Pueblo v. Santos Santos

2012 TSPR 95

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: May 31, 2012
• Docket: CC-2011-98
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Pueblo de Puerto Rico Certiorari Recurrido 2012 TSPR 95 v. 185 DPR ____ Ángel Santos Santos

Peticionario

Número del Caso: CC-2010-98

Fecha: 31 de mayo de 2012

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Elmer A. Rodríguez Berríos Sociedad Para Asistencia Legal División de Apelaciones ´

Oficina del Procurador General:

Lcda. Irene Zoroeta Kodesh Procuradora General

Lcda. Zaira Girón Anadón Subprocuradora General

Materia: Derecho Constitucional – Derecho de Confrontación; doctrina de error constitucional no perjudicial.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v. CC-2011-0098

Ángel Santos Santos

Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2012

Nos corresponde evaluar nuevamente el alcance del

derecho de todo acusado criminal a confrontar a los

testigos que declaran en su contra, recogido en la Enmienda

Sexta de la Constitución de los Estados Unidos y en la

Sección 11 de la Carta de Derechos de la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Específicamente,

debemos resolver, a raíz de la normativa establecida por la

Corte Suprema de los Estados Unidos en el paradigmático

caso Crawford v. Washington, 541 U.S. 36 (2004), y su

progenie, 1 así como por lo resuelto por este Tribunal en

Pueblo v. Guerrido López, 179 D.P.R. 950 (2010), si para

satisfacer las exigencias impuestas por la cláusula de

confrontación es suficiente que el acusado tenga

oportunidad de contrainterrogar en corte a un perito que

1 Véanse, e.g., Bullcoming v. New Mexico, 131 S.Ct. 2705 (2011); Michigan v. Bryant, 131 S.Ct. 1143 (2011); Meléndez Díaz v. Massachusetts, 129 S.Ct. 2527 (2009); Davis v. Washington, 547 U.S. 813 (2006). CC-2011-0098 2

testifica en sustitución del químico que preparó el informe

de análisis que se admite como evidencia en su contra.

De contestar en la negativa esta interrogante, debemos

analizar, además, si tal violación representa un error

estructural que acarrea la revocación automática de la

sentencia condenatoria emitida o si, en cambio, constituye

un error sujeto a la doctrina de error constitucional no

perjudicial.

I

El señor Ángel Santos Santos fue acusado de violar el

artículo 403(b) de la Ley de Sustancias Controladas, el cual

tipifica como delito el uso de un medio de comunicación para

cometer cualquier delito bajo dicha ley. El juicio contra el

señor Santos Santos y el otro coacusado se celebró el 7 de

enero de 2010. La prueba de cargo consistió en el testimonio

del agente Arnaldo Rosario Rosario, quien intervino con los

acusados el

día de los hechos y efectuó una prueba de campo para

determinar si los materiales confiscados eran sustancias

controladas. Se presentó, además, el testimonio de la

supervisora de la sección de sustancias controladas del

Instituto de Ciencias Forenses, la química Zair Díaz Pérez,

quien testificó en sustitución del químico Alexis Soto Zeno.

El informe de análisis fue realizado por el señor Soto Zeno,

pero éste no compareció a corte.

En el juicio se presentó prueba documental que incluyó

la prueba de campo realizada por el agente Rosario el 4 de

septiembre de 2009. También se admitió en evidencia el CC-2011-0098 3

―Certificado de Análisis Químico Forense‖ realizado por el

señor Soto Zeno el 10 de diciembre de 2009. Además, se

sometió en evidencia un radio walkie-talkie y el material que

se ocupó durante la intervención policial.

Según se desprende de la transcripción narrativa de la

prueba presentada ante el Tribunal de Primera Instancia, el

agente Rosario labora en la División de Drogas de Vega Baja.

Como parte de sus funciones, el 4 de septiembre de 2009 se le

asignó investigar un punto de compra y venta de sustancias

controladas. El agente Rosario testificó que tenía

conocimiento sobre el lugar donde operaba el punto de drogas

y que llegó allí como a las 10:10 a.m. acompañado por dos (2)

agentes de la Policía. Declaró que existía una distancia de

doscientos cincuenta (250) a trescientos (300) pies entre el

lugar donde estacionó el vehículo y el punto de drogas y que

no tardó más de un minuto en llegar al lugar de la

intervención.

Al aproximarse al punto de drogas, el agente Rosario

observó a dos (2) individuos desde siete (7) a ocho (8) pies

de distancia. Indicó que un individuo de tez trigueña tenía

una bolsa plástica con varias envolturas color rosa que

parecían ser heroína, varias bolsas con cocaína y un billete

de veinte (20) en la boca. El otro sujeto, de tez blanca,

portaba un radio walkie-talkie color negro en su mano

derecha.

El agente Rosario manifestó que escuchó decir ―por ahí

vienen los perros‖, pero no pudo identificar quién dijo la

frase ni a quién fue dirigida. Declaró que se identificó como CC-2011-0098 4

policía y que ocupó el material delictivo y el dinero. Luego

de arrestar y registrar a los dos (2) sospechosos, el agente

Rosario los transportó a la División de Drogas, donde realizó

una prueba de campo sobre el material ocupado, la cual arrojó

un resultado positivo a heroína y cocaína. El agente Rosario

se dirigió entonces al Instituto de Ciencias Forenses, el 9

de septiembre de 2009, con el propósito de entregar el

material ocupado para que se realizara el análisis químico.

Por otro lado, la perita química Díaz Pérez declaró que

era supervisora del químico Soto Zeno, y atestiguó en torno

al procedimiento estándar que se utiliza para llevar a cabo

análisis de detección de sustancias controladas. En varias

ocasiones, la defensa objetó la admisibilidad de su

testimonio bajo el fundamento de que ésta no fue la persona

que realizó el análisis químico ni preparó el certificado de

análisis químico del material ocupado.

Según el testimonio vertido en juicio, la perita Díaz

Pérez lleva veinticinco (25) años trabajando en el Instituto

de Ciencias Forenses y desde hacía siete (7) meses

supervisaba la sección en la que se analizan los casos de

drogas, especialmente los relacionados con cocaína, heroína y

marihuana. La perita Díaz Pérez ha efectuado miles de

análisis químicos y ha comparecido como testigo en más de

cincuenta (50) casos de drogas.

Durante el juicio, manifestó que, como parte de la

preparación del Instituto, los analistas reciben un

adiestramiento de tres (3) a cuatro (4) meses de duración

relacionado con diferentes clases de drogas y con la CC-2011-0098 5

instrumentación. Además, indicó que el químico Soto Zeno

trabaja bajo su supervisión y que lo conoce personalmente.

También explicó que existe un procedimiento uniforme escrito

que utilizan todos los analistas y que están obligados a

seguir en los casos de drogas.

Sobre el análisis realizado por Soto Zeno, la perita

declaró que el químico siguió el protocolo establecido y que

se efectuó correctamente. Durante el juicio, reconoció la

firma del señor Soto Zeno a los fines de autenticar el

certificado de análisis químico. Explicó que autenticó la

firma porque revisaba el treinta por ciento (30%) de los

casos atendidos por sus subalternos, los cuales incluían los

análisis realizados por dicho empleado. Admitió que no

verificó mediante pruebas científicas el análisis químico

producido en este caso, pero expresó que examinó los

resultados y el expediente el mismo día del juicio, cuando la

llamaron al Instituto de Ciencias Forenses en horas de la

tarde. Testificó que el material ocupado por la Policía dio

positivo a heroína 0.47 gramos y a cocaína 0.57 gramos, que

el análisis se efectuó siguiendo el procedimiento de pruebas

de cristales y que luego se realizó la instrumentación de las

muestras con un resultado positivo a heroína y cocaína.

A petición del Ministerio Público, el Tribunal de

Primera Instancia admitió en evidencia el certificado de

análisis químico. Posteriormente, luego de examinar la

totalidad de la prueba presentada, dicho tribunal declaró

culpable al señor Santos Santos por violación al artículo

403(b) de la Ley de Sustancias Controladas. Concluyó que el CC-2011-0098 6

señor Santos Santos utilizó un radio walkie-talkie para

facilitar la comisión de un delito según la ley aplicable.

Además, resolvió que el testimonio de la perita Díaz Pérez

era admisible tras concluir que existía un protocolo y un

procedimiento estándar aceptado por la comunidad científica

internacional y que el análisis químico realizado en este

caso fue conforme a tal procedimiento.

Inconforme con dicho dictamen, el señor Santos acudió

oportunamente al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de

apelación. Como primer señalamiento de error, alegó que el

Tribunal de Primera Instancia erró al admitir en evidencia el

informe del análisis químico. Señaló que se violó su derecho

a confrontación ya que no tuvo oportunidad de confrontar y

contrainterrogar al químico que preparó el informe. Además,

sostuvo que no se probó su culpabilidad más allá de duda

razonable, por lo que procedía revocar la sentencia emitida.

Por su parte, la Procuradora General presentó una oposición

al recurso. En ésta sostuvo que la admisión del certificado

de análisis químico constituyó un error no perjudicial que no

acarreaba la revocación de la sentencia. Arguyó, además, que

el Ministerio Público presentó prueba independiente y

suficiente para probar la culpabilidad del señor Santos más

allá de toda duda razonable.

Luego de analizar la jurisprudencia interpretativa sobre

el derecho a confrontación, el Tribunal de Apelaciones

resolvió que no erró el Tribunal de Primera Instancia al

admitir en evidencia el certificado de análisis químico y el

testimonio de la perita sustituta Díaz Pérez. Concluyó que CC-2011-0098 7

―ni la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

en su Art. II, Sección 11, ni la Constitución de los Estados

Unidos, en su Sexta Enmienda, ni el desarrollo

jurisprudencial del caso Crawford y su progenie en los

Estados Unidos, ni el caso Pueblo v. Guerrido, en Puerto

Rico, requieren, como única alternativa para lograr la

admisibilidad del Informe de análisis químico, que sea el

químico que realizó el análisis la única persona que puede

declarar en juicio‖. El Pueblo de Puerto Rico v. Ángel Santos

Santos, KLAN201000476, en la pág. 27.

Aún inconforme, el señor Santos Santos presentó

oportunamente ante este Tribunal un recurso de certiorari

mediante el cual nos solicita que revoquemos la sentencia

confirmatoria emitida por el foro apelativo intermedio.

Reitera esencialmente los mismos señalamientos de error que

ante el Tribunal de Apelaciones; es decir, (1) que erró el

Tribunal de Primera Instancia al admitir en evidencia el

análisis químico que se realizó a la sustancia ocupada sin

que tuviera la oportunidad de contrainterrogar al funcionario

profesional que preparó dicho análisis y redactó el informe

aludido, y (2) que no se probó su culpabilidad más allá de

duda razonable. El 27 de mayo de 2011 expedimos el recurso.

El Ministerio Público presentó su oposición el 28 de

septiembre de 2011. Con el beneficio de la comparecencia de

ambas partes, procedemos a resolver. CC-2011-0098 8

II

A

El derecho constitucional a la confrontación

La Sección 11 del Artículo II de la Constitución del

Estado Libre Asociado dispone que ―[e]n todos los procesos

criminales, el acusado disfrutará del derecho a . . .

carearse con los testigos de cargo‖. Secc. 11, Art. II,

Const. PR. De igual manera, la Enmienda Sexta de la

Constitución de Estados Unidos establece que todo acusado en

un proceso criminal disfrutará del derecho a confrontar a los

testigos que se presenten en su contra. 2 Ambas disposiciones

recogen lo que la jurisprudencia ha venido a conocer como la

cláusula de confrontación.

El derecho a la confrontación tiene tres aspectos

fundamentales. En primer lugar, todo acusado tiene derecho al

careo o confrontación cara a cara con los testigos adversos;

en segundo lugar, tiene derecho a contrainterrogar a los

testigos adversos; y, por último, tiene derecho a que se

excluya cierta prueba de referencia que pretenda utilizar el

Ministerio Público como prueba de cargo. Véase Ernesto L.

Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y

Estados Unidos 569 (1991).

La revolución de Crawford v. Washington

El derecho a la confrontación se vio fortalecido

significativamente en 2004, cuando la Corte Suprema federal

resolvió Crawford v. Washington, 541 U.S. 36 (2004). En éste

2 ―In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right . . . to be confronted with the witnesses against him.‖ Enmda VI, Const. EE.UU. CC-2011-0098 9

el Tribunal revocó expresamente lo resuelto aproximadamente

un cuarto de siglo antes en Ohio v. Roberts, 448 U.S. 56

(1980). En Roberts, el Tribunal había concluido que la

cláusula de confrontación no impedía que se admitiera en

evidencia contra un acusado una declaración testimonial de un

testigo ausente, siempre que se hiciera una determinación

judicial de que la declaración contenía suficientes indicios

de confiabilidad. Es decir, que se encontrara bajo una

excepción firmemente arraigada o que gozara de garantías

particularizadas de confiabilidad.

Tras rechazar las nociones de confiabilidad de Roberts,

la Corte aclaró en Crawford, que la cláusula de confrontación

de la Enmienda Sexta de la Constitución estadounidense sólo

permite la admisión en evidencia de una declaración

testimonial hecha contra un acusado fuera de corte si (1) el

declarante no está disponible para comparecer al juicio y (2)

el acusado tuvo la oportunidad de contrainterrogar al

declarante en el momento en que se hizo la declaración. De no

satisfacerse estos dos (2) requisitos, la declaración sería

prueba de referencia inadmisible contra el acusado,

independientemente de que satisfaga una excepción a la regla

de exclusión de prueba de referencia.3

3 Los hechos del caso son los siguientes: Michael Crawford apuñaló a un hombre que, según él, intentó agredir sexualmente a su esposa. Durante el juicio, el Ministerio Público presentó al Jurado la grabación de una declaración de la esposa del acusado mediante la cual ésta describía lo sucedido a la Policía. La declaración contradecía la versión de Crawford sobre que había apuñalado al hombre en defensa de su esposa. El Jurado lo halló culpable de agresión. La corte suprema del estado de Washington confirmó la determinación basándose en Ohio v. Roberts, 448 U.S. 56 (1980), decisión CC-2011-0098 10

De esta manera, Crawford aclara que, más que garantizar

la confiabilidad de la evidencia presentada contra un

acusado, la cláusula de confrontación exige que dicha

confiabilidad sea evaluada mediante un mecanismo en

particular: el contrainterrogatorio. 4 Se trata, pues, de una

garantía procesal a favor del acusado que no es susceptible

de evasión a conveniencia del Estado.

Ahora bien, conforme a lo dispuesto en Crawford, la

cláusula de confrontación sólo se activa en relación con

declaraciones testimoniales. Así lo aclara la Corte Suprema

federal al definir el término testigos de la Enmienda Sexta:

The text of the Confrontation Clause . . . applies to ―witnesses‖ against the accused—in other words, those who ―bear testimony‖. . . . An accuser who makes a formal statement to government officers bears testimony in a sense that a person who makes a casual remark does not. The constitutional text, like the history underlying the common-law right of confrontation, thus reflects an especially acute concern with a specific type of out-of-court statement. Crawford, 541 U.S. en la pág. 51 (citas omitidas y énfasis suplido); Guerrido López, 179 D.P.R. en la pág. 968. De esta forma, Crawford no sólo define lo que es un

testigo para efectos de la cláusula de confrontación, sino

que establece que esta definición aplica tanto para

testimonios hechos en corte como para declaraciones

__________________________ que permitía la admisión contra un acusado de testimonio realizado fuera de juicio siempre que el testimonio fuera confiable. 4 ―To be sure, the [Confrontation] Clause’s ultimate goal is to ensure reliability of evidence, but it is a procedural rather than a substantial guarantee. It commands, not that evidence be reliable, but that reliability be assessed in a particular manner: by testing in the crucible of cross- examination. . . .‖ Crawford v. Washington, 541 U.S. 36, 61 (2004). CC-2011-0098 11

realizadas fuera del tribunal (out-of-court statements). Es

importante señalar, no obstante, que Crawford no prohíbe la

admisión de declaraciones hechas fuera del tribunal si el

propósito de la admisión no es probar la veracidad de lo

aseverado. Tampoco prohíbe la admisión de una declaración

anterior que sería admisible como excepción a la regla de

exclusión de prueba de referencia, si el declarante se

encuentra disponible para ser contrainterrogado durante la

vista. Guerrido López, 179 D.P.R. en la pág. 968.

Por último, en torno a la definición de lo que

constituye una declaración testimonial conforme a Crawford,

la Corte Suprema federal rechazó expresamente dar una

explicación exhaustiva del término. Sin embargo, ofreció

ejemplos de declaraciones que debían tomarse como

testimoniales: testimonio vertido durante juicio,

declaraciones juradas, interrogatorios bajo custodia,

testimonios anteriores en los cuales el acusado no haya

tenido oportunidad de contrainterrogar, declaraciones

vertidas antes del juicio en circunstancias que el declarante

razonablemente pudiera esperar que fueran usadas por el

Ministerio Público, declaraciones extrajudiciales tales como

affidávits, testimonios anteriores y declaraciones hechas en

circunstancias que razonablemente pudieran llevar a un

testigo objetivo a creer que tal declaración pudiera estar

disponible para utilizarse en un juicio posterior. Crawford,

541 U.S. en las págs. 51-52; Guerrido López, 179 D.P.R. en

las págs. 968-69. CC-2011-0098 12

Recientemente, en Michigan v. Bryant, 131 S.Ct. 1143

(2011), la Corte Suprema retomó este tema y resolvió que para

determinar si una declaración es testimonial, hay que evaluar

si tiene como propósito primario crear un sustituto

extrajudicial de lo que sería testimonio en corte. Id. en la

pág. 1155. Cuando el propósito primario de la declaración no

es crear un récord para juicio, la admisibilidad de la

declaración dependerá de las reglas de evidencia estatales y

federales, no de la cláusula de confrontación. Id.

La aplicación de Crawford al informe químico forense: Meléndez Díaz v. Massachusetts

Apenas cinco (5) años después de resolverse Crawford, la

Corte Suprema resolvió Meléndez Díaz v. Massachusetts, 129

S.Ct. 2527 (2009). En dicho caso, el Tribunal concluyó que el

informe de laboratorio químico forense que se prepara para

presentarse en juicio como prueba sustantiva contra un

acusado, es una declaración testimonial sujeta a las

exigencias de la cláusula de confrontación según expuestas en

Crawford. Por ello, no era suficiente para soslayar la

exigencia constitucional que el informe fuera certificado

ante notario público, como permitía la ley del estado de

Massachusetts como excepción a la regla general de exclusión

de prueba de referencia contra un acusado.5

5 Los hechos del caso son los siguientes: Luis Meléndez Díaz fue arrestado mientras realizaba una venta de cocaína en un estacionamiento en Massachusetts. En el juicio en su contra se admitieron bolsas de cocaína que, según la acusación, fueron distribuidas por Meléndez Díaz, así como unos certificados de análisis de droga preparados por un técnico de laboratorio que analizó las sustancias y las identificó como cocaína. Un Jurado condenó a Meléndez Díaz de distribuir y traficar cocaína en violación a la ley de Massachusetts. CC-2011-0098 13

La Corte sostuvo que el informe químico es testimonial

porque ―testifica‖ precisamente lo que testificaría el

químico si compareciera al juicio. Es decir, el informe es el

equivalente práctico del testimonio en corte que vertería un

testigo en el interrogatorio directo, sin permitir al acusado

confrontar adecuadamente a su acusador.

La Corte rechazó el argumento de que el informe del

químico no era un testigo acusador, aclarando que para

efectos de la cláusula de confrontación, sólo existen dos (2)

tipos de testigos: aquéllos en contra del acusado y aquéllos

a su favor. Por lo tanto, como el analista químico habría

sido testigo, ciertamente el informe preparado por él

representaba una declaración testimonial contra el acusado

pues intentaba probar que el material ocupado y analizado era

precisamente la sustancia ilegal cuya posesión se imputaba al

acusado. El máximo foro federal descartó, además, que el

informe no tuviera carácter testimonial por no tratarse de un

testigo que declara sobre un evento pasado, sino de un

testigo no típico ni ordinario, que sólo refleja

contemporáneamente los análisis que realiza el químico que

los prepara. Por último, la Corte Suprema negó también que el

informe fuera un testigo no convencional, no sujeto a la

cláusula de confrontación, por no tratarse de una declaración

que surge de un interrogatorio; se basó en que la __________________________ El acusado apeló su condena y alegó que, bajo Crawford, el informe del químico era una declaración testimonial, por lo que debía comparecer un químico para ser interrogado. La Corte de Apelaciones de Massachusetts descartó los argumentos de Meléndez Díaz y, en una nota al calce de una opinión que no se publicó, los tildó de inmeritorios. La Corte Suprema de Massachusetts denegó el recurso. CC-2011-0098 14

Constitución no exime a los testigos cuyo testimonio sea

voluntario de la necesidad de someterse a

contrainterrogatorio. Véase Guerrido López, 179 D.P.R. en las

págs. 976.

Como dijéramos en Guerrido López, Crawford y su progenie

constituyen jurisprudencia normativa para nuestra

jurisdicción. Id. en la pág. 962. Claro está, las

interpretaciones que la Corte Suprema realice sobre la

cláusula de confrontación federal, así como de cualquier otro

derecho aplicable a nuestra jurisdicción, representan

meramente el mínimo obligados a reconocer bajo nuestra propia

Constitución, sin impedimento alguno de interpretar más

ampliamente derechos cobijados bajo la factura más ancha de

nuestra Constitución moderna. Véanse Pueblo v. Meléndez

Rodríguez, 136 D.P.R. 587 (1994); Pueblo v. Rivera Colón, 128

D.P.R. 672 (1991); Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470

(1988).

La aplicación de Meléndez Díaz a nuestra jurisdicción: Pueblo v. Gerrido López

En 2010, esta Curia tuvo la oportunidad de atender una

controversia que catalogamos como idéntica a la resuelta por

la Corte Suprema en Meléndez Díaz. En Pueblo v. Guerrido

López, 179 D.P.R. 950 (2010), concluimos que, conforme a los

criterios establecidos en Meléndez Díaz, los informes

preparados por el Instituto de Ciencias Forenses en las

circunstancias de aquel caso eran claramente testimoniales.

Además, resolvimos que, dado que el Ministerio Público nunca

justificó la no disponibilidad del declarante y el acusado CC-2011-0098 15

nunca tuvo la oportunidad de contrainterrogarlo con relación

a ese informe, las circunstancias del caso se ajustaban

perfectamente a aquéllas consideradas en Meléndez Díaz.

Luego de la decisión de Meléndez Díaz, jurisdicciones

estatales en Estados Unidos, así como tribunales federales

inferiores, han interpretado restrictivamente lo allí

resuelto. Como discutimos anteriormente, en dicho caso se

pretendía admitir en evidencia un informe de laboratorio sólo

mediante la certificación de un notario público, por lo que

el máximo foro federal no resolvió si violaba la cláusula de

confrontación que un perito químico sustituto testificara en

corte sobre el informe preparado por otro químico que no

estaba disponible para comparecer a juicio. Esto dio paso a

que muchas jurisdicciones permitieran esta práctica tras

concluir que, de esta forma, al acusado se le garantizaba su

derecho a contrainterrogar a los testigos en su contra.

Meléndez Díaz y el testimonio del perito sustituto: Bullcoming v. New Mexico

La Corte Suprema federal atendió finalmente esta

controversia en Bullcoming v. New Mexico, 131 S.Ct. 2705

(2011). Mediante decisión dividida (5-4), la Corte resolvió

que el testimonio del perito sustituto viola la cláusula de

confrontación de la Enmienda Sexta cuando el informe del

químico es admitido en evidencia y el sustituto no observó la

preparación del análisis forense ni ofreció su opinión

independiente sobre los hallazgos. Según el máximo foro, el

informe presentado representaba una declaración testimonial,

por lo que el declarante, el analista que realizó el análisis CC-2011-0098 16

y redactó el informe, debía comparecer a juicio para que

fuera admitido como evidencia. Los mismos cuatro (4) jueces

que disintieron en Meléndez Díaz concluyeron que no era

necesario que testificara únicamente el analista que preparó

el informe y mostraron su insatisfacción con el desarrollo

jurisprudencial producido tras Crawford.

Por su parte, la juez Sotomayor emitió una opinión

concurrente importante que enfatiza el alcance restrictivo de

la opinión de la Corte. Según ésta, (1) no estaba ante la

consideración de la Corte la posible inconstitucionalidad de

un informe realizado con fines distintos a ser utilizado en

corte contra el acusado; (2) no se trataba de un caso en que

el perito sustituto fuera un supervisor, revisor o alguien

con alguna conexión personal, aunque limitada, con el

análisis científico realizado; ni (3) era un caso en que el

Ministerio Público intentaba presentar como evidencia unos

resultados generados solamente por máquinas (machine-

generated results). Por tanto, la constitucionalidad del

testimonio pericial sustituto bajo circunstancias como las

descritas aún no ha sido adjudicada por la Corte Suprema de

los Estados Unidos.

En el caso ante nuestra consideración, el Tribunal de

Apelaciones sostuvo la determinación del Tribunal de Primera

Instancia que admitió como evidencia sustantiva contra un

acusado el informe químico forense realizado por un analista

que no es el testigo que comparece a juicio para someterse a

contrainterrogatorio por el acusado. Al momento en que el

foro apelativo intermedio dictó sentencia, Bullcoming no CC-2011-0098 17

había sido resuelto aún por la Corte Suprema. Debemos evaluar

si procede aplicar la norma de Bullcoming o si, por el

contrario, existen circunstancias particulares que distinguen

a este caso del resuelto por el foro federal. De ser este el

caso, debemos evaluar si, aun bajo estas circunstancias

distintas, se violó el derecho a la confrontación del

peticionario bajo la Enmienda Sexta de la Constitución

federal o bajo la Sección 11 del Artículo II de la nuestra.

B

Como sabemos, no todo error de admisión o exclusión de

evidencia acarrea la revocación de la resolución o sentencia

recurrida. El inciso (a) de la Regla 105 de Evidencia, 32

L.P.R.A. Ap. VI R. 105, establece como norma general que ―no

se dejará sin efecto una determinación de admisión o

exclusión de evidencia ni se revocará por ello sentencia o

decisión alguna a menos que: (1) la parte perjudicada con la

admisión o exclusión errónea de evidencia hubiere satisfecho

los requisitos de objeción, fundamento y oferta de prueba . .

. y (2) el Tribunal que considere el señalamiento estime que

la evidencia admitida o excluida fue un factor decisivo o

sustancial en la sentencia emitida o decisión cuya revocación

se solicita‖. Id.

Este segundo requisito toma en consideración el impacto

del error cometido sobre el resultado a que llegó el

juzgador, pues es posible que se cometa un error de derecho

probatorio y que el tribunal evaluador considere que dicho

error no tuvo efecto significativo sobre el resultado del

caso, por lo que confirme el dictamen a pesar del error. Se CC-2011-0098 18

trata de errores judiciales de carácter no perjudicial

(harmless errors). Véase Arizona v. Fulminante, 499 U.S. 279

(1991). En estos casos, el tribunal deberá evaluar si, de no

haberse cometido el error, lo más probable es que el

resultado hubiera sido el mismo. Véase Ernesto L. Chiesa

Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, 88 (2009).

De concluir que sí, procedería confirmar la sentencia

condenatoria; de concluir lo contrario, revocarla.

Sin embargo, no todo tipo de error en el proceso

judicial está sujeto a la doctrina de error no perjudicial.

El error estructural se refiere a un error de tal magnitud

que lesiona fatalmente el sistema adversativo o el juicio

imparcial. Id. Por esta razón, de incurrirse en este tipo de

violación, procedería la revocación automática de la

sentencia recurrida, independientemente de la abundancia o

contundencia del resto de la prueba presentada por el

Ministerio Público.

Por su parte, el inciso (b) de la Regla 105 de

Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI R. 105, añade que ―[s]i el

error en la admisión o exclusión de evidencia constituye una

violación a un derecho constitucional de la persona acusada,

el tribunal apelativo sólo confirmará la decisión si está

convencido más allá de duda razonable de que, de no haberse

cometido el error, el resultado hubiera sido el mismo‖. Id.

Este apartado codifica la norma constitucional pautada por la

Corte Suprema de Estados Unidos en Chapman v. California, 386

U.S. 18 (1967), según la cual, si el error cometido lesiona

un derecho constitucional del acusado, no procede declarar CC-2011-0098 19

tal error como no perjudicial a menos que el tribunal que

aquilata el error esté convencido más allá de duda razonable

de que, de no haberse cometido el error, lo más probable es

que se hubiera llegado al mismo fallo o veredicto. E.L.

Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia 88-89. En apelación de una

sentencia condenatoria, le corresponde al convicto

establecer, a satisfacción del tribunal apelativo, que se

cometió un error de rango constitucional, pero le corresponde

al Ministerio Público persuadir al foro apelativo más allá de

toda duda razonable de que se trata de un error no

perjudicial; es decir, que de no haberse cometido el error

constitucional, el resultado habría sido el mismo.

En el caso de autos, el peticionario plantea que el

Tribunal de Primera Instancia violó su derecho a confrontar a

los testigos de cargo. Se trata de un derecho protegido tanto

por la Constitución del Estado Libre Asociado como por la de

Estados Unidos. Por tanto, de este Tribunal concluir que es

meritoria la alegación del señor Santos Santos, procedería

entonces analizar si, conforme a los principios esbozados

anteriormente, tal violación constitucional constituye un

error estructural que acarrea la revocación automática de la

sentencia recurrida o si trata de un error susceptible de

análisis bajo la doctrina de error constitucional no

perjudicial. Veamos.

III

Evaluada la jurisprudencia normativa sobre la

controversia ante nuestra consideración, así como el cuadro CC-2011-0098 20

fáctico que se desprende del expediente de autos,

especialmente la transcripción narrativa de la prueba

presentada en corte, no cabe duda de que al acusado se le

violó su derecho a confrontación al no presentar como testigo

al analista que preparó el informe, el señor Soto Zeno.

Al señor Santos Santos se le acusa de haber violado el

artículo 403 de la Ley de Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A.

sec. 2403.6

6 El inciso (b) del artículo 403 de la Ley de Sustancias Controladas dispone que: Será ilegal el que cualquier persona a sabiendas o intencionalmente use cualquier medio de comunicación para cometer o facilitar la comisión de algún acto que constituya delito bajo cualquier disposición de esta Ley. . . . Para los propósitos de este inciso, el término "medio de comunicación" significa cualquier sistema público o privado utilizado para la transmisión de escritos, signos, señales, retratos, sonidos, incluyendo el correo, teléfono, telégrafo, radio y cualquier otro medio de comunicación.

Por su parte, el inciso (a) del artículo en cuestión establece que: Será ilegal el que cualquier persona, a sabiendas o intencionalmente: (1) que sea persona registrada, distribuya una sustancia controlada de las incluidas en las Clasificaciones I o II en el curso de su legítimo oficio o profesión, salvo de conformidad con la hoja oficial de pedido requerida por [el artículo 307] de esta Ley; (2) use en el curso de la fabricación o distribución de una sustancia controlada un número de registro ficticio, revocado, suspendido o emitido a otra persona; (3) adquiera u obtenga la posesión de una sustancia controlada por medio de falsa representación, fraude, falsificación, engaño o subterfugio o adquiera u obtenga la posesión de una sustancia controlada, ya sea mediante compra u otro medio, de un fabricante, distribuidor o dispensador que no haya obtenido el correspondiente registro para operar en Puerto Rico; CC-2011-0098 21

Cuando a una persona se le imputa la posesión de una

sustancia controlada, la prueba de la identidad de la

sustancia ocupada es un elemento esencial del delito. Por

tanto, el Ministerio Público tiene la obligación ineludible

de establecer que la sustancia ocupada es una prohibida y que

es efectivamente la sustancia alegada en la acusación. Este

hecho puede probarse mediante un análisis químico realizado a

la sustancia.

Conforme a lo resuelto en Meléndez Díaz y Guerrido

López, cuando el análisis químico se realiza como parte de un

procedimiento criminal con el propósito de utilizarse como

prueba en contra del acusado, como sucedió en este caso, se

trata de una declaración testimonial que está sujeta a las

exigencias de la cláusula de confrontación conforme a

Crawford. Por ende, en el caso de autos, el Certificado de

Análisis Químico Forense admitido en evidencia, donde se

concluía que la sustancia evaluada era cocaína y heroína,

constituyó una declaración testimonial que requería que el

declarante compareciera a juicio para ser contrainterrogado. __________________________ (4) suministre información pertinente que sea falsa o fraudulenta u omita información pertinente en cualquier solicitud, informe, récord, o en cualquier otro documento que se requiera llevar o mantener bajo esta Ley; o (5) haga, distribuya o posea algún punzón, cuño, plancha, piedra u objeto destinado a estampar, imprimir o reproducir la marca de fábrica, el nombre comercial, o cualquier otra marca, impresión o divisa de otro producto o de otra persona, o cualquier objeto parecido a los descritos precedentemente, en una droga, su envase o en la marca, etiqueta o rótulo de la misma convirtiendo dicha droga en una sustancia falsificada.

24 L.P.R.A. sec. 2403. CC-2011-0098 22

Ahora bien, para resolver si el testimonio de la perita

sustituta es suficiente para satisfacer el derecho de

confrontación del acusado, debemos preguntarnos quién es

verdaderamente el declarante que testifica en su contra. Como

reitera la Corte Suprema en Bullcoming, 131 S.Ct. en la pág.

2705, una lectura sensata de Crawford y de Meléndez Díaz sólo

puede conducir a una conclusión: el declarante es la persona

que realizó el análisis y preparó el informe que se intenta

admitir como evidencia. Este hecho ya había sido reconocido

expresamente en la opinión disidente de Meléndez Díaz y fue

precisamente la razón por la que estos jueces difirieron de

la postura mayoritaria. Meléndez Díaz, 129 S.Ct. en la pág.

2545.

Además, a pesar de que la controversia atendida por esta

Curia en Guerrido López era distinta a la del caso de autos,

dado que se circunscribía a la naturaleza testimonial del

análisis químico, la consecuencia inexpugnable de nuestra

determinación nos llevó a concluir desde entonces lo que hoy

resolvemos inequívocamente: que ―no es admisible como

evidencia sustantiva contra un acusado un informe químico

cuando el técnico que preparó dicho informe no comparece como

testigo en el juicio en el momento en que se solicita su

admisión y cuando el acusado no tuvo la oportunidad de

contrainterrogar al testigo previamente, con relación a ese

informe‖. Guerrido López, 179 D.P.R. en la pág. 979.

No es el deber de los tribunales sustraer de la cláusula

de confrontación sus valores subyacentes para luego aplicar

sus garantías sólo en la medida en que (conforme al criterio CC-2011-0098 23

del propio tribunal) se satisfagan esos valores. Giles v.

California, 554 U.S. 353, 375 (2008). Por tanto, la cláusula

constitucional de confrontación no tolera que se dispense de

la confrontación sólo porque un tribunal crea que cuestionar

a un testigo sobre las declaraciones testimoniales de otro

testigo provee una oportunidad suficientemente justa de

contrainterrogar. Bullcoming, 131 S.Ct. en la pág. 2716.

A modo ilustrativo, en United States v. González López,

548 U.S. 140 (2006), una decisión sobre el derecho a

asistencia de abogado, también recogido en la Enmienda Sexta,

la Corte Suprema sostuvo que a pesar de que el propósito de

los derechos recogidos en la Enmienda Sexta es asegurar un

juicio justo, ello no implica que los derechos puedan ser

menoscabados siempre y cuando el juicio sea, en general,

justo. Si una garantía de la Enmienda Sexta se viola, ningún

procedimiento sustituto puede curar dicha violación y no se

requiere muestra de perjuicio adicional para que la violación

se complete. Id. en las págs. 145-46. Si la representación

por un abogado sustituto no satisface la Enmienda Sexta,

tampoco lo hace la oportunidad de contrainterrogar a un

testigo sustituto. Bullcoming, 131 S.Ct. en la pág. 2716.

La realidad es que el testimonio de la perita Díaz Pérez

no podía recoger lo que el analista Soto Zeno sabía ni lo que

éste observó sobre los eventos y resultados que él certificó

en su informe forense. Tampoco podía el testimonio sustituto

acreditar fielmente cualquier error o mentira en que hubiera

incurrido el autor del informe. La propia perita admitió que

sólo revisa el treinta por ciento (30%) de los análisis CC-2011-0098 24

realizados por sus subalternos y que nunca revisó

científicamente los resultados ni participó en la preparación

del informe admitido como evidencia contra el acusado. De

hecho, no examinó los resultados ni el expediente hasta el

mismo día del juicio, cuando la llamaron al Instituto de

Ciencias Forenses en horas de la tarde. Por tanto, no tenía

propio y personal conocimiento de lo declarado en corte, por

lo que su testimonio en torno a que el análisis que realizó

el químico Soto Zeno siguió el protocolo establecido y se

efectuó correctamente constituyó prueba de referencia

inadmisible cuya admisión violó la Enmienda Sexta de la

Constitución de los Estados Unidos y la Sección 11 de la

Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico.

Recordemos que el derecho en cuestión protege no sólo

contra testimonio fraudulento, sino contra el incompetente.

En Bullcoming se enfatizó el hecho de que el Ministerio

Público ni siquiera justificó la no disponibilidad del

analista, sino que se limitó a decir que el declarante estaba

separado de su cargo sin paga (unpaid leave of absence), por

lo que el acusado no pudo contrainterrogar respecto a este

asunto; nunca supo si la separación se debía a posibles

irregularidades en análisis previos o a alguna otra falta

crasa del analista. Como en aquél caso, admitir el informe

forense sólo porque testificó un sustituto abriría la puerta

para que el Ministerio Público escogiera acomodaticiamente a

qué testigo presentar en corte, menoscabando así el derecho

del acusado a impugnar la capacidad y la credibilidad del

testigo en su contra. CC-2011-0098 25

El Ministerio Público plantea que las circunstancias de

este caso son distintas a las de Bullcoming debido a que, en

aquel caso, el perito sustituto se limitó a leer el informe

admitido en evidencia, mientras que en éste la perita Díaz

Pérez, como supervisora del analista que realizó el informe,

―revisó‖ los resultados y proveyó ―criterio independiente de

peritaje‖ sobre el análisis químico que realizó su

subalterno, el señor Soto Zeno. Por tanto, arguye el Estado

que se cumplen al menos dos de las circunstancias que la juez

Sotomayor menciona en su opinión concurrente como no

resueltas por la Corte. No tiene razón el Ministerio Público.

En primer lugar, la perita sustituta admitió que sólo

revisa tres (3) de cada diez (10) informes producidos por sus

subalternos y que nunca revisó científicamente los resultados

producidos en este caso ni supervisó al señor Soto Zeno en la

preparación de este informe particular. La ―revisión‖ a la

que alude el Ministerio Público se limitó a mirar el

expediente luego de que la llamaran en la tarde del mismo día

del juicio. Éste no es el tipo de revisión al que hace

referencia la opinión concurrente de la juez Sotomayor. Por

tanto, poco importa que fuera la supervisora de jure del

analista original si admitió que no supervisó de facto el

informe admitido en evidencia.

En segundo lugar, tampoco tiene razón el Ministerio

Público al plantear que el informe es admisible porque la

perita proveyó un ―criterio independiente de peritaje sobre

el análisis químico que realizó su subalterno‖. Aunque la

Corte Suprema federal no resolvió hasta qué punto el análisis CC-2011-0098 26

independiente de un perito sustituto valida la admisión en

evidencia de un informe químico producido por otro analista, 7

lo cierto es que aquí no hubo tal análisis independiente.

El hecho de que la perita testificara que ha laborado

por más de veinticinco (25) años en el Instituto de Ciencias

Forenses; que desde hace siete (7) meses supervisa la sección

en la que se analizan los casos de drogas; que ha testificado

en más de cincuenta (50) casos de drogas; que los analistas

reciben un adiestramiento de tres (3) a cuatro (4) meses de

duración, relacionado con diferentes clases de drogas y con

la instrumentación; que el químico Soto Zeno trabaja bajo su

supervisión; que lo conoce personalmente; y que existe un

procedimiento uniforme escrito que utilizan todos los

analistas y que están obligados a seguir en los casos de

drogas, no justifica de manera alguna que se admita en

evidencia un informe químico en cuya realización no participó

de ninguna manera. Que existan esos mecanismos no asegura que

el señor Soto Zeno los utilizó o los satisfizo.

Sobre las afirmaciones de la perita en torno a que el

material ocupado por la Policía dio positivo a heroína 0.47

gramos y a cocaína 0.57 gramos; que el análisis se efectuó

siguiendo el procedimiento de pruebas de cristales y que

luego se realizó la instrumentación, el problema

constitucional subyacente es que ―sus‖ conclusiones se basan

7 Actualmente se encuentra ante la consideración de la Corte Suprema federal si también viola la Enmienda Sexta el testimonio en corte de un perito sustituto que sí presentó un análisis pericial independiente de un análisis forense preparado por otra persona, que no fue admitido en evidencia. Véase Williams v. Illinois, Docket No. 10-8505(expedido el 28 de junio de 2011). CC-2011-0098 27

totalmente en un informe químico realizado por otra persona;

un informe que representa una declaración testimonial que

prueba un elemento del delito. Por tanto, no puede decirse

que son realmente independientes.

La perita no probó cómo llegó ―de forma independiente‖ a

esas conclusiones. El desarrollo jurisprudencial del derecho

a confrontación nos convence de que la Enmienda Sexta de la

Constitución estadounidense, así como nuestra Constitución,

impiden que un informe preparado por otra persona sea

admitido en evidencia meramente mediante el testimonio de un

perito sustituto, cuando éste utiliza como fuente o base para

sus hallazgos, precisamente, la declaración testimonial que

se pretende admitir en evidencia. Ni siquiera nos encontramos

ante un caso hipotético en que la testigo afirma que si X

hubiera sido evaluado, entonces Y sería el resultado. Aquí la

testigo afirmó en corte que el informe preparado por Soto

Zeno, el cual concluye que la sustancia ocupada y analizada

era cocaína y heroína, se hizo correctamente y conforme al

procedimiento establecido. Sin embargo, esto no le constaba

de propio y personal conocimiento pues no participó en su

producción.

Permitir esta práctica sería un subterfugio para

soslayar las exigencias claras reiteradas desde Crawford en

torno al derecho a confrontación. Bastaría con que un testigo

sustituto concordara constantemente con el informe preparado

por otro y esbozara cómo llegó ―independientemente‖ al mismo

resultado para evadir el imperativo constitucional. El

problema se agudizaría cuando el sustituto fuera un CC-2011-0098 28

supervisor pues el incentivo para coincidir con el informe

será mayor. Después de todo, contradecir un informe preparado

por un subalterno sería reflejo no sólo de la incapacidad o

incompetencia del supervisado, sino del propio supervisor. La

cláusula de confrontación no permite tal burla.

Reafirmamos que los derechos constitucionales no son

susceptibles de maleabilidad a conveniencia. La Constitución

dispone que todo acusado disfrutará del derecho a carearse

con los testigos de cargo. Por tanto, rechazamos el argumento

de que aplicar nuestra interpretación de la cláusula de

confrontación a evidencia forense impondría una carga

indebida al Ministerio Público. Como se señala en Bullcoming,

muchas jurisdicciones en las que, incluso antes de Crawford,

se considera parte de la labor del analista forense

testificar en juicio sobre sus hallazgos, el ―cielo no se ha

caído‖. Bullcoming, 132 S.Ct. en la pág. 2719.

Bajo la norma que reconocemos hoy día, el perito

sustituto podría realizar una nueva prueba a las sustancias

ocupadas y testificar sobre esos hallazgos. Esto fomentaría

que las entidades concernientes preservaran mejor la prueba a

utilizarse en juicio. Además, nuestra decisión tampoco

implica que el Estado venga obligado, necesariamente, a

presentar en juicio a toda persona que haya intervenido en la

cadena de custodia de la sustancia ocupada, pues siempre

tendrá discreción para elegir qué testigos utilizará para

probar más convincentemente su caso. Sin embargo, si decide

presentar declaraciones testimoniales de alguno de ellos, CC-2011-0098 29

tendrá que presentarlo en corte para que el acusado pueda

ejercer su derecho constitucional a confrontarlo.

Por último, reiteramos lo expresado por el Juez

Presidente en su opinión de conformidad en Guerrido López en

torno a la aplicación retroactiva de nuevas normas

jurisprudenciales a procesos criminales que no hayan advenido

fínales y firmes.

Nuestra doctrina de retroactividad o irretroactividad de

nuevas normas jurisprudenciales de carácter penal ha estado

íntimamente ligada a las normas adoptadas por la Corte

Suprema de los Estados Unidos. Pueblo v. González Cardona,

153 D.P.R. 765, 771 (2001). Por esta razón, es preciso

recordar que antes de 1965, la Corte Suprema federal aplicó

los fallos jurisprudenciales a cualquier caso pendiente para

revisión judicial de forma retroactiva. C.H. Whitebread & C.

Slobogin, Criminal Procedure: An Analysis of Cases and

Concepts 832 (2000). Sin embargo, como bien se reconoce en

Linkletter v. Walker, 381 U.S. 618 (1965), la aplicación

retroactiva de nuevas normas jurisprudenciales podría tener

grandes costos al sistema de justicia criminal. Guerrido

López, 179 D.P.R. en las págs. 981-82; Pueblo v. Delgado

Rodríguez, 108 D.P.R. 196, 200 (1978).

Por esta razón, en Linkletter y su progenie se

establecieron los requisitos para determinar si debía

aplicarse retroactivamente una norma jurisprudencial de

carácter penal. Estos requisitos los acogimos en Rivera

Escuté v. Jefe de Penitenciaría, 92 D.P.R. 765 (1965). La

Corte Suprema estableció los siguientes criterios: (1) el CC-2011-0098 30

propósito que persigue la norma recién establecida; (2) el

grado de confianza generado por la antigua norma; y (3) el

impacto que tendría en la administración de la justicia la

aplicación retroactiva de la nueva norma. Guerrido López, 179

D.P.R. en la pág. 982. Véanse Harkerson v. North Carolina,

423 U.S. 233 (1977); Desist v. United States, 394 U.S. 244

(1969); Stovall v. Denno, 388 U.S. 293 (1967).

No obstante, esta normativa de retroactividad fue

revisada sustancialmente en United States v. Johnson, 457

U.S. 437 (1982), mediante el cual se pautó una distinción

entre aquellas convicciones que habían advenido finales y

aquéllas que estaban pendientes de revisión directa. En

esencia, se determinó que, al amparo de la Enmienda Cuarta de

la Constitución de Estados Unidos, la nueva norma aplicaría a

todos aquellos casos que no hubieran advenido finales.

Posteriormente, esta determinación fue extendida a revisiones

directas al amparo de otras cláusulas constitucionales.

Guerrido López, 179 D.P.R. en la pág. 982.

En Griffith v. Kentucky, 479 U.S. 314 (1987), el máximo

foro federal hizo extensiva la aplicación retroactiva de

todas las normas constitucionales de carácter penal que al

momento de su adopción no hubieran advenido finales. De este

modo, se adoptó la concepción del juez asociado Harlan según

la cual la no aplicación de nuevas normas jurisprudenciales a

casos que estén pendientes de revisión directa viola las

normas básicas de adjudicación. Esta norma la acogimos en

Pueblo v. González Cardona, 153 D.P.R. 765. Por otro lado, en

Teague v. Lane, 489 U.S. 288 (1989), acogiendo las demás CC-2011-0098 31

concepciones del juez asociado Harlan al respecto, la Corte

Suprema decidió que, como regla general, una norma

jurisprudencial no aplicaría retroactivamente si se trataba

de un caso de ataque colateral y no directo. Guerrido López,

179 D.P.R. en la pág. 983.

Por lo tanto, según los parámetros constitucionales

pautados por dicho foro, una nueva norma jurisprudencial de

aplicación a los procesos penales deberá tener efecto

retroactivo sobre todos aquellos casos que al momento de la

adopción de la nueva norma no hayan advenido finales y

firmes. González Cardona, 153 D.P.R. 765. A su vez, estos

parámetros aplican a los casos estatales conforme a Griffith.

Guerrido López, 179 D.P.R. en la pág. 983.

De acuerdo con los principios esbozados anteriormente,

al igual que aplicamos retroactivamente la norma de Meléndez

Díaz v. Massachusetts en Pueblo v. Guerrido López, concluimos

que la norma establecida por la Corte Suprema de Estados

Unidos en Bullcoming v. New Mexico, en lo que respecta a la

cláusula de confrontación, tiene un efecto retroactivo en

nuestra jurisdicción y aplica a todos aquellos casos que al

momento de la adopción no hayan advenido finales y firmes.

Por tanto, la norma pautada en Bullcoming aplica al caso de

autos.

Resta por analizar si el error constitucional cometido

por el foro de primera instancia constituye un error

estructural que implica la revocación automática de la CC-2011-0098 32

sentencia recurrida o si, en cambio, está sujeto a evaluación

bajo la doctrina de error no perjudicial.

La Corte Suprema rechazó expresamente resolver este

asunto tanto en Meléndez Díaz, 129 S.Ct. en la pág. 2542, n.

14, como en Bullcoming, 131 S.Ct. en la pág. 2719, n.11, y

devolvió ambos casos a sus respectivas jurisdicciones para

que las cortes estatales llegaran a sus propias conclusiones,

reservándose el derecho de atender el asunto en un proceso

apelativo posterior. Este Foro tampoco tuvo que resolver

esta incógnita en Guerrido López, dado que confirmamos las

determinaciones de ambos foros inferiores de denegar la

admisión en evidencia del certificado de análisis químico

forense.

Antes de Crawford, todas las violaciones al derecho de

confrontación se consideraban errores judiciales sujetos a la

doctrina de error no perjudicial. Al evaluar dichas

violaciones en Delaware v. Van Arsdall, 475 U.S. 673 (1986),

la Corte Suprema recalcó que la clave era si la admisión de

la prueba sin la oportunidad de contrainterrogar afectó la

confiabilidad del proceso de descubrimiento de la verdad.

Además, añadió que otros factores pueden incidir sobre si el

error causó el perjuicio necesario para justificar la

revocación de la sentencia condenatoria, tales como la

importancia del testimonio presentado para el caso del

Ministerio Público; si dicho testimonio es acumulativo; la

presencia o ausencia de prueba que corrobore o contradiga el

testimonio; y, por supuesto, la fortaleza del caso del

Ministerio Público en su totalidad. CC-2011-0098 33

Aun después de Crawford, prácticamente todas las cortes

estatales, así como tribunales federales inferiores, han

resuelto que una violación al derecho a confrontación bajo

Crawford no es un error estructural, sino un error judicial

sujeto a ser evaluado bajo la doctrina de Chapman v.

California, 386 U.S. 18, sobre el error constitucional no

perjudicial. 8 Aun aquellos tribunales que han revocado una

convicción por violaciones al derecho de confrontación bajo

la Enmienda Sexta, lo han hecho tras concluir que el resto de

la prueba no era suficiente para probar más allá de duda

razonable la culpabilidad del acusado, no por resolver que el

error cometido fuera de naturaleza estructural.9

Coincidimos con la interpretación realizada por estas

cortes y resolvemos que la admisión o exclusión errónea de

evidencia en violación al derecho a confrontación de la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así

como la de Estados Unidos, no es un error estructural que

acarree la revocación automática de la sentencia recurrida.

Por el contrario, dicha sentencia está sujeta a revisión bajo

la doctrina de error constitucional no perjudicial de

8 Para un listado exhaustivo de casos en que cortes federales y estatales han declarado no perjudicial una violación a Crawford, véase Charles Alan Wright et al., Crawford: Botts Dots or Needless Detour?, 30A Fed. Prac. & Proc. Evid. § 637.2, n. 715 (2011). Para efecto ilustrativo sobre el caso de autos, sobresalen Debrow v. State, 972 So. 2d 550, 553 (Miss. 2007) (sobre la admisión de resultados de pruebas de alcohol en la sangre cuando el técnico del laboratorio presentado no tenía conocimiento personal de las pruebas) y State v. Melton, 625 S.E.2d 609, 612 (2006) (para evadir resolver si informe de laboratorio era testimonial). 9 Véase Charles Alan Wright et al., Crawford: Botts Dots or Needless Detour?, 30A Fed. Prac. & Proc. Evid. § 637.2, n. 716. CC-2011-0098 34

Chapman, adoptada por este Tribunal en Pueblo v. Rosaly Soto,

128 D.P.R. 729, 744-46 (1991), y podrá ser confirmada, si el

Ministerio Público logra probar más allá de duda razonable

que, de no haber cometido el error, lo más probable es que el

resultado hubiera sido el mismo.

No obstante la gravedad de toda violación

constitucional, la determinación de que un error es de

naturaleza estructural debe reservarse sólo para aquellas

violaciones que lesionen fatalmente la naturaleza imparcial

de la totalidad del proceso judicial. Ésta ha sido la norma

reiterada constantemente tanto en la jurisdicción federal

como en la nuestra. Por tanto, si una vez suprimida la prueba

admitida erróneamente en este caso (el Certificado de Informe

Químico Forense), el resto de la prueba presentada por el

Ministerio Público aún logra probar más allá de duda

razonable la culpabilidad del señor Santos Santos, no existe

impedimento alguno para que se sostenga su convicción.

Por supuesto, nada de lo que resolvemos hoy es óbice

para que un tribunal revoque una sentencia condenatoria,

basándose en el efecto acumulativo de múltiples errores no

perjudiciales que, por sí solos, no justificarían revocar la

condena.

Luego de evaluar minuciosamente el expediente de autos,

particularmente la transcripción narrativa del testimonio

vertido en corte por el agente investigador, el señor Ángel

Rosario, concluimos que el Ministerio Público no logró

satisfacer el estándar de Chapman, el cual le requería probar CC-2011-0098 35

más allá de duda razonable que, de no haberse cometido el

error constitucional, el resultado habría sido el mismo.

Además del Certificado de Informe Químico Forense, el

Ministerio Público presentó como única prueba de cargo el

testimonio del señor Rosario. Este testigo fue la persona que

intervino con el acusado y que ocupó las sustancias

analizadas posteriormente. A través de su testimonio, se

admitió en evidencia el instrumento de comunicación utilizado

en la transacción (walkie-talkie), así como los resultados de

la prueba de campo realizada a las sustancias ocupadas, los

cuales arrojaron un resultado positivo a heroína y cocaína.

Luego de esto, el testigo se refirió a lo relativo a la

cadena de custodia del material analizado, sentando las bases

para el testimonio posterior de la perita sustituta.

Como indicáramos anteriormente, el peticionario fue

acusado de violar el artículo 403 de la Ley de Sustancias

Controladas. Uno de los elementos del delito que venía

obligado a probar más allá de duda razonable el Ministerio

Público era que la sustancia ocupada al señor Santos Santos

era precisamente la sustancia controlada cuya posesión se le

imputaba. Excluido el Certificado de Informe Químico Forense

admitido erróneamente por el Tribunal, el Ministerio Público

sólo contaba con el resultado de la prueba de campo como

mecanismo para probar este elemento esencial.

Como señala el inciso (h) de la Regla 110 de Evidencia,

32 L.P.R.A. Ap. VI R. 110, cualquier hecho es susceptible de

ser probado mediante evidencia directa o circunstancial. Por

tanto, el resultado de una prueba de campo podría ser CC-2011-0098 36

suficiente, bajo la totalidad de las circunstancias de cada

caso, para que un juzgador pudiera concluir más allá de duda

razonable que la sustancia ocupada a un acusado es lo que se

le imputa ser. Sin embargo, en ausencia de prueba científica

forense que acredite la identidad de una sustancia ocupada,

el Ministerio Público debe demostrar la aceptabilidad y la

validez que la comunidad científica le otorga a la prueba de

campo realizada. Si la evidencia presentada demuestra que la

prueba utilizada es confiable dentro de los parámetros de

aceptación de la comunidad científica, tal evidencia, en

unión a la prueba sobre la experiencia del agente y sus

cualificaciones respecto a la administración de dicha prueba

de campo, sería suficiente para que un juzgador hallase

probado más allá de duda razonable un elemento esencial del

delito imputado.

A esta misma conclusión han llegado recientemente otros

tribunales estatales. 10 Por ejemplo, en Commonwealth v. King,

461 Mass. 354 (2012), la Corte Suprema del estado de

Massachusetts tuvo ante su consideración una controversia

extremadamente similar a la del caso de autos. En dicho caso,

10 Las jurisdicciones estatales se han dividido en cuanto a la validez del uso de la prueba de campo como mecanismo adecuado para probar más allá de duda razonable la identidad de una sustancia ocupada. Por ejemplo, al igual que en Massachusetts, en People v. Brightman, 150 Misc. 2d 60 (1991), los tribunales neoyorquinos resolvieron que el uso de estas pruebas, por sí solo, era insuficiente para tales efectos. A la misma conclusión llegó la Corte Suprema de Wisconsin en State v. Jackson, 161 Wis. 2d 527 (1991), tras confirmar la desestimación de una acusación por posesión de cocaína. En cambio, en Collins v. State, 278 Ga.App. 103 (2006), la Corte de Apelaciones de Georgia validó su uso para sostener una acusación por venta de cocaína. CC-2011-0098 37

la Corte de Apelaciones de Massachusetts resolvió que al

acusado le habían violado su derecho a confrontación bajo la

Enmienda Sexta al admitir en evidencia en su contra un

certificado de informe químico sin la comparecencia en corte

del técnico de laboratorio que preparó el certificado. No

obstante, el foro apelativo intermedio sostuvo la convicción

basándose en que el error no fue perjudicial al considerar el

resto de la prueba presentada en su contra, la cual consistía

exclusivamente del testimonio del oficial interventor y del

resultado de la prueba de campo realizada por éste a la

sustancia ocupada, el cual resultó positivo a cocaína. La

Corte Suprema de este estado revocó tras concluir que la

prueba de campo no fue suficiente para probar la identidad de

la sustancia ocupada, pues el agente no testificó en absoluto

sobre ningún adiestramiento que hubiera tomado para reconocer

la sustancia en cuestión, ni ninguna otra sustancia

controlada. Asimismo, el Ministerio Público tampoco presentó

prueba alguna en torno a qué tipo de prueba de campo fue

utilizada por el agente ni sobre la capacidad de éste para

administrarla.

Los cuestionamientos sobre el uso de la prueba de campo

para sostener una convicción se basan primordialmente en la

poca confiabilidad científica de la cual gozan sus

resultados. Esto se debe, particularmente, a la tasa elevada

de falsos positivos que puede arrojar este tipo de prueba.11

11 Para un análisis exhaustivo sobre el uso de la prueba de campo como método de identificación de una sustancia y sus posibles problemas de aplicación en la esfera penal, véanse John Kelly, False Positives Equal False Justice 2-4 (2008); CC-2011-0098 38

En el caso ante nos, surge de la transcripción narrativa

del testimonio del agente Rosario que, una vez el oficial

llevó a cabo la intervención, trasladó al señor Santos Santos

a la División de Drogas de Vega Baja. Fue entonces cuando se

realizó la prueba de campo a la sustancia ocupada. Págs. 16-

17 de la transcripción de la prueba oral. El único testimonio

relacionado con la prueba de campo es el siguiente:

FISCAL: Testigo, usted testificó anteriormente que usted realizó una prueba de campo.

ROSARIO: Correcto.

FISCAL: ¿Cuándo fue que usted realizó la prueba de campo?

ROSARIO: Ese mismo día.

FISCAL: ¿Dónde, si en algún lugar, usted pone el resultado de la prueba de campo?

ROSARIO: Eh, el resultado se marca en la parte posterior, en la parte de abajo, donde dice unas letras o unas palabras. Eh, la sustancia que se ocupa mas [sic] se desglosa la evidencia ocupada, según lo que, eh, lo que se ocupa, verdad.

FISCAL: ¿Algún reparo?

ABOGADA: No. __________________________ Color Test Reagents/Kits for Preliminary Identification of Drugs of Abuse, NIJ Standard-0604.01, 1 (2000); James M. Shellow, The End of a Confidence Game, 24 Champion 22, 23 (2000); S.H. Johns, A.A. Wist & A.R. Najam, Spot Tests: A Color Chart Reference for Forensic Chemists, 24 J. Forensic Sci. 631 (1979); R.A. Vivaldi & S.A. Wicks, The Use of Chemical Spot Tests Kit for the Presumptive Identification of Narcotics and Drugs of Abuse, 19 J. Forensic Sci. 636 (1974). Por supuesto, el hecho de que la prueba de campo no sea concluyente, por sí sola, para efectos de identificación de una sustancia controlada en la etapa de juicio, no implica que ésta no sea útil para otros fines, tales como la determinación de causa probable para arresto o para acusar. En estas etapas preliminares del procedimiento criminal, el resultado de un análisis químico podría no estar disponible aún y el resultado de la prueba de campo satisfaría el estándar de prueba menos riguroso que se le exige cumplir al Ministerio Público. CC-2011-0098 39

FISCAL: ¿No tiene reparo?

ABOGADO: NO.

FISCAL: Su Señoría, sin reparo la defensa, [solicitamos] que se admita en evidencia la prueba de campo.

JUEZ: Se marca como exhibit dos del Ministerio Público.

Pág. 18 de la transcripción de la prueba oral.

Del expediente surge que el agente Rosario no testificó

sobre el tipo de prueba realizada, ni sobre el proceso

seguido. Tampoco habló sobre ninguna experiencia que tuviera

en cuanto al uso de este sistema. Sencillamente, se limitó a

mencionar el resultado positivo obtenido y relató que guardó

la sustancia hasta el día en que la llevó al Instituto de

Ciencias Forenses para la realización del análisis químico.

El poco énfasis que prestó el Ministerio Público en

detallar este proceso es revelador si se compara con la gran

cantidad de preguntas detalladas y complejas que hizo a la

perita sustituta para validar el uso del Certificado de

Análisis Químico Forense para probar la identidad de la

sustancia. Es decir, ante un sistema mucho más confiable

científicamente, como lo es el análisis químico realizado por

el Instituto de Ciencias Forenses, el Ministerio Público se

vio en la necesidad de justificar más el proceso que produjo

sus resultados que los de la prueba de campo. Evidentemente,

el Ministerio Público nunca tuvo la intención de utilizar la

prueba de campo para probar en juicio la identidad de la

sustancia ocupada, por lo que el testimonio ofrecido sobre

dicha prueba preliminar no cumplió con los requisitos CC-2011-0098 40

necesarios para probar más allá de duda razonable que la

sustancia ocupada era la sustancia controlada imputada.

Tampoco tiene méritos la alegación del Ministerio

Publico en torno a que la defensa validó el resultado de la

prueba de campo al no objetar su admisión en evidencia. No se

trata de un asunto sobre admisiblidad, sino de insuficiencia

de la prueba para probar un elemento del delito. El peso de

la prueba para probar más allá de duda razonable cada uno de

los elementos del delito imputado recae sobre el Ministerio

Público y no puede ser transferido al acusado meramente por

el estilo de defensa seleccionado por su representación

legal. Véase, e.g., Commonwealth v. Vásquez, 456 Mass. 350,

355, 367-68 (2010), citando Commonwealth v. Shea, 398 Mass.

264, 269 (1986).

Por tanto, no le asiste la razón al Ministerio Público

al plantear que, independientemente de la exclusión del

Certificado de Análisis Químico Forense, el juzgador habría

llegado al mismo resultado.

IV.

Por los fundamentos expuestos anteriormente, concluimos

que el Tribunal de Primera Instancia violó el derecho

constitucional a la confrontación del señor Santos Santos al

admitir en su contra el Certificado de Informe Químico

Forense sin la comparecencia en juicio del analista que lo

produjo. Ante las circunstancias particulares de este caso,

el Ministerio Público no logró probar más allá de duda

razonable la culpabilidad del peticionario, por lo cual CC-2011-0098 41

revocamos la sentencia recurrida y decretamos la absolución

del señor Santos Santos.

Se dictará sentencia de conformidad.

Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

Por los fundamentos expresados en la Opinión que antecede, los cuales se incorporan íntegramente a la presente, concluimos que el Tribunal de Primera Instancia violó el derecho constitucional a la confrontación del señor Santos Santos al admitir en su contra el Certificado de Informe Químico Forense sin la comparecencia en juicio del analista que lo produjo. Ante las circunstancias particulares de este caso, el Ministerio Público no logró probar más allá de duda razonable la culpabilidad del peticionario, por lo cual revocamos la sentencia recurrida y decretamos la absolución del señor Santos Santos.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Fiol Matta emitió una Opinión de Conformidad. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco y los Jueces Asociados señor Rivera García y señor Feliberti Cintrón concurren sin opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico Certiorari

v.

CC-2011-98

Opinión de conformidad emitida por la Jueza Asociada señora FIOL MATTA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2012.

Estoy conforme con la Opinión que hoy emite el

Tribunal. Sin lugar a dudas, el Ministerio Público

venía obligado a sentar como testigo en el juicio

contra el señor Ángel Santos Santos al perito

químico que llevó a cabo las pruebas científicas

para determinar si el material ocupado era, en

efecto, una sustancia controlada. No hacerlo

constituye una violación al derecho a la

confrontación garantizado tanto por la Constitución

de los Estados Unidos como por la nuestra. Nuestra CC-2011-0098 2

decisión en Pueblo v. Guerrido López 12 y la del Tribunal Supremo

federal en Bullcoming v. New Mexico 13 exigen esa conclusión. Es

igualmente correcta la conclusión a la que llega la Opinión del

Tribunal en cuanto a que la violación al derecho a confrontación

es un error constitucional no estructural que no acarrea la

revocación automática del fallo condenatorio, sino que exige al

Ministerio Público probar ―más allá de duda razonable que, de no

haberse cometido el error constitucional, el resultado habría sido

el mismo‖. 14 Finalmente, estoy conforme con la decisión del

Tribunal de revocar la sentencia condenatoria y absolver al

peticionario por insuficiencia de prueba para demostrar su

culpabilidad más allá de duda razonable.

Sin embargo, he decidido expresarme por separado para

reafirmar lo que entiendo es un deber inescapable del Ministerio

Público en casos como estos, en los que uno de los elementos

esenciales del delito es de naturaleza técnica o científica;

entiéndase, probar que determinado material es, en efecto, una

sustancia controlada. Me refiero al deber del Estado de recurrir

diligentemente al Instituto de Ciencias Forense para que expertos

en la materia lleven a cabo las pruebas científicas necesarias, de

manera que se pueda demostrar adecuadamente la naturaleza ilegal

de una sustancia. Aunque es cierto, como señala la Opinión, que la

Regla 110 de Evidencia permite probar la existencia de cualquier

hecho mediante evidencia directa o circunstancial, no deja de ser

igualmente cierto que la inhabilidad del Ministerio Público de

presentar evidencia científica demostrativa de la ilegalidad de

una sustancia genera un problema de suficiencia de prueba para

12 179 D.P.R. 950 (2010). 13 131 S.Ct. 2705 (2011). 14 Opinión del Tribunal, a la pág. 34. CC-2011-0098 3

demostrar culpabilidad de una persona más allá de duda razonable

por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas. Reafirmamos

que es un deber ineludible del Estado recurrir al Instituto de

Ciencias Forenses para la realización de las pruebas

correspondientes. El que en determinadas circunstancias se pueda

demostrar la ilegalidad de una sustancia utilizando otros

mecanismos evidenciarios no altera este deber. Tal y como resuelve

la Opinión del Tribunal, ―los derechos constitucionales no son

susceptibles de maleabilidad a conveniencia‖ 15 ni de ―evasión a

conveniencia del Estado‖.16

Aclarado lo anterior, reitero mi conformidad con la Opinión

del Tribunal, pues fortalece los derechos constitucionales que nos

protegen a todos por igual.

Liana Fiol Matta Jueza Asociada

15 Id. 16 Id, a la pág. 10.