Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL V
WILMINGTON SAVINGS APELACIÓN FUND SOCIETY, FSB, NOT procedente del INDIVIDUALLY BUT Tribunal de Primera SOLELY AS TRUSTEE FOR Instancia, Sala FIANCE OF AMERICA Superior de STRUCTURED SECURITIES Caguas ACQUISITION TRUST 2018-HB1 Apelado
V. KLAN202400398 Civil. Núm. CG2022CV04102 CENTRO DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS, Sobre: CENTRO DE Ejecución de RECAUDACIÓN DE Hipoteca IGRESOS MUNICIPALES, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, FULANA DE TAL, FULANO DE TAL, SUCN. ÁNGEL MANUEL CRUZ RIVERA T/C/C ANGEL M CRUZ RIVERA T/C/C ANGEL M CRUZ T/C/C ANGEL M CRUZ- RIVERA Apelante Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.
Hernández Sánchez, Juez Ponente
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de mayo de 2024.
El 25 de abril de 2024, la Sra. Evederys Cruz y la Sra. Arelys
Cruz (en conjunto, las peticionarias) comparecieron ante nos
mediante un recurso intitulado Alegato de la Parte Apelante y nos
solicitaron la revisión de una resolución que se dictó y notificó el 23
de febrero de 2024 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala
Superior de Caguas (TPI).1 Mediante el aludido dictamen, el TPI
declaró No Ha Lugar una moción de relevo de sentencia instada por
las peticionarias.
1 Acogemos la apelación de epígrafe como un certiorari, por ser el recurso adecuado para la revisión de la determinación recurrida. Sin embargo, para fines administrativos, mantenemos la codificación alfanumérica que la Secretaría de este foro le asignó al caso
Número Identificador RES2024 _____________________ KLAN202400398 2
Por los fundamentos que expondremos a continuación,
denegamos el recurso de epígrafe.
I.
El 12 de diciembre de 2022, Wilmington Savings Fund Society
(recurrido) presentó una Demanda sobre ejecución de hipoteca
contra la sucesión de Ángel Manuel Cruz Rivera (señor Cruz
Rivera).2 En esencia, alegó que el señor Cruz Rivera era el titular de
una propiedad sita en municipio de Caguas, la cual estaba gravada
con una hipoteca. Sostuvo que el recurrido era el tenedor de buena
fe del pagaré hipotecario objeto de ejecución. Agregó que esta parte
declaró vencida liquida y exigible la totalidad de la deuda y detalló
que al 30 de noviembre de 2022 se adeudaba la suma principal de
$159,245.10, los intereses sobre dicho monto los cuales totalizaban
$18,640.70 y que estos continuarían acumulándose a razón de la
tasa de interés corriente en el mercado, más la suma de $34,050.00,
para gastos, costas y honorarios de abogado. Por ello, solicitó la
ejecución y venta en pública subasta del bien inmueble garantizado
por la hipoteca.
Tras varios tramites procesales los cuales no son necesarios
detallar, el 25 de abril de 2023, el recurrido presentó una Moción en
Solicitud de Sentencia en Rebeldía.3 Mediante esta arguyó que las
peticionarias fueron emplazadas mediante edicto. Indicó que, pese
a que fueron debidamente emplazadas, esta parte no había
presentado alegación responsiva. Por tal motivo, razonó que tras
haber expirado el término de treinta (30) días dispuesto por la Regla
10.1 de Procedimiento Civil, 32. LPRA Ap. V R.10.1, para la
presentación de alegación responsiva, solicitó que se dictara
sentencia en rebeldía. Así pues, el 11 de octubre de 2023, el TPI
emitió una Sentencia en Rebeldía y, en consecuencia, ordenó al
2 Véase, apéndice de las peticionarias, págs. 1-7. 3 Íd., págs. 31-33. KLAN202400398 3
Alguacil a efectuar la venta en pública subasta de la propiedad
hipotecada para aplicar el importe de la venta al saldo de la deuda.
Posteriormente, el 16 de febrero de 2024, las peticionarias
presentaron una Moción Asumiendo Representación Legal: Moción al
Amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil y Moción Solicitando
Paralización de Subasta.4 En esta, explicaron que, pese haber sido
emplazadas por edicto, no lograron advenir en conocimiento del
procedimiento de ejecución de la propiedad en controversia, pues
estas eran residentes del estado de la Florida. Esbozaron que el 5 de
enero de 2024 se comunicaron con personal de Finance of America,
uno de los co-demandantes, para tratar de rescatar la propiedad.
Esgrimieron que el personal de Finance of America, les comunicó
que el Housing Urban Development (HUD) prefería permitir que los
herederos compren la propiedad. Ante estos argumentos, le
solicitaron al TPI que dejara sin efecto la sentencia que se dictó el
12 de octubre de 2023 y se les permitiera contestar la demanda y
comenzar el proceso de mediación para recuperar la propiedad.
Evaluado este escrito, el 23 de febrero de 2024, el TPI emitió
y notificó una Resolución en la cual dictaminó los siguiente: “Ha
Lugar a la solicitud para asumir representación legal. No Ha Lugar
a la solicitud de relevo de sentencia [sic]. No se cumple con ninguno
de los incisos de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil”.5 Insatisfechas
con este resultado, las peticionarias presentaron una Moción de
Reconsideración al amparo de la Regla 47.2 en la cual reiteraron que
las peticionarias no habían tenido su día en corte y que desde que
advinieron en conocimiento de la existencia de este pleito, habían
realizado distintas gestiones con el propósito de continuar los
procedimientos y que el TPI dejara sin efecto la sentencia.6 El 21 de
4 Íd., págs. 148-150. 5 Íd., pág. 160. 6 Íd., págs. 162-164. KLAN202400398 4
marzo de 2024, el TPI emitió una Resolución notificando No Ha
Lugar a la reconsideración. Inconforme aun, el 22 de abril de 2024,
las peticionarias comparecieron ante nos mediante el recuso de
epígrafe y formularon el siguiente señalamiento de error:
Erró el Honorable Foro de Instancia al no concederé la Moción al Amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil.
Atendido el recurso, el 23 de abril de 2023 emitimos una
Resolución en la cual expresamos, entre otras cosas, que acogíamos
el presente recurso como un certiorari. Además, le concedimos a la
recurrida hasta el 2 de mayo de 2024 para que presentara su escrito
en oposición. Oportunamente, el recurrido presentó una Solicitud de
Desestimación en la cual planteó que el recurso le fue notificado de
manera tardía. El 13 de mayo de 2024, emitimos una Resolución en
la cual declaramos No Ha Lugar la solicitud de desestimación. Con
el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a resolver
la controversia que está ante nuestra consideración.
II.
El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado
para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de
derecho cometido por un tribunal inferior. Torres González v.
Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 846-847 (2023). Los tribunales
apelativos tenemos la facultad para expedir un certiorari de manera
discrecional. Íd., pág. 847. Esta discreción se define como “el poder
para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o
varios cursos de acción”. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).
Asimismo, discreción es una forma de razonabilidad aplicada al
discernimiento judicial para llegar a una conclusión justa. Íd., pág.
335. Ahora bien, la aludida discreción que tiene este foro apelativo
para atender un certiorari no es absoluta. Íd. Esto ya que no tenemos
autoridad para actuar de una forma u otra, con abstracción total al
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL V
WILMINGTON SAVINGS APELACIÓN FUND SOCIETY, FSB, NOT procedente del INDIVIDUALLY BUT Tribunal de Primera SOLELY AS TRUSTEE FOR Instancia, Sala FIANCE OF AMERICA Superior de STRUCTURED SECURITIES Caguas ACQUISITION TRUST 2018-HB1 Apelado
V. KLAN202400398 Civil. Núm. CG2022CV04102 CENTRO DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS, Sobre: CENTRO DE Ejecución de RECAUDACIÓN DE Hipoteca IGRESOS MUNICIPALES, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, FULANA DE TAL, FULANO DE TAL, SUCN. ÁNGEL MANUEL CRUZ RIVERA T/C/C ANGEL M CRUZ RIVERA T/C/C ANGEL M CRUZ T/C/C ANGEL M CRUZ- RIVERA Apelante Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.
Hernández Sánchez, Juez Ponente
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de mayo de 2024.
El 25 de abril de 2024, la Sra. Evederys Cruz y la Sra. Arelys
Cruz (en conjunto, las peticionarias) comparecieron ante nos
mediante un recurso intitulado Alegato de la Parte Apelante y nos
solicitaron la revisión de una resolución que se dictó y notificó el 23
de febrero de 2024 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala
Superior de Caguas (TPI).1 Mediante el aludido dictamen, el TPI
declaró No Ha Lugar una moción de relevo de sentencia instada por
las peticionarias.
1 Acogemos la apelación de epígrafe como un certiorari, por ser el recurso adecuado para la revisión de la determinación recurrida. Sin embargo, para fines administrativos, mantenemos la codificación alfanumérica que la Secretaría de este foro le asignó al caso
Número Identificador RES2024 _____________________ KLAN202400398 2
Por los fundamentos que expondremos a continuación,
denegamos el recurso de epígrafe.
I.
El 12 de diciembre de 2022, Wilmington Savings Fund Society
(recurrido) presentó una Demanda sobre ejecución de hipoteca
contra la sucesión de Ángel Manuel Cruz Rivera (señor Cruz
Rivera).2 En esencia, alegó que el señor Cruz Rivera era el titular de
una propiedad sita en municipio de Caguas, la cual estaba gravada
con una hipoteca. Sostuvo que el recurrido era el tenedor de buena
fe del pagaré hipotecario objeto de ejecución. Agregó que esta parte
declaró vencida liquida y exigible la totalidad de la deuda y detalló
que al 30 de noviembre de 2022 se adeudaba la suma principal de
$159,245.10, los intereses sobre dicho monto los cuales totalizaban
$18,640.70 y que estos continuarían acumulándose a razón de la
tasa de interés corriente en el mercado, más la suma de $34,050.00,
para gastos, costas y honorarios de abogado. Por ello, solicitó la
ejecución y venta en pública subasta del bien inmueble garantizado
por la hipoteca.
Tras varios tramites procesales los cuales no son necesarios
detallar, el 25 de abril de 2023, el recurrido presentó una Moción en
Solicitud de Sentencia en Rebeldía.3 Mediante esta arguyó que las
peticionarias fueron emplazadas mediante edicto. Indicó que, pese
a que fueron debidamente emplazadas, esta parte no había
presentado alegación responsiva. Por tal motivo, razonó que tras
haber expirado el término de treinta (30) días dispuesto por la Regla
10.1 de Procedimiento Civil, 32. LPRA Ap. V R.10.1, para la
presentación de alegación responsiva, solicitó que se dictara
sentencia en rebeldía. Así pues, el 11 de octubre de 2023, el TPI
emitió una Sentencia en Rebeldía y, en consecuencia, ordenó al
2 Véase, apéndice de las peticionarias, págs. 1-7. 3 Íd., págs. 31-33. KLAN202400398 3
Alguacil a efectuar la venta en pública subasta de la propiedad
hipotecada para aplicar el importe de la venta al saldo de la deuda.
Posteriormente, el 16 de febrero de 2024, las peticionarias
presentaron una Moción Asumiendo Representación Legal: Moción al
Amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil y Moción Solicitando
Paralización de Subasta.4 En esta, explicaron que, pese haber sido
emplazadas por edicto, no lograron advenir en conocimiento del
procedimiento de ejecución de la propiedad en controversia, pues
estas eran residentes del estado de la Florida. Esbozaron que el 5 de
enero de 2024 se comunicaron con personal de Finance of America,
uno de los co-demandantes, para tratar de rescatar la propiedad.
Esgrimieron que el personal de Finance of America, les comunicó
que el Housing Urban Development (HUD) prefería permitir que los
herederos compren la propiedad. Ante estos argumentos, le
solicitaron al TPI que dejara sin efecto la sentencia que se dictó el
12 de octubre de 2023 y se les permitiera contestar la demanda y
comenzar el proceso de mediación para recuperar la propiedad.
Evaluado este escrito, el 23 de febrero de 2024, el TPI emitió
y notificó una Resolución en la cual dictaminó los siguiente: “Ha
Lugar a la solicitud para asumir representación legal. No Ha Lugar
a la solicitud de relevo de sentencia [sic]. No se cumple con ninguno
de los incisos de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil”.5 Insatisfechas
con este resultado, las peticionarias presentaron una Moción de
Reconsideración al amparo de la Regla 47.2 en la cual reiteraron que
las peticionarias no habían tenido su día en corte y que desde que
advinieron en conocimiento de la existencia de este pleito, habían
realizado distintas gestiones con el propósito de continuar los
procedimientos y que el TPI dejara sin efecto la sentencia.6 El 21 de
4 Íd., págs. 148-150. 5 Íd., pág. 160. 6 Íd., págs. 162-164. KLAN202400398 4
marzo de 2024, el TPI emitió una Resolución notificando No Ha
Lugar a la reconsideración. Inconforme aun, el 22 de abril de 2024,
las peticionarias comparecieron ante nos mediante el recuso de
epígrafe y formularon el siguiente señalamiento de error:
Erró el Honorable Foro de Instancia al no concederé la Moción al Amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil.
Atendido el recurso, el 23 de abril de 2023 emitimos una
Resolución en la cual expresamos, entre otras cosas, que acogíamos
el presente recurso como un certiorari. Además, le concedimos a la
recurrida hasta el 2 de mayo de 2024 para que presentara su escrito
en oposición. Oportunamente, el recurrido presentó una Solicitud de
Desestimación en la cual planteó que el recurso le fue notificado de
manera tardía. El 13 de mayo de 2024, emitimos una Resolución en
la cual declaramos No Ha Lugar la solicitud de desestimación. Con
el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a resolver
la controversia que está ante nuestra consideración.
II.
El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado
para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de
derecho cometido por un tribunal inferior. Torres González v.
Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 846-847 (2023). Los tribunales
apelativos tenemos la facultad para expedir un certiorari de manera
discrecional. Íd., pág. 847. Esta discreción se define como “el poder
para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o
varios cursos de acción”. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).
Asimismo, discreción es una forma de razonabilidad aplicada al
discernimiento judicial para llegar a una conclusión justa. Íd., pág.
335. Ahora bien, la aludida discreción que tiene este foro apelativo
para atender un certiorari no es absoluta. Íd. Esto ya que no tenemos
autoridad para actuar de una forma u otra, con abstracción total al
resto del derecho, pues ello constituiría abuso de discreción. Íd. Así, KLAN202400398 5
“el adecuado ejercicio de la discreción judicial esta inexorable e
indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Íd.
La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,
establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera
Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se
recurre de: (1) una resolución u orden bajo la Regla 56 (Remedios
Provisionales) y la Regla 57 (Injunction) de las Reglas de
Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de carácter
dispositivo y; (3) por excepción de: (a) decisiones sobre la
admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos
relativos a privilegios probatorios; (c) anotaciones de rebeldía; (d)
casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público;
y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la apelación
constituiría un fracaso irremediable de la justicia.
En otros términos, al determinar si procede expedir o denegar
un recurso de certiorari en el cual se recurre de un asunto post-
sentencia, debemos evaluar únicamente los criterios enmarcados en
la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. Íd. La
aludida regla establece lo siguiente:
El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de mostrar causa:
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del problema.
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.
(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su consideración. KLAN202400398 6
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII- B, R. 40.
Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el
ejercicio de jurisdicción y tampoco constituyen una lista exhaustiva.
García v. Padró, supra, pág. 335. La norma vigente es que los
tribunales apelativos podremos intervenir con las determinaciones
discrecionales del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya
incurrido en arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error
en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de
derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581
(2009).
III.
Nos corresponde justipreciar si debemos ejercer nuestra
facultad discrecional al amparo de los criterios enmarcados en la
Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra. Luego de examinar el
expediente a la luz de los criterios de la Regla 40 del Tribunal de
Apelaciones, supra, no identificamos razón por la cual este Foro
deba intervenir. Ello, ya que no se presentan ninguna de las
situaciones que allí se contemplan. Recordemos que nuestro
ordenamiento jurídico nos brinda la discreción de intervenir en
aquellos dictámenes interlocutorios o post-sentencia en los que el
foro de primera instancia haya sido arbitrario, cometido un craso
abuso de discreción o cuando, de la actuación del foro, surja un
error en la interpretación o la aplicación de cualquier norma
procesal o de derecho sustantivo. Reiteramos que en el recurso que
aquí atendemos no se nos ha demostrado que haya alguno de estos
escenarios. KLAN202400398 7
IV.
Por los fundamentos antes expuestos, denegamos el recurso
de epígrafe.
Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del
Tribunal de Apelaciones.
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís Secretaria del Tribunal de Apelaciones