EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ponce Advance Medical Group Network, Inc. Certiorari Peticionaria 2017 TSPR 54 v. 197 DPR ____ Carlos Y. Santiago González, et al.
Recurrido
Número del Caso: CC-2016-0286
Fecha: 12 de abril de 2017
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Ponce
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez Lcda. Jessica Méndez Colberg
Abogados de las Partes Recurridas:
Lcdo. Michael Rivera Irizarry
Materia: Derecho probatorio: Procedimiento para invocar y conceder, de ordinario, un privilegio probatorio en nuestro ordenamiento legal. Alcance del privilegio de secretos de negocios.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ponce Advance Medical Group Network, Inc.
Peticionaria
v. CC-2016-0286
Carlos Y. Santiago González, et al.
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES.
En San Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 2017.
Este caso nos permite delinear, por primera
vez, el alcance del privilegio de secretos del
negocio. Asimismo, aprovechamos esta ocasión para
detallar el procedimiento necesario para invocar y
conceder, de ordinario, un privilegio probatorio en
nuestro ordenamiento legal.
I
La controversia de este caso tiene su génesis
en una demanda que Ponce Advance Medical Group
Network, Inc. (PAMG) presentó contra el Dr. Carlos
Y. Santiago González, como creador y administrador
de la página “Medicina Defectuosa” en la red social
de Facebook. CC-2016-0286 2
En ese entonces, PAMG arguyó que el doctor Santiago
González realizó expresiones difamatorias, ante miles de
seguidores de la página, que menoscabaron la reputación
del grupo médico. En particular, detalló que el doctor
Santiago González le imputó actuaciones antiéticas e
ilegales a PAMG y a los galenos contratados por esta para
rendir servicios médicos. Por esa razón, PAMG solicitó un
interdicto preliminar y permanente, así como compensación
por los daños que alegó sufrir.
Como parte del descubrimiento de prueba, el doctor
Santiago González cursó a PAMG una solicitud de
admisiones, un pliego de interrogatorio y una solicitud de
producción de documentos. Entre los documentos solicitados
se encontraban las planillas de contribución de ingresos
de PAMG, una lista de accionistas de PAMG, las minutas de
las reuniones de la Junta de Directores de PAMG, los
contratos suscritos entre PAMG y los seguros médicos MMM y
PMC, así como los contratos suscritos entre PAMG y los
médicos que rinden servicios a nombre del grupo.
PAMG condicionó la entrega de documentos a que el
doctor Santiago González firmara un acuerdo de
confidencialidad. Con eso, PAMG adujo que buscaba proteger
la información de terceras personas que no son parte del
pleito y sus secretos del negocio. Según precisó PAMG, su
principal preocupación era que el doctor Santiago González
publicara en la mencionada página de Facebook la
información contenida en los documentos solicitados. En CC-2016-0286 3
respuesta a esa exigencia, el doctor Santiago González
envió una carta a PAMG en la que denunció que ciertas
preguntas del interrogatorio fueron contestadas
inadecuadamente y exigió, nuevamente, la entrega de los
documentos solicitados. PAMG contestó la carta y sugirió
concertar una reunión para resolver la controversia sobre
el descubrimiento de prueba.
Posteriormente, el doctor Santiago González presentó
una moción ante el Tribunal de Primera Instancia al amparo
de la Regla 34.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.
34.1, en la que solicitó que se le ordenara a PAMG
contestar correctamente todas las preguntas incluidas en
el interrogatorio y producir la documentación solicitada.
Ante esa moción, PAMG presentó un escrito en oposición en
el cual expresó que no se había negado a entregar los
documentos requeridos, sino que solamente condicionó su
suministro a la firma de un acuerdo de confidencialidad,
ya que los documentos contenían información confidencial
de terceras personas y secretos del negocio. Además,
indicó que había invitado al doctor Santiago González a
una reunión para solucionar la controversia.
El Tribunal de Primera Instancia emitió una orden en
la que proveyó ha lugar la moción del doctor Santiago
González y ordenó a PAMG contestar los interrogatorios y
entregar los documentos en un término de quince días, “sin
reserva, ni excepción”. Apéndice, pág. 56. A raíz de esa
determinación, PAMG presentó una solicitud de CC-2016-0286 4
reconsideración y una orden protectora en la que solicitó,
entre otras cosas, que se le requiriera al doctor Santiago
González firmar un acuerdo de confidencialidad como
condición para la entrega de los documentos. El foro
primario proveyó no ha lugar a esa solicitud.
Insatisfecha, PAMG recurrió de esa orden mediante un
recurso de certiorari al Tribunal de Apelaciones. Sin
embargo, el foro apelativo intermedio denegó la expedición
del recurso por falta de jurisdicción de acuerdo a la
Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,
por tratarse de la revisión de un asunto interlocutorio.
Todavía inconforme, PAMG recurrió ante nos. En ese
momento, mediante Sentencia, revocamos el dictamen del
Tribunal de Apelaciones. Dispusimos que el asunto cuya
revisión procuró PAMG estaba relacionado con un
“privilegio evidenciario” revisable como excepción, según
la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Por lo tanto,
devolvimos el caso al foro apelativo intermedio para su
resolución en los méritos. Mientras se dilucidaba esa
controversia procesal, PAMG consignó los documentos en
cuestión ante el foro primario en un sobre marcado y
sellado.
En vista de nuestra decisión y después de analizar el
recurso de PAMG en sus méritos, el Tribunal de Apelaciones
emitió una resolución mediante la cual confirmó al
Tribunal de Primera Instancia. Razonó que PAMG se “limitó
a señalar que la información solicitada por la parte CC-2016-0286 5
demandada constituía un secreto de negocio sin ofrecer
fundamentos que sustentaran la invocación del privilegio”.
Apéndice, pág. 13. De esta manera, el foro apelativo
intermedio concluyó que PAMG “falló en demostrar la
alegada naturaleza confidencial que le designa a la prueba
objeto de impugnación”. Íd.
Tras una moción de reconsideración fallida, PAMG
presentó oportunamente un recurso de certiorari ante este
Tribunal. Esencialmente, sostuvo que procede celebrar una
vista para poder establecer la existencia del privilegio
de secretos del negocio. Explicó que ello se establecería
por preponderancia de la prueba. Igualmente, PAMG presentó
una moción en auxilio de jurisdicción donde nos solicitó
la paralización de los procedimientos ante el foro
primario hasta que dispusiéramos de su recurso de
certiorari. Sustentó su pedido en que el foro apelativo
intermedio resolvió que procedía la entrega de los
documentos en cuestión y el Tribunal de Primera Instancia
“podría ordenar la entrega de los documentos” en una vista
de seguimiento ya pautada. Además, advirtió que por ser
una orden expresa del Tribunal de Apelaciones “no tendría
otra alternativa que entregar los documentos”, ya que
estos fueron depositados en un sobre sellado y marcado que
obra en los autos del caso.
El 18 de mayo de 2016, expedimos el auto de
certiorari y paralizamos los procedimientos ante el
Tribunal de Primera Instancia. Posteriormente, el doctor CC-2016-0286 6
Santiago González presentó su alegato en oposición. Con el
beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos
a resolver la controversia trabada.
II
A. Los Privilegios y el Descubrimiento de Prueba
Es harto conocido que el descubrimiento de prueba se
extiende a cualquier materia que no esté privilegiada y
que sea pertinente al asunto en controversia. Alvear
Maldonado v. Ernst & Young LLP, 191 DPR 921, 925 (2014).
En este aspecto, se desprenden dos limitaciones
fundamentales para el proceso de descubrimiento de prueba
de la Regla 23.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R.
23.1. En primer lugar, es imperioso que el asunto que se
pretende descubrir sea pertinente a la controversia que se
dirime. Segundo, la materia que se pretende descubrir,
aunque sea pertinente, no puede ser privilegiada o quedará
excluida del alcance del descubrimiento de prueba.
Sobre esta segunda restricción, al interpretar la
antigua Regla 23.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III
R. 23.1, hemos precisado que la materia privilegiada es
aquella que se encuentra dentro del alcance de alguno de
los privilegios reconocidos en las Reglas de Evidencia.
ELA v. Casta, 162 DPR 1, 10 (2004); García Rivera et al.
v. Enríquez, 153 DPR 323, 333 (2001). Consecuentemente, en
ausencia de la invocación oportuna de un privilegio
específico reconocido en nuestras Reglas de Evidencia una
parte en un pleito no puede objetar un requerimiento de CC-2016-0286 7
descubrimiento de prueba bajo ese fundamento. García
Rivera et al. v. Enríquez, supra.
Lo anterior responde a que los privilegios
probatorios rompen con el propósito principal de las
Reglas de Evidencia: “el descubrimiento de la verdad en
todos los procedimientos judiciales”. Regla 102 de las
Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 102. De esa
manera, “por consideraciones de política pública[…]”, el
privilegio excluye prueba que de otro modo sería
pertinente y descubrible. E. L. Chiesa Aponte, Tratado de
derecho probatorio: reglas de evidencia de Puerto Rico y
federales, República Dominicana, Ed. Corripio, 1998, T. I,
pág. 185. Véase, también, Pagán et al. v. First Hospital,
189 DPR 509, 517-518 (2013). Así, se reconoce la
existencia de diversos intereses sociales que requieren
protección y que, en ocasiones, pueden ser superiores a la
búsqueda de la verdad.
En definitiva, por su función, los privilegios
impiden el descubrimiento de ciertos actos, hechos o
comunicaciones. Íd. Por esa razón, los tribunales debemos
interpretar la existencia de un privilegio probatorio de
manera restrictiva para no entorpecer la consecución de la
verdad en los procesos judiciales. Íd., págs. 518-519. Por
lo tanto, los privilegios no se concederán de manera
automática y se reconocerán únicamente cuando se invoquen
de manera certera y oportuna. CC-2016-0286 8
Dicho lo anterior, puntualizamos que la parte que se
considere poseedora de cierta materia privilegiada cuyo
descubrimiento se procura, deberá, tan pronto se solicite
la información: (1) objetar la producción de los
documentos, las comunicaciones o los objetos requeridos;
(2) indicar expresamente el privilegio específico que
pretende invocar; (3) exponer con particularidad los
hechos concretos en los que se basa la aplicabilidad del
privilegio; (4) fundar con claridad la existencia de los
elementos legales del privilegio en cuestión; y (5)
describir la naturaleza de la evidencia no producida de
forma tal que, sin revelar la información privilegiada,
permita a otras partes evaluar su reclamación. Véanse
Regla 23.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 23.3;
Pagán et al. v. First Hospital, supra; 4 Michael H.
Graham, Handbook of Federal Evidence Sec. 501:1 (7th ed.
2016).
De no haber discrepancia entre las partes en torno a
la existencia y alcance del privilegio o de mediar un
acuerdo entre ellas sobre cómo proceder con la información
privilegiada, la intervención de los foros judiciales será
innecesaria y el procedimiento de descubrimiento de prueba
continuará de manera extrajudicial. En cambio, si alguna
de las partes se opone a la extensión del privilegio y
acredita que realizó los esfuerzos de buena fe que exige
la Regla 34.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.
34.1, el tribunal tendrá que resolver si el poseedor del CC-2016-0286 9
privilegio estableció, mediante preponderancia de la
prueba, los elementos del privilegio que invoca. Véase
Pagán et al. v. First Hospital, supra.
Luego de que el tribunal determine que eso se
demostró, la aplicación del privilegio dependerá de si
está clasificado como absoluto o condicional. Un
privilegio se denomina absoluto porque una vez se cumplen
los requisitos que lo constituyen, los tribunales carecen
de discreción para obligar a divulgar la información
privilegiada. Chiesa Aponte, Tratado de derecho
probatorio, op. cit., pág. 193. Por otro lado, los
privilegios condicionales son aquellos cuya aplicación
puede ceder ante intereses sociales, aunque se cumpla con
los requisitos que lo constituyen.
En cambio, si el reclamo de un privilegio se propugna
de manera genérica, vaga o mediante planteamientos
estereotipados, sin cumplir con las cinco exigencias
pormenorizadas, el tribunal puede denegar la objeción y
ordenar la producción de la información. Véase E.L. Chiesa
Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, San Juan,
Pubs. JTS, 2009, pág. 177. Este no viene obligado a
realizar su propia búsqueda para precisar si en efecto
existe evidencia privilegiada.
B. El Privilegio de Secretos del Negocio
La Regla 513 de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap.
VI, R. 513, dispone que
[e]l dueño de un secreto comercial o de negocio tiene el privilegio -que podrá ser invocado por CC-2016-0286 10
ella o por él o por la persona que es su agente o empleada- de rehusar divulgarlo y de impedir que otra persona lo divulgue, siempre que ello no tienda a encubrir un fraude o causar una injusticia. Si fuere ordenada su divulgación, el Tribunal deberá tomar aquellas medidas necesarias para proteger los intereses de la dueña o del dueño del secreto comercial, de las partes y de la justicia.
Esta regla de evidencia reconoce el privilegio de
secretos del negocio y su propósito es “proteger el
sistema de libre empresa al disponer que los dueños de
secretos comerciales pueden rehusar divulgar, o impedir
que otro divulgue, secretos importantes sobre su comercio
o negocio, siempre y cuando ello no tienda a encubrir un
fraude o causar una injusticia”. Secretariado de la
Conferencia Judicial, Informe de las Reglas de Derecho
Probatorio, 2007, pág. 287. En esencia, este privilegio
protege la información comercial de carácter confidencial.
Su reconocimiento se cimienta en consideraciones de
política pública dirigidas a fomentar la innovación, la
producción comercial y el mejoramiento operacional
empresarial que, a su vez, contribuyen al desarrollo
económico y tecnológico. Paul F. Rothstein & Susan W.
Crump, Federal Testimonial Privileges: Evidentiary
Privileges Relating to Witnesses & Documents in Federal
Cases Sec. 9:1 (2d ed. 2012-2013). En este sentido, el
público se beneficia tanto de la mejora o innovación que
representa el propio secreto comercial como del desarrollo
de nuevos productos y técnicas, fomentado por la garantía
de que existirá una protección judicial. 3 Jack B. CC-2016-0286 11
Weinstein et al., Weinstein‟s Federal Evidence, Sec.
508.03[1] (2d ed. 2016). Asimismo, estimula el
descubrimiento y la explotación de invenciones, impide que
se sobrepasen los métodos de adquirir información de
manera lícita y se incurra en espionaje industrial,
protege la buena fe y evita la apropiación indebida del
esfuerzo ajeno. 26 Kenneth W. Graham, Jr., Federal
Practice and Procedure: Evidence Sec. 5642 (1st ed. 2016).
En fin, según reconoce el profesor Ernesto L. Chiesa, este
privilegio “tiene un sólido fundamento en defender el
sistema de libre empresa”. Chiesa Aponte, Reglas de
Evidencia de Puerto Rico 2009, op. cit., pág. 170.
La redacción de la Regla 513 de Evidencia, supra, es
idéntica a la codificación del privilegio de secretos del
negocio que propuso el Advisory Committee del Tribunal
Supremo de Estados Unidos para las Reglas Federales de
Evidencia que, eventualmente, fue rechazada por el
Congreso. No obstante, aunque el Congreso no dio paso a
esa propuesta que hubiese estatuido la Regla 508 federal
de evidencia, los tribunales federales han reconocido la
existencia del privilegio bajo principios del common law.
Edward J. Imwinkelried, The New Wigmore a Treatise on
Evidence: Evidentiary Privileges Sec. 9.2.1, (2d ed.,
2010). Por otra parte, al igual que en Puerto Rico,
versiones análogas de la regla sí están en efecto en una
gran cantidad de estados que han adoptado códigos de CC-2016-0286 12
evidencia modelados en las reglas federales de evidencia.
Íd.
La Regla 513 de Evidencia, supra, no define qué es un
secreto del negocio o comercial. Esto se debe a que existe
consenso en que la explicación de lo que constituye un
secreto del negocio recae en el derecho sustantivo
comercial. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto
Rico 2009, op. cit., pág. 170. Véase, también,
Imwinkelried, supra, Sec. 9.2.2. (“To identify the types
of information protected under evidence law, the courts
often use definitions of ‘trade secrets’ drawn from other,
substantive bodies of law.”) En otras palabras, el
privilegio que tiene una persona de no revelar un secreto
comercial pone en práctica el derecho sustantivo que
ampara las prácticas justas en el comercio. Weinstein,
supra, Sec. 508.03[2]. Como resultado, si bien el
privilegio de secretos del negocio se reconoció
expresamente en nuestro ordenamiento probatorio, este
último no prescribe por sí solo su alcance.
En nuestra jurisdicción, la legislación especial que
regula los aspectos sustantivos de los secretos del
negocio es la Ley Núm. 80-2011, mejor conocida como la Ley
para la protección de secretos comerciales e industriales
de Puerto Rico, 10 LPRA sec. 4131 et seq. En su exposición
de motivos, la Asamblea Legislativa manifestó que los
llamados secretos comerciales, también denominados
secretos industriales o de negocio, “son útiles para CC-2016-0286 13
proteger: (1) una invención que sea patentable durante el
proceso de aplicación para dicha patente, (2) información
que no es objeto de una patente o, (3) información que
sencillamente no se pueda patentizar, así como procesos,
métodos o mecanismos”. Exposición de Motivos de la Ley
Núm. 80-2011, supra. Así, ejemplificó que un secreto
comercial puede “consistir en un proceso para
manufacturar, tratar o preservar materiales, una fórmula o
receta, un proyecto o patrón para el desarrollo de alguna
maquinaria, o bien, simplemente una lista de clientes
especializados y constitutivos de un mercado determinado
que confieran alguna ventaja a su dueño sobre sus
competidores”. Íd. Además, reconoció que la medida
legislativa sigue el modelo de la Uniform Trade Secrets
Act, promulgada por la Junta de Comisionados para Promover
la Uniformidad de Legislación en los Estados y Territorios
de la Unión, mejor conocida por sus siglas en inglés ULC
(Uniform Law Commission). Íd.
En torno a la definición específica de lo que es un
secreto comercial, el Art. 3 de la Ley 80-2011, 10 LPRA
sec. 4132, dispone que es toda información:
a) de la cual se deriva un valor económico independiente, ya sea un valor actual o un valor potencial, o una ventaja comercial, debido a que tal información no es de conocimiento común o accesible por medios apropiados por aquellas personas que pueden obtener un beneficio pecuniario del uso o divulgación de dicha información; y;
b) que ha sido objeto de medidas razonables de seguridad, según las circunstancias, para mantener su confidencialidad. CC-2016-0286 14
Igualmente, añade que será un secreto comercial la
“información generada, utilizada o resultante de los
intentos fallidos realizados en el proceso de
desarrollar[lo][…]”. Íd. Por otra parte, el Art. 4 de la
Ley Núm. 80-2011, 10 LPRA sec. 4133, contempla la adopción
de medidas razonables de seguridad “para limitar el acceso
a la información [que constituye un secreto comercial]
bajo circunstancias particulares”. Según dispone la ley,
estas medidas razonables de seguridad se determinarán “de
acuerdo a la previsibilidad de la conducta mediante la
cual el secreto comercial pueda ser obtenido y la
naturaleza del riesgo de que se dé tal conducta, así como
a la relación costo-beneficio entre la medida[…] y el
secreto[…]”. Íd.
De ordinario, el problema de los secretos del negocio
surge por primera vez en la etapa de descubrimiento de
prueba. Roger S. Haydock & David F. Herr, Discovery
Practice Sec. 11.05[A] (8th ed. 2016). Al respecto, el
inciso (c) del Art. 11 de la Ley Núm. 80-2011, 10 LPRA
sec. 4139(c), regula la producción de información
designada por su dueño como un secreto comercial. Dispone
que el tribunal deberá determinar si la parte que solicita
el descubrimiento tiene una necesidad sustancial de la
información antes de ordenar su producción. Íd. Se
entenderá que existe una “necesidad sustancial” si están
presentes las siguientes cuatro circunstancias:
(1) Las alegaciones presentadas con el fin de establecer la existencia o ausencia de CC-2016-0286 15
responsabilidad han sido presentadas de manera específica;
(2) la información que se busca descubrir es directamente relevante a las alegaciones presentadas de manera específica;
(3) la información que se busca descubrir es tal, que la parte que busca su descubrimiento quedaría sustancialmente perjudicada si no se le permite acceso a la misma, y
(4) existe una creencia de buena fe de que el testimonio o evidencia que se derive de la información que forma parte del secreto comercial será admisible en el juicio. Íd.
Además, el Art. 11 regula ciertos aspectos prácticos
que los tribunales deben observar en el proceso de
descubrimiento para este tipo de prueba. Primero, el
tribunal puede condicionar su divulgación a la prestación
de una fianza apropiada. Art. 11(e) de la Ley Núm. 80-
2011, 10 LPRA sec. 4139(e). Sin embargo, reconoce de
manera tajante que “no [se] ordenará [el] acceso directo a
bases de datos que contengan información que forme parte
de un secreto comercial, a menos que el tribunal encuentre
que el proponente del descubrimiento no puede obtener
dicha información por ningún otro medio y que la
información no está sujeta a ningún privilegio”. Art.
11(d) de la Ley Núm. 80-2011, 10 LPRA sec. 4139(d). Por
otro lado, cuando se discuta o divulgue un secreto
comercial en un juicio o vista, el tribunal “ordenará el
desalojo, de la sala, de todas aquellas personas cuya
presencia no sea imprescindible para la continuación del
proceso judicial” y se permitirá al dueño obtener acuerdos
de confidencialidad firmados individualmente por todas las CC-2016-0286 16
personas que se encuentren presentes en sala o sean parte
de cualquier procedimiento en el cual se discuta, presente
o divulgue, de cualquier otro modo, el secreto comercial.
Art. 11(h) de la Ley Núm. 80-2011, 10 LPRA sec. 4139(h).
Por último, toda la información que sea parte del secreto
comercial, así como cualquier duplicado, deberá ser
devuelta a su dueño al finalizar el litigio o será
destruida a satisfacción de este. Art. 11(i) de la Ley
Núm. 80-2011, 10 LPRA sec. 4139(i).
De las disposiciones legales expuestas podemos
deducir que un secreto comercial es toda aquella
información (1) de la cual se deriva un valor actual, un
valor potencial o una ventaja económica; (2) que no es de
conocimiento común o accesible por medios apropiados; y
(3) que se ha mantenido confidencial a través de medidas
razonables de seguridad. Art. 3 de la Ley Núm. 80-2011,
supra. Asimismo, tanto de la legislación especial para la
protección de secretos comerciales como del ordenamiento
probatorio se desprende que la protección que concede el
privilegio sobre este tipo de información no es categórica
o incondicional. El privilegio puede ser superado si se
invoca para encubrir un fraude o si su empleo causa una
injusticia porque la parte que solicita el descubrimiento
tiene una necesidad sustancial de la información
privilegiada. Regla 513 de Evidencia, supra. Por
consiguiente, aunque se conceda su aplicación, el tribunal
puede “recurrir a un „justo medio‟ para permitir la CC-2016-0286 17
divulgación de la materia protegida en forma limitada”.
Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009,
op. cit., pág. 169. En esos dos escenarios, los foros
judiciales pueden autorizar la producción de la
información que constituye el secreto comercial mientras
preserven su confidencialidad y, para ello, tomen medidas
razonables de seguridad. Véase, Weinstein, supra, Sec.
508.07[1] (“Once the court determines that the materials
at issue are trade secrets and the party seeking their
disclosure has shown that the materials are relevant to
the matters in controversy the court must determine what
precautions should be applied to the disclosure”). Véase,
además, Rothstein & Crump, supra, Sec. 9:8. (“If allegedly
protected information is ordered disclosed, the court
should[…] consider the application of proper safeguards to
protect the substantial interest, both public and private,
that underline the privilege.”) Estas medidas preventivas
podrán incluir, entre otras, emitir una orden protectora
que asegure su confidencialidad, mantener los expedientes
del caso sellados, requerir la firma de acuerdos de
confidencialidad y ordenar a cualquier persona involucrada
en el litigio a no divulgar la información privilegiada
sin autorización previa. Regla 23.2 de Procedimiento
Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23.2; Art. 4 de la Ley Núm. 80-
2011, supra. Véase, también, Imwinkelried, supra, Sec.
9.2.3; Rothstein & Crump, supra, Sec. 9:8.
C. Proceso para invocar el privilegio de Secretos del Negocio CC-2016-0286 18
Analizados los aspectos sustantivos del privilegio,
detallamos el proceso adecuado para su invocación. Para
entrar en el ámbito de protección del privilegio de
secretos del negocio, la parte proponente deberá cursar a
la parte que procura su divulgación una comunicación en la
cual: (1) objete la producción de la información
privilegiada tan pronto la otra parte solicite su
producción; (2) indique específicamente los documentos,
las comunicaciones o los objetos requeridos que designa
como secreto comercial; (3) señale con particularidad los
hechos precisos que dan lugar a que esa materia sea
catalogada como un secreto comercial; (4) fundamente con
claridad que de esa información se deriva un valor
económico o una ventaja comercial demostrable, que no es
conocida generalmente o verificable fácilmente por
terceros, especialmente por competidores, y que ha sido
objeto de medidas razonables de seguridad para mantener su
confidencialidad; y, por último, (5) describa la
naturaleza de la evidencia no producida de forma tal que,
sin ser revelada, permita a las partes y, eventualmente,
al tribunal evaluar su reclamación.
que la información es privilegiada, la participación del
tribunal resultará innecesaria y el proceso de
descubrimiento de prueba proseguirá. No obstante, si la
parte que solicita la información se opone a la extensión
del privilegio y presenta la certificación exigida por la CC-2016-0286 19
Regla 34.1 de Procedimiento Civil, supra, deberá
controvertir los hechos en los que se sustenta la
clasificación de la información como privilegiada o podrá
demostrar que los elementos constitutivos del privilegio
no están presentes. En cambio, la parte proponente del
privilegio podrá rebatir los argumentos que se esgriman en
contra de la aplicación del privilegio.
En el ejercicio de aquilatar si la información
satisface los elementos del privilegio, el tribunal
efectuará una inspección en cámara de la materia en
cuestión. Durante su revisión, el juez debe prestar
especial atención a la comprobación de que el dueño del
alegado secreto comercial tomó medidas razonables para
proteger su confidencialidad. Así, por ejemplo, observará
si la información se guarda en archivos o áreas
restringidas; si está sujeta a medidas de seguridad tales
como códigos de acceso u otras restricciones físicas de
acceso; o si se requiere que otras personas que tienen
acceso a la información suscriban acuerdos de
confidencialidad, entre otros factores. Imwinkelried,
supra, Sec. 9.2.2.
Enfatizamos que, por mandato del Art. 11 de la Ley
Núm. 80-2011, supra, si se discute o divulga la
información durante una vista, el tribunal ordenará el
desalojo de la sala de todas aquellas personas cuya
presencia no sea imprescindible para la continuación de
los procedimientos. Asimismo, el tribunal le permitirá al CC-2016-0286 20
dueño de la información obtener acuerdos de
confidencialidad firmados individualmente por todas las
de cualquier procedimiento en el cual se discuta o
divulgue de cualquier modo el posible secreto comercial.
Examinada la postura de ambas partes, el tribunal
determinará si la información objeto de controversia está
sujeta al privilegio de secretos del negocio. Si encuentra
que no se satisfacen los elementos necesarios, la materia
no será privilegiada. Por el contrario, si considera que
se cumplen los requisitos para conferir el privilegio, el
tribunal ordenará que la información, o una porción
específica de esta, se marque como un secreto comercial y
se deposite en un sobre sellado.
Ahora bien, por tratarse de un privilegio
condicional, aun cuando el privilegio aplique, la parte
que solicita el descubrimiento de prueba puede superarlo
al evidenciar que con su implementación se encubre un
fraude o se causa una injusticia porque existe una
necesidad sustancial por la información. Esta última
opción se considerará de conformidad con las cuatro
circunstancias dispuestas en el inciso (c) del Art. 11 de
la Ley Núm. 80-2011, supra. Sin embargo, el dueño de la
información podrá exigir la adopción de alguna medida de
seguridad como condición para la entrega de la
información. En esa eventualidad, el juzgador deberá tomar
las medidas razonables de seguridad que resulten CC-2016-0286 21
necesarias para proteger el secreto comercial. El
ejercicio de ordenar la adopción de las medidas de
seguridad será uno de razonabilidad que se realizará caso
a caso y en el que se considerarán los intereses de las
partes, los riesgos involucrados y el efecto que supone la
medida sobre el secreto comercial. De igual modo, en el
interés de la justicia, el juzgador puede limitar la parte
del secreto que se revelará. En otras palabras, el
tribunal podría decidir que la concesión parcial de la
información privilegiada es la solución más apropiada.
Regla 23.2 de Procedimiento Civil, supra; Imwinkelried,
supra, Sec. 9.2.3.
En cambio, en casos en los que no se haya invocado un
privilegio o no se cumplan los requisitos para conferir el
privilegio y se deniegue una orden protectora en todo o en
parte, el tribunal podrá, bajo aquellos términos y
condiciones que sean justos, ordenar que la parte
solicitante provea o permita el descubrimiento así
interesado. Regla 23.2 de Procedimiento Civil, supra.
III
En este caso, durante el proceso de descubrimiento de
prueba, el doctor Santiago González cursó a PAMG un
interrogatorio, una solicitud de producción de documentos
y un requerimiento de admisiones. Específicamente, el
doctor Santiago González solicitó la entrega de varios
documentos de PAMG que incluían las planillas de
contribución sobre ingresos de PAMG, su lista de CC-2016-0286 22
accionistas, las minutas de las reuniones de su Junta de
Directores, los contratos suscritos entre PAMG a las
compañías MMM y PMC, así como los contratos de servicios
de los galenos que trabajaban con PAMG, entre otros. Desde
ese momento y en lo sucesivo, PAMG alertó que la
información contenida en esos documentos es privada,
confidencial y constituye secretos del negocio. En ese
sentido, arguyó ha tomado las medidas necesarias para
salvaguardar la naturaleza confidencial de la información
solicitada y proteger sus operaciones comerciales. Por
consiguiente, PAMG solicitó la firma de un acuerdo de
confidencialidad mediante el cual se limitaría el uso de
la información para fines de este litigio sin que se
divulgara a terceras personas. Además, sugirió concertar
una reunión para resolver la situación, según exige la
Regla 34.1 de Procedimiento Civil, supra. Sin embargo, el
doctor Santiago González se negó a suscribir el acuerdo y
procuró la intervención del Tribunal de Primera Instancia.
En respuesta, el foro primario ordenó la entrega de los
documentos sin reserva, determinación que fue confirmada
por el Tribunal de Apelaciones.
Analizado el expediente exhaustivamente, entendemos
desacertado el proceder de los foros recurridos en este
litigio. No obstante, somos conscientes de que ello se
debe al vacío que hasta el presente existía en nuestro
ordenamiento probatorio en torno a la interpretación del
alcance del privilegio sobre los secretos del negocio. En CC-2016-0286 23
particular, ambos foros erraron al determinar
precipitadamente la improcedencia del privilegio invocado
por PAMG y que procedía la producción de la evidencia en
cuestión. Contrario a lo ocurrido, una vez el asunto se
trajo ante la consideración del Tribunal de Primera
Instancia, este debió, conforme a la Regla 34.1 de
Procedimiento Civil, supra, requerirle a la parte que se
opone a la extensión del privilegio una acreditación de
que realizó esfuerzos razonables, con prontitud y buena
fe, para tratar de llegar a un acuerdo y solucionar la
controversia en torno al descubrimiento de prueba.
Acreditado el desacuerdo entre las partes, el foro
primario debió resolver si PAMG estableció, mediante
preponderancia de la prueba, los elementos del privilegio
que invocó. Por su parte, el doctor Santiago González
tendría la oportunidad de oponerse a la categorización de
la información como un secreto comercial o podría
sustentar la procedencia de la producción ante el atributo
condicional de dicho privilegio. Asimismo, el foro
apelativo intermedio erró al enunciar automáticamente que
el poseedor del privilegio tiene que establecer su
existencia mediante preponderancia de la prueba cuando no
se le ha brindado la oportunidad de hacerlo.
No podemos perder de perspectiva que el proceso para
el descubrimiento de prueba recae inicialmente sobre las
partes litigantes, sin intervención del tribunal. No es
hasta que surge una controversia que no se puede resolver CC-2016-0286 24
extrajudicialmente que el tribunal toma un rol medular.
Este debe manejar el proceso con el norte de procurar que
la información pertinente a la adjudicación de la
controversia esté al alcance de todas las partes. Por lo
tanto, resulta irrazonable exigirle a una parte que
establezca extrajudicialmente el alcance de un privilegio
mediante preponderancia de la prueba. Trabadas las partes
en cómo proceder con la controversia sobre el
descubrimiento de prueba, reiteramos que el tribunal debe
tomar cartas en el asunto y resolver si el poseedor del
privilegio estableció la existencia de los elementos del
privilegio que invoca mediante preponderancia de la
prueba.
Ahora bien, aclarado el marco procesal que se deberá
observar ante este tipo de escenario, procede devolver el
caso al foro primario para que este determine si la
información que solicita el doctor Santiago González está
sujeta al privilegio de secretos del negocio. Si bien PAMG
invocó la protección del privilegio de manera oportuna, le
advertimos que tendrá el peso de identificar con precisión
los elementos del privilegio y la información particular
que consta en los documentos solicitados y a su entender
constituye un secreto comercial. En ese proceder, el foro
primario está facultado para tomar las medidas que sean
necesarias para proteger los intereses de la justicia y de
ambas partes. CC-2016-0286 25
IV
Por los fundamentos expuestos, se revoca la sentencia
del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al
Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, para que se
dirima la existencia del privilegio de secretos del negocio
de manera consistente con esta Opinión y continúen los
procedimientos.
Rafael L. Martínez Torres Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos, en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de esta Sentencia, se revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, para que se dirima la existencia del privilegio de secretos del negocio de manera consistente con esta Opinión y continúen los procedimientos.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco concurre con el resultado y hace constar la siguiente expresión: “La Jueza Asociada señora Pabón Charneco concurre con el resultado. Como expresara en su Opinión Disidente en Pagán et al. v. First Hospital, 189 DPR 509, 543-559 (2013), al considerar la etapa procesal en la que se da este tipo de controversia se precisa la celebración de una vista para dilucidar la reclamación de un privilegio probatorio ante la oposición de una de las partes”. El Juez Asociado señor Colón Pérez concurre con el resultado y hace constar la siguiente expresión: “El Juez Asociado señor Colón Pérez concurre con el resultado al que CC-2016-0286 2
llega una mayoría del Tribunal en el día de hoy, toda vez que si bien está de acuerdo con la conclusión alcanzada -- a saber, que el caso debe ser devuelto al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos, conforme a la Regla 34.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. VI, R. 34.1 -- éste entiende que el asunto planteado ante la consideración de este Tribunal es uno estrictamente procesal, ceñido a determinar si las partes cumplieron con los requisitos establecidos en la referida regla, en cuanto a la acreditación necesaria de las gestiones realizadas de buena fe para resolver cualquier controversia en torno al descubrimiento de prueba, previo a la celebración de una vista para atender controversias relacionadas a privilegios evidenciarios.
Ciertamente, como correctamente se concluye en la Opinión que hoy emite este Tribunal, en el presente caso el foro primario no debió considerar la solicitud presentada por el doctor Carlos Y. Santiago González a los fines de obtener la producción de cierta documentación relacionada a la corporación demandada, pero tampoco podía ordenar automáticamente la producción de la misma, ante un reclamo de privilegio esbozado por Ponce Advance Medical Group, Inc., pues correspondía -- tras la correspondiente acreditación de las gestiones realizadas -- celebrar una vista para ello.
A raíz de lo anterior, el Juez Asociado señor Colón Pérez entiende que toda la discusión relativa al privilegio de secretos de negocio en nuestro ordenamiento jurídico -- relacionada a cuándo procede, cómo se levanta y cómo se atiende -- no es necesaria y resulta en dictum, puesto que la controversia ante este Foro se limita a un asunto procesal en cuanto al descubrimiento de prueba.
A juicio de este, en este caso en particular, bastaba con que este Tribunal dispusiese del asunto traído ante su consideración mediante el mecanismo de Sentencia, devolviendo el caso al Tribunal de Primera Instancia y ordenando que se observase el procedimiento establecido en las Reglas de Procedimiento Civil, particularmente, lo dispuesto en la Regla 34.1 de las de Procedimiento Civil, íd., según lo aquí resuelto”.
La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurre con el resultado sin opinión escrita.
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo