Saydiyanil Santiago Jiménez v. Departamento De Seguridad Pública (Negociado De La Policía De Puerto Rico)
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Opinion
Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL III1
Revisión SAYDIYANIL SANTIAGO Administrativa JIMÉNEZ procedente de la Comisión Apelativa Recurrente del Negociado de TA2025RA00004 Servicio Público v.
DEPARTAMENTO DE Caso Núm.: SEGURIDAD PÚBLICA 2018-01-0441 (NEGOCIADO DE LA POLICÍA DE PUERTO RICO) Sobre: Recurrida Retención
Panel integrado por su presidente, el Juez Candelaria Rosa, el Juez Salgado Schwarz y el Juez Monge Gómez.
Candelaria Rosa, Juez Ponente
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 7 de agosto de 2025.
Comparece la señora Saydiyanil Santiago Jiménez (señora
Santiago Jiménez o recurrente) vía revisión judicial y solicita que
revoquemos la Resolución de la Comisión Apelativa del Servicio
Público, emitida el 19 de mayo de 2025. En dicho dictamen, se mantuvo
la cesantía de la recurrente. Por los fundamentos expresados,
confirmamos la Resolución recurrida.
En síntesis, el caso de epígrafe trata de una cesantía de puesto en
el Negociado de la Policía de Puerto Rico (Policía o recurrido). Según
el expediente, el 23 de marzo de 2010, un médico de la División Médica
de la Policía emitió un Certificado Médico y recomendó que la señora
Santiago Jiménez continuara con un descanso de su trabajo y la refirió
1 Mediante la Orden Administrativa DJ-2024-062C emitida el 6 de mayo de 2025 se designó al Hon. Carlos I. Candelaria Rosa, Presidente del Panel III, en sustitución del Hon. Félix R. Figueroa Cabán, quien se acogió al retiro el 5 de mayo de 2025. TA2025RA00004 2
al Sistema de Retiro de empleados del Gobierno de Puerto Rico. No
obstante, el 23 de marzo de 2010, la Policía emitió la Orientación de
Incapacidad No Ocupacional e informaron que no se podía honrar el
referido del Certificado Médico por la recurrente no cumplir con los
requisitos del Artículo 2-108 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de
1951 (3 LPRA sec. 770).
Luego de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado
(CFSE) determinar que sus médicos diagnosticaron a la recurrente con
taquicardia sinusal recurrente y trastorno persistente del ritmo cardiaco,
el 2 de diciembre de 2010, dos (2) médicos de la Oficina de Servicios
Médicos de la Policía comunicaron que reiteraban el referido del 23 de
marzo de 2010. Asimismo, la señora Santiago Jiménez admite en su
recurso que un médico cardiólogo externo la diagnosticó con, entre
otros, enfermedad vascular periférica. Por dicho diagnóstico, el médico
externo consignó que la recurrente debía evitar ejercer trabajos que
involucraran esfuerzo físico.
Por todo lo anterior, el 4 de noviembre de 2016, el
Superintendente de la Policía comunicó a la señora Santiago Jiménez
la intención de cesantearla por razón de que su condición médica la
incapacita para desempeñar los deberes de su cargo, al amparo de la
Ley Núm. 53-1996 (25 LPRA ant. sec. 3101 et seq.), la Sección
6.6(9)(b) de la Ley Núm. 184-2004 (3 LPRA ant. sec. 1462e), y el
Artículo 14 del Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico,
Reglamento Núm. 4216 de 11 de mayo de 1990. Luego de la recurrente
solicitar una vista administrativa y de celebrarse esta ante la Oficina de
Asuntos Legales de la Policía, el 26 de junio de 2017, el Oficial
Examinador sostuvo la cesantía. TA2025RA00004 3 Por todo lo anterior, el 18 de enero de 2018, la señora Santiago
Jiménez apeló ante la Comisión Apelativa del Servicio Público, a lo
cual la Policía de Puerto Rico respondió oportunamente. El 26 de
diciembre de 2024, la Comisionada Asociada y Oficial Examinadora
determinó que la recurrente presenta la condición médica que los
reglamentos internos consideran como descalificantes para ejercer el
puesto de agente de la Policía. Ergo, la Comisión Apelativa del Servicio
Público resolvió sin lugar la solicitud de apelación de la señora Santiago
Jiménez.
Insatisfecha, la recurrente recurre ante este Tribunal y alega que
la Comisión Apelativa del Servicio Público erró al (1) emitir
determinaciones y conclusiones de hechos que no están acorde con la
totalidad de la prueba, además de darle un valor pericial a la alegada
condición médica incapacitante solo con la evidencia documental de un
recurrido que no es perito; y (2) declarar sin lugar la apelación
administrativa. La parte recurrida no presentó alegato en oposición aun
cuando se le dio la oportunidad.
Vale recordar que la Ley de la Judicatura de 2003 delimita la
facultad revisora de este Tribunal de Apelaciones. En lo pertinente,
dicha ley establece que se podrá recurrir ante este Foro “[m]ediante
recurso de revisión judicial, que se acogerá como cuestión de derecho,
de las decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o
agencias administrativas”. Art. 4.005 de la Ley de la Judicatura del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201-2003 (4
LPRA sec. 24y). Ello resulta igualmente compatible con las
disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme
(LPAU) y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Véase Sec. 4.2 TA2025RA00004 4
de la Ley Núm. 38-2017 (3 LPRA sec. 9672); Regla 56 del Tribunal de
Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B). De modo equivalente, la
jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico ha limitado la
revisión judicial de decisiones administrativas a aquellas instancias en
que se trate de órdenes o resoluciones finales, y en las que la parte que
solicita la revisión haya agotado todos los remedios provistos por la
agencia administrativa. Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364 (2018)
(citando a Tosado v. AEE, 165 DPR 377 (2005)).
Ahora bien, los procedimientos y decisiones de las agencias
administrativas están cobijados por una presunción de regularidad y
corrección. Por ello, la revisión judicial de las determinaciones
administrativas se limita a examinar si la actuación de la agencia fue
razonable, y solo cede cuando la decisión no está basada en evidencia
sustancial, cuando la agencia ha errado en la aplicación de la ley, o
cuando su actuación es irrazonable o ilegal. Caribbean
Communications v. Pol. de P.R., 176 DPR 978 (2009). Asimismo, las
decisiones cuasi adjudicativas de las agencias deben expresar
claramente sus determinaciones de hecho y las razones para sus
decisiones, cual incluye los hechos básicos de los cuales se derivan
aquellos. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. PR, 144 DPR 425
(1997).
Por otro lado, la Sec. 4.6 del Reglamento Procesal, Reglamento
Núm. 7313 de 7 de marzo de 2007 explica que en caso de destitución,
cesantías, suspensión de empleo y sueldo, la parte apelada tendrá el
peso de la prueba durante la audiencia pública. Además, la Sección 14.6
del Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico, Reglamento
Núm. 4216 de 11 de mayo de 1990 dispone que podrá decretarse TA2025RA00004 5 cesantías cuando se determine que un empleado está física y/o
mentalmente incapacitado para desempeñar los deberes de su puesto.
Más aun, si el empleado deniega someterse a un examen médico, esto
podrá servir de base a una presunción de incapacidad, además de (1)
baja notable en la productividad; (2) ausentismo marcado por razón de
enfermedad; o (3) patrones irracionales en la conducta. Íd.
A la luz de lo anterior, el Reglamento Núm. 4216 dispone de
varias condiciones médicas que descalificarán a una persona para un
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