EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Vimarie Santiago León; Ariel González Rivera Certiorari Recurridos 2009 TSPR 153 v. 177 DPR ____ Municipio de San Juan
Peticionario
Número del Caso: CC-2008-634
Fecha: 7 de octubre de 2009
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan-Panel III
Juez Ponente: Hon. José A. Morales Rodríguez
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Simone Cataldi Malpica Lcdo. Eliezer A. Aldarondo López Lcdo. Eliezer Aldarondo Ortiz
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Jennifer López Negrón Lcdo. Julio Nigaglioni Arrache
Materia: Salarios
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correccione s del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace c omo un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Vimarie Santiago León; Ariel González Rivera Recurridos CC-2008-634 v
Municipio de San Juan Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Rivera Pérez.
San Juan, Puerto Rico, a 7 de octubre de 2009.
Por medio del presente recurso de
certiorari se nos solicita que revisemos una
Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones.
En dicha sentencia el foro apelativo intermedio
dispuso que, a pesar de concurrir todos los
requisitos para aplicar interjurisdiccionalmente
la doctrina de cosa juzgada, dicha aplicación, a
modo de excepción, cede ante el alto interés
público que revisten las reclamaciones instadas
por los recurridos. Por entender que el foro
intermedio apelativo erró al aplicar la excepción
y no la norma, REVOCAMOS. CC-2008-634 2
I
El 1 de agosto de 2001, la Sra. Vimarie Santiago León
comenzó a trabajar como Supervisora de Sección en el
programa Más Salud en tu Comunidad del Departamento de
Salud del Municipio de San Juan, en adelante el
Departamento. Dicho puesto era uno transitorio y estaba
adscrito a la División de Programas Especiales.
El 26 de noviembre de 2001, la señora Santiago León
fue designada Directora Auxiliar de Programas Especiales.
Esta posición era una plaza regular que la señora Santiago
León pasó a ocupar interinamente. Su jefe y supervisor
inmediato lo era el Dr. Alfredo L. Escalera, quien dirigía
el programa de salud del Departamento.
Posteriormente, en febrero del 2002, la señora
Santiago León quedó embarazada. Luego de comunicarle este
hecho al doctor Escalera, éste, alegadamente, inició un
patrón de discrimen y de trato desigual en contra de la
señora Santiago León por razón de su estado de gestación.
Debido a ello, el 4 de octubre de 2002, la señora
Santiago León y el Sr. Ariel González Rivera, su compañero
consensual, presentaron la demanda de autos en contra del
Municipio de San Juan, en adelante el Municipio; el doctor
Escalera, en su carácter oficial y personal, Fulana de Tal
y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales por ellos
compuesta; y la Compañía de Seguros ABC.1 En síntesis, los
demandantes alegaron que la conducta de los demandados
1 Véase Apéndice, págs. 5-8. CC-2008-634 3
quebrantaba la Sección 1 del Artículo II de la Constitución
de Puerto Rico;2 la Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942,
conocida como la Ley de Protección de Madres Obreras;3 la
Ley Núm. 69 del 6 de julio de 1985, conocida como la Ley de
Discrimen en el Empleo por Razón de Sexo;4 y la Ley Núm. 17
del 22 de abril de 1988, conocida como la Ley en Contra del
Hostigamiento Sexual en el Empleo.5 Además, los demandantes
alegaron daños y perjuicios causados al amparo del Artículo
1802 del Código Civil.6
Luego de varios trámites procesales, el 30 de enero de
2004, la señora Santiago León y el señor González Rivera
presentaron otra demanda fundada en los mismos hechos, esta
vez en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para
el Distrito de Puerto Rico, en adelante Tribunal de
Distrito.7 Esta segunda demanda también estuvo dirigida en
contra del Municipio; el doctor Escalera, en su carácter
oficial y personal, Fulana de Tal y la Sociedad Legal de
Bienes Gananciales por ellos compuesta; y la Compañía de
Seguros ABC.
Sin embargo, a pesar que en esta segunda demanda
también se hicieron las mismas reclamaciones que en la
2 Art. II § 1 Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2000, pág. 55. 3 29 L.P.R.A. § 467 et seq. 4 29 L.P.R.A. § 1321 et seq. 5 29 L.P.R.A. § 155 et seq. 6 31 L.P.R.A. § 5141. 7 Véase Apéndice, págs. 21-28. CC-2008-634 4
demanda de autos, dichas reclamaciones estuvieron basadas
en otras disposiciones legales; la Constitución de los
Estados Unidos de América;8 el Título VII de la Ley de
Derechos Civiles de 1964;9 el “Pregnancy Discrimination
Act”;10 el “Family and Medical Leave Act”;11 la Ley Núm. 81
del 30 de agosto de 1991, conocida como la Ley de
Municipios Autónomos;12 la Ley Núm. 100 del 30 de junio de
1959, conocida como la Ley en Contra del Discrimen en el
Empleo;13 la Ley Núm. 69 del 6 de julio de 1985, supra;14 y
el Artículo 1802 del Código Civil.15
El 8 de agosto de 2006, luego de haber resuelto la
mayoría de las controversias presentadas y de que los
demandantes desistieran voluntariamente de su reclamación
bajo el “Family and Medical Leave Act”,16 el Tribunal de
Distrito desestimó con perjuicio las reclamaciones que
permanecían ante su consideración.17 Esto, debido a que los
8 U.S.C. Const. Art. III § 2, cl.1. 9 42 U.S.C. § 2000e et seq. 10 42 U.S.C. § 2000e(k). 11 29 U.S.C. §§ 2601-2619. 12 21 L.P.R.A. § 4001 et seq. 13 29 L.P.R.A. § 146 et seq. 14 29 L.P.R.A. § 1321 et seq. 15 31 L.P.R.A. § 5141. 16 Véase Apéndice, págs. 29-31. 17 Véase Apéndice, págs. 141-144. El 13 de marzo de 2006, el Tribunal de Distrito desestimó con perjuicio todas las reclamaciones instadas en contra del doctor Escalera, su CC-2008-634 5
demandantes optaron por asumir una conducta negligente y no
cumplieron con las múltiples órdenes que había dictado el
Tribunal de Distrito en cuanto al manejo diligente del
caso, el descubrimiento de prueba y la radicación en tiempo
de los escritos.
Una vez la sentencia emitida por el Tribunal de
Distrito advino final y firme,18 el 11 de mayo de 2007, el
Municipio presentó una moción de desestimación en el
Tribunal de Primera Instancia.19 En dicha moción el
Municipio alegó que la sentencia emitida por el Tribunal de
Distrito constituía cosa juzgada, por lo que solicitó que
se desestimaran las reclamaciones pendientes en su contra.20
Luego de escuchar a ambas partes, el 25 de septiembre
de 2007, el Tribunal de Primera Instancia dictó una
sentencia parcial en la cual se negó a aplicar
interjurisdiccionalmente la doctrina de cosa juzgada a las
reclamaciones amparadas en la Sección 1 del Artículo II de
la Constitución de Puerto Rico, la Ley de Discrimen en el
esposa y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales por ellos compuesta. Véase Apéndice, págs. 123-133. 18 Esta sentencia desestimatoria advino final y firme luego que transcurriera el término de 30 días para presentar el “Notice of Appeal”, según lo establecido en la Regla 4(a)(1)(A) de Procedimiento Apelativo federal. Dicho término comenzó a transcurrir el 12 de marzo de 2007, cuando el Tribunal de Distrito emitió una opinión y orden en la cual denegó la moción de reconsideración presentada por los demandantes. 19 Véase Apéndice, págs. 13-20. 20 Ya para esta fecha el Tribunal de Primera Instancia había desestimado todas las reclamaciones en contra del doctor Escalera, su esposa y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales por ellos compuesta. Véase Apéndice, pág. 126. CC-2008-634 6
Empleo por Razón de Sexo, y la Ley en Contra del
Hostigamiento Sexual en el Empleo.21 El Tribunal de Primera
Instancia indicó que, a pesar de estar convencido que entre
ambos casos existía la más perfecta identidad de cosas,
causas y partes, dichas reclamaciones estaban revestidas de
un alto interés público, por lo que debían ventilarse en
sus méritos. No obstante, el foro primario desestimó la
reclamación bajo el Artículo 1802 del Código Civil.22
Inconforme, el 30 de noviembre de 2007, el Municipio
presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de
Apelaciones.23 En su recurso, el Municipio argumentó que,
en virtud de la Regla 41(b) de Procedimiento Civil
federal,24 la sentencia emitida por el Tribunal de Distrito
constituía una adjudicación en los méritos, por lo que el
Tribunal de Primera Instancia debió haber aplicado
interjurisdiccionalmente la doctrina de cosa juzgada a
todas las reclamaciones presentadas por los demandantes.
Luego de varios trámites procesales, el 23 de mayo de
2008, el Tribunal de Apelaciones dictó sentencia
21 Véase Apéndice, págs. 148-160. Esta sentencia fue notificada el 16 de octubre de 2007. 22 31 L.P.R.A. § 5141. 23 Véase Apéndice, págs. 171-191. El término para presentar el recurso de apelación quedó debidamente interrumpido por la moción de reconsideración que presentó el Municipio el 23 de octubre de 2007. Véase Apéndice, págs. 161-169. Dicha moción de reconsideración fue declarada SIN LUGAR mediante Orden de 26 de octubre de 2007, notificada el 30 de octubre de 2007. Véase Apéndice, pág. 170. 24 Fed. R. Civ. P. 41(b). CC-2008-634 7
confirmando al Tribunal de Primera Instancia.25 Como
consecuencia de este dictamen desfavorable, el Municipio
acudió ante este Tribunal mediante recurso de certiorari.
En dicho recurso el Municipio alegó la comisión del
siguiente error:
Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar la sentencia del Tribunal de Instancia denegando la desestimación en su totalidad del pleito, a pesar de ser de aplicación la doctrina de cosa juzgada.
II
Nos encontramos ante un caso en el que se invoca la
aplicación interjurisdiccional de la doctrina de cosa
juzgada. Tal aplicación puede ocurrir cuando se presenta
ante el Tribunal de Primera Instancia una sentencia federal
final y firme, como también puede ocurrir cuando se
presenta ante el Tribunal de Distrito una sentencia final y
firme emitida por un Tribunal local.26
Cuando la doctrina de cosa juzgada ha de aplicarse
interjurisdiccionalmente, las normas jurídicas que
determinan el efecto de la sentencia federal (claim
preclusive effect) varían. Estas dependerán del fundamento
invocado para sustentar la jurisdicción federal. Así, si
el fundamento invocado por el demandante para sustentar la
jurisdicción del Tribunal de Distrito lo fue la diversidad
25 Véase Apéndice, págs. 223-237. 26 18 Moore´s Federal Practice, § 133-1 (Mathew Bender 3d ed.) Véase además Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, 131 D.P.R. 212 (1992); Díaz Maldonado v. Lacot, 123 D.P.R. 261 (1989); Ramos González v. Felix Medina, 121 D.P.R. 312 (1988). CC-2008-634 8
de ciudadanía,27 el efecto de cosa juzgada que tendrá la
decisión federal será determinado por las normas que el
foro local aplica en sus dictámenes.28
En cambio, cuando el fundamento invocado por el
demandante para sustentar la jurisdicción del Tribunal de
Distrito es que el pleito incoado presenta una cuestión
federal,29 el efecto de cosa juzgada que tendrá la decisión
federal será determinado por las normas pautadas por el
Tribunal Supremo de Estados Unidos. Ello, para preservar
la supremacía y la finalidad de la decisión inicial basada
en las leyes del foro que la dictó.30
27 28 U.S.C.A. § 1332. 28 A esos efectos, en Semtek International, Inc. v. Lockheed Martin Corp., 531 U.S. 497, 507-508 (2001), el Tribunal Supremo federal indicó lo siguiente: “Since state, rather than federal, substantive law is at issue there is no need for a uniform federal rule. And indeed, nationwide uniformity in the substance of the matter is better served by having the same claim-preclusive rule (the state rule) apply whether the dismissal has been ordered by a state or a federal court. This is, it seems to us, a classic case for adopting, as the federally prescribed rule of decision, the law that would be applied by state courts in the State in which the federal diversity court sits”. 29 28 U.S.C.A. § 1331. 30 A esos efectos, en Semtek International, Inc. v. Lockheed Martin Corp., 531 U.S. 497, 507 (2001), el Tribunal Supremo federal indicó lo siguiente: “It is also true, however, that no federal textual provision addresses the claim- preclusive effect of a federal-court judgment in a federal- question case, yet we have long held that States cannot give those judgments merely whatever effect they would give their own judgments, but must accord them the effect that this Court prescribes”. Véase además Ramos González v. Felix Medina, 121 D.P.R. 312, 327 (1988) (citando a Stoll v. Gottlieb, 305 U.S. 165, 170-171 (1938); Depostit Bank v. Frankfort, 191 U.S. 499, 517-520 (1903)). CC-2008-634 9
En el caso de autos, los demandantes instaron su
reclamación en el Tribunal de Distrito amparados en
distintos estatutos federales y no en diversidad de
ciudadanía. Como consecuencia de ello, el efecto de la
sentencia desestimatoria emitida por el Tribunal de
Distrito debe ser evaluado bajo las normas federales de res
judicata.31
La doctrina federal de cosa juzgada está cimentada
sobre el interés en preservar la finalidad, efectividad y
certidumbre de las sentencias.32 Tal doctrina federal “no
es una mera herramienta procesal heredada de tiempos
técnico-procesales. Es una doctrina fundamental de
justicia sustancial, de política pública y de paz privada
que debe ser invocada y reforzada por los tribunales”.33
Como norma general, la referida doctrina federal
sostiene que toda sentencia final emitida por un Tribunal
competente que adjudique los méritos de las reclamaciones
presentadas, impide que las mismas partes relitiguen entre
sí las mismas causas de acción ya adjudicadas.34
31 Ramos González v. Félix Medina, 121 D.P.R. 312, 328 (1988). 32 Ramos González v. Félix Medina, 121 D.P.R. 312, 339 (1988). 33 Federated Department Stores, Inc. V. Moitie, 452 U.S. 394, 401 (1981). (Traducción nuestra). 34 Federated Department Stores, Inc. V. Moitie, 452 U.S. 394, 398 (1981) (citando a Commissioner v. Sunnen, 333 U.S. 591, 597 (1948); Cromwell v. County of Sac., 94 U.S. 351, 352-353 (1877)). Véase además Powell v. Infinity Ins. Co., 922 A.2d 1073 (2007). CC-2008-634 10
Para que la doctrina federal de cosa juzgada pueda
invocarse exitosamente tienen que concurrir los requisitos
siguientes: (1) identidad de partes; (2) identidad de
causas de acción; y (3) una sentencia final adjudicando los
méritos de las mismas controversias.35 Una vez concurren
los referidos requisitos, si las causas de acción
adjudicadas son reclamadas nuevamente, la sentencia emitida
impide que se relitiguen, entre las mismas partes, las
causas de acción adjudicadas o las que pudieron haberse
adjudicado si se hubiesen reclamado.36
En cuanto al primer requisito, hay identidad de partes
cuando las personas involucradas en ambos pleitos son las
mismas, independientemente del rol asumido en ambos
litigios. En otras palabras, hay identidad de partes aun
cuando el demandante en el primer pleito es el demandado en
el segundo o viceversa.37
En cuanto a la identidad de causas de acción, este
requisito es similar al concepto de causa o razón de pedir
comprendido en nuestra doctrina de cosa juzgada.38 El
35 Central States, Southeast and Southwest Areas Pension Fund v. Hunt Truck Lines, Inc., 296 F.3d 624, 628 (7mo Cir. 2002). 36 Powell v. Infinity Ins. Co., 922 A.2d 1073 (2007). 37 Véase Headley v. Bacon, 828 F.2d 1272 (8vo Cir. 1987); Towers, Perrin, Forster & Crosby, Inc. v. Brown, 732 F.2d 345 (3er Cir. 1984). 38 Ramos González v. Félix Medina, 121 D.P.R. 312, 331 (1988) (citando a A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 D.P.R. 753, 765 (1981); Lausell Marxuach v. Díaz de Yañez, 103 D.P.R. 533, 536 (1972); Colón v. San Patricio Corporation, 81 D.P.R. 242, 271 (1959)). CC-2008-634 11
referido requisito comprende todos los derechos del
demandante que dieron pie a la reclamación instada en
contra del demandado. Poco importa si ambos pleitos se
originan bajo leyes diferentes, pues el mismo derecho puede
ser protegido por más de una disposición legal. Lo
importante es que la causa o razón para reclamar de ambos
pleitos surja de un núcleo común de hechos operacionales,
que sea una repetición fáctica o que surja de una misma
conducta, transacción u ocurrencia.39
En cuanto al tercer requisito, sentencia final que
adjudique los méritos de las reclamaciones presentadas, la
Regla 41(b) de Procedimiento Civil federal regula el
alcance que tienen las sentencias desestimatorias emitidas
por el Tribunal de Distrito. En lo pertinente, la referida
Regla indica lo siguiente:
(b) Involuntary Dismissal; Effect. If the plaintiff fails to prosecute or to comply with these rules or a court order, a defendant may move to dismiss the action or any claim against it. Unless the dismissal order states otherwise, a dismissal under this subdivision (b) and any dismissal not under this rule –except one for lack of jurisdiction, improper venue, or failure to join a party under Rule 19- operates as an adjudication on the merits.40
Una sentencia desestimatoria bajo la Regla 41(b) de
Procedimiento Civil federal, supra, opera como una
adjudicación en los méritos. Esto, a menos que el Tribunal
de Distrito disponga lo contrario o que la desestimación
39 Ramos González v. Félix Medina, 121 D.P.R. 312, 331 (1988). (Citas omitidas). 40 Fed. R. Civ. P. 41(b). CC-2008-634 12
haya sido decretada por cualquiera de los fundamentos
siguientes: falta de jurisdicción; competencia territorial
inadecuada; y dejar de acumular una parte bajo la Regla 19
de Procedimiento Civil federal.41
Cuando la sentencia desestimatoria dictada por el
Tribunal de Distrito estuvo motivada por el fracaso del
demandante en litigar diligentemente sus reclamaciones
(failure to prosecute) o en su continua desobediencia con
las órdenes o reglas del tribunal, tal sentencia también
constituye una adjudicación en los méritos.42
No obstante lo expresado, hay contadas ocasiones en
donde la doctrina federal de cosa juzgada no debe ser
aplicada. Esto, a pesar de concurrir todos los requisitos
para ello. Cuando la aplicación de la referida doctrina
afecta un interés público o causa una gran injusticia, el
Tribunal Supremo de Estados Unidos ha optado por hacer un
balance de intereses y ponderar entre los fines de la
41 Fed. R. Civ. P. 19. Véase además Ramos González v. Félix Medina, 121 D.P.R. 312, 321 (1988). (Citas omitidas). 42 A esos efectos, los profesores Charles Alan Wright, Arthur R. Miller y Edward H. Cooper han señalado lo siguiente: “Penalty dismissals provide a category in which there is little need to venture beyond Civil Rule 41(b) in search of preclusion answers. Rule 41(b) provides that unless the court in its order for dismissal otherwise provides, dismissals for failure to prosecute, to comply with the civil rules, or to comply with any other order of the court operate as an adjudication upon the merits”. Véase 18A Wright, Miller & Cooper, Federal Practice and Procedure: Jurisdiction 2d, § 4440 (2002). CC-2008-634 13
doctrina y el daño que se causaría al aplicarla, si alguno,
a las circunstancias particulares del caso.43
III
Nos encontramos ante un cuadró fáctico en el que
concurren todos los requisitos para aplicar
interjurisdiccionalmente la doctrina federal de cosa
juzgada. En cuanto a la identidad de partes requerida,
basta con notar que en ambos casos comparecen como
demandantes Vimarie Santiago León y Ariel González Rivera,
y como demandados el Municipio; el doctor Escalera, en su
carácter oficial y personal, Fulana de Tal y la Sociedad
Legal de Bienes Gananciales por ellos compuesta; y la
Compañía de Seguros ABC. Como resultado de ello, se
configura entre ambos pleitos la identidad de partes
requerida.
De igual manera, en el caso de autos concurre el
requisito de identidad de causas de acción. Ambas
reclamaciones plantean el mismo asunto, surgen del mismo
núcleo común de hechos operacionales e involucran el
quebrantamiento de los mismos derechos, aunque bajo
estatutos legales distintos.44 Más aún, de una lectura de
ambas demandas se desprende que la instada en el foro
federal no es mas que una traducción al inglés de la
43 Mericoid Corp. v. Mid-Continent Inv. Co., 320 U.S. 661 (1944); Federated Department Stores, Inc. V. Moitie, 452 U.S. 394 (1981). Véase además Robertson v. Interstate Securities Co., 435 F.2d 784 (8vo Cir. 1971). 44 Véase Rein v. Providian Financial Corp., 270 F.3d 895, 903 (9no Cir. 2001). CC-2008-634 14
presentada en el foro local. Siendo ello así, entendemos
que también se configura entre ambos pleitos la identidad
de causas de acción requerida.
En cuanto al tercer requisito, sentencia final
adjudicando los méritos de las reclamaciones, el 8 de
agosto de 2006, el Tribunal de Distrito desestimó con
perjuicio el resto de las reclamaciones presentadas por los
demandantes que quedaban ante su consideración. Esto,
debido a que la parte demandante incumplió constantemente
con las órdenes del Tribunal de Distrito y demostró un
comportamiento altamente negligente en el manejo de sus
reclamaciones. Tal sentencia desestimatoria advino final y
firme luego de transcurrido el término de 30 días para
presentar el “Notice of Appeal”, según establecido en la
Regla 4(a)(1)(A) de Procedimiento Apelativo federal.45
Por ello, y en virtud del alcance que le han otorgado
los tribunales federales a las sentencias desestimatorias
dictadas al amparo de la referida la Regla 41(b),46 nos
resulta forzoso concluir que la sentencia desestimatoria
dictada por el Tribunal de Distrito es válida, final y
constituye una adjudicación en los méritos.
45 Fed. R. Ap. P. 4(a)(1)(A). 46 Semtek International, Inc. v. Lockheed Martin Corp., 531 U.S. 497 (2001); Aoude v. Mobil Oil Corp., 892 F.2d 1115, 1121-1122 (1er Cir. 1989); Nasser v. Isthmian Lines, 331 F.2d 124, 128 (2do Cir. 1964); Kearns v. General Motors Corp., 94 F.3d 1553, 1555 (Cir. Fed. 1996); Horwitz v. Alloy Automotive Co., 992 F.2d 100, 104 (7mo Cir. 1993); Nagle v. Lee, 807 F.2d 435, 442-443 (5to Cir. 1987). CC-2008-634 15
Finalmente, en cuanto a la excepción de la doctrina
federal de cosa juzgada, el Municipio peticionario aduce
que el Tribunal de Apelaciones erró al no aplicarla
interjurisdiccionalmente. Le asiste la razón. Veamos.
En Puerto Rico las reclamaciones de discrimen por
condición de género, incluyendo aquel que se genera a raíz
de la condición de embarazo, están revestidas de un alto
interés público. Además, existe una clara política pública
de condenar tales acciones discriminatorias.47
No obstante, cuando una persona pretende vindicar sus
derechos mediante la presentación paralela de reclamaciones
en distintos tribunales de jurisdicción concurrente, el
trámite y manejo de sus causas de acción requiere un grado
mayor de diligencia, cumplimiento y peritaje. Así, si un
demandante fracasa en tramitar diligentemente sus causas de
acción, éste se expone a que sus reclamaciones sean
desestimadas. Después de todo, existe también un alto
interés público en que los pleitos tengan fin y no
adquieran vida eterna en los tribunales.48
En el caso ante nos, del recurso que obra en el
Tribunal se desprende que la parte demandante, no sólo
incumplió con múltiples órdenes del foro local, sino que
también asumió una conducta desinteresada en el manejo de
47 29 L.P.R.A. § 1321. 48 Federated Department Stores, Inc. V. Moitie, 452 U.S. 394, 401 (1981). Véase además, Blas v. Hospital Guadalupe, 167 D.P.R. 439, 446 (2006); Parrilla v. Rodríguez, 163 D.P.R. 263, 274 (2004); Bonafont Solis v. American Eagle, 143 D.P.R. 374, 382-383 (1997). CC-2008-634 16
sus reclamaciones ante el Tribunal de Distrito.49 Debido a
ello, no vemos injusticia alguna en aplicar
interjurisdiccionalmente la doctrina de cosa juzgada. La
manera en que concluyó el pleito en el foro federal fue el
producto de los propios actos de la demandante. A estos
efectos, ya hace más de medio siglo que el Tribunal Supremo
federal se ha pronunciado al respecto:
The predicament in which respondent finds himself is of his own making…. [W]e cannot be expected, for his sole relief, to upset the general and well-established doctrine of res judicata, conceived in the light of the maxim that the interest of the state requires that there be an end to litigation -a maxim which comports with common sense as well as public policy. And the mischief which would follow the establishment of precedent for so disregarding this salutary doctrine against prolonging strife would be greater than the benefit which would result from relieving some case of individual hardship.50
Resolver lo contrario eximiría a una parte de cumplir
con las normas y reglas procesales establecidas por los
distintos ordenamientos jurídicos por el mero hecho de
reclamar causas de acción revestidas de alto interés
público. Precisamente, el propio hecho de reclamar una
causa de acción revestida de alto interés público implica
que la parte reclamante tiene que observar un grado mayor
de diligencia.
IV
Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos que
las circunstancias particulares de este caso no justifican
49 Véase Apéndice, págs. 45-52, 238-247. 50 Reed v. Allen, 286 U.S. 191, 198-199 (1932). CC-2008-634 17
que se exima a la parte demandante de la aplicación
interjurisdiccional de la doctrina federal sobre cosa
juzgada. Revocamos las sentencias dictadas por el Tribunal
de Apelaciones y por el Tribunal de Primera Instancia, y
desestimamos con perjuicio la demanda de autos.
Se dictará sentencia de conformidad.
Efraín E. Rivera Pérez Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Vimarie Santiago León; Ariel González Rivera
Recurridos CC-2008-634 v.
Municipio de San Juan
Peticionarios
SENTENCIA
Por los fundamentos antes expuestos, en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, resolvemos que las circunstancias particulares de este caso no justifican que se exima a la parte demandante de la aplicación interjurisdiccional de la doctrina federal sobre cosa juzgada. Revocamos las sentencias dictadas por el Tribunal de Apelaciones y por el Tribunal de Primera Instancia, y desestimamos con perjuicio la demanda de autos.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo, Interina. La Jueza Asociada señora Fiol Matta disiente con opinión escrita.
Juliana Mosquera Soler Secretaria del Tribunal Supremo, Interina EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Vimarie Santiago León; Ariel González Rivera Recurridos Certiorari CC-2008-634 v.
Opinión Disidente emitida por la Jueza Asociada señora Fiol Matta
En San Juan, Puerto Rico, a 7 de octubre de 2009.
Disiento de la conclusión a la que llega la
mayoría de este Tribunal porque entiendo que
nuestra jurisprudencia claramente ha establecido
que la aplicación interjurisdiccional de la
doctrina de cosa juzgada a una sentencia emitida
en los méritos por el foro federal, no es
automática ni absoluta. Por esto, se han creado
excepciones que posibilitan el que en ocasiones
se pueda descartar la finalidad de una sentencia.
Específicamente, se puede eximir a una parte de
los efectos de la figura jurídica de cosa juzgada cuando su aplicación puede causar una injusticia o se
afecta un interés público.51
Sin duda, el propósito de la doctrina de cosa juzgada
es importante porque permite darle finalidad, efectividad y
certidumbre a las determinaciones emitidas por el foro
judicial. No obstante, este interés procesal no puede estar
por encima de un derecho de índole constitucional, como lo
es el no ser discriminado por razón de sexo.52 Tan
substancial es esta prohibición de discriminación por sexo
que nuestra Asamblea Legislativa la ha hecho extensiva al
ámbito obrero patronal, mediante abundante legislación
dirigida a erradicar este tipo de discrimen.
La determinación que hoy emite este tribunal pretende
establecer que la aplicación interjurisdiccional de la
doctrina de cosa juzgada es de mayor trascendencia que la
prohibición de discriminar por razón de sexo, el cual es un
interés y fin público de la más alta jerarquía. Difiero
totalmente de tal apreciación, mucho más cuando previamente
optamos por no aplicar la figura de cosa juzgada en un caso
en el cual lo que estaba en entredicho era la imagen de la
judicatura. En esa ocasión, específicamente resolvimos que:
…el interés público en mantener nuestro sistema de justicia libre de cualquier apariencia de parcialidad, aunque ésta sea infundada, sobrepasa el interés de mantener la finalidad y eficacia de las sentencias de otras jurisdicciones, sobre todo cuando consideramos que la sentencia dictada en el presente caso fue una de desestimación por
51 Ramos González v. Felix Medina, 121 D.P.R. 312, 340 (1988). 52 Art. II, Const. E.L.A., 1 L.P.R.A. sec.1. inacción y no una emitida después de un juicio plenario…53
Si el interés público en mantener la apariencia de
imparcialidad de la judicatura posibilitó el que se
activara la excepción a la norma jurídica de cosa juzgada,
con más justificación debe aplicarse ésta ante un interés
de orden constitucional, como lo es el derecho a la
dignidad e igualdad humana. Al no procederse de esta
manera, considero que el Tribunal de Apelaciones actuó
correctamente al resolver que no debía desestimarse la
demanda bajo la doctrina de cosa juzgada.
Liana Fiol Matta Jueza Asociada
53 Ramos González v. Félix Medina, supra, págs. 341-342.