Pérez Quiles v. Santiago Cintrón

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: February 26, 2021
• Docket: CC-2020-3
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Fernando Pérez Quiles Certiorari Recurrido

v. 2021 TSPR 22

Joseph Santiago Cintrón 206 DPR ____

Peticionario

Número del Caso: CC-2020-3

Fecha: 26 de febrero de 2021

Tribunal de Apelaciones:

Panel V

Abogados de la parte peticionaria:

Lcdo. Christian J. Francis Martínez Lcda. Paola M. Martínez Avilés

Materia: Derecho Procesal Civil - El término de 120 días para diligenciar un emplazamiento comenzará a trascurrir, sin ninguna otra condición o requisito, una vez la Secretaría del tribunal expida el emplazamiento.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Fernando Pérez Quiles

Recurrido

v. CC-2020-0003 Certiorari

Joseph Santiago Cintrón

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2021

Este caso nos presenta la oportunidad de

aclarar cuándo comienza a decursar el término de

120 días para diligenciar un emplazamiento, ante el

escenario particular en que la Secretaría del

tribunal no lo expida el mismo día en que se

presentó la demanda.

Al amparo de los casos Bernier González v.

Rodríguez Becerra, 200 DPR 637 (2018), y Sánchez

Ruiz v. Higuera Pérez, 2020 TSPR 11, resolvemos que

el término de 120 días para diligenciar un

emplazamiento comenzará a trascurrir, sin ninguna

otra condición o requisito, una vez la Secretaría

del tribunal expida el emplazamiento. CC-2020-0003 2

I

El 22 de octubre de 2018, el Sr. Fernando Pérez

Quiles (recurrido) presentó ante el Tribunal de Primera

Instancia una Demanda sobre interdicto posesorio,

preliminar y permanente en contra del Sr. Joseph Santiago

Cintrón (peticionario).1 Al día siguiente, el recurrido

presentó una Moción Informativa acompañada del

emplazamiento con las correcciones de las deficiencias

previamente señaladas por la Secretaría del tribunal de

instancia. Así las cosas, el 30 de octubre de 2018 (ocho

días después de la presentación de la demanda) la

Secretaría del foro de instancia expidió el emplazamiento

y el 25 de febrero de 2019 el peticionario fue emplazado

personalmente.

Por su parte, el peticionario presentó una Moción

solicitando desestimación al amparo de las Reglas 4.3 (c)

y 10.2 (4) de las de Procedimiento Civil. En resumen,

alegó que el diligenciamiento del emplazamiento fue

realizado fuera del término de 120 días contados a partir

de la presentación de la demanda y que, a su vez, el

recurrido no había solicitado una prórroga para

diligenciarlo fuera del término. Por consiguiente, el

peticionario adujo que procedía desestimar la demanda.

En respuesta, el recurrido presentó una Moción en

oposición a solicitud de desestimación. Mediante esta, el

recurrido arguyó que el diligenciamiento del 1 En resumen, el Sr. Fernando Pérez Quiles (recurrido) alegó que el Sr. Joseph Santiago Cintrón (peticionario) le impedía el acceso a su propiedad inmueble. CC-2020-0003 3

emplazamiento fue realizado dentro del término de 120

días dispuesto en la Regla 4.3 (c) de Procedimiento

Civil, supra. En específico, argumentó que como el

emplazamiento fue expedido por la Secretaría del foro de

instancia el 30 de octubre de 2018 y diligenciado el 25

de febrero de 2019, el mismo se efectuó en el día 118, o

sea, de forma oportuna.

Luego de evaluar los planteamientos de ambas

partes, el Tribunal de Primera Instancia declaró “no ha

lugar” a la Moción solicitando desestimación al amparo de

las Reglas 4.3 (c) y 10.2 (4) de las de Procedimiento

Civil. En consecuencia, le ordenó contestar

la demanda al peticionario.2

En desacuerdo, el peticionario presentó una Moción

de reconsideración la cual fue declarada “ha lugar” y,

por consiguiente, el foro de instancia desestimó la

demanda. Ello, tras concluir que el emplazamiento “fue

diligenciado transcurrido en exceso el término dispuesto

en las Reglas de Procedimiento Civil vigentes en cuanto a

emplazamiento”.3

Inconforme, el recurrido acudió ante el Tribunal de

Apelaciones y señaló que el foro de instancia erró al

ordenar la desestimación de la demanda, tras determinar

que el emplazamiento fue diligenciado luego del término

establecido. En respuesta, el Tribunal de Apelaciones

revocó al tribunal de instancia. En particular, el

Tribunal de Apelaciones concluyó lo siguiente: 2 Resolución, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 32.

3 Sentencia, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 18-20. CC-2020-0003 4

En el caso de autos, la Demanda fue presentada el 22 de octubre de 2018. Al siguiente día, 23 de octubre de 2018, el apelante [recurrido] instó una Moción Informativa en la cual solicitó la expedición de los emplazamientos, que finalmente fueron expedidos el 30 de octubre de 2018. De acuerdo con el marco jurídico antes expuesto, a partir de ese momento, 30 de octubre de 2019, el apelante [recurrido] tenía 120 días para emplazar al apelado [peticionario]. Una revisión cuidadosa del expediente ante nuestra consideración, con especial atención a la fecha de emplazamiento, 25 de febrero de 2019, hace forzosa la conclusión de que el apelado [peticionario] fue emplazado dentro del término de 120 días que exige nuestro ordenamiento jurídico. Al lograr emplazar al apelado [peticionario] personalmente dentro del término de ciento veinte (120) días, la Demanda no debió ser archivada. Por consiguiente, incidió el foro primario al archivar la Demanda sin perjuicio, y así pues, procede la revocación del dictamen apelado.4

Ahora bien, contrario a lo señalado por el foro

apelativo intermedio, lo presentado por la parte

demandante ante el tribunal de primera instancia no fue

una moción solicitando la expedición de los

emplazamientos, sino una moción para subsanar unas

deficiencias que previamente le había notificado a la

parte la Secretaría del tribunal de instancia.5 En

desacuerdo, el peticionario acudió ante este Foro mediante

la presentación de una Petición de certiorari y alega que

el Tribunal de Apelaciones erró al concluir que fue

emplazado oportunamente, ello, a pesar de que el recurrido

no solicitó ante el foro de instancia

“una prórroga para emplazar”. Planteada la controversia,

estamos listos para resolver.

4 Sentencia, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 7.

5 Lo anterior, según surge de la Sentencia del Tribunal de Apelaciones. CC-2020-0003 5

II

El emplazamiento es un mecanismo procesal que tiene

el propósito de notificar al demandado sobre la existencia

de una reclamación incoada en su contra y, a su vez, es a

través de este mecanismo que el tribunal adquiere

jurisdicción sobre la persona del demandado.6 Es decir, el

emplazamiento “representa el paso inaugural del debido

proceso de ley que viabiliza el ejercicio de la

jurisdicción judicial”.7 Así, una vez emplazado, el

demandado podrá comparecer al juicio, ejercer su derecho a

ser oído y presentar prueba a su favor.8 Por ello, a los

demandados les asiste el derecho de ser emplazados

conforme a derecho.9 Consecuentemente, se requiere el

cumplimiento con las disposiciones de la Regla 4 de

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, pues esta

viabiliza el emplazamiento.

En lo pertinente, la Regla 4.3 (c), supra, dispone

lo siguiente:

El emplazamiento será diligenciado en el término de ciento veinte (120) días a partir de la presentación de la demanda o de la fecha de expedición del emplazamiento por edicto. El Secretario o Secretaria deberá expedir los emplazamientos el mismo día en que se presenta la demanda. Si el Secretario o Secretaria no los expide el mismo día, el tiempo que se demore será el mismo tiempo adicional que los

6 Véanse Cirino González v. Adm. Corrección, 190 DPR 14, 30 (2014); Banco Popular v. SLG Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005), First Bank of PR v. Inmob Nac., Inc., 144 DPR 901, 913 (1998).

7 Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927, 931 (1997).

8 Banco Popular v. SLG Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005).

9 Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR 854, 869 (2015). CC-2020-0003 6

tribunales otorgarán para diligenciar los emplazamientos una vez la parte demandante haya presentado de forma oportuna una solicitud de prórroga. Transcurrido dicho término sin que se haya diligenciado el emplazamiento, el Tribunal deberá dictar sentencia decretando la desestimación y archivo sin perjuicio. Una subsiguiente desestimación y archivo por incumplimiento con el término aquí dispuesto tendrá el efecto de una adjudicación en los méritos. (Énfasis nuestro).

En el caso de Bernier González v. Rodríguez

Becerra, supra, pautamos que la “moción de prórroga” a la

que alude la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, supra,

no se refiere a una solicitud para ampliar del término de

120 días como tal.10

Posteriormente, en el caso de Sánchez Ruiz v.

Higuera Pérez, supra, tuvimos la oportunidad de resolver

qué ocurre con el término de 120 días para emplazar,

cuando el demandante solicita inicialmente emplazar

personalmente, pero luego requiere la autorización del

tribunal para emplazar mediante edictos. Allí pautamos

que, en esa circunstancia, el término de 120 días para

emplazar comienza a trascurrir cuando se autoriza y se

expide el emplazamiento por edicto.

Además, y en lo pertinente al caso ante nuestra

consideración, allí aclaramos que el término de 120 días

para emplazar “comienza a transcurrir únicamente en el

momento que la Secretaría del tribunal expide los

emplazamientos, ya sea que tal expedición ocurra motu

proprio o ante una solicitud de la parte demandante”. A su

10 Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637, 650 (2018); Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, 2020 TSPR 11, 203 DPR __ pág. 11 (2020). CC-2020-0003 7

vez, en el caso de Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, supra,

reiteramos que:

[L]a mal denominada prórroga estatuida en la Regla 4.3 (c), supra, es realmente una solicitud por parte del demandante para que la Secretaría expida los emplazamientos en los casos en que exista un retraso irrazonable en la expedición de éstos. Lo anterior, con el propósito de que el demandante advierta al tribunal de tal retraso y evidencie que no se cruzó de brazos.11 (Énfasis nuestro).

Nótese entonces, que en Sánchez Ruiz v. Higuera

Pérez, supra, y con relación a la “prórroga” estatuida en

la R. 4. 3 (c), supra, señalamos tres aspectos que nos es

menester recalcar. En primer lugar, allí reiteramos que

esta expresión es realmente una solicitud para que la

Secretaría expida los emplazamientos. En segundo lugar,

condicionamos el uso de la referida solicitud a “los casos

en que exista un retraso irrazonable”. Acorde a lo

anterior y, en tercer lugar, reiteramos que el propósito

de la solicitud estriba en que, ante un retraso

irrazonable por parte de la Secretaría de tribunal de

instancia en la expedición de los emplazamientos, la parte

demandante evidenciara que no se cruzó de brazos.12

III

11 Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, 2020 TSPR 11, 203 DPR __ pág. 11 (2020).

12Ni en Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra, ni en Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, supra, estuvimos ante la situación de un retraso irrazonable en la expedición de los emplazamientos por parte de la Secretaría. Por lo tanto, no adelantamos qué consecuencias, si alguna, pudiera tener el que un demandante se cruce de brazos en esas circunstancias. Este caso tampoco nos brinda esa oportunidad. CC-2020-0003 8

Como mencionáramos, el peticionario plantea que el

Tribunal de Apelaciones erró al determinar que el

emplazamiento fue diligenciado dentro del término de 120

días, debido a que el recurrido no presentó ante el

Tribunal de Primera Instancia una moción de prórroga. No

le asiste la razón. Veamos.

Es importante tener presente que nuestras

expresiones en Bernier González v. Rodríguez Becerra,

supra, pág. 650, con relación a la “moción de prórroga”

que menciona la Regla 4.3 (c) fueron formuladas con el

propósito de armonizar esa expresión con el resto del

texto, que claramente contradice la definición de lo que

constituye una prórroga en sí. En particular, el texto

de la Regla 4.3 (c) señala que “[s]i el

Secretario o Secretaria no los expide el mismo día, el

tiempo que se demore será el mismo tiempo adicional que

los tribunales otorgarán para diligenciar los

emplazamientos una vez la parte demandante haya

presentado de forma oportuna una solicitud de prórroga”.

Entonces, en Bernier González v. Rodríguez Becerra,

supra, explicamos que, si no se ha de otorgar tiempo

adicional porque lo que señala la Regla 4.3 (c) en

realidad es que no se le reste (injustamente) el tiempo

que tardó la Secretaría en expedirlos, pues, por

consiguiente, de lo que habla la Regla 4.3 (c) no puede

ser de una prórroga. Nótese que, mientras la Secretaría

no expida el emplazamiento, la parte demandante no tiene CC-2020-0003 9

nada que diligenciar. En consecuencia, sería improcedente

descontarle tiempo alguno.

De no haberse interpretado como se hizo, el texto

de la Regla 4.3 (c) resultaba contradictorio porque

aludía a una “solicitud de prórroga”, la cual por

definición conlleva la dilatación de un término que ya

está transcurriendo y con el cual no se va a poder

cumplir, mientras que la propia Regla 4.3 (c) reconoce

que el término comenzará a transcurrir cuando se expidan

los emplazamientos.

Así, en Bernier González v. Rodríguez Becerra,

supra, no solo armonizamos el texto de la Regla 4.3 (c),

sino que también establecimos que el demandante no puede

cruzarse de brazos ante una demora irrazonable de la

Secretaría a la hora de expedir los emplazamientos. Por

ello, allí señalamos que “los demandantes no pueden

cruzarse de brazos y dejar que transcurra un periodo

irrazonable para presentar la moción”.13

En contexto con lo anterior, en Sánchez Ruiz v.

Higuera Pérez, supra, señalamos que el término de 120

días para emplazar comienza a transcurrir cuando la

Secretaría del tribunal expide los emplazamientos, ya sea

que tal expedición ocurra motu proprio o ante una

solicitud de la parte demandante.

Así, queda claro que, si la Secretaría del tribunal

no expide los emplazamientos el mismo día en que se

presenta una demanda, pero luego motu proprio si los

13 Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra, pág. 650. CC-2020-0003 10

expide, el término de 120 días para diligenciar comenzará

a transcurrir desde la expedición.

Nótese que en el caso de Bernier González v.

Rodríguez Becerra, supra, no pautamos que ante la

ausencia de una moción solicitándole a la Secretaría que

expida los emplazamientos tuviera el efecto

de provocar que el término de 120 días comenzara a

decursar desde la presentación de la demanda. Reiteramos

que sin la expedición de los emplazamientos el demandante

no tiene nada que diligenciar.

Establecer que en aquellos casos en que la

Secretaría del foro de instancia no haya expedido los

emplazamientos al momento de la presentación de la

demanda, el demandante deberá, para poder preservar para

sí íntegramente los 120 días que le concede la

Regla, haber cumplido con presentar una moción

solicitando que se expidan los emplazamientos, no

solamente no se ajusta a la manera en que hemos

interpretado ese texto, sino que tiene un alto riesgo de

provocar una situación injusta y que choca con la

intención del estatuto. Nos explicamos.

Ante el escenario en que la Secretaría del tribunal

de instancia no expida los emplazamientos el mismo día en

que se presentó la demanda, sino por ejemplo 3 días

después, la parte demandante no contará con el término de

120 días para emplazar expresamente estatuidos por el

Legislador en la Regla 4.3 (c), sino con 117. Ello, por

el mero hecho de que la Secretaría expidió los CC-2020-0003 11

emplazamientos luego de la presentación de la demanda,

pero antes de que probablemente la parte demandante haya

tenido el tiempo de “cumplir” con el requisito de

presentar la moción solicitando que se expidan los

emplazamientos.

En otras palabras, si la parte tiene la suerte de

que la Secretaría le expida los emplazamientos el mismo

día, esta contará con los 120 días que establece la

Regla 4.3 (c). Sin embargo, si no se los expiden el mismo

día, pero sí en un tiempo lo suficientemente corto como

para que al abogado de la parte demandante no le dé

tiempo a presentar la moción, entonces esos días, ya sean

-por ejemplo- uno, dos, tres, cuatro o cinco, habría que

descontárselos de los 120 días que la Regla 4.3 (c) le

provee. Por consiguiente, lo anterior provocaría que,

como una práctica sabia, segura, en el mejor beneficio de

sus clientes y como única manera para que una parte pueda

preservar de forma íntegra los 120 días que le otorga la

Regla 4.3 (c), los abogados al acudir a la Secretaría a

presentar las causas de acción junto con los

emplazamientos tendrían que llevar consigo también una

moción para que Secretaría expida los emplazamientos ante

la posible y especulativa tardanza en la expedición de

estos. Ello, no solo inundaría nuestras secretarías de

mociones solicitando que se expidan los emplazamientos

con cada causa de acción que se presente, sino que

constituye un gasto y esfuerzo adicional innecesario

pues, como ya implicamos, tal moción solo se justifica en CC-2020-0003 12

el escenario de una tardanza irrazonable en la expedición

de los emplazamientos.

Con el marco de referencia antes expuesto, vemos

que surge del expediente que el recurrido presentó la

demanda el 22 de octubre de 2018 y no fue hasta el 30 de

octubre que la Secretaría del tribunal expidió el

emplazamiento para que pudiera ser diligenciado por el

recurrido. Una vez el recurrido obtuvo el emplazamiento

expedido por la Secretaría, procedió a diligenciarlo

logrando emplazar personalmente al peticionario el 25 de

febrero de 2019. Esto es, 118 días después de que

Secretaría expidiera y viabilizara el diligenciamiento

del emplazamiento. En consecuencia, el emplazamiento fue

oportuno.

Por todo lo antes expuesto, resolvemos que -ante el

escenario particular en que la Secretaría del tribunal no

expide los emplazamientos el mismo día en que se presentó

la demanda, pero luego motu proprio los expide- el término

de 120 días para emplazar comenzará a transcurrir cuando

la Secretaría los expida.

IV

Por todo lo anterior, expedimos el auto de

certiorari, confirmamos -por otros fundamentos- la

sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y

devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para

que actúe de conformidad con lo aquí resuelto. CC-2020-0003 13

Se dictará sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

Por todo lo anterior, expedimos el auto de certiorari, confirmamos -por otros fundamentos- la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para que actúe de conformidad con lo aquí resuelto.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco concurre sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Rivera García concurre con el resultado de la Opinión en el recurso de título por los fundamentos enunciados en la Opinión Disidente en el caso Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637 (2018).

José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo