Multinational Life Insurance Company v. Benítez Rivera Y Otros

2015 TSPR 63

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: May 18, 2015
• Docket: CC-2014-306
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Multinational Life Insurance Company Peticionaria

v. Certiorari Carlos M. Benítez Rivera y otros Recurridos 2015 TSPR 63

v. 193 DPR ____

Tobías Carrero Nácar y otros Terceros Demandados

Número del Caso: CC-2014-306

Fecha: 18 de mayo de 2015

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Ramón Rosario Cortés Lcdo. Carlos E. Díaz Olivo Lcdo. Erick Rosado Pérez

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Jesús M. Del Valle Lcdo. Carlos R. Ríos Gautier Lcda. Gladys M. Míguez Corujo

Materia: Corporaciones – Legitimación activa de la corporación y de los accionistas, respectivamente, para instar acciones; indemnización a exdirectores y oficiales por gastos y honorarios de abogados por pleitos instados en su contra.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Multinational Life Insurance Company Certiorari

Peticionaria

v. CC-2014-306

Carlos M. Benítez Rivera y otros

Recurridos

v.

Tobías Carrero Nácar y otros

Terceros Demandados

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2015.

Comparece ante nos Multinational Life Insurance

Company (en adelante, “Multinational Life” o la

“peticionaria”) y solicita que revoquemos una Sentencia

emitida por el Tribunal de Apelaciones. Mediante esta se

confirmó una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia

que desestimó varias causas de acción presentadas por

Multinational Life contra varios ex directores y oficiales

que fungían en tal capacidad mientras la corporación

operaba bajo el nombre de National Life Insurance Company

(en adelante, “NALIC”). CC-2014-306 2

En esta ocasión tenemos la oportunidad de expresarnos

en cuanto a la aplicabilidad de la norma en equidad

establecida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos

en el caso Bangor Punta Operations, Inc. v. Bangor & A.R.

Co., 417 US 703 (1974), ante una acción civil instada por

una corporación contra sus pasados directores y oficiales

por alegados actos fraudulentos y violaciones de ley.

Ello, a su vez, nos permite delimitar las diferencias

entre la legitimación activa de una corporación para

vindicar sus propios intereses y la legitimación activa de

los accionistas para instar acciones derivativas a nombre

de la corporación. Además, la controversia que hoy

atendemos nos brinda la oportunidad de aclarar cuándo una

corporación debe indemnizar a sus ex directores y

oficiales por gastos y honorarios de abogados por pleitos

instados en su contra, conforme a las disposiciones de la

Ley Núm. 164-2009, conocida como Ley General de

Corporaciones, 14 LPRA sec. 3501 et seq.

Veamos los antecedentes de hechos que dieron génesis

a la controversia de autos.

I

Multinational Life comenzó a operar bajo el nombre de

NALIC como una compañía aseguradora incorporada bajo las

leyes del Gobierno de Puerto Rico y cuyas operaciones

datan desde el año 1969. La mencionada compañía

aseguradora se dedicaba a la venta de seguros de vida e

incapacidad y era miembro de un grupo de aseguradoras CC-2014-306 3

(insurance holding company system) 1 cuya compañía matriz

era National Promoters & Service, Inc. (en adelante,

“National Promoters”), que a su vez estaba compuesta de

doce (12) empresas que eran dueñas entre sí, se prestaban

servicios las unas a las otras y eran subsidiarias de un

fideicomiso.

Para el 31 de diciembre de 2010, National Promoters

era dueña del cuarenta y seis punto sesenta y cuatro por

ciento (46.64%) de las acciones de capital de NALIC. De

otra parte, la compañía aseguradora National Insurance

Company (en adelante, “NIC”), quien formaba parte del

grupo de aseguradoras antes mencionado, era dueña del

cuarenta y ocho punto ochenta y uno por ciento (48.81%) de

las acciones de capital de NALIC. El resto de las acciones

de capital de NALIC pertenecían a varios directores y

oficiales de dicha compañía y otras terceras personas.2

Tras una serie de degradaciones de la clasificación

financiera de NIC por parte de la agencia acreditadora

correspondiente, durante el año 2011 la Oficina del

Comisionado de Seguros de Puerto Rico (en adelante, el

“Comisionado de Seguros”) inició un proceso de

rehabilitación de NIC conforme a las disposiciones del

1 La Asociación Nacional de Comisionados de Seguros define insurance holding company system como un grupo de dos (2) o más personas afiliadas entre sí, entre las cuales (1) o más personas se trata de una compañía aseguradora. Insurance Holding Company System Regulatory Act, Sec. 1(D). 2 Por su parte, NALIC era dueña del dieciocho punto noventa por ciento (18.90%) de las acciones de capital de NIC, mientras que National Promoters era la dueña del restante de NIC con un total de ochenta y uno punto diez por ciento (81.10%) de las acciones de capital. CC-2014-306 4

Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 101 et

seq., que culminó en su liquidación.

El 8 de octubre de 2011, la compañía Aseguradora

Ancón, S.A. (en adelante, “Ancón’), una corporación de

Panamá debidamente autorizada a hacer negocios en Puerto

Rico, adquirió de accionistas privados varias acciones de

capital de NALIC. Posteriormente, el 2 de noviembre de

2011, Ancón adquirió del Comisionado de Seguros ciertos

activos de NIC como parte del proceso de liquidación antes

mencionado, los cuales incluían el cuarenta y ocho punto

ochenta y uno por ciento (48.81%) de las acciones de

capital de NALIC. Así las cosas, Ancón advino propietario

del cincuenta por ciento (50%) de las acciones de capital

de NALIC. Finalmente, el 10 de noviembre de 2011, Ancón

compró el cuarenta y siete punto setenta y nueve por

ciento (47.79%) de las acciones de capital de NALIC a

varios accionistas privados, entre los que se encuentran

las corporaciones National Promoters and Service

Corporation, Eagle Star Professional Service, Inc., y CMB,

Inc. Por motivo de lo anterior, Ancón se convirtió en el

propietario del noventa y ocho punto ochenta y tres por

ciento (98.83%) de las acciones de capital de NALIC. Es

importante destacar que durante el mes de diciembre de

2011, fecha posterior a que Ancón se convirtiera en su

accionista mayoritario, NALIC cambió su nombre corporativo

a Multinational Life. CC-2014-306 5

El 27 de marzo de 2012, Multinational Life presentó

una Demanda sobre violaciones de deberes de fiducia, cobro

de dinero, incumplimiento contractual y daños contra los

señores Carlos M. Benítez Rivera (en adelante, “señor

Benítez Rivera”), Edgardo Van Rhyn Soler (en adelante,

“señor Van Rhyn Soler”) y Edgar Rodríguez Gómez (en

adelante, “señor Rodríguez Gómez”), quienes son ex

directores y oficiales de dicha corporación mientras esta

operaba bajo el nombre de NALIC. (en conjunto, los

“recurridos”). 3 En síntesis, Multinational Life alegó,

mediante nueve (9) causas de acción, que mientras fungían

como administradores de NALIC, los recurridos habían

incurrido en varios actos fraudulentos y contrarios al

Código de Seguros de Puerto Rico, infra, y otros

estatutos, los cuales le continúan causando daños a la

empresa al día de hoy.

Luego de varios trámites procesales, el 16 de enero

de 2013, el señor Van Rhyn Soler y su esposa presentaron

una Moción de Sentencia Sumaria, alegando que les asistía

el derecho al adelanto o indemnización de costas, gastos y

honorarios relacionados a la controversia de autos.

Conforme a las alegaciones en dicha solicitud, procedía

dicho adelanto o indemnización al amparo de los estatutos

corporativos de Multinational Life y las disposiciones de 3 También se incluyó como codemandada a la Sra. Carmen Ramírez Girona, esposa del señor Edgardo Van Rhyn Soler, así como a la Sra. Noemi Dominicci Rodríguez, esposa del señor Edgar Rodríguez Gómez. Finalmente, Chartis Insurance (AIG) fue incluida como codemandada por haber expedido pólizas de seguro a favor de los peticionarios mientras estos fungían como directores u oficiales de Multinational Life. CC-2014-306 6

la Ley Núm. 164-2009, supra. A esta solicitud

posteriormente se unieron los señores Benítez Rivera y

Rodríguez Gómez. El 5 de marzo de 2013, Multinational Life

presentó su oposición a que se dictara Sentencia Sumaria

en cuanto a lo anterior.

Por otro lado, el 1 de abril de 2013, el señor Van

Rhyn Soler y su esposa presentaron una Moción de

Desestimación ante el foro primario. En síntesis,

argumentaron que la norma esbozada por el Tribunal Supremo

de los Estados Unidos en el caso de Bangor Punta

Operations, Inc. v. Bangor & A.R. Co., supra, era

aplicable a la controversia de autos, por lo que

Multinational Life carecía de legitimación activa para

instar una acción derivativa en contra de los pasados

directores y oficiales de la corporación. 4 Ello fue objeto

de una oposición por parte de Multinational Life, la cual

fue presentada el 26 de julio de 2013.

El 5 de agosto de 2013, el Tribunal de Primera

Instancia emitió una primera Sentencia Parcial

desestimando siete (7) de las nueve (9) causas de acción

de la Demanda instada por Multinational Life, en las

cuales se reclama por actos anteriores a que Ancón

adviniera propietaria de la empresa. 5 Entendió el foro

4 También se alegó, en la alternativa, que procedía la desestimación de la Demanda debido a que no se incluyó como codemandado a la entidad Option Health Care Network, Inc., parte que alegaron ser indispensable para resolver la controversia. 5 El foro primario desestimó la primera (1ra), segunda (2da), quinta (5ta), sexta (6ta), séptima (7ma), octava (8va) y la novena (9na) causas de acción. CC-2014-306 7

primario que las mencionadas causas de acción no procedían

debido a que se trataba de una acción derivativa y no se

cumplían los requisitos para su procedencia. Además,

estimó que era de aplicación el caso de Bangor Punta

Operations, Inc. v. Bangor & A.R. Co., supra, por lo cual

Multinational Life estaba impedido de entablar tales

reclamaciones contra los recurridos. De otra parte, el 6

de agosto de 2013, el foro primario emitió una segunda

Sentencia Parcial mediante la cual concedió la

indemnización de las costas, gastos y honorarios

reclamados por los recurridos.6

El 3 de septiembre de 2013, Multinational Life

presentó Mociones de Reconsideración y de Determinaciones

de Hechos y Conclusiones de Derecho Adicionales en cuanto

a las dos (2) Sentencias Parciales emitidas por el foro

primario. Multinational Life alegó que el foro primario se

equivocó en cuanto a las conclusiones de hechos y de

derecho que surgían de ambas Sentencias Parciales, así

como que no era de aplicabilidad la doctrina esbozada en

el caso de Bangor Punta Operations, Inc. v. Bangor & A.R.

Co., supra, ya que no se trataba de una acción derivativa

entablada por los accionistas de la corporación. Luego de

6 Luego de emitidas las dos (2) Sentencias Parciales antes mencionadas, el señor Edgar Rodríguez Gómez presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria bajo los mismo términos y una solicitud solicitando que se enmiende la indemnización por gastos y honorarios. Ambas fueron declaradas Con Lugar por el foro primario el 23 de octubre de 2013, desestimando así las mismas causas de acción antes mencionadas en contra del señor Edgar Rodríguez Gómez y concediéndole la indemnización de gastos y honorarios. CC-2014-306 8

considerar lo anterior, el foro primario denegó las

solicitudes el 23 de octubre de 2013.

Así las cosas, el 27 de noviembre de 2013,

Multinational Life presentó dos (2) recursos de apelación

ante el Tribunal de Apelaciones, alegando que se había

equivocado el foro primario al desestimar las causas de

acción y al conceder la indemnización por concepto de

costas, gastos y honorarios a los recurridos. 7 El 6 de

febrero de 2014, el Tribunal de Apelaciones confirmó los

dictámenes del foro primario en toda su extensión. Ante

una oportuna Moción de Reconsideración presentada por

Multinational Life, el Tribunal de Apelaciones emitió una

Sentencia Enmendada mediante la cual reconoció varios

errores en la apreciación de los hechos. No obstante, el

foro apelativo intermedio volvió a confirmar los

dictámenes del foro primario.

Aun inconforme, el 16 de abril de 2014 Multinational

Life presentó el recurso de certiorari que nos ocupa. Como

primer señalamiento de error, Multinational Life alega que

incidió el Tribunal de Apelaciones al confirmar la

aplicación de la doctrina de Bangor Punta Operations, Inc.

v. Bangor & A.R. Co., supra, y lo dispuesto en la Ley Núm.

164-2009, supra, en cuanto a las acciones derivativas. En

la alternativa, Multinational Life alega que aun de

entenderse que aplica la norma de Bangor Punta Operations,

Inc. v. Bangor & A.R. Co., supra, a la controversia de

7 Ambos recursos fueron consolidados por el Tribunal de Apelaciones. CC-2014-306 9

autos, se encuentran presentes sus excepciones según estas

han sido desarrolladas por la jurisprudencia. De otra

parte, como segundo señalamiento de error alega que erró

el foro apelativo intermedio al confirmar la Sentencia

Parcial relacionada a la procedencia de la indemnización

de costas, gastos y honorarios a favor de los recurridos.

Finalmente, alega que no concurrieron los requisitos

estatutarios y jurisprudenciales para disponer de ambas

controversias por la vía sumaria.

Con el beneficio de los alegatos de ambas partes, nos

encontramos en posición para resolver el recurso sin

ulterior trámite.

II

A.

Es sabido que las corporaciones son entidades con

personalidad jurídica propia, distinta e independiente a

la de sus dueños, a los que se denominan como accionistas.

C.E. Díaz Olivo, Corporaciones, San Juan, Pubs.

Puertorriqueñas, 2005, págs. 11-12. Véase, además:

Santiago et al. v. Rodríguez et al., 181 DPR 204, 214

(2011). Un accionista puede tratarse de un individuo que

posee acciones de capital de determinada corporación.

Además, nuestro ordenamiento también permite que una

corporación sea accionista de otra, ya que el propio Art.

2.02(d) de la Ley Núm. 164-2009, supra, reconoce que una

corporación ostenta la facultad para adquirir todo tipo de

bienes a su nombre. 14 LPRA sec. 3522(d). Véanse, además: CC-2014-306 10

Díaz Olivo, op. cit., pág. 64; 4 Fletcher, Cyclopedia of

the Law of Corporations, sec. 1393.8

A pesar de que los accionistas de una corporación son

los propietarios de la misma, de ordinario estos no la

dirigen ni la administran. Díaz Olivo, op. cit., pág. 12.

En cambio, los accionistas “seleccionan a un grupo de

personas que se conocen como directores, a quienes les

encomendarán la administración de la entidad”. Íd. Los

directores, a su vez, son los encargados de establecer la

política de la empresa y de designar a un grupo de

personas que se les denomina oficiales, siendo estos

últimos los llamados a ocuparse de los asuntos diarios de

la corporación. Íd. Al momento de llevar a cabo sus

funciones de administradores de la corporación, tanto los

directores como los oficiales deben cumplir con el

principio básico de ejercer sus poderes corporativos y

gerenciales en beneficio de los accionistas a quienes

vienen llamados a responder. Íd., pág. 67. Este principio

general se encuentra estatuido en el Art. 2.03 de la

citada Ley Núm. 164-2009, que establece que los poderes

otorgados a los directores y oficiales deben ejercerse “en

8 Fletcher explica la capacidad de una corporación de adquirir acciones de otra corporación de la siguiente manera:

The power of a corporation to acquire shares in another corporation is generally governed by statute. The Model Business Corporation Act states that, unless the articles of incorporation provide otherwise, every corporation has the power to do all the things necessary or convenient to carry out its business and affairs, including the power to “purchase, receive, subscribe for, or otherwise acquire, own, hold, vote, use, sell, mortgage, lend, pledge or otherwise dispose of, and deal in and with shares or other interest in, or obligations of, any other entity.” 4 Fletcher, Cyclopedia of the Law of Corporations, sec. 1393. CC-2014-306 11

beneficio de los accionistas de la corporación y para la

gestión prudente de sus negocios y asuntos, así como para

la promoción de sus objetivos y propósitos”. 14 LPRA sec.

3523. En este sentido, hemos expresado que los oficiales

[y directores] corporativos tienen “la obligación de velar

por los mejores intereses de la empresa”. Eastern Sands,

Inc. v. Roig Comm. Bank, 140 DPR 703, 717 (1996).

Al ejercer sus poderes gerenciales en beneficio de

los accionistas, los directores y oficiales deben cumplir

con ciertos deberes de fiducia. A su vez, los deberes de

fiducia se dividen entre el deber de diligencia y el deber

de lealtad. Díaz Olivo, op. cit., pág. 103. Para

propósitos de la controversia que hoy tenemos ante nuestra

consideración, basta con recordar que el deber de

diligencia lo encontramos en el Art. 4.03 de la Ley Núm.

164-2009, supra, y se refiere a la atención y el cuidado

que en una posición similar y ante circunstancias análogas

debería exhibir un director u oficial responsable y

competente al ejercer de buena fe su juicio comercial. 14

LPRA sec. 3563. Véase Díaz Olivo, op. cit., pág. 105. Por

otro lado, el deber de lealtad implica que los

administradores habrán de llevar a cabo sus funciones para

el beneficio de la corporación y no para su beneficio

personal. Íd., pág. 117. En cuanto a ello, el Art. 4.04 de

la Ley Núm. 164-2009 dispone que los directores y

oficiales “cuando tengan intereses personales en asuntos

que afecten la corporación, estarán sujetos al deber de CC-2014-306 12

lealtad que les obliga a actuar de forma justa en relación

con los asuntos corporativos”. 14 LPRA sec. 3564.

B.

Cuando los directores u oficiales incumplen con las

obligaciones impuestas por los deberes de fiducia que les

han sido encomendados, estos podrían ser responsables

civilmente por sus actuaciones ante la corporación que

administran. Díaz Olivo, op. cit., pág. 102.

Por un lado, y como corolario de la personalidad

jurídica propia que ostentan, una corporación tiene

capacidad para demandar y ser demandada. Art. 2.02(b) de

la Ley Núm. 164-2009, 14 LPRA sec. 3522(b). Véase Díaz

Olivo, op. cit., pág. 63. Por tal motivo, una corporación

tiene legitimación activa para entablar una acción civil

para resarcir daños ocasionados por terceros, incluyendo

pasados directores y oficiales de la corporación que

incumplen con los deberes de fiducia. 9A Fletcher, op.

cit., sec. 4471 (“A corporation may bring an action

against its officers, agents or members in the same manner

as other individuals”).9

De otra parte, existen situaciones en las cuales los

accionistas –ya sea un individuo o una corporación

actuando como accionista de otra entidad jurídica- desean

llevar acciones civiles a nombre de la corporación en la

9 Sobre este asunto, Fletcher explica que “[a]n existing corporation may sue its officers for breach of contract for mismanagement, negligence and breach of trust resulting in a loss to the corporation, where it is not precluded by laches or estoppel”. 3A Fletcher, op. cit., sec. 1276. CC-2014-306 13

cual poseen un interés propietario. A este tipo de

reclamación se le conoce como una acción derivativa y se

puede definir como una reclamación judicial de una causa

de acción propia de la corporación que es iniciada por sus

accionistas, en casos en los que la propia corporación

falla en reclamar sus derechos contra aquellas personas

que, ya sean externas o internas, le han causado un daño a

la entidad. Díaz Olivo, op. cit., pág. 276. En otras

palabras, se trata de una acción en equidad promovida por

los accionistas en representación de la corporación, con

el propósito de vindicar los intereses de ésta. Íd., pág.

278. Por tal motivo, cualquier remedio o recobro monetario

que se logre a través de una acción derivativa le

pertenece a la corporación y no a los accionistas que la

promovieron. Íd., pág. 276. De ordinario, “los pleitos de

naturaleza derivativa son básicamente pleitos

fundamentados en violaciones a los deberes de fiduciarios

de lealtad y diligencia por parte de los administradores

de la corporación”. Íd., pág. 277.

El Art. 12.06 de la Ley Núm. 164-2009 es el estatuto

que codifica lo relativo a las acciones derivativas en

nuestra jurisdicción y dispone lo siguiente:

En cualquier pleito entablado por un accionista a beneficio de alguna corporación organizada con arreglo a las leyes del Estado Libre Asociado, deberá alegarse en la demanda que el demandante era accionista de la corporación cuando se efectuó la transacción impugnada, o que las acciones le fueron transferidas luego de la transacción por ministerio de ley. 14 LPRA sec. 3786 (Énfasis nuestro). CC-2014-306 14

Como se desprende de la sección de ley citada, para

que proceda una acción derivativa es necesario que el

accionista que la promueve haya sido accionista al momento

en que ocurrieron los hechos sobre los cuales reclama una

causa de acción, o que las acciones le hayan sido

transferidas en una fecha posterior por ministerio de

ley. 10 Este requisito es lo que se conoce como el 11 contemporaneous ownership rule o regla de

contemporaneidad y su propósito original era “evitar la

compra de acciones con la intención de crear la diversidad

en ciudadanía y así establecer una base para la

jurisdicción federal”, sin embargo, hoy día se utiliza

para eliminar lo que conocemos como strike suits. 12 Díaz

10 A pesar de que para efectos de la controversia de autos únicamente es pertinente discutir el mencionado requisito de contemporaneidad, el profesor Díaz Olivo explica que los requisitos para que un accionista pueda instar una acción derivativa son los siguientes:

(1) la corporación debe incluirse como parte demandada; (2) la persona que insta la acción debe haber sido accionista al momento en que ocurrió el daño que reclama, y durante todo el procedimiento; (3) antes de acudir al tribunal, el accionista debe reclamar a los administradores de la corporación que tomen acción sobre el particular; (4) por tratarse de una acción en equidad, el accionista está sujeto a las defensas tradicionales de equidad, como manos limpias, impedimento, incuria y renuncia, entre otras, y (5) el pleito no debe transigirse ni desistirse sin la autorización del tribunal. Díaz Olivo, op. cit., pág. 279.

Explica además que, en el caso de una acción derivativa ante los tribunales federales, “el accionista deberá establecer que representa real y adecuadamente los intereses de los accionistas”. Id. Véase la Regla 23.1 de las Reglas de Procedimiento Civil Federal. 11 Véase 13 Fletcher, op. cit., sec. 5981 (“The contemporaneous ownership rule in most state corporation statutes provides that a shareholder may commence or maintain a derivative proceeding only if the shareholder owned shares at the time of the act or omission complained of or became a shareholder through transfer by operation of law from one who was a shareholder at that time”). 12 Un strike suit ocurre cuando una parte compra acciones de una corporación para propósitos litigiosos. 13 Fletcher, op. cit., sec. 5981.10. CC-2014-306 15

Olivo, op. cit., pág. 279. En el ámbito federal, este

requisito lo podemos encontrar en la Regla 23.1(b)(1) de

las Reglas de Procedimiento Civil Federal.

Con estos principios del Derecho Corporativo en

mente, pasemos a discutir la jurisprudencia federal que

sirvió como fundamento para desestimar las causas de

acción de la controversia de epígrafe.

C.

Según anticipamos, la mayoría de las causas de acción

que forman parte del pleito de epígrafe fueron

desestimadas utilizando como fundamento lo resuelto por el

Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de

Bangor Punta Operations, Inc. v. Bangor & A.R. Co., supra.

Por tal motivo, nos corresponde analizar minuciosamente

las expresiones del Máximo Foro federal para, en primer

lugar, determinar en qué circunstancias aplica la norma en

equidad allí establecida.

En el citado caso, Bangor Punta Operations, Inc. v.

Bangor & A.R. Co., a través de su subsidiaria Bangor Punta

Operations, Inc. (en conjunto, “Bangor”), adquirió el

noventa y ocho punto tres por ciento (98.3%) de Bangor &

Aroostock Railroad Co. (en adelante, “BAR”) en el año

1964. Íd., pág. 705-706. Luego de varios años en los

cuales ejerció el control de la empresa, durante el año

1969 Bangor vendió la totalidad de sus acciones de BAR a

Amoskeag Co. (en adelante, “Amoskeag”), siendo ésta última

entidad quien pasó a ser la administradora de BAR. Íd., CC-2014-306 16

pág. 706. Posteriormente, Amoskeag adquirió acciones

adicionales de BAR, convirtiéndose en el propietario de

más del noventa y nueve por ciento (99%) de las acciones

de dicha entidad. Íd.

En el 1971, BAR y una subsidiaria presentaron una

acción civil contra Bangor ante el Tribunal de Distrito de

los Estados Unidos para el Distrito de Maine. Íd. El

pleito consistía de trece (13) causas de acción mediante

las cuales se alegó violaciones a varios estatutos

federales y estatales y además se alegaba el mal manejo,

la apropiación indebida y el desperdicio de los activos

corporativos de BAR entre el 1960 y el 1967, periodo en el

cual Bangor controlaba BAR. Íd. En síntesis, BAR alegó que

mientras estuvo controlada por Bangor, ésta (1) se

aprovechó de su condición de administrador con el único

propósito de adelantar sus propios intereses, y (2) drenó

los recursos de BAR en violación a la ley y para su propio

beneficio. Íd., pág. 707.

A petición de Bangor, el Tribunal de Distrito

desestimó todas las causas de acción por la vía sumaria.

Íd. Entendió el foro primario federal que aunque la acción

fue promovida como una acción directa de BAR, el verdadero

beneficiario de cualquier remedio lo hubiese sido

Amoskeag, quien había adquirido virtualmente el total

control de BAR mucho después de las alegados actos

fraudulentos cometidos por Bangor. Íd. El Tribunal de

Distrito notó además que no estaba en controversia si CC-2014-306 17

Amoskeag había recibido un valor justo por las acciones

compradas en relación al precio pagado por ellas, así como

tampoco habían alegaciones de que la compraventa de

acciones hubiese estado viciada por fraude o engaño. Íd.,

págs. 707-708. Así las cosas, entendió que cualquier

remedio monetario a favor de Amoskeag constituiría una

ganancia indebida. Íd., pág. 708. Acto seguido, el

Tribunal de Distrito sentenció que Amoskeag tampoco podría

entablar el pleito como una acción derivativa, pues no

cumplía con la regla de contemporaneidad según exigido por

la Regla 23.1 de las Reglas de Procedimiento Civil Federal

y el derecho estatal de Maine. Íd., págs. 708-709.

BAR acudió al Tribunal de Apelaciones de los Estados

Unidos para el Primer Circuito, quien revocó el dictamen

del Tribunal de Distrito. Íd., pág. 709. El Primer

Circuito entendió, inter alia, que debido a que se trata

de una compañía de ferrocarriles, Amoskeag no iba a ser el

único beneficiario de la acción promovida, sino que el

público en general se beneficiaría de permitir que

procediera el pleito contra Bangor. Íd. Conforme al foro

apelativo federal, proteger y fomentar la sana

administración de los servicios públicos era más

importante que cualquier ganancia indebida por parte de

Amoskeag, ello a pesar de estar consciente de que existía

la posibilidad de que cualquier recobro monetario se

utilizara para el beneficio de Amoskeag en lugar de ser

reinvertido para el disfrute del público en general. Íd. CC-2014-306 18

Inconforme con ello, Bangor acudió al Tribunal

Supremo de los Estados Unidos, quien revocó el dictamen

del Primer Circuito. Explicó la más Alta Curia federal que

lo que estaba en controversia era “la aplicabilidad del

principio en equidad establecido de que un accionista no

puede reclamar sobre actos de mala administración

corporativa si adquirió sus acciones de capital de

aquellos que participaron de o consintieron a los actos

alegadamente impropios”. Íd., pág. 710 (Traducción y

énfasis nuestro y citas omitidas). Añadió que este

principio ha sido aplicado con mayor fuerza cuando un

accionista compra todas o sustancialmente todas las

acciones de capital de una corporación de un vendedor a un

precio justo, y posteriormente utiliza la corporación

adquirida para recobrar del vendedor por alegados actos de

mala administración. Íd. (Énfasis nuestro y citas

omitidas).13

Luego de discutir los principios antes mencionados,

el Tribunal Supremo de los Estados Unidos coincidió con el

Tribunal de Distrito en cuanto a que Amoskeag, como

13 En Bangor Punta Operations, Inc. v. Bangor & A.R. Co., 417 US 703, 710-711 (1974), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos enfatizó lo resuelto por el Tribunal Supremo de Nebraska en Home Fire Insurance Co. v. Barber, 67 Neb. 644, 93 N.W. 1024 (Neb. 1903). En ese caso, el Tribunal Supremo de Nebraska entendió que los accionistas de la corporación demandante no habían sufrido daño alguno. Ello debido a que habían adquirido sus acciones de las personas que alegadamente habían incurrido en la mala administración de la corporación con posterioridad a la ocurrencia de las transacciones en controversia, y habían obtenido un precio justo. Así las cosas, cualquier recobro de dinero por parte de los accionistas hubiese constituido una ganancia indebida, ya que les permitiría recobrar una gran parte del precio que acordaron pagar por las acciones de la corporación a pesar de que al negociar ese precio conocían de los alegados actos de mala administración. Además, equivaldría a permitir que los accionistas se lucrasen por motivo de daños causados a otras personas. CC-2014-306 19

propietario de más del noventa y nueve por ciento (99%) de

las acciones de capital de BAR, sería el verdadero

beneficiario de la sentencia que en su día pudiera

dictarse a favor de BAR. Íd., pág. 711. De igual manera,

coincidió con la apreciación de que las acciones de

capital fueron adquiridas por Amoskeag en una fecha lejana

a los actos alegadamente impropios. Íd. El Máximo Foro

federal puntualizó que Amoskeag nunca alegó que hubiera

mediado fraude o engaño en la transacción de compraventa

de acciones, así como tampoco alegó que el valor de las

acciones compradas fuera menor que el precio pagado. Íd.

Consideró importante el hecho de que tampoco se alegó que

Amoskeag hubiese sufrido daño alguno, ni que las

actuaciones corporativas alegadamente impropias tuviesen

un efecto continuado en BAR o en el valor de sus acciones

de capital. Íd. Así las cosas, entendió que lo que en

realidad sucedió en este caso es que Amoskeag, a través de

BAR, lo que en realidad pretendía cobrar eran daños que

Bangor se había ocasionado a sí mismo mientras era dueña y

administradora de BAR, lo que constituiría una ganancia

indebida. Íd., pág. 712. Tomando en cuenta todo lo

anterior, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos

resolvió que Amoskeag no tendría legitimación activa

sostener su reclamación. Íd.

Ahora bien, debido a que las causas de acción en

controversia estaban siendo promovidas por la propia

corporación, entiéndase BAR, quedaba por resolver si los CC-2014-306 20

tribunales podían obviar la ficción corporativa de BAR e

imputarle las causas de acción a Amoskeag. El Tribunal

Supremo de los Estados Unidos resolvió en la afirmativa y

dispuso que “aunque una corporación y sus accionistas se

consideran entidades separadas en la mayoría de los casos,

la forma corporativa puede ser ignorada en el interés de

la justicia cuando está siendo utilizada para derrotar una

firme política pública”. Íd., pág. 713 (Énfasis nuestro y

citas omitidas). Añadió que, en estos casos, se debe

descorrer el velo corporativo y atender la sustancia de la

acción, en lugar de adherirse a las formalidades

corporativas ciegamente. Íd. Por lo tanto, “cuando como

cuestión de equidad los accionistas estén imposibilitados

de mantener una acción por derecho propio, la corporación

también estará imposibilitada”. Íd. Así las cosas, el

Tribunal Supremo de los Estados Unidos concluyó que debido

a que Amoskeag sería el verdadero beneficiario de

cualquier remedio y está impedida de reclamar por cuenta

propia, no puede utilizar la forma corporativa de BAR para

recobrar a lo que no tendría derecho de haber entablado

una acción directa. Íd. 14 Finalmente, reconoció que avalar

14 En cuanto a las causas de acción basadas en las leyes estatales de Maine, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió que tampoco podía sostenerse la reclamación, ya que en dicho estado se había resuelto recientemente que un accionista no tiene legitimación activa si él o el vendedor participó o consintió a los actos alegadamente impropios. Bangor Punta Operations, Inc. v. Bangor & A.R. Co., supra, pág. 714; Forbes v. Wells Beach Casino, Inc., 307 A.2d 210, 223 n. 10 (Me. 1973). Igualmente, Amoskeag tampoco podía llevar el pleito, ya que en Maine estaba reconocido el principio de que se puede obviar la ficción corporativa cuando sea necesario en equidad. Bangor Punta Operations, Inc. v. Bangor & A.R. Co., supra, pág. 714; Bonnar-Vawter, Inc. v. Johnson, 173 A.2d 141, 145 (Me. 1961). CC-2014-306 21

lo resuelto por el Primer Circuito constituiría un

enriquecimiento injusto por parte de Amoskeag, quien no

había sufrido daño alguno. Íd., pág. 715.

El caso de Bangor Punta Operations, Inc. v. Bangor &

A.R. Co., supra, 15 ha sido interpretado por un gran número

de tribunales estatales y federales. No obstante, debido a

que nuestros estatutos corporativos se basan en la Ley

General de Corporaciones de Delaware, 8 Del. C. sec. 101

et seq., la jurisprudencia de los tribunales de Delaware

es altamente persuasiva en nuestra jurisdicción. Véase la

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 164-2009, supra.

Así las cosas, resulta meritorio destacar que en

Delaware se ha reconocido la norma de Bangor Punta

Operations, Inc. v. Bangor & A.R. Co., supra. Tan cercano

como el año siguiente de la decisión del Tribunal Supremo

de los Estados Unidos, la Corte de Cancillería de Delaware

la citó con aprobación en Courtland Manor, Inc. v. Leeds

15 En la Opinión Disidente del caso se explicó, inter alia, que a pesar de que durante el periodo en controversia la gran mayoría de las acciones pertenecieron a Bangor y luego a Amoskeag, también existían accionistas minoritarios que mantuvieron tal condición durante todo el periodo y que hubiesen tenido derecho a reclamarle a la corporación mediante una acción derivativa. Así las cosas, debido a que estos accionistas minoritarios tenían legitimación activa para llevar el pleito, no procedía la desestimación de la demanda por el mero hecho de que Amoskeag era el accionista mayoritario. Bangor Punta Operations, Inc. v. Bangor & A.R. Co., supra, pág. 722 (Op. Disidente del Juez Marshall)(“It is ironic, then, to see the Court adopt a result which bars the corporation itself from bringing a suit which a minority shareholder could have brought in the corporation’s behalf”). La Opinión Disidente también destacó que Amoskeag sí pudo haber sufrido un daño, ya que de la demanda no surge que este tuviera conocimiento de los alegados actos impropios hasta después de consumada la compraventa. Íd., págs. 723-724. Además, entendió que los tribunales pueden ordenar los remedios en equidad que sean necesarios para que los dineros recuperados mediante la demanda sean reinvertidos en BAR para el beneficio de la propia corporación, sus accionistas, acreedores y el público en general, evitando así un enriquecimiento injusto por parte de Amoskeag. Íd., págs. 724-725. CC-2014-306 22

347 A.2d 144 (Del. Ch. 1975). Posteriormente, aunque negó

aplicarla a los hechos particulares ante su consideración,

el Tribunal Supremo de Delaware reconoció que la norma de

Bangor Punta Operations, Inc. v. Bangor & A.R. Co.,

supra, estaba vigente en esa jurisdicción. Lewis v.

Anderson, 477 A.2d 1040, 1050-1051 (Del. 1984) (Citando a

Courtland Manor, Inc. v. Leeds, supra). Luego, en Midland

Food Services, LLC v. Castle Hill Holdings V, LLC, 792

A.2d 920 (Del Ch. 1999), la Corte de Cancillería aplicó la

norma y expresó que

La doctrina de Bangor Punta asegura que un comprador que obtiene un interés mayoritario sobre una corporación, con posterioridad a que posibles reclamaciones surgieran en contra de las personas de las cuales el comprador adquirió sus acciones, no puede utilizar su control sobre la maquinaria corporativa para obligar a la corporación a reclamar las causas de acción directamente. Íd., pág. 929 (Traducción y énfasis nuestro).

De la discusión anterior surgen varios extremos que

son relevantes para resolver la controversia de autos.

Primero, Bangor Punta Operations, Inc. v. Bangor & A.R.

Co., supra, es de aplicación a aquellas controversias en

donde el comprador de las acciones le reclama al vendedor

por alegados actos de mala administración que ocurrieron

previo a la compraventa de acciones. De la jurisprudencia

citada se puede observar que en todos los casos en donde

se aplicó la doctrina se trataba de una acción en contra

de aquellos que les habían vendido las acciones,

independientemente de que hayan formado parte de la

gerencia de la corporación. La Corte de Cancillería de CC-2014-306 23

Delaware lo resumió de la siguiente manera en Midland Food

Services, LLC v. Castle Hill Holdings V, LLC, supra, pág.

930: “the purpose of the [Bangor Punta] Doctrine ... is to

prevent persons from being able to re-trade arms-length

transactions by using the corporation to sue the parties

from whom they obtained their shares”. (Énfasis nuestro).

Además, en Lerman v. Joyce Intern, Inc., 10 F.3d 106, 111

(3er Cir. 1993), el Tribunal de Apelaciones de los Estados

Unidos para el Tercer Circuito reconoció que la norma

únicamente aplica cuando el comprador de las acciones le

reclama al vendedor. A igual conclusión llegó el Quinto

Circuito en Federal Sav. and Loan Ins. Corp. v. Reeves,

815 F.2d 130, 133 (5to Cir. 1987); el Décimo Circuito en

Noland v. Barton, 741 F.2d 315, 317 (10mo Cir. 1984), y el

Séptimo Circuito en Rock River Sav. and Loan Ass’n v.

American States Ins. Co., 594 F.2d 633, 635 (7mo Cir.

1979).

Segundo, un accionista no puede valerse de la ficción

corporativa para reclamar, a modo de una acción

derivativa, lo que no podría reclamar mediante una acción

directa contra el vendedor de las acciones, evitando así

la aplicación de lo esbozado en Bangor Punta Operations,

Inc. v. Bangor & A.R. Co., supra, por lo que en tales

casos procede descorrer el velo corporativo. Véase First

Nat. City Bank v. Banco para el Comercio Exterior de Cuba,

462 US 611, 629-630 (1983) (“We decline to adhere blindly

to the corporate form where doing so would cause such an CC-2014-306 24

injustice”) (Citando a Bangor Punta Operations, Inc. v.

Bangor & A.R. Co., supra, pág. 713); Noland v. Barton,

supra, pág. 317; Courtland Manor, Inc. v. Leeds, supra,

págs. 147-148.

Tercero, existen excepciones a la norma de Bangor

Punta Operations, Inc. v. Bangor & A.R. Co., supra. Una de

ellas es cuando se reclama la existencia de fraude o

engaño en cuanto a los actos alegadamente impropios. Como

expresó la Corte de Cancillería en Midland Food Services

LLC v. Castle Hill Holdings V, LLC, supra, pág. 933,

[T]he Bangor Punta Doctrine does not prevent a party who obtained control of a corporation from a seller from asserting a claim that the sales agreement should be rescinded because the seller defrauded or otherwise wrongfully induced the purchaser to execute the agreement.

Otra excepción a la doctrina es cuando se alega que

el daño causado es uno continuo. 16 Noland v. Barton, supra,

pág. 318.

D.

Debido a que los tribunales recurridos resolvieron a

favor de conceder la indemnización por concepto de costas,

gastos y honorarios a los recurridos, para resolver la

controversia de autos también es necesario que nos

expresemos en cuanto a cuándo procede tal indemnización

por parte de una corporación.

16 No obstante, aclaramos que los tribunales de Delaware no reconocen la excepción del daño continuo. Midland Food Services LLC v. Castle Hill Holdings V, LLC, 792 A.2d 920, 932 (Del. Ch. 1999). CC-2014-306 25

Existen situaciones en las cuales los directores y

oficiales de una corporación podrían ser indemnizados por

los gastos que conllevan las demandas y reclamaciones en

su contra que sean instadas directamente por la

corporación o mediante una acción derivativa, por razón de

las actuaciones y decisiones que toman en cuanto a los

asuntos corporativos que manejan. Díaz Olivo, op. cit.,

págs. 139-140. En su obra, el profesor Díaz Olivo explica

el propósito de la indemnización de los oficiales y

directores de una corporación:

[Se trata] de incentivar a que personas competentes sirvan como oficiales y directores, con la confianza y libertad de que en el desempeño de sus funciones podrán tomar aquellos riesgos e iniciativas que entiendan pertinentes en la búsqueda del bienestar corporativo, sin temer a las repercusiones de tales acciones sobre su persona. Así también, se intenta estimular a los funcionarios corporativos para que resistan y combatan aquellos pleitos y reclamaciones que consideren improcedentes o injustos, con la seguridad de que los gastos en que razonablemente incurran serán cubiertos por la corporación. Íd., pág. 140.

El Art. 4.08 de la Ley Núm. 164-2009, 14 LPRA sec.

3568, es el estatuto que gobierna lo relacionado a tales

indemnizaciones. El profesor Díaz Olivo explica que el

mismo

[E]stablece los parámetros mínimos dentro de los cuales la corporación podrá indemnizar a los funcionarios o agentes por los gastos en que estos incurran al defenderse en procedimientos en su contra como resultado de la posición corporativa que ocupan y por las decisiones que toman en tal capacidad. Díaz Olivo, op. cit., pág. 140. CC-2014-306 26

Nuestro estatuto es similar a la Sec. 145 de la Ley

General de Corporaciones de Delaware, 8 Del. C. sec. 145.

A pesar de que existen algunas diferencias debido a que en

Delaware se ha enmendado dicha disposición legal en varias

ocasiones con posterioridad a la aprobación de nuestro

estatuto local, lo pertinente a la controversia de autos

es virtualmente idéntico en ambas jurisdicciones.

Específicamente, el Art. 4.08(b) de la Ley Núm. 164-2009

dispone lo siguiente:

Una corporación podrá indemnizar a cualquier persona que sea, haya sido o esté bajo amenaza de convertirse en parte en cualquier acción o pleito inminente, pendiente o resuelto, instado por la corporación o instado para proteger los intereses de la corporación para conseguir una sentencia a favor de ella por razón de que la persona sea o haya sido director, oficial, empleado o agente de la corporación, o que esté o hubiese estado en funciones a petición de la corporación como director, oficial, empleado o agente de otra corporación, sociedad, empresa común joint venture, fideicomiso o cualquier otra empresa. 14 LPRA sec. 3568(b).

Como se puede observar, esta disposición legal aplica

a las acciones contra los directores y oficiales que la

corporación insta en su contra de manera directa, así como

a las acciones derivativas instadas por los accionistas de

la corporación. 17 La indemnización a la que se refiere el

Art. 4.08(b) incluye los gastos razonables en los que se

hubieran incurrido tales como costas, gastos y honorarios

de abogados. Íd. Además, no cabe duda de que esta

17 A contrario sensu, el Art. 4.08(a) de la Ley Núm. 164-2009 dispone lo relacionado a acciones contra directores y oficiales que son instadas por terceros ajenos a la corporación. 14 LPRA sec. 3568(a). CC-2014-306 27

disposición aplica a ex directores y oficiales de la

corporación. No obstante, el Art. 4.08(b) es enfático al

expresar que la indemnización solo habrá de proceder si el

director u oficial “actuó de buena fe y de manera que

entendiera razonablemente cónsona con los mejores

intereses de la corporación y no opuestos a ellos”. Íd.

Además, es claro en cuanto a que “no se efectuará ninguna

indemnización con respecto a la reclamación” en aquellos

casos en los que “se haya determinado que tal persona es

responsable ante la corporación”. Íd. Sin embargo, el

mismo estatuto establece una excepción a lo anterior:

[M]ediante solicitud al efecto, el tribunal que entienda en tal acción o pleito determinare que, a pesar de la adjudicación de responsabilidad en contra y en vista de todas las circunstancias del caso, tal persona tiene derecho justo y razonable a ser indemnizada por los gastos que el tribunal determine adecuados y sólo en la medida que dicho tribunal determine”. Íd.

Por su parte, el Art. 4.08(c) de la Ley Núm. 164-2009

añade que cuando el director u oficial hubiese prevalecido

en el pleito, “se le indemnizará por los gastos razonables

incurridos (incluso los honorarios de abogados) por razón

de dicha acción, pleito o procedimiento”. 14 LPRA sec.

3568(c). Es decir, una vez el director u oficial prevalece

en el pleito de manera final y firme, la corporación tiene

la obligación de indemnizarlo por los gastos razonables en

los que hubiese incurrido por motivo del pleito. Díaz

Olivo, op. cit., pág. 143.

También existen circunstancias en las cuales una

corporación puede adelantar el pago de la indemnización a CC-2014-306 28

los directores y oficiales. El Art. 4.08(e) de la Ley Núm.

164-2009 dispone que antes de la resolución final del

pleito

“[L]a corporación podrá pagar por adelantado los gastos incurridos por un oficial o director por razón de la defensa de tal acción, luego de obtener compromiso de pago de parte o nombre de tal director u oficial de que habrá de devolver tal suma si se determina finalmente que no tiene derecho a tal indemnización por parte de la corporación”. 14 LPRA sec. 3568(e) (Énfasis nuestro).

Como se puede observar del texto citado, la

corporación no está obligada a adelantar el pago de la

indemnización, sino que tiene discreción para adelantar el

pago correspondiente siempre y cuando el director u

oficial se obligue a reembolsar la cantidad pagada en caso

de que no prevalezca en la acción instada en su contra.

Otro aspecto sumamente importante de la indemnización

a oficiales y directores de una corporación por los

pleitos instados en su contra surge del Art. 4.08(f) de la

Ley Núm. 164-2009:

No se entenderá que la indemnización y adelanto de gastos que se dispone en esta sección excluye cualquier otro derecho que aquéllos que solicitan la indemnización o adelanto puedan tener al amparo de cualquier estatuto, acuerdo, voto de accionistas o directores no interesados o de cualquier otro modo respecto a sus actuaciones, tanto en su capacidad oficial como en otra capacidad, mientras se hallaban en funciones de tal cargo. 14 LPRA sec. 3568(f) (Énfasis nuestro).18

18 En cuanto a su versión homóloga en Delaware, dicha sección fue enmendada en el año 2009 para añadir que, en caso de que un director u oficial tenga derechos adicionales en cuanto a la indemnización o su adelanto por virtud del certificado de incorporación o los estatutos corporativos, la corporación no puede enmendarlos para eliminar tales derechos de manera retroactiva, a no ser que dicha autorización surja CC-2014-306 29

En otras palabras, los derechos que impone el Art.

4.08 de la Ley Núm. 164, supra, a favor de los directores

y oficiales de una corporación pueden ser extendidos más

allá de lo dispuesto en la ley e incluso restringidos por

virtud de los estatutos corporativos, voto de accionistas

o directores no interesados, o cualquier tipo de acuerdo

entre las partes. Díaz Olivo, supra, pág. 141. A igual

resultado llegó el Tribunal Supremo de Delaware al

interpretar la Sec. 145(f) de la Ley General de

Corporaciones de Delaware, 8 Del. C. 145(f). Hibbert v.

Hollywood Park, Inc., 457 A.2d 339, 344 (Del. 1983) (“The

corporation can also grant indemnification rights beyond

those provided by the statute”). Además, en cuanto al

adelanto de los gastos por concepto de indemnización,

recientemente la Corte de Cancillería reiteró la norma

vigente en Delaware y expresó que

As this Court has held, “[w]hen a corporation agrees to make mandatory the permissive authority to provide advancement and indemnification conferred by Sections 145(a), (b), and (e) of the General Corporation Law, the corporation confers a contractual fee-shifting right on the covered person”. Pontone v. Milso Industries, Corp., 100 A.3d 1023, 1039 (Del. Ch. 2014) (Citando a Danenberg v. Fitracks, Inc., 58 A.3d 991, 996 (Del. Ch. 2012). Véase, además: Stifel Financial Corp. v. Cochran, 809 A.2d 555, 559 (Del. 2002)

Finalmente, el Art. 4.08(k) de la Ley Núm. 164-2009,

supra, le concede autoridad a los tribunales para atender

cualquier controversia en relación al adelanto de gastos e

del propio certificado de incorporación o los estatutos corporativos. Véase 8 Del C. sec. 145(f). CC-2014-306 30

indemnización según dispuesto en la ley o en los estatutos

corporativos o demás documentos y contratos corporativos

que incidan sobre tal derecho. 14 LPRA sec. 3568(k). La

determinación que haga el tribunal a favor del adelanto de

gastos a los directores y oficiales podrá realizarse

sumariamente y podrá incluir los honorarios de abogado.

Íd.

Por lo tanto, al momento de evaluar los derechos que

le asisten a un director u oficial de una corporación en

cuanto a la indemnización o adelanto de gastos se refiere,

es preciso que evaluemos la ley junto a los hechos

particulares de casa caso y los documentos corporativos

que pudieran modificar, extender o restringir lo dispuesto

en la ley. Al momento de evaluar los mismos, debemos

recordar que al analizar e interpretar los estatutos

corporativos y demás documentos debemos utilizar los

mismos principios aplicables a la interpretación de las

leyes y los contratos. Hibbert v. Hollywood Park, Inc.,

supra, págs. 342-343 (Del. 1983); Bernstein v.

TractManager, Inc., 953 A.2d 1003, 1007 (Del. Ch. 2010); 8

Fletcher, op. cit., sec. 4195.

III

Nos corresponde resolver si procedía la desestimación

de siete (7) de las nueve (9) causas de acción de la

Demanda, relacionadas a las alegaciones de violaciones a

deberes de fiducia, fraude y mal manejo de fondos CC-2014-306 31

corporativos por parte de los recurridos cuando estos eran

directores y oficiales de NALIC, ahora Multinational Life,

previo a que Ancón adquiriese la empresa. Según

adelantamos, el Tribunal de Apelaciones confirmó el

dictamen desestimatorio emitido por el Tribunal de Primera

Instancia debido a que entendió que la peticionaria no

cumplía con la regla de contemporaneidad dispuesta en el

Art. 12.06 de la Ley Núm. 164-2009, supra, y lo resuelto

por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso

Luego de un análisis ponderado de los hechos alegados en

la Demanda a la luz del derecho aplicable a la

controversia de autos, es forzoso concluir que los

tribunales recurridos se equivocaron al desestimar las

causas de acción. Como veremos a continuación, el caso de

Bangor Punta Operations, Inc. v. Bangor & A.R. Co., supra,

es distinguible y claramente inaplicable a la controversia

ante nuestra consideración.

En primer lugar, en Bangor Punta Operations, Inc. v.

Bangor & A.R. Co., supra, el Máximo Foro federal resolvió

que, como cuestión de equidad, un comprador no podía

reclamarle al vendedor de las acciones –que en ese caso

también se trataba del administrador de la corporación

vendida- por alegados actos de mala administración que

ocurrieron previo a la compraventa. Esto no ocurrió en la

controversia de autos, ya que Multinational no instó un

pleito contra quienes le vendieron las acciones, sino CC-2014-306 32

contra sus pasados ex directores y oficiales mientras esta

operaba bajo el nombre de NALIC. En otras palabras, debido

a que no se trata de una acción en donde el comprador de

las acciones demanda al vendedor de las mismas por actos

de mala administración que ocurrieron con anterioridad a

la venta, la doctrina de Bangor Punta Operations, Inc. v.

Bangor & A.R. Co., supra, es palpablemente inaplicable a

la controversia de autos.

El otro asunto que resolvió el Tribunal Supremo de

los Estados Unidos en el caso de Bangor Punta Operations,

Inc. v. Bangor & A.R. Co., supra, es que el comprador de

las acciones -quien sería el verdadero beneficiario de la

acción promovida- no puede cobijarse detrás de las

formalidades corporativas y utilizar a la corporación que

ahora controla para que ésta inste una acción directa

contra quienes le vendieron las acciones. En estos casos,

procede descorrer el velo corporativo y evaluar si el

accionista podría llevar la acción por sí mismo. Aun si

determináramos que en efecto Ancón, como accionista

mayoritario, es el verdadero beneficiario de la acción

promovida por Multinational Life y descorriéramos el velo

corporativo, dicha determinación resultaría irrelevante

para resolver la controversia de autos. Ello debido a que,

como ya mencionamos, la norma en equidad esbozada en

aplica a situaciones en las cuales el comprador de las CC-2014-306 33

acciones demanda a los vendedores, cosa que no ocurrió en

el presente caso.

Por otro lado e in arguendo, aún bajo el supuesto de

que la norma de Bangor Punta Operations, Inc. v. Bangor &

A.R. Co., supra, aplicase a la controversia de autos, es

evidente que estarían presentes las excepciones admitidas

por la jurisprudencia. En la totalidad de las causas de

acción que fueron desestimadas por los tribunales

recurridos se alega fraude y daños continuados, dos (2) de

las excepciones reconocidas en Bangor Punta Operations,

Inc. v. Bangor & A.R. Co., supra, y la jurisprudencia

emitida posteriormente.

En este caso, lo que realmente tenemos ante nos es un

caso en donde Multinational Life le está reclamando a sus

pasados directores y oficiales por alegadas transacciones

consistentes en fraude y violaciones de ley mientras esta

operaba bajo el nombre de NALIC. Recordemos que, en el

Derecho Corporativo, el cambio de nombre no afecta los

derechos que le asistían a una corporación previo al

cambio: “[c]hange of the corporate name ordinarily has no

effect on the corporation's identity or on the rights of

action or defenses that pertain to it. A corporation may

maintain an action on a cause of action that arose prior

to the change of name”. 9 Fletcher, op. cit., sec. 4242.

Contrario a lo que resolvió el foro a quo, no era

necesario que Multinational cumpliera con la regla de

contemporaneidad dispuesta en el Art. 12.06 de la Ley Núm. CC-2014-306 34

164-2009, supra, y con los resuelto por el Tribunal

Supremo de los Estados Unidos en Bangor Punta Operations,

Inc. v. Bangor & A.R. Co., supra. Ello debido a que,

conforme hemos discutido, no estamos ante una acción

derivativa, sino una acción directa instada por

Multinational contra sus ex directores y oficiales.

Por otro lado, resulta pertinente aclarar que no

estamos pasando juicio sobre los méritos de las

alegaciones de Multinational Life contra los recurridos.

Estas deberán ser evaluadas en su día por el Tribunal de

Primera Instancia, quien deberá aquilatar la prueba ante

su consideración para determinar si las actuaciones de los

ex directores y oficiales fueron en efecto contrarias a

los deberes de fiducia o fraudulentas. Lo que ciertamente

no procede es desestimar las causas de acción de

Multinational Life apoyándose en una teoría que es

inaplicable a la controversia de autos. Ciertamente, ante

la controversia de hechos materiales relacionados a si los

pasados directores y oficiales de Multinational Life

violaron los deberes de fiducia o cometieron fraude, es

inapropiado desestimar las causas de acción de la

peticionaria. Máxime cuando sabido es que una Demanda no

debe ser desestimada, a menos que se desprenda con toda

certeza que el demandante no tiene derecho a remedio

alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan ser

probados en apoyo a su reclamación. Aut. Tierras v. Moreno

& Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 429 (2008). Por CC-2014-306 35

consiguiente, cuando el tribunal tiene ante su

consideración una Moción de Desestimación, debe tomar como

ciertos todos los hechos bien alegados en la Demanda. Íd.

pág. 428.

Por todo lo anterior, resolvemos que erró el Tribunal

de Apelaciones al confirmar la Sentencia del Tribunal de

Primera Instancia en donde este desestimó siete (7) de las

nueve (9) causas de acción de la Demanda instada por

Multinational Life en contra de los recurridos. Así las

cosas, procede que devolvamos el caso al Tribunal de

Primera Instancia y ordenemos la continuación de los

procedimientos en cuanto a la totalidad de las causas de

acción reclamadas por Multinational Life en el pleito de

epígrafe.

Queda por resolver si actuó correctamente el Tribunal

de Apelaciones al confirmar al foro primario en cuanto a

la procedencia de la indemnización por concepto de costas,

gastos y honorarios de abogado a favor de los recurridos

por la acción instada por la corporación en su contra,

según permitido por el Art. 4.08(b) de la Ley Núm. 164-

2009, supra.

Habiendo ya resuelto que no procede la desestimación

de las causas de acción objeto del presente recurso,

tampoco procede la indemnización por costas, gastos y

honorarios de abogados al amparo del Art. 4.08(c) de la

Ley Núm. 164-2009, supra, que dispone que la indemnización CC-2014-306 36

habrá de proceder cuando los directores y oficiales

demandados ganen el pleito instado en su contra. Tampoco

cabe hablar del adelanto de la indemnización conforme al

Art. 4.08(e), el cual es discrecional de la corporación,

pues está claro que Multinational Life no tiene interés

alguno en conceder un adelanto.

Por otro lado, según mencionamos anteriormente, al

momento de evaluar la procedencia de la indemnización o su

adelanto, debemos tener en mente lo dispuesto tanto en el

Art. 4.08 de la Ley Núm. 164-2009, supra, como en los

estatutos corporativos o cualquier otro documento privado

de la corporación que incida sobre tal derecho. En lo

pertinente a la controversia de autos, el Art. VII, sec. 5

los estatutos corporativos de Multinational Life disponen

lo siguiente:

Each Director and Officer, whether or not then in office, shall be and by virtue of the enactment of this By-laws is hereby indemnified by the Corporation against any loss, including costs and reasonable counsel fees arising from any civil claim or claims or any criminal proceeding which may be made against such Director(s) and/or Officer(s) by reason of any alleged breach of duty, neglect, error, misstatement, misleading statement, omission or act done or alleged to have been done while acting in his (or their) respective capacity of Director(s). The foregoing right of indemnification shall not, however, include claims arising from violation of the Insurance Code of Puerto Rico by such Director(s) or Officer(s) for which he may be personally responsible under the provision of said Code. The foregoing right of indemnification shall not be exclusive of any other right to which such Director(s) or Officer(s) may be entitled as a matter of law. Véase el Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 2642 (Énfasis nuestro). CC-2014-306 37

Del lenguaje del estatuto corporativo antes citado

surgen varios asuntos de importancia. Primero, como regla

general, los directores y oficiales de Multinational Life

(antes NALIC) habrán de ser indemnizados por las

reclamaciones en su contra. Esto incluye a los antiguos

directores y oficiales de la corporación, tal como lo es

el caso de los recurridos.

Sin embargo, en el mismo estatuto corporativo se

dispone una excepción a la indemnización de oficiales y

directores, ya que expresa categóricamente que la

indemnización no habrá de concederse en aquellos casos en

los cuales los directores y oficiales se enfrenten a

reclamaciones relacionadas a violaciones al Código de

Seguros de Puerto Rico, supra. Como mencionamos, el Art.

4.08(f) de la Ley Núm. 164-2009, supra, permite que los

estatutos corporativos puedan restringir el derecho a

indemnización. Ciertamente, esta excepción es aplicable a

la controversia de autos, pues entre las causas de acción

reclamadas existen imputaciones de violaciones al Código

de Seguros de Puerto Rico. Id.

Finalmente, a pesar de que el Art. 4.08(f) de la Ley

Núm. 164-2009 lo permite, id., en ningún lugar del

estatuto corporativo citado se dispone para que los

adelantos de indemnizaciones procedan automáticamente a

favor de los recurridos como cuestión de derecho. Así las

cosas, los recurridos tampoco tienen derecho a recobrar

costas, gastos y honorarios de abogado por virtud de los CC-2014-306 38

estatutos corporativos de Multinational Life en esta etapa

de los procedimientos.

Resolvemos que también erró el Tribunal de

Apelaciones al confirmar el pago por concepto de

indemnización a favor de los recurridos. Conforme al Art.

4.08 de la Ley Núm. 164-2009, supra, y los estatutos

corporativos de Multinational Life, a los recurridos no

les asiste el derecho a ser indemnizados por concepto de

costas, gastos y honorarios de abogados en esta etapa de

los procedimientos.

Ahora bien, aclaramos que una vez finalizado el

pleito e independientemente de a favor de qué parte

recaiga la Sentencia que en su día se emita, el Art.

4.08(c) autoriza al Tribunal para que, mediante solicitud

al efecto y tomando en cuenta todas las circunstancias del

caso, ordene a Multinational Life a otorgarle una

indemnización justa y razonable a los recurridos.

IV

Por los fundamentos que anteceden, revocamos la

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y

devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para

procedimientos ulteriores que sean consistentes con lo

aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

Por los fundamentos que anteceden, revocamos la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para procedimientos ulteriores que sean consistentes con lo aquí resuelto.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Feliberti Cintrón no interviene.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo