EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Oficina de Ética Gubernamental Certiorari
Recurrida
2011 TSPR 184 v.
Raquel Concepción Bonilla 183 DPR ____ Peticionaria
Número del Caso: CC - 20 10- 984
Fecha: 9 de diciembre de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan, Panel II
Juez a Ponente: Hon. Carmen A. Pesante Martínez
Abogado de la Parte Peticionaria: Lcdo. José R. Conaway Mediavilla
Abogada s de la Parte Recurrida: Lcda. Sara B. González Clemente Lcda. Massiel Hernández Tolentino
Materia: Violación al Art. 3.2 (h) de la Ley de É tica Gubernamental y al Art. 6(A) del Reglamento de Ética Gubernamental
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones d el Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Oficina de Ética Gubernamental Recurrida v. CC-2010-0984 Certiorari Raquel Concepción Bonilla Peticionaria
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor HERNÁNDEZ DENTON.
San Juan, Puerto Rico, a 9 de diciembre de 2011.
En esta ocasión, nos corresponde determinar si el
concepto de unidad familiar expuesto en el Art. 3.2
(h) de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según
enmendada, Ley de Ética Gubernamental del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 1801
et seq. (Ley de Ética Gubernamental), incluye a
hermanos, hermanas, cuñados o cuñadas. Entendemos
que la definición de unidad familiar que ofrece la
Ley de Ética Gubernamental, supra, es clara y no
incluye a estas personas, salvo que residan
legalmente o dependan económicamente del
funcionario público. Por ello, revocamos al
Tribunal de Apelaciones que confirmó un dictamen de CC-2010-0984 2
la Oficina de Ética Gubernamental (O.E.G.) en el cual no se
consideró esta definición y se le impuso una multa
administrativa a la Sra. Raquel Concepción Bonilla.
I.
La Sra. Raquel Concepción Bonilla ha ocupado diversos
puestos en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
(A.A.A.). Cuando pasó a ser Directora Regional de Recursos
Humanos también laboraban en la A.A.A., su hermana, la Sra.
Keren Concepción Bonilla, su hermano, el Sr. José
Concepción Bonilla, y su cuñado, el Sr. José Pérez Adames.
La señora Keren Concepción Bonilla laboraba en una
posición que le respondía directamente al puesto del
Director Regional de Recursos Humanos que pasó a ocupar su
hermana. Por ello, con el propósito de evitar un conflicto
de intereses, fue trasladada al puesto transitorio de
Oficinista General I y luego fue nombrada a otras
posiciones. Desde su traslado, la señora Keren Concepción
Bonilla quedó bajo la supervisión de otras personas
distintas a su hermana.
Así las cosas, el 1 de agosto de 2008, se presentó una
querella contra la señora Raquel Concepción Bonilla ante la
O.E.G. en la que se le imputaron varias violaciones a la
Ley de Ética Gubernamental, supra, y al Reglamento de Ética
Gubernamental, Núm. 4827 de 20 de noviembre de 1992, según
enmendado (Reglamento). Tras celebrar la correspondiente
vista administrativa y adoptar el informe de la Oficial CC-2010-0984 3
Examinadora, dicha agencia determinó que la señora Raquel
Concepción Bonilla, en su desempeño como Directora Regional
de Recursos Humanos, había participado en varias
transacciones de personal de su hermana, hermano y cuñado,
en violación al Art. 3.2 (h) de la Ley de Ética
Gubernamental, supra. Por esta razón, también determinó que
ésta había violado el Art. 6 (A)(2), (4) y (6) del
Reglamento, supra. En virtud de lo anterior, la O.E.G.
emitió una resolución en la cual le impuso una multa
administrativa de cinco mil dólares a la señora Raquel
Concepción Bonilla.
En específico, la O.E.G. razonó que fueron actos
éticamente conflictivos, respecto a su hermana, el firmar
sus traslados y nombramientos, notificárselos por escrito,
participar del proceso de reclasificación, revisar la fecha
de efectividad de las reclasificaciones, entre otras
transacciones de personal. Con relación al cuñado, la
O.E.G. entendió que también existió conflicto al registrar
su salario, nombrarlo al puesto de Operador Planta
Acueductos I y notificárselo por escrito. Finalmente, se
le imputó como otra infracción adicional la validación de
una solicitud de licencias sometida por su hermano. Esto,
pues según la agencia, la peticionaria debió inhibirse de
participar en cualquier transacción de personal relacionada
con estos familiares.
Inconforme y tras varios trámites procesales, la señora
Raquel Concepción Bonilla compareció oportunamente ante el CC-2010-0984 4
Tribunal de Apelaciones para revisar la resolución del foro
administrativo. Allí planteó que dicho foro erró al
determinar que en el ejercicio de deberes ministeriales y
administrativos se cometieron actos contrarios a la Ley de
Ética Gubernamental y a su Reglamento; al no aplicar la
defensa de honesto error de juicio; al emitir una orden
final fuera del término provisto por la Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme; y al imponer una
multa excesiva.
El foro apelativo intermedio confirmó el dictamen por
entender que existe una prohibición clara en nuestro
ordenamiento jurídico que impide que los funcionarios
públicos tengan participación en asuntos que involucren a
un familiar. Por ello determinó, al igual que el foro
administrativo, que la señora Raquel Concepción Bonilla
debió inhibirse de todas las cuestiones relacionadas con
sus familiares para evitar cualquier conflicto de
intereses; que estaba impedida de presentar la defensa de
error de juicio por no presentarla en el foro recurrido;
que era razonable la cantidad de la multa administrativa; y
que había consentido a la demora de la agencia al no
solicitar un mandamus o la desestimación del caso.
Por tal razón, la peticionaria acudió ante nos mediante
certiorari. Alegó que incidió el foro apelativo intermedio
al confirmar que el ejercicio de deberes puramente
ministeriales y administrativos pueden ser considerados
como actos constitutivos de violación a la Ley de Ética CC-2010-0984 5
Gubernamental y su Reglamento; al no aplicar la defensa de
error honesto de juicio; y al expedir una orden final fuera
del término provisto para ello. Por último, nos solicita
que revoquemos al Tribunal de Apelaciones y dictemos todo
lo que proceda en derecho.
Se expidió el recurso de certiorari y, tras varias
incidencias procesales, ambas partes presentaron sus
alegatos. Contando con su comparecencia, procedemos a
resolver.
II.
La Ley de Ética Gubernamental, supra, y su Reglamento,
supra, tienen el propósito principal de que los
funcionarios y empleados del servicio público mantengan
principios del más alto grado de honestidad, integridad,
imparcialidad y conducta para garantizar el funcionamiento
de las instituciones gubernamentales y conservar la
confianza de los ciudadanos en su gobierno. Véanse
Exposición de Motivos de la Ley de Ética Gubernamental,
supra; Art. 2 del Reglamento, supra. Cónsono con ese fin,
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Oficina de Ética Gubernamental Certiorari
Recurrida
2011 TSPR 184 v.
Raquel Concepción Bonilla 183 DPR ____ Peticionaria
Número del Caso: CC - 20 10- 984
Fecha: 9 de diciembre de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan, Panel II
Juez a Ponente: Hon. Carmen A. Pesante Martínez
Abogado de la Parte Peticionaria: Lcdo. José R. Conaway Mediavilla
Abogada s de la Parte Recurrida: Lcda. Sara B. González Clemente Lcda. Massiel Hernández Tolentino
Materia: Violación al Art. 3.2 (h) de la Ley de É tica Gubernamental y al Art. 6(A) del Reglamento de Ética Gubernamental
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones d el Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Oficina de Ética Gubernamental Recurrida v. CC-2010-0984 Certiorari Raquel Concepción Bonilla Peticionaria
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor HERNÁNDEZ DENTON.
San Juan, Puerto Rico, a 9 de diciembre de 2011.
En esta ocasión, nos corresponde determinar si el
concepto de unidad familiar expuesto en el Art. 3.2
(h) de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según
enmendada, Ley de Ética Gubernamental del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 1801
et seq. (Ley de Ética Gubernamental), incluye a
hermanos, hermanas, cuñados o cuñadas. Entendemos
que la definición de unidad familiar que ofrece la
Ley de Ética Gubernamental, supra, es clara y no
incluye a estas personas, salvo que residan
legalmente o dependan económicamente del
funcionario público. Por ello, revocamos al
Tribunal de Apelaciones que confirmó un dictamen de CC-2010-0984 2
la Oficina de Ética Gubernamental (O.E.G.) en el cual no se
consideró esta definición y se le impuso una multa
administrativa a la Sra. Raquel Concepción Bonilla.
I.
La Sra. Raquel Concepción Bonilla ha ocupado diversos
puestos en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
(A.A.A.). Cuando pasó a ser Directora Regional de Recursos
Humanos también laboraban en la A.A.A., su hermana, la Sra.
Keren Concepción Bonilla, su hermano, el Sr. José
Concepción Bonilla, y su cuñado, el Sr. José Pérez Adames.
La señora Keren Concepción Bonilla laboraba en una
posición que le respondía directamente al puesto del
Director Regional de Recursos Humanos que pasó a ocupar su
hermana. Por ello, con el propósito de evitar un conflicto
de intereses, fue trasladada al puesto transitorio de
Oficinista General I y luego fue nombrada a otras
posiciones. Desde su traslado, la señora Keren Concepción
Bonilla quedó bajo la supervisión de otras personas
distintas a su hermana.
Así las cosas, el 1 de agosto de 2008, se presentó una
querella contra la señora Raquel Concepción Bonilla ante la
O.E.G. en la que se le imputaron varias violaciones a la
Ley de Ética Gubernamental, supra, y al Reglamento de Ética
Gubernamental, Núm. 4827 de 20 de noviembre de 1992, según
enmendado (Reglamento). Tras celebrar la correspondiente
vista administrativa y adoptar el informe de la Oficial CC-2010-0984 3
Examinadora, dicha agencia determinó que la señora Raquel
Concepción Bonilla, en su desempeño como Directora Regional
de Recursos Humanos, había participado en varias
transacciones de personal de su hermana, hermano y cuñado,
en violación al Art. 3.2 (h) de la Ley de Ética
Gubernamental, supra. Por esta razón, también determinó que
ésta había violado el Art. 6 (A)(2), (4) y (6) del
Reglamento, supra. En virtud de lo anterior, la O.E.G.
emitió una resolución en la cual le impuso una multa
administrativa de cinco mil dólares a la señora Raquel
Concepción Bonilla.
En específico, la O.E.G. razonó que fueron actos
éticamente conflictivos, respecto a su hermana, el firmar
sus traslados y nombramientos, notificárselos por escrito,
participar del proceso de reclasificación, revisar la fecha
de efectividad de las reclasificaciones, entre otras
transacciones de personal. Con relación al cuñado, la
O.E.G. entendió que también existió conflicto al registrar
su salario, nombrarlo al puesto de Operador Planta
Acueductos I y notificárselo por escrito. Finalmente, se
le imputó como otra infracción adicional la validación de
una solicitud de licencias sometida por su hermano. Esto,
pues según la agencia, la peticionaria debió inhibirse de
participar en cualquier transacción de personal relacionada
con estos familiares.
Inconforme y tras varios trámites procesales, la señora
Raquel Concepción Bonilla compareció oportunamente ante el CC-2010-0984 4
Tribunal de Apelaciones para revisar la resolución del foro
administrativo. Allí planteó que dicho foro erró al
determinar que en el ejercicio de deberes ministeriales y
administrativos se cometieron actos contrarios a la Ley de
Ética Gubernamental y a su Reglamento; al no aplicar la
defensa de honesto error de juicio; al emitir una orden
final fuera del término provisto por la Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme; y al imponer una
multa excesiva.
El foro apelativo intermedio confirmó el dictamen por
entender que existe una prohibición clara en nuestro
ordenamiento jurídico que impide que los funcionarios
públicos tengan participación en asuntos que involucren a
un familiar. Por ello determinó, al igual que el foro
administrativo, que la señora Raquel Concepción Bonilla
debió inhibirse de todas las cuestiones relacionadas con
sus familiares para evitar cualquier conflicto de
intereses; que estaba impedida de presentar la defensa de
error de juicio por no presentarla en el foro recurrido;
que era razonable la cantidad de la multa administrativa; y
que había consentido a la demora de la agencia al no
solicitar un mandamus o la desestimación del caso.
Por tal razón, la peticionaria acudió ante nos mediante
certiorari. Alegó que incidió el foro apelativo intermedio
al confirmar que el ejercicio de deberes puramente
ministeriales y administrativos pueden ser considerados
como actos constitutivos de violación a la Ley de Ética CC-2010-0984 5
Gubernamental y su Reglamento; al no aplicar la defensa de
error honesto de juicio; y al expedir una orden final fuera
del término provisto para ello. Por último, nos solicita
que revoquemos al Tribunal de Apelaciones y dictemos todo
lo que proceda en derecho.
Se expidió el recurso de certiorari y, tras varias
incidencias procesales, ambas partes presentaron sus
alegatos. Contando con su comparecencia, procedemos a
resolver.
II.
La Ley de Ética Gubernamental, supra, y su Reglamento,
supra, tienen el propósito principal de que los
funcionarios y empleados del servicio público mantengan
principios del más alto grado de honestidad, integridad,
imparcialidad y conducta para garantizar el funcionamiento
de las instituciones gubernamentales y conservar la
confianza de los ciudadanos en su gobierno. Véanse
Exposición de Motivos de la Ley de Ética Gubernamental,
supra; Art. 2 del Reglamento, supra. Cónsono con ese fin,
hemos expresado que son intolerables los conflictos de
intereses en el servicio público. Oficina de Ética
Gubernamental v. Rafael Cordero Santiago, 154 D.P.R. 827
(2001); O.E.G. v. Rodríguez y otros, 159 D.P.R. 98 (2003).
Por ello, para evitar conflictos de intereses, el Art.
3.2 (h) de dicha Ley, establece que: CC-2010-0984 6
[n]ingún funcionario público podrá intervenir en forma alguna en cualquier asunto en el que él o algún miembro de su unidad familiar tenga un conflicto de intereses. (Énfasis suplido). 3 L.P.R.A. sec. 1822 (h).
Además, nótese que la misma Ley dispone, en su artículo
3.2(g), que el concepto de unidad familiar:
[i]ncluye al cónyuge del funcionario o empleado público, a los hijos dependientes de éste, o aquellas personas que comparten con el servidor público su residencia legal, o cuyos asuntos financieros están bajo el control de jure o de facto del funcionario o empleado público. 3 L.P.R.A. sec. 1802 (g).
Es decir, el Art. 3.2 (h) de la Ley de Ética
Gubernamental, supra, prohíbe la intervención de
funcionarios públicos en asuntos donde un miembro de su
unidad familiar, según descrita en dicha ley, tenga un
conflicto de intereses.
Asimismo, esta definición aparece casi igual en su
reglamento, pues sólo cambia el final por “control legal”
en vez de “control de jure o de facto”. Reglamento Núm.
4827, supra, Art. 3 (q). Es decir, la regla interpretativa
o legislativa de la Ley de Ética Gubernamental, cuyo efecto
también es vinculante, recoge la definición establecida en
la ley. Véanse Sec. 1.3 (l) de la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2102 (l); Mun. de
San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673, 692 (2000).
Más aun, una Opinión del Secretario de Justicia, que
utilizamos por entenderla persuasiva, en una situación en CC-2010-0984 7
la que se analizaba la definición de unidad familiar,
expresa que:
cuando el legislador ha querido distinguir situaciones y circunstancias en el contexto de la Ley Núm. 12 [Ley de Ética Gubernamental], así lo ha hecho expresamente. A modo de ejemplo, por su pertinencia, nuevamente en referencia a la definición de “unidad familiar”, llama la atención que frente a la mención sin condicionar o cualificar del cónyuge del servidor público, se especifica que para estar incluidos en la unidad familiar de ese funcionario o empleado público, respecto a la cual éste debe proveer información financiera, sus hijos deben ser sus dependientes o determinadas personas deben compartir con éste su residencia legal o sus asuntos financieros estar bajo su control legal. P.R. Op. Sec. Just. 1988-41. (Énfasis suplido).
Por su parte, el Art. 6 en sus incisos (A)(2), (4) y
(6) del Reglamento de Ética Gubernamental, supra, dispone
que todo servidor público deberá evitar cualquier acción
que pueda crear la apariencia de dar trato preferencial, de
perder su completa independencia y de afectar adversamente
la confianza del público en la integridad y honestidad de
las instituciones gubernamentales.
No obstante, a tono con todo lo anterior, hemos
expresado que la mera apariencia de conflicto de intereses,
por sí sola, no puede conllevar el que automáticamente se
encuentre a un funcionario público incurso en una violación
ética. Oficina de Ética Gubernamental v. Rafael Cordero
Santiago, supra, a las págs.853-854.
Como vemos, la Ley de Ética Gubernamental, supra, no
proscribe las actuaciones de los funcionarios públicos con CC-2010-0984 8
todo familiar, sino sobre aquellos miembros de la unidad
familiar, según se describe en la propia ley. Es decir, un
conflicto de intereses bajo el Art. 3.2 (h) de la Ley de
Ética Gubernamental, supra, debe analizarse en virtud de
esa definición de unidad familiar.
Del mismo modo, la norma principal de hermenéutica
establece, y así lo hemos reiterado, que cuando la ley es
clara y libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe
ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu.
Art. 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec.
14; Bomberos Unidos v. Cuerpo de Bomberos, 180 D.P.R. 723
(2011); Rojas v. Méndez Co., Inc., 115 D.P.R. 50, 53
(1984).
A la luz de estos preceptos y pronunciamientos, pasemos
a resolver la controversia ante nuestra consideración.
III.
Somos del criterio que la O.E.G. erró en la aplicación
de la Ley de Ética Gubernamental, supra, y su Reglamento,
supra, al ignorar la definición de unidad familiar allí
provista. Por ello, no encontramos necesario discutir los
errores señalados por la peticionaria y procedemos a
conceder el remedio que corresponde.
Como expusimos, la agencia administrativa le imputó a
la señora Raquel Concepción Bonilla infracciones al Art.
3.2 (h) de la Ley de Ética Gubernamental, supra, y como
consecuencia de eso, al Art. 6 (A)(2), (4) y (6) del CC-2010-0984 9
Reglamento, supra. Ello considerando que Keren Concepción
Bonilla, José Concepción Bonilla y José Pérez Adames, son
hermana, hermano y cuñado de Raquel Concepción Bonilla,
respectivamente, pero ignorando la definición de unidad
familiar provista por el legislador. Así, el foro
administrativo entendió que ella debió inhibirse de
participar en cualquier transacción de personal en la que
estuviese envuelto uno de esos parientes para evitar
conflictos de intereses.
Es decir, al llegar a esas conclusiones, la O.E.G.
utilizó aisladamente el Art. 3.2 (h) de la Ley de Ética
Gubernamental, supra, que hace referencia a cualquier
miembro de la unidad familiar. Una vez determinó que se
había violado esa disposición, puesto que la hermana, el
hermano y el cuñado son parte de la unidad familiar,
entonces concluyó que se había infringido el Art. 6 (A)(2),
(4) y (6) del Reglamento, supra.
Para ayudarnos en la aplicación de la Ley de Ética
Gubernamental, supra, el legislador ya definió claramente
el contenido del concepto “unidad familiar”. No podemos
obviar esta definición para hacer un análisis aislado del
artículo 3.2(h) de la Ley. Por ende, la O.E.G. actuó
erróneamente al añadir motu proprio, sin que fuera
necesario, que una hermana, un hermano y un cuñado son
miembros de la referida unidad familiar. CC-2010-0984 10
No nos encontramos ante un caso de interpretación
estatutaria. El Art. 2 (g) de la Ley de Ética
Gubernamental, supra, es claro al delimitar el concepto de
unidad familiar al (1) cónyuge del funcionario o empleado
público, (2) a los hijos dependientes de éste, o (3)
aquellas personas que comparten con el servidor público su
residencia legal, o (4) cuyos asuntos financieros están
bajo el control de jure o de facto del funcionario o
empleado público. No hay duda que de esa definición se
desprende cuáles son los familiares con los que se deben
evitar los conflictos éticos a los que hace referencia el
Art. 3.2 (h) de la Ley de Ética Gubernamental, supra. Es
evidente que no incluye a los hermanos y las hermanas, o a
los cuñados y las cuñadas, a menos que éstos compartan con
el servidor público su residencia legal, o cuyos asuntos
financieros estén bajo el control de jure o de facto del
funcionario o empleado público.
Sin embargo, la determinación de la O.E.G. no hace
referencia a estas dos situaciones de residencia legal o
control de jure o de facto, por lo que al referirse a
familiares o parientes entendemos que se está fundamentando
en los grados de consanguinidad y afinidad. Reiteramos que
los únicos parentescos contemplados en el concepto de
unidad familiar son el cónyuge y los hijos dependientes del
funcionario público.
Por lo tanto, las transacciones de personal realizadas
por la señora Raquel Concepción Bonilla, en su desempeño CC-2010-0984 11
como Directora Regional de Recursos Humanos, fueron con
familiares que no están incluidos en las prohibiciones
establecidas en el Art. 3.2 (h) de la Ley de Ética
Gubernamental, supra. En específico, su hermana, la señora
Keren Concepción Bonilla, su hermano, el señor José
Concepción Bonilla y su cuñado, el señor José Pérez Adames,
no forman parte per se del concepto de unidad familiar que
se menciona en dicho artículo.
Por ello, al aplicar la definición provista en la ley a
los hechos específicos del caso, es forzoso concluir que
tanto la O.E.G. como el Tribunal de Apelaciones erraron al
aplicar el Art. 3.2 (h) de la Ley de Ética Gubernamental,
supra, bajo el fundamento de que los involucrados eran
parientes. Por lo tanto, también erraron al determinar que
por las violaciones a ese artículo de ley también se habían
infringido las disposiciones generales del Art. 6 (A)(2),
Entendemos que la ley es clara y que sólo era necesario
ir a la definición de unidad familiar, allí establecida,
antes de aplicarla. Por lo tanto, nuestras conclusiones en
el día de hoy no consideran la posibilidad de que se haya
incurrido en alguna violación ética en virtud de la
aplicación correcta de la definición de unidad familiar o
de algún otro precepto en la Ley de Ética Gubernamental,
supra. Ello dado que esas no fueron las alegaciones de la
Oficina de Ética Gubernamental. Reiteramos que la mera
apariencia de conflicto de intereses, por el sólo hecho de CC-2010-0984 12
tratarse de actos entre parientes, no puede,
irreflexivamente, catalogarse como una violación ética.
Asimismo, aclaramos que el caso ante nuestra
consideración solamente se limita a la interpretación del
término unidad familiar del inciso (h) del Art. 3.2 de la
Ley de Ética Gubernamental, supra. Las expresiones aquí
vertidas no deben interpretarse como un menoscabo al
alcance del inciso (i) del artículo 3.2 de la Ley de Ética
Gubernamental, supra. Ello, pues la querella presentada
contra la señora Raquel Concepción Bonilla fue enmendada,
por la propia Oficina de Ética Gubernamental, a fin de
retirar las imputaciones relacionadas con el artículo 3.2
(i).
IV.
Por los fundamentos que anteceden, se revoca la
Sentencia del Tribunal de Apelaciones y se desestima la
querella presentada ante la Oficina de Ética Gubernamental
que sirvió de base para la multa administrativa impuesta a
la señora Raquel Concepción Bonilla.
Se dictará sentencia de conformidad.
Federico Hernández Denton Juez Presidente EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Oficina de Ética Gubernamental Recurrida v. CC-2010-0984 Certiorari Raquel Concepción Bonilla Peticionaria
SENTENCIA San Juan, Puerto Rico, a 9 de diciembre de 2011. Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia, se revoca la Sentencia del Tribunal de Apelaciones y se desestima la querella presentada ante la Oficina de Ética Gubernamental que sirvió de base para la multa administrativa impuesta a la señora Raquel Concepción Bonilla.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal. El Juez Asociado señor Rivera García concurre sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo