santa, católica y apostólica”. Id. en la pág. 30. Es

decir, conforme al ordenamiento canónico, “la estructura

jerárquica de la religión católica no cuenta con ninguna

otra autoridad con capacidad de representar a toda la Iglesia

Católica en Puerto Rico, que no sea el propio Obispo de Roma,

como cabeza universal de la Iglesia, Católica, Apostólica y

Romana”. Id. en la pág. 31.

Cónsono con este pronunciamiento, el Tribunal de

Apelaciones sostuvo que la decisión del Tribunal Supremo de

los Estados Unidos en Municipality of Ponce debía

interpretarse tomando en consideración la realidad y el

contexto histórico de la época cuando se resolvió este caso. CC-2018-0475 6

Para el foro apelativo intermedio, en el momento en que se

emitió la opinión en cuestión, en Puerto Rico sólo existía

“una sola diócesis (la Diócesis de Puerto Rico), por lo que,

en la práctica, existía entre la Iglesias Católica y la

diócesis una misma identidad o conceptualización”. Id. en la

pág. 36. En fin, el Tribunal de Apelaciones resolvió que el

Tribunal Supremo federal no hizo más que reconocer el derecho

vigente antes de la cesión del territorio de Puerto Rico a

los Estados Unidos y, de ninguna forma, esto se debería

interpretar como el reconocimiento de una personalidad

jurídica propia de la Iglesia Católica en Puerto Rico; pues,

lo contrario, constituiría una forma de “intervenir en la

estructura interna de la Iglesia [y] en su funcionamiento u

organización”. Id. en la pág. 37.

Así las cosas, el Tribunal de Apelaciones concluyó que

la orden de embargo y el interdicto preliminar no procedían,

puesto que estaban dirigidas a un ente inexistente. De otra

parte, el foro apelativo intermedio resolvió que: (1) los

patronos participantes del plan de retiro no estaban

obligados a pagar individualmente la pensión que recibían

sus empleados; (2) la orden de embargo y el interdicto

preliminar no procedían dado que la parte peticionaria no

había prestado la fianza correspondiente, y (3) la Academia

del Perpetuo Socorro poseía personalidad jurídica propia por

razón de haber renovado su certificado de incorporación en

el 2017 y, por ende, se le debía reconocer dicha personalidad

de forma retroactiva.7

7 Debo mencionar que el Juez Rivera Colón emitió un voto disidente en el cual expresó estar conforme con la CC-2018-0475 7

Inconforme, el 14 de mayo de 2018, la Iglesia Católica

presentó ante este Tribunal una Moción en Auxilio de

Jurisdicción y/o Trámite expedito y una petición de

certiorari mediante las cuales, en síntesis, solicitaban la

paralización de los procedimientos y la revocación de la

sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones. Aún sin

disponer de estos recursos, el 21 de mayo de 2018, la

representación legal del Fideicomiso Plan de Pensiones para

Empleados de Escuelas Católicas (Fideicomiso) presentó una

Moción Informativa ante este Foro en la cual planteó que la

Academia del Perpetuo Socorro, el 18 de mayo de 2018, había

incoado oportunamente una moción de reconsideración ante el

foro apelativo intermedio. Así las cosas, una mayoría de los

integrantes de este Tribunal ordenó a todas las partes en el

presente pleito expresarse sobre la referida moción

informativa; en particular, en torno a si el recurso ante

nuestra consideración era prematuro. En horas de la tarde

del 24 de mayo de 2018, en cumplimiento con nuestra orden,

las partes comparecieron y expusieron sus argumentos sobre

el asunto en cuestión.

Ese mismo día, y ya entrada la noche, una mayoría de

los integrantes de este Tribunal consideró los escritos

presentados y resolvió que la parte peticionaria no fue

notificada conforme a derecho de la presentación de la moción

determinación de la mayoría de los integrantes del Panel en cuanto a que la Iglesia Católica no tenía personalidad jurídica independiente. Sin embargo, disintió del dictamen por entender, correctamente a mi juicio, que la sentencia mayoritaria entró a dilucidar, impropiamente, asuntos sobre los méritos del presente caso que no estaban ante su consideración y, por ende, se excedió en su función revisora. CC-2018-0475 8

de reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones. De esta

manera, sin más, se proveyó no ha lugar a las mociones de

desestimación presentadas y, paso seguido, se paralizaron

los procedimientos ante los foros recurridos. Esto tuvo el

efecto de ordenar a la Iglesia Católica continuar la emisión

de los pagos conforme al Plan de Pensiones y cumplir con lo

dispuesto en las resoluciones y órdenes del Tribunal de

Primera Instancia, dictadas los días 16 y 26 de marzo de

2018, respectivamente. Por último, se le concedió el

brevísimo término de diez (10) días para que la Iglesia

Católica y demás recurridos mostraran causa por la cual no

se debía revocar la sentencia del foro apelativo intermedio.

El 1 de junio de 2018, la parte peticionaria presentó

una Urgente Moción de Desacato y Otros Extremos mediante la

cual solicitó que se declarara a la Iglesia Católica incursa

en desacato, se ordenara la eliminación de sus alegaciones

en el caso y se autorizara el diligenciamiento de la orden

de embargo emitida por el foro primario. Aún sin disponer de

dicha moción, el 4 de junio de 2018, las partes recurridas

presentaron sus respetivas mociones en cumplimiento de

orden.

Así las cosas, durante el día de hoy, una mayoría de

los integrantes de este Foro emite una opinión, bajo el

procedimiento expedito de la Regla 50 de nuestro Reglamento

mediante la cual reorganiza inopinadamente la estructura

interna de la Iglesia Católica en Puerto Rico. Al así

proceder, da al traste con las protecciones constitucionales

de la absoluta separación de Iglesia y Estado contenidas en

la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y CC-2018-0475 9

en la Constitución de los Estados Unidos, según establecidas

en su jurisprudencia interpretativa, respectivamente. Dado

que este Tribunal se arrogó jurisdicción para atender el

presente caso, tengo el deber ineludible de expresarme en

torno a los méritos de la controversia principal planteada

y lo equivocado que resulta el dictamen que hoy se suscribe.

II.

Como cuestión de umbral, debo dejar muy claro que mi

postura en esta Opinión Disidente de ninguna manera implica

que estoy pasando juicio, o comprometiendo mi criterio,

sobre los méritos del presente caso y la validez del reclamo

de los maestros y maestras de las escuelas católicas en torno

a la legalidad de la terminación del Plan de Retiro. En todo

momento, las determinaciones de este Tribunal y los foros

inferiores han surgido en el contexto exclusivo de una acción

de interdicto preliminar y embargo en aseguramiento de

sentencia. No albergo duda alguna, como sostuvo una mayoría

de los integrantes de este Tribunal en la Sentencia del 18

de julio de 2017, que en esta etapa temprana de los

procedimientos “la balanza de los intereses se inclina hacia

las peticionarias”. Acevedo Feliciano, et al. v. Iglesia

2017, CC-2016-1053, en la pág. 12. Ciertamente, como ya

resolvió este Tribunal y señalamos anteriormente, durante la

vigencia del presente pleito los maestros y maestras

“despojados de su necesitada fuente de ingreso [] han sufrido

daños irreparables”. Id. en las págs. 11-12. Ahora bien, la

controversia que sí está ante la consideración de este CC-2018-0475 10

Tribunal, y que surge de nuestro dictamen previo, es contra

quién es y será oponible el reclamo monetario millonario que

solicitan los peticionarios. En la respuesta a esta

interrogante estriba, precisamente, mi diferencia

irreconciliable con la Mayoría.

Tomando esto como punta de lanza, procederé a delinear

las razones por las cuales estimo que la Opinión mayoritaria

se inmiscuye inadecuadamente en el funcionamiento de la

Iglesia Católica al imponerle una personalidad jurídica que

no ostenta en el ámbito del derecho privado. Asimismo,

considero que la decisión que hoy emite una mayoría, en la

práctica, podría acarrear la inejecutabilidad de la

sentencia que, en su día, pudiese dar fin al reclamo de los

peticionarios; reclamo que hoy se somete a un suspenso

deplorable.

La Sección 3 del Artículo II de la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1,

establece que, “[n]o se aprobará ley alguna relativa al

establecimiento de cualquier religión ni se prohibirá el

libre ejercicio de culto religioso. Habrá completa

separación de la iglesia y el estado”. De otra parte, la

Constitución de los Estados Unidos dispone claramente que,

“Congress shall make no law respecting an establishment of

religion, or prohibiting the free exercise thereof; or

abridging the freedom of speech, or of the press; or the

right of the people peaceably to assemble, and to petition CC-2018-0475 11

the Government for a redress of grievances.” U.S. Const.

amend. I.

De entrada, resulta preciso destacar que nuestra

cláusula constitucional –distinto a su contraparte federal-

expresamente ordena “completa separación de la Iglesia y el

Estado”. A nivel federal, esa separación –cual aspiración e

inspiración de las cláusulas religiosas- se ha formulado

mediante un reconocimiento de la existencia de dos esferas

de acción separadas que se remontan al pensamiento secular

de Thomas Jefferson y James Madison.8 Las otras dos cláusulas

relacionadas con el reconocimiento de la libertad de culto

y la prohibición al establecimiento de una religión

contenidas en ambas constituciones previenen actuaciones del

Estado que puedan tender a: (1) promover una religión

particular o (2) limitar su ejercicio. De ahí que en el

pasado este Tribunal haya reconocido que, tanto a nivel

federal como a nivel estatal, existe una tensión entre ambas

cláusulas que ha resultado en una amplia jurisprudencia que

procura armonizar las mismas. Véase Mercado, Quilichini v.

U.C.P.R., 143 D.P.R. 610, 635 (1997); Diócesis De Arecibo v.

Srio. Justicia, 191 D.P.R. 292, 308

(2014)(sentencia)(citando a School Dist. Of Abington Tp.,

Pa. v. Schempp, 374 U.S. 203 (1963)).

En cuanto la cláusula sobre separación de Iglesia y

Estado de nuestra Constitución, hemos afirmado que la misma

8 Véase Laurence Tribe, American Constitutional Law, en la pág. 819 (Foundation Press 1979). Véase además, John Ragosta, “Federal Control: Jefferson’s Vision in Our Times,” en Religious Freedom: Jefferson’s Legacy, America’s Creed (Charlottesville: University of Virginia Press, 2013), en las págs. 185–86, 188; Watson v. Jones, 80 U.S. 679 (1871). CC-2018-0475 12

exige un reconocimiento de una jurisdicción para la Iglesia

distinta y separada de la del Estado. Esto, en aras de que

las actuaciones de ambos entes no interfieran entre sí. Véase

Mercado, Quilichini, 143 D.P.R. en la pág. 634. Cónsono con

ello, hemos determinado que el mandato constitucional de

separación de Iglesia y Estado impide que los tribunales

civiles pasemos juicio “sobre materias de doctrina, de

disciplina, de fe o de organización eclesiástica interna”.

Amador v. Conc. Igl. Univ. De Jesucristo, 150 D.P.R. 571,

579–80 (2000)(énfasis suplido).

A lo largo de los años, las denominadas “cláusulas

religiosas”, tanto en el ámbito federal como en el

ordenamiento jurídico puertorriqueño, han constituido la

base para el desarrollo de normas y estándares adjudicativos

que, a su vez, han servido de guía para atajar planteamientos

en torno a la interrelación entre el Estado, la religión y

la iglesia. En el presente caso, queda claro que la

controversia no implica una posible violación a la libertad

de culto, así como tampoco supone el favorecimiento de una

religión por parte del Estado. Más bien, es la determinación

de este Tribunal la que incide directamente en los principios

que informan la organización, funcionamiento, jerarquía y

estructura de la Iglesia Católica en Puerto Rico.

La opinión mayoritaria, al abordar este asunto, se

enfoca en la naturaleza del reclamo de los demandantes,

advirtiendo que “nos encontramos ante obligaciones civiles

voluntariamente contraídas y no impuestas por el Estado”.9

9 Conviene distinguir, pues, entre la naturaleza sustantiva de la controversia ante nuestra consideración y los efectos CC-2018-0475 13

Opinión, en la pág. 10. Así, indica que lo resuelto en

Mercado, Quilichini es dispositivo, en cuanto a la autoridad

de los tribunales civiles para dilucidar disputas

contractuales que “no requiera[n] pasar juicio sobre

materias de doctrina de fe o de organización eclesiástica

interna”. Id. (citando a Mercado, Quilichini v. U.C.P.R.,

143 D.P.R. en la pág. 635 (1997)). Luego de indicar que este

Foro se encuentra en la misma posición que en Mercado,

Quilichini y mediante un análisis claramente deshilvanado,

la Mayoría concluye que las otras entidades demandadas en el

presente caso son “en realidad una fragmentación de un sólo

ente poseedor de personalidad jurídica”: la Iglesia

Católica. Opinión, en las págs. 10-11.

En el contexto particular de la prohibición

constitucional al establecimiento de una religión, en el

caso Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 602 (1971) el Tribunal

Supremo federal estableció un esquema tripartito de análisis

para determinar si una legislación o práctica estatal

constituye un establecimiento indebido de la religión. Ese

esquema –conocido comúnmente como el Lemon Test- requiere

del dictamen que hoy suscribe una mayoría para resolverla. Si bien es cierto que estamos ante un reclamo de índole contractual, la determinación respecto a quién es oponible dicho reclamo, que para la Mayoría sería la Iglesia Católica, resulta en una clara violación a la cláusula de separación de Iglesia y Estado. En otras palabras, no estamos ante un caso en el que la controversia requiere evaluar si una actuación estatal violenta alguna de las cláusulas religiosas. Interesantemente, en este caso la actuación estatal se concreta en la etapa de la resolución de la controversia por parte de este Tribunal al atribuirle –por la vía judicial– personalidad jurídica a la Iglesia Católica en el ámbito del Derecho Privado. Ello, en contravención a las distintas disposiciones del Código de Derecho Canónico que rigen la estructura y la organización de esa entidad religiosa con carácter universal. CC-2018-0475 14

que los tribunales examinen: (1) si la legislación o

actuación persigue un propósito secular, (2) si de alguna

forma promueve o inhibe la religión, o (3) si constituye una

intromisión excesiva del Estado en asuntos religiosos. Lemon

v. Kurtzman, 403 U.S. 602, 612-13 (1971); Asoc. Academias y

Col. Cristianos v. E.L.A., 135 D.P.R. 150 (1994) (adoptando

y aplicando el esquema); véase además Diócesis De Arecibo v.

Srio. Justicia, 191 D.P.R. 292, 310 (2014) (sentencia).

El profesor Efrén Rivera Ramos, al discutir este esquema

de análisis y su adopción y aplicación por este Foro, se

hace eco de las expresiones de la ex jueza del Tribunal

Supremo federal Sandra Day O'Connor y explica que, “el

principio es que la actuación gubernamental no debe endosar

la Religión, ni en su propósito ni en su efecto”. Efrén Rivera

Ramos, Estado, Religión Y Derecho: Marco Jurídico, 84 Rev.

Jur. U.P.R. 537, 541 (2015). Para propósitos prácticos, éste

concluye que el principio general enunciado en Lemon y su

progenie incluye las siguientes exigencias:

(1) [Q]ue el Estado no debe privilegiar a ninguna religión, ni debe privilegiar la Religión en general; (2) que el Estado no debe inmiscuirse en los asuntos internos de la Religión, y (3) que el Estado no debe permitir que la Religión se inmiscuya en los asuntos de gobierno, o encomendarle asuntos de Gobierno a alguna religión. Id. (énfasis suplido).

La segunda exigencia tiene su origen en decisiones del

Tribunal Supremo federal mediante las cuales se reconoció

una modalidad de la violación a la prohibición

constitucional al establecimiento de una religión a través

de una actuación indebida por parte de los tribunales civiles

de justicia. A esto se le ha denominado en la jurisprudencia CC-2018-0475 15

federal y estatal estadounidense como el “church autonomy

doctrine” que es, para todos los efectos, un corolario de la

separación de Iglesia y Estado que encarna la Primera

Enmienda federal.10

Como se adelantó, si bien en el pasado hemos reconocido

matices de esta doctrina al interpretar las cláusulas

religiosas de nuestra Constitución, particularmente el

mandato de separación de Iglesia y Estado, hemos sido

cautelosos en su aplicación y hemos evitado adoptarla de

manera contundente. Véase Amador v. Conc. Igl. Univ. De

Jesucristo, 150 D.P.R. 571, 579–80, (2000); Mercado,

Quilichini v. U.C.P.R., 143 D.P.R. 610, 635 (1997); Díaz v.

Colegio Nuestra Sra. del Pilar, 123 D.P.R. 765 (1989);

Agostini Pascual v. Iglesia Católica, 109 D.P.R. 172 (1979).

Ahora bien, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos

decidió una serie de casos en los años cincuenta, sesenta y

setenta que delimitan los contornos del “church autonomy

doctrine” y, hasta cierto punto, han servido de guía para

este Tribunal al momento de dirimir controversias en las que

se plantea una intromisión indebida del Estado en asuntos de

la Iglesia. Véase Jones v. Wolf, 443 U.S. 595 (1979); Serbian

E. Orthodox Diocese for U. S. of Am. & Canada v.

Milivojevich, 426 U.S. 696, 708 (1976) (“The fallacy fatal

to the judgment of the [state supreme court] is that it rests

10 Para un examen detallado de esta doctrina, véase Construction and Application of Church Autonomy Doctrine, 123 A.L.R. 5th 385 (2004). Véase además Michael A. Helfand, Religion's Footnote Four: Church Autonomy As Arbitration, 97 Minn. L. Rev. 1891 (2013), para una discusión sobre dicha doctrina, su evolución y su relación con los demás estándares de adjudicación para las denominadas “cláusulas religiosas”. CC-2018-0475 16

upon an impermissible rejection of the decisions of the

highest ecclesiastical tribunals of this hierarchical church

upon the issues in dispute, and impermissibly substitutes

its own inquiry into church polity and resolutions based

thereon of those disputes”.); Maryland & Virginia Eldership

of the Churches of God v. Church of God of Sharpsburg, Inc.,

396 U.S. 367, 369 (1970) (Brennan, J., Op. Concurrente)( “To

permit civil courts to probe deeply enough into the

allocation of power within a church so as to decide where

religious law places control over the use of church property

would violate the First Amendment in much the same manner as

civil determination of religious doctrine.”); Presbyterian

Church in U.S. v. Mary Elizabeth Blue Hull Mem'l Presbyterian

Church, 393 U.S. 440 (1969); Kedroff v. St. Nicholas

Cathedral of Russian Orthodox Church in N. Am., 344 U.S. 94,

116 (1952) (“[A] spirit of freedom for religious

organizations, an independence from secular control or

manipulation, in short, power to decide for themselves, free

from state interference, matters of church government as

well as those of faith and doctrine.”).

De la gama de la jurisprudencia federal antes mencionada

conviene enfatizar la decisión de Presbyterian Church in

U.S., mediante el cual se resolvió que:

First Amendment values are plainly jeopardized when church property litigation is made to turn on the resolution by civil courts of controversies over religious doctrine and practice. If civil courts undertake to resolve such controversies in order to adjudicate the property dispute, the hazards are ever present of inhibiting the free development of religious doctrine and of implicating secular interests in matters of purely ecclesiastical concern. Because of these hazards, the First Amendment enjoins the employment of CC-2018-0475 17

organs of government for essentially religious purposes, the Amendment therefore commands civil courts to decide church property disputes without resolving underlying controversies over religious doctrine. Hence, States, religious organizations, and individuals must structure relationships involving church property so as not to require the civil courts to resolve ecclesiastical questions. Presbyterian Church in U.S. v. Mary Elizabeth Blue Hull Mem'l Presbyterian Church, 393 U.S. 440, 449 (1969)(citas omitidas) (énfasis suplido).11

Además de las decisiones del Tribunal Supremo federal, la

“church autonomy doctrine” ha sido avalada y aplicada por

las distintas cortes federales y estatales. Véase, e.g. Se.

Pennsylvania Synod of the Evangelical Lutheran Church in Am.

v. Meena, 19 A.3d 1191, 1196 (Pa. Commw. Ct. 2011) (“If the

civil courts are to inquire into all these matters, the whole

subject of the doctrinal theology, the usages and customs,

the written laws, and fundamental organization of every

religious denomination may, and must, be examined into with

minuteness and care, for they would become, in almost every

case, the criteria by which the validity of the

ecclesiastical decree would be determined in the civil

court.”); McKelvey v. Pierce, 173 N.J. 26, 800 A.2d 840

(2002); Bryce v. Episcopal Church in the Diocese of Colorado,

289 F.3d 648 (10th Cir. 2002).

11 Aunque esta decisión, y las demás antes citadas, surgen en el contexto particular de la capacidad de una institución religiosa para adquirir propiedad privada, la metodología adoptada por el Tribunal Supremo federal informa lo que entendemos debe disponer de la controversia en el presente caso. Y es que, en la decisión que hoy toma la Mayoría, se determina quién es la Iglesia al margen de lo que la propia Iglesia sostiene. De hecho, y como se discute más adelante, el efecto práctico de lo decidido por la Opinión mayoritaria supone una intromisión indebida, no sólo en la organización de la Iglesia, sino también en la capacidad adquisitiva y la titularidad sobre bienes inmuebles de distintas entidades que han sido despojadas de personalidad jurídica propia por este Tribunal y que figuran como codemandadas en este pleito. CC-2018-0475 18

Considero que conforme a la discusión que antecede, es

mandatorio concluir que el dictamen de la mayoría viola el

principio de separación de Iglesia y Estado al inmiscuirse

en la definición misma de quién es la Iglesia Católica para

efectos de determinar su personalidad jurídica. La Mayoría

sustituye el criterio sobre este asunto de la propia Iglesia

Católica, por el suyo. Ello, a mi juicio, en clara

contravención del mandato de nuestra Constitución y la de

los Estados Unidos.

Antes bien, y con el fin de suplementar el análisis tan

exiguo e inconexo contenido en la Opinión mayoritaria sobre

la cláusula de separación de Iglesia y Estado, considero

prudente e intelectualmente sensato abordar los aspectos de

la organización eclesiástica interna y jerárquica de la

Iglesia Católica que se ven adversamente afectados por el

proceder mayoritario. Para ello, resulta indispensable

examinar aquellos preceptos del Código de Derecho Canónico,

del Tratado de París y de los Concordatos de 1851 y 1859 que

explican la jerarquía y modus operandi de la Iglesia Católica

y, además, develan el trasfondo histórico y jurídico de dicha

institución religiosa en Puerto Rico. Veamos.

III.

El Derecho Canónico se concibe como la estructura

jurídica de la Iglesia Católica y constituye el sistema de

relaciones jurídicas que unen a los fieles y los sitúan

dentro del cuerpo social de la Iglesia Católica. Véase en

general Daniel Cenalmor y Jorge Miras, El Derecho de la CC-2018-0475 19

Iglesia: Curso básico de Derecho canónico (1ra ed.,

Pamplona, Ed. Eunasa, 2004). En este sentido, como bien

señaló el Tribunal de Apelaciones, su fin inmediato es

“establecer y garantizar el orden social justo en la Iglesia,

ordenando y conduciendo a sus súbditos, a través de dicho

orden a la consecución del bien común”. Sentencia del

Tribunal de Apelaciones, KLCE-2018-00413, 30 de abril de

2018, en la pág. 15 (citando a A. Bernández Cantón et al.,

Derecho Canónico, 2da ed., Pamplona, Ed. Eunasa, 1975, en

las págs. 75-79.)

Para propósitos del presente caso, resulta imperativo

señalar que, conforme al Código de Derecho Canónico (CDC),

“[l]a Iglesia Católica y la Sede Apostólica son personas

morales por la misma ordenación divina”. CDC 113, sec. 1.

Cónsono con esto, en el ordenamiento canónico “además de

personas físicas, hay también personas jurídicas, que son

sujetos en derecho canónico de las obligaciones y derechos

congruentes con su propia índole”. Id. en la sec. 2. Esto

responde al hecho práctico de que “las corporaciones y

fundaciones constituidas por la autoridad eclesiástica

competente . . . dentro de los límites que se les señalan,

cumplan en nombre de la Iglesia . . .”. CDC 116, sec. 1.

Estas normas generales cobran mayor sentido cuando se

analizan las disposiciones contenidas en el Libro II del

Pueblo de Dios en torno a las iglesias particulares y sus

agrupaciones. Adviértase que “[e]l concepto de Iglesia

particular no es canónico sino teológico.” Javier Hervada,

Elementos de Derecho Constitucional Canónico (Madrid 2014)

en la pág. 274. Esta sección del CDC establece que las CC-2018-0475 20

iglesias particulares “en las cuales, y desde las cuales

existe la Iglesia católica una y única, son principalmente

las diócesis”. CDC 368. En atención a ello, como bien señaló

el Tribunal de Apelaciones, este ordenamiento expone que:

La diócesis es una porción del pueblo de Dios, cuyo cuidado pastoral se encomienda al Obispo con la cooperación del presbiterio, de manera que, unida a su pastor y congregada por él en el Espíritu Santo mediante el Evangelio y la Eucaristía, constituya una Iglesia particular, en la cual verdaderamente está presente y actúa la Iglesia de Cristo una santa, católica y apostólica. CDC 369 (énfasis suplido).

Este principio se efectúa en su sentido más práctico

porque aquella porción del pueblo de Dios que “constituye

una diócesis u otra Iglesia particular debe quedar

circunscrita dentro de un territorio determinado, de manera

que comprenda a todos los fieles que habitan en él”. CDC

373. Así, la erección de las iglesias particulares

“[c]orresponde tan sólo a la suprema autoridad . . . las

cuales una vez que han sido legítimamente erigidas, gozan en

virtud del derecho mismo de personalidad jurídica”. CDC 373.

Las diócesis son los órganos de gobierno local cuya

jurisdicción queda definida por virtud de su demarcación

territorial. Fernando Della Rocca, Canon Law, sec. 88, en

la pág. 198. Véase además CDC 515 sec. 3 (“La parroquia

legítimamente erigida tiene personalidad jurídica en virtud

del derecho mismo”.); Jorge de Otaduy, La personalidad civil

de las entidades organizativas de la Iglesia (Referencia

particular a la parroquia), IUS CANONICUM, XXIX, n. 58 (1989)

en las págs. 503-526. CC-2018-0475 21

Los expertos en temas de Derecho Canónico explican la

organización de la Iglesia Católica y de sus iglesias

particulares, afirmando que éstas últimas, “en sí mismas son

Iglesias, porque, aun siendo particulares en ellas se hace

presente la Iglesia Universal con todos sus elementos

esenciales”. Cenalmor y Miras, supra, en la pág. 271 (énfasis

suplido). Esta misteriosa implicación recíproca entre ambas

queda ilustrada en la siguiente afirmación: “el todo no es,

sin más, la suma de las partes, ni las partes una unidad

parcial, simple resultado de la división del todo, sino que

el todo está a la vez, opera y existe en cada una de las

partes” Id. (citas omitidas) (énfasis suplido).

Este análisis cobra relevancia si se entiende que la

Iglesia Católica tiene capacidad para adquirir, retener,

administrar y enajenar bienes temporales. Comentan los

académicos que, “[n]o existe un patrimonio eclesiástico

único bajo la titularidad directa de la Iglesia Universal,

sino multitud de patrimonios con diversos titulares y

fines”. Id. en la pág. 503. No obstante, para su

administración “rigen unos principios generales que tienden

a unificar en cierto modo todos los bienes eclesiásticos,

ordenándoles al servicio de unos mismos fines, bajo la

autoridad suprema del Romano Pontífice y con régimen

jurídico común”. Id. (énfasis suplido).

Para fines de la controversia ante nuestra

consideración, esto quiere decir que la Iglesia Católica,

como ente jurídico en sí, no existe propiamente al amparo

del Derecho Canónico, excepto sólo bajo el entendimiento de

la Iglesia Universal, que es el Pueblo de Dios, cuya CC-2018-0475 22

autoridad suprema en la tierra es el Obispo de Roma. Cuando

hablamos de la Iglesia Católica en Puerto Rico no es más que

una manera coloquial de referirse a la Iglesia Universal que

existe en cada una de las demás jurisdicciones del mundo. A

su vez, la Arquidiócesis de San Juan y las demás diócesis e

iglesias parroquiales en Puerto Rico no son “la suma de las

partes, ni las partes una unidad parcial” sino que son ese

todo que “está a la vez, opera y existe en cada una de las

partes”. Cenalmor y Miras, supra, en la pág. 271. La

definición de lo que es, y no es la Iglesia le corresponde

hacerla en puridad a dicha institución y no a los tribunales

civiles. No puede ser de otra forma; lo contrario sería pasar

juicio sobre la organización eclesiástica interna y la

jerarquía de la Iglesia Católica, en clara contravención de

la total separación entre Iglesia y Estado. Véase

Presbyterian Church in U.S. v. Mary Elizabeth Blue Hull Mem'l

Presbyterian Church, 393 U.S. 440, 449 (1969).

Desafortunadamente, la Opinión de la Mayoría obvia o ignora

estos asuntos.

Esta conclusión resulta aún más contundente cuando se

considera bajo la lupa de la llamada “situación especial” de

personalidad jurídica de la Iglesia Católica en Puerto Rico,

según el Tratado de París, los Concordatos de 1851 y 1859,

el caso federal de Municipality of Ponce y los estudios de

los académicos que han abordado la temática relacionada con

la personalidad de la Iglesia. Veamos.

B. CC-2018-0475 23

El trasfondo histórico y jurídico de la Iglesia Católica

en la Isla nos remonta a los tiempos del dominio del Imperio

español.12 Para fines de la presente controversia, el acuerdo

que ilustra la relación entre la Iglesia Católica, España y

Puerto Rico al momento de la invasión y eventual cesión del

territorio puertorriqueño a los Estados Unidos es el

Concordato de 1851 (Concordato) entre la Reina Isabel II y

la Santa Sede, representada por el Sumo Pontífice, Pío IX.

En 1851, luego de arduas negociaciones, el Reino de

España y la Santa Sede firmaron el Concordato para

sistematizar sus relaciones, así como para regular la

organización administrativa de la Iglesia Católica en todo

el Reino de España. Ello fue necesario en virtud del

deterioro que las relaciones entre Iglesia Católica y el

Estado español habían sufrido durante las primeras décadas

del siglo XIX y la franca desorganización administrativa de

la Iglesia. Durante esa primera parte del siglo, el Estado

español había despojado a la Iglesia Católica, “en la persona

de su clero secular y de sus comunidades religiosas de

varones y mujeres, de todos los bienes eclesiásticos”, bien

12Como dato histórico, mediante la Bula Romanus Pontifex de 1511, promulgada por el Papa Julio II, se erigieron en el Nuevo Mundo las primeras tres diócesis. Éstas fueron: Santo Domingo, Concepción de la Vega, -ambas en La Española- y San Juan Bautista, que luego pasó a llamarse la Diócesis de Puerto Rico. No fue sino hasta 1924 cuando se erigió la segunda, la Diócesis de Ponce. En la segunda parte del siglo XX se erigieron tres diócesis: Arecibo en 1960, Caguas en 1964 y Mayagüez en 1976. La última se erigió en 2008, la Diócesis de Humacao. Véanse, Samuel Silva Gotay, La Iglesia Católica de Puerto Rico, en el Proceso Político de Americanización, 1898-1930 (Publicaciones Gaviota 2012); Gerardo Alberto Hernández-Aponte, La Iglesia Católica en Puerto Rico ante la invasión de Estados Unidos de América. Lucha, sobrevivencia y estabilización: (1898-1921) (Rio Piedras 2013). CC-2018-0475 24

para convertirlos en bienes nacionales o para ingresar el

importe de la venta de estos a las arcas del gobierno

español. Juan R. Gelpí Barrios, Personalidad jurídica de la

Iglesia en Puerto Rico: Vigencia del Concordato español de

1851 a través del tratado de París, 95 Rev. Esp. Der.

Canónico 395, 408 (1977); Federico Suárez, Génesis del

Concordato de 1851,

http://dadun.unav.edu/handle/10171/13928. Véase además,

Francisco Tomás y Valiente, Manual de Historia del Derecho

Español, (Madrid 2012) en las págs. 411-414, 613-619. Esta

realidad generó innumerables litigios y reclamaciones que

intentaban revertir las acciones del Estado. El Concordato

buscó zanjar dicha situación.

Del referido Concordato, y en lo que concierne la

controversia ante nuestra consideración, los artículos 40 y

41 resultan de particular relevancia. En el primero de éstos

se reconoce que los bienes y rentas enajenados a la Iglesia,

y enumerados en artículos anteriores, “pertenecen en

propiedad a la Iglesia, y en su nombre se disfrutarán y

administrarán por el clero.” Véase,

https://www.uv.es/correa/troncal/concordato1851 Este

artículo manifiesta “de manera concluyente la personalidad

jurídica de la Iglesia que le faculta para reclamar todos

los bienes que estaban en litigio al momento de pactarse,

puesto que el Estado le reconoce propietaria de ellos,

aclarando que todo usufructo y administración, ha de

entenderse a nombre de la Iglesia”. Gelpi, supra, en la

pág. 409.

De otra parte, el artículo 41 declaraba lo siguiente: CC-2018-0475 25

Además, la Iglesia tendrá el derecho de adquirir por cualquier título legítimo, y su propiedad en todo lo que posee ahora o adquiera en adelante será solemnemente respetada. Por consiguiente, en cuanto a las antiguas y nuevas fundaciones eclesiásticas, no podrá hacerse ninguna supresión o unión sin la intervención de la autoridad de la Santa Sede, salvas las facultades que competen a los obispos, según el Santo Concilio de Trento.

Véase https://www.uv.es/correa/troncal/concordato1851

El profesor Gelpí Barrios, al analizar este artículo nos

indica, con razón, que éste era muy importante dado que la

Iglesia Católica tenía “de forma independiente en todos los

dominios españoles, una personalidad civil reconocida y

garantizada por el propio Estado, para adquirir, por

cualquier título legítimo y poseer en todo tiempo, toda

clase de bienes temporales”. Gelpí, supra.

De hecho, en atención a lo dispuesto en el artículo

precitado se redactó el artículo 38 del Código Civil español

de 1889, vigente en Puerto Rico hasta al cambio de soberanía

en 1998. Ese artículo disponía que:

Las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales, conforme a las leyes y reglas de su constitución. La iglesia se regirá en este punto por lo concordado entre ambas potestades; y los establecimientos de instrucción y beneficencia por lo que dispongan las leyes especiales. Id. (Énfasis suplido.)

Al incorporar el Código Civil el principio de personalidad

jurídica de la Iglesia reconocido en el Concordato, el Estado

español “convirtió los Concordatos entre la Iglesia y la

Corona de España, en Ley civil, para los efectos de adquirir CC-2018-0475 26

y poseer bienes de todas clases, contraer obligaciones y

ejercitar acciones civiles y criminales” Id.13

Luego del Concordato de 1851, las Cortes nacionales

aprobaron la Ley del 4 de noviembre de 1859 mediante la cual

se sancionó la Corona autorizando al Gobierno para concluir

un convenio con la Santa Sede. Eso resultó en el Concordato

de 1859 que, en unión con el Concordato de 1851, resultó en

que “quedase totalmente consolidada la personalidad jurídica

de la Iglesia y su derecho de propiedad sobre los bienes que

adquiriese o le fueran restituidos”. Gelpí Barrios, supra,

en la pág. 410.

El ordenamiento jurídico reseñado en los párrafos que

anteceden era aquel vigente al momento de la Guerra

Hispanoamericana que culminó con el Tratado de París del 10

de diciembre de 1898 (Tratado) y la cesión de Puerto Rico a

los Estados Unidos. Es decir, tanto los Concordatos de 1851

y 1859, como las enmiendas al Código Civil español tuvieron

vigencia durante el periodo restante de la soberanía

española en la Isla. Ahora bien, el Tratado incorporó y

reconoció ciertos aspectos del estado de Derecho español

vigente al momento del cambio de soberanía. En lo pertinente

13 Debo mencionar -como dato curioso- que la Memoria explicativa que acompañó el Concordato de 1851 reseñó que la reorganización de los entes eclesiásticos que formó parte del texto del Concordato no incluye a “las Iglesias de América, ya porque la desorganización introducida en las Iglesias de la Península apenas ha alcanzado allí, ya también porque todo lo que afecta [a] aquellos lejanos países debe tratarse de una manera especial”. Juan Pérez Alhama, La Iglesia y el Estado español: Estudio histórico-jurídico a través del Concordato de 1851, (Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1967), Apéndice, en la pág. 526 (énfasis suplido). CC-2018-0475 27

a la controversia ante nuestra consideración, el Tratado

declaró que:

Queda por lo tanto declarado que esta renuncia o cesión, según el caso, a que se refiere el párrafo anterior, en nada puede mermar la propiedad, o los derechos que corresponden, con arreglo a las leyes, al poseedor pacífico de los bienes de todas clases de las provincias, municipios, establecimientos públicos o privados, corporaciones civiles o eclesiásticas o de cualesquiera otras colectividades que tienen personalidad jurídica para adquirir y poseer bienes en los mencionados territorios renunciados o cedidos, y los de los individuos particulares, cualquiera que sea su nacionalidad. Tratado de Paz entre Estados Unidos de América y el Reina de España, Art. 8, 10 de diciembre de 1989, EE. UU.- España, 30 Stat. 1754 (1898), T.S. 343 (énfasis suplido).

Como se mencionó, el Tribunal Supremo de los Estados

Unidos interpretó este artículo del Tratado en Municipality

of Ponce v. Catholic Church in Porto Rico, 210 U.S. 296

(1908). Dada la importancia de ese dictamen, estimo

necesario reproducir en su totalidad ciertas secciones de

dicha opinión para proceder con un análisis completo de su

alcance. Justo luego de citar el artículo 8 del Tratado, el

foro federal razonó que:

This clause is manifestly intended to guard the property of the church against interference with, or spoliation by, the new master, either directly or through his local governmental agents. There can be no question that the ecclesiastical body referred to, so far as Porto Rico was concerned, could only be the Roman Catholic Church in that island, for no other ecclesiastical body there existed. Id. en la pág. 311.

De igual forma, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos

interpretó los Concordatos de 1851 y 1859 y el

“reconocimiento corporativo” por parte del gobierno CC-2018-0475 28

estadounidense de la Iglesia Católica, incluyendo su Sumo

Pontífice,14 y resolvió que:

The Roman Catholic Church has been recognized as possessing legal personality by the treaty of Paris, and its property rights solemnly safeguarded. In so doing the treaty has merely followed the recognized rule of international law which would have protected the property of the church in Porto Rico subsequent to the cession. This juristic personality and the church's ownership of property had been recognized in the most formal way by the concordats between Spain and the papacy, and by the Spanish laws from the beginning of settlements in the Indies. Such recognition has also been accorded the church by all systems of European law from the fourth century of the Christian era. Id. en las págs. 323–24

De entrada, no se puede perder de perspectiva que todo

el análisis del foro federal se da en el contexto del Derecho

Internacional Público. Sus expresiones al hacer referencia

a la “existencia corporativa” de la Iglesia Católica surge

específicamente con relación al reconocimiento del Sumo

Pontífice y la Santa Sede. Es decir, estas expresiones no se

pueden interpretar como un “reconocimiento especial” de

personalidad jurídica en sí por tratarse de la Iglesia

Católica en Puerto Rico, sino más bien como un reconocimiento

de la peculiaridad de ésta y de cómo no se trataba de una

entidad incorporada propiamente conforme a las leyes de

Derecho Corporativo vigentes en los Estados Unidos para

aquella época.

14“The corporate existence of the Roman Catholic Church, as well as the position occupied by the papacy, have always been recognized by the government of the United States. . . . The Holy See still occupies a recognized position in international law, of which the courts must take judicial notice.” Id. en la pág. 318 (énfasis suplido). CC-2018-0475 29

La mención explícita del Derecho Internacional Público,

las leyes del Reino de España y todos los demás sistemas

legales en Europa para validar la “personalidad jurídica” de

la Iglesia Católica, razonablemente sólo puede implicar que

ésta se refiere a un solo ente religioso a nivel mundial: la

Iglesia Universal del pueblo de Dios. Precisamente, el

profesor José Julián Álvarez en su tratado de derecho

constitucional apunta que una de las consecuencias de la

Opinión del Tribunal Supremo federal fue “que la Iglesia

Católica nunca tuviera la necesidad de incorporarse, como

debieron hacer otras entidades religiosas.” José Julián

Álvarez González, Derecho Constitucional Puertorriqueño

(2009) en la pág. 1192.

Las investigaciones realizadas por el profesor Gelpí

Barrios, las cuales ya se han citado extensamente, apoyan

esta explicación y se alejan de la interpretación

acomodaticia de la Opinión mayoritaria que ni tan siquiera

cita directamente este trabajo que, curiosamente, sirvió

como fundamento principal para su errada conclusión en torno

a tan importante controversia. Luego de analizar el

trasfondo histórico, jurídico y social que llevaron a los

Concordatos de 1851 y 1859 y el Tratado de París, el profesor

Gelpí Barrios explica que:

Al tiempo de la cesión, solamente había en Puerto Rico una diócesis. En la actualidad existen cinco: la archidiócesis de San Juan y las diócesis de Ponce, Arecibo, Caguas y Mayagüez. Cada diócesis es una fragmentación de un solo ente poseedor de personalidad jurídica. Cada una de ellas goza del mismo status legal correspondiente a la diócesis original de Puerto Rico, es decir, a la Iglesia católica romana de Puerto Rico. Ninguna de ellas ha nacido gracias al acto de incorporación tal y como lo exige el Derecho de CC-2018-0475 30

Puerto Rico, sino, por la acción de la Santa Sede, que tiene efectos legales civiles desde el momento en que el documento de erección de la nueva jurisdicción territorial es ejecutada por la autoridad competente. Gelpí Barrios, supra, en la pág. 410 (énfasis suplido).

Vale reconocer que estas expresiones del Profesor son

una traducción al español de un artículo publicado por el

fenecido Obispo de Ponce, Fremiot Torres Oliver, el 28 de

mayo de 1976, titulado Juridical Personality of the Roman

Catholic Churchs in Puerto Rico, 15 Rev. Der. P.R. 307

(1975)(“Each diocese is a fragmentation of one entity

possessing juristic personality, and each enjoys the same

legal status as the original Diocese of Puerto Rico, referred

to in the above quoted opinion as “The Roman Catholic Church

in Puerto Rico”.”) Véase además Aníbal Colón Rosado,

Relations Between Church and State in Puerto Rico, 23 Rev.

Der. P.R. 53 (1983). Si algo se puede concluir de estas

expresiones, que son más que una interpretación -no

vinculante- de un académico y Obispo sobre el caso de

Municipality of Ponce y la historia de nuestro antiguo pasado

colonial español, es que la organización interna y

jerárquica de la Iglesia Católica ha cambiado en Puerto Rico

desde que esta isla caribeña pasó a pertenecer a los Estados

Unidos. Valga destacar también, que en 1903 “la Diócesis de

Puerto Rico [se separó] de la Provincia Eclesiástica de

Santiago de Cuba, y [se] constituyó en diócesis sujeta

directamente a la Santa Sede, lo cual dio a Puerto Rico,

dentro del derecho eclesiástico, plena independencia

eclesiástica, como cualquier otro país latinoamericano.”

Samuel Silva Gotay, La Iglesia Católica de Puerto Rico, en CC-2018-0475 31

el Proceso Político de Americanización, 1898-1930,

(Publicaciones Gaviota 2012) en las págs. 184-185. Ello

colocó a la Iglesia Católica puertorriqueña “en pie de

igualdad con las iglesias de Norte, Centro y Sur América .

. . .” Id. en la pág. 185.

La llamada “fragmentación” de la Diócesis de Puerto

Rico no puede interpretarse como una rotura de la

personalidad jurídica de la Iglesia Universal del pueblo de

Dios, como parece sostener la Mayoría. Más que nada, de lo

que se trata es de la fundación de nuevas diócesis como

vehículo que posibilita hacer “más eficiente el trabajo

pastoral”. Id. en la pág. 282. Es decir, para llevar a

cabo la labor de evangelización. Nuevamente, la conclusión

en contrario de la Opinión mayoritaria es claramente

errónea.

La Iglesia Católica “opera y existe” en la Arquidiócesis

de San Juan y las restantes cinco (5) diócesis. Cenalmor y

Miras, supra, en la pág. 271. Con lo cual, cada uno de estos

entes son en sí la Iglesia Católica y no las partes de una

unidad parcial que forman una sola entidad como concluye la

Mayoría. Cada comunidad diocesana tiene atribuida la

“riqueza mistérica” de la Iglesia Católica. Id. Resolver

como propone la Mayoría, una vez más, violentaría la

separación entre Iglesia y Estado por inmiscuirse este

Tribunal en la definición y conceptualización de dicha

religión. La mayoría nos está decidiendo “quién es” la

Iglesia Católica Apostólica y Romana, determinación que,

como hemos visto, sólo compete a la Iglesia Católica misma

y no al Estado a través de este Foro. Véase, Maryland & CC-2018-0475 32

Virginia Eldership of the Churches of God, supra, en la pág.

369. Lo cierto es que las instituciones dentro de la Iglesia

Católica en Puerto Rico que poseen personalidad jurídica son

la Arquidiócesis de San Juan y las cinco (5) diócesis.

Además, en lo que atañe la reclamación en el presente pleito,

no se puede perder de vista que algunos de los patronos

demandados, como por ejemplo la Academia del Perpetuo

Socorro, ostentan personalidad jurídica propia e

independiente en el ámbito del Derecho Privado al haberse

incorporado conforme a las exigencias del Derecho

Corporativo y el Departamento de Estado.15

IV.

A pesar de entender que el análisis que antecede es

suficiente para despejar toda duda sobre el desatino del

proceder mayoritario, considero necesario examinar, si bien

brevemente, las implicaciones prácticas de la determinación

de la mayoría y las consecuencias de imponerle a una entidad

15 La Opinión de la mayoría no atiende este asunto, al limitarse a indicar que el certificado de incorporación de esa institución había sido revocado en el 2014. Confusamente, posteriormente en la Opinión se contempla, - haciendo referencia específica a la Academia del Perpetuo Socorro- la posibilidad de que algunas entidades se sometan a un proceso ordinario de incorporación. En cuanto a esto, resulta importante señalar que el Departamento de Estado restableció la incorporación de la Academia del Perpetuo Socorro y, en consecuencia, su personalidad jurídica se retrotrajo a la fecha de su incorporación original. Véase Carlos Díaz Olivo, Corporaciones (Publicaciones Puertorriqueñas, 1999) en la pág. 43. Además de esta inadvertencia por parte de la mayoría, algunas de las instituciones educativas que se mencionan en la Opinión ni siquiera figuran como parte en este pleito. Específicamente, a lo largo de la Opinión se alude al “Colegio San Ignacio”, cuando la parte demandada es la “Academia San Ignacio”, una institución educativa completamente distinta. CC-2018-0475 33

religiosa una personalidad jurídica que no ostenta y que,

para propósitos de su organización interna, es inexistente.

En primer lugar, conviene llamar la atención al hecho

de que la Opinión mayoritaria revoca de manera tácita años

de jurisprudencia establecida por este Tribunal, mediante la

cual la Arquidiócesis de San Juan y demás cinco (5) diócesis

han figurado como partes en distintos litigios. Si

consideramos una de las primeras decisiones de este Foro en

la cual la Diócesis de Puerto Rico formó parte, se desprende

que, hasta hoy, la personalidad y el estatus jurídico de esa

institución había sido reconocido por este Foro. En Iglesia

Católica Apostólica Romana v. El Pueblo, 11 D.P.R. 485

(1906), este Tribunal atendió una demanda en la cual la

Iglesia Católica solicitaba que el Gobierno de la Isla le

devolviese unos bienes de las Comunidades Religiosas de

Frailes Dominicos y Franciscanos que habían sido suprimidos

e incautados en 1838. En el pleito, el Gobierno de Puerto

Rico cuestionó la potestad de la Iglesia Católica para

adquirir propiedad. En este contexto, este Tribunal atendió

el asunto de la capacidad legal del Obispo para instar la

demanda en cuestión y, en lo pertinente, expuso que:

Otro tanto es de decirse respecto [a] la personalidad del Obispo Católico de Puerto Rico para llevar la representación de la Iglesia Católica en el presente litigio. Los obispos llevan la representación de la iglesia en sus respectivas Diócesis con arreglo [a] los cánones de la Iglesia Católica y esta representación les [fue] especialmente reconocida por los concordatos en todo cuanto se refería [a] la entrega de los bienes [a] los Obispos y [a] su permutación en la forma acordada entre ambas potestades. Iglesia Católica Apostólica Romana, 11 D.P.R. en la pág. 10 (énfasis suplido). CC-2018-0475 34

Ciertamente, estas expresiones son consistentes con la

interpretación del caso Municipality of Ponce y el análisis

expuesto en los acápites II y III de esta opinión. Luego de

esta decisión, en diversas ocasiones, este Tribunal ha

atendido controversias por vía de las cuales le ha reconocido

personalidad jurídica a la Arquidiócesis de San Juan y las

cinco (5) otras Diócesis. Esto, demostrando un entendimiento

sobre la organización eclesiástica interna y jerárquica de

la Iglesia Universal de pueblo de Cristo. Véase Diócesis de

Arecibo v. Srio. De Justicia, 191 D.P.R. 292 (2014); Diócesis

de Mayagüez v. Junta de Planificación, 147 D.P.R. 471 (1999);

Díaz v. Colegio Nuestra Sra. Del Pilar, 123 D.P.R. 765

(1989); Academia San Jorge v. Junta de Relaciones de Trabajo,

110 D.P.R. 193 (1980); Agostini Pascual v. Iglesia Católica,

Diócesis de Ponce, 109 D.P.R. 172 (1979); Vélez Colón v.

Iglesia Católica, Apostólica y Romana, Diócesis de Arecibo,

105 D.P.R. 123 (1976); Camacho v. Iglesia Católica,

Apostólica y Romana, Diócesis de San Juan v. Registrador, 95

D.P.R. 511 (1968); Iglesia Católica, Apostólica y Romana

Diócesis de Ponce, 72 D.P.R. 353 (1951). Como se anticipó,

avalar la Opinión mayoritaria conlleva a dar por no puestas

todas estas decisiones.

Además, los efectos prácticos de la decisión que hoy

emite una mayoría ponen en manifiesto la liviandad y simpleza

del análisis empleado y se perfilan como un obstáculo

adicional en la resolución final del presente pleito y,

consiguientemente, el cobro por parte de los demandantes de

las cuantías que reclama. En esencia, el dictamen suscrito,

al atribuirle improcedentemente personalidad jurídica a la CC-2018-0475 35

Iglesia Católica, despoja de personalidad jurídica

independiente a las otras entidades demandadas y,

consecuentemente, releva a éstas del cumplimiento con las

obligaciones que asumieron en torno a los demandantes y que

son el objeto de este pleito. A esos efectos, nótese que la

orden de embargo decretada, según contenida en la Resolución

que hoy una mayoría “sostiene y mantiene en todo vigor”

dispone lo siguiente:

Se ordena, en virtud de ello, al alguacil de este Tribunal que proceda a embargar bienes y dineros de la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana en una cantidad de $4,700,000 para responder por el pago de las pensiones de los demandantes, incluyendo bonos, valores, vehículos de motor, obras de arte, equipos, muebles, cuentas, bienes inmuebles y cualquier otro bien perteneciente a la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana, y cualquiera de sus dependencias, que esté ubicado en Puerto Rico

Resulta insostenible concebir que dicha orden sea, en

efecto, ejecutable. ¿Cómo han de identificarse los bienes a

ser embargados? ¿Importa su titularidad? ¿Hay algún orden de

prelación entre tanta generalidad? ¿Qué ocurre con las otras

entidades demandadas? ¿Carecen de personalidad jurídica a

pesar de estar incorporadas? ¿Procede la desestimación de

las causas de acción incoadas en su contra? ¿Qué ocurrirá

con los bienes de las diócesis que han solicitado

intervención en este pleito y al día de hoy no son parte?

¿Serán despojadas de éstos sin un debido proceso de ley?

¿Son embargables todos los bienes de otras entidades

religiosas, tal y como égidas, centros de cuido y otras

instituciones educativas? CC-2018-0475 36

Las interrogantes son muchas y la falta de respuestas

evidencia que el dictamen suscrito por una mayoría de los

integrantes de este Foro carece de profundidad, seriedad y

el rigor intelectual que una controversia de tan alto interés

público amerita. Por todo lo cual, dejaría sin efecto el

embargo decretado al ser éste inejecutable y estar dirigido

a una entidad que carece de personalidad jurídica propia y,

para todos los efectos, no existe en Derecho.

Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Presidenta Interina EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Yalí Acevedo Feliciano y Otros

vs.

Iglesia Católica Apostólica y Romana y Otros CC-2018-475 Certiorari Recurridos ________________________________

Sonia Arroyo Velázquez y Otros

Iglesia Católica Apostólica y Romana y Otros

Recurridos ________________________________

Elsie Alvarado Rivera y Otros

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR COLÓN PÉREZ.

En San Juan, Puerto Rico a 11 de junio de 2018.

Omnes viae Roman ducunt.

Hay algunos que dicen que “todos los caminos conducen a

Roma”; histórica expresión atribuible al sistema eficiente de CC-2018-0475 2

calzadas romanas que existía en tiempos de los emperadores, y

que le garantizaba, al que siguiera su ruta, el acceso a la

capital de uno de los mayores imperios que el mundo ha conocido:

Roma. Y es precisamente allí, a Roma, sede de la Iglesia

Católica, Apostólica y Romana donde una mayoría de este Tribunal

-- a través de un dictamen que, como mínimo, será muy difícil

de ejecutar -- ha enviado a un grupo de maestros y maestras de

diversos colegios católicos del país a reclamar su derecho a un

retiro digno, del cual ellos y ellas aparentan ser merecedores.

Por no estar de acuerdo con este lamentable proceder, que valida

un litigio mal llevado, y que -- al final del día -- dejará

desprovista de remedios a la clase magisterial que hoy toca

nuestra puerta, enérgicamente disentimos.

En esa dirección, no validaremos con nuestro voto un

dictamen en extremo superficial, carente de un análisis profundo

sobre las diversas dimensiones de las controversias ante nuestra

consideración, en el cual una mayoría de este Tribunal, dejando

a un lado todos los precedentes que atienden temas similares al

que hoy nos ocupa, opta por reconocerle personalidad jurídica

a un concepto abstracto y de carácter universal como lo es el

término Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Al así hacerlo,

los compañeros Jueces y Juezas que forman parte de la mayoría

obvian en su análisis que la Iglesia Católica, Apostólica y

Romana, por su función, propósito e idiosincrasia requiere estar

presente en todos los rincones del globo terráqueo. Su misión,

como la de toda iglesia, es expandirse en todos los lugares del

mundo que se le permita. De ahí, la complejidad que resulta CC-2018-0475 3

poder determinar quiénes, en controversias como las que hoy nos

ocupan, y que ocurren en nuestra jurisdicción, son los llamados

a responder.

Por ello, en el presente caso -- previo a emitir cualquier

tipo de dictamen -- era necesario estudiar con detenimiento la

estructura organizacional de la Iglesia Católica, de forma tal

que se pudiese determinar, con particular precisión, cuáles de

sus entidades verdaderamente tienen personalidad jurídica y, en

consecuencia, quiénes son aquellas partes verdaderamente

llamadas a responder al grupo de maestros y maestras que incoó

la causa de epígrafe. Ya que una mayoría de este Tribunal no

realizó el mencionado estudio -- y toda vez que estamos ante un

litigio que posee todos los elementos necesarios para ser

revisado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos -- a

través de esta Opinión Disidente, procedemos a así hacerlo.

Corresponde ahora que el Alto Foro Judicial Federal, si así lo

solicitan las partes aquí afectadas, rectifique el error

cometido por este Tribunal, por tratarse de un asunto de

particular importancia en el tema de la separación de Iglesia

y Estado. Veamos.

Los hechos medulares no están en controversia. El 6 de

junio de 2016, sesenta y seis (66) maestros y maestras de la

Academia del Perpetuo Socorro (en adelante, “maestros y maestras

demandantes”) presentaron una demanda de interdicto preliminar

y permanente, sentencia declaratoria, incumplimiento de

contrato, y daños y perjuicios en contra de la Iglesia Católica, CC-2018-0475 4

Apostólica y Romana de Puerto Rico, la Arquidiócesis de San

Juan, la Superintendencia de Escuelas Católicas de San Juan, la

Academia del Perpetuo Socorro y el Fideicomiso para el Plan de

Pensiones para Empleados de Escuelas Católicas (en adelante,

“Fideicomiso”). Ello, porque el referido Fideicomiso anunció el

cese del plan de pensiones del cual éstos y éstas por años se

beneficiaban.

Posteriormente, otro grupo de maestros y maestras de la

Academia San José y la Academia San Ignacio de Loyola

presentaron demandas análogas. Junto con la demanda, los

mencionados empleados también solicitaron un interdicto

preliminar y un embargo en aseguramiento de sentencia. En

particular, alegaron que la paralización de los pagos les causó

un daño irreparable contra sus derechos adquiridos y solicitaron

al Tribunal que ordenara la continuación de la prestación de la

pensión y el embargo de haberes de la Iglesia Católica,

Apostólica y Romana hasta la suma de $4,444,419.95, ello para

asegurar la sentencia que, en su día, pudiese estar emitiendo

el foro primario. Mediante Resolución del 15 de julio de 2016,

el Tribunal de Primera Instancia consolidó este caso con el

originalmente presentado por la Academia del Perpetuo Socorro.

Así las cosas, examinados los planteamientos de todas las

partes, el Tribunal de Primera Instancia denegó otorgar el

interdicto preliminar solicitado. Dicha determinación fue

confirmada por el Tribunal de Apelaciones, lo que motivó que la

mencionada controversia culminara ante nuestra consideración.

En aquella ocasión, mediante Sentencia de 18 de julio de 2017, CC-2018-0475 5

este Foro resolvió que procedía la solicitud de interdicto

preliminar presentada por los maestros y maestras demandantes.

Así pues, le ordenamos al Tribunal de Primera Instancia la

celebración de una vista para determinar quién o quiénes estaban

obligados a continuar el pago de las pensiones objeto de este

litigio. Para ello, el foro primario debía dilucidar quiénes de

los demandados tenían personalidad jurídica.

En virtud de la orden emitida por este Foro, las partes

presentaron varios escritos ante el Tribunal de Primera

Instancia. Los maestros y maestras demandantes alegaron que la

Academia del Perpetuo Socorro, la Academia San José y la

Academia San Ignacio de Loyola carecían de personalidad jurídica

por ser dependencias de la Arquidiócesis de San Juan, quien

también carecía de personalidad jurídica. Esto último, porque

la Arquidiócesis de San Juan es una subdivisión de la Iglesia

Católica, Apostólica y Romana quien es la única institución con

personalidad jurídica.

Por su parte, la Academia del Perpetuo Socorro indicó que

tenía personalidad jurídica por estar inscrita como corporación

sin fines de lucro.16 El Fideicomiso, la Arquidiócesis de San

Juan y la Superintendencia de Escuelas Católicas de San Juan,

aunque presentaron varios escritos al Tribunal, en esa etapa de

los procedimientos, no se expresaron sobre el aspecto de

16Además, señaló que su certificado de incorporación fue revocado por el Departamento de Estado el 4 de mayo de 2014. No obstante, se reinstaló su incorporación y se retrotrajo su personalidad jurídica a la fecha de incorporación original, el 2 de febrero de 1968. CC-2018-0475 6

En su escrito, el Fideicomiso informó que había presentado

una petición de quiebras ante la Corte de Quiebras para el

Distrito de Puerto Rico. La Arquidiócesis de San Juan y la

Superintendencia de Escuelas Católicas de San Juan, por otro

lado, presentaron una moción ante el foro primario en la que

informaron sobre la presentación de una petición de traslado

(notice of removal) en la Corte de Distrito de los Estados

Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Ello, por considerar

que la reclamación objeto del presente litigio estaba

relacionada a la petición de quiebra presentada por el

Fideicomiso.

Así pues, examinados los escritos presentados por las

partes, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia

Parcial. En ésta, en vista de la petición de quiebra presentada

ante la Corte de Quiebras para el Distrito de Puerto Rico,

ordenó la paralización de los procedimientos en el presente

caso y el archivo administrativo del mismo sin perjuicio. Sin

embargo, posteriormente la Corte de Quiebras para el Distrito

de Puerto Rico desestimó la petición de quiebra.

Enterados de ello, el 16 de marzo de 2018, la Arquidiócesis

de San Juan y la Superintendencia de Escuelas Católicas de San

Juan presentaron, ante la Corte de Distrito de los Estados

Unidos para el Distrito de Puerto Rico, un aviso de

desistimiento de su petición de traslado y, en consecuencia,

solicitaron que el caso se devolviera al foro estatal. Dicho

escrito fue notificado a todas las partes en el pleito. CC-2018-0475 7

Acto seguido, el 19 de marzo de 2018 los maestros y

maestras demandantes presentaron ante el Tribunal de Primera

Instancia una moción informativa en la cual notificaron a dicho

foro que la Arquidiócesis de San Juan y la Superintendencia de

Escuelas Católicas de San Juan presentaron ante el mencionado

ente federal un aviso de desistimiento de la petición de

traslado. Ese mismo día, el Tribunal de Primera Instancia

emitió una Orden mediante la cual dejó sin efecto la

paralización del pleito por razón de la petición de quiebra.

Posteriormente, en cumplimiento con la orden emitida por

este Foro, el Tribunal de Primera Instancia celebró una vista

evidenciaria para determinar si la Iglesia Católica, Apostólica

y Romana, la Arquidiócesis de San Juan, la Superintendencia de

Escuelas Católicas de San Juan, la Academia del Perpetuo

Socorro, la Academia San José y la Academia San Ignacio de

Loyola tenían personalidad jurídica. Celebrada la referida

vista evidenciaria, el foro primario emitió una Resolución

mediante la cual determinó que la Arquidiócesis de San Juan, la

Superintendencia de Escuelas Católicas de San Juan y los

mencionados Colegios, carecían de personalidad jurídica. Ello

pues, las mismas son dependencias de la Iglesia Católica,

Apostólica y Romana, que cuenta con personalidad jurídica en

virtud del Tratado de París. Así, ordenó a la Iglesia Católica,

Apostólica y Romana el pago de la pensión a los empleados

demandantes, conforme al Plan de Pensiones, mientras se resolvía

el presente litigio. CC-2018-0475 8

Inconformes con la referida determinación, la

Arquidiócesis de San Juan y la Superintendencia de Escuelas

Católicas de San Juan presentaron, ante el foro primario, una

Moción sobre nulidad de Resolución y solicitud para que se

considere moción de desestimación por falta de jurisdicción. En

la misma, argumentaron que la referida Resolución se emitió sin

jurisdicción, pues la Corte de Distrito de los Estados Unidos

para el Distrito de Puerto Rico no había emitido una orden

devolviendo el caso al Tribunal de Primera Instancia. El foro

primario declaró no ha lugar la referida moción de

desestimación.

Insatisfechas aún, la Arquidiócesis de San Juan y la

Superintendencia de Escuelas Católicas de San Juan presentaron

una moción de reconsideración y una moción para que se fijara

la fianza conforme a los dispuesto por la Regla 56.3 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 56.3. En oposición, los

maestros y maestras demandantes alegaron que, mediante sus

acciones, y al presentar una moción dispositiva el 13 de febrero

de 2018, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana renunció

voluntariamente a la solicitud de traslado. Asimismo,

solicitaron que se prohibiera a la Iglesia Católica, Apostólica

y Romana, a la Academia del Perpetuo Socorro, a la Academia San

José y a la Academia San Ignacio de Loyola comparecer de forma

separada por ser dependencias de la Iglesia Católica, Apostólica

y Romana. Por último, requirieron que se ordenara la

consignación de los fondos restantes del Fideicomiso. CC-2018-0475 9

Vistos los referidos documentos, el Tribunal de Primera

Instancia emitió una Resolución mediante la cual ordenó a la

Iglesia Católica, Apostólica y Romana a consignar, en un plazo

de veinticuatro (24) horas, la suma de $4,700,000 en el

Tribunal. Además, advirtió a la Iglesia Católica, Apostólica y

Romana que, de incumplir con la referida orden, procedería a

embargar sus cuentas bancarias.

Oportunamente, y en desacuerdo con las referidas

Resoluciones emitidas por el foro primario, la Arquidiócesis de

San Juan acudió al Tribunal de Apelaciones mediante una Moción

en auxilio de jurisdicción y petición de certiorari. En su

recurso, la Arquidiócesis de San Juan alegó que el Tribunal de

Primera Instancia erró: (1) al emitir una Resolución cuándo

carecía de jurisdicción para hacerlo por, en ese momento, estar

pendiente una solicitud de traslado a la Corte de Distrito de

los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico; (2) al no

desestimar la demanda al amparo del Foreign Sovereign Immunities

Act por falta de jurisdicción sobre la materia; (3) al no

desestimar la demanda por falta de jurisdicción sobre la persona

de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana; (4) al emitir un

interdicto preliminar sin imponer una fianza al amparo de la

Regla 57.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57.4; (5)

al resolver que la Arquidiócesis de San Juan no tenía

personalidad jurídica independiente de la Iglesia Católica,

Apostólica y Romana; (6) al determinar que la Academia del

Perpetuo Socorro tenía personalidad jurídica; y, (7) al ordenar

la consignación de 4.7 millones de dólares, que equivale un CC-2018-0475 10

interdicto permanente, sin la celebración de vista y/o la

presentación de prueba sobre las cantidades.

Estudiados los alegatos de todas las partes, el Tribunal

de Apelaciones dictó Sentencia. Al así hacerlo, resolvió, en

primer lugar, que aunque se había presentado una moción de

traslado a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el

Distrito de Puerto Rico, la que posteriormente fue desestimada,

al momento en que el Tribunal de Primera Instancia emitió la

Resolución objeto de revisión, la conducta desplegada por la

Arquidiócesis de San Juan y la Superintendencia de las Escuelas

Católicas de San Juan, quienes solicitaron el traslado, reflejan

que estos renunciaron al remedio del traslado al foro federal.

Por lo tanto, a juicio del Tribunal de Apelaciones, el foro

primario no carecía de jurisdicción para emitir la Resolución

en controversia.

En cuanto al reclamo sobre falta de jurisdicción sobre la

materia, el foro apelativo intermedio determinó que no procedía

el mismo, pues era evidente que la demanda instada por los

maestros y maestras demandantes estaba dirigida a la Iglesia

Católica, Apostólica y Romana por acciones alegadamente

incurridas por la misma en Puerto Rico.

Establecido lo anterior, al amparo del Tratado de París y

el Código de Derecho Canónico, el Tribunal de Apelaciones

determinó que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana carecía

de personalidad jurídica. No obstante, dicho foro sostuvo que,

dentro de la estructura organizacional de la Iglesia, las

diócesis, las parroquias, las órdenes religiosas, entre otras CC-2018-0475 11

organizaciones, sí tenían personalidad jurídica. El Tribunal de

Apelaciones sentenció que ello, en parte, se debía a que en

Puerto Rico no existía una estructura mayor que agrupase bajo

una sola autoridad a todas las diócesis. Cada diócesis

representaba, de manera autónoma, a la Iglesia Católica,

Apostólica y Romana en su respectiva circunscripción.

De otra parte, sobre la Arquidiócesis de San Juan el

Tribunal de Apelaciones determinó que, al igual que todas las

diócesis en Puerto Rico, ésta tenía personalidad jurídica. Ello,

pues el nivel de autoridad de una Arquidiócesis es el mismo que

el de cualquier diócesis. La diferencia estriba, según ilustra

el foro apelativo intermedio, en que una Arquidiócesis es

denominada de tal forma por ser una diócesis de gran tamaño y

población.

En cuanto a la Academia del Perpetuo Socorro, el Tribunal

de Apelaciones razonó que se trataba de un colegio adscrito a

la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro por lo que

estaba cubierta por la personalidad jurídica de la Parroquia.

Ello era así, a pesar de que la Academia del Perpetuo Socorro

estaba registrada como corporación sin fines de lucro, al amparo

del Art. 9.08 de la Ley de Corporaciones, 14 LPRA sec. 3708.

Asimismo, el foro apelativo intermedio determinó que la

Academia San José, al ser una escuela parroquial, estaba

adscrita a la Parroquia San José, por lo que quedaba cubierta

bajo la personalidad jurídica de la referida Parroquia.

Ahora bien, en cuanto a la Academia San Ignacio de Loyola,

el Tribunal de Apelaciones determinó que era una escuela CC-2018-0475 12

adscrita a la Orden de la Compañía de Jesús en Puerto Rico,

Inc., mejor conocida como la Orden Jesuita. Esta última tenía

personalidad jurídica conforme a lo dispuesto por el Tratado de

París, por lo que, a juicio del Tribunal de Apelaciones, la

referida Academia estaba cubierta por la personalidad jurídica

de la Orden de la Compañía de Jesús en Puerto Rico, Inc.

Por otro lado, en cuanto al remedio concedido en virtud de

la Regla 57.4 de Procedimiento Civil, supra, el interdicto

preliminar y el derecho de obligaciones y contratos, el foro

apelativo intermedio razonó que la obligación de los patronos

-- entiéndase la Arquidiócesis de San Juan, la Superintendencia

de Escuelas Católicas de San Juan, la Academia del Perpetuo

Loyola -- se implantó bajo la figura del Fideicomiso. Siendo

ello así, no se les puede imputar a éstos -- mediante el remedio

provisional del interdicto preliminar -- el pago de la pensión

directamente a los demandantes. El remedio sólo procedía contra

quien el derecho le asignaba esa obligación. Así pues, el

Tribunal de Apelaciones determinó que lo que procedía era

obligar a los patronos participantes a continuar haciendo las

aportaciones a las que se comprometieron, en virtud del contrato

del Plan de Pensiones. A juicio del foro apelativo intermedio,

dichas sumas de dinero deberían ser consignadas en el tribunal,

ante el estado de insolvencia del Fideicomiso. De ese fondo, se CC-2018-0475 13

podrían continuar haciendo los pagos a los maestros y maestras

demandantes, por concepto de su pensión de retiro.17

Por último, en cuanto a la imposición de fianza conforme

a los dispuesto por la Regla 56.3 de Procedimiento Civil, supra,

el Tribunal de Apelaciones determinó que el Tribunal de Primera

Instancia aplicó incorrectamente la referida Regla. El foro

apelativo intermedio razonó que la excepción dispuesta por el

inciso (c) de la Regla 56.3 de Procedimiento Civil, supra, es

de aplicación al conceder un remedio en aseguramiento de

sentencia, no al conceder un interdicto preliminar, y el mismo

sólo procedía una vez emitida una sentencia final. Por

considerarse la referida Resolución un dictamen interlocutorio,

en palabras del foro apelativo intermedio, la autorización del

remedio extraordinario sin prestación de fianza fue incorrecta.

No conforme con la determinación del Tribunal de

Apelaciones, el 14 de mayo de 2018 los maestros y maestras

demandantes, beneficiaros del Plan de Pensiones, recurrieron

ante nos mediante Moción en auxilio de jurisdicción y/o

solicitud de trámite expedito y petición de certiorari. En

dichos escritos, en esencia, alegaron que el foro apelativo

intermedio erró al revocar el dictamen del Tribunal de Primera

Instancia. En particular, adujeron que el Tribunal de

Apelaciones erró al resolver que la Iglesia Católica Apostólica

17En el caso particular de la Academia San Ignacio de Loyola y la Academia San José, al no tener personalidad jurídica individual, sino por medio de sus parroquias, no se les puede imponer la obligación de cumplir con el remedio provisional. Dicha obligación, residiría sobre la Parroquia San José y la Orden de la Compañía de Jesús en Puerto Rico, Inc., pero estos no han sido traídos al pleito. Estos son partes indispensables sin los cuales no se puede emitir un remedio para los reclamantes. CC-2018-0475 14

y Romana no tenía personalidad jurídica; al modificar el remedio

provisional en aseguramiento de sentencia; y al dejar sin efecto

la concesión del remedio sin prestación de fianza.

No obstante, el 22 de mayo de 2018, compareció ante nos el

Fideicomiso mediante moción informativa en la que nos indicó

que la Academia del Perpetuo Socorro había presentado una

oportuna moción de reconsideración ante el Tribunal de

Apelaciones el 18 de mayo de 2018, entiéndase cuatro (4) días

después de presentada la Moción en auxilio de jurisdicción y/o

solicitud de trámite expedito ante esta Curia, la cual privaba

de jurisdicción a este Tribunal para atender la causa de

epígrafe. Examinado dicho escrito, este Tribunal le concedió a

todas las partes en el litigio un (1) día para que se expresaran

sobre la referida moción informativa, en específico sobre si

procedía o no desestimar el recurso ante nuestra consideración

por ser prematuro.

Recibidas las comparecencias de todas las partes, una

mayoría de este Tribunal determinó que la notificación de la

referida moción de reconsideración a los beneficiarios del Plan

de Pensiones fue una incorrecta por haberse enviado la misma a

una dirección de correo electrónico de los abogados de los

maestros y maestras demandantes distinta a la dispuesta en el

Registro Único de Abogados y Abogadas del Tribunal Supremo, por

lo que se dio por no puesta la misma. Así pues, se declaró ha

lugar la Moción en auxilio de jurisdiccion y/o solicitando

tramite expedito y petición de certiorari, y se le concedió a

los recurridos un término de diez (10) días para mostrar causa CC-2018-0475 15

por la que este Tribunal no debía revocar la sentencia emitida

por el Tribunal de Apelaciones.18

Cumpliendo con lo ordenado, todas las partes comparecieron

ante nos. Con el beneficio de las referidas comparecencias, una

mayoría de este Tribunal -- de forma errada y atropellada –-

revoca la sentencia emitida por el foro apelativo intermedio y

resuelve que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana tiene

personalidad jurídica y, por ende, es la llamada a responderle

a la clase magisterial que hoy acude ante nos. De ese lamentable

proceder, como mencionamos anteriormente, disentimos. Nos

explicamos.

A. Jurisdicción

18 De dicho curso de acción disentimos y consignamos las siguientes expresiones:

El Juez Asociado señor Colón Pérez disiente del curso de acción seguido por una Mayoría de este Tribunal en el presente caso, y se reitera en que, en estricto derecho, procede desestimar, sin más, la causa de epígrafe. Ello pues, éste es de la opinión que, de manera análoga a lo resuelto por este Tribunal en Municipio de Rincón v. Velázquez Muñiz, 192 DPR 989 (2015), debemos otorgarle deferencia al foro apelativo intermedio para que examine y resuelva la moción de reconsideración que tiene en estos momentos ante su consideración, la cual fue oportunamente presentada por la Academia del Perpetuo Socorro Inc., una de las partes en el litigio. Ello incluye, entre otras cosas, el determinar si la referida moción de reconsideración fue presentada y notificada adecuadamente a todas las partes envueltas en el caso de marras.

A su juicio, la mera presentación de una moción en auxilio de jurisdicción ante este Foro, la cual no ha sido atendida, no priva de jurisdicción al Tribunal de Apelaciones para atender una moción de reconsideración que ha sido presentada en tiempo, y, en consecuencia, de pasar juicio sobre la corrección de la misma, así como de su dictamen previo. Como cuestión de hecho, el 22 de mayo de 2018, el foro apelativo intermedio -- entendiendo sobre la moción de reconsideración en cuestión -- ordenó a las partes expresarse en torno a la misma.

A dichas expresiones, se nos unió la compañera Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez. CC-2018-0475 16

Como es sabido, la jurisdicción es la autoridad que tiene

un tribunal para adjudicar los casos y controversias ante su

consideración. Véase, Regla 3.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V., R. 3.1. Es norma reiterada que los tribunales debemos

ser celosos guardianes del ejercicio de nuestra jurisdicción y

que, para poder ejercitar válidamente dicha autoridad, debemos

poseer jurisdicción sobre la materia y sobre las personas

involucradas en el litigio. Oficina de Asuntos Monopolísticos

del Departamento de Justicia v. Jiménez Galarza, 2017 TSPR 194,

DPR (2017); Medina Garay v. Medina Garay, 161 DPR 806, 817

(2004); Shuler v. Shuler, 157 DPR 707, 718 (2002). Un dictamen

sin jurisdicción sobre la persona o sobre la materia es nulo.

Constructora Estelar, S.E. v. Aut. Edif. Pub., 183 DPR 1, 22-

23 (2011); Vázquez v. López, 160 DPR 714 (2003); Bco. Santander

PR v. Fajardo Farms Corp., 141 DPR 237, 244 (1996); Vázquez v.

ARPE, 128 DPR 513, 537 (1991).

Así pues, cuestionada su jurisdicción, es deber

ministerial de todo tribunal el examinar y evaluar con

rigurosidad el señalamiento, pues éste incide directamente

sobre el poder mismo para adjudicar una controversia. En esa

dirección, conviene recordar aquí que los tribunales no tienen

discreción para asumir jurisdicción allí donde no la hay. Véase,

Virella v. Proc. Esp. Rel. Fam., 154 DPR 742, 759 (2001);

Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778, 782 (1976); Martínez

v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980).

Sobre este particular, en reiteradas ocasiones hemos

señalado que, como regla general, un tribunal tiene jurisdicción CC-2018-0475 17

sobre toda persona que se encuentre domiciliada dentro de

límites geográficos de Puerto Rico. 32 LPRA Ap. V, R. 3.1. Ahora

bien, hemos reconocido, como excepción a la referida norma, que

los tribunales pueden tener jurisdicción sobre personas

ausentes dentro de sus límites territoriales si voluntariamente

se someten a su jurisdicción mediante un acto sustancial que lo

integre al pleito o si éste tiene contactos mínimos con el foro.

Shuler v. Shuler, supra, pág. 719; Qume Caribe, Inc. v. Srio.

de Hacienda, 153 DPR 700, 711 (2001); Márquez v. Barreto, 143

DPR 137, 143 (1997).

Como se sabe, el mecanismo para adquirir jurisdicción sobre

la parte demandada es el emplazamiento. Este mecanismo,

dispuesto por la Regla 4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 4, es el vehículo procesal mediante el cual el Tribunal

adquiere jurisdicción sobre la persona, pues a través del mismo

se le notifica a la parte demandada del inicio de un

procedimiento judicial en su contra. Torres Zayas v. Montano

Gómez, 2017 TSPR 202, ___ DPR ___, (2017); Rivera Báez v. Jaume,

157 DPR 562, 575 (2002); Medina Garay v. Medina Garay, supra,

pág. 818. La falta de diligenciamiento del emplazamiento,

conforme a lo dispuesto por la Regla 4 de Procedimiento Civil,

supra, -- ya sea personalmente o por edicto -- priva al Tribunal

de jurisdicción sobre la parte demandada. Rivera Hernández v.

Comtec Comm., 171 DPR 695, 714 (2007); Medina Garay v. Medina

Garay, supra, pág. 818. De ahí, la necesidad de cumplir

estrictamente con todos los requisitos del emplazamiento

dispuestos por la referida Regla, pues es así, y solo así, que CC-2018-0475 18

el tribunal podrá adquirir jurisdicción sobre las partes en el

pleito. Quiñones Román v. CIA ABC, 152 DPR 367, 374 (2000);

Chase Manhattan Bank v. Polanco Martínez, 131 DPR 530, 535

(1992); Medina Garay v. Medina Garay, supra, pág. 819.

B. Las partes

Como hemos indicado en ocasiones anteriores, el concepto

parte va enlazado al de jurisdicción sobre la persona. Cónsono

con ello, hemos sentenciado que la parte demandante se somete

voluntariamente a la jurisdicción del tribunal con la

presentación de la demanda y la parte demandada se trae al

tribunal mediante un correcto emplazamiento. Sánchez Rivera v.

Malavé Rivera, 192 DPR 854, 872-873 (2015); Acosta v. ABC, Inc.,

142 DPR 927 (1997); Rivera v. Jaume, supra, pág. 575.

Ahora bien, además de lo antes dicho, para que un pleito

pueda tramitarse adecuadamente, ambos, la parte demandante y la

parte demandada, deben tener capacidad jurídica. Este concepto

comprende la capacidad de obrar y la personalidad jurídica.

Véase R. Hernández Colón, Practica Jurídica de Puerto Rico:

Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis de Puerto

Rico, 2017, sec. 1101, pág. 144.

La capacidad de obrar es la facultad de una persona para

gobernar los derechos y las obligaciones de los que es titular.

Alvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, 175 DPR 398, 418 (2009);

Asoc. de Res. Est. Cidra v. Future Dev., 152 DPR 54, 67 (2000);

Laureano Pérez v. Soto, 141 DPR 77, 89 (1996). Así pues, una CC-2018-0475 19

persona que carece de capacidad de obrar no tiene la capacidad

para comparecer en un juicio. Íd.

De otra parte, la personalidad jurídica es la capacidad

para ser sujeto de derechos y obligaciones. Alvareztorre Muñiz

v. Sorani Jiménez, supra, pág. 418; Asoc. de Res Est. Cidra v.

Future, supra, en la pág. 66; Laureano Pérez v. Soto, supra,

pág. 89. Al respecto, en el pasado hemos sentenciado que, la

capacidad para ser parte de un pleito es una manifestación de

la personalidad jurídica. Alvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez,

supra, pág. 418; Asoc. de Res Est. Cidra v. Future, supra, en

la pág. 66; Laureano Pérez v. Soto, supra, pág. 89.

En el caso de las corporaciones sitas en nuestro país,

conviene recordar aquí que nuestro ordenamiento legal le

reconoce personalidad jurídica en virtud de los dispuesto en la

Ley General de Corporaciones de Puerto Rico, 14 LPRA sec. 3501

et seq. Sobre el particular, el Art. 29 del Código Civil

establece que “la capacidad civil de las corporaciones,

compañías y asociaciones, se regulará por las leyes que las

hayan reconocido o creado”. 31 LPRA sec. 103. Dicho

reconocimiento de personalidad jurídica les permite a estas

entidades “adquirir y poseer bienes de todas clases, así como

contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o

criminales, conforme a las leyes y reglas de su constitución”.

31 LPRA sec. 104.

Por último, y en lo relacionado a las corporaciones u

organizaciones sin fines de lucro, es menester señalar que una

vez estas son reconocidas como tal, mediante la expedición de CC-2018-0475 20

su certificado de incorporación, las mismas también gozan de

personalidad jurídica y, entre otras cosas, pueden demandar y

ser demandadas. 14 LPRA sec. 3505. Una vez incorporada la

organización sin fines de lucro, los socios o accionistas no

responden en su carácter personal por actos de la misma.

C. Partes Indispensables

Establecido lo anterior, resulta necesario añadir a

nuestro análisis aquellas expresiones de este Tribunal que, en

virtud de la protección constitucional que impide que persona

alguna sea privada de su propiedad o de su libertad sin un

debido proceso de ley, le exigen a todo demandante, al momento

de entablar cualquier pleito judicial, el incluir en el mismo

a todas las partes que pudiesen verse afectadas por el dictamen

que, en su día, pudiese emitir el foro judicial. Bonilla Ramos

v. Dávila Medina, 185 DPR 667 (2012); Sánchez v. Sánchez, 154

DPR 645 (2001); Cepeda Torres v. García Ortiz, 132 DPR 698

(1993).

Cónsono con lo anterior, la Regla 16.1 de Procedimiento

Civil requiere que, “las personas que tengan un interés común

sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia, se

[hagan] partes y se [acumulen] como demandantes o demandadas,

según corresponda. Cuando una persona que deba unirse como

demandante rehúse hacerlo, podrá unirse como demandada”. 32

LPRA Ap. V., R. 16.1.

En ese sentido, como ya señalamos, se considera parte

indispensable en un pleito aquella de la que no se puede CC-2018-0475 21

prescindir, puesto que la adjudicación sin su presencia

supondría que las cuestiones litigiosas no puedan resolverse

correctamente, pues sus derechos serían afectados. López García

v. López García, 2018 TSPR 57, ___ DPR ___ (2018); Deliz et

als. v. Igartúa et als., 158 DPR 403, 432 (2003); Cepeda Torres

v. García Ortiz, 132 DPR 698, 704 (1993). Es decir, “el tercero

ausente [tiene] un interés en el pleito que convierte su

presencia en un requisito indispensable para impartir justicia

completa o de tal orden que impida la confección de un decreto

sin afectarlo”. Hernández Colón, op. cit., pág. 166. Dicho

interés no se trata de cualquier interés en el pleito, sino que

tiene que ser uno real e inmediato, de tal naturaleza que, sin

su presencia, impida la confección de un remedio adecuado. López

García v. López García, supra; Romero v. S.L.G., 164 DPR 721,

733 (2005). Pérez v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 223

(2007); Véase, además, J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho

Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S. 2011, T. II, pág. 691;

Hernández Colón, op. cit., pág. 166.

Ahora bien, la determinación de si procede o no la

acumulación de una parte indispensable depende de las

circunstancias particulares que se presenten en cada caso.

Romero v. S.L.G., supra, pág. 732. Consecuentemente, el tribunal

debe hacer un análisis cuidadoso de distintos factores como el

tiempo, lugar, modo, alegaciones, prueba, clase de derechos,

intereses en conflicto, resultado y formalidad. Cuevas Segarra,

op. cit., pág. 695. CC-2018-0475 22

Por último, es menester recordar que, la falta de parte

indispensable constituye una defensa irrenunciable que puede

presentarse en cualquier momento durante el proceso. Incluso,

los foros apelativos, pueden y deben levantar motu proprio la

falta de parte indispensable en un pleito, ya que ésta afecta

la jurisdicción del tribunal. García Colón v. Sucn. González,

178 DPR 527 (2010); López García v. López García, supra; Romero

v. S.L.G., supra. Por tal razón, la sentencia que se emita en

ausencia de parte indispensable es nula. López García v. López

García, supra; García Colón v. Sucn. González, supra, pág. 550;

Unisys Puerto Rico, Inc. v. Ramallo Bros. Printing, Inc., 128

DPR 842, 859 (1991).

Dicho ello, corresponde examinar si realmente la Iglesia

Católica, Apostólica y Romana es un ente con personalidad

jurídica, y, en consecuencia, si es o no parte en el presente

caso. Procedemos a así hacerlo.

D. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana

1.

Como se sabe, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es

católica porque es universal, se extiende por todo el mundo y

es apostólica porque es misionera, “anuncia el Evangelio a todos

los hombres y todas las mujeres”. Véase, Papa Francisco,

Audiencia General del miércoles, 17 de septiembre de 2014.19 “La

Iglesia no tiene cierres, es enviada a todo el mundo, a toda la

19Papa Francisco, Audiencia General del miércoles, 17 de septiembre de 2014, https://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2014/documents/papa- francesco_20140917_udienza-generale.html (última visita, 6 de junio de 2018). CC-2018-0475 23

humanidad.” Íd. En virtud de su universalidad, ha sido propagada

a todos los rincones del globo terráqueo, incluyendo a Puerto

Rico.

En nuestro caso, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana,

Diócesis de Puerto Rico, se creó allá para el 1511, mediante la

Bula Romanus Pontifex en la que se autorizó a fundar tres

diócesis en las colonias españolas de aquel momento, entre ellas

la de Puerto Rico. E. D. Dussel, Historia general de la Iglesia

en América Latina, CEHILA Ed., 1995, T. IV, pág. 43. Según la

historia, y como consecuencia del crecimiento poblacional que

se dio a finales de siglo, ya para el siglo XVIII la Diócesis

de Puerto Rico habría sufrido diversos cambios. José Manuel

García Leduc, ¡La Pesada Carga! Iglesia, Clero y Sociedad en

Puerto Rico (S. XIX) Aspectos de su Historia, Ed. Puerto, 2009.

Dichos cambios tuvieron efectos significativos sobre la

configuración de la Iglesia, mas no requirieron el que se

erigiera una nueva diócesis. Los cambios se limitaron a la

creación de nuevas parroquias. Íd. pág. 28.

Años más tarde, como consecuencia de la Guerra

Hispanoamericana, el tratamiento a la Iglesia Católica,

Apostólica y Romana cambió sustancialmente. Ello, pues, con la

cesión de Puerto Rico a los Estados Unidos se instituyen en el

País las doctrinas constitucionales estadounidenses de

separación Iglesia y Estado, y de libertad religiosa, lo que

tuvo el efecto de que, a partir de ese momento, la Diócesis de

Puerto Rico no contara con la protección de las autoridades

civiles al igual que bajo la corona española. Véase, Aníbal CC-2018-0475 24

Colón Rosado, Relations Between Church and Puerto Rico, 42 Rev.

C. Abo. PR 51, 51-52 (1985); J. Gelpí Barrios, Personalidad

jurídica de la Iglesia Católica en Puerto Rico, 95 Rev. Esp.

Der. Canónico 395, 411 (1977).

Lo anterior motivó que, eventualmente, se presentara ante

el Tribunal Supremo de los Estados Unidos una controversia sobre

la capacidad de la Diócesis de Puerto Rico para poseer

propiedades. Al evaluar la referida controversia, en

Municipality of Ponce v. Roman Catholic Apostolic Church in

Porto Rico, 210 US 296 (1908), el Alto Foro Judicial Federal,

amparado en el Tratado de París del 10 de diciembre de 1898, le

reconoció personalidad jurídica a la Iglesia Católica,

Apostólica y Romana, Diócesis de Puerto Rico, para realizar

ciertos actos. Para fundamentar su decisión, el Tribunal Supremo

de los Estados Unidos hizo referencia al Art. 8 del Tratado de

París el cual, en esencia, dispone lo siguiente:

[I]t is hereby declared that the relinquishment or cession, as the case may be, to which the preceding paragraph refers, cannot in any respect impair the property of all kinds, of provinces, municipalities, public or private establishments, ecclesiastical or civic bodies, or any other associations having legal capacity to acquire and possess property in the aforesaid territories renounced or ceded, or of private individuals, of whatever nationality such individuals may be. Tratado de París, Art. 8, par. 2 (1898).

Así pues, el Alto Foro Judicial Federal interpretó que el

cuerpo eclesiástico al que se refería el Tratado de París, sólo

podía ser la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, entiéndase CC-2018-0475 25

la Diócesis de Puerto Rico.20 Íd. pág. 31; José Johel Monge

Gómez, La Permisibilidad De Lo "Impermisible": La Iglesia Sobre

El Estado, 41 Rev. Jur. U.I.P.R. 629, 633–34 (2007).

Ahora bien, lo cierto es que, desde entonces, la estructura

organizacional de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en

el País ha cambiado. La Diócesis de Puerto Rico, de ser sólo

una, se convirtió en seis (6) Diócesis, a saber: la

Arquidiócesis de San Juan, la Diócesis de Arecibo, la Diócesis

de Ponce, la Diócesis de Mayagüez, la Diócesis de Fajardo-

20 Asimismo, en dicho caso el Alto Foro Judicial de los Estados Unidos reconoció que el Tratado de París lo que hizo fue seguir la norma sobre el reconocimiento de personalidad jurídica a la Iglesia, Católica, Apostólica y Romana en el Derecho Internacional, en virtud del Concordato de 16 de marzo de 1851. Al respecto, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos expresó:

The Roman Catholic Church has been recognized as possessing legal personality by the treaty of Paris, and its property rights solemnly safeguarded. In so doing the treaty has merely followed the recognized rule of international law which would have protected the property of the church in Porto Rico subsequent to the cession. This juristic personality and the church's ownership of property had been recognized in the most formal way by the concordats between Spain and the papacy, and by the Spanish laws from the beginning of settlements in the Indies. Such recognition has also been accorded the church by all systems of European law from the fourth century of the Christian era. Ponce v. Roman Catholic Apostolic Church, supra, 323–24.

Ahora bien, sobre la personalidad jurídica de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana el Concordato de 1851 establecía que:

[L]a Iglesia tendría el derecho de adquirir por cualquier título legítimo, y su propiedad en todo lo que posee ahora o adquiera en adelante será solemnemente respetada. Por consiguiente, en cuanto a las antiguas y nuevas fundaciones eclesiásticas, no podrá hacerse ninguna supresión o unión sin la intervención de la autoridad de la Santa Sede, salvas las facultades que competen a los obispos, según el santo concilio de Trento. Concordato de 16 de marzo de 1851, Art. 41.

Así también, en el Art. 43 del Concordato de 1851 establecía que ”[t]odo lo demás perteneciente a personas o cosas eclesiásticas, sobre lo que se provee en los artículos anteriores, será dirigido y administrado según la disciplina de la Iglesia canónicamente vigente”, entiéndase el Código de Derecho Canónico. CC-2018-0475 26

Humacao y la Diócesis de Caguas. Al respecto, el Obispo de Ponce

para el año 1975, Fremiot Torres Oliver, explicó:

At the time of the cession only one diocese existed in Puerto Rico. At present there are five: the archdiocese of San Juan and the dioceses of Ponce, Arecibo, Caguas and Mayaguez. Each diocese is a fragmentation of one entity possessing juristic personality, and each enjoys the same legal status as the original Diocese of Puerto Rico, referred to in [Municipality of Ponce v. Catholic Church in Puerto Rico] opinion as ((The Roman Catholic Church in Puerto Rico)). Rev. F. Torres Oliver, Juridical Personality of the Church in Puerto Rico, 15 Rev. Der. P.R. 307, 308 (1975).21

Dicho de otro modo, la Diócesis de Puerto Rico -- que en

Municipality of Ponce v. Catholic Church in Puerto Rico, supra,

es nombrada como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y,

como tal, se le reconoció personalidad jurídica -- ha dejado de

existir. Ésta se ha divido en una arquidiócesis y cinco (5)

distintas diócesis, para un total de seis (6), y a cada una le

corresponde una parte de lo que fue la Diócesis de Puerto Rico

original. Por lo tanto, cada Diócesis y la Arquidiócesis tienen

personalidad jurídica propia, conforme se le reconoció a la

Diócesis original.22

2.

21 Al momento de redactarse el mencionado artículo de la Revista Jurídica no existía todavía la Diócesis de Fajardo-Humacao, la cual incluimos en nuestro análisis. 22 Así claramente se recoge en el artículo Personalidad Jurídica de la Iglesia

Católica en Puerto Rico, del señor Juan Gelpí Barrios. En específico, el señor Gelpí Barrios expresa en el artículo lo siguiente:

Cada diócesis es una fragmentación de un solo ente poseedor de personalidad jurídica. Cada una de ellas goza del mismo status legal correspondiente a la diócesis original de Puerto Rico, es decir, a la Iglesia católica romana de Puerto Rico. Gelpí Barrios, supra, pág. 410.

El anterior dato es omitido en la Opinión que hoy emite el Tribunal. CC-2018-0475 27

Cónsono con dicha interpretación, el Código de Derecho

Canónico -- el cual establece la estructura interna de la

Iglesia Católica, Apostólica y Romana -- dispone que son las

Iglesias Particulares, entiéndase, las arquidiócesis, las

diócesis y las parroquias, las entidades que, dentro del esquema

organizacional de la Iglesia, verdaderamente tienen

Así pues, el Código de Derecho Canónico establece que, la

“Iglesia Católica y la Sede Apostólica son personas morales por

la misma ordenación divina”. Código de Derecho Canónico, Canon

113 sec. 1. No obstante, aunque la Iglesia es un ente moral, es

decir abstracto e intangible, en el referido Código claramente

se establece que “[e]n la Iglesia, además de personas físicas,

hay también personas jurídicas, que son sujetos en derecho

canónico de las obligaciones y derechos congruentes con su

propia índole”. Código de Derecho Canónico, Canon 113 sec. 2.

Es decir, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, como un

todo, no es una persona jurídica, pero en ella sí existen

personas jurídicas.

Sobre este particular, el Canon 116 del Código de Derecho

Canónico, en su sección 1, establece que:

Son personas jurídicas públicas las corporaciones y fundaciones constituidas por la autoridad eclesiástica competente para que, dentro de los límites que se les señalan, cumplan en nombre de la Iglesia, a tenor de las prescripciones del derecho, la misión que se les confía mirando al bien público; las demás personas jurídicas son privadas. Código de Derecho Canónico, Canon 116 sec. 1.

En ese sentido, es a través de las Iglesias Particulares

-- que son principalmente las diócesis y las parroquias – que CC-2018-0475 28

existe la Iglesia Católica. Código de Derecho Canónico, Canon

368. “La diócesis es una porción del pueblo de Dios, cuyo

cuidado pastoral se encomienda al Obispo con la cooperación del

presbiterio, de manera que, unida a su pastor y congregada por

él en el Espíritu Santo mediante el Evangelio y la Eucaristía,

constituya una Iglesia particular...”. Íd. Canon 369. Esa

“porción del pueblo de Dios” que constituye una diócesis queda

circunscrita dentro de un territorio específico. Íd. Canon 369.

El Obispo Diocesano es quien gobierna la Iglesia Particular y

es quien representa la diócesis en todos los negocios jurídicos

de la misma. Código de Derecho Canónico, Canon 393. Lo anterior,

incluye también la Arquidiócesis, que es llamada así por ser la

diócesis con mayor población dentro de ciertos límites

geográficos.

Ahora bien, las arquidiócesis no tienen una categoría

superior a las demás diócesis. Como ya mencionamos, una

arquidiócesis es una diócesis circunscrita a un territorio de

mayor población. Así pues, el Arzobispo es el Obispo de la

Arquidiócesis. Este no tiene mayor autoridad que un Obispo

Diocesano. Véase, Código de Derecho Canónico, Canon 435-438.

De otra parte, conviene mencionar aquí que, de ser

necesario, “puede erigirse dentro de un mismo territorio,

Iglesias Particulares distintas por razón del rito de los fieles

o por otra razón semejante”. Código de Derecho Canónico, Canon

372. “Corresponde tan solo a la suprema autoridad el erigir

Iglesias Particulares, las cuales una vez han sido legítimamente CC-2018-0475 29

erigidas, gozan en virtud del derecho mismo de personalidad

jurídica.” Íd. Canon 373.

Es decir, dentro del territorio de las diócesis podrán

erigirse otras Iglesias Particulares –- entiéndase, parroquias

-- y éstas también gozarán de personalidad jurídica. El Canon

513 del Código de Derecho Canónico así lo indica de manera

expresa: “la parroquia legítimamente erigida tiene personalidad

jurídica en virtud del derecho mismo”.

A su vez, podrán erigirse también órdenes religiosas y

otras organizaciones, que el Código de Derecho Canónico nombran

como institutos religiosos. “Los institutos, las provincias y

las casas, como personas jurídicas que son de propio derecho,

tienen capacidad de adquirir, poseer, administrar y enajenar

bienes temporales, a no ser que esta capacidad quede excluida

o limitada por las constituciones”. Código de Derecho Canónico,

Canon 634 sec. 1. Entre estos institutos religiosos se

encuentran aquellos que tienen como propósito la educación, es

decir, las escuelas católicas. “Se entiende por escuela católica

aquella que dirige la autoridad eclesiástica competente o una

persona jurídica eclesiástica pública...”. Código de Derecho

Canónico, Canon 803 sec. 1.

De otra parte, es menester aclarar que, como norma general,

en Europa, como en los Estados Unidos, se ha formulado

legislación que facilita la libertad de culto y que

simultáneamente les reconoce personalidad jurídica a las

entidades religiosas conforme a su estructura interna. Véase,

Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook (T. CC-2018-0475 30

Lindholm et al. ed.), New York, 2004. En particular, sobre la

Iglesia Católica, Apostólica y Romana de manera general se puede

adoptar una de dos posturas: (1) reconocer la personalidad

jurídica en virtud del Derecho Civil mediante legislación o (2)

reconocer eficacia civil a las personas jurídicas eclesiásticas

al amparo de la legislación canónica. Lourdes Ruano Espina, La

personalidad jurídica civil de las fundaciones canónicas en

España, 15 Ius Canonicum 155, 157 (2015). Esta última, el

reconocimiento de la eficacia civil a las personas jurídicas

formuladas por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es, a

nuestro juicio, más acorde y respetuosa de la libertad de culto.

Id. Es por ello que entendemos que, al hablar de personalidad

jurídica, se deben seguir los lineamientos entablados en a su

Código de Derecho Canónico. Interpretar lo contrario, es una

intervención indebida sobre cómo se estructura la Iglesia

Católica, Apostólica y Romana, y sobre cómo se organiza para la

toma de decisiones.

E. La Cláusula de Establecimiento y la Libertad de Culto

Recordemos que la Primera Enmienda de la Constitución de

los Estados Unidos prohíbe el establecimiento de una religión

por parte del Estado y garantiza la libertad de culto. Emda. I.

Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1. Asimismo, la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que “no se

aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier

religión ni se prohibirá el libre ejercicio del culto. Habrá CC-2018-0475 31

completa separación de Iglesia y Estado”. Art. II, Sec. 3,

Const. ELA., LPRA, Tomo 1.

Cónsono con lo anterior, en nuestra jurisdicción, se

prohíbe que el Estado incurra en actividades que constituyan el

patrocinio de una religión, entiéndase el brindar apoyo

económico a una entidad religiosa o el intervenir en sus

actividades religiosas. Díaz v. Colegio Nuestra Sra. del Pilar,

123 DPR 765, 780 (1989); Board of Educ. Of Kiryas Joel Village

School Dist. V. Grumet, 512 US 687, 704 (1994); Walz v. Tax

Comm’n of City of New York 397 US 664, 673 (1970). Para que una

intervención con la cláusula de establecimiento se considere

válida, debe superar el siguiente escrutinio: (1) que la

conducta o ley impugnada tenga un propósito secular; (2) que su

efecto primario no sea el promover o inhibir la religión; (3)

que no conlleve la posibilidad de provocar una intromisión

excesiva del gobierno en asuntos religiosos. Colegio Nuestra

Sra. del Pilar, supra; Lemon v. Kurtzman, 403 US 602 (1971).

Véase, además, Diócesis de Arecibo v. Srio. Justicia, 191 DPR

292, 311 (2014).

Ahora bien, el derecho a la libertad de culto no es uno

absoluto. La libertad religiosa está limitada por la facultad

del Estado para proteger la paz, la moral y el orden

público. Mercado, Quilichini v. UCPR, 143 DPR 610, 636, (1997);

Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, 102 DPR 20, 22 (1974).

Véase, además, Diócesis de Arecibo v. Srio. Justicia, supra,

pág. 365. CC-2018-0475 32

En aquellos casos en que el Estado, con su conducta, tienda

a limitar la libertad de culto, la parte que impugna la

actuación del Estado es quien tiene la obligación de demostrar

que la misma le impone una carga sustancial al ejercicio de la

libertad de culto. Asoc. Academias y Col. Cristianos v. E.L.A.,

135 DPR 150, 161 (1994); Díaz v. Colegio Nuestra Sra. del Pilar,

supra, pág. 779. Véase, además, Diócesis de Arecibo v. Srio.

Justicia, supra, pág. 309. Ello implica, entre otras cosas,

demostrar que la actuación gubernamental no es general porque

va dirigida únicamente a la entidad religiosa y sus asuntos

internos. Véase, Díaz v. Colegio Nuestra Sra. del Pilar, supra;

Asoc. Academias y Col. Cristianos v. E.L.A., supra; Mercado,

Quilichini v. U.C.P.R., supra. Una vez la parte que impugna la

actuación del Estado demuestre que la conducta no es de carácter

neutral, el tribunal deberá examinar si la misma supera el

escrutinio estricto. En ese sentido el Tribunal deberá

determinar si (1) el Estado tiene un interés apremiante; (2) la

acción del Estado tiene como fin ese interés, y (3) no hay

alternativas menos onerosas para lograr dicho

interés. Mercado, Quilichini v. U.C.P.R., supra. Véase,

además, Lozada Tirado v. Testigos Jehová, 177 DPR 893 (2010);

Diócesis de Arecibo v. Srio. Justicia, supra, pág. 310.

Cónsono con lo anterior, en Díaz v. Colegio Nuestra Sra.

del Pilar, supra, interpretamos que los tribunales no pueden

ejercer su jurisdicción para dilucidar disputas sobre derechos

de propiedad relativos a una iglesia cuando para hacerlo tengan

que pasar juicio sobre materias de doctrina, de disciplina, de CC-2018-0475 33

fe o de organización eclesiástica interna. Ello, por ser

necesaria la interferencia del Estado, a través de los

tribunales, en materia que va dirigida al núcleo de la religión

misma. Es decir, materia totalmente fuera de la competencia de

los tribunales. Díaz v. Colegio Nuestra Sra. del Pilar, supra;

Amador v. Conc. Igl. Univ. De Jesucristo, 150 DPR 571, 579–80

(2000). Véase, además, Agostini Pascual v. Iglesia Católica,

109 DPR 172 (1979); Jones v. Wolf, 443 US 595, 604 (1979).

Por consiguiente, en el ejercicio de nuestra facultad

adjudicadora, y al momento de pasar juicio sobre asuntos como

los que hoy nos ocupan, “debemos ser particularmente cuidadosos

[...] para evitar malograr el delicado equilibrio entre los dos

mandatos absolutos conflictivos: el de no establecer religión

alguna y el de no inhibir el libre ejercicio del culto

religioso”. Díaz v. Colegio Nuestra Sra. del Pilar, supra, pág.

776. Véase, además, Mercado, Quilichini v. U.C.P.R., supra,

pág. 638.

Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta, que

procedemos a disponer de las controversias traídas ante nuestra

consideración.

Como mencionamos anteriormente, en el presente caso, un

grupo de maestros y maestras de las escuelas católicas del país

presentaron una demanda de interdicto preliminar y permanente,

sentencia declaratoria, incumplimiento de contrato, daños y

perjuicios contra la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la

Arquidiócesis de San Juan, la Superintendencia de Escuelas CC-2018-0475 34

Católicas de San Juan, la Academia del Perpetuo Socorro, la

Academia San José y la Academia San Ignacio de Loyola.

Luego de varios trámites procesales, los cuales al comienzo

de este escrito fueron narrados al detalle, este Tribunal

determinó que procedía el interdicto preliminar a favor de los

maestros y maestras demandantes. No obstante, el foro primario

debía dilucidar quiénes, de los demandados, tenían personalidad

jurídica para responderle a éstos.

Conforme a lo ordenado, el Tribunal de Primera Instancia

resolvió que la Arquidiócesis de San Juan, las Diócesis, los

colegios y la Superintendencia de Escuelas Católicas de San

Juan carecían de personalidad jurídica para formar parte del

presente litigio. Ello, pues las mismas eran dependencias de la

Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que, a su juicio, y en

virtud del Tratado de París, era quien contaba con personalidad

jurídica para ser demandada. Así pues, el foro primario ordenó

a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana que, mientras se

resolvía el pleito, efectuase los pagos de la pensión a los

maestros y maestras demandantes, conforme al Plan de Pensiones.

Insatisfechas con el dictamen del Tribunal de Primera

Instancia, la Arquidiócesis de San Juan y la Superintendencia

de Escuelas Católicas de San Juan presentaron un recurso de

certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Dicho foro -- a

nuestro juicio correctamente en cuanto a este aspecto -- revocó

al Tribunal de Primera Instancia y determinó que, al amparo del

Tratado de París y el Código de Derecho Canónico, la Iglesia

Católica, Apostólica y Romana carecía de personalidad jurídica. CC-2018-0475 35

No obstante, el Tribunal de Apelaciones sostuvo que dentro de

la estructura organizacional de la Iglesia las diócesis, las

parroquias, las órdenes religiosas, entre otras organizaciones,

sí tenían personalidad jurídica.

En lo que respecta a la Arquidiócesis de San Juan, el foro

apelativo intermedio aclaró que ésta también tenía personalidad

jurídica al igual que todas las diócesis en Puerto Rico. En

cuanto a la Academia del Perpetuo Socorro, concluyó que ésta

también tenía personalidad jurídica, pues está incorporada

conforme a lo dispuesto por la Ley de Corporaciones, supra.

Ahora bien, en lo referente la Academia San José y la

Academia San Ignacio de Loyola sostuvo que éstas carecían de

personalidad jurídica. No obstante, dicho foro sentenció que la

primera estaba cubierta por la personalidad jurídica de la

Parroquia San José –- quien no forma parte de este pleito, ni

ha sido traída al mismo -- por ser una escuela parroquial y la

segunda estaba adscrita a la Orden de la Compañía de Jesús en

Puerto Rico, Inc., -- quien no forma parte de este pleito y

tampoco ha sido traído al mismo -- por lo que estaba cubierta

por la personalidad jurídica de esta institución religiosa.

Por último, sobre el remedio provisional solicitado por

los maestros y maestras demandantes, el Tribunal de Apelaciones

razonó que sólo el Fideicomiso estaba llamado a responder

directamente ante los beneficiarios del Plan de Pensiones con

los bienes que le quedaban. No obstante, la Arquidiócesis de

San Juan, las Diócesis, Parroquias y las escuelas católicas,

que eran patronos, sólo estaban obligados a aportar al Plan. CC-2018-0475 36

En cuanto a la imposición del remedio sin prestación a

fianza, como mencionamos anteriormente, el foro apelativo

intermedio dispuso que la misma se hizo contrario a lo requerido

por la Regla 56.3 de Procedimiento Civil, supra, por lo que la

dejó sin efecto.

Inconformes con dicho proceder, los empleados demandantes

recurrieron ante nos mediante Moción de auxilio de jurisdicción

y/o Solicitud de trámite expedito y petición de certiorari. Así

las cosas, luego de evaluar los planteamientos de todas las

partes, una mayoría de este Tribunal revoca la sentencia emitida

por el foro apelativo intermedio y resuelve que la Iglesia

Católica, Apostólica y Romana tiene personalidad jurídica y,

por lo tanto, es la llamada a responder al grupo de maestros y

maestras de las escuelas católicas que presentó el litigio que

hoy nos ocupa. Como ya adelantamos, de ese curso de acción

disentimos enérgicamente.

Y es que, como adelantamos en la introducción de esta

Opinión Disidente, no validaremos con nuestro voto un dictamen

en extremo superficial, carente de un análisis profundo sobre

las diversas dimensiones de las controversias ante nuestra

consideración, en el cual una mayoría de este Tribunal, de forma

contraria a la normativa antes expuesta, opta por reconocerle

personalidad jurídica a un concepto abstracto y de carácter

universal como lo es el término Iglesia Católica, Apostólica y

Romana.23

23 Es menester señalar que, al este Tribunal resolver que la Arquidiócesis de San Juan, la Superintendencia de Escuelas Católicas de San Juan, la Academia del Perpetuo Socorro, la Academia San José, (a través de CC-2018-0475 37

Como ha quedado claramente demostrado, la Iglesia

Católica, Apostólica y Romana no tiene personalidad jurídica.

La personalidad jurídica que hoy una mayoría de este Tribunal

erróneamente le concede a la Iglesia Católica, Apostólica y

Romana, en nuestra jurisdicción, verdaderamente la tiene la

arquidiócesis y las cinco (5) diócesis aquí establecidas, a

saber: la Arquidiócesis de San Juan, la Diócesis de Arecibo, la

Diócesis de Ponce, la Diócesis de Fajardo-Humacao, la Diócesis

de Mayagüez y la Diócesis de Caguas. De igual forma, tienen

personalidad jurídica las parroquias erigidas dentro de cada

una de las diócesis y las órdenes religiosas.

Así ha sido reconocido por este Tribunal en numerosas

ocasiones en las que, en distintos pleitos que se han presentado

ante nuestra consideración, le hemos reconocido personalidad

jurídica a las diócesis de la Iglesia Católica, Apostólica y

Romana y a sus parroquias. Véase, Diócesis de Arecibo v. Srio.

De Justicia, supra; Diócesis de Mayagüez v. Junta de

Planificación, 147 DPR 471 (1999); Díaz v. Colegio Nuestra Sra.

Del Pilar, 123 DPR 765 (1989); Academia San Jorge v. Junta de

Relaciones del Trabajo, 110 DPR 193 (1980); Agostini Pascual v.

Iglesia Católica, Diócesis de Ponce, 109 DPR 172 (1979); Vélez

Colón v. Iglesia Católica, Apostólica y Romana, Diócesis de

la Parroquia San José) y la Academia San Ignacio de Loyola (a través de la Orden de la Compañía de Jesús en Puerto Rico, Inc., mejor conocida como la Orden Jesuita) carecen de personalidad jurídica en el presente pleito, -- y determinar que sólo la Iglesia Católica, Apostólica y Romana tiene tal personalidad --, ha dejado la causa de epígrafe sin partes, ello debido a que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana realmente subsiste a través de la arquidiócesis, las diócesis, las parroquias erigidas dentro de cada una de las diócesis y las órdenes religiosas. CC-2018-0475 38

Arecibo, 105 DPR 123 (1976); Camacho v. Iglesia Católica,

DPR 511 (1968); Iglesia Católica, Apostólica y Romana Diócesis

de Ponce, 72 DPR 353 (1951). Sin embargo, la Mayoría de este

Tribunal parece olvidarlo.

No hay duda alguna que, en el presente caso, fueron

demandados la Arquidiócesis de San Juan, el Fideicomiso y la

Superintendencia de Escuelas Católicas de San Juan, quienes son

partes en el pleito y tienen personalidad jurídica. De igual

forma, la Academia del Perpetuo Socorro, quien como tal, cuenta

con personalidad jurídica, fue correctamente demandada, y forma

parte de este pleito.

Así pues, en la medida en que la Arquidiócesis y los

mencionados institutos u organizaciones religiosas que se

afectarían por los dictámenes emitidos por el Tribunal de

Primera Instancia fueron correctamente traídos al presente

pleito, éstos debieron ser considerados partes en el mismo, y,

más importante aún, debieron haber tenido la oportunidad, en

esta etapa de los procedimientos, de expresarse sobre la

reclamación que aquí realizan los maestros y maestras

demandantes; así como sobre la naturaleza del remedio

provisional que se imponga en lo que el litigio se resuelve

finalmente. En la medida en que eso no se hizo -- en la medida

en que no se le permitió a la Arquidiócesis y a los mencionados

institutos u organizaciones religiosas ser partes en la causa

de epígrafe, expresarse, ser escuchados y participar de los

procesos --, la Resoluciones y Ordenes emitidas por el Tribunal CC-2018-0475 39

de Primera Instancia, la cuales son objeto de revisión en el

caso de marras, y las que a todas luces tendrán un efecto sobre

los entes con personalidad jurídica antes mencionados, son nulas

en toda su extensión. Ello así, pues las mismas se emitieron en

violación al debido proceso de ley que le asiste a las partes

de las que no se podía prescindir en el presente litigio, a las

partes indispensables. Lo anterior, por sí sólo, y sin duda

alguna, sería razón suficiente para disponer de la causa de

epígrafe.

Ahora bien, precisa señalar también que, en cuanto a la

Academia San José y la Academia San Ignacio de Loyola, quiénes

fueron incluidas por los maestros y maestras demandantes en el

presente caso, como ha quedado claramente demostrado, éstas

carecen de personalidad jurídica. No empece a ello, conforme a

la normativa antes expuesta, la Academia San José está cubierta

por la personalidad jurídica que tiene la Parroquia San José y,

la Academia San Ignacio de Loyola está cubierta por la

personalidad jurídica que tiene la orden religiosa, Orden de la

Compañía de Jesús en Puerto Rico, Inc. La Parroquia San José,

ni la Orden de la Compañía de Jesús en Puerto Rico, Inc., han

sido traídas a este pleito, ni forman parte del mismo.

Es decir, el presente caso adolece también de la ausencia

de partes indispensables que permitan resolver adecuadamente

las controversias ante nuestra consideración. Así pues,

debieron acumularse en el pleito la Parroquia San José, la Orden

de la Compañía de Jesús en Puerto Rico, Inc., y todas las

diócesis que pudieran ser llamadas a responder por el pago de CC-2018-0475 40

la pensión, por concepto de retiro, que hoy los maestros y

maestras demandantes exigen. Lo anterior, tampoco se hizo.

En fin, ante las claras y crasas violaciones al debido

proceso de ley habidas en el presente litigio, así como ante la

ausencia de partes indispensables para la correcta adjudicación

del mismo, no era ni es necesario -- como hizo el Tribunal de

Apelaciones -- pasar juicio sobre los demás señalamientos de

error. Procedía, sin más, decretar nulas en toda su extensión

las Resoluciones y Ordenes emitidas por el Tribunal de Primera

Instancia, las cuales son objeto de revisión en el caso de

marras, y, en consecuencia, devolver el caso a dicho foro para

que -- habiéndose ya determinado quiénes verdaderamente tienen

personalidad jurídica en el presente caso -- celebre una nueva

vista, de conformidad con lo sentenciado previamente por este

Tribunal, para establecer quién o quiénes están obligados a

continuar el pago de las pensiones objeto de este litigio en lo

que el mismo es resuelto de forma final.

Para concluir, es menester recordar que, al momento de

dictar sentencia, los tribunales debemos asegurarnos de que el

remedio que, en su día se emita, sea uno eficaz y capaz de

cumplirse por la parte obligada. Por ello, las interpretaciones

en derecho y los remedios provistos a su amparo deben ser

posibles de cumplir. El dictamen emitido por este Tribunal

presenta muchísimas interrogantes al respecto, a saber: ¿Cómo

vamos ejecutar la sentencia? ¿A quién le vamos a exigir el

cumplimiento, a una de las diócesis o a todas? De ahora en CC-2018-0475 41

adelante, ¿cómo vamos adquirir jurisdicción sobre la Iglesia

Católica, Apostólica y Romana? ¿Bastará el diligenciamiento de

un emplazamiento contra una sola de las diócesis para adquirir

jurisdicción sobre la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, o

deberán emplazarse a todas las diócesis en nuestra jurisdicción?

¿Se hace extensivo este dictamen a las iglesias de otras

denominaciones, como las Iglesia Metodista, Iglesia Bautista,

Iglesia Adventista, Iglesia Episcopal, Iglesia Pentecostal,

Iglesia Luterana, entre otras? Éstas son algunas de las

problemáticas que presenta el dictamen que hoy se emite.

Siendo ello así, disentimos del curso de acción seguido

por una Mayoría de este Tribunal en el día de hoy. En

consecuencia, hubiésemos modificado la Sentencia del Tribunal

de Apelaciones, y así modificada, confirmaríamos la misma.

Ángel Colón Pérez Juez Asociado