ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL IV
OFICINA DE ÉTICA REVISIÓN GUBERNAMENTAL ADMINISTRATIVA procedente de Recurrido Oficina de Ética Gubernamental v. TA2025RA00257 Caso Núm.: JORGE LUIS GONZÁLEZ 25-39 OTERO Sobre: Recurrente Violación a los incisos (b) y (r) del Artículo 4.2 de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de PR, Ley 1-2012, según enmendada.
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Martínez Cordero.
Bonilla Ortiz, Juez Ponente
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de noviembre de 2025.
Comparece ante este foro el Sr. Jorge Luis González
Otero (señor González o “el recurrente”) y solicita que
revisemos una Orden enmendada y emitida por la Oficina
de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG o “agencia
recurrida”), notificada el 9 de septiembre de 2025.
Mediante el referido dictamen, la agencia declaró NO HA
LUGAR una Moción de Desestimación presentada por el
recurrente.
Por los fundamentos que expondremos a continuación,
se DESESTIMA el recurso de epígrafe por falta de
jurisdicción. TA2025RA00257 2
I.
El 9 de diciembre de 2024, la Oficina de Ética
Gubernamental presentó una Querella1 por parte del Área
de Investigaciones y Procesamiento Administrativo (AIPA)
de la OEG contra el señor González en el ejercicio de su
cargo como Alcalde del Municipio de Jayuya. En síntesis,
se le imputó violaciones al Artículo 4.2 de la Ley Núm.
1-2012, según enmendada, conocida como la Ley Orgánica
de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, 3
LPRA sec. 1857a, (Ley Núm. 1-2012), en sus incisos (b)
y (r).
La AIPA alegó que el recurrente nombró y mantuvo de
manera ilegal por más de cinco años al Sr. Miguel J.
Figueroa Cancel (señor Figueroa) en el puesto de
Director de Obras Públicas y Control Ambiental del
Municipio, a sabiendas de que el señor Figueroa no
cumplía con los requisitos mínimos para ocupar el puesto
según exige el ordenamiento. Por consiguiente, solicitó
le fuera impuesto una pena de restitución de $24,000.00
dólares y una multa por cada infracción cometida.
El 18 de febrero de 2025, el señor González presentó
su Contestación a Querella2.
Luego de varios tramites procesales, el 22 de mayo
de 2025, el recurrente presentó una Moción de
Desestimación3, por falta de jurisdicción. En esta,
alegó que la AIPA prorrogó los términos de la
investigación sin existir justa causa para ello.
1 Querella, entrada núm. 1 en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), Apéndice 1. 2 Contestación a Querella, entrada núm. 1 en el SUMAC, Apéndice 3. 3 Moción de Desestimación, entrada núm. 1 en el SUMAC, Apéndice 5. TA2025RA00257 3
Posteriormente, el 17 de junio de 2025, la AIPA
presentó su Oposición a Moción de Desestimación4.
Explicó las razones constitutivas de justa causa y por
las cuales la investigadora solicitó las prórrogas
dentro de los términos establecidos.
El 14 de julio de 2025, la Agencia recurrida señaló
vista evidenciaría para el 18 de agosto de 2025, para
que las partes tuviesen la oportunidad de realizar una
divulgación completa de todos los hechos relacionados
con la existencia o inexistencia de justa causa para que
la OEG autorizara las prórrogas de la investigación
sobre los hechos del caso.
Luego de la vista evidenciaria, el 3 de septiembre
de 2025, siendo notificada el 5 de septiembre de 2025,
el foro administrativo dictó una Orden5 en la que declaró
NO HA LUGAR a la Moción de Desestimación presentada por
el señor González. En esta, concluyó que existía justa
causa para prorrogar los términos investigativos.
Posteriormente, el 9 de septiembre de 2025, la OEG
notificó una Orden Enmendada6 en la cual sostuvo su
dictamen del 3 de septiembre de 2025.
Inconforme con la determinación, el 29 de
septiembre de 2025, el recurrente presentó ante nuestro
foro revisor un Recurso de Revisión Judicial7 junto a
una Moción de Auxilio de Jurisdicción8. El señor
González señala la comisión de los siguientes errores
por parte del foro administrativo:
ERRÓ LA OFICINA DE ÉTICA GUBERNAMENTAL DE PUERTO RICO AL DENEGAR LA MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN PRESENTADA POR LA PARTE
4 Oposición a Moción de Desestimación, entrada núm. 1 en el SUMAC, Apéndice 6. 5 Orden, entrada núm. 1 en SUMAC, Apéndice 11. 6 Orden Enmendada, entrada núm. 1 en SUMAC, Apéndice 2. 7 Revisión Judicial, entrada núm. 1 en SUMAC. 8 Moción de Auxilio de Jurisdicción, entrada núm. 2 en SUMAC. TA2025RA00257 4
QUERELLANTE Y ENTENDER QUE EXISTIÓ JUSTA CAUSA PARA QUE LA OEG PRORROGARA LOS TÉRMINOS DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR Y EXHAUSTIVA POR MÁS DE DOS AÑOS Y NO DESESTIMAR LA QUERELLA POR FALTA DE JURISDICCIÓN.
El 29 de septiembre de 2025 emitimos una Resolución
declarando NO HA LUGAR la Moción de Auxilio de
Jurisdicción. En la misma fecha, emitimos una segunda
Resolución, mediante la cual se le concedió a la agencia
recurrida un término de treinta (30) días para oponerse
y expresarse sobre los méritos del recurso.
El 30 de septiembre de 2025, el señor González
presento Urgente Moción de Reconsideración. En la cual,
reiteró su solicitud de paralización del procedimiento
administrativo.
No obstante, el 21 de octubre de 2025, emitimos una
Resolución, denegando la moción de reconsideración.
El 29 de octubre de 2025, la OEG presentó una Moción
en Solicitud de Desestimación del Recurso de Revisión
Judicial por Falta de Jurisdicción. En esencia, sostuvo
que no habían emitido una determinación final en el caso
administrativo en contra del recurrente, sino que se han
limitado a emitir determinaciones interlocutorias.
Siendo una de ellas, la Orden recurrida, la cual no es
revisable mediante un recurso de revisión judicial. Por
lo que, procedía desestimar el recurso por falta de
jurisdicción.
El 30 de octubre de 2025, el señor González presentó
una Moción en Solicitud de Término.
El 31 de octubre de 2025, emitimos una Resolución
en la cual se declaró No Ha Lugar a las mociones
presentadas por las partes. TA2025RA00257 5
Así las cosas, en la misma fecha, el recurrente
presentó una Moción en Solicitud de Orden. En la cual,
solicitó se emitiera una orden dando por sometido el
caso.
De otra parte, la OEG presentó una Moción Urgente
en Solicitud de Aclaración. Solicitó fuera aclarada la
Resolución declarando No Ha Lugar las mociones
presentadas por las partes.
dando por perfeccionado el recurso para su oportuna
determinación conforme a Derecho.
Luego de analizar las posturas de las partes, y
tras un estudio detenido del tracto procesal del caso y
la totalidad del expediente, procedemos a disponer de la
controversia.
II.
La jurisdicción ha sido definida como “el poder o
autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos
y controversias”, Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109,
122 (2012). Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que
los tribunales tienen siempre la obligación de ser
celosos guardianes de su propia jurisdicción, toda vez
que incide directamente sobre el poder mismo para
adjudicar una controversia. Íd., págs. 122-123. Así,
cuando un tribunal no tiene autoridad para atender el
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL IV
OFICINA DE ÉTICA REVISIÓN GUBERNAMENTAL ADMINISTRATIVA procedente de Recurrido Oficina de Ética Gubernamental v. TA2025RA00257 Caso Núm.: JORGE LUIS GONZÁLEZ 25-39 OTERO Sobre: Recurrente Violación a los incisos (b) y (r) del Artículo 4.2 de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de PR, Ley 1-2012, según enmendada.
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Martínez Cordero.
Bonilla Ortiz, Juez Ponente
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de noviembre de 2025.
Comparece ante este foro el Sr. Jorge Luis González
Otero (señor González o “el recurrente”) y solicita que
revisemos una Orden enmendada y emitida por la Oficina
de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG o “agencia
recurrida”), notificada el 9 de septiembre de 2025.
Mediante el referido dictamen, la agencia declaró NO HA
LUGAR una Moción de Desestimación presentada por el
recurrente.
Por los fundamentos que expondremos a continuación,
se DESESTIMA el recurso de epígrafe por falta de
jurisdicción. TA2025RA00257 2
I.
El 9 de diciembre de 2024, la Oficina de Ética
Gubernamental presentó una Querella1 por parte del Área
de Investigaciones y Procesamiento Administrativo (AIPA)
de la OEG contra el señor González en el ejercicio de su
cargo como Alcalde del Municipio de Jayuya. En síntesis,
se le imputó violaciones al Artículo 4.2 de la Ley Núm.
1-2012, según enmendada, conocida como la Ley Orgánica
de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, 3
LPRA sec. 1857a, (Ley Núm. 1-2012), en sus incisos (b)
y (r).
La AIPA alegó que el recurrente nombró y mantuvo de
manera ilegal por más de cinco años al Sr. Miguel J.
Figueroa Cancel (señor Figueroa) en el puesto de
Director de Obras Públicas y Control Ambiental del
Municipio, a sabiendas de que el señor Figueroa no
cumplía con los requisitos mínimos para ocupar el puesto
según exige el ordenamiento. Por consiguiente, solicitó
le fuera impuesto una pena de restitución de $24,000.00
dólares y una multa por cada infracción cometida.
El 18 de febrero de 2025, el señor González presentó
su Contestación a Querella2.
Luego de varios tramites procesales, el 22 de mayo
de 2025, el recurrente presentó una Moción de
Desestimación3, por falta de jurisdicción. En esta,
alegó que la AIPA prorrogó los términos de la
investigación sin existir justa causa para ello.
1 Querella, entrada núm. 1 en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), Apéndice 1. 2 Contestación a Querella, entrada núm. 1 en el SUMAC, Apéndice 3. 3 Moción de Desestimación, entrada núm. 1 en el SUMAC, Apéndice 5. TA2025RA00257 3
Posteriormente, el 17 de junio de 2025, la AIPA
presentó su Oposición a Moción de Desestimación4.
Explicó las razones constitutivas de justa causa y por
las cuales la investigadora solicitó las prórrogas
dentro de los términos establecidos.
El 14 de julio de 2025, la Agencia recurrida señaló
vista evidenciaría para el 18 de agosto de 2025, para
que las partes tuviesen la oportunidad de realizar una
divulgación completa de todos los hechos relacionados
con la existencia o inexistencia de justa causa para que
la OEG autorizara las prórrogas de la investigación
sobre los hechos del caso.
Luego de la vista evidenciaria, el 3 de septiembre
de 2025, siendo notificada el 5 de septiembre de 2025,
el foro administrativo dictó una Orden5 en la que declaró
NO HA LUGAR a la Moción de Desestimación presentada por
el señor González. En esta, concluyó que existía justa
causa para prorrogar los términos investigativos.
Posteriormente, el 9 de septiembre de 2025, la OEG
notificó una Orden Enmendada6 en la cual sostuvo su
dictamen del 3 de septiembre de 2025.
Inconforme con la determinación, el 29 de
septiembre de 2025, el recurrente presentó ante nuestro
foro revisor un Recurso de Revisión Judicial7 junto a
una Moción de Auxilio de Jurisdicción8. El señor
González señala la comisión de los siguientes errores
por parte del foro administrativo:
ERRÓ LA OFICINA DE ÉTICA GUBERNAMENTAL DE PUERTO RICO AL DENEGAR LA MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN PRESENTADA POR LA PARTE
4 Oposición a Moción de Desestimación, entrada núm. 1 en el SUMAC, Apéndice 6. 5 Orden, entrada núm. 1 en SUMAC, Apéndice 11. 6 Orden Enmendada, entrada núm. 1 en SUMAC, Apéndice 2. 7 Revisión Judicial, entrada núm. 1 en SUMAC. 8 Moción de Auxilio de Jurisdicción, entrada núm. 2 en SUMAC. TA2025RA00257 4
QUERELLANTE Y ENTENDER QUE EXISTIÓ JUSTA CAUSA PARA QUE LA OEG PRORROGARA LOS TÉRMINOS DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR Y EXHAUSTIVA POR MÁS DE DOS AÑOS Y NO DESESTIMAR LA QUERELLA POR FALTA DE JURISDICCIÓN.
El 29 de septiembre de 2025 emitimos una Resolución
declarando NO HA LUGAR la Moción de Auxilio de
Jurisdicción. En la misma fecha, emitimos una segunda
Resolución, mediante la cual se le concedió a la agencia
recurrida un término de treinta (30) días para oponerse
y expresarse sobre los méritos del recurso.
El 30 de septiembre de 2025, el señor González
presento Urgente Moción de Reconsideración. En la cual,
reiteró su solicitud de paralización del procedimiento
administrativo.
No obstante, el 21 de octubre de 2025, emitimos una
Resolución, denegando la moción de reconsideración.
El 29 de octubre de 2025, la OEG presentó una Moción
en Solicitud de Desestimación del Recurso de Revisión
Judicial por Falta de Jurisdicción. En esencia, sostuvo
que no habían emitido una determinación final en el caso
administrativo en contra del recurrente, sino que se han
limitado a emitir determinaciones interlocutorias.
Siendo una de ellas, la Orden recurrida, la cual no es
revisable mediante un recurso de revisión judicial. Por
lo que, procedía desestimar el recurso por falta de
jurisdicción.
El 30 de octubre de 2025, el señor González presentó
una Moción en Solicitud de Término.
El 31 de octubre de 2025, emitimos una Resolución
en la cual se declaró No Ha Lugar a las mociones
presentadas por las partes. TA2025RA00257 5
Así las cosas, en la misma fecha, el recurrente
presentó una Moción en Solicitud de Orden. En la cual,
solicitó se emitiera una orden dando por sometido el
caso.
De otra parte, la OEG presentó una Moción Urgente
en Solicitud de Aclaración. Solicitó fuera aclarada la
Resolución declarando No Ha Lugar las mociones
presentadas por las partes.
dando por perfeccionado el recurso para su oportuna
determinación conforme a Derecho.
Luego de analizar las posturas de las partes, y
tras un estudio detenido del tracto procesal del caso y
la totalidad del expediente, procedemos a disponer de la
controversia.
II.
La jurisdicción ha sido definida como “el poder o
autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos
y controversias”, Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109,
122 (2012). Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que
los tribunales tienen siempre la obligación de ser
celosos guardianes de su propia jurisdicción, toda vez
que incide directamente sobre el poder mismo para
adjudicar una controversia. Íd., págs. 122-123. Así,
cuando un tribunal no tiene autoridad para atender el
recurso, solo tiene jurisdicción para así declararlo y
desestimar el caso sin entrar en los méritos de la
controversia. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190
DPR 652, 660 (2014).
La ausencia de jurisdicción constituye lo
siguiente: (1) no es susceptible de ser subsanada;
(2) las partes no pueden conferírsela voluntariamente al TA2025RA00257 6
tribunal, ni este puede arrogársela; (3) conlleva la
nulidad de cualquier dictamen emitido; (4) impone a los
tribunales el deber obligatorio de auscultar su propia
jurisdicción; (5) impone a los tribunales apelativos el
deber de examinar la jurisdicción del foro inferior; y
(6) puede presentarse en cualquier etapa del
procedimiento, a instancia de partes o por el propio
tribunal. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR
848, 855 (2009).
De conformidad con lo anterior, la Regla 83 del
Reglamento del Tribunal de Apelaciones, según enmendada,
In re Aprob. Enmdas. Reglamento TA, 2025 TSPR 42, nos
autoriza a desestimar un recurso por falta de
En cuanto a la doctrina de revisión judicial, esta
dispone que los tribunales deben “examinar si las
decisiones de las agencias administrativas fueron hechas
dentro de los poderes delegados y son compatibles con la
política pública que las origina”. Rolón Martínez v.
Caldero López, 201 DPR 26, 35 (2018); Torres Rivera v.
Pol. de Puerto Rico, 196 DPR 606, 625-626 (2016). Es
norma conocida que los tribunales apelativos debemos
otorgar amplia deferencia a las decisiones emitidas por
las agencias administrativas, puesto que estas cuentan
con vasta experiencia y pericia para atender aquellos
asuntos que se les han sido delegados por la Asamblea
Legislativa. Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez
Giraud, 210 DPR 79, 88-89 (2022).
Como norma general, nuestra jurisdicción para
revisar un recurso de revisión judicial se circunscribe
a determinaciones finales de las agencias
administrativas. Así lo prescribe la Ley de la TA2025RA00257 7
Judicatura, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según
enmendada, 4 LPRA sec. 24y, al establecer en su Artículo
4.006(c) que este Foro revisará las decisiones, órdenes
y resoluciones finales de los organismos o agencias
administrativas.
Por otro lado, es conocido que la Ley Núm. 38 del
30 de junio de 2017, 3 LPRA sec. 9604, conocida como
la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del
Gobierno de Puerto Rico (LPAU), aplica a todos los
procedimientos administrativos conducidos ante todas
las agencias que no estén expresamente exceptuados por
dicha ley. Esta ley define una “orden” o “resolución”
como cualquier decisión o acción agencial de aplicación
particular que adjudique derechos u obligaciones de una
o más personas específicas, o que imponga penalidades o
sanciones administrativas. Secc. 1.3(g) de la LPAU, 3
LPRA sec. 9603(g).
Sin embargo, nos encontramos ante una orden o
resolución parcial cuando la acción agencial que
adjudica algún derecho u obligación no pone fin a la
controversia total, sino a un aspecto específico de la
misma. Secc. 1.3(h) de la LPAU, 3 LPRA sec. 9603(h). De
otra parte, una “orden interlocutoria” significa
aquella acción de la agencia en un procedimiento
adjudicativo que disponga de algún asunto meramente
procesal. Secc. 1.3(i) de la LPAU, 3 LPRA sec. 9603(i).
La LPAU dispone que serán revisables por el
Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de revisión,
aquellas ordenes, resoluciones y providencias
adjudicativas finales, 3 LPRA sec. 9672. Una orden o
resolución interlocutoria de una agencia no será
revisable directamente. Secc. 4.2 de la LPAU, 3 LPRA TA2025RA00257 8
sec. 9672. Sin embargo, la disposición interlocutoria de
la agencia podrá ser objeto de un señalamiento de error
en el recurso de revisión de la orden o resolución final
de la agencia. Íd.
Cuando vamos a determinar específicamente qué
constituye una orden o resolución final, la LPAU
establece los siguientes requisitos: (1) que incluya
determinaciones de hecho, (2) conclusiones de derecho,
(3) una advertencia sobre el derecho a solicitar una
reconsideración o revisión judicial según sea el caso y
(4) que la misma esté firmada por el jefe de la agencia
o por cualquier otro funcionario autorizado por ley.
Secc. 3.14 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9654.
Además, la jurisprudencia ha reiterado que, para
que una orden o resolución administrativa sea revisable
judicialmente tiene que cumplir con los siguientes
requisitos: (1) que la resolución que se pretenda
revisar sea final y no interlocutoria; y (2) que la
parte adversamente afectada por la orden haya agotado
los remedios provistos por la agencia. Depto. Educ. v.
Sindicato Puertorriqueño, 168 DPR 527 (2006). De esta
forma se evita una intromisión indebida y a destiempo en
el trámite administrativo por parte de los
tribunales. Comisionado Seguros v. Universal, 167 DPR
21 (2006).
Ahora bien, la Sección 4.3 de la LPAU, 4 LPRA sec.
9673, reconoce varias instancias que permiten preterir
la doctrina de agotamiento de remedios, a saber: (1)
cuando el remedio sea inadecuado; (2) cuando requerir el
agotamiento del remedio resultaría en un daño
irreparable a la parte y en el balance de intereses no
se justifique agotar el remedio; (3) cuando se alegue la TA2025RA00257 9
violación sustancial de derechos constitucionales; (4)
cuando sea inútil agotar los remedios por la dilación
excesiva en los procedimientos; (5) cuando se presente
un caso claro de falta de jurisdicción de la agencia; o
(6) cuando se trate de un asunto estrictamente de derecho
y la pericia administrativa sea innecesaria.
III.
Mediante el recurso de epígrafe, el señor González
solicita que se revise una Orden Interlocutoria emitida
por la OEG. El recurrente sostiene que la OEG no tiene
jurisdicción y que erró al determinar que no procedía la
desestimación de la Querella.
Conforme a la normativa antes expuesta, las órdenes
o resoluciones interlocutorias emitidas por agencias u
organismos administrativos no son susceptibles de ser
revisadas por nuestro foro. Como regla general,
poseemos jurisdicción para revisar órdenes y
resoluciones administrativas finales.9
Según se desprende de la Orden del 5 de septiembre
de 2025 y la Orden Enmendada del 9 de septiembre de 2025,
la cual denegó la solicitud de reconsideración, no
estamos ante una orden o resolución final de la agencia.
Dichas órdenes son determinaciones interlocutorias de la
agencia que no son revisables mediante un recurso de
revisión judicial. Es por ello que, la LPAU le concede
a la parte afectada la facultad de acudir a este Foro,
cuando recurre de una determinación final de la agencia.
9 Sin embargo, por excepción podríamos ejercer nuestra jurisdicción si realmente estuviéramos en un caso de falta de jurisdicción del Foro revisado, pero lo anterior no es el caso aquí. Hemos revisado cuidadosamente las referidas Órdenes de 5 y 9 de septiembre de 2025 y encontramos que se evaluó y encontró justa causa para la prórroga solicitada de 90 días para culminar la investigación. Estas órdenes están bien fundamentadas, puesto que la referida prórroga no fue una automática o sin justificación suficiente. Por ello, no procede ejercer por excepción nuestra jurisdicción ante una alegada falta de jurisdicción, pues ese supuesto no se ha dado en este caso. TA2025RA00257 10
En el caso de autos, la Orden emitida por la OEG no es
una adjudicación en los méritos. Por consiguiente,
concluimos que la misma no es revisable ante este
Tribunal.
IV.
Por los fundamentos antes expuestos, procedemos a
DESESTIMAR el recurso por falta de jurisdicción.
Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la
Secretaria del Tribunal de Apelaciones.
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís Secretaria del Tribunal de Apelaciones