Sepúlveda v. Mejías

86 P.R. Dec. 600

Opinion

PER CURIAM:

En 24 de agosto de 1956 un camión Ford, tablillas H-83-099, conducido por Manuel Rodríguez Vélez, arrolló al joven Ramón Sepúlveda, causándole la muerte. Los padres del occiso instaron acción en reclamación de da-ños y perjuicios y en la. demanda presentada alegaron que el camión pertenecía a “Angel Mejias y/o Manuel Rodríguez Yélez” y que para la fecha del accidente “estaba asegurado con la Royal Indemnity Company y/o Transcontinental Insurance Co., representadas por San Miguel y Cía., Inc.” Ambas compañías aseguradoras formularon contestación y negaron que para la fecha indicada hubiesen expedido o tu-viesen en vigor pólizas para responder de los daños causados en la operación de dicho camión. El demandado Angel Me- jías negó ser el dueño del vehículo; el otro codemandado no compareció a formular alegaciones, por lo cual se anotó en autos su rebeldía.

Después de haberse presentado en diciembre 9 de 1957 la prueba.de la parte, demandante ..tendente a establecer la exis-tencia de un. contrato de seguro para responder de los daños causados, se solicitó por las compañías aseguradoras deman-dadas que se desestimara la demanda en cuanto a ellas. En corte abierta, el tribunal de instancia indicó que “ [n] o hay forma de determinar que el día 24 de agosto de 1956 existía un seguro para cubrir los daños que causara el vehículo objeto de la presente acción,” y en: su consecuencia, ordenó la deses-timación solicitada. (T.E., págs. 153-154.) En 23 de diciembre siguiente se dictó la correspondiente sentencia de-clarando sin.lugar-la demanda- en-cuanto a la Transcontinental Insurance .Co..únicamente .,(T,A,, pág. 87). Contra esta sentencia se interpuso el presente recurso de apelación.

Ahora bien, el litigio continuó, y recayó sentencia en 24 de febrero de 1958 mediante la cual se declaró con lugar la demanda “en cuanto a, Manuel Rodríguez Yélez y sin lugar en cuanto a los demandados Angel Mejías y Royal Indemnity Co., habiéndose déclafado sin lugar én cuanto a la Transcontinental Insurance Co.”. (¹) Se interpuso recurso de apelación que fue desestimado mediante resolución dictada por este Tribunal en 23 de mayo de 1958 en el recurso de apelación núm. 12492.(²)

No es necesario que resolvamos si la sentencia dictada en 23 de diciembre de 1957 era una de carácter final contra la cual podía interponerse recurso de apelación.(³) El único error que se señala por la parte apelante apunta que el tribunal no ha debido desestimar la demanda eñ cuanto a las compañías aseguradoras porque existe en los autos suficiente evidencia indicativa de ía existencia de un contrato de se-guro. Hemos examinado cuidadosamente la transcripción de los testimonios prestados durante la vista y la pruéba docu-mental admitida, y apreciada en la forma más favorable a los demandantes, indica solamente la posibilidad — bastante remota — de que Royal Indemnity Co. hubiera expedido una póliza a favor de Angel Mejias para la fecha del accidente y que ella cubriera — todavía más. remota aun — los daños cau-sados por el camión que intervino en el accidente. Pero real-mente no hay la más leve scintilla de evidencia que en forma alguna tienda a establecer la existencia de un póliza expe-dida por Transcontinental Insurance Co. Como la sentencia contra la cual se dirige este recurso exoneró exclusivamente a Transcontinental Insurance Co., y en forma alguna se re-fiere a Royal Indemnity Cp., la frivolidad es aparente.

Se confirmará la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de Ponce, en ■23 de diciembre de 1957. . .

Footnotes

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(1) En las determinaciones de hecho y conclusiones de derecho (T.A., págs. 108-109 y 110) el tribunal reiteró que para la fecha del accidente no se habían expedido pólizas que cubrieran los daños reclamados.

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(2) La desestimación obedeció a que el escrito de apelación se radicó después de haber transcurrido el término de 30 días que fijaba el Art. 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 1281, y por la au-sencia de notificación al demandado Manuel Rodríguez.

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(3) Compárense la Regla 64(b) de 1943 y la Regla 44.2 de 1968; véanse, Dalmau v. Quiñones, 78 D.P.R. 551 (1955); Rieder v. Torruellas, 48 D.P.R. 866 (1935); Pabellón v. Grace Line, 191 F.2d 169 (CA 2, 1951); Western Contracting Corp. v. National Surety Corp., 163 F.2d 456 (CCA 4, 1947); Moore’s, Federal Practice (2$,ed,), yol. 6, $54.23 [4],; Barron y Holtzoff, Federal Practice and Procedure, vol. 3, $1193.