Zeda Batista v. Administración De Servicios De Salud Mental Y Contra La Adicción
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Opinion
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Josefina Zeda Batista
Peticionario Certiorari
v. 2017 TSPR 94
Administración de Servicios de 198 DPR ____ Salud Mental y Contra la Adicción
Recurrida
Número del Caso: CC-2017-167
Fecha: 5 de junio de 2017
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Arecibo-Guayama
Abogado de la parte Peticionaria:
Lcdo. Héctor Torres Babilonia
Abogados de la parte Recurrida:
Lcda. Ayleen James Reyes Lcdo. Carlos Padín Pérez
Materia: Resolución de Sala de Despacho con Voto particular disidente.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO Sala I
Peticionaria
v. Certiorari CC-2017-0167 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción
Sala de Despacho integrada por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez, la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 5 de junio de 2017.
Atendida la Petición de certiorari presentada por la parte peticionaria, se provee no ha lugar.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez expediría y emite un Voto particular disidente.
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Josefina Zeda Batista Peticionaria
v. Certiorari CC-2017-0167
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción Recurrida
Voto particular disidente emitido por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez
¿Qué protección otorgan la Constitución de
Puerto Rico y la Constitución de Estados Unidos a
los contratistas independientes cuyos contratos no
son renovados por discrimen político? ¿Qué
constituye una decisión adversa y a quién se puede
responsabilizar por ella en este contexto? Estas son
algunas de las controversias que el Tribunal tiene
ante su consideración en este caso. Porque estoy
convencida de que una Sala de este Tribunal
desaprovechó la oportunidad de expresarnos sobre un
asunto de alto interés público al denegar el
recurso, disiento. En su lugar, recomiendo expedir
el auto de certiorari y estudiaría a fondo si
procede revocar el dictamen recurrido. CC-2017-0167 2
La Sra. Josefina Zeda Batista (peticionaria) es
psicóloga clínica. Adicional a su oficina privada, trabajó
para la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra
la Adicción (ASSMCA) desde el 2006, a través de varios
contratos de servicios profesionales. En ese trabajo prestaba
servicios a los clientes del Centro de Servicios Ambulatorios
de Arecibo del Programa de “Drug Court”. El último contrato
otorgado a la peticionaria venció en diciembre de 2010, pues
el mismo no fue renovado a pesar de su desempeño excelente.
Lo anterior provocó que la peticionaria presentara una
demanda sobre discrimen político y represalias en contra de
la ASSMCA. En esencia, alegó que no se renovó su contrato por
ser miembro del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
El Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la demanda.
Razonó que la peticionaria probó un caso prima facie de
discrimen político, ya que su afiliación política era
conocida y fue reemplazada por un psicólogo que compartía la
ideología política de la autoridad nominadora. Señaló que los
testigos presentados por la ASSMCA no le merecieron
credibilidad ni pudieron explicar la razón por la cual no se
renovó el contrato de la peticionaria.
En cambio, el Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen
recurrido. Entre otras cosas, entendió que la decisión
adversa de no renovar la tomó el Secretario de la
Gobernación, quien no es parte en el pleito. Destacó que la
ASSMCA solicitó la renovación del contrato, de modo que no
actuó de forma discriminatoria. Por otro lado, también CC-2017-0167 3
cuestionó algunos de los remedios concedidos por el foro
primario.
La peticionaria acude ante nosotros y destaca, entre
otras cosas, que la teoría de que fue el Secretario de la
Gobernación quien decidió no renovar su contrato no fue
creída por el foro primario. Debido a los hechos particulares
de este caso, me parece persuasiva su postura de que la no
renovación de su contrato era imputable únicamente a la
ASSMCA. De entrada, considero que debemos examinar el
contexto en que se emitieron las expresiones que el foro
apelativo utilizó para atribuirle al Secretario de la
Gobernación la no renovación. Por lo tanto, expediría el
certiorari para determinar si la peticionaria probó su caso
de discrimen político y aclarar qué constituye una
determinación adversa.
Además, podíamos aprovechar esta ocasión para
profundizar sobre lo resuelto en este tema por el Tribunal
Supremo Federal en Board of Comm'rs, Wabaunsee Cty. v.
Umbehr, 518 U.S. 668 (1996), y O'Hare Truck Service, Inc. v.
City of Northlake, 518 U.S. 712 (1996), así como su progenie
en los Tribunales Federales de Apelaciones. Véase Aponte
Burgos v. Aponte Silva, 154 DPR 117, 127 (2001) (“la
prohibición del discrimen político en relación al empleo
público de la Constitución federal es tan abarcadora que el
Tribunal Supremo de Estados Unidos la ha extendido incluso a
contratistas independientes, que no son técnicamente
empleados públicos”.). Además, no podemos negar que, CC-2017-0167 4
lamentablemente, en Puerto Rico abundan los casos de
discrimen político. Véase Alexandra Sabater Baerga & Jean R.
Santiago Cruz, A Spoiled Spoils System: Puerto Rico’s
Epidemic of Political Discrimination and the Federal Courts,
85 Rev. Jur. UPR 1327, 1351 (2016) (donde se destaca que
“50.8% of all cases regarding political discrimination
reviewed by the circuit courts have come from the District
Court of Puerto Rico”.). Le corresponde a este Tribunal velar
por el cumplimiento de nuestras garantías constitucionales en
una situación que tanto perturba a nuestro país.
Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Presidenta
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