EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Roberto Vigoreaux Lorenzana y Mary Ann Cortés Camacho, etc.
Demandantes-Apelantes Certiorari
vs. 2008 TSPR 38
Quizno’s Sub, Inc.; Aprendo 173 DPR ____ Strada, Inc. y Otros
Demandados-Apelados
Número del Caso: AC-2007-21
Fecha: 29 de febrero de 2008
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan – Panel IV
Juez Ponente:
Hon. Luis Roberto Piñero González
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. René Arrillaga Armendáriz Lcdo. Ricardo Arrillaga Armendáriz Lcdo. Rafael E. Silva Almeyda
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcda. Dora M. Peñagarícano Suárez Lcdo. José M. Couto-LLinás
Materia: Daños y Perjuicios
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Demandantes-Apelantes
v. AC-2007-21 Certiorari
Quizno’s Sub, Inc.; Aprendo Strada, Inc. y Otros
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor Hernández Denton
San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2008.
En el caso de epígrafe nos corresponde
establecer un delicado balance entre dos derechos
constitucionales importantes: la libertad de
expresión, en una situación en que la expresión
impugnada es de naturaleza comercial; y el derecho a
la intimidad, en su vertiente del derecho a la propia
imagen. Por entender que, en las circunstancias
particulares de este caso, el derecho a la intimidad
consagrado en la Constitución del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico y el derecho patrimonial a la
propia imagen del Sr. Roberto Vigoreaux prevalecen
sobre los intereses comerciales de Quizno’s Sub,
Inc., revocamos el dictamen recurrido. AC-2007-21 3
I.
Los hechos de este caso no están en controversia. Como
parte de una campaña publicitaria de mercadeo, la cadena de
restaurantes de comida rápida Quizno’s Sub, Inc. (en
adelante, Quizno’s) publicó un anuncio en la prensa escrita
del país, en el cual aparecían unas fotografías del Sr.
Carlos Pesquera Morales y del Sr. Roberto Vigoreaux
Lorenzana (en adelante, señor Vigoreaux Lorenzana o el
peticionario). Véase Apéndice I. Ambos fueron candidatos que
perdieron en las primarias celebradas el 9 de noviembre de
2003 de sus respectivos partidos, apenas cinco días antes de
la publicación de la mencionada publicación comercial.1
El referido anuncio promocionaba un emparedado de pollo
que vende Quizno´s con la frase “Para los que se quedaron
con las ganas” sobrepuesta entre las dos fotografías. Debajo
de éstas, se encontraba una imagen del sándwich y la frase
“Vuelve el delicioso Chicken Carbonara”.2 Surge del
expediente que Aprendo Strada, Inc., representante de
Quizno’s en Puerto Rico, no solicitó autorización ni le pagó
dinero alguno al señor Vigoreaux Lorenzana para utilizar su
imagen en el mencionado anuncio. Tampoco lo hizo J. Walter
1 El señor Vigoreaux Lorenzana era candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático, mientras que el señor Pesquera Morales era candidato a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Nuevo Progresista. 2 Dicho anuncio se publicó en una página completa del periódico El Nuevo Día. Ambas fotografías ocupaban más de dos terceras partes del anuncio. Además, en letras pequeñas insertadas en la esquina inferior izquierda, se anunciaba lo siguiente: “Lleva este anuncio hoy a tu Quizno’s favorito y recibe $2 de descuento en el delicioso Chicken Carbonara”. AC-2007-21 4
Thompson, agencia de publicidad a cargo de las cuentas
publicitarias de Quizno’s en Puerto Rico.3
En virtud de lo anterior, el señor Vigoreaux Lorenzana,
su esposa Mary Ann Cortés Camacho, la sociedad legal de
gananciales compuesta por ambos y Vigomar, Inc. presentaron
una demanda de daños y perjuicios contra Quizno´s, Aprendo
Strada, Inc., J. Walter Thompson y otros (en adelante,
Quizno’s o los recurridos) ante el Tribunal de Primera
Instancia. En dicha demanda, arguyeron que la reproducción
de la imagen del señor Vigoreaux Lorenzana por parte de los
codemandados se hizo sin su autorización expresa o tácita y
sin que éste hubiese recibido compensación alguna por su
uso. Por tanto, adujeron que la publicación del anuncio
violó el derecho a la propia imagen y el derecho de
publicidad del señor Vigoreaux Lorenzana. En vista de ello,
solicitaron el pago de $500,000.00 como resarcimiento por
los daños morales sufridos a base de la alegada exposición
del señor Vigoreaux Lorenzana a la vergüenza y humillación,
y por los daños económicos alegadamente sufridos como
consecuencia de la apropiación de su imagen comercial sin
obtener el consentimiento correspondiente.
Luego de varios incidentes procesales, el foro de
instancia dictó sentencia sumaria a favor de Quizno´s y los
demás codemandados. Específicamente, el tribunal
sentenciador determinó que el señor Vigoreaux Lorenzana era
3 Se desprende del expediente que tampoco se obtuvo el consentimiento del señor Pesquera Morales, ni que se le remuneró por la publicación del anuncio. AC-2007-21 5
una figura pública por su participación en la palestra
política en el momento de la publicación del anuncio y que,
por tanto, era inmeritorio su reclamo de derecho a su propia
imagen, toda vez que la publicación de la fotografía se
encuentra en la llamada esfera de la historia contemporánea.
Además, concluyó que el señor Vigoreaux Lorenzana no podía
invocar su derecho a la intimidad ni reclamar daños por
alegadamente haber sido objeto de humillación y burla, dado
que el referido anuncio constituyó una parodia o sátira
política protegida por el derecho a la libertad de expresión
que cobija a los codemandados.
Inconforme, el señor Vigoreaux Lorenzana, su esposa, y
Vigomar, Inc., acudieron ante el Tribunal de Apelaciones, el
cual confirmó la sentencia apelada. En síntesis, dicho foro
concluyó que en el balance de intereses, el derecho de
intimidad del señor Vigoreaux Lorenzana cede ante el derecho
a la libertad de expresión comercial de Quizno´s y los demás
codemandados. Determinó, al igual que el Tribunal de Primera
Instancia, que el anuncio en referencia constituye una
sátira política cuya divulgación está protegida por el
derecho constitucional a la libertad de expresión, a pesar
de su claro propósito comercial o lucrativo. Además, adujo
que como la fotografía publicada no revelaba aspectos
íntimos y privados del señor Vigoreaux Lorenzana, a éste no
le amparaba expectativa de intimidad alguna.
Por no estar de acuerdo con dicho dictamen, el señor
Vigoreaux Lorenzana, su esposa, y Vigomar, Inc., acuden ante
este Tribunal. En esencia, sostienen que el foro apelativo AC-2007-21 6
incidió al no reconocerle al señor Vigoreaux Lorenzana su
derecho a la propia imagen, el derecho a la intimidad y el
derecho a la publicidad, aun cuando Quizno´s se apropió de
su imagen en un anuncio para vender un sándwich con el único
objetivo de lucrarse económicamente, obviando así la
doctrina de enriquecimiento injusto. Específicamente, el
señor Vigoreaux Lorenzana invoca la causal de daños
reconocida en Colón v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573
(1982), por violación al derecho a la intimidad en su
vertiente del derecho a la propia imagen.
Examinado el recurso, expedimos el auto. Con el beneficio
de la comparecencia de todas las partes, procedemos a
resolver.
II.
Ninguna ley en nuestro ordenamiento jurídico atiende
expresamente la controversia en el caso de autos, a saber,
si se infringió el derecho de intimidad y publicidad del
señor Vigoreaux Lorenzana al incluir en un anuncio comercial
publicado en un periódico de circulación general una foto
suya sin su consentimiento, haciendo alusión a su derrota
reciente en la contienda primarista. Ante la ausencia de
legislación específica, las normas aplicables a este caso
son aquéllas derivadas del derecho general de
responsabilidad extracontractual que surge del Art. 1802 del
Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, lo que –a su vez- se
debe enmarcar en los parámetros constitucionales invocados
por las partes. AC-2007-21 7
A.
Sabido es que la Carta de Derechos de la Constitución del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico protege expresamente el
derecho fundamental a la intimidad y dignidad de las
personas. Art. II, Secs. 1 y 8, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo
1, ed. 1999, págs. 257, 301.4 En ocasiones anteriores, hemos
expresado que éste es un derecho de la personalidad, el cual
goza de la más alta protección bajo nuestra Constitución y
faculta a su titular a impedir o limitar la intervención de
terceros -sean particulares o poderes públicos- contra la
voluntad del sujeto. López Tristani v. Maldonado Carrero,
res. 8 de septiembre de 2006, 2006 T.S.P.R. 143; Castro Cotto
v. Tiendas Pitusa, Inc., 159 D.P.R. 650 (2003).
Dada la primacía y la envergadura de este derecho
fundamental, hemos reconocido que la protección a lo privado
opera ex proprio vigore y puede hacerse valer entre personas
privadas, eximiéndolas así del requisito de acción estatal
necesario para activar los derechos constitucionales de los
ciudadanos. López Tristani v. Maldonado Carrero, supra; López
Rivera v. E.L.A., res. 11 de julio de 2005, 2005 T.S.P.R.
102; Cotto v. Tiendas Pitusa, Inc., supra, pág. 658; Vega
4 El derecho a la intimidad está expresamente consagrado en la Sección 8 del Artículo II de nuestra Constitución, el cual dispone que "[t]oda persona tiene derecho a [la] protección de [la] ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar". Art. II Sec. 8, Const. E.L.A., supra. Por su parte, la Sección 1 del Artículo II establece la inviolabilidad de la dignidad del ser humano como principio básico que inspira los demás derechos incluidos en la Carta de Derechos. Véase Vega Rodríguez v. Telefónica de P.R., 156 D.P.R. 584, 601 (2002); Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 D.P.R. 308 (1998). AC-2007-21 8
Rodríguez v. Telefónica de P.R., supra, pág. 600-01 (2002);
Arroyo v. Rattan Specialties, 117 D.P.R. 35, 64 (1986); Colón
v. Romero Barceló, supra, pág. 575. Tal protección es
necesaria no tan sólo para que se pueda lograr una adecuada
paz social o colectiva, sino para alcanzar una calidad mínima
de la vida humana, al mantener un reducto de ésta fuera del
alcance de terceros. López Tristani v. Maldonado Carrero,
supra; Arroyo v. Rattan Specialties, supra, pág. 62. Es por
ello que el derecho a la intimidad se puede hacer valer
mediante una demanda por daños al amparo del Art. 1802 del
Código Civil de Puerto Rico, supra, de forma tal que se pueda
resarcir al agraviado por los perjuicios causados al violar
el deber de no intervenir con la vida privada de los demás.
Véanse Castro Cotto v. Tiendas Pitusa, Inc., supra, pág. 659;
Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., supra, pág. 201-
202, citando a Colón v. Romero Barceló, supra.
A la luz de los hechos particulares de este caso,
reiteramos que el derecho de daños en Puerto Rico se rige,
tanto en su forma como en su contenido, por el sistema del
derecho civil. Valle v. American International Insurance Co.,
108 D.P.R. 692 (1979). Por tanto, y a tenor con la normativa
constitucional examinada, es menester señalar que la doctrina
civilista reconoce el derecho a la propia imagen como un
derecho de la personalidad, protegido por principios
constitutivos del ordenamiento jurídico. En primer lugar, se
considera como imagen la proyección o representación de la
figura humana mediante cualquier procedimiento o técnica de
reproducción. A su vez, la imagen propia constituye un AC-2007-21 9
atributo fundamental con el cual se individualiza socialmente
a la persona; es decir, es parte integral de la identidad del
sujeto representado. López Tristani v. Maldonado Carrero,
supra.
A tales efectos, el tratadista Eduardo Vázquez Bote
explica que “[s]obre esa imagen se reconoce un derecho,
inherente a la personalidad, que sólo puede actuar,
normalmente, el sujeto de la imagen misma”. E. Vázquez Bote,
Los denominados derechos de la personalidad, Boletín Mexicano
de Derecho Comparado, Año VI, Núm. 18, Septiembre-Diciembre,
1973, pág. 425. En vista de ello, hemos expresado que la
propia imagen es digna de tutela por su estrecha relación con
la intimidad de la persona como con su honor. López Tristani
v. Maldonado Carrero, supra; C. Fernández Sessarego, Derecho
a la identidad personal, Editorial Astrea, Buenos Aires,
Argentina, 1992, sec. 17, págs. 138-142; J. Santos Briz, La
responsabilidad civil, Ed. Montecorvo, Madrid, España, 1993,
vol. I, págs. 199-201.
A pesar de que ninguna ley especial ni el Código Civil de
Puerto Rico contempla expresamente el derecho a la propia
imagen, este Tribunal ha reconocido el mencionado derecho
subjetivo para configurar una causa de acción en daños por
violación al derecho a la intimidad, el cual, según
indicamos, surge expresamente de la Constitución del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico. Const. ELA. Art. II, Secs. 1 y
8, supra. En esencia, hemos establecido que toda persona
tiene derecho a controlar dónde, cuándo y cómo se le toma una
fotografía o se reproduce de cualquier forma su imagen. AC-2007-21 10
Bonilla Medina v. Partido Nuevo Progresista, 140 D.P.R. 294
(1996); Cólon v. Romero Barceló, supra.
Al reconocer el derecho a la propia imagen como una
vertiente del derecho a la intimidad en Bonilla Medina v.
PNP, supra, pág. 301, y Cólon v. Romero Barceló, supra, pág.
578, expresamos que
[e]n virtud de este derecho toda persona puede oponerse a que se reproduzca su efigie o se obtengan pruebas fotográficas de la misma, por personas a quienes no hayan concedido autorización expresa o tácita […]. La autorización para hacer una fotografía no incluye la autorización para publicarla, ya que la publicación afecta la personalidad del interesado más intensamente que el simple hecho de retratarlo. La autorización para ser publicada puede incluir alguna limitación cuya amplitud se determinará según la interpretación del caso concreto. Citando a J. Santos Briz, El Derecho de Daños, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1963, págs. 178-179.
A su vez, en tales pronunciamientos reconocimos la
existencia de varias defensas oponibles a esta causa de
acción, al señalar que se considera admisible, sin perjuicio
de otras causas de justificación, la publicación o la toma de
fotografías en la esfera llamada de historia contemporánea
(aus dem Bereich der Zeitgeschichte) no referida a la vida
privada, o cuando reproduzcan reuniones, manifestaciones u
otros actos públicos semejantes o sucesos o localidades
públicos en los que la persona fotografiada sea una figura
accesoria. Bonilla v. PNP, supra, pág. 302; Cólon v. Romero
Barceló, supra, pág. 578; citando a J. Santos Briz, supra.
Además, en ambos casos concluimos que se admite la
publicación de fotografías hechas sin petición del interesado
cuando así lo justifique un interés público o un serio AC-2007-21 11
interés artístico, o cuando el derecho constitucional a la
libertad de expresión del demandado prevalezca sobre los
intereses del sujeto fotografiado. Id. Véase además, L. Diez-
Picazo & A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, Tecnos, 1992,
pág. 377.
A tenor con lo anterior, señalamos que toda lesión de la
personalidad es antijurídica salvo que concurra una causa de
justificación o el consentimiento del afectado, o que el acto
se considere socialmente adecuado por ser conforme a derecho
en atención a la ordenación ético social de la vida en común.
Cólon v. Romero Barceló, supra, pág. 580; citando a J. Santos
Briz, supra, págs. 165-166. No obstante, también aclaramos
que aun en estos casos no debe tolerarse tomar o publicar una
fotografía cuando a ello se oponga un interés legítimo, como
lo sería el derecho a la intimidad del fotografiado.
Igualmente, debe considerarse inadmisible la publicación de
una fotografía cuando la toma de la misma haya violado
intereses dignos de una protección predominante.
Ahora bien, el derecho a la propia imagen en otras
jurisdicciones no se limita a ser considerado como una
vertiente derivada del derecho a la intimidad. A diferencia
de la normativa mencionada, Castán propone que la tutela de
la imagen se manifiesta como una forma o derivación de la
protección del honor. J. Castán Tobeñas, Los derechos de la
personalidad, Revista General de Legislación y
Jurisprudencia, Tomo XXV, 1952, pág. 56. Por tanto, el
mencionado derecho se violenta sólo cuando su publicidad o
difusión cause una injuria u ofensa a la personalidad, sin AC-2007-21 12
que necesariamente se interfiera con la intimidad del sujeto.
Según Castán, esta normativa doctrinal ha sido adoptada en el
ordenamiento de varios países civilistas.5
Por otro lado, la tendencia actual predominante -tanto en
el derecho civil como en el derecho común anglosajón- es el
reconocimiento de la protección de la imagen como un derecho
independiente.6 Este derecho otorga a su titular la facultad
erga omnes de excluir la reproducción y publicación de la
propia imagen por un tercero que carece del consentimiento
para ello, al dar pie a la responsabilidad extracontractual
del que publica y reproduce la misma. De acuerdo a esta
interpretación, no se trata de una mera protección frente al
autor de la fotografía, sino de un límite al derecho de
libertad de expresión de la ciudadanía. Véase X. O’Callaghan,
Libertad de expresión y sus límites: honor, intimidad e
imagen, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1991, pág.
117-118. A pesar de la naturaleza autónoma del derecho a la
propia imagen, en esta corriente doctrinal, el Tribunal
Constitucional español ha expresado que éste es “un derecho
de la personalidad, derivado de la dignidad humana y dirigido
a la protección del patrimonio moral de las personas”. STC
5 Véase, a modo comparativo, Art. 10, Código Civil de Italia; Art. 31, Ley de Propiedad Intelectual de Argentina. 6 En España, el derecho a la propia imagen es de jerarquía constitucional. Art. 18.1, Const. española 1978. Además, existe una ley especial que tipifica como intromisión ilegítima la utilización de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga. Ley de 5 de mayo 1982. Véanse además, F. Herrero-Tejedor, Honor, Intimidad y Propia Imagen, Editorial Colex, 2ª ed., Madrid, 1994, pág. 100; J. Royo Jara, La Protección del Derecho a la AC-2007-21 13
14/2003, de 28 de enero de 2003. Véase además, STC 81/2001,
de 26 de marzo de 2001; STC 99/1994, de 11 de abril de 1994.
De otro modo, en la doctrina civilista se ha planteado la
existencia de un derecho patrimonial a la imagen,
relativamente ajeno al derecho de la personalidad. Ésta es la
normativa que ha adoptado la jurisprudencia federal y el
derecho común de gran parte de los estados, bajo la figura
del derecho a la publicidad (“right of publicity”).7 Al
amparo de esta protección patrimonial, que se caracteriza
como un derecho de propiedad intelectual, el sujeto tiene
derecho a participar económicamente en la comercialización de
su propia imagen, su nombre o su parecido. S. Dogan & M.
Lemley, What the right of publicity can learn from trademark
law, 58 Stan. L. Rev. 1161 (2006); F. Igartúa Arregui, La
apropiación comercial de la imagen y de los nombres ajenos,
Tecnos, Madrid, 1991, págs. 76-98; X. O´Callaghan, supra.
Aunque se puede decir que el valor económico de la imagen
de una persona es de naturaleza intangible, ésta puede tener
un valor comercial o publicitario que responda a las
características y esfuerzos particulares de la persona en un
ámbito determinado. En el mundo contemporáneo, la explotación
de las imágenes de artistas y celebridades es indudablemente
un gran negocio, que se utiliza constantemente en los
mercados lucrativos de publicidad. A su vez, la utilización
___________________ Propia Imagen, Editorial Colex, Madrid, 1987; Arts. 22 y 23, Kunsturhebergesetz, Ley de Creación Artística Alemana (KUG). 7 En algunos estados el derecho a la publicidad es de naturaleza estatutaria. Véase California Civil Code Sec. AC-2007-21 14
no autorizada de la imagen de una persona para propósitos
comerciales, sin su remuneración o consentimiento,
generalmente da lugar a una causa de acción en daños por
violación al derecho a la publicidad de la persona afectada.
R. Schechter & J. Thomas, Intellectual Property: The Law of
Copyrights, Patents and Trademarks, Thomson & West, 2003,
págs. 263-269.8
De hecho, cabe señalar que el derecho patrimonial a la
propia imagen -o el derecho a la publicidad- también se ha
enraizado en el derecho a la intimidad. R.A. Epstein, Torts,
Sec. 19.3 (1999). En su célebre e influyente artículo sobre
la intimidad, el decano Prosser demostró que la “privacidad”
es un término sombrilla que incluye cuatro diversas causas de
acción que dan lugar a la imposición de responsabilidad
extracontractual. W. L. Prosser, Privacy, 48 Cal. L. Rev. 383
(1960). Éstas incluyen, a saber, la protección del individuo
___________________ 3334.1; Virginia Code Sec. 8.01-40. En otros estados, la doctrina se ha desarrollado mediante jurisprudencia. 8 A tales efectos, la doctrina sugiere que en estos casos existen daños económicos como consecuencia de una disminución de los ingresos que pudieron haberse obtenido por la participación consentida del individuo en ese mercado de publicidad; o por causa de un enriquecimiento injusto del que ha obtenido beneficios a costa de las características de la identidad de otra persona sin compensarle por ello. Para un análisis económico del derecho patrimonial a la propia imagen, véase E. Amat. Llari, El derecho a la propia imagen y su valor publicitario, La Ley, Madrid, 1992, págs. 19-23. Véase además, R. Posner, Economic Analysis of Law, 6ta ed. Aspen Publishers, New York, 2003, págs. 42-43. Al hacer el cómputo del valor comercial de la imagen para resarcir los daños económicos, se pueden tomar en cuenta, como variables reductoras de la indemnización, los beneficios derivados por el sujeto a raíz de la publicación. Éste sería el caso de un candidato político que se beneficia de la publicidad positiva, aunque sea para fines comerciales y lucrativos de AC-2007-21 15
contra la intromisión indebida en su vida privada; la
prohibición de revelar o divulgar aspectos privados e íntimos
de la persona, ocasionando vergüenza y humillación como
consecuencia de su publicación; y la responsabilidad por
distorsionar y representar bajo una falsa luz las
características individuales de la persona, sacando
públicamente de contexto sus posturas o pronunciamientos sin
que medie justificación alguna. Por último, y en lo
pertinente, el derecho a la intimidad incluye una causa de
acción contra todo aquel que se apropia indebidamente del
nombre, imagen, o parecido de una persona para propósitos
lucrativos o comerciales. 9
B.
Por otra parte, la Carta de Derechos de la Constitución
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico consagra la libertad
de expresión como uno de los valores de la más alta jerarquía
constitucional, al disponer que “[n]o se aprobará ley alguna
___________________ un tercero. Véase, a modo ilustrativo, Paulsen v. Personality Postres, 59 Misc. 2d. 444, 299 N.Y.S. 2d 501 (1968). 9 Esta causa de acción por violación al derecho a la publicidad fue reconocida como una causa de acción derivada del derecho a la intimidad en Zacchini v. Broadcasting Co., 433 U.S. 562 (1977). En ese caso, el Tribunal Supremo Federal hizo un balance entre los intereses económicos que emanan de la identidad de una celebridad y el interés público en la publicación no autorizada y no remunerada de su imagen. El Tribunal Supremo Federal determinó que tal apropiación de la imagen del demandante fue indebida y constituyó una violación a su derecho patrimonial a la propia imagen. No obstante, en ese caso queda claro la dicotomía entre la causa de acción por virtud del derecho a la intimidad, el cual protege contra las angustias mentales que resultan de publicidad no deseada; y el derecho a la publicidad, el cual protege intereses pecuniarios y no emocionales. Véase, a modo ilustrativo, Ventura v. Titan Sports, Inc., 65 F.3d 725, 730 (8vo Cir. 1995). AC-2007-21 16
que restrinja la libertad de palabra o el derecho del pueblo
a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la
reparación de agravios”. Art. II, Sec. 4, Const. E.L.A.,
supra. Este Tribunal ha expresado reiteradamente que la
libertad de expresión es una “raíz indiscutible del sistema
democrático de gobierno”. Bonilla v. PNP, supra, pág. 299;
Mari Bras v. Casañas, 96 D.P.R. 15, 20-21 (1968). A su vez,
hemos establecido en casos de daños y perjuicios derivados
del derecho a la intimidad que la libertad de expresión
también puede ser una defensa, pues el ejercicio legítimo de
un derecho es una causa de exclusión de antijuridicidad que
elimina la culpa. Véanse Bonilla v. PNP, supra; Colón v.
Romero Barceló, supra.10
En armonía con esta normativa, hemos enfatizado que la
expresión política debe recibir el más alto grado de
protección constitucional en nuestra sociedad pluralista. El
libre intercambio de ideas, opiniones e información sobre los
procesos gubernamentales y políticos permite que la toma de
decisiones se realice de manera democrática. Bonilla v. PNP,
supra. Por tanto, es evidente la preeminencia de la expresión
política dentro de la protección constitucional a la libertad
de expresión.
Ahora bien, es preciso distinguir entre la expresión
política y la expresión comercial en nuestro ordenamiento
constitucional. Hemos expresado anteriormente que el valor
10 Véase además, R. Colón Cortés, Reconstruyendo la casa de cristal: la responsabilidad civil extracontractual derivada de los daños ocasionados al derecho a la intimidad, 72 Rev. Jur. U.P.R. 695 (2003). AC-2007-21 17
superior otorgado a la libertad de expresión “no supone una
irrestricción absoluta, de forma que no pueda subordinarse a
otros intereses cuando la necesidad y conveniencia pública lo
requieran”. Muñiz v. Administrador del Deporte Hípico, 156
D.P.R. 18, 24 (2002); Bonilla v. PNP, supra, pág. 300; Mari
Brás v. Casañas, supra, pág. 21. Sin embargo, también hemos
señalado que las limitaciones a la libertad de expresión
serán interpretadas restrictivamente, de manera que no
abarquen más de lo imprescindible. Muñiz v. Administrador del
Deporte Hípico, supra; Velázquez Pagán v. A.M.A., 131 D.P.R.
568, 577 (1992).
Aunque no cabe duda que la expresión para fines
lucrativos y comerciales se encuentra bajo el ámbito de
protección de las constituciones de Puerto Rico y de los
Estados Unidos, ésta puede ser regulada sustancialmente por
el Estado con mayor facilidad. Véase In re Gervitz Carbonell,
res. 28 de julio de 2004, 2004 T.S.P.R. 141. El propósito
fundamental de este tipo de expresión es promover una
transacción comercial, no necesariamente el libre intercambio
de ideas. Por tanto, la expresión comercial está sujeta a una
protección constitucional menos rigurosa que otras formas de
expresión, como lo es la expresión política.11
___________________ 11 Véase, a modo ilustrativo, Bd. of Trustees v. Fox, 492, U.S. 469 (1989); Posadas de Puerto Rico Associates v. Tourism Co. Of Puerto Rico, 478 U.S. 328 (1986); Va. Pharmacy Bd. v. Va. Consumer Council, 425 U.S. 748 (1976), Capital Broadcasting Co. V. Mitchell, 333 F. Supp. 582. (D.D.C. 1971), 405 U.S. 1000 (1972). Además, el Tribunal Supremo Federal ha sugerido que si se utiliza un mensaje social para la promoción de un producto o marca, el mensaje en su AC-2007-21 18
Por último, reiteramos que la libertad de expresión se
puede aducir en pleitos entre particulares. Colón v. Romero
Barceló, supra, pág. 582; ELA v. Hermandad de Empleados, 104
D.P.R. 436 (1975); Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal,
102 D.P.R. 20 (1974). En los referidos casos, sopesamos los
intereses envueltos –a saber, la libertad de expresión y el
derecho a la intimidad- para determinar cuál derecho
prevalece a base de las circunstancias particulares de la
controversia.
En esta ocasión, precisamente, nos corresponde establecer
un balance entre los intereses de la libre expresión de
Quizno´s y los intereses del señor Vigoreaux Lorenzana sobre
su intimidad e imagen propia.
III.
El señor Vigoreaux Lorenzana alega que sufrió una
violación del derecho a la propia imagen, del derecho a la
intimidad y de su derecho de publicidad por la publicación de
su fotografía en un anuncio comercial sin su consentimiento.
Antes de dilucidar la tensión imperante entre los intereses
constitucionales invocados por las partes, debemos evaluar la
aplicación de alguna de las causas de justificación y las
defensas oponibles al derecho a la propia imagen que
reconocen nuestra jurisprudencia y la doctrina civilista.
___________________ totalidad constituye una expresión comercial. Bolger v. Youngs Drug Products Corp., 463 U.S. 60 (1983). AC-2007-21 19
Tanto los codemandados como los foros apelativos aducen
que la fotografía publicada se encuentra en la llamada esfera
de historia contemporánea, conforme a nuestros
pronunciamientos en Bonilla v. PNP, supra, y Colón v. Romero
Barceló, supra. En dichos casos, expresamos que la
publicación o la toma de fotografías como medio para difundir
la historia contemporánea, cuando no se trate de la vida
privada del objeto del individuo, no conllevará
responsabilidad extracontractual. En tales supuestos, se
entendería que el derecho a la propia imagen cede ante el
interés público apremiante de acceso a la información y la
divulgación de ideas. A su vez, también expresamos que la
doctrina civilista permite tomar o publicar la fotografía de
una persona, aun sin su consentimiento, cuando ésta sea una
figura accesoria en alguna reunión, manifestación u otro acto
o suceso público.12
En el caso de autos, surge del expediente que la
fotografía del señor Vigoreaux Lorenzana publicada en el
anuncio de Quizno´s no es, ni se obtuvo, de forma
escandalosa. A diferencia de Colón v. Romero Barceló, supra,
no se trata de una foto grotesca utilizada para “capitalizar”
a costa del dolor ajeno. La mencionada fotografía había sido
publicada anteriormente en un periódico de circulación
general, y no revelaba aspectos privados o íntimos del señor
12 A raíz de ello, la causa de acción por el derecho a la propia imagen en Bonilla no procedió, entre otras razones, porque el demandante era una figura accesoria en el anuncio político publicado por la campaña del gobernador Pedro Rosselló González, y la fotografía se tomó en el contexto de un evento público. AC-2007-21 20
Vigoreaux Lorenzana. Sin embargo, a pesar de que en el caso
de epígrafe la fotografía se tomó en un evento público, la
efigie del señor Vigoreaux Lorenzana no era una figura
accesoria ni en el anuncio ni en la propia imagen fotográfica
publicada por Quizno´s. Todo lo contrario, las fotografías
del señor Vigoreaux Lorenzana y del señor Pesquera Morales
ocupan una posición céntrica y prominente en el anuncio de
referencia.13 De hecho, cada fotografía ocupa casi la mitad
del mencionado anuncio, que a su vez constituyó media página
del periódico El Nuevo Día.
Por otro lado, no se desprende del expediente, ni ha sido
alegado por las partes, que la fotografía ostente un serio
interés artístico que justifique su publicación sin el
consentimiento del peticionario. Mucho menos se trata de una
fotografía que se publica por razón de interés público.
Conforme a nuestros pronunciamientos en Cólon v. Romero
Barceló, supra, pág. 581, la causa de exclusión de
antijuridicidad referente al interés público “prevalece
cuando la intromisión a la intimidad es necesaria e
inevitable y constituye el medio más adecuado para obtener un
fin lícito”. Claramente, la expresión comercial de Quizno´s
en controversia no fue el medio más adecuado para mercadear
___________________ 13 Además, en Bonilla v. PNP, supra, pág. 302, también enfatizamos que aquellos hechos no trataban de una persona que gozaba de amplio reconocimiento en Puerto Rico. Dicha conclusión sustentó el carácter de accesoriedad de la fotografía, por lo que resolvimos que no procedía la concesión de un remedio en daños a favor del señor Bonilla. Tales hechos son claramente distinguibles del caso de autos, pues las partes han estipulado, y es de conocimiento general, AC-2007-21 21
sus productos, ni tampoco constituyó una intromisión
inevitable y necesaria contra el derecho a la propia imagen
del señor Vigoreaux Lorenzana.14
Ahora bien, en vista de que la fotografía no revelaba
aspectos de la vida privada del peticionario, y dado que la
misma no se tomó de forma escandalosa, el foro apelativo
concluyó que el derecho a la intimidad del señor Vigoreaux
Lorenzana no fue infringido. Además, adujo que por ser figura
pública, “[éste] no podía tener expectativa de privacidad
alguna.” Para llegar a esta conclusión, el tribunal apelativo
limitó el alcance del derecho a la intimidad a supuestos
donde hay una intromisión indebida con los aspectos de la
vida privada del demandante. Ciertamente, la publicación de
la fotografía no constituyó una interferencia con la esfera
íntima y privada de la vida del señor Vigoreaux Lorenzana.
No obstante, y a tenor con la normativa anteriormente
expuesta, el derecho a la intimidad también incluye una causa
de acción contra todo aquel que se apropia indebidamente del
comerciales. Al partir de la premisa que los objetivos de
Quizno´s en la publicación del anuncio bajo nuestro
escrutinio eran evidentemente comerciales, no cabe duda que
___________________ que el señor Vigoreaux Lorenzana es una figura pública, conocido en los ambientes de la política y del espectáculo. 14 Cabe destacar que en gran parte de las jurisdicciones civilistas, las excepciones mencionadas, incluyendo las doctrinas de historia contemporánea (aus dem Bereich der Zeitgeschichte) y figuras públicas, no aplican cuando la imagen se utiliza para propósitos comerciales. Véase Gerstenberg, Urheberrecht Kommentar (dir. Schricker) 1987, AC-2007-21 22
la diseminación de la fotografía configuró la utilización
indebida de la imagen del peticionario. Por tanto, el
tribunal apelativo erró al determinar que al señor Vigoreaux
Lorenzana no le amparaba el derecho a la intimidad, en la
Aclarado lo anterior, debemos considerar la validez de la
conclusión de los foros recurridos, en el sentido de que el
anuncio de referencia constituye una hipérbole retórica, una
parodia y una sátira política cuya divulgación está protegida
por el derecho constitucional a la libertad de expresión, a
pesar de su claro propósito comercial o lucrativo.
En primer lugar, afirmamos nuevamente que la libertad de
expresión es una defensa oponible a los casos de derecho a la
propia imagen y a los casos de libelo, pues su ejercicio
legítimo consiste en una causa de exclusión de
antijuridicidad que elimina la culpa. Sin embargo, hemos
expresado que no debe confundirse el derecho a la propia
imagen con la difamación. Algunos de los rasgos que
distinguen la acción en daños derivada de la violación al
derecho a la propia imagen del libelo son: (i) que no se
trata de una publicación en ejercicio de la libertad de
prensa, pues es una persona o entidad particular quien
promueve la publicación; (ii) la acción en daños por
violación al derecho a la propia imagen no requiere que la
___________________ pág. 770 en F. Igartúa Arregui, supra, pág. 123-128; E. Amat Llari, supra, pág. 65. AC-2007-21 23
reproducción tenga impacto ofensivo alguno, y; (iii) la
verdad no es defensa. Pérez Rosado v. El Vocero, 149 D.P.R.
427, 443 (1999).15
Por tanto, es menester señalar que las causas de
justificación invocadas por el foro apelativo y por los
recurridos –a saber, la sátira, la parodia y la hipérbole
retórica- sólo han sido reconocidas por este Tribunal en
casos de libelo, y no en casos de violación al derecho a la
propia imagen ni en casos de expresión comercial. Véase Garib
Bazain v. Clavell, 135 D.P.R. 475 (1994).16 En vista de ello,
nos corresponde evaluar estas figuras a la luz de los hechos
particulares del caso de autos.
A tenor con la casuística del Tribunal Supremo Federal, y
a modo ilustrativo, definimos la figura de hipérbole retórica
como una expresión alegadamente difamatoria que no es
accionable si se utiliza en un sentido figurativo, flexible y
15 Véase, a modo ilustrativo, Zacchini v. Scripps-Howard Broad. Co., supra, pág. 574. En este caso, el Tribunal Supremo Federal indicó que el estándar de malicia real, según elaborado para casos de difamación en New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1965), no aplica a supuestos de derecho a la publicidad. 16 A tales efectos, y a modo persuasivo, Nowak & Rotunda expresan lo siguiente:
The Supreme Court has not yet held that First Amendment principles should restrict defamation or privacy actions when the subject matter of the action is a commercial performance or commercial information. Invasion of an individual’s right of publicity for commercial purposes may be subjected to greater state regulation than publication of information regarding a person´s private life or activity when that publication or activity is unrelated to a commercial venture. Nowak & Rotunda, Treatise on Constitutional Law: Substance and AC-2007-21 24
no necesariamente por su significado literal. Garib Bazain v.
Clavell, supra, pág. 486. Es decir, la hipérbole retórica es
una defensa oponible a las imputaciones de falsedad o
mendacidad de una expresión alegadamente libelosa. Véase, a
modo ilustrativo, Greenbelt Pub. Assn. v. Bresler, 398 U.S. 6
(1970).
Claramente, los foros recurridos erraron al aplicar esta
doctrina al caso de autos. El presente caso versa sobre el
derecho a la propia imagen frente a una expresión comercial y
no sobre una causa de acción de difamación o libelo que
precise la adjudicación de la falsedad del anuncio publicado.
A diferencia de la difamación, la causa de acción por violar
el derecho a la propia imagen no está condicionada a la
naturaleza falsa de la expresión imputada. Como expresamos en
Pérez Rosado v. El Vocero, supra, la verdad no es defensa en
acciones de responsabilidad civil de esta índole. Por tanto,
es impertinente la conclusión del tribunal apelativo en
cuanto a que la expresión comercial de Quizno´s no puede ser
razonablemente interpretada para evocar hechos reales.
De la misma manera, el foro apelativo confunde las
doctrinas relacionadas a la parodia y a la sátira política.
En el contexto del libelo, hemos señalado que “[e]l humor,
sea en forma de sátira, parodia, chistes, etc., rinde una
función dual al entretener y servir de crítica social
simultáneamente. Como tal, amerita una protección especial en
nuestra sociedad.” Garib Bazain v. Clavell, supra, pág. 488.
___________________ Procedure, Third Edition, West Group, St. Paul, 2007, Sec. 16.36, pág. 502-503. AC-2007-21 25
Aunque surge del expediente que las fotografías del señor
Vigoreaux Lorenzana y del señor Pesquera Morales se
publicaron en un contexto humorístico, la función principal
de la publicación del anuncio no era entretener ni servir de
crítica social.17 El objetivo del anuncio de Quizno´s era
estrictamente comercial, pues sólo intentaba promover la
venta de su nuevo emparedado. De hecho, el propósito
comercial de la publicación se desprende del propio anuncio,
el cual ofrecía un descuento de dos dólares ($2) para la
compra del sándwich a todo aquel que llevara el anuncio a una
sucursal de Quizno’s. Como ya señalamos, la expresión
comercial está sujeta a una protección constitucional menos
rigurosa que otras formas de expresión, como lo eran las
expresiones políticas que se encontraban en tensión con el
derecho a la propia imagen en los casos de Bonilla, supra, y
Colón, supra.18
___________________ 17 Cf. Hustler Magazine v. Falwell, 485 U.S. 46, 50 (1988). En este caso, el Tribunal Supremo Federal denegó una demanda por libelo presentada por Jerry Falwell contra Hustler Magazine, por haber publicado una parodia de un anuncio del licor Campari con una caricatura que representaba al ministro describiendo su "primera experiencia" con el licor como un encuentro incestuoso con su madre en una letrina. La madre del ministro aparecía como una alcohólica promiscua y Falwell como un alcohólico hipócrita. El tribunal expresó que, por naturaleza, las parodias y las caricaturas pueden ser patentemente ofensivas y frecuentemente van dirigidas a herir los sentimientos del sujeto afectado. A pesar de esto, el tribunal reconoció que ambas formas literarias son un elemento muy importante y enriquecedor de la discusión pública y política. A diferencia del caso de autos, la parodia publicada tenía la función inherente de ser una crítica social y no tenía el propósito de promover una transacción comercial. En Hustler, se trataba de una parodia de un anuncio, no de una expresión comercial como tal. 18 Véase, a modo ilustrativo, White v. Samsung Electronics America, 971 F. 2d 1395 (9no Cir. 1992). En este caso, Vanna AC-2007-21 26
Más aún, cabe destacar que los foros recurridos
utilizaron indistintamente las figuras de la sátira y la
parodia, confundiendo e ignorando las diferencias de la
casuística en cuanto a estas defensas desarrolladas por la
doctrina y la jurisprudencia en casos de libelo, libertad de
expresión y derechos de autor. Primeramente, la vigésima
segunda edición del el Diccionario de la Real Academia
Española (2001) define la parodia meramente como una
“imitación burlesca”. Claramente, la fotografía del señor
Vigoreaux Lorenzana no es una imitación burlesca de otro
anuncio, expresión o imagen, por lo que el anuncio, según
esta definición, no constituye una parodia. De otra parte, en
el contexto de propiedad intelectual, el Tribunal Supremo
Federal ha esbozado que una parodia es aquella expresión que
utiliza algunos elementos de la composición original para
crear una obra nueva que, por lo menos en parte, comente o se
burle directamente de la obra original. Campbell v. Acuff-
Rose Music, Inc., 510 U.S. 569, 580 (1994).19 De acuerdo a
esta definición, la fotografía publicada por Quizno´s tampoco
es una parodia, pues no hay ninguna alteración en la imagen
del señor Vigoreaux Lorenzana y no se observa valor
___________________ White demandó a Samsung Electronics por violación a su derecho a la publicidad, a base de que este último publicó un anuncio para promover la venta de un VCR utilizando un robot con peluca, vestido y joyas, que jugaba a la ruleta y que gozaba de un gran parecido con la demandante. El noveno circuito determinó que Samsung se había apropiado indebidamente de la identidad de Vanna White y que la parodia no era relevante ante el contenido principal de la expresión comercial, a saber, promover la compraventa del producto anunciado. AC-2007-21 27
transformativo alguno en la publicación de la misma. El mero
acto de insertar unas palabras burlescas sobre la fotografía
no es suficiente para crear una obra nueva bajo la doctrina
de parodia de propiedad intelectual.
Por otro lado, el referido diccionario define la sátira
como una “[c]omposición poética u otro escrito cuyo objeto es
censurar acremente o poner en ridículo a alguien o algo”.
Cónsono con ello, el Tribunal Supremo Federal ha expresado
que la sátira utiliza la obra original sin alteración o
transformación significativa para criticar otro elemento
social, no relacionado necesariamente con la obra original
misma, por lo que se requiere mayor justificación para el
mero acto de apropiación. Por tanto, la sátira tiene una
protección constitucional de menor jerarquía que la parodia,
especialmente cuando se utiliza para propósitos lucrativos y
comerciales. Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., supra, pág.
581.
Es evidente que la fotografía publicada del señor
Vigoreaux Lorenzana es una exposición literal de su imagen
que no tiene valor transformativo alguno que la convierta en
una parodia constitucionalmente protegida para propósitos de
la doctrina y la jurisprudencia mencionada.20 Como máximo, se
___________________ 19 Véase además, R. Posner, When is parody fair use? 21 J. Leg. Stud. 67 (1992). 20 Cf. Cardtoons L.C. v. Major League Baseball Assoc., 3 F. 3d. 959 (10mo Cir., 1996). En ese caso, las caricaturas de los beisbolistas eran claramente una parodia, con un evidente valor transformativo y artístico. Pese a la naturaleza comercial de las tarjetas, y a diferencia del caso de autos, el propio producto mercadeado por Cardtoons era una parodia, por lo que no se trataba realmente de una expresión AC-2007-21 28
podría considerar que ésta es una sátira con una protección
constitucional muy limitada, dado el propósito comercial y
mercantilista de la publicación del anuncio. El valor
económico del anuncio publicado por Quizno´s, en el contexto
del mercadeo de bienes comerciales, se deriva principalmente
de la fama y notoriedad del señor Vigoreaux Lorenzana y del
señor Pesquera Morales. Al ser candidatos derrotados, tampoco
se puede aducir que éstos derivaron algún beneficio electoral
por la publicación del anuncio. Además, no existe un interés
legítimo en que los recurridos obtengan de gratis algún
aspecto del peticionario que tiene valor comercial en el
mercado y que, de ordinario, tendrían que pagar y obtener su
consentimiento para su utilización. Kalven, Privacy in Tort
Law Were Warren and Brandeis Wrong?, 31 Law & Contemp. Prob.
326, 331 (1966).
Por último, es menester aclarar que la condición de
figura pública no priva por completo al individuo de su
expectativa a la intimidad, como parece sugerir el tribunal
apelativo. Este Tribunal ha señalado que catalogar a un
demandante como "figura pública" significa "que para
prevalecer en un pleito de difamación se le someterá a un
criterio más riguroso de prueba, que su derecho a la
intimidad pesa menos que el derecho de otros a la libre
expresión, a menos que demuestre la existencia en éstos de
malicia real". Garib Bazain v. Clavell, supra, pág. 483;
___________________ comercial. Véase además, a modo ilustrativo, ETW Corp. v. Jireh Publ´g, Inc. 332 F.3d 915, 918 (6to Cir. 2003); Hoffman v. Capital Cities/ABC, Inc. 255 F3d. 1180 (9no Cir. 2001); AC-2007-21 29
Clavell v. El Vocero de P.R., 115 D.P.R. 685, 692-693 (1984).
En ningún momento hemos expresado que la figura pública
pierde su intimidad por completo, ni mucho menos que su
personalidad es de dominio público para propósitos
comerciales.21
Además, en ocasiones anteriores hemos expresado que ante
un reclamo de violación a este derecho constitucional, "[l]a
cuestión central es si la persona tiene un derecho razonable
a abrigar, donde sea, dentro de las circunstancias del caso
específico, la expectativa de que su intimidad se respete".
Cotto v. Tiendas Pitusa, Inc., supra, pág. 659; citando a
E.L.A. v. P.R. Tel. Co., supra, pág. 402. Es decir, lo que
constituye un ataque abusivo o una intromisión a la intimidad
dependerá de las circunstancias particulares en que se
manifiesta la acción estatal o personal, y la naturaleza del
___________________ Comedy III Productions, Inc. v. Gary Saderup, Inc., 25 Cal. 4th 387, 21 P.3d 797, 106 Cal. Rptr. 2d 126 (2001). 21 Véase, a modo comparativo, Von Hannover v. Alemania, 40 T.E.D.H. 1 (24 de junio de 2004). En ese caso, la princesa Carolina de Mónaco acudió en alzada al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para impugnar una sentencia del Tribunal Constitucional alemán que denegó la expedición de un injunction para paralizar la publicación de unas fotografías suyas –tomadas en lugares públicos y semipúblicos- en unas revistas sensacionalistas alemanas, por ésta ser una figura pública (personalidad absoluta de la historia contemporánea). El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia en contra de Alemania por no aplicar adecuadamente el delicado balance de intereses entre el derecho a la intimidad de una figura pública y la libertad de expresión de varias revistas sensacionalistas. En síntesis, concluyó que el derecho a la intimidad garantizado por el Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos cobija a las figuras públicas y prevalece sobre los intereses de las mencionadas revistas, a la luz de que “el elemento determinante, a la hora de establecer un equilibrio entre la protección de la vida privada y la libertad de expresión, debe residir en la contribución que las fotografías y los artículos publicados hacen al debate de interés general”. Id. 76. AC-2007-21 30
interés privado que se quiere proteger. En otras palabras, el
criterio rector para determinar si existe o no la referida
protección es si quien la reclama tiene una expectativa
legítima a la intimidad bajo las circunstancias particulares
y concretas del caso. Cotto v. Tiendas Pitusa, Inc., supra,
pág. 660.
De conformidad con ello, entendemos que el tribunal
apelativo erró al señalar que al trasladarse del mundo del
espectáculo a la esfera política, el señor Vigoreaux
Lorenzana perdió todo control sobre su intimidad y su imagen
comercial. Es cierto que las figuras políticas están sujetas
a un escrutinio riguroso sobre sus funciones y capacidades, e
incluso sobre su personalidad y carácter. Aunque la
expectativa de intimidad del señor Vigoreaux Lorenzana era
limitada por su condición de legislador y figura política al
momento de los hechos, todavía le amparaba su derecho a la
propia imagen.22 Por tanto, esta realidad no inmuniza a las
___________________ 22 Véase, a modo persuasivo, J. Thomas MacCarthy, The Rights of Publicity and Privacy § 4:23, 2d ed, West Thomson, 2007:
However, all this is not to say that a political figure has less right of publicity when another makes unpermitted use of his or her identity in a commercial, nonpolitical context. For example, a Justice of the United States Supreme Court should have the same scope of rights and remedies as anyone else against the unpermitted use of identity to draw attention to an ordinary commercial advertisement. Thus, a Supreme Court Justice should have the right to an injunction and damages if the Ajax Coffee Co. runs a magazine advertisement without permission featuring a photo of the Justice and reading: "Justice Zelda Zak judges hard cases every day, but our coffee tasters have to make just as difficult distinctions in selecting only the finest coffee beans for Ajax Coffee." The fact that AC-2007-21 31
entidades comerciales de responder civilmente por utilizar
sin autorización la imagen e identidad de un sujeto para
fines estrictamente lucrativos, sin que medie ninguna
expresión artística o transformativa, o alguna de las causas
de justificación anteriormente mencionadas.
Por todo lo anterior, concluimos que el uso no autorizado
de la identidad de una persona para mercadear un producto o
proponer una transacción comercial no es permisible y da
lugar a una causa de acción por violación al derecho a la
propia imagen, valor tutelado por el derecho a la intimidad.
Dado que el señor Vigoreaux Lorenzana es una figura pública,
es evidente que su conocida identidad se utilizó para
mercadear el emparedado y promover un mayor volumen de ventas
a costa de su propia imagen. Dicha imagen fue utilizada para
propósitos de publicidad, sin que mediaran los elementos
humorísticos y derivativos suficientes que la transformaran
en una expresión protegida por el derecho a la libertad de
expresión. Un comercio tiene el derecho a diseminar
información sobre sus productos pero incurrirá en
responsabilidad civil extracontractual si utiliza la imagen
de una persona sin su consentimiento o sin que medie alguna
de las mencionadas causas de justificación.23
___________________ politicians, and especially former politicians, have appeared in commercial advertising to pitch products leads the public to not be surprised to see a politician's name or picture used in an advertisement. 23 A su vez, la causa de acción reconocida en el presente caso no se basa en la probabilidad de confusión por un endoso comercial bajo una falsa luz, sino en el derecho moral y patrimonial a la propia imagen del peticionario. Sin embargo, AC-2007-21 32
En el caso ante nos, la expresión comercial cede ante el
derecho a lo privado. Al no constituir una parodia o
expresión constitucionalmente protegida de mayor jerarquía
que el derecho a la intimidad, concluimos que la publicación
no autorizada de la fotografía de referencia para propósitos
comerciales configuró una violación al derecho a la propia
imagen del peticionario. Nuestra jurisprudencia ha reconocido
que el concepto de culpa del Art. 1802, supra, es tan
infinitamente amplio como la conducta de los seres humanos e
incluye cualquier falta de una persona que produce un mal o
daño. Colón v. Romero Barceló, supra, pág. 579; Gierbolini v.
Employers Fire Ins. Co. 104 D.P.R. 853 (1976). Es por ello
que además de constituir una infracción al derecho subjetivo
de la personalidad del señor Vigoreaux Lorenzana, concluimos
que el acto en controversia también constituye una violación
de naturaleza patrimonial.
IV.
Por los fundamentos que anteceden, resolvemos que el
peticionario tiene derecho a participar económicamente en la
comercialización de su propia imagen, su nombre o su
parecido, conforme al valor de tasación de tal imagen en el
mercado de publicidad al momento de los hechos, pues le
ampara un derecho patrimonial a la propia imagen. A su vez,
tiene derecho a la concesión de daños morales por haber
sufrido una violación del derecho a la intimidad, en la
vertiente subjetiva de su derecho a la propia imagen. No
___________________ es razonable inferir que el anuncio de referencia puede inducir a los consumidores a asociar equivocadamente al AC-2007-21 33
obstante, dada la naturaleza novel de la controversia y la
expectativa de intimidad limitada del señor Vigoreaux
Lorenzana por ser una figura política al momento de la
publicación del anuncio, resolvemos que en el caso particular
ante nos los daños morales son accesorios y marginales, por
lo cual no deben ser mayores a los daños económicos que en su
momento determine el tribunal de instancia.
Por consiguiente, revocamos la Sentencia emitida por el
Tribunal de Apelaciones y, en consecuencia, devolvemos el
caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúe con
los trámites ulteriores conforme a lo aquí resuelto.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Federico Hernández Denton Juez Presidente ___________________ producto con el peticionario. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integral de la presente Sentencia, se revoca la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y, en consecuencia, se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúe con los trámites ulteriores conforme a lo aquí resuelto.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera Pérez no intervino.
Aida I. Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo