EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ex Parte:
Telenoticias de Telemundo de Puerto Rico *********************************** 2019 TSPR 197
Ex Parte: 203 DPR _____
GFR Media, LLC Noticentro de Puerto Rico, Televicentro de Puerto Rico, LLC Overseas Press Club de Puerto Rico
Número del Caso: MC-2019-344 Cons. MC-2019-366
Fecha: 21 de octubre de 2019
MC-2019-0344
Telenoticias de Telemundo de Puerto Rico:
Lcdo. Walter Soto León
MC-2019-366
GFR Media, LLC
Lcdo. Roberto Cámara Fuertes Lcdo. Jaime Mercado Almodovar Lcda. Suleicka Tulier Vázquez
Noticiero de Puerto Rico Televicentro de Puerto Rico, LLC
Lcdo. Manuel R. Purcell-Mattei
Overseas Press Club
Lcdo. Luis A. Guardiloa Rivera Lcdo. Cirilo F. Cruz Tejeda
Materia: Resolución del Tribunal con Voto Particular de Conformidad.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Telenoticias de Telemundo de Puerto Rico MC-2019-344
**************************** Cons.
Ex Parte: MC-2019-366
GFR Media, LLC Noticentro de Puerto Rico, Televicentro de Puerto Rico, LLC Overseas Press Club de Puerto Rico
RESOLUCIÓN
San Juan, Puerto Rico, a 21 de octubre de 2019.
Se ordena la consolidación de este caso con el MC-2019-366.
Examinada la Petición especial de autorización para el uso de cámaras y equipo audiovisual para la transmisión y grabación del juicio contra Jensen Medina Cardona presentada por Telenoticias de Telemundo de Puerto Rico, así como la Solicitud especial de GFR Media, LLC, la Moción solicitando utilización de equipo audiovisual de difusión por los medios de comunicación para la cobertura electrónica de procesos judiciales presentada por Televicentro of Puerto Rico, LLC y la Solicitud urgente y especial del Overseas Press Club de Puerto Rico, se provee ha lugar.
En cuanto a la Comparecencia especial y suplementaria a la moción en oposición a [la] transmisión y grabación del juicio contra Jensen Medina Cardona presentada por el señor Jensen Medina Cardona, el Lcdo. Jorge Gordon Méndez, Lcdo. Orlando Cameron Gordon Pujols y el Lcdo. Jorge Gordon Pujols y a la Petición de tiempo adicional para responder y la Réplica a moción en oposición a la transmisión del juicio contra Jensen Medina Cardona que presentó Telenoticias de Telemundo de Puerto Rico, nada que proveer. MC-2019-344 2 MC-2019-366
Se autoriza la cobertura electrónica del juicio en su fondo contra Jensen Medina Cardona, caso núms. NSCR201900469; NSCR201900470; NSCR201900471, pautado para el 24 de octubre de 2019, siempre que ello sea en la Sala 305 del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo a través de la Oficina de Prensa y Relaciones con la Comunidad de la Oficina de Administración de los Tribunales.
Este proceso se regirá en aquello que sea compatible por lo provisto en el Reglamento del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y de Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales, según enmendado. Véanse In re Enmdas. Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., 193 DPR 475 (2015); In re C. 15; Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., 188 DPR 424 (2013).
En específico, recalcamos que se observarán estrictamente las restricciones contenidas en la Regla 8 del citado Reglamento, a saber:
(1) La cobertura electrónica mediante el uso de cámaras fotográficas y de equipo audiovisual de difusión estará prohibida en todo procedimiento de naturaleza confidencial según establecido por ley o así dispuesto por orden judicial.
(2) La cobertura electrónica de un proceso judicial, porciones del mismo, o del testimonio de una parte, una persona testigo o una persona perita puede ser prohibida, concluida o limitada motu proprio por el juez o la jueza que preside el proceso o a instancia de parte. El juez o la jueza efectuará su determinación tomando en consideración el interés de la justicia en proteger los derechos de las partes, de las personas testigos, y para preservar el orden y la buena conducta que debe imperar en el proceso judicial.
(3) El juez o la jueza podrá ordenar en cualquier momento a los medios de comunicación que suspendan el uso de cámaras fotográficas y de equipo audiovisual de difusión, o podrá conducir el procedimiento en cámara, para evitar la difusión de la presentación en evidencia de cualquier documento o testimonio de naturaleza confidencial o sensitiva. MC-2019-344 3 MC-2019-366
(4) No se autorizará la cobertura electrónica de los procedimientos celebrados en cámara ni tomas de video o de fotografía cercanas al rostro (close-ups) de cualquiera de los participantes en un procedimiento judicial con cobertura electrónica.
(5) Solo se permitirá la transmisión en vivo o en directo de cualquier etapa de las vistas del proceso judicial, por radio, televisión e Internet o por algún medio de transmisión análogo, mediante la autorización expresa del tribunal, previa solicitud específica al respecto y siempre que no se afecten los procedimientos ni los derechos de las partes ni el acceso del público y de los funcionarios o funcionarias a la sede del tribunal.
(6) No se permitirá realizar entrevistas para la difusión ni tomar fotografías en los pasillos adyacentes a la entrada del salón donde se lleva a cabo el procedimiento o donde se estén efectuando otros procesos judiciales. Sólo se permitirá en las áreas designadas para ello, que deben ser áreas retiradas de las entradas a los salones del tribunal (por ejemplo, en áreas cercanas a los elevadores o al final de los pasillos); ello de conformidad con la directriz u orden administrativa que regule el asunto.
Se dispone además que la transmisión de la vista se regirá según el procedimiento dispuesto a continuación.
La grabación y transmisión en vivo de la vista se hará a través de un sistema portátil que la Oficina de Prensa de la Oficina de Administración de los Tribunales adquirió para este tipo de transmisión. El mismo faculta la instalación de cámaras de video en las salas de los tribunales y la transmisión remota de las imágenes captadas por éstas a los distintos medios de comunicación. El Director de la Oficina de Prensa, el Sr. Daniel Rodríguez León, o la persona que éste designe, estará encargado de coordinar todo lo relacionado con la transmisión en vivo de la vista mediante este sistema remoto. Todos los interesados deberán coordinar con el señor Rodríguez León para obtener acceso remoto a la transmisión en vivo de la vista.
Por otra parte, a los fines de asegurar la solemnidad y el decoro del proceso judicial, se permitirá la entrada de cámaras de fotografía a ser operadas por representantes de los medios de prensa escrita o digital MC-2019-344 4 MC-2019-366
(internet). Para regular el uso de cámaras fotográficas, hacemos extensivo, de forma excepcional, el Reglamento del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y de Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales, según enmendado. Los gremios periodísticos deberán regirse por las disposiciones pertinentes del antedicho Reglamento, siempre y cuando no sean contrarias o incompatibles con lo aquí dispuesto. No se permitirá tomar fotografías mediante el uso de equipo electrónico adicional.
También se permitirá, sujeto a las restricciones impuestas en el Canon 15 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV- B, y en el Reglamento:
1. El uso de grabadoras de audio portátiles sujeto a que su operación sea discreta y silenciosa.
2. El Uso de computadoras portátiles, teléfonos celulares, tabletas, entre otros dispositivos electrónicos o equipo similar, para recopilar y transmitir información escrita a través del internet, siempre que no interfiera con el proceso judicial, su operación sea silenciosa y discreta y no se utilicen para fotografiar, grabar imágenes o audio, ni para radiodifundir ni televisar.
En la eventualidad que las partes seleccionen juicio por jurado, enfatizamos que esto no incluye el proceso de desinsaculación del Jurado. Asimismo, ninguna persona, incluyendo a los miembros de la prensa, podrá utilizar dispositivos electrónicos o equipos similares, entre estos, teléfonos celulares para fotografiar, grabar imágenes o audio, ni para radiodifundir ni televisar desde la sala en que se ventilen los procedimientos, tal como lo establece el Canon 15 de Ética Judicial, supra.
Además, ordenamos que bajo ningún concepto se enfocará, se apuntará o se captará la imagen del Jurado o jurado en particular. Esto incluye, y no se limita, a: (1) la entrada del Jurado, (2) durante los procedimientos, y (3) la salida de éstos de la sala. Además de lo anterior, se prohíbe captar y/o grabar cualquier expresión o manifestación audible del Jurado o jurado en particular.
Recordamos a los medios de comunicación que, por la solemnidad del proceso judicial, deben ceñirse estrictamente a las disposiciones aplicables del Reglamento y a lo aquí dispuesto. MC-2019-344 5 MC-2019-366
Reiteramos que en conformidad con la Regla 13 del citado Reglamento, el Juez o la Jueza que preside el proceso resolverá, según su sana discreción, cualquier controversia o aspecto no previsto en el mismo.
Se instruye al Director de Prensa de la Oficina de Administración de los Tribunales que brinde el apoyo técnico y logístico necesario para garantizar el cumplimiento de las normas reglamentarias aplicables.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo emitió un voto particular de conformidad. El Juez Asociado señor Rivera García hace constar la siguiente expresión a la que se unió la Jueza Asociada señora Pabón Charneco:
“Disiento por los fundamentos que expuse en mi voto particular de conformidad en parte y disidente en parte en In re Enmdas. Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., 193 DPR 475, 490-501 (2015), en referencia a las salas de asuntos criminales. Por lo tanto, hubiera provisto no ha lugar a la Petición especial de autorización para el uso de cámaras y equipo audiovisual para la transmisión y grabación del juicio contra Jensen Medina Cardona presentada por Telenoticias de Telemundo de Puerto Rico; GFR Media, LLC; Televicentro of Puerto Rico, LLC, y Overseas Press Club de Puerto Rico”.
El Juez Asociado señor Feliberti Cintrón hace constar que proveería “no ha lugar” a las solicitudes presentadas para transmitir el juicio por jurado en este caso. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez no intervino.
José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
GFR Media, LLC Noticentro de Puerto Rico, Televicentro de Puerto Rico, LLC Overseas Press Club de Puerto Rico
Voto Particular de Conformidad emitido por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo.
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de octubre de 2019.
Por el revuelo que ha surgido tras la transmisión
televisiva de la Vista Preliminar de este caso, y las distintas
críticas y preocupaciones surgidas en la comunidad jurídica y en
el público en general, me veo obligado a expresarme. Como ha
sido desde un principio mi posición con relación a este tema,
estoy convencido de que, además del beneficio de un pueblo mejor
informado de lo que ocurre en nuestras salas de justicia, la
transparencia que provoca la transmisión televisiva en vivo de
nuestros procesos judiciales son un excepcional antibiótico que
ayuda a combatir la bacteria de la mediocridad, y un gran
estímulo para la excelencia de nuestro sistema de justicia.
Sin embargo, todo tiene un costo y en este ámbito terrenal
nada es perfecto. En un mundo utópico, claro está, no haría
falta un sistema de justicia criminal ni una prensa que informara MC-2019-344 2 MC-2019-366
con relación a la actividad criminal y que fiscalizara
continuamente los procesos en los tribunales de justicia y las
instituciones de ley y orden. Evidentemente, nada de eso será
nunca una realidad. Los crímenes lamentablemente y en mayor o
menor grado seguirán ocurriendo; nuestro sistema de justicia y
nuestras instituciones de ley y orden, por mucho mejoremos,
siempre estarán muy lejos de la perfección; y el principio
cardinal de una prensa libre de toda presión se encuentra en un
roce continuo con el insalvable conflicto entre la función del
periodista y el giro o enfoque “mediático” que pretende el medio
para quien este trabaja, y que necesita “vender el evento o la
noticia”. Ciertamente, no es un mundo perfecto, y la sociedad
puertorriqueña y sus instituciones públicas y privadas son un
mero reflejo de esto.
Como mencioné, múltiples opiniones, críticas y sugerencias
han surgido en torno a lo que fue la transmisión televisiva en
vivo de la referida vista preliminar. Todas esas expresiones
requieren ser consideradas y analizadas con el más alto sentido
de seriedad y responsabilidad. Sin embargo, y como detallo más
adelante, para este servidor la publicidad excesiva por parte de
los medios que pudo haber recibido la pasada vista preliminar
en este caso, se hubiera disminuido en gran medida si el
distinguido Tribunal de Primera Instancia hubiera hecho un mejor
uso de los controles del proceso que les proveen las Reglas de
Procedimiento Criminal y de Evidencia y la jurisprudencia
aplicable. Esto, considerando sobre todo la etapa en que se MC-2019-344 3 MC-2019-366
encontraba el proceso. En varias ocasiones hemos dicho que una
vista preliminar no puede convertirse en un mini juicio, y el
hecho de que el proceso esté siendo transmitido televisivamente
no cambia esa pauta. Corresponde entonces al magistrado que
preside limitar el proceso al recibo de aquella prueba realmente
necesaria para que el Tribunal pueda determinar la probabilidad
de que se cometió el o los delitos denunciados. Para eso, en la
mayoría de las ocasiones basta con la examinación de uno o dos
testigos presenciales que le merezcan veracidad al juzgador, sin
necesidad de autenticar y considerar prueba dirigida simplemente
a corroborar lo que estos han de verter.
Ciertamente, estoy consciente que las cámaras de
transmisión en vivo de los procesos judiciales traen
complicaciones. Esas complicaciones son aun de más trascendencia
cuando autorizamos, como en este caso, la transmisión de un
proceso penal. Sin embargo, Puerto Rico no es la única
jurisdicción que ha enfrentado estos retos. De hecho, la realidad
es que hemos sido prácticamente los últimos en iniciar lo que
es una realidad hace décadas en la mayoría de los estados de la
Nación Americana.
Lo importante es que, aún para casos criminales por jurado,
nuestro sistema cuenta con las herramientas y salvaguardas
necesarias para alcanzar ambos objetivos: la transmisión
televisiva en vivo de los procesos, mientras se salvaguardan con
precisión los derechos constitucionales de todas las partes.
Como todo, esto conllevará y ha conllevado ya ajustes que tomarán MC-2019-344 4 MC-2019-366
tiempo. Por parte de esta Curia, requiere la evaluación y
reglamentación continua de manera que un procedimiento ordenado
permee en la solicitud y transmisión en vivo de cada proceso
judicial. En ese contexto, es evidente la necesidad de que todos,
jueces, abogados de defensa, fiscales y los medios de
comunicación nos ajustemos a estas reglas y cooperemos hacia ese
fin. Lo contrario sería permitir que continúe avanzando este ya
no tan joven siglo sin estar preparados o, peor aún,
resistiéndonos a la realidad de que vivimos en la era de una
sociedad mediática.
I
Telenoticias de Telemundo de Puerto Rico (Telemundo)
presentó una Petición especial de autorización para el uso de
cámaras y equipo audiovisual para la transmisión y grabación del
juicio contra Jensen Medina Cardona y, a raíz de esta solicitud,
emitimos una Resolución para que, dentro del término de 10 días,
las partes expusieran su posición en cuanto a la petición del
canal.
En el interín, GFR Media, LLC, presentó una Solicitud
especial de GFR Media, LLC, Televicentro de Puerto Rico, LLC
presentó una Moción solicitando utilización de equipo
audiovisual de difusión por los medios de comunicación para la
cobertura electrónica de procesos judiciales y, finalmente,
Overseas Press Club de Puerto Rico presentó una Solicitud urgente
y especial del Overseas Press Club de Puerto Rico (MC-2019-366).
Éstos, al igual que Telemundo, solicitaron la autorización para MC-2019-344 5 MC-2019-366
el uso de cámaras y equipo audiovisual durante la celebración
del juicio en contra del Sr. Jensen Medina Cardona (señor Medina
Cardona o acusado) señalado para el 24 de octubre de 2019. En
cumplimiento con nuestra orden, las partes comparecieron.
En primer lugar, el señor Medina Cardona presentó una
Moción en oposición a transmisión y grabación del juicio contra
Jensen Medina Cardona. En la misma planteó que el procedimiento
en contra del señor Medina Cardona ha recibido una publicidad
excesiva y exageradamente perjudicial, al punto que entiende que
la ciudadanía tiene la mente claramente formada. Afirma que
durante la transmisión de la vista preliminar el derecho
constitucional del acusado a un juicio justo e imparcial fue
lesionado. Consideró, además, que la transmisión desmedida y
descontrolada hará imposible conseguir los candidatos a Jurado
que puedan ser imparciales, que no se hayan expuesto previamente
a la prueba ni contaminado con la misma. Además, adoptó los
planteamientos que el grupo de Abogados de Puerto Rico (grupo
cibernético en la plataforma de Facebook) dirigidos a la Lcda.
Verónica N. Vélez Acevedo, Directora del Secretariado de
Conferencia Judicial y Notarial de este Tribunal. En apretada
síntesis, el grupo esgrimió que la difusión de los procesos
anteriores al juicio no deben transmitirse, ello, porque tienen
el efecto de limitar o eliminar subrepticiamente la presunción
de inocencia, el derecho a un juicio justo e imparcial y otras
garantías constitucionales. Como grupo entienden el derecho
constitucional que le cobija a la Prensa, pero argumentaron que MC-2019-344 6 MC-2019-366
la publicación excesiva no es un derecho irrestricto, por lo que
es deber del Tribunal de Primera Instancia observar los criterios
que esbozamos en Pueblo v. Rivera Nazario, 141 DPR 865 (1996).
En específico, el grupo expuso que debíamos prestar atención al
criterio de la conducta del fiscal y su interacción con el Canon
13 del Código de Ética Profesional, infra.
Sobre este último aspecto, el acusado aseveró que las
manifestaciones del fiscal a cargo del caso, el Lcdo. Yamil
Juarbe Molina, ante la Prensa sembraron en la ciudadanía una sed
de venganza y un juicio predeterminado, violentando así los
principios y derechos más básicos del acusado. Para sustentar su
posición, ejemplificó algunas de las expresiones del ministerio
público, a saber: “…que venga aquí y de la cara… a responder por
lo que hizo… actuó de forma sanguinaria y destemplada” y, que
además expresó, que “la prueba era contundente y que lo que se
ve en el video era un asesinato”, ello en alusión al proceso de
la vista preliminar celebrada. La defensa argumentó que la
fiscalía aprovechó la cobertura de los medios de comunicación
para realizar conferencias de prensa improvisadas, incluso
dentro del tribunal, para emitir opiniones de la prueba que se
encuentra ante la consideración del foro de instancia. Por esto,
aseguró que el Ministerio Fiscal lo hizo con el propósito de
influir en el ánimo del juzgador de los hechos y en el público
en general.
El revuelo sin precedentes, según el señor Medina Cardona,
puso en riesgo su vida e integridad física y la de sus familiares MC-2019-344 7 MC-2019-366
más cercanos. Sobre este particular, aludió a la existencia de
un movimiento convocado en las redes sociales para una alegada
cacería humana del señor Medina Cardona.
Otro asunto, por cierto novel, que los abogados del acusado
nos plantearon es que sus derechos a la propia imagen, a la
intimidad y el de publicidad de imagen para fines comerciales,
sin previo consentimiento podrían violentarse en la medida en
que una emisora televisiva difunda los procedimientos sin ningún
tipo de restricciones. En específico, esbozaron que para la vista
preliminar hubo hasta una cobertura especial periodística donde
abogados criminalistas, comentaron y opinaron sobre los detalles
presentados en sala. La preocupación de los letrados se enfatizó
en que la utilización de sus imágenes tienen el efecto de una
compensación económica pagada por los auspiciadores al canal. En
otras palabras, según el señor Medina y sus abogados, la falta
de un protocolo en el Reglamento del Programa Experimental para
el uso de Cámaras Fotográficas y Equipo Audiovisual de Difusión
por los Medios de Comunicación en los Procesos
Judiciales (Reglamento del PECAM) que establezca un balance
entre la capacidad de mantener informado al público con los
derechos constitucionales del acusado, tiene repercusiones en el
derecho a la propia imagen de los abogados de la defensa, quiénes
no autorizaron su explotación para propósitos comerciales.
Por último, el acusado indicó que mientras permitamos la
continuación de publicidad excesiva sin ningún tipo de control
contra el acusado, se contaminará a los potenciales jurados de MC-2019-344 8 MC-2019-366
la región de Fajardo donde, por razones económicas, hay una merma
poblacional significativa.
Por otro lado, al igual que el acusado, el Procurador
General se opuso a la difusión del juicio. En esencia, justifica
su postura en el hecho de que expresamente el Reglamento del
PECAM no permite la transmisión del juicio en los casos de
carácter penal. A pesar de su oposición y de lo dispuesto en el
Reglamento del PECAM, reconoció que hemos tomado providencias
detalladas y específicas cuando se trata de casos que se
atenderán por Tribunal de Derecho.1 Asimismo, compartió y adoptó
para su argumentación, las manifestaciones que realicé cuando
denegamos la transmisión del proceso de desinsaculación del
Jurado en el caso ELA v. Héctor O´Neill, (DLE2018E0102).2 Basado
en ese voto de conformidad suscrito y en la exclusión expresa
del Reglamento del PECAM concerniente al proceso de
desinsaculación de Jurado y al juicio por Jurado, planteó que
debe existir una prohibición absoluta de transmisión y grabación
en esa última etapa. Según afirmó el Procurador General, el
procedimiento criminal no culmina con el juicio y, ante la
posibilidad de que se disuelva un Jurado, la publicidad excesiva
de los procedimientos podría viciar e influenciar el público que
1 Específicamente, el Procurador General se refiere al primer juicio por Tribunal de Derecho que permitimos su transmisión y grabación. Esta solicitud la realizó Telenoticias, Telemundo de Puerto Rico (Telemundo) en el caso Pueblo v. Juan Cornier Torres (Caso Núm. JVI201960001).
2 Ex parte Noticentro de Puerto Rico, Televicentro de Puerto Rico, LLC., 201 DPR 319 (2018). MC-2019-344 9 MC-2019-366
comprendería un nuevo Jurado, violentando así el interés público
de un nuevo juicio.
Ahora bien, antes de exponer mi posición al respecto, no
podemos pasar por alto otro detalle que, de manera suplementaria,
repetida e independiente, procuraba incidir en la prohibición de
la transmisión y grabación del juicio del acusado. Éste junto
con sus abogados presentaron una Comparecencia especial y
suplementaria a la moción en oposición a [la] transmisión y
grabación del juicio contra Jensen Medina Cardona. Allí,
profundizaron el argumento de que la violación a los derechos a
la propia imagen e intimidad son indemnizables mediante una de
las cuatro causas de acción que reconocimos en Vigoreaux
Lorenzana v. Quizno’s Sub, 173 DPR 254, 267 (2008). Es decir,
afirmaron que la imagen del acusado y de los abogados representan
un valor económico y, en consecuencia, tienen derecho a
participar económicamente de la comercialización de su propia
imagen para propósitos lucrativos o comerciales. Asimismo,
expresaron que “a raíz de que el 19 de agosto de 2019, lunes,
cuando los medios de comunicación publicaron la noticia del
asesinato de la joven Arellys Mercado Ríos[,] todas las
coberturas de dicha fecha acentuaban un alegado hecho de que el
móvil del crimen haya sido por un celular extraviado”. O sea
que, desde antes del inicio del encauzamiento y hasta la vista
preliminar celebrada en contra del acusado, la publicidad del
señor Medina Cardona y sus abogados ha sido cuantiosa y excesiva.
Ante este cuadro, y en la alternativa, sugirieron que la MC-2019-344 10 MC-2019-366
transmisión se canalizara únicamente por los medios que
provengan de la Rama Judicial. De esta manera la Prensa no podría
utilizar la transmisión de los procesos para pautar anuncios
comerciales, pues entendieron que cualquier reproducción se
presume la existencia de un interés lucrativo de las emisoras
televisivas.
Por su parte, Telenoticias presentó una Petición de tiempo
adicional para responder, ello para replicar a los
planteamientos al derecho a la propia imagen que argumentaron el
acusado y sus abogados. A pesar de que no nos expresamos al
respecto, Telenoticias presentó una Réplica a moción en
oposición a la transmisión del juicio contra Jensen Medina
Cardona. La emisora televisiva expuso que tanto el acusado como
los abogados ignoraron las excepciones codificadas en la Ley
Núm. 139-2011 o Ley del Derecho sobre la Propia Imagen cuando
se trata de un reportaje noticioso, sátira o parodia y crítica
o cometarios que establece el Art. 8 de dicha ley. Asimismo,
aseveró que la cobertura noticiosa ni la transmisión del juicio
persiguen un propósito comercial, según lo define el Art. 2(h)
del estatuto.
Ahora bien, teniendo claro la posición de las partes
respecto a la solicitud de los medios de comunicación, y por la
particularidad notoria del presente caso, expondré el por qué
considero correcta la decisión de permitir la difusión y
grabación del juicio por Jurado a celebrase contra el señor
Medina Cardona. MC-2019-344 11 MC-2019-366
II
a. Canon 15 de Ética Judicial y el Reglamento del PECAM
Desde que avalamos la enmienda al Canon 15 de Ética
Judicial3 y, en consecuencia, aprobamos el Reglamento del PECAM,
los medios de comunicación podían informar, únicamente por
escrito los acontecimientos en las salas de los tribunales. Claro
está, hicimos la salvedad de que “[t]oda persona deberá actuar
responsablemente al difundir información de un proceso judicial,
por lo que deberá asegurarse que la información que divulgue
concuerde fielmente con la realidad de lo ocurrido en el proceso
judicial”.4
Aunque inicialmente la transmisión estuvo limitada al
trámite judicial en la Sala de Recursos Extraordinarios del
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan,
mediante la enmienda al Reglamento del PECAM aprobada en el 2015
ampliamos, además, para permitir la transmisión de ciertos
procedimientos en asuntos de lo criminal.5 En esa oportunidad no
solo modificamos la definición de “procedimiento judicial” que
dispone la Regal 4(j) del Reglamento del PECAM, sino que, además,
añadimos la Regla 15 sobre cobertura de procesos judiciales en
salas adicionales en los cuales expresamente no se había
extendido el PECAM.
3 4 LPRA Ap. IV-B.
4 In re: Enmda. Canon 15 Ética Judicial, 188 DPR 424, 427 (2013).
5 In re: Enmdas. Regl. Uso Camaras Proc. Jud., 193 DPR 475 (2015). MC-2019-344 12 MC-2019-366
Así, en lo concerniente a la definición de “procedimiento
judicial”, ésta se dividió en materia de lo civil y de lo
criminal, siendo éste regulado por el inciso (2) de la Regla
4(j) del Reglamento del PECAM. La misma dispone que el
procedimiento judicial “[e]n materia criminal comprende
únicamente la celebración de juicios por tribunal de derecho,
lecturas de fallo y vistas de lectura de sentencia”. Es de notar
que, mediante esta enmienda, no se amplió de manera expresa la
autorización del PECAM a un juicio por Jurado. Sabemos que en
el pasado esa norma no constituyó una camisa de fuerza para este
Tribunal y, con la inclusión de la Regla 15 en el Reglamento del
PECAM, podemos extenderlo a los trámites que estimemos
convenientes. La Regla 15 del Reglamento del PECAM postula lo
siguiente:
Los medios de comunicación interesados en la cobertura electrónica de procesos judiciales celebrados en las salas a donde no se ha extendido el [PECAM], podrán solicitar autorización al Tribunal Supremo mediante una moción presentada al menos veinte (20) días antes de la fecha asignada en el calendario para el inicio del proceso. En casos extraordinarios, los medios de comunicación podrán presentar la petición tan pronto advengan en conocimiento del señalamiento. Al momento de presentar la solicitud, deberán certificar que han notificado copia de la solicitud a las partes del caso y al juez o a la jueza que preside el proceso judicial. Las partes, a su vez, tendrán cinco (5) días, contados a partir de la notificación, para expresarse al respecto. El Tribunal Supremo, mediante Resolución, determinará si autoriza o rechaza la solicitud.
Como mencionamos, bajo esta regla, hemos atendido
peticiones para la transmisión y grabación de los procedimientos
penales en etapas no contempladas de manera expresa por la Regla
4(j)(2) del Reglamento PECAM. Estas solicitudes las evaluamos MC-2019-344 13 MC-2019-366
con suma cautela y, aunque no es una lista taxativa, para
conceder la petición consideramos lo siguiente: (1) la materia
de la causa de acción, (2) la etapa en que se encuentra el
proceso judicial, (3) los derechos y el perjuicio que pueden
sufrir las partes involucradas, para evitar que se afecte la
administración de la justicia (4) la fecha en que el foro de
instancia notificó la vista que la Prensa interesa transmitir,
y (5) si el medio de comunicación presentó su petición dentro
del plazo dispuesto por la Regla 15 del Reglamento del PECAM.
En lo que concierne al asunto que esta ante nuestra
consideración, y tal como expresé en el voto particular de Ex
parte: Noticentro de Puerto Rico, Televicentro de Puerto Rico,
LLC., 201 DPR 319, 323 (2018), nunca descarté “la posibilidad
de extender la apertura a la Prensa a un juicio que se ventile
por Jurado, si se cumple con ciertas condiciones; esto es,
siempre y cuando no se enfoque o se apunte en forma alguna a los
miembros del Jurado ya constituido, ni algún jurado en
particular”. En esa ocasión, aun cuando mi postura es clara de
que el público en general debe tener acceso a la información
sobre los procesos judiciales, expliqué que la transmisión de la
etapa de desinsaculación del Jurado “expondría innecesariamente
a potenciales jurados que, durante el procedimiento, interactúan
de manera activa y cuya participación, además, es preliminar,
pues se desconoce si finalmente serán parte del Jurado MC-2019-344 14 MC-2019-366
seleccionado”.6 Por esto, entiendo que correctamente prohibimos
la difusión de la etapa de desinsaculación del Jurado.
Es una realidad que, hasta el presente, de las instancias
en las que hemos permitido el acceso a la Prensa, y por ende a
la ciudadanía, hemos garantizado la transparencia y la pureza de
los procedimientos criminales al establecer unas guías
necesarias que el tribunal de instancia y los medios de
comunicación deben seguir, conforme lo establece el Canon 15 de
Ética Judicial, el Reglamento del PECAM y aquellas medidas que
a nuestro juicio sean cruciales para que el proceso se ventile
sin perjudicar los derechos de la persona acusada.7 Las cautelas
alcanzadas, incluso, han servido de experiencia para cada
petición de la Prensa, asegurando el establecimiento de un
protocolo para una difusión ordenada, cuyo efecto sea la creación
de un balance entre el derecho del acusado a un juicio justo e
imparcial y la capacidad de mantener a la ciudadanía informada.
Ciertamente, nuestro proceder ha sido en beneficio de la persona
6Ex parte: Noticentro de Puerto Rico, Televicentro de Puerto Rico, LLC., supra, pág. 323.
7 Destacamos que, antes de la enmienda del Reglamento del PECAM en el 2015, estuve de acuerdo con lo siguiente:
[L]a adopción de dicho reglamento no limita en absoluto nuestra facultad como Tribunal Supremo para adoptar otras reglas, ni emitir órdenes en un caso en particular, como lo hicimos en el caso de autos. Eso es posible gracias a la enmienda al Canon 15 que permite dicho proceder. Por todo lo anterior, la autorización que concedimos fue según lo dispuesto en dicho Canon y nuestro poder inherente. Voto de conformidad emitido por el Juez Presidente Señor Hernández Denton, al cual se unen los Jueces Asociados Señor Martínez Torres y Señor Kolthoff Caraballo. ASPRO Ex parte II, 189 DPR 838, 840–41 (2013). MC-2019-344 15 MC-2019-366
acusada y, de manera paralela, acertada en la medida que
procuramos fomentar que la ciudadanía confíe en la Judicatura.8
Ahora bien, si antes la transmisión de un juicio por Jurado
parecía ser una posibilidad, como garantes de los derechos
constitucionales de la persona procesada y de la Prensa, hoy
podemos convertirlo en una realidad natural dentro de nuestro
sistema judicial.9 Es indudable que la actitud de apertura a los
trámites judiciales que ha tenido la Mayoría de este Tribunal
ha sido un reto grande, y por lo visto, no es imposible llevarlo
al próximo nivel.10 Los peldaños que, poco a poco, hemos logrado
nos brinda la oportunidad de conceder la transmisión de un juicio
por Jurado en un caso de alta notoriedad mediática como el
presente.11
Reconocemos que no todos los casos penales son iguales y,
como mencionamos, la oportunidad de abrir las puertas de la
Judicatura para que la ciudadanía se mantenga informada de los
procedimientos que se atienden en los tribunales requiere la
formulación de un protocolo que permita una difusión ordenada.
Así, como en ocasiones anteriores, es saludable establecer de
antemano unas guías necesarias a la Oficina de Prensa de la
8 Véase, Voto de conformidad de este servidor en ASPRO et al., Ex Parte I, 189 DPR 769, 776-783 (2013).
9 ASPRO et al., Ex Parte I, supra, págs. 781-782.
10 Íd, pág. 783.
11 Debemos señalar, no obstante, que de la oposición del señor Medina Cardona no surge que el acusado prefiere ventilar su caso por tribunal de Derecho. Por lo tanto , y en atención a lo esbozado en su escrito y hasta tanto no se haya determinado otra cosa, se presume que el acusado ejercerá su derecho constitucional a un juicio por Jurado. MC-2019-344 16 MC-2019-366
Oficina de Administración de Tribunales (Oficina de Prensa de
la OAT) y al juez o jueza del Tribunal de Primera Instancia que
presidirá el juicio del señor Medina Cardona. Es decir, las guías
que surgen de la Resolución emitida procuran salvaguardar los
derechos tanto del señor Medina Cardona como los de la Prensa y
del público en general.
b. Pueblo v. Rivera Nazario
En Pueblo v. Rivera Nazario, 141 DPR 865 (1996), evaluamos
“el alcance del derecho del acusado a un juicio justo e imparcial
frente a la libertad de prensa y el derecho del pueblo a estar
informado sobre los incidentes de un proceso penal”.12 Por la
importancia que revistió esta controversia, resulta oportuno
reproducir nuestras expresiones:
[N]uestra Constitución consagra expresamente el derecho de todo acusado de un delito grave a que su juicio se ventile ante un Jurado imparcial. Además, tiene derecho a que se le pruebe la acusación mediante prueba admisible y no por influencias extrañas al proceso. Por ello, la publicidad adversa que se despliega con antelación al juicio tiene particular relevancia para el tribunal, dada la posibilidad de que menoscabe los mencionados derechos del acusado.
Sin embargo, es un principio firmemente establecido en nuestra jurisprudencia que la publicación de noticias acerca de los hechos e incidentes de un proceso penal no violenta per se el derecho constitucional del acusado a un juicio justo e imparcial. Como la criminalidad es uno de los problemas principales de nuestros tiempos, la ciudadanía sigue muy de cerca los actos delictivos más notorios y tiene interés en los procesos judiciales que se inicien contra los imputados de los actos delictivos. Constantemente hemos sostenido que “[l]a adjudicación hecha por el juzgador de hechos se encuentra permeada por una presunción de regularidad y corrección y de que el veredicto se sostiene a base de la prueba desfilada”. El acusado es quien carga 12 Pueblo v. Rivera Nazario, 141 DPR 865, 874 (1996). MC-2019-344 17 MC-2019-366
con “el peso de la prueba para demostrar afirmativa y satisfactoriamente que las mismas fueron de tal naturaleza, impacto y exposición que le han privado de un juicio justo ante un jurado imparcial”.
Dentro de nuestra realidad social y geográfica no podría ser de otro modo. “Lo contrario, inhibiría el que fueran encausados acusados de gran notoriedad o casos revestidos de interés público en una sociedad democrática — que se caracteriza por el flujo de ideas y noticias.” Al evaluar en qué consiste un Jurado imparcial, debemos considerar que nuestro ordenamiento constitucional confiere a la libertad de prensa un lugar privilegiado dentro del sistema de libertades civiles. De otra parte, somos conscientes de que los medios de comunicación y difusión en esta era tecnológica poseen un grado altísimo de eficacia, rapidez y alcance. Por todo ello, en un país como el nuestro, de limitada extensión territorial y densamente poblado, sería prácticamente imposible formar un Jurado totalmente ignorante de los detalles de un crimen que por su naturaleza engendran publicidad y alcanzan notoriedad en nuestra jurisdicción. Hoy, más que nunca, “[l]a justicia no puede por tanto depender de la ignorancia, sino de la integridad de los jurados y de la firmeza de su compromiso de resolver guiados únicamente por la prueba que se presenta en juicio”.
De ahí que una alegación de prejuicio o parcialidad en un juicio por jurado no puede fundarse exclusivamente en la difusión de las noticias perjudiciales o inflamatorias. Quien alega tal prejuicio o parcialidad debe basar su reclamo en el efecto real que la información difundida haya tenido en el ánimo de los candidatos al Jurado. “A fin de cuentas, la verdadera encuesta en juicios expuestos a mucha publicidad es determinar el estado mental que pudo haber imperado entre el Jurado. Lo realmente importante no es si el Jurado conoció o recuerda el caso en particular por los informes de prensa, sino que puede juzgar imparcialmente.”
Ahora bien, una vez el acusado haya demostrado que el caso ha generado publicidad masiva inflamatoria o altamente perjudicial con anterioridad al juicio, es deber de los tribunales de instancia tomar las medidas necesarias para evitar que los miembros del Jurado lleguen a juzgar el caso con una opinión ya formada. El tribunal debe examinar en qué forma la información publicada ha influido el ánimo de los candidatos al Jurado, teniendo en cuenta que su mera exposición, MC-2019-344 18 MC-2019-366
aun tratándose de publicidad masiva o inflamatoria, no los descalifica automáticamente.
De otro lado, hemos expresado que “[l]os tribunales tienen los poderes y los instrumentos necesarios para seleccionar los candidatos idóneos y minimizar los efectos adversos de la publicidad anterior al juicio”. Entre los mecanismos que poseen los tribunales para tales propósitos, hemos reconocido los siguientes: (a) la celebración de un voir-dire exhaustivo y riguroso; (b) la concesión a las partes de recusaciones adicionales a las provistas por la Regla 123 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II; (c) secuestrar al Jurado una vez éste haya sido escogido y juramentado; (d) impartir instrucciones cuidadosas y detalladas a los jurados, y (e) finalmente y sólo en casos extremos en los cuales no sea posible utilizar los instrumentos antes mencionados para garantizar un juicio justo e imparcial, “el tribunal p[odrá] suspender los procedimientos al amparo de la Regla 109 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, o también puede ordenar el traslado a otra Sala”.
En casos cuando la publicidad surge antes o durante la etapa de desinsaculación del Jurado, el voir-dire se convierte en un mecanismo de vital importancia para garantizar al acusado un juicio justo e imparcial. El magistrado que preside el proceso debe sopesar el impacto que la publicidad ha tenido en el ánimo de los candidatos, con el fin de “garantizar que el Jurado que intervendrá en el proceso como juzgador supremo de los hechos será uno imparcial, capacitado y libre de prejuicio”. En tales casos es recomendable que se lleve a cabo “un voire dire extenso y riguroso que le permita indagar sobre la exposición que han tenido los candidatos a información periodística y la naturaleza de los datos obtenidos a través de las noticias”.
Cada caso deberá juzgarse según sus hechos particulares considerando el perjuicio real que pudo causar la información publicada en vista de la totalidad de las circunstancias. El profesor Chiesa resume algunos de los principales factores que han de ser considerados para determinar el perjuicio real sufrido: (1) la naturaleza cuantitativa y cualitativa de la publicidad;(2) las medidas tomadas por el tribunal para contrarrestar el potencial del perjuicio; (3) los reclamos del acusado; (4) la determinación de si el Jurado tuvo en efecto conocimiento de información del caso a través de los MC-2019-344 19 MC-2019-366
medios objeto de prueba en el juicio y si se trata de materia admisible como prueba; [(5)] la disposición de los jurados para emitir su veredicto sólo con base en la prueba, descartando la información extrínseca originada por la publicidad del caso, y [(6)] la conducta del Ministerio Fiscal. (Citas omitidas).13
En lo que respecta a las veces que los medios publicaron
información del caso, manifestamos los siguiente:
[L]la cantidad de la información publicada no es el único criterio que se debe tomar en cuenta para medir el efecto perjudicial de la publicidad en el ánimo de los jurados. Es concebible que en ciertos casos excepcionales, aun cuando la difusión de la información sobre el caso sea limitada, la naturaleza perjudicial y las circunstancias de la publicación sean tales que provoquen un menoscabo en el derecho a un juicio imparcial del acusado.14
Nótese que queda en manos del juez o la jueza que preside
el trámite judicial emplear los recursos necesarios y tomar las
medidas adecuadas para no violentar el derecho del acusado a un
juicio justo e imparcial. Esto es parte del manejo y control de
la sala del tribunal. Tal como surgió en Pueblo v. Rivera
Nazario, supra, el foro de instancia realizó un voir dire extenso
y riguroso para eliminar el potencial perjuicio que la
información difundida pudiera causar a la persona acusada. Es
decir, el tribunal de instancia preguntó a los potenciales
jurados si, a pesar de haber leído, escuchado o visto información
del caso en los medios de comunicación, tenían la capacidad para
evaluar el caso de manera objetiva y para resolver única y
exclusivamente a base de la prueba que se desfilara. Las partes,
13 Pueblo v. Rivera Nazario, supra, págs. 874–877. Véase, además, Pueblo v. Pérez Santaliz, 105 DPR 10, 13-15 (1976).
14 Pueblo v. Rivera Nazario, supra, pág. 880. MC-2019-344 20 MC-2019-366
igualmente, tuvieron la responsabilidad de depurar los paneles
de jurados -mediante el mecanismo de la recusación- para obtener
un Jurado idóneo como juzgador de los hechos.
No debemos pasar por alto que cuando resolvimos el
precitado caso en 1996 aun no existían las distintas plataformas
cibernéticas y los avances tecnológicos que tenemos en la
actualidad. Este hecho es lo que en gran medida provocó la
enmienda al Canon 15 de Ética Judicial y la aprobación del
Reglamento del PECAM.
En lo que respecta a la conducta del Ministerio Público en
cuanto a las alegadas manifestaciones realizadas a la Prensa,
éstas las gobierna el Canon 13 del Código de Ética Profesional
(Canon 13).15 En lo pertinente éste advierte lo siguiente:
El abogado y el fiscal deben abstenerse de publicar o de cualquier manera facilitar la publicación en periódicos o a través de otros medios informativos, detalles u opiniones sobre casos criminales pendientes o que señalen la probabilidad de casos criminales futuros, pues tales publicaciones pueden obstaculizar la celebración de un juicio imparcial y perjudicar la debida administración de la justicia. Cuando circunstancias realmente extraordinarias requieran hacer manifestaciones la expresión debe limitarse a las constancias de los autos, sin hacer referencia a la prueba de que se dispone o los testigos que se utilizarán, ni al contenido de sus testimonios.
Tanto el abogado defensor como el fiscal deben evitar en lo posible ser retratados para fines publicitarios y es impropio que un abogado o fiscal aparezca posando en retratos relacionados con casos criminales en los cuales participe o haya participado.
Además, al amparo del Canon 13 y ante la posibilidad de una
publicidad excesiva y perjudicial, el foro de instancia puede
15 Pueblo v. Rivera Nazario, supra, pág. 880. MC-2019-344 21 MC-2019-366
emitir una orden de mordaza a las partes con el fin garantizar
el derecho del acusado a un juicio justo e imparcial.
III
En la oposición del señor Medina Cardona solo existen
alegaciones relacionadas a que la información difundida por los
medios de comunicación en etapas anteriores al juicio son
desmedidas y perjudiciales. Sin embargo, considero que es al
tribunal de instancia, mediante el proceso de desinsaculación
del Jurado, a quien le corresponde determinar si la publicidad
ha sido de tal magnitud que perjudicaría el derecho del acusado
a un juicio justo e imparcial. Asimismo, fuera de la contratación
privada cuando el acusado ha comparecido al Tribunal, el señor
Medina Cardona no expuso cómo y qué circunstancias han existido
o qué trámites infructuosos ha realizado con el Estado que nos
convenza de que su vida e integridad física está en peligro. No
puedo concebir, cómo en esta etapa, la vida y seguridad del
acusado se encuentre en riesgo por la difusión del juicio.
Por otra parte, ciertamente, como expone el Procurador
General, la Regla 4(j)(2) del Reglamento del PECAM expresamente
no contempla la difusión del juicio por Jurado. No obstante,
como vimos, la Regla 15 del mismo cuerpo de normas y nuestro
poder inherente así nos faculta a concederlo. En cuanto a los
planteamientos de disolución del Jurado y del nuevo juicio, éstos
resultan especulativos pues primero es necesario determinar si,
en efecto, la publicación fue de tal magnitud que perjudicó al
derecho del acusado a un juicio justo e imparcial. MC-2019-344 22 MC-2019-366
No podemos controlar la connotación que la Prensa le da a
una noticia, pero sí garantizar que la transmisión del proceso
sea una transparente, o sea, que le permita al público
televidente juzgar qué fue lo que realmente ocurrió. Es ahí donde
opera el protocolo que con estas guías activamos tanto para el
manejo y control de la sala que debe tener el tribunal de
instancia como para la oficina de Prensa de la OAT y los medios
de comunicación.
Ciertamente, en la medida que en el pasado autorizábamos
la difusión de distintos tipos de vistas de los procedimientos
en los casos criminales, me convencía que llegaría el momento
en que la ciudadanía estaría madura para presenciar desde sus
hogares o lugar de preferencia un juicio de alta notoriedad
mediática. Las guías establecidas en la Resolución emitida no
limitan al juez o jueza del tribunal de instancia que presida
los procedimientos del señor Medina Cardona. O sea, llegó el
cumplimiento de lo que expresé en ASPRO et al., Ex Parte I, 189
DPR 769, 782 (2013) “es posible transmitir, incluso de forma
televisiva, cualquier proceso judicial, en cualquier etapa.”16
Erick V. Kolthoff Caraballo Juez Asociado
16(Énfasis suplido). Voto de conformidad de este servidor en ASPRO et al., Ex Parte I, supra, 782 (2013).