Oficina De ética Gubernamental v. Julissa Jorge Rivera
Opinion
Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES
PANEL ESPECIAL
Certiorari, se acoge
como REVISIÓN
OFICINA DE ÉTICA ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL procedente de la Oficina de Ética
Recurrida Gubernamental
TA2026RA00233 Caso Núm.
V. 23-57 antes
TA2026CE00538 Sobre: Violación al JULISSA JORGE RIVERA Art. 4.2(B), (G) y (H)
de la Ley Orgánica de
Recurrente la Oficina de Ética Gubernamental de
PR, Ley Núm. 1 del 3
de enero de 2012,
según enmendada
Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la Juez Barresi Ramos y la Jueza Aldebol Mora.1
Rodríguez Casillas, juez ponente.
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2026.
Procedemos a desestimar el recurso de revisión judicial de epígrafe por recurrir de una Orden que no dispone de la totalidad de la querella.
-I-
Al examinar el recurso de revisión judicial de epígrafe,2 y la Moción en Auxilio de Jurisdicción en que se Solicita la Paralización de los Procedimientos Administrativos,3 presentados por la parte Recurrente, Julissa Jorge Rivera, nos damos cuenta que debemos desestimarlos por tratarse de una Orden interlocutoria. La misma
1 Panel especial conforme a la Orden Administrativa OATA-2026-056 emitida el
18 de mayo de 2026, que designa a la Juez Aldebol Mora en sustitución de la Jueza Santiago Calderón. 2 El 30 de abril de 2026 se presentó erróneamente este recurso como un Certiorari
(TA2026CE00538), por lo cual, el 5 de mayo de 2026, lo acogimos como uno de revisión administrativa (TA2026RA00233). 3 Presentado hoy 15 de mayo de 2026. Cabe mencionar, que en la misma fecha,
se presentó una Moción Aclaratoria y Solicitando Sustitución de Documento en Récord.
fue emitida por la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, el 1 de abril de 2026,4 la cual, denegó una solicitud de sentencia sumaria y la oposición a solicitud de adjudicación sumaria de la Oficina de Ética Gubernamental de PR presentadas por la parte Recurrente. En esencia, la Orden recurrida no es final.
-II-
A.
La Ley de la Judicatura de 2003 establece la facultad revisora de este Tribunal de Apelaciones.5 Por lo que en el ámbito administrativo, la referida ley nos limita a examinar órdenes o resoluciones finales. En particular, el inciso (c) del Artículo 4.006, dispone que el Tribunal de Apelaciones conocerá: “[m]ediante recurso de revisión judicial, que se acogerá como cuestión de derecho, de las decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o agencias administrativas”.6 De igual modo, la Regla 56 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones limita nuestra jurisdicción revisora a determinaciones administrativas finales
Esta parte gobernará el trámite de las revisiones de todos los recursos instados ante el Tribunal de Apelaciones para la revisión de las decisiones, los reglamentos, las órdenes, las resoluciones y las providencias finales dictadas por organismos o agencias administrativas o por sus funcionarios o funcionarias, ya sea en su función adjudicativa o cuasi legislativa, conforme lo dispuesto en ley.7
Por otra parte, la Sec. 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) establece claramente que la agencia deberá emitir una orden o resolución final para que pueda ser objeto
4 Notificada el mismo día. 5 Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm.
201-2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 24 et seq. 6 4 LPRA sec. 24y. Énfasis suplido. 7 Regla 56 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, según enmendada, In Re
Abrob. Enmdas. Reglamento TA, 2025 TSPR 141, pág. 80, 216 DPR __ (2025). Énfasis suplido.
de revisión judicial en este Tribunal de Apelaciones.8 A esos fines, dispone:
Una parte adversamente afectada por una orden o resolución final de una agencia y que haya agotado todos los remedios provistos por la agencia o por el organismo administrativo apelativo correspondiente podrá presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones dentro de un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o resolución final de la agencia […].9
Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido una “orden o resolución final” de una agencia administrativa, como aquella que dispone del caso ante la agencia y tiene efectos de adjudicación y dispositivos sobre las partes.10 “Se trata de la resolución que culmina en forma final el procedimiento administrativo respecto a todas las controversias ”.11 Por otra parte, cabe indicar que, para que una orden o resolución administrativa se considere final, debe contener determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. En lo pertinente, la Sec. 3.14 de la LPAU dispone:
La orden o resolución deberá incluir y exponer separadamente determinaciones de hecho si éstas no se han renunciado, conclusiones de derecho, que fundamentan la adjudicación, [y] la disponibilidad del recurso de reconsideración o revisión según sea el caso. La orden o resolución deberá ser firmada por el jefe de la agencia o cualquier otro funcionario autorizado por ley.12
Así, nuestra jurisprudencia ha sido muy clara en sus explicaciones con respecto a cuándo una resolución u orden administrativa es final —y por tanto revisable—. A saber:
La [LPAU] contiene una descripción de lo que tiene que incluir una orden o resolución final; esto es, requiere que incluya unas determinaciones de hecho, las conclusiones de derecho de la decisión, una advertencia sobre el derecho a solicitar una reconsideración o revisión judicial, según sea el caso, y la firma del jefe de la agencia o de cualquier otro funcionario autorizado por ley.13
8 Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley
Núm. 38-2017, según enmendada, 3 LPRA sec. 9601 et seq. 9 3 LPRA sec. 9672. Énfasis suplido. 10 Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, 168 DPR 527, 545 (2006). 11 Íd. 12 3 LPRA sec. 9654. Énfasis suplido. 13 ARPe v. Coordinadora, 165 DPR 850, 867 (2005).
B.
Por otra parte, es norma reiterada en nuestro ordenamiento que “los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que no tienen discreción para asumir jurisdicción allí donde no la tienen”.14 La jurisdicción se refiere a la capacidad que tiene un tribunal para atender y resolver controversias sobre determinado aspecto legal.15 Ante la falta de jurisdicción, el tribunal debe así declararlo y proceder a la desestimación del recurso, toda vez que cualquier sentencia dictada sin jurisdicción es nula en derecho, pues la ausencia de jurisdicción es insubsanable.16 Un recurso tardío, al igual que uno prematuro, “adolece del grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se recurre”, por lo que debe ser desestimado.17 Esto, por razón de que su presentación carece de eficacia y no produce efecto jurídico alguno, dado que no existe autoridad judicial para acogerlo.18 En consecuencia, la Regla 83(B)(1) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones nos autoriza a desestimar un recurso a instancia de parte o por iniciativa propia, cuando carezcamos de jurisdicción para atenderlo.19
14 Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 250 (2012); SLG Szendrey- Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). 15 Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014). 16 Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 123 (2012). 17 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); SLG Szendrey-
Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883. 18 Íd. 19 En particular, la referida Regla 83 del reglamento de este tribunal dispone, en
lo pertinente:
(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la desestimación de un recurso por los motivos siguientes:
(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;
...
(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá desestimar un recurso de apelación o denegar un auto discrecional por cualquiera de los motivos consignados en el inciso (B)
precedente.
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