Rivera Schatz v. Estado Libre Asociado De Puerto Rico Y Otros

2014 TSPR 122

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: October 16, 2014
• Docket: CT-2014-8 CT-2014-9 CT-2014-10
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Lcdo. Thomas Rivera Schatz

Peticionario

v.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por conducto del Secretario de Justicia, Hon. César Miranda; Colegio de Abogados de Puerto Rico, por conducto de su Presidenta, Lcda. Ana Irma Rivera Lassén

Recurridos --------------------------- Asociación de Abogados de Puerto Rico; Héctor R. Ramos Díaz; Rafael Sánchez Hernández 2014 TSPR 122 Peticionarios 191 DPR ____ v.

Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico; Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Recurridos ---------------------------- John E. Mudd y John A. Stewart

Peticionarios

Alejandro García Padilla, Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Colegio de Abogados de Puerto Rico

Recurridos

Evelyn Aimée De Jesús Rodríguez

Interventora

Número del Caso: CT-2014-8 CT-2014-9 CT-2014-10

Fecha: 16 de octubre de 2014 CT-2014-008,009 y 010 2 CT-2014-8

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Eliezer Aldarondo Ortiz Lcda. Rosa Campos Silva Lcdo. Eliezer Aldarondo López

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Margarita Mercado Echegaray Procuradora General

Lcda. Tanaira Padilla Rodríguez Subprocuradora General

Lcda. Karla Pacheco Álvarez Subprocuradora General

Lcda. Mónica Cordero Vázquez Procuradora General Auxiliar

CT-2014-9

Lcdo. Ramón L. Rosario Cortés Lcdo. Andrés Córdova Lcdo. Ferdinand Ocasio Lcdo. Francisco González Magaz

CT-2014-10

Lcdo. John Mudd Lcdo. John A. Stewart

Colegio de Abogados:

Lcdo. Efraín Guzmán Mollet

Representación Legal de los Interventores:

Lcdo. Alejandro J. Figueroa Colón

Interventores:

Lcdo. Carlos Rivera Justiniano Lcdo. Carlos Pérez Toro Lcdo. Juan M. Gaud Pacheco Lcdo. Félix Colón Serrano Lcda. María Fullana Hernández Lcdo. Carmelo Ríos Santiago Lcdo. Miguel Romero Lugo Lcdo. Mario Santurio González CT-2014-008,009 y 010 3 Lcdo. Carlos Sagardía Abreu Lcdo. Luis Dávila Colón Lcdo. José Meléndez Ortiz Lcda. Valerie Rodríguez Erazo Lcdo. Elías Sánchez Sifonte Lcda. Evelyn Aimée De Jesús Rodríguez

Amicus Curiae:

Colegio de Trabajadores Sociales Lcdo. Fernando Olivero Barreto Servicios Legales de Puerto Rico Lcdo. Guillermo Ramos Luiña Consejo Interdisciplinario de Colegios y Asociaciones Profesionales Lcda. Nelian Cruz Díaz Lcdo. Andrés Montañez Coss Lcdo. Edwin Rivera Cintrón Colegio de Tecnólogos Médicos Lcdo. Francisco G. Bruno Lcdo. Henry Freese Lcda. Yahaira de la Rosa Algarín

Materia: Certificación Intrajurisdiccional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por conducto del Secretario de Justicia, CT-2014-0008 Hon. César Miranda; Colegio de Abogados de Puerto Rico, por conducto de su Presidenta, Lcda. Ana Irma Rivera Lassen

---------------------------

Asociación de Abogados de Puerto Rico; Héctor R. CT-2014-0009 Ramos Díaz; Rafael Sánchez Hernández

Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico; Estado Libre Asociado de CT-2014-0010 Puerto Rico

Carlos Rivera Justiniano, Carlos Pérez Toro, Juan M. Gaud Pacheco, Félix Colón Serrano, María Fullana Hernández, Carmelo Ríos Santiago, Miguel Romero Lugo, Mario Santurio González, Carlos Sagardía Abreu, Luis Dávila Colón, José Meléndez Ortiz, Valerie Rodríguez Erazo y Elías Sánchez Sifonte

Interventores --------------------------- John E. Mudd y John A. CT-2014-008,009 y 010 2

Stewart

Alejandro García Padilla, Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Colegio de Abogados de Puerto Rico

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco.

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de octubre de 2014.

Con el voto afirmativo de seis (6) miembros de este

Tribunal, hoy invalidamos parte del proceder legislativo

que instituyó nuevamente el requisito de colegiación

obligatoria para la clase togada de Puerto Rico.1 Mediante

los casos de epígrafe este Tribunal está llamado a

revisitar y, finalmente, disponer de una controversia que

en los pasados años ha mantenido a la clase togada de

Puerto Rico a la merced de la incertidumbre.

Específicamente, la controversia de autos nos invita a

ejercer nuestro Poder Inherente para reglamentar la

profesión legal y, al amparo de este, determinar si

asociarse a una entidad particular debe ser un requisito 1 A pesar de que el compañero Juez Asociado señor Estrella Martínez tituló su opinión como una ―disidente‖, la realidad es que concurre con declarar inconstitucionales los Artículos de la Ley Núm. 109-2014 que requieren la colegiación obligatoria en Puerto Rico. Por lo tanto, existen seis (6) votos para declarar inconstitucionales estas secciones. CT-2014-008,009 y 010 3

sine qua non para ejercer legítimamente la abogacía en

Puerto Rico. Por los fundamentos que expondremos a

continuación, contestamos en la negativa.

Con nuestro proceder, tomamos el timón de la

profesión legal y ponemos punto final al vaivén incierto

en el que ha navegado la clase togada por demasiado

tiempo. La decisión que hoy emitimos les garantiza tanto

a aquellos letrados que elijan asociarse a una agrupación

particular, como a aquellos que opten por no hacerlo, la

libertad que como abogados vienen llamados a defender y

que como ciudadanos, indiscutiblemente, merecen se les

respete.

La verdadera y completa libertad yace en las

fronteras de la relación simbiótica que la nutre: la

autonomía de disfrutar de nuestra libertad individual y el

deber de permitir que los demás disfruten de la suya. Como

mínimo, este principio debería guiarnos al momento de

ejercer nuestro Poder Inherente para regular la profesión

legal y disponer de la controversia de autos. De lo

contrario, nuestra función como máximos intérpretes de la

Constitución de Puerto Rico no sería más que la de un

cuerpo inútil divagando en una idea vacía.

Con todo lo anterior en mente, pasemos a exponer los

hechos que generaron la controversia de autos.2

2 Ante las expresiones disidentes que se emiten, expresamos que esta Opinión fue circulada a todos los integrantes de este Tribunal el 1 de octubre de 2014. Al momento de circular la Opinión, el Tribunal acordó certificar estos casos hoy 16 de octubre de 2014. Es decir, los integrantes de este Tribunal contaron con más de dos (2) semanas para estudiar la Opinión, emitir sus votos o escribir sus correspondientes CT-2014-008,009 y 010 4

I

El cuadro fáctico que dio génesis a la controversia

que hoy estamos llamados a resolver se viene forjando

desde el año 1932. Fue para esa fecha que mediante la Ley

Núm. 43 de 14 de mayo de 1932, 4 LPRA sec. 771 et seq., se

creó la entidad conocida como el Colegio de Abogados de

Puerto Rico3 (en adelante Colegio o Colegio de Abogados) y

se instituyó la colegiación obligatoria como requisito

para ejercer la abogacía en nuestra jurisdicción.4 Es

decir, para ejercer válidamente la profesión legal en

Puerto Rico se les impuso a los letrados la obligación de

afiliarse al Colegio de Abogados. Además, la licencia de

los abogados estaba supeditada al pago de aportaciones

económicas obligatorias en concepto de cuotas

profesionales al Colegio. De modo que un abogado no tenía

otra opción que pertenecer al Colegio de Abogados, pues de

lo contrario se enfrentaría a un proceso de desaforo que

podía redundar en la pérdida de su único medio para

sustentarse económicamente. _____________________________________________________________ opiniones. Como se puede apreciar, tres (3) integrantes de este Tribunal emitieron Opiniones particulares. 3 Para un estudio detallado sobre la historia del Colegio de Abogados previo a la aprobación de la Ley Núm. 43 de 14 de mayo de 1932, 4 LPRA sec. 771 et seq., véase, G. Figueroa Prieto, Propuesta para la Reglamentación de la Conducta Profesional en Puerto Rico, 81 Rev. Jur. UPR 1 (2012). 4 La colegiación obligatoria propuesta por la Ley Núm. 43, supra, estaba condicionada a que una mayoría de los letrados así la aceptara en la celebración de un referéndum convocado por el referido estatuto. Véase el Art. 1 de la Ley Núm. 43, supra. Véase, además, Colegio de Abogados de P.R. v. Schneider, 112 DPR 540, 545 (1982) y G. Figueroa Prieto, supra, pág. 7. CT-2014-008,009 y 010 5

Aproximadamente cinco (5) décadas más tarde, este

Tribunal tuvo ante su consideración la controversia en

cuanto a la constitucionalidad del sistema de colegiación

obligatoria que había regido a la clase togada desde que

se instituyó en el año 1932. En lo que comúnmente se

conoce como la ―litigación Schneider‖5 se cuestionó por

primera vez en Puerto Rico el poder de la Asamblea

Legislativa para imponer la colegiación obligatoria como

requisito para ejercer la profesión legal en nuestra

jurisdicción. En aquella ocasión, el Colegio de Abogados

presentó Querellas contra noventa y nueve (99) letrados

que incumplieron con el pago de la cuota anual que se

había establecido conforme a la Ley Núm. 43, supra. Los

querellados alegaron, en síntesis, que la colegiación

obligatoria y el pago de cuotas al Colegio eran

inconstitucionales por infringir su derecho constitucional

a la libre expresión y a la libertad de asociación. Como

discutiremos más adelante, este Tribunal aceptó en ese

momento la validez del requisito de colegiación

obligatoria en Puerto Rico.

5 Íd. en la pág. 13. Véanse, además, Schneider v. Colegio de Abogados de Puerto Rico, 546 F. Supp. 1251 (D.P.R. 1982); In re Justices of Supreme Court of Puerto Rico, 695 F.2d 17 (1er Cir. 1982); Schneider v. Colegio de Abogados de Puerto Rico, 565 F. Supp. 963 (D.P.R. 1983); Schneider v. Colegio de Abogados de Puerto Rico, 572 F. Supp. 957 (D.P.R. 1983); Romany v. Colegio de Abogados de Puerto Rico, 742 F.2d 32 (1er Cir. 1984); Schneider v. Colegio de Abogados de Puerto Rico, 670 F. Supp. 1098 (D.P.R. 1987); Schneider v. Colegio de Abogados de Puerto Rico, 682 F. Supp. 674 (D.P.R. 1988); Schneider v. Colegio de Abogados de Puerto Rico, 917 F. 2d 620 (1er Cir. 1990) y Schneider v. Colegio de Abogados de Puerto Rico, 947 F. Supp. 34 (D.P.R. 1996). CT-2014-008,009 y 010 6

Luego de Col. de Abogados de P.R. v. Schneider,

supra, y su progenie -litigación compleja que perduró por

más de una década- en Puerto Rico imperó el status quo de

la colegiación obligatoria hasta el 2009. En ese año, la

Asamblea Legislativa aprobó dos (2) proyectos de Ley que

subsiguientemente se convirtieron en la Ley Núm. 121-20096

y la Ley Núm. 135-2009.7 Los referidos estatutos enmendaron

la Ley Núm. 43, supra, para inter alia, establecer un

sistema de colegiación voluntaria en nuestra jurisdicción.

Por entender que estos estatutos eran

inconstitucionales, el Colegio de Abogados acudió a los

Tribunales de Puerto Rico para impugnar su validez. Luego

de varias incidencias en los tribunales de menor jerarquía

y por estar inconformes con una Sentencia dictada por el

Tribunal de Apelaciones, el 12 de julio de 2010 el Colegio

de Abogados presentó ante esta Curia un recurso de

certiorari. No obstante, mediante Resolución emitida el 17

de marzo de 2011, una Mayoría de este Tribunal denegó

expedir el recurso presentado por el Colegio. En aquella

ocasión reiteramos el Poder Inherente de este Tribunal

para regular la profesión legal en Puerto Rico y

establecimos que ―[l]a variación de la colegiación —de

obligatoria a voluntaria— no elimina el Colegio, no

contradice ninguna pauta establecida en el ejercicio de

nuestro rol como ente que reglamenta la profesión legal ni

soslaya el axioma de la separación de poderes, base de

6 4 LPRA secs. 772n., 773-755, 780-781, 783, 2011 y 2021. 7 4 LPRA secs. 772n., 773-774 y 777-778. CT-2014-008,009 y 010 7

nuestro sistema republicano de gobierno‖. Col. de Abogados

v. E.L.A., 181 DPR 135, 136 (2011), certiorari denegado,

Puerto Rico Bar Ass´n v. Commonwealth of Puerto Rico, 132

S. Ct. 1535 (2012). Asimismo, establecimos como argumento

adicional que la ―limitación significativa de la libertad

a no asociarse es constitucional solamente si el Estado

demuestra un interés gubernamental apremiante que la hace

necesaria‖. Íd.

Aproximadamente cinco (5) años después de que los

abogados en Puerto Rico adquirieran la libertad de elegir

asociarse a cualquier entidad o a ninguna, y no empece lo

intimado por una Mayoría de esta Curia en la Resolución

emitida en el caso Col. de Abogados v. E.L.A., supra, los

cuerpos legislativos optaron por aprobar el P. de la C.

1366. Con el aval del actual Gobernador de Puerto Rico, el

28 de julio de 2014 ese proyecto se convirtió en la Ley

Núm. 109-2014. Inter alia, y en extrema síntesis, la Ley

Núm. 109-2014 derogó la Ley Núm. 121-2009, supra, y la Ley

Núm. 135-2009, supra, y reinstaló el sistema de

colegiación obligatoria como requisito para que los

miembros de la clase togada puedan ejercer válidamente la

profesión legal en Puerto Rico.

El mismo día en que se aprobó el referido estatuto,

el Lcdo. Thomas Rivera Schatz presentó ante el Tribunal de

Primera Instancia, Sala de San Juan, una Demanda contra el

Gobierno de Puerto Rico y el Colegio de Abogados. En esta

solicitó que se declarara la inconstitucionalidad de la CT-2014-008,009 y 010 8

Ley Núm. 109-2014. Adujo, en esencia, que ese estatuto

infringe su derecho constitucional a la libertad de

asociación y expresión. Además, arguyó que esta

contraviene el Principio de Separación de Poderes toda vez

que usurpó la facultad inherente de este Tribunal para

reglamentar la profesión legal. Luego de presentar su

reclamo ante el foro primario, el licenciado Rivera Schatz

presentó ante esta Curia un Recurso de Certificación

Intrajurisdiccional8 y una Moción Urgente para que se

paralicen los procedimientos en el Tribunal de Primera

Instancia al amparo de la regla 28(A) del reglamento del

Tribunal Supremo. Mediante Resolución emitida el 30 de

julio de 2014, expedimos el auto solicitado y paralizamos

los efectos del estatuto impugnado.9

De igual modo, el 29 de julio de 2014 la Asociación

de Abogados de Puerto Rico y los licenciados Héctor Ramos

Díaz y Rafael Sánchez Hernández presentaron en el Tribunal

de Primera Instancia, Sala de San Juan, otra Demanda

contra el Gobierno de Puerto Rico y el Colegio de

Abogados. En esta solicitaron igualmente que se declarara

la inconstitucionalidad de la Ley Núm. 109-2014. En apoyo

de su petitorio esbozaron esencialmente los mismos

argumentos vertidos por el licenciado Rivera Schatz en su

Demanda. Al día siguiente estos acudieron ante nos

8 El 30 de julio de 2014 el Estado se opuso a la expedición del auto presentado por el licenciado Rivera Schatz. 9 El Estado presentó una Urgente Solicitud de Reconsideración la cual denegamos mediante Resolución emitida el 5 de agosto de 2014. CT-2014-008,009 y 010 9

mediante un Recurso de Certificación Intrajurisdiccional.

Evaluado el mismo, el 1 de agosto de 2014 expedimos el

recurso de certificación presentado y lo consolidamos con

el caso CT-2014-8.

En el ínterin se presentaron varias solicitudes de

intervención por parte de varios abogados y abogadas, las

cuales fueron declaradas con lugar luego de que estos

subsanaran unas deficiencias señaladas por este Tribunal

debido al incumplimiento con la Regla 21.4 de las de

Procedimiento Civil de 2009. 32 LPRA Ap. V. Las partes

interventoras en este caso son las siguientes: Carlos Rivera

Justiniano, Carlos Pérez Toro, Juan M. Gaud Pacheco, Félix

Colón Serrano, María Fullana Hernández, Carmelo Ríos Santiago,

Miguel Romero Lugo, Mario Santurio González, Carlos Sagardía

Abreu, Luis Dávila Colón, José Meléndez Ortiz, Valerie

Rodríguez Erazo, Elías Sánchez Sifonte y Evelyn Aimée De Jesús

Rodríguez.

A su vez, los licenciados John E. Mudd y John A.

Stewart presentaron una Demanda el 28 de julio de 2014 en

la cual también cuestionaron la constitucionalidad de la

Ley Núm. 109-2014. Posteriormente, el 8 de agosto de 2014

estos comparecieron ante nos mediante un Recurso de

Certificación Intrajurisdiccional. Por su estrecha

relación, el 12 de agosto de 2014 expedimos el auto y CT-2014-008,009 y 010 10

ordenamos su consolidación con los demás casos

certificados.10

Por otro lado, ante el interés público de la

controversia involucrada en los casos de autos, hemos

contado con la participación en calidad de amici curiae

del Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico, el

Consejo Interdisciplinario de Colegios y Asociaciones

Profesionales, el Colegio de Profesionales del Trabajo

Social, Servicios Legales de Puerto Rico, Inc. y Pro Bono,

Inc.

Tras concluir el trámite ordenado por este Tribunal,

en los casos de autos se presentaron las alegaciones y sus

correspondientes alegaciones responsivas. Aunque las

partes recurridas aceptaron algunos hechos y negaron

otros, no existe controversia en cuanto a los tres (3)

hechos materiales que son necesarios para resolver la

controversia de autos. Estos son: (1) que al aprobarse la

Ley Núm. 109-2014 se incluyeron varias disposiciones que

exigen que para practicar la profesión legal en Puerto

Rico todos los abogados deben afiliarse al Colegio de

Abogados y Abogadas de Puerto Rico; (2) que todos los

peticionarios y las partes interventoras son abogados

admitidos a la profesión en Puerto Rico y (3) que estos

han declarado, por distintas razones, que no desean

afiliarse al Colegio de Abogados.

10 El Estado presentó una Urgente Solicitud de Reconsideración la cual denegamos mediante Resolución emitida el 19 de agosto de 2014. CT-2014-008,009 y 010 11

Ante estos hechos materiales que no están en

controversia y con el beneficio de la comparecencia de las

partes, los interventores y los amici curiae, estamos en

posición de resolver sin ulterior trámite la controversia

antes descrita.

II

La médula de la controversia que nos corresponde

resolver se reduce a examinar si el sistema de colegiación

obligatoria es compatible con lo que esta Curia, al amparo

de nuestro Poder Inherente para reglamentar la profesión

legal, entiende debe ser un requisito para que los

abogados ejerzan legítimamente su profesión en Puerto

Rico. Para contestar esta interrogante debemos examinar,

inter alia, la Doctrina de Separación de Poderes, base

sobre la cual se edifica nuestro poder para regular la

abogacía en sus variados aspectos.

Recientemente este Tribunal hizo un recuento extenso

sobre la preeminencia de la Doctrina de Separación de

Poderes en nuestro ordenamiento Constitucional. Véase,

AAR, Ex parte, 187 DPR 835 (2013). En aquella ocasión,

profundizamos en cuanto a ―los fundamentos de esa doctrina

y vimos cómo esta es parte intrínseca de nuestro

ordenamiento constitucional, siendo vehículo para

garantizar la libertad de los ciudadanos en un sistema

democrático como el nuestro‖. Alvarado Pacheco y otros v.

ELA, 188 DPR 594, 628 (2013) (Voto Particular de CT-2014-008,009 y 010 12

Conformidad Pabón Charneco, J. refiriéndose a AAR, Ex

parte, supra).

En esencia, la Doctrina de Separación de Poderes

aspira a establecer las responsabilidades y enmarcar el

ámbito de acción de las ramas constitucionales de

gobierno. AAR, Ex parte, supra, pág. 851. No obstante, el

modelo de división de poderes en tres (3) ramas no

pretende delimitar de forma absoluta e inflexible el

ámbito de poder que le corresponde a cada una de estas.

Íd., en la pág. 852. Véase, además, Misión Ind. P.R. v.

J.P., 146 DPR 64, 89 (1998). A contrario sensu, procura

funcionar como un sistema de pesos y contrapesos mediante

el cual las tres (3) ramas ostentan algún grado de poder

compartido que al mismo tiempo opera como freno para

evitar una acumulación desmedida de poder en una sola

rama. ARR, Ex parte, supra, págs. 852-853. Véanse, además,

Colón Cortés v. Pesquera, 150 DPR 724, 752 (2000) y

Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 427-428

(1982). De esa manera se evita que se abran las compuertas

para que una de estas asuma demasiado poder como para

dominar a las demás.

Así pues, inspirada por este modelo de gobierno

apadrinado por los estados de la Nación,11 nuestra Carta

Magna dispone que el Poder Judicial se ejercerá por este

Tribunal Supremo. Const. PR. Art. V, Secs. 1 y 2, LPRA,

11 Véase, J.J. Álvarez González, Derecho Constitucional de Puerto Rico y Relaciones Constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá, Ed. Temis, 2010, pág. 237. CT-2014-008,009 y 010 13

Tomo 1. Véase, además, In re Aprob. Rs. y Com. Esp. Ind.,

184 DPR 575 (2012). Esto implica que la función judicial

solamente puede ejercerse por esta Rama y aquellas

funciones no judiciales corresponden a los restantes dos

(2) poderes constitucionales. Colón Cortés v. Pesquera,

supra, pág. 752.

Como corolario de este principio, desde hace más de

un siglo este Tribunal ha reclamado enérgicamente su

facultad inherente para reglamentar y custodiar los

linderos de la profesión legal. Ello debido,

primordialmente, a la función inminentemente social que

realizan los ciudadanos que escogen ejercer la abogacía en

Puerto Rico.12 Como bien ha señalado esta Curia, la ―misión

[de los abogados] en la sociedad es altamente noble, pues

están llamados a auxiliar a la recta administración de la

justicia. En ellos confían, no sólo las partes interesadas

sino las cortes mismas‖. In Re Díaz, 16 DPR 82, 92

(1910).13

Como se puede apreciar, desde tiempo inmemorable este

Tribunal ya había reconocido que la profesión legal estaba

inexorablemente enlazada a la función judicial. Por

consiguiente, los ciudadanos que escogen ejercer esta

profesión también lo están debido a que al momento de

12 Véase, E. Arroyo, Facultad de la Rama Judicial para Reglamentar la Profesión Legal, 20 Rev. Jur. U.P.R. 38 (1950). 13 Véase, además, Martínez Rivera v. Sears, Roebuck, 98 DPR 641, 652 (1970) (“[s]u misión como tal no se limita meramente a representar intereses privados […] sino a ser un instrumento leal y eficaz de la administración de la justicia y del orden en nuestra sociedad.”). CT-2014-008,009 y 010 14

prestar su juramento se convierten en funcionarios del

Tribunal.14 En cuanto a este particular es importante

revivir por su invaluable pertinencia las siguientes

expresiones:

[l]a facultad de admisión de aspirantes al ejercicio de la abogacía, es más de poder judicial que de ningún otro poder. Indudablemente, si los abogados son funcionarios de los tribunales, y tienen en ellos y ante ellos la misión de auxiliar la administración de justicia, si ellos cooperan con los tribunales en el ejercicio de un poder tan sagrado, y si ellos se encuentran, por virtud de las disposiciones de la ley, fundada en la práctica sana, justa, lógica y constante, bajo la inspección de esos mismos tribunales, a éstos, antes que a ningún otro poder, corresponde la facultad de admitir o no a los que pretenden ser sus auxiliares y cooperadores en la más alta misión que puede encomendarse a un hombre o a un conjunto de hombres. (Énfasis nuestro). Ex parte Boneta, 39 DPR 154, 165 (1929).

Luego de aprobada nuestra lex superior en el 1952,

podemos afirmar que el reconocimiento por este Tribunal de

los letrados como una extensión vital de la Rama Judicial

en la administración de la justicia sigue gozando de la

misma eficacia. Como hemos señalado, la Constitución de

Puerto Rico le confiere a este Tribunal la facultad para

administrar el sistema de justicia. Por consiguiente, si

los letrados son funcionarios del Tribunal y, por ende,

14 Véase, Cánon 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Véanse, además, In re Díaz Nieves, 189 DPR 1000, 1020 (2013); In re Cuyar Fernández, 163 DPR 113, 117 (2004), citando a In re Santiago Rodríguez, 160 DPR 245, 254 (2003); Pueblo v. Susoni, 81 DPR 124 (1959); In re Bosch, 65 DPR 248 (1945); Boneta Ex Parte, 39 DPR 184 (1929); In re Díaz, 16 DPR 82 (1910). Para una discusión sobre este asunto véase también, Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 DPR 599 (1993). CT-2014-008,009 y 010 15

copartícipes del Tribunal en el ejercicio del Poder

Judicial, le corresponde a este Foro velar por que estos

posean y mantengan las cualidades necesarias para llevar a

cabo tan importante función. De igual manera, le

corresponde a este Tribunal, en el sano ejercicio de su

discreción, establecer los requisitos que estos deben

cumplir para ser merecedores de ingresar al Foro.

El entendido básico de que la reglamentación y

supervisión de sus funcionarios recae sobre la Rama

Judicial se remonta a la época de la colonización

española. Véase, G. Figueroa Prieto, Propuesta para la

Reglamentación de la Conducta Profesional en Puerto Rico,

81 Rev. Jur. UPR 1, 3 (2012). Naturalmente, y como

resultado de esa situación colonial, distintos estatutos

españoles relacionados al campo de la abogacía se

extendieron a los letrados en Puerto Rico. Íd. Una de

estas piezas legislativas fue la Novísima Recopilación de

1805, mediante la cual se les exigió a los abogados de

Puerto Rico matricularse en los tribunales, adoptándose

con ello el modelo judicial para la reglamentación de la

abogacía. Íd. Ese modelo presupone que por ser los

abogados funcionarios del tribunal, estos deben estar

reglamentados por la Rama Judicial. Íd. Esta prerrogativa

le corresponde exclusivamente al Tribunal de mayor

jerarquía en la jurisdicción de la cual se trate. Íd., en

la pág. 5. CT-2014-008,009 y 010 16

Siguiendo esta línea de pensamiento, desde sus

inicios este Tribunal acudió a su Poder Inherente como

fundamento para resolver asuntos disciplinarios. En In Re

Abella, 14 DPR 748 (1908), expresamos lo siguiente:

[P]ara ser cualquier persona admitida al ejercicio de la profesión de abogado ante el Tribunal Supremo y demás tribunales de Puerto Rico, entre otras condiciones es indispensable que sea de buen carácter moral, de modo que si esta condición llegara a faltar, faltaría una de las bases sobre que descansa la admisión al ejercicio de la profesión de abogado, y esta Corte Suprema que acordó tal prerrogativa tendría indudablemente la facultad de retirarla. (Énfasis nuestro).

Vemos entonces que desde muy temprano esta Curia

entendió que su Poder Inherente para reglamentar la

profesión legal era uno amplio. De modo que, si ostentaba

el poder para establecer los requisitos para admitir

abogados al ejercicio de la abogacía, naturalmente gozaba

de igual poder para disciplinarlos y desaforarlos cuando

estos dejaban de poseer las cualidades que les hicieron

merecedores de entrar al Foro.15

Ya para mediados del Siglo XIX el Tribunal Supremo de

Estados Unidos había incorporado por fíat judicial la

doctrina de Poder Inherente como fundamento para

investirse como el ente encargado de reglamentar la

práctica de la abogacía. Véase, G. Figueroa Prieto, supra,

15 Véanse, además, In re González Blanes, 65 DPR 381, 390 (1945) (“este Tribunal […] tiene facultad inherente para determinar quiénes pueden ejercer como abogado en las cortes insulares, facultad que conlleva la de eliminar del Registro de Abogados aquellos que por sus actuaciones se hagan indignos de ejercer la profesión”); In re Bosch, supra; In re Arroyo Rivera, 63 DPR 796, 798 (1944); Guerrero v. Tribunal de Apelación, 60 DPR 241 (1942) e In re Tormes, 30 DPR 267 (1922). CT-2014-008,009 y 010 17

pág. 6. Véase, además, Ex parte Secombe, 60 U.S. 9

(1856).16 Sin duda, la relación política entre Puerto Rico

y Estados Unidos llevó a que para principios del Siglo XX

este Tribunal incorporara formalmente a su acervo jurídico

la doctrina de Poder Inherente anunciada años antes en la

jurisprudencia de la Nación. Véase, G. Figueroa Prieto,

supra, pág. 6. Como hemos visto, históricamente este

Tribunal siempre se ha caracterizado por seguir un modelo

judicial vis à vis un modelo legislativo para la

reglamentación de la abogacía. Íd. en la pág. 17. Vimos,

además, cómo el desarrollo de esta facultad ha sido

influenciada por las relaciones políticas que ha tenido

Puerto Rico tanto con España como con Estados Unidos.

Ese cardinal llamado que cimienta la facultad

inherente de este Tribunal para reglamentar la profesión

legal ha resonado por décadas en el razonamiento de este

Foro. Según comenta el Profesor Guillermo Figueroa Prieto

en su Artículo:

[D]icha doctrina se ha justificado como consecuencia de la separación de poderes. Expone tal doctrina que corresponde al Poder Judicial reglamentar la abogacía comenzando con la admisión de abogados a la práctica del derecho y concluyendo con la disciplina y separación de abogados. Así, bajo la doctrina del poder inherente los tribunales han reclamado autoridad para adoptar códigos o reglas de conducta profesional, para admitir abogados a la práctica, para disciplinar y desaforar abogados, para

16 Para un estudio histórico sobre los orígenes de la facultad inherente de los tribunales para reglamentar la profesión legal en el derecho anglo-americano, véanse, E. Arroyo, supra, y Guerrero v. Tribunal de Apelaciones de Contribuciones, supra. CT-2014-008,009 y 010 18

definir lo que constituye práctica de la abogacía, para ordenar que la colegiación de abogados sea compulsoria, para imponer cuotas a los abogados admitidos, para reglamentar el comportamiento de jueces y para aprobar códigos o reglas de conducta judicial. G. Figueroa Prieto, supra, págs. 6-7.

A poco de examinar los tomos de Decisiones de Puerto Rico

podemos constatar cómo consistentemente hemos reclamado que

somos el ente que ostenta la facultad inherente para

reglamentar la profesión legal en nuestra jurisdicción.

Véanse, In re Doitteau Cruz, 2014 TSPR 65, 190 DPR ___; In re

Martínez Maldonado, 185 DPR 1085, 1087 (2012); In re Reichard

Hernández, 180 DPR 604 (2011); In re Morell Corrada, 171 DPR

327, 330 (2007); In re González Díaz, 163 DPR 648 (2005); In

Re Benítez Echevarría, 128 DPR 176, 176-177 (1991) e In Re

Ángel Delgado, 120 DPR 518, 527 (1988).

De igual forma, hemos reiterado en innumerables ocasiones

que la remoción, al igual que la admisión al ejercicio de la

abogacía, es una función inherente de la Rama Judicial que

corresponde única y exclusivamente a este Foro como Tribunal

de mayor jerarquía en nuestra jurisdicción. Véanse, In re

Carrasquillo Ortiz, 163 DPR 589, 592 (2004); In re Peña Peña,

153 DPR 642, 649 (2001); Metrop. de Préstamos v. López de

Victoria, 141 DPR 844 (1996); In re Liceaga, 82 DPR 252, 255

(1961).17

17 Véanse, además, In re Andréu Ribas, 81 DPR 90, 121 (1959); In re Pagán, 71 DPR 761, 763 (1950); In re Abella, supra, pág. 238; In re González Blanes, supra, págs. 390-391; In re Bosch, supra, pág. 251; In re Arroyo Rivera, 63 DPR 796, 798 (1944); Guerrero v. Tribunal de Apelación, supra, págs. 247-252; Ex parte Jiménez, 55 DPR 54 (1939); In re Tormes, 30 DPR 267, 268 (1922) y Coll v. Leake, 17 DPR 857 (1911). CT-2014-008,009 y 010 19

No obstante, en pleno conocimiento de los límites de

nuestro poder, y respetando los poderes que nuestra

Constitución le ha conferido a la Rama Legislativa,18 este

Tribunal ha reconocido la facultad de la Asamblea Legislativa

para legislar asuntos que incidan en este campo.19 Empero,

hemos enfatizado que toda legislación dirigida a reglamentar

de cualquier modo la profesión legal es puramente directiva y

no mandatoria. Véanse, In re Fund. Fac. Der. E. Ma. de Hostos

II, 150 DPR 508, 512 (2000) (Resolución); López Santiago, Ex

parte, 147 DPR 909, 912 (1999); Colegio de Abogados de P.R. v.

Schneider, 112 DPR 540, 546 (1982); In re Liceaga, 82 DPR 252,

255 (1961); In re Pagán, 71 DPR 761, 763 (1950); In re

González Blanes, 65 DPR 381, 391 (1945); In re Bosch, 65 DPR

248, 251 (1945); Ex parte Jiménez, 55 DPR 54 (1939); In re

Abella, supra, pág. 239.

Además, y particularmente pertinente a la controversia

ante nuestra consideración, hemos expresado inequívocamente

que:

[l]a preeminencia de la acción judicial en este campo, el cual incluye naturalmente la facultad de pasar juicio sobre si debe unificarse o no el foro en una jurisdicción y bajo qué

_____________________________________________________________ 18 Por mandato Constitucional es la Asamblea Legislativa quien ostenta la facultad para aprobar leyes. Const. PR, Art. III, Sec. 17, LPRA, Tomo 1. 19 Véanse, por ejemplo, In re Maldonado, 185 DPR 1085 (2012); In re Franco, 173 DPR 688 (2008); In re González Carrasquillo, 164 DPR 813, 832 (2005); Ex parte López Santiago, 147 DPR 909, 911 (1999) y Pueblo v. Santaella, 91 DPR 350, 355-56 (1964). CT-2014-008,009 y 010 20

condiciones, no significa que la legislación sobre estos particulares que no conflija con las pautas que este Tribunal establezca sea nula. Colegio de Abogados de P.R. v. Schneider, supra, pág. 546.

Así pues, de la misma manera en la que hemos

reconocido la validez de estatutos aprobados para

auxiliarnos en el ejercicio de nuestro Poder Inherente,

hemos invalidado con igual firmeza legislación que tiene

el efecto de privar o menoscabar dicho poder. Véase, por

ejemplo, In re Dubón Otero, 153 DPR 829, 859 (2001) (Voto

Particular de Conformidad, Rebollo López, J., refiriéndose

a In Re González Blanes, 65 DPR 381, 391 (1945)).

En cuanto a este particular, Figueroa Prieto

especifica que esta Curia

se hizo eco de la doctrina estadounidense que sostiene que aunque reconoce que el poder sobre la práctica de la abogacía pertenece a la Rama Judicial, incluyendo el poder para admitir y disciplinar abogados, el Poder Legislativo puede legislar de manera complementaria sobre la abogacía. De esa forma, el Tribunal Supremo se reservará la potestad de decidir cuál legislación acepta como complementaria a su poder de reglamentación y cuál legislación rechaza por considerarla usurpadora de su facultad para reglamentar la abogacía. (Énfasis nuestro) G. Figueroa Prieto, pág. 6.

De esta manera se logra un balance adecuado

respetando el poder para legislar que compete

exclusivamente a la Rama Legislativa sin subvertir el

Poder Inherente para reglamentar la abogacía que, como

corolario de la Doctrina de Separación de Poderes, le

pertenece a la Rama Judicial. Todo lo anteriormente CT-2014-008,009 y 010 21

discutido ha sido el modelo que ha imperado en nuestra

jurisdicción por más de cien (100) años.

III

Por otro lado, y por considerarlo como un elemento

importante al momento de ejercer nuestro Poder Inherente

para regular la profesión legal, no podemos disponer de la

controversia de autos sin antes discutir las implicaciones

de índole constitucional que surgen al obligar a un grupo

de profesionales sui generis -como lo es la clase togada-

a asociarse a una entidad particular para ejercer

legítimamente su profesión. Ello teniendo presente que,

independientemente de los argumentos constitucionales

presentes en este caso, la integración del foro es un

asunto que se enmarca dentro del ejercicio de nuestro

Poder Inherente para regular la profesión legal.

En esta coyuntura, declaramos que nuestro análisis en

este acápite se limitará a discutir el derecho a la

libertad de asociación según quedó consagrado

específicamente en la Constitución de Puerto Rico. Es

decir, nuestra decisión constituye un ―fundamento estatal

adecuado e independiente‖ para disponer del caso de autos.

Véanse Michigan v. Long, 463 US 1032 (1983) y A. García

Padilla & J.J Álvarez González, El Tribunal Supremo de

Puerto Rico: La Corte Pons, 59 Rev. Jur. UPR 185, 192 n.

22 (1990).20

20 Estamos conscientes de que existe jurisprudencia federal que ha atendido el asunto de la constitucionalidad de la colegiación obligatoria al amparo del derecho de asociación y el derecho a la CT-2014-008,009 y 010 22

A.

Por ser nuestra Carta Magna un documento

relativamente reciente, durante el proceso de la

Convención Constituyente esta se nutrió de documentos

constitucionales que la precedieron y de las ideas

liberales-democráticas que imperaban en distintas

comunidades políticas al momento de su redacción.21 Un

ejemplo de ello es el derecho a la libertad de asociación

que, contrario a la Constitución de Estados Unidos, se

reconoce explícitamente en la Carta de Derechos de nuestra

Constitución. Esta dispone en su Sección 6 que ―[l]as

personas podrán asociarse y organizarse libremente para

cualquier fin lícito, salvo en organizaciones militares o

cuasi militares‖. Const. PR, Art. II Sec. 6, LPRA, Tomo 1.

Realizar un análisis constitucional concienzudo es un

ejercicio holístico que conlleva analizar aquellos

factores que inspiraron a los constituyentes en la

redacción de las distintas cláusulas contenidas en nuestra

Constitución. No es suficiente mirar ese texto en el

vacío. Por ello, a continuación examinaremos brevemente el

historial y los variados factores que inspiraron a los

_____________________________________________________________ libertad de expresión reconocido en la Constitución Federal. Véanse, por ejemplo, Keller v. State Bar of Cal., 496 U.S. 1 (1990) y Lathtop v. Donohue, 367 U.S. 820 (1961). No obstante, como ya hemos mencionado, en los casos de autos nos hemos limitado a analizar el derecho a la libertad de asociación según quedó consagrado específicamente en la Constitución de Puerto Rico, por lo cual esa jurisprudencia no resulta vinculante. Además, debemos recordar que las Constituciones estatales pueden extender el ámbito de protección de los derechos constitucionales más allá del mínimo reconocido en la Constitución Federal. 21 Véase, J.J. Álvarez González, supra, pág. 8. CT-2014-008,009 y 010 23

constituyentes a incluir esta disposición constitucional

en nuestra Carta Magna.

B.

A poco de examinar el proceso de redacción de nuestra

Constitución podemos constatar la preeminencia que los

constituyentes le quisieron impartir al derecho a la

libertad de asociación en nuestro ordenamiento

constitucional. Por entender que la garantía de ese

derecho era un principio fundamental de la libertad

humana, y por lo tanto inherente a la democracia,22 la

Escuela de Administración Pública recomendó hacerlo

constar explícitamente en nuestro documento

Constitucional: ―[l]a Constitución de Puerto Rico debe

hacer explícita esta garantía de libertad de asociación

[…] y que, independientemente, es uno de los aspectos más

importantes de la democracia‖.23

Por otro lado, se reconoció este derecho en un plano

distinto a aquel consagrado en la Constitución de Estados

22 Véase, Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, La Nueva Constitución de Puerto Rico, págs. 224-225 (1954):

[e]l derecho de toda persona a unirse a otras para la promoción de propósitos comunes es un complemento necesario de la libertad individual. Bien poco significarían las libertades de conciencia, expresión y acción, si los individuos no pudiesen asociarse para hacer posible su disfrute. La libertad, entendida como la capacidad de cada cual para vivir aisladamente sin restricciones ni relaciones, es, sencillamente, una imposibilidad. La expresión libre de la personalidad humana presupone la cooperación organizada con los semejantes. Al mismo tiempo, la asociación permite la consecución de otros valores sociales y la integración de la solidaridad social. Sin respeto a esta libertad es inconcebible la democracia. 23 Íd. CT-2014-008,009 y 010 24

Unidos. Las expresiones del delegado Jaime Benítez al

presentar el Informe de la Comisión de la Carta de

Derechos a la Convención claramente evidencian lo

anterior. A esos efectos, el delegado expresó que el

derecho de asociación propuesto ―pasa[ba] a incorporar un

nuevo aspecto del derecho y de la libertad, y que no

aparece tradicionalmente en las constituciones clásicas,

el que se refiere al derecho de libre asociación y libre

organización‖.24 De lo anterior podemos colegir que la

intención de los Constituyentes fue reconocer una especie

de derecho distinto a aquel reconocido bajo la

Constitución de Estados Unidos.

Además, no podemos abstraer de nuestro análisis el

hecho de que la Declaración Universal de Derechos Humanos

de las Naciones Unidas fue eje de inspiración en la

redacción de nuestra Carta de Derechos.25 Con relación al

derecho de asociación, ese documento dispone que ―[t]oda

persona tiene derecho a la libertad de reunión y de

asociación pacíficas‖ y “[n]adie podrá ser obligado a

pertenecer a una asociación”.26 Vemos entonces que al

reconocer la vertiente negativa de este derecho tan

fundamental, este se concibió en su aspecto más amplio.

24 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico 2565, pág. 1104 (2003). 25 Véase, J.J. Álvarez González, supra, pág. 11 (“Aunque la influencia de la Constitución Federal es patente, en la Constitución de Puerto Rico se evidencia una importante influencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas”). 26 Artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. CT-2014-008,009 y 010 25

Esta fuente que inspiró la redacción de nuestra Carta

Magna nos lleva a concluir que nuestros constituyentes,

que como vimos quisieron impartirle mayor amplitud a este

derecho que aquel reconocido en la esfera federal, tenían

claro que el derecho a la libre asociación necesariamente

presupone el derecho de las personas a no asociarse.

Véase, Colegio de Abogados de P.R. v. Schneider, supra,

pág. 549.

C.

Han sido escasas las ocasiones en las cuales ante

este Foro se han presentado controversias enmarcadas

exclusivamente dentro del derecho a la libre asociación.27

No obstante, en Colegio de Abogados de P.R. v. Schneider,

supra, este Tribunal tuvo ante sí una controversia de esta

naturaleza. En aquella ocasión este Foro resolvió que la

Asamblea Legislativa podía válidamente legislar para

exigirles a los abogados a pertenecer a una agrupación

particular como requisito para ejercer su profesión.

Además, reiteramos que el poder para regular la profesión

legal es uno inherente de esta Curia. No obstante,

aclaramos que si bien la Asamblea Legislativa puede

aprobar legislación en este campo, ello no va por encima

del principio constitucional que establece que el Poder

Judicial se ejercerá por este Tribunal Supremo. Como

consecuencia, recaerá exclusivamente sobre este Foro la

27 J.J. Álvarez González, supra, págs. 1114-1124. CT-2014-008,009 y 010 26

facultad de aceptar tal legislación como complementaria a

nuestro Poder Inherente, o rechazarla de plano.

En Col. de Abogados de P.R. v. Schneider, supra, este

Tribunal, por voz del entonces Juez Presidente señor Trías

Monge, se aferró a lo anterior para avalar el sistema de

colegiación obligatoria establecido mediante la Ley Núm.

43, supra. No obstante, claudicó ante la oportunidad

histórica de atender adecuadamente el planteamiento

constitucional vertido por los recurridos. Mediante un

análisis somero, el Juez Presidente señor Trías Monge, en

un leve intento de atender el argumento de derecho de

asociación levantado por los letrados que cuestionaron la

validez constitucional de la colegiación obligatoria,

expresó lo siguiente:

Los intereses públicos en la creación de una sociedad vigorosamente pluralista, en el mejoramiento de la abogacía y en la buena marcha del sistema judicial pesan decididamente más que las inconveniencias personales que pueda acarrear en ciertos casos la colegiación obligatoria. El derecho a la no asociación, derivable del derecho contrario consagrado en la Constitución del Estado Libre Asociado, Art. II, Sec. 6, cede ante los intereses señalados, de naturaleza claramente imperiosa bajo la constitución puertorriqueña. Colegio de Abogados de P.R. v. Schneider, supra, pág. 549.28

Pasando por alto lo problemático que resulta que este

Tribunal se haya referido a un reclamo de derechos civiles

28 Como fundamento adicional el Tribunal expresó lo siguiente: ―[n]o se nos ha citado, ni hemos hallado en nuestra investigación independiente, decisión alguna que invalide el concepto de colegiación compulsoria. Por el contrario, abundan los casos en Estados Unidos en que se rechaza la contención efectuada aquí de que no puede obligarse a un abogado a pertenecer a una asociación profesional cuyos fines no apruebe‖. Colegio de Abogados de P.R. v. Schneider, supra, pág. 549. CT-2014-008,009 y 010 27

como una mera ―inconveniencia personal‖, es menester

mencionar que en Col. de Abogados de P.R. v. Schneider,

supra, este Tribunal falló en articular un estándar

específico para analizar controversias de derecho de

asociación.

Debido a esa omisión, en Col. de Abogados de P.R. v.

E.L.A., supra, establecimos por primera vez que una

―limitación significativa de la libertad a no asociarse es

constitucional solamente si el Estado demuestra un interés

gubernamental apremiante que la hace necesaria‖. Es decir,

cuando con su proceder el Estado menoscaba un derecho

fundamental este tiene que articular la existencia de un

interés apremiante que justifique la necesidad de su

actuación.29 Además, tal como hemos reconocido con otros

derechos fundamentales, será necesario que el Estado

demuestre que no tenía a su alcance medidas menos onerosas

que la legislada para lograr el interés articulado.30 Solo

de esa manera se protege adecuadamente un derecho tan

fundamental como el de la libertad de asociación. Además,

y conforme al historial que hemos discutido, respetamos la

preeminencia que los constituyentes quisieron impartirle a

29 J.J. Álvarez González, supra, pág. 816. 30 Véanse, por ejemplo, Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 733 (1980) (discrimen por sexo); Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 DPR 35, 63 (1986) (derecho de intimidad); De Paz Lisk v. Aponte Roque, 124 DPR 472, 489 (1989) (discrimen por extranjería); Pérez, Román v. Proc. Esp. Rel. de Fam., 148 DPR 201, 214 (1999) (discrimen por condición social) y U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253, 289 (2010) (libertad de expresión). CT-2014-008,009 y 010 28

este derecho al reconocerlo explícitamente en nuestro

documento constitucional.

D.

En el contexto de la Ley Núm. 109-2014, la propia

Asamblea Legislativa reconoció que toda legislación que

menoscabe la libertad de asociación en este asunto está

supeditada a un escrutinio estricto por este Tribunal. No

hay más que revisar la Exposición de Motivos de la Ley

para constatar lo anterior. En esta el Estado articuló

tener un interés apremiante para legislar en este campo y

a esos efectos expuso lo siguiente:

[E]ntendemos que existe un interés apremiante que tiene que ser protegido por esta Asamblea Legislativa el cual consiste en que todas las personas que practiquen la profesión legal en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico pertenezcan a un colegio integrado de abogados y abogadas que represente una garantía para la ciudadanía de tener acceso a una representación legal digna, capacitada, íntegra y diligente. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 109-2014, pág. 3. Sin embargo, escribir una oración y añadirle la

palabra ―apremiante‖ es sencillo, pero insuficiente para

sobrevivir un estándar de escrutinio estricto.

Lamentablemente, el interés apremiante articulado por el

Estado en este caso peca de lo anterior. Cuando vamos a la

médula del interés estatal articulado en este caso para

justificar la necesidad de la colegiación obligatoria de

los abogados podemos constatar sin ambages que se trata de

expresiones legislativas abstractas y especulativas.

Además, conforman una falacia imperecedera, típica de los

argumentos circulares. Esto, ya que lo que se propone CT-2014-008,009 y 010 29

lograr con la legislación a su vez se ofrece como el

interés apremiante del Estado.

Sin embargo, nuestro análisis no termina aquí. Según

hemos mencionado, el estándar adecuado para analizar

controversias que involucren el derecho fundamental a la

libre asociación no solo exige que la acción estatal

persiga un interés apremiante, sino que además el Estado

demuestre que no existen medidas menos onerosas para

proteger ese interés. Aún si se estipulara en este caso

que el Estado persigue un interés apremiante con la

colegiación obligatoria, este falló en cumplir con la

segunda parte del escrutinio antes discutido.

Ello se debe a que tras examinar detenidamente el

historial legislativo de la Ley Núm. 109-2014 no hallamos

expresión alguna por parte de la Asamblea Legislativa

dirigida a tan siquiera explorar la existencia de medidas

menos onerosas para lograr el interés articulado. De

hecho, en su alegato el Estado acude -al igual que la

Asamblea Legislativa- a un argumento patentemente circular

y a esos efectos expresa que:

[A] poco que se profundice en el asunto, este Honorable Tribunal constatará que ni siquiera existen medidas alternas para lograr el fin que promueve la ley, pues no hay otra manera de lograr la unificación e integración absoluta del foro. La colegiación compulsoria es el único mecanismo que viabiliza dicho cometido, con todas las ventajas que ello supone para la profesión legal y para la ciudadanía en general. Alegato del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en solicitud de desestimación de las demandas consolidadas de epígrafe, pág. 29. CT-2014-008,009 y 010 30

Esta aseveración es totalmente ilógica. Sería un

absurdo jurídico avalar que el interés apremiante

articulado por el Estado sea a su vez la medida menos

onerosa para lograr el fin que persigue. Es decir, lo que

propone el Estado es que el fin es a su vez el medio. Ello

constituye un evidente non sequitur.

Sin duda, y conforme a todo lo anteriormente

discutido, la Ley Núm. 109-2014 afecta sustancialmente el

derecho de asociación de los abogados en Puerto Rico y el

Estado no cumplió con el estándar aplicable para

menoscabar ese derecho.

IV

Con todo lo anteriormente discutido en mente,

debemos decidir entonces si la Ley Núm. 109-2014 es válida

a la luz de nuestro Poder Inherente para reglamentar la

profesión legal. Para ello, debemos determinar si

aceptamos esa legislación como un esfuerzo complementario

a nuestro Poder Inherente o si, a contrario sensu, la Ley

menoscaba fatalmente esa facultad.

Como hemos discutido, y a manera de repaso, desde sus

inicios este Tribunal ha reiterado ostentar el Poder

Inherente para reglamentar la profesión en sus distintos

aspectos. Por décadas esa facultad ha representado un

principio incuestionable que se encuentra firmemente

asentado en el acervo jurisprudencial de este Foro. CT-2014-008,009 y 010 31

Por otro lado, vimos cómo ese poder proviene y se

nutre de la naturaleza misma del sistema de Separación de

Poderes que en su misión de delinear ―esas fronteras

invisibles pero poderosas‖31 dispone que será el Poder

Judicial el ente encargado de administrar el sistema

judicial en Puerto Rico. Como consecuencia de este mandato

constitucional, este Foro ha reclamado ostentar el Poder

Inherente para reglamentar la profesión legal y, por

consiguiente, a los abogados por ser estos funcionarios

del Tribunal.

Finalmente, vimos cómo en nuestra jurisdicción impera

un modelo judicial de reglamentación, lo que implica que

la facultad para reglamentar la profesión legal recae

exclusivamente en este Tribunal Supremo. De modo que

cualquier ley aprobada para legislar en este campo es

puramente directiva y no mandatoria para este Tribunal.

Con todo lo anteriormente discutido presente, pasamos a

resolver.

In limine, es importante destacar que los abogados

son un grupo de profesionales sui generis que, contrario a

otros grupos profesionales, están fiscalizados por un ente

permanente que los regula de manera independiente a

cualquier grupo profesional o colegio. En el caso de la

profesión legal es este Tribunal el ente regulador que por

mandato constitucional ostenta el poder para reglamentar

31 AAR, Ex parte, supra. CT-2014-008,009 y 010 32

la profesión legal. Es decir, todo abogado tiene que ser

autorizado por este Tribunal para practicar la abogacía, y

siempre deberá estar autorizado mientras esté activo como

abogado. Mientras se mantengan ejerciendo la profesión,

este Tribunal tendrá jurisdicción para disciplinarlos y

exigirles que cumplan con los requisitos que entendamos

sean necesarios para mantener la calidad de los servicios

legales en Puerto Rico. Por eso, y como abundaremos a

continuación, consideramos que no es necesario que los

abogados en Puerto Rico estén obligados a pertenecer a

otra entidad cuando ya están bajo la supervisión de este

Foro.

Respetamos la voluntad legislativa de promulgar la

Ley Núm. 109-2014 para, entre otras cosas, establecer la

colegiación obligatoria como un requisito adicional para

que los letrados en Puerto Rico ejerzan legítimamente su

profesión. No obstante, conforme hemos discutido, para

evitar una intromisión indebida con nuestro Poder

Inherente, cualquier pieza legislativa dirigida a

reglamentar de cualquier modo la profesión legal en

nuestra jurisdicción es puramente directiva y no

mandatoria. Este Tribunal es quien ostenta la potestad de

decidir qué legislación aceptamos como complementaria a

nuestro poder de reglamentación. Debido a ello y por todos

los fundamentos que discutiremos, rechazamos varios

Artículos de la Ley Núm. 109-2014 por considerarlos CT-2014-008,009 y 010 33

incompatibles con nuestra facultad para reglamentar la

abogacía.

Al comienzo de su Alegato el Estado arguye que

―[c]iertamente nada ha cambiado desde Colegio de Abogados

de P.R. v. Schneider, supra, que requiera una variación en

la norma establecida en dicho caso por esta Alta Curia‖.32

Lo equivocado de esta aseveración es evidente. Presumimos

que el Estado sabe –o debería saber- que luego de la

decisión que este Tribunal emitió en Schneider sí hubo un

cambio significativo en la profesión legal. Y es que por

casi cinco (5) años la profesión legal ha funcionado

eficientemente bajo un sistema de colegiación voluntaria y

no ha ocurrido disloque alguno en el funcionamiento de la

Rama Judicial y de la profesión legal como resultado de

esa nueva realidad. Ello se debe a que durante ese periodo

–y previo al mismo- este Tribunal no claudicó a su deber

de regular vigorosamente la profesión legal y continuó

velando celosamente por que la Rama Judicial funcionara de

manera eficiente.

A pesar de que durante este periodo el Colegio de

Abogados experimentó una merma significativa en su

matrícula, el sistema de justicia no se ha quebrantado en

Puerto Rico. Los tribunales en la jurisdicción siguen

funcionando como de costumbre, de manera que no se ha

32 Alegato del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en solicitud de desestimación de las demandas consolidadas de epígrafe, pág. 2. CT-2014-008,009 y 010 34

visto afectada ni se ha demostrado una disminución en la

calidad de los servicios legales, como tampoco se ha

limitado el acceso a la justicia de los ciudadanos.33 De

igual manera, los procedimientos disciplinarios contra

aquellos integrantes de la clase togada, encargados de

auxiliar a este Foro en la sana administración de la

justicia, han continuado con la misma vigorosidad y

sentido de responsabilidad que ameritan por parte de este

Tribunal.

De hecho, de un estudio llevado a cabo por este

Tribunal durante el proceso de investigación para resolver

los casos de autos pudimos constatar que nuestras

intervenciones para regular la profesión legal en Puerto

Rico han sido virtualmente las mismas en los periodos de

cinco (5) años antes y después de que se eliminara la

colegiación obligatoria en el año 2009. Específicamente,

en los términos de 2004 a 2009 este Tribunal intervino en

cuatrocientas cuarenta y dos (442) ocasiones para

reglamentar algún aspecto de la profesión legal. Mientras

que en los términos de 2009 a 2014 se intervino

aproximadamente en cuatrocientos cincuenta y un (451)

asuntos relacionados a la reglamentación de la abogacía.34

Es decir, el hecho de que el foro esté integrado no ha

33 Aún en días recientes en donde se ha cuestionado la parcialidad de la Rama Judicial en distintos medios noticiosos del país, hemos sido proactivos implantando medidas para atender efectivamente ese asunto. Véase, por ejemplo, Enmiendas a las Reglas de Disciplina Judicial, 2014 TSPR 105, 191 DPR __. 34 Véanse, G. Figueroa Prieto, Reglamentación de la Profesión Legal, 82 Rev. Jur. U.P.R. 519, 552 (2013) y Portal Cibernético de la Rama Judicial, http://www.ramajudicial.pr/opiniones/. CT-2014-008,009 y 010 35

demostrado ser una herramienta necesaria para regular

eficientemente la abogacía en Puerto Rico.

Es por eso que no nos convencen los argumentos

abstractos de los recurridos sobre cómo la integración del

foro mediante la asociación obligatoria al Colegio de

Abogados es vital para la sana administración de la

justicia en Puerto Rico. Curiosamente, los recurridos no

cuestionan de manera contundente el hecho de que la Rama

Judicial ha seguido funcionando eficientemente sin que una

mayoría de los letrados pertenezcan de manera obligatoria

al Colegio de Abogados.

Y es que este Tribunal ya tiene a su alcance una

variedad de mecanismos que nos auxilian en nuestra

delicada función de reglamentar la profesión legal. Por

ejemplo, y sin pretender ser exhaustivos, algunas de las

herramientas principales con las que cuenta este Tribunal

para esos fines son los Cánones de Ética Profesional y el

Programa de Educación Jurídica Continua. Como es conocido,

los Cánones de Ética Profesional conforman un cúmulo de

normas creadas para desalentar que los abogados incurran

en conducta anti ética en detrimento de la profesión legal

y la representación digna de aquellos ciudadanos que

contratan sus servicios. Por otro lado, el Programa de

Educación Jurídica Continua35 exige que los abogados se

35 El Programa de Educación Jurídica Continua le exige a los letrados cumplir con un total de veinticuatro (24) créditos en cursos académicos en un periodo de dos (2) años. Véase, Regla 6 del Reglamento de Educación Jurídica Continua, 4 LPRA Ap. XVII. CT-2014-008,009 y 010 36

matriculen en una variedad de cursos diseñados para

mantenerlos a la vanguardia de los conocimientos

necesarios para que estos puedan brindarles a sus clientes

una representación digna y adecuada. Tanto el

incumplimiento con los Cánones de Ética Profesional como

con los requisitos establecidos por el Programa de

Educación Jurídica Continua podrían conllevar a que el

letrado se enfrente a un procedimiento de desaforo y

pierda su licencia. Además de estas herramientas, no

olvidemos que este Tribunal tiene la autoridad para

reglamentar en cualquier momento en cuanto a todo asunto

que sea necesario para garantizar que los letrados se

comporten a la altura de su profesión.

De hecho, actualmente este Tribunal tiene ante su

consideración un Proyecto que propone unos nuevos Cánones

de Ética,36 lo cual demuestra que este Tribunal sigue

siendo proactivo en la reglamentación de la profesión. Así

pues, concluimos que todos estos mecanismos ayudan a

salvaguardar de manera efectiva los mismos valores que los

recurridos alegan solo pueden ser garantizados mediante la

integración del foro a través de la asociación obligatoria

de los letrados al Colegio de Abogados.

Finalmente, además de las razones previamente

mencionadas, pesó en nuestro análisis el argumento vertido

por los peticionarios en cuanto a su derecho

36 Véase, In re: Proyectos de Código de Conducta Profesional y de Reglas de Procedimiento para Asuntos Disciplinarios de la Abogacía y la Notaría. 2013 TSPR 151, 189 DPR __. CT-2014-008,009 y 010 37

constitucional a la libertad de asociación. Por ello,

además de por los factores ya discutidos, nos vimos

llamados a ejercer nuestro Poder Inherente para evitar un

menoscabo sustancial por parte del Estado al derecho

constitucional de los peticionarios a no asociarse según

lo garantiza la Constitución de Puerto Rico.

Por todas estas razones, consideramos que la

colegiación obligatoria no es necesaria en nuestra

jurisdicción. La experiencia de los pasados cinco (5)

años, así como las herramientas que posee este Tribunal

para reglamentar la profesión legal, son suficientes y

efectivas para velar por el buen funcionamiento de la

justicia en Puerto Rico. Por tal razón, somos del criterio

que al imponer la colegiación obligatoria, la Ley Núm.

109-2014 incidió de manera inconstitucional con nuestra

facultad inherente para reglamentar la profesión legal.

Por ende, a tenor con nuestro Poder Inherente declaramos

inconstitucionales los Artículos 5, 6 y 11 de la Ley Núm.

109-2014.

En fin, la decisión que antecede no tiene el efecto

de impedir que el Colegio de Abogados siga funcionando

como institución ni mucho menos tiene la intención de

impedir su existencia. Ciertamente, el Colegio puede

seguir fungiendo como entidad para, inter alia, defender y

ser la voz de aquellos togados que elijan formar parte de

esa institución. De igual manera, y no empece que la CT-2014-008,009 y 010 38

colegiación a esta entidad será voluntaria, el Colegio

puede seguir ―[contribuyendo] al mejoramiento de la

administración de la justicia; [a] [formular] informes;

[a] [defender] con celo los derechos e inmunidades de los

abogados procurando que éstos gocen ante los tribunales de

la libertad necesaria para el buen desempeño de su

profesión; [a] [promover] relaciones fraternales entre sus

miembros, y [a] [velar] por el sostenimiento de una

saludable moral profesional entre los colegiados‖. Col. de

Abogados v. E.L.A., supra, pág. 203 (Voto Particular

Disidente, J. Rodríguez Rodríguez citando a Colegio de

Abogados. v. Schneider [II], 117 DPR 504, 513-514 (1986)).

A su vez, el Colegio continuará ostentando la facultad

para expedir fianzas notariales y administrar el Fondo de

Fianza Notarial.37

De igual modo el Colegio de Abogados puede seguir

contribuyendo ―a enriquecer la vida intelectual de los

abogados y [a] [fortalecer] la aspiración colectiva a una

sociedad democrática al amparo de la ley‖.38 La única

diferencia es que de ahora en adelante este quehacer no

será a expensas del poder coercitivo del Estado.

Con la decisión que hoy emitimos no solo defendemos

nuestro poder institucional para regular la profesión

legal sino que al mismo tiempo, y como resultado del

ejercicio afirmativo de ese poder, reivindicamos los

37 Véase, Ley Núm. 5-2013, 4 LPRA Sec. 2142. 38 Íd. CT-2014-008,009 y 010 39

derechos constitucionales de todas las partes involucradas

en el caso de autos. Es decir, los letrados pueden escoger

pertenecer al Colegio, a la Asociación de Abogados, a

cualquier otra entidad de su libre elección o a ninguna.

Hoy las corrientes que colocaron a la clase togada a

la deriva de la incertidumbre por fin se aplacan. Con un

norte claro, es más fácil el camino y sin duda este

Tribunal es quien comprende a plenitud la preeminencia que

la profesión legal ostenta en nuestra sociedad. Por ello,

es nuestra firme contención que este Tribunal es el ente

capaz y adecuado para dirigir el camino de la clase togada

en Puerto Rico y garantizar el buen funcionamiento de la

Rama Judicial. De entender que el esquema de colegiación

voluntaria que ha imperado en Puerto Rico por los pasados

cinco años ha provocado un disloque en la administración

de la justicia, sin duda, este Tribunal así lo hubiese

reconocido. Ello porque regular la profesión legal es

mucho más que el ejercicio de un poder, es más bien un

deber de la más alta jerarquía. No sería responsable

claudicar a ese deber tan importante para ejercer el poder

caprichosamente. En reconocimiento de lo anterior,

reafirmamos que no hemos encontrado bases suficientes para

avalar la integración del foro en nuestra jurisdicción.

V

Por los fundamentos que anteceden, y en ejercicio de

nuestro poder inherente, se declaran inconstitucionales

los Artículos 5, 6 y 11 de la Ley Núm. 109-2014. Ello, ya CT-2014-008,009 y 010 40

que al aprobar estos artículos la Asamblea Legislativa

violó la Doctrina de Separación de Poderes al establecer

requisitos para ejercer la profesión legal en Puerto Rico

en contravención del Poder Inherente que ostenta este

Tribunal para regular esa profesión.

Además, revocamos aquellas partes de Colegio de

Abogados de Puerto Rico v. Schneider, supra, que sean

incompatibles con los pronunciamientos que anteceden.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por conducto del Secretario de Justicia, CT-2014-0008 Hon. César Miranda; Colegio de Abogados de Puerto Rico, por conducto de su Presidenta, Lcda. Ana Irma Rivera Lassen

Asociación de Abogados de Puerto Rico; Héctor R. CT-2014-0009 Ramos Díaz; Rafael Sánchez Hernández

Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico; Estado Libre Asociado de CT-2014-0010 Puerto Rico

Carlos Rivera Justiniano, Carlos Pérez Toro, Juan M. Gaud Pacheco, Félix Colón Serrano, María Fullana Hernández, Carmelo Ríos Santiago, Miguel Romero Lugo, Mario Santurio González, Carlos Sagardía Abreu, Luis Dávila Colón, José Meléndez Ortiz, Valerie Rodríguez Erazo y Elías Sánchez Sifonte

Interventores --------------------------- CT-2014-008,009 y 010 2

John E. Mudd y John A. Stewart

Alejandro García Padilla, Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Colegio de Abogados de Puerto Rico

SENTENCIA

Por los fundamentos que anteceden, y en ejercicio de nuestro poder inherente, se declaran inconstitucionales los Artículos 5, 6 y 11 de la Ley Núm. 109-2014. Ello, ya que al aprobar estos artículos la Asamblea Legislativa violó la Doctrina de Separación de Poderes al establecer requisitos para ejercer la profesión legal en Puerto Rico en contravención del Poder Inherente que ostenta este Tribunal para regular esa profesión.

Además, revocamos aquellas partes de Colegio de Abogados de Puerto Rico v. Schneider, supra, que sean incompatibles con los pronunciamientos que anteceden.

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico, fax o teléfono y por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió una Opinión de Conformidad. El Juez Asociado señor Rivera García emitió una Opinión de Conformidad. La Jueza Presidenta señora Fiol Matta disintió y emitió la expresión siguiente:

La Jueza Presidenta señora Fiol Matta disiente por entender que la Ley 109-2014 no infringe el poder inherente de este Tribunal para reglamentar el ejercicio de la profesión. Habida cuenta de que en estos casos consolidados se acortaron los términos reglamentarios, se CT-2014-008,009 y 010 3

acoge al término dispuesto en la Regla 5b de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXI-B.

La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez disintió y emitió la expresión siguiente:

Tomando en consideración la premura improcedente con la que se atendió el caso de referencia, la Juez Asociada Rodríguez Rodríguez disiente y se reserva el derecho a emitir una ponencia al amparo de la Regla 5(b) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXI-B.

El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió una Opinión Disiente.

La Jueza Asociada Oronoz Rodríguez disintió y emitió la expresión siguiente:

La Jueza Asociada Oronoz Rodríguez disiente de los resuelto en la Opinión mayoritaria por entender que no procedía declarar la inconstitucionalidad de la Ley Núm. 109-2014 y se reserva el derecho a emitir una ponencia al amparo de la Regla 5(b) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v. CT-2014-0008 Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por conducto del Secretario de Justicia, Hon. César Miranda; Colegio de Abogados de Puerto Rico, por conducto de su presidenta, Lcda. Ana Irma Rivera Lassén

Recurridos _____________________________

Asociación de Abogados de Puerto Rico; Héctor R. Ramos Díaz; Rafael Sánchez Hernández

Peticionarios CT-2014-0009 v.

Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico; Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Carlos Rivera Justiniano, Carlos Pérez Toro, Juan M. Gaud Pacheco, Félix Colón Serrano, María Fullana Hernández, Carmelo Ríos Santiago, Miguel Romero Lugo, Mario Santurio González, Carlos Sagardía Abreu, Luis Dávila Colón, José Meléndez Ortiz, Valerie Rodríguez Erazo y Elías Sánchez Sifonte

Interventores _____________________________

Peticionarios CT-2014-0010 CT-2014-0008,0009 y 0010 2

Alejandro García Padilla, Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Colegio de Abogados de Puerto Rico

Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES

A diferencia de la Constitución federal, la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

garantiza expresamente la libertad de asociación como

derecho fundamental del individuo frente al Estado. Art.

II, Sec. 6, Const. PR, LPRA, Tomo 1. Mediante la ley que

nos ocupa, el Estado creó una organización de abogados y

pretende obligar a todos los miembros activos de la

profesión legal a pertenecer a ese ente. Si la libertad de

asociación significa algo más que una retórica hueca

entonces hay que concluir que el individuo retiene, como

derecho fundamental de rango constitucional, la libertad

tanto de asociarse como de escoger no asociarse con otra

persona o grupo. ―Por supuesto este valor superior no

supone una irrestricción absoluta, de forma que no pueda CT-2014-0008,0009 y 0010 3

subordinarse a otros intereses cuando la necesidad y

conveniencia públicas lo requieran. Es precisamente esta área

la que nos corresponde deslindar en cada caso específico‖.

Mari Bras v. Casañas, 96 DPR 15, 21 (1968).

Aclarado esto, el escrutinio legal aplicable es el que

siempre utilizamos cuando la controversia involucra un derecho

constitucional fundamental. Es decir, para sostener una

asociación compulsoria el Estado tendrá que ofrecer razones de

peso, es decir intereses apremiantes, y deberá demostrar que

la legislación está diseñada estrechamente para alcanzar esos

intereses, o sea que no hay otra manera de lograr los

objetivos de la legislación impugnada que no sea la asociación

forzada. Véase U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR

253, 289 (2010), y los demás casos citados en el escolio 28 de

la Opinión del Tribunal. Como concluye el Tribunal en su

Opinión, el gobierno no pudo cumplir con el peso legal de

probar que la asociación compulsoria de los abogados es

indispensable para lograr los objetivos que el legislador

enunció.

Según la Constitución de Estados Unidos, la asociación

compulsoria se puede establecer sin violar la libertad de

asociación de los abogados, siempre que no se obligue a los

objetores a costear con sus cuotas las actividades de la

asociación que no estén relacionadas con la reglamentación de

la profesión o con los servicios legales que se prestan a los

habitantes del estado. Keller v. State Bar of California, 496

US 1 (1990). CT-2014-0008,0009 y 0010 4

La situación según la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico es diferente. Como señalamos

prístinamente en nuestra Resolución en Col. de Abogados v.

E.L.A., 181 DPR 135, 137 (2011), cert. denegado Puerto Rico

Bar Ass‘n v. Commonwealth of Puerto Rico, 132 S.Ct. 1535

(2012), ―es la colegiación compulsoria de una clase

profesional la que crea una fricción inevitable con la

libertad de asociación de los afectados‖.

En el caso de los abogados, como explica el Tribunal, ese

conflicto es mayor debido a que, según el esquema

constitucional local, somos nosotros en última instancia, no

la Asamblea Legislativa, los encargados de reglamentar la

práctica de la profesión legal. Así pues, la intromisión de la

Asamblea Legislativa mediante la ley que nos ocupa es una

infracción doble, tanto al entendido constitucional de

separación de poderes como también a los derechos

constitucionales de los abogados. Como se puede apreciar,

atendemos esta controversia exclusivamente al amparo de la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Es

decir, resolvemos por fundamentos locales independientes al

derecho constitucional federal de asociación.

En este aspecto, la Carta de Derechos de la Constitución

local concede más derechos que su contraparte federal.

Después de todo, la Constitución de Puerto Rico se

aprobó en 1952, una fecha más reciente que la

Constitución de Estados Unidos (que entró en vigor en CT-2014-0008,0009 y 0010 5

1789). La Constitución de Puerto Rico consagra

expresamente la libertad de asociación como una garantía

fundamental.

La Convención Constituyente quiso ―incorporar un nuevo

aspecto del derecho y de la libertad, y que no aparece

tradicionalmente en las constituciones clásicas, el que se

refiere al derecho de libre asociación y libre

organización...‖. Diario de Sesiones de la Convención

Constituyente, Orford, NH, Equity Publishing, Tomo 2, pág.

1104 (Informe del delegado Jaime Benítez, Presidente de la

Comisión de la Carta de Derechos). Se insistió en hacer

expresa la garantía de libertad de asociación por tratarse de

―uno de los aspectos más importantes de la democracia‖.

Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto

Rico, La nueva constitución de Puerto Rico, 1954, págs. 224-

225.

La Sec. 6 del Art. II de la Carta de Derechos se basa no

solo en el acervo histórico de la Constitución de Estados

Unidos, sino que incorpora el principio básico del Art. 20 de

la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por

la Organización de Naciones Unidas, de que ―[n]adie podrá ser

obligado a pertenecer a una asociación‖. Los estudiosos

reconocen la importancia de esta influencia. JJ Álvarez

González, Derecho constitucional de Puerto Rico y relaciones

constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá, Ed. Temis,

2010, pág. 11. CT-2014-0008,0009 y 0010 6

Establecido este acervo histórico, se necesita mucha

fuerza de cara para impugnar esta decisión como una supuesta

intromisión del Tribunal. Es todo lo contrario. La

Constitución nos encomienda ser sus intérpretes máximos y

proteger los derechos de los individuos frente a los designios

inconstitucionales del gobierno. Art. V, Sec. 4, Const. PR,

LPRA, Tomo 1.

En esta ocasión fue la Asamblea Legislativa la que usurpó

inconstitucionalmente las facultades del Tribunal Supremo. Ya

denunciamos esa tendencia en Alvarado Pacheco y otros v.

E.L.A., 188 DPR 594 (2013), reafirmado por Opinión en AMPR et

als. v. Sist. Retiro Maestros IV, Op. de 11 de abril de 2014,

2014 TSPR 58, 2014 JTS 67, 190 DPR ___ (2014). Esta parece ser

una tentación legislativa irresistible y de cuño reciente que

no podemos convalidar.

Por eso rechazo las amenazas que se emitieron cuando

paralizamos interlocutoriamente la vigencia de la Ley Núm.

109-2014. En aquel entonces se habló de limitar la

jurisdicción de este Tribunal debido a que acogimos este

recurso y a pesar que un intento anterior fue declarado

inconstitucional en AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros IV,

ibíd. Hoy, como siempre, resolvemos conforme a Derecho. ―No

por chantajes, presiones o comentarios públicos injus tos,

insultantes y lamentables por miembros de las otras

dos ramas de gobierno que han sido electos para servir

como líderes y ser ejemplo para nuestros jóvenes, y

que tratan de anticipar e influenciar CT-2014-0008,0009 y 0010 7

indebidamente las determinaciones de los componentes de la

Rama Judicial‖. Trinidad Hernández et al. v. ELA et al., 188

DPR 828, 840 (2013) (Opinión de conformidad del Juez Asociado

señor Feliberti Cintrón). ¿Será que es mucho pedir que se

respete la Constitución?

Obligar a un profesional a asociarse con quien no quiere

no es una condición válida para obtener una licencia y

practicar su profesión. El Estado no adelantó una sola razón

apremiante que no se pueda lograr sin obligar a los abogados a

asociarse con quien no desean. De hecho, la Asamblea

Legislativa ni siquiera exploró este aspecto al legislar. El

único argumento que el Estado adelanta es la compulsoriedad

como fin en sí mismo y no como lo que es: un método para

lograr otros intereses. En síntesis, el argumento de la

Procuradora General se reduce a que es válido obligar a los

abogados a pertenecer a una asociación profesional porque esa

es la única manera de obligarlos. El argumento es tan llano

que no hay que discutirlo más.

Sin duda, la reglamentación de la práctica de una

profesión es un asunto importante. Si bien es cierto que la

reglamentación de los abogados como funcionarios del Tribunal

está en manos de este Tribunal, eso no invalida cualquier

legislación relacionada con este tema. La separación de

poderes no significa que las ramas del gobierno operan con

independencia absoluta unas de las otras. Hernández Agosto v.

López Nieves, 114 DPR 601, 619 (1983). ―Por el contrario, la

interacción que la Constitución establece entre las funciones CT-2014-0008,0009 y 0010 8

de las ramas de gobierno crea un sistema de pesos y

contrapesos con el propósito de generar un equilibrio dinámico

entre poderes coordinados y de igual rango, y evitar así que

ninguno de éstos amplíe su autoridad a expensas de otro‖.

[escolios omitidos] Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 89

(1998). Véase, además, Nieves Huertas et al. v. ELA I, 189 DPR

611, 619 (2013) (Sentencia).

Al adjudicar tenemos que tener cuidado de no invalidar

una legislación más allá de lo que es necesario. Si exigimos

que la Asamblea Legislativa no interfiera con las facultades

que la Constitución encomendó a este Tribunal, debemos

reciprocar y no intervenir impropiamente con las facultades

válidas de la Rama Legislativa. Solo así mantenemos el

equilibrio diseñado como sostén de nuestro andamiaje

constitucional. Por consiguiente, hay que partir de la premisa

de que nada impide que la Asamblea Legislativa atienda un

asunto mediante legislación siempre que al hacerlo no viole un

derecho constitucional ni interfiera con las facultades que la

Constitución encomienda a otra rama de gobierno. Por eso no

hay nada inconstitucional en que la Asamblea legislativa cree

una asociación de abogados voluntaria como ente cuasipúblico.

De hecho, solo la Asamblea legislativa puede crear mediante

legislación una entidad como el Colegio de Abogados; nosotros

carecemos de esa facultad. Ese estatuto no interfiere con la

reglamentación de los requisitos para ejercer la abogacía. Por

supuesto, la asociación creada por ley estará facultada para

aprobar reglamentos internos y decidir bajo cuáles CT-2014-0008,0009 y 0010 9

circunstancias una persona se hará miembro o bajo cuáles

dejará de serlo. Nada impide que la Asamblea Legislativa

provea para ello.

No nos corresponde interferir con esa facultad

legislativa con el pretexto de que somos nosotros quienes

deciden qué personas están autorizadas a practicar la abogacía

y con cuáles requisitos tienen que cumplir. Si asumiéramos la

posición contraria tendríamos que concluir que nos equivocamos

al sostener la validez de la ley de 2009 que hizo voluntaria

la membresía en el Colegio de Abogados. Col. de Abogados v.

E.L.A., supra. Tendríamos que concluir también, siguiendo tan

dudoso argumento, que no hay una penalidad efectiva por

practicar ilegalmente la abogacía, pues la Asamblea

Legislativa habría interferido con nuestras facultades al

aprobar la legislación penal que define en qué consiste esa

práctica ilegal pero por otro lado, este Tribunal no tiene la

autoridad constitucional para crear delitos.

Nada impide que una asociación voluntaria de abogados,

sea el Colegio de Abogados, la Asociación de Abogados u otra,

proponga a este Tribunal un proyecto de cánones de ética para

la profesión legal. De hecho, los cánones más reconocidos en

Estados Unidos –adoptados con algunas variantes en múltiples

estados de la Unión- son los de la American Bar Association,

una entidad totalmente voluntaria. Tampoco hace falta la

colegiación obligatoria para reglamentar ni mucho menos para

ofrecer cursos de educación continua. Ese asunto lo reglamenta

este Tribunal y precisamente se encuentra bajo estudio. Como CT-2014-0008,0009 y 0010 10

organización voluntaria, el Colegio de Abogados ha ofrecido

estos cursos por años. Por otro lado, no hace falta la

compulsoriedad en la membresía para que el Colegio ofrezca

servicios legales ni para que investigue y reporte posibles

violaciones éticas de sus asociados. Mucho menos hay que

obligar a los abogados a pertenecer al Colegio por los

beneficios materiales que este pueda ofrecer a su matrícula.

Por el contrario, puede argumentarse que la voluntariedad es

un incentivo para que una organización que desee prosperar y

quiera ser relevante ofrezca servicios y beneficios de calidad

a sus asociados. La membresía obligatoria no incentiva esos

ofrecimientos; por el contrario, hace innecesarios los

alicientes para ofrecerlos.

Para lo que sí es necesaria la colegiación obligatoria es

para mantener en posiciones de influencia a unas personas y a

una institución sin tener que ganarse la confianza de sus

representados; para costear todo lo que la directiva quiera y

para hacer creer que la entidad actúa y se expresa a nombre de

toda una matrícula sin importar la opinión de los asociados.

La solución concebida hasta ahora (el descuento de parte de la

cuota que pagan los colegiados) no atiende el problema de

fondo. Esa solución parte de la premisa de que no hay daño si

se obliga a alguien a asociarse para ciertos fines y que por

eso no hay que explorar otras alternativas que no lesionen el

derecho fundamental de libre asociación.

El enfoque que trae hoy este Tribunal es distinto. Si el

sostén principal de una democracia es la diversidad de ideas, CT-2014-0008,0009 y 0010 11

la pluralidad de intereses y la tolerancia a las opiniones

variadas, como bases fundamentales para recabar la lealtad a

nuestro sistema de gobierno, entonces obligar a todos a

asociarse en contra de su voluntad le resta valor a esos

pilares de la vida en sociedad. Por eso, la asociación

obligatoria como la concibe la Ley Núm. 109-2014 es la

antítesis de la democracia. ¿Es que es mucho pedir que seamos

democráticos?

No podemos ser timoratos cuando se trata de proteger los

derechos individuales que la Constitución reconoce

expresamente. Por eso me parece inescapable concluir, como

señaló el Juez Presidente señor Hernández Denton en su Opinión

disidente en Col. de Abogados v. E.L.A., supra, que nuestro

razonamiento no puede limitarse a los abogados. Los demás

profesionales no tienen menos derechos frente al Estado.

En Puerto Rico se proliferó durante todo el Siglo XX

obligar a los profesionales y los que ejercen oficios –no solo

a los abogados- a asociarse en ―colegios‖, es decir en

asociaciones con membresía compulsoria, desde actores y

plomeros hasta médicos y enfermeros. Véase la lista completa

en la Opinión disidente del Juez Presidente señor Hernández

Denton en Col. de Abogados v. E.L.A., supra, págs. 193-194.

Cuando se crearon estas asociaciones en tierras y épocas

lejanas no se concebía el derecho administrativo moderno. Sus

orígenes se hallan en el antiguo Derecho romano, donde

comenzaron como cofradías religiosas y gremiales. Estas

asociaciones ofrecían la conveniencia de que los que desearan CT-2014-0008,0009 y 0010 12

practicar un oficio o aprender una disciplina liberal

aprendieran de sus homólogos. Por eso se les llama ―colegios‖.

Con el pasar del tiempo la colegiación se extendió para

abarcar múltiples profesiones y oficios, aunque ya no se

aprendan en el taller sino en escuelas especializadas o en las

universidades. A su vez, estos gremios adquirieron privilegios

concedidos por el Estado y dejaron de ser asociaciones

voluntarias. G. Figueroa Prieto, Reglamentación de la conducta

profesional en Puerto Rico: pasado, presente y futuro, 68 Rev.

Jur. UPR 729, 742-745 (1999).

En Puerto Rico, el legislador no entendió o ignoró el

mandato de libre asociación que el Pueblo incluyó en la Carta

de Derechos y siguió aprobando la creación de colegios

profesionales aún después de 1952, con la anuencia de este

Tribunal. No más. No estamos ante meras ―inconveniencias

personales‖, como lamentablemente este Tribunal caracterizó

los reclamos de libre asociación hechos en Col. de Abogados v.

Schneider, 112 DPR 540, 549 (1982). La ejecución de la

política pública no se puede delegar a un grupo de interés a

expensas de las garantías constitucionales que protegen a

todos los individuos.

Si lo que se busca al delegar la reglamentación de las

profesiones es reducir los costos al fisco, basta con crear

unas juntas reglamentadoras compuestas por profesionales (que

incluso pueden ser elegidos por ellos mismos) y costearlas con

los fondos que se recaudan por el pago de las licencias de la

clase afectada. Eso también cumple con el objetivo de que sean CT-2014-0008,0009 y 0010 13

esos mismos profesionales quienes se reglamenten a sí mismos

sin crear una estructura costosa y burocrática y, sobre todo,

sin obligar a nadie a asociarse con quien no quiere. En otras

palabras, sin violar la Constitución.

En este caso no se ha aducido un interés apremiante

válido que solamente pueda ser atendido mediante la

colegiación compulsoria. Existen métodos para reglamentar la

profesión legal y atender los mismos intereses públicos pero

sin lesionar la libertad de asociación de los abogados. Hoy

invalidamos la asociación obligatoria de los abogados porque

eso es lo que se plantea en este caso y es lo que la

Constitución de Puerto Rico nos requiere. Por eso no puedo

menos que celebrar la derogación del precedente de Col. de

Abogados v. Schneider, supra, una página negra en la vasta

jurisprudencia de derechos civiles que ha emitido este

Pero debe quedar claro que los principios que sentamos

hoy son de aplicación general y tienen que evaluarse también

en el contexto de otras profesiones y oficios. Irónicamente,

gracias a la insistencia del Colegio de Abogados para que se

aprobara esta legislación de membresía obligatoria, los

contornos constitucionales en este asunto están más claros hoy

y ahora todos los profesionales de Puerto Rico saben cuáles

son los linderos de su derecho de libre asociación.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por conducto del Secretario de Justicia, Hon. César Miranda; Colegio de CT-2014-0008 Abogados de Puerto Rico, por conducto de su Presidenta, Lcda. Ana Irma Rivera Lassen

Asociación de Abogados de Puerto Rico; Héctor R. Ramos Díaz; Rafael Sánchez Hernández

Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico; Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Recurridos CT-2014-0009

Carlos Rivera Justiniano, Carlos Pérez Toro, Juan M. Gaud Pacheco, Félix Colón Serrano, María Fullana Hernández, Carmelo Ríos Santiago, Miguel Romero Lugo, Mario Santurio González, Carlos Sagardía Abreu, Luis Dávila Colón, José Meléndez Ortiz, Valerie Rodríguez Erazo y Elías Sánchez Sifonte

Interventores

Peticionarios CT-2014-0008,0009 y 0010 2

Alejandro García Padilla, Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Colegio de Abogados de Puerto Rico

Recurridos CT-2014-0010 Evelyn Aimée De Jesús Rodríguez

Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor RIVERA GARCÍA

La determinación que hoy alcanza una mayoría de los

miembros de este Tribunal, no concierne específicamente al

Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Mucho menos

representa una evaluación histórica de cuán bien o mal esta

institución ha cumplido los propósitos legislativos para

los que se creó. El presente caso atañe más bien a si la

Asamblea Legislativa excedió sus facultades

constitucionales al establecer el requisito de colegiación

como condición necesaria e imprescindible para ejercer la

profesión legal en Puerto Rico. Hoy contestamos

afirmativamente esa interrogante siguiendo los mismos

parámetros que este Tribunal Supremo estableció desde hace

más de cien años. Así, respaldados exclusivamente en

nuestro poder inherente para regular el ejercicio de la CT-2014-0008,0009 y 0010 3

abogacía en nuestra jurisdicción, optamos por no avalar el

requisito de colegiación obligatoria establecido por la

Asamblea Legislativa mediante la Ley Núm. 109-2014.

Los antecedentes fácticos y el derecho aplicable están

expuestos correctamente en la Opinión del Tribunal. Por

ello, únicamente emitiré algunas expresiones para explicar

el porqué estoy conforme con la resolución que hoy

disponemos para los presentes casos de tan alto interés

para la profesión jurídica y la comunidad en general.

Como bien surge de la Opinión mayoritaria, la doctrina

de la separación de poderes pretende delimitar el campo de

acción de cada una de las ramas de gobierno. Conforme a ese

modelo, la Constitución de Puerto Rico expresamente

atribuye poderes específicos a cada uno de los tres

componentes de nuestro sistema gubernamental.39 No

obstante, en la práctica esta doctrina no supone una

separación categórica y absoluta que conlleve una

independencia total entre las tres ramas constitucionales.

Por el contrario, el establecimiento de poderes específicos

propios de cada rama provoca una inevitable interacción de

frenos y contrapesos que evita la concentración desmedida

39 De esta manera, la Constitución de Puerto Rico establece que el Poder Legislativo será ejercido por una Asamblea Legislativa compuesta por un Senado y una Cámara de Representantes. Véase, Const. PR. Art. V, Sec. 1, 1 LPRA, Tomo 1. Mientras que el Poder Ejecutivo lo ejercerá un Gobernador y el Poder Judicial el Tribunal Supremo de Puerto Rico y demás tribunales creados por ley. Véase, Const. PR Art. V, Sec. 1, Art. IV, Sec. 1 y Art. V, Sec. 1, LPRA, Tomo 1, respectivamente. CT-2014-0008,0009 y 0010 4

de poder en una de ellas.40 En ese ejercicio de

imperfecta separación y delicado balance, pueden surgir

ocasiones en que, al menos inicialmente, una rama de

gobierno y otra tengan un poder de acción concurrente.

Cuando ello ocurre, surge la necesidad de definir a quién

le corresponde la responsabilidad final de actuar. Es

decir, aun cuando se susciten circunstancias en que pueda

existir un campo de acción compartido, le corresponderá a

una de las ramas ejercer la responsabilidad final de

determinar la validez de la acción tomada. Ello, como

condición necesaria para el efectivo ejercicio de los

poderes expresamente delegados en la Constitución.

Eso es lo que ocurre, precisamente, con la regulación

de la profesión legal en Puerto Rico para la cual tanto el

Poder Legislativo como el Poder Judicial cuentan con

facultades concurrentes. Por un lado, no hay duda alguna de

que la Constitución estatal no tan solo delega al Tribunal

Supremo de Puerto Rico el Poder Judicial, sino que además

le encomienda la responsabilidad de administrar los

tribunales y nuestro sistema de justicia del cual los

abogados son parte integral.41 Siendo así, cualquier asunto

concerniente a la reglamentación de los abogados forma

40 Banco Popular v. Corte, 63 DPR 66, 71-72 (1944). Véanse, además, J.J. Álvarez González, Derecho constitucional de Puerto Rico y relaciones constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá, Ed. Temis, 2010, págs. 235-237; G. Stone, et al., Constitutional Law, Aspen Publishers, 6th ed., 2009, págs. 355-358.

41 Art. V, Sec. 1 y 6, 1 LPRA, Tomo 1. Véase, además, 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, 2608-2615; In re Aprobación de las Reglas para Procedimientos de Investigación, 184 DPR 575 (2012); Freire Ayala v. Vista Rent, 169 DPR 418, 444-445 (2006); Vives Vázquez v. ELA, 142 DPR 117, 141 (1996). CT-2014-0008,0009 y 0010 5

parte de las prerrogativas constitucionales de este

Tribunal Supremo. Por otro lado, es evidente el poder de

razón de estado con el que cuenta la Asamblea Legislativa

para promulgar la legislación que entienda conveniente para

salvaguardar el bienestar y la seguridad de la ciudadanía

en general.42

Ahora bien, desde hace más de cien años, este Tribunal

estableció que las pautas y regulaciones referentes a los

abogados y abogadas constituye una función inherente e

inseparable de este Tribunal como representante máximo del

Poder Judicial.43 Esto, toda vez que los abogados son

42 Domínguez Castro v. ELA, 178 DPR 1, 36 (2010). Véase, además, R. Serrano Geyls, Derecho constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan, Ed. C. Abo. PR, 1988, Vol. II, pág. 923.

43 Según el profesor constitucionalista Henry Rottschaefer, ―[e]l término inherente solo significa que el poder en cuestión fue incluido implícitamente en la concesión hecha por la Constitución en la distribución de poderes gubernamentales, aunque a veces se usa para indicar que la facultad en cuestión necesariamente pertenece a un departamento independientemente de la concesión constitucional‖. (Traducción nuestra). H. Rottschaefer, Handbook of American Constitutional Law, St. Paul. Minn., West Publishing Co., 1939, págs. 52-53, escolio 31.

Respecto a esta facultad inherente reclamada por este Tribunal, el profesor Guillermo Figueroa Prieto explica lo siguiente:

Si algo ha quedado claro en las decisiones del Tribunal Supremo desde principios del siglo pasado hasta nuestros tiempos es que el Tribunal Supremo de Puerto Rico siempre ha reclamado tener poder inherente para reglamentar la abogacía. Tal poder descansa en el imperativo constitucional que emana de la doctrina de separación de poderes y que deposita en el Poder Judicial la facultad de administrar todo lo relativo a la administración del sistema de justicia, incluyendo la reglamentación de los abogados, ya que estos son considerados funcionarios del tribunal.

G. Figueroa Prieto, Propuesta para la reglamentación de la conducta profesional, 81 Rev. Jur. UPR 1, 15 (2012).

Aunque durante los debates la Convención Constituyente no hubo mención específica sobre el poder inherente de las Cortes para la regulación de los abogados, este no era un concepto ajeno para los redactores de nuestra Constitución. Particularmente, en lo que CT-2014-0008,0009 y 0010 6

funcionarios de los tribunales que representan una pieza

clave para el efectivo ejercicio del poder constitucional

de administrar la justicia.44 Como consecuencia, son los

miembros de este Tribunal Supremo quienes tienen la

responsabilidad última de determinar qué reglamentación o

normativa es aplicable a la clase togada de Puerto Rico.

En ese contexto, la legislación promulgada a tales

fines por la Asamblea Legislativa será única y

exclusivamente de carácter directivo y bajo ninguna

circunstancia mandatoria.45 Es por ello, que habrá

ocasiones en que este Tribunal sostenga la validez de la

legislación aprobada como una medida auxiliar a su poder

inherente, pero habrá otras instancias en que tal

legislación sea anulada por constituir una extralimitación

de poder frente a las facultades inherentes de este

_____________________________________________________________ respecta a la Rama Judicial. Véase, e.g., Transcripción de las Vistas Públicas ante la Comisión de la Rama Judicial de la Convención Constituyente, pág. 165. 44 In re Díaz Nieves, 189 DPR 1000, 1020 (2013); In re Cuyar Fernández, 163 DPR 113, 117 (2004); In re Santiago Rodríguez, 160 DPR 245, 254 (2003); Pueblo v. Susoni, 81 DPR 124, 154 (1959); In re Bosch, 65 DPR 248, 252 (1945); In re Rivera Colón, 63 DPR 713, 719 (1944); Boneta Ex Parte, 65 DPR 154, 160 (1929); In re Flores, 37 DPR 784, 785 (1928); In re Tormes, 30 DPR 267, 269 (1922); Pereyó v. López, et al., 22 DPR 780, 785 (1915); In re Díaz, 16 DPR 82, 92 (1910). 45 Véase, In re Dubon Otero, 153 DPR 829, 859 (2001); In re Fund. Fac. Der. E. Ma. de Hostos II, 150 DPR 508, 512 (2000) (Resolución); López Santiago, Ex parte, 147 DPR 909, 912 (1999); Colegio de Abogados de Puerto Rico v. Schneider, 112 DPR 540, 546 (1982); In re Rodríguez Torres, 106 DPR 698, 733 (1978) (Resolución) (Op. de Conformidad J. Martín); In re Liceaga, 82 DPR 252, 255 (1961); González v. Tribunal Superior, 75 DPR 585, 671 N. 9 (1953); In re Pagán, 71 DPR 761, 763 (1950); In re Abella, 67 DPR 229, 238 (1947); In re González Blanes, 65 DPR 381, 391 (1945); In re Bosch, 65 DPR 248, 251 (1945); Ex Parte Jiménez, 55 DPR 54, 55 (1939). CT-2014-0008,0009 y 0010 7

Tribunal.46 Ello, como consecuencia natural del principio

de separación de poderes que rige en nuestro ordenamiento y

de donde emana nuestro poder inherente para regular la

profesión de la abogacía.47

Dentro de ese marco de preeminencia del Poder Judicial

frente al Poder Legislativo, este Tribunal siempre ha

enfatizado el carácter directivo y no mandatorio de la

legislación promulgada referente a los abogados y

abogadas.48 En consonancia con ello, en múltiples ocasiones

este Tribunal Supremo ha anulado u obviado legislación ―que

ha tenido el efecto de privar o menoscabar el derecho

inherente de las cortes‖ de regular la profesión legal.49

Basta un simple repaso de algunas de las opiniones emitidas

por este Máximo Foro para constatar lo arraigado y presente

46 Como ejemplo de algunas instancias en que este Tribunal Supremo ha validado la legislación promulgada por la Asamblea Legislativa concernientes a los abogados y abogadas, véanse Colegio de Abogados de PR v. Schneider, 112 DPR 540 (1982) y Colegio de Abogados v. ELA, 181 DPR 92 (2011) (Resolución). En este último, el Tribunal Supremo declaró no ha lugar un recurso de revisión solicitado por el Colegio de Abogados y ordenó la publicación de la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, mediante la cual se validó la Ley Núm. 121- 2009 y la Ley Núm. 135-2009. Como ejemplo de algunos casos en que se ha invalidado la legislación por entender que la misma constituía una usurpación al poder inherente de este Tribunal Supremo, véanse Boneta Ex Parte, 39 DPR 154 (1929); Ex Parte Jiménez, 55 DPR 916 (1939). Este poder para anular la legislación ha sido reiterado en múltiples ocasiones. Véanse, e.g., In re González Blanes, 65 DPR 381, 391 (1945); In re Dubon Otero, 153 DPR 829, 859-860 (2001) (Voto Particular de Conformidad del J. Rivera Pérez). 47 En palabras del profesor Guillermo Figueroa Prieto, ―el fundamento más sólido que se expone hoy día es que la doctrina del poder inherente responde a principios constitucionales que emanan de la separación de poderes. El raciocinio de este fundamento es que todo lo relacionado a la administración y funcionamiento de los tribunales es privativo del Poder Judicial‖. (Citas omitidas). G. Figueroa Prieto, Reglamentación de la conducta profesional en Puerto Rico: pasado, presente y futuro, 68 Rev. Jur. UPR 729, 769 (1999) 48 Véase escolio número 7. 49 In re González Blanes, 65 DPR 381, 391 (1945). CT-2014-0008,0009 y 0010 8

que ha estado en nuestro ordenamiento el remedio que hoy

proveemos.

Una de las primeras manifestaciones de esta situación

concernió a la Ley Núm. 78 de 11 de mayo de 1928, la cual

disponía, entre otros asuntos, que aquellos graduados como

abogados en una universidad acreditada en Europa o Estados

Unidos podían ser admitidos a ejercer la abogacía en Puerto

Rico sin necesidad de tomar la reválida.50 Basado en esa

legislación, en Boneta Ex Parte, 39 DPR 154 (1929), dos

graduados de derecho de universidades estadounidenses

acudieron ante esta Curia para solicitar admisión al foro

local. El Tribunal Supremo denegó tal solicitud basado en

el principio de supremacía del Poder Judicial en esta

materia frente al cual el Poder Legislativo no podía

establecer ley alguna que le obligara. Sobre este

particular, el Tribunal Supremo expresó lo siguiente:

…la facultad de admisión de aspirantes al ejercicio de la abogacía, es más poder judicial que de ningún otro poder. Indudablemente, si los abogados son funcionarios de los tribunales, y tienen en ellos y ante ellos la misión de auxiliar la administración de justicia, si ellos cooperan con los tribunales en el ejercicio de un poder tan sagrado, y si ellos se encuentran, por virtud de las disposiciones de la ley, fundada en la práctica sana, justa, lógica y constante, bajo la inspección de esos mismos tribunales, a éstos, antes que a ningún otro poder, corresponde la facultad de admitir o no a los que pretenden ser sus auxiliares y cooperadores en la más alta

50 Véase Ley Núm. 78 de 11 de mayo de 1928. LPR, 1928, págs. 533-534. Esta legislación enmendó la Ley Núm. 38 de 13 de abril de 1916, conocida como ―Ley determinando reglas para el ejercicio de la profesión de abogado en Puerto Rico‖. CT-2014-0008,0009 y 0010 9

misión que puede encomendarse a un hombre o a un conjunto de hombres.51

Unos años más tarde, este Tribunal enfrentó una

situación similar en Ex Parte Jiménez, 55 DPR 916 (1939).

En esa ocasión, un aspirante a abogado graduado de la

Universidad de Puerto Rico solicitó ser admitido al

ejercicio de la abogacía sin tomar la reválida. De acuerdo

a este, el Tribunal tenía que conceder tal admisión, ya que

la Ley Núm. 1 de 21 de mayo de 1933 expresamente disponía

que las personas que obtuvieren el grado de Bachiller en

Leyes de la Universidad de Puerto Rico no estarían

obligadas a tomar el referido examen. Una vez más, el

Tribunal Supremo se amparó en su poder inherente para

regular la profesión y no aceptó la condición impuesta por

la Asamblea Legislativa. Al respecto, esta Curia expresó lo

siguiente:

De acuerdo con la jurisprudencia citada debemos resolver que las disposiciones de la sección 1 de la Ley núm. 1 de marzo 21 de 1933, invocadas por el peticionario como base de su alegado derecho a ser admitido sin examen, constituyen condiciones mínimas fijadas por el poder legislativo, que en nada obligan a esta Corte Suprema, la cual conserva intacta su facultad inherente y estatutaria de fijar las condiciones y requisitos que deberán cumplirse por todo solicitante de una licencia de abogado.52

Posteriormente, esta vez en el contexto de un

procedimiento disciplinario de desaforo, en In re Abella,

67 DPR 229 (1947), dilucidamos si procedía desaforar al

51 (Énfasis y subrayado suplido). Boneta Ex Parte, supra, págs. 165- 166. 52 (Énfasis y subrayado suplido). Ex Parte Jiménez, 55 DPR 54, 57 (1939). CT-2014-0008,0009 y 0010 10

entonces abogado Luis Abella Blanco, aun cuando la ley

disponía que ello no procedía porque al momento había sido

convicto por un delito que implicaba depravación moral.

Nuevamente, el Tribunal rechazó la contención de brindarle

carácter de obligatoriedad a una ley que regulaba el

ejercicio de la profesión legal y ordenó el desaforo del

licenciado Abella Blanco. Específicamente, afirmó lo

En primer lugar, tenemos poder inherente para disciplinar a los miembros del foro. La Ley de 1909 sólo es directiva, y no mandatoria para este Tribunal. Bajo nuestro poder inherente, es nuestro deber desaforar a Abella si por su conducta ha demostrado, no necesariamente en el ejercicio de la profesión de abogado, que no es digno de ser un miembro del foro.53

Como vemos, tales determinaciones demuestran que el poder

inherente de este Tribunal es una prerrogativa centenaria que

en ningún momento hemos vacilado en ejercer como máximos

custodios de la profesión legal cuando entendemos que la

legislación promulgada no es cónsona o es contraria a nuestras

facultades. El ejercicio de la integración de la profesión de

la abogacía mediante la afiliación obligatoria a una

institución, no está ajeno a esta norma básica de la

preeminencia de la acción judicial.

En otros términos, la integración de la profesión legal

no ha dependido, y en ningún momento dependerá, de lo que

disponga la Asamblea Legislativa sobre el particular, sino de

lo que decida el Poder Judicial. Esto, porque como explicamos

53 (Énfasis y subrayado suplido). (Citas omitidas). In re Abella, 67 DPR 229, 238 (1947). CT-2014-0008,0009 y 0010 11

anteriormente, aunque inicialmente la Asamblea Legislativa

ostenta la prerrogativa de legislar sobre el particular basado

en su poder de razón de estado, la responsabilidad última de

determinar si ello procede o no es exclusiva de este Tribunal

Supremo por virtud de su poder inherente.

Así lo reconoció este Tribunal, incluso, en Colegio de

Abogados de PR v. Schneider, 112 DPR 540, 546 (1982), al

expresar que la preeminencia de la acción judicial en este

campo ―incluye naturalmente la facultad de pasar juicio sobre

si debe unificarse o no el foro en una jurisdicción y bajo qué

condiciones‖. De hecho, en aquella ocasión, los miembros de

esta Curia, por voz del entonces Juez Presidente señor Trías

Monge, expresaron que la magnitud del poder inherente de este

Tribunal Supremo es tal, que aun ante la existencia de una

legislación que prohíba la colegiación obligatoria, el

Tribunal puede disponer lo contrario.54

Bajo esas circunstancias, si la Asamblea Legislativa

interesa recomendar que adoptemos alguna regulación o

requisito para el ejercicio de la abogacía en Puerto Rico como

medida auxiliar a nuestro poder inherente, esta deberá

54 Específicamente, el Tribunal expresó lo siguiente:

La integración se ha realizado por acción legislativa en muchos casos y en otros por regla de la corte estatal de última instancia, bien por poder expresamente conferido o en el ejercicio de su poder inherente.

El poder inherente de los tribunales en este campo es de tal magnitud que, aun ante la existencia de un estatuto que prohibía expresamente la colegiación compulsoria, se ha ejercido el poder judicial para disponer exactamente lo contrario.

(Citas omitidas). Colegio de Abogados v. Schneider, supra, págs. 547- 548. CT-2014-0008,0009 y 0010 12

expresar claramente las razones de peso que le motivaron a

promulgar la legislación correspondiente, de manera que ubique

a esta Curia en posición de evaluar los méritos de la

propuesta. Después de todo, siendo la regulación de la

abogacía materia inherente a los poderes constitucionales de

este Tribunal, es la Asamblea Legislativa quien tiene el deber

de explicar las razones para legislar sobre el particular y no

viceversa. Máxime cuando ya existían manifestaciones de este

Tribunal que consignaban nuestra posición sobre el requisito

colegiación propuesto.55

En el caso particular de la Ley Núm. 109-2014, la cual

establece el requisito de colegiación como condición

necesaria para ejercer la profesión legal en Puerto Rico,

la propia Asamblea Legislativa reconoció que la regulación

de la profesión legal es función inherente del Poder

Judicial, específicamente de este Tribunal Supremo.56 Aun

así, livianamente entendió que era necesario promulgar la

Ley Núm. 109 como complementaria a ese poder y para ello

explicó que

existe un interés apremiante que tiene que ser protegido por esta Asamblea Legislativa el cual consiste en que todas las personas que practiquen la profesión legal en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico pertenezcan a un colegio integrado de abogados y abogadas que represente una garantía para la ciudadanía de tener acceso a una representación legal digna, capacitada, íntegra y diligente.57

55 Véase, Col. De Abogados v. ELA, 181 DPR 135 (2011) (Resolución). 56 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 109-2014, pág. 4. 57 Íd., pág. 3. CT-2014-0008,0009 y 0010 13

Más adelante, la Exposición de Motivos añade lo

Cuando se trata de la abogacía y el notariado, el interés apremiante del Estado es ofrecerle las garantías adicionales de una colegiación integrada. Junto con el poder inherente del Tribunal Supremo de Puerto Rico para regular la profesión, la colegiación integrada de abogados y abogadas, de notarios y notarias, ofrece una estructura adicional de apoyo y –en el buen sentido– de contrapeso en el rol de garantizar a la ciudadanía las mejores prácticas profesionales posibles. Este binomio de autoridad estatal reguladora y colegio integrado se repite en prácticamente todas las profesiones y oficios de alta responsabilidad pública como lo son los médicos cirujanos, los ingenieros, los trabajadores sociales y otros. La única distinción es que en el caso de las demás profesiones y oficios la autoridad reguladora surge de delegación legislativa al Ejecutivo y en el caso de la abogacía y el notariado surge del poder inherente del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

En el caso de la abogacía, el interés apremiante del Estado Libre Asociado en colegiar surge de que sus practicantes son custodios del patrimonio, el derecho a la libertad, a la protección o reivindicación de las víctimas de delito, a la propiedad, a las libertades y derechos civiles reconocidos constitucionalmente, a la asistencia social, a las relaciones paterno filiales, al disfrute de la vida y –en ocasiones– al derecho a la vida misma. La práctica del derecho comprende una amplia gama de ofrecimientos de servicios en la cual el profesional del derecho ostenta un amplio poder de acción en relación a la causa de su cliente o clienta. El ejercicio de este poder requiere un altísimo nivel de responsabilidad y por lo tanto regulación estricta. Esta regulación constituye un interés apremiante para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su deber de velar por la protección de sus ciudadanos y ciudadanas, entidades y el tráfico comercial.58

De una lectura del informe presentado por la Comisión

de los Jurídico de la Cámara de Representante sobre lo que

58 Íd., pág. 4. Véase, además, Art. 1 de la Ley Núm. 109-2014. CT-2014-0008,0009 y 0010 14

hasta ese momento era el Proyecto de la Cámara 1366, no

surge explicación adicional a la citada anteriormente.59

Únicamente, se añade que ―[n]uestro sistema republicano de

gobierno tiene un interés apremiante en regular la

abogacía; [sic] en que toda persona tenga una

representación legal adecuada y en velar por el acceso de

los ciudadanos a la justicia‖.60

Por su parte, la Comisión de lo Jurídico, Seguridad y

Veteranos del Senado de Puerto Rico expuso en su Informe

Positivo sobre el P. de la C. 1366 que ―la colegiación es

fundamental para garantizar la excelencia profesional‖.61

Así, explicaron que ―[e]l Estado tiene un interés

apremiante de proteger y fortalecer la profesión jurídica y

los servicios que brinda el colegio‖.62 Por ello,

concluyeron que es

necesario que se mantenga una sola entidad colegiada para la profesión de la abogacía en Puerto Rico. De esta manera, se asegura brindar los recursos necesarios al Colegio, para cumplir con su labor encomiable de buscar el acceso a la justicia, de brindar una representación digna y de ser defensor y representante [de] todos los abogados de Puerto Rico.63

59 Véase Informe de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico sobre el P. de la C. 1366 emitido el 18 de octubre de 2013. 60 Íd., pág. 14. 61 Informe Positivo del P. de la C. 1366 de la Comisión de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos del Senado de Puerto Rico emitido el 24 de junio de 2014. 62 Íd., pág. 12. 63 Íd. CT-2014-0008,0009 y 0010 15

Estas tres expresiones ofrecidas en distintas instancias

del quehacer legislativo, en esencia reflejan dos razones como

explicación para obligar a los abogados y abogadas a

colegiarse: primero, la presunta necesidad de contar con una

entidad que ―apoye‖ a este Tribunal en su responsabilidad de

supervisar y fiscalizar a los miembros de la profesión legal

y; segundo, la importancia de asegurar que el Colegio de

Abogados cuente con los recursos económicos necesarios que

viabilice su subsistencia y funcionamiento.

No obstante, en ningún documento del historial

legislativo, y mucho menos en el alegato presentado por la

Oficina de la Procuradora General, se incluye fundamento

alguno que demuestre y nos persuada a pensar que, en efecto,

este Tribunal necesita del apoyo de una institución externa

para cumplir con su responsabilidad de supervisar y fiscalizar

a los miembros de la clase togada del País.64 Siendo así, el

Estado falló en brindar una explicación que justificara el que

este Tribunal avalara la legislación adoptada.

Finalmente, aprovecho este contexto para enfatizar que la

Asamblea Legislativa debe tener presente que toda intervención

con la reglamentación de la abogacía tiene el potencial de ser

una intromisión indebida con el poder inherente de este

64 Véase el historial legislativo de la Ley Núm. 109-2014, el cual incluye, entre otros documentos, el Informe Positivo del P. de la C. 1366 de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico emitido el 18 octubre de 2013; el Informe Positivo del P. de la C. 1366 de la Comisión de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos del Senado de Puerto Rico emitido el 24 de junio de 2014. Así como, las ponencias presentadas por el Colegio de Abogados de Puerto Rico el 20 de septiembre de 2013 y por el Departamento de Justicia el 8 de octubre de 2013. Véase, además, Alegato del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en solicitud de desestimación de las demandas consolidadas de epígrafe presentado el 11 de agosto de 2014. CT-2014-0008,0009 y 0010 16

Tribunal para reglamentar la profesión legal. Por lo tanto, y

tomando en cuenta el carácter directivo de tales medidas, esta

debe brindar una explicación que persuada a los miembros de

este Tribunal a acoger la correspondiente legislación como una

medida auxiliar a nuestro poder reglamentario.65

Ciertamente, como miembro de este Máximo Foro tengo la

responsabilidad ministerial y el más genuino interés de

asegurar que los abogados y abogados rijan su conducta

profesional por los más altos estándares éticos y que la

ciudadanía en general tenga acceso a servicios legales de

primer orden. Ahora bien, es mi criterio judicial que para la

consecución de tales objetivos resulta innecesario obligar a

todos los profesionales del Derecho a adscribirse a una

65 No podría ser de otra manera, pues como parte del entendido de la separación de poderes establecido en la Constitución de Puerto Rico, no se justificaría que la Asamblea Legislativa, sin más, imponga al Poder Judicial unas condiciones que interfieran directamente con las funciones y prerrogativas que nuestra Carta Magna delegó exclusivamente al Poder Judicial. Lo contrario, sería una intromisión indebida con las labores de administración de la justicia y crasa violación al principio básico de independencia judicial. Véase, 1 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, pág. 617, de donde surge claramente la importancia de la autonomía en la administración de los tribunales como parte esencial del principio de independencia judicial. Como bien expresa el profesor Guillermo Figueroa Prieto,

[e]n nuestra jurisdicción, por el contrario, el Artículo V de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico claramente adscribe el Poder Judicial al Tribunal Supremo y lo faculta para adoptar reglas sobre la administración de los tribunales. Fue la intención de los delegados a la Asamblea Constituyente proteger la independencia de la Rama Judicial, por lo que concederle a dicha rama de gobierno el control primario sobre la abogacía estaría en armonía con tal intención.

(Énfasis suplido). G. Figueroa Prieto, Reglamentación de la conducta profesional en Puerto Rico: pasado, presente y futuro, supra, pág. 769. Véase, además, J. Fuster, La Misión del Abogado en el Mundo Contemporáneo y sus Implicaciones para las Escuelas de Derecho, el Tribunal Supremo y el Colegio de Abogados, 36 Rev. Jur. UPR 579, 622 (1967). CT-2014-0008,0009 y 0010 17

entidad en particular.66 Por todo lo anterior, estoy conforme

con el dictamen que toma este Tribunal de declarar

inconstitucionales los Artículos 5, 6 y 11 de la Ley Núm. 109-

2014.

Edgardo Rivera García Juez Asociado

66 Como bien surge de la Opinión de este Tribunal, la experiencia por los pasados cinco años así lo ha demostrado. Véase inciso (c) de la Opinión, págs. 32-36. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por conducto del Secretario de Justicia, CT-2014-0008 Hon. César Miranda; Colegio de Abogados de Puerto Rico, por conducto de su Presidenta, Lcda. Ana Irma Rivera Lassen

Asociación de Abogados de Puerto Rico; Héctor R. CT-2014-0009 Ramos Díaz; Rafael Sánchez Hernández

Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico; Estado Libre Asociado de CT-2014-0010 Puerto Rico

Carlos Rivera Justiniano, Carlos Pérez Toro, Juan M. Gaud Pacheco, Félix Colón Serrano, María Fullana Hernández, Carmelo Ríos Santiago, Miguel Romero Lugo, Mario Santurio González, Carlos Sagardía Abreu, Luis Dávila Colón, José Meléndez Ortiz, Valerie Rodríguez Erazo y Elías Sánchez Sifonte

Interventores CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 2

Opinión disidente emitida por la Jueza Presidenta SEÑORA FIOL MATTA, a la que se une la Juez Asociada SEÑORA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ y la Jueza Asociada ORONOZ RODRÍGUEZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de noviembre de 2014.

El 16 de octubre de 2014, una mayoría de este Tribunal

empleó una metodología adjudicativa imprecisa y ambivalente

para resolver que los Artículos 5, 6 y 11 de la Ley 109-

2014 (Ley de Colegiación Obligatoria) son

inconstitucionales porque inciden sobre nuestro poder

inherente para reglamentar la profesión legal. A pesar que

el trámite procesal atropellado de este caso no permitió el

desarrollo de un expediente adecuado y completo, la mayoría

injustificadamente cambió la forma en que hemos ejercido

por décadas nuestro poder inherente. Peor aún, no respetó

las restricciones que impone la doctrina de autolimitación

judicial y se adentró a evaluar asuntos constitucionales

que no era necesario atender. Al hacerlo, alteró de forma

incomprensible el estado de derecho hasta entonces vigente—

reiterado durante décadas por este Tribunal— según el cual

la colegiación obligatoria no vulnera el derecho a la libre

asociación de los miembros de la clase togada.

La mayoría ancla su determinación a una conclusión de

derecho sin premisas fácticas que la sustenten,

imposibilitando el análisis sosegado y ponderado de las

controversias que este caso presenta. Además, los

fundamentos plasmados en la Opinión son inherentemente

ambiguos y adolecen de una inconsistencia tal que raya en

la arbitrariedad. Eso los lleva a tomar una decisión CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 3

incorrecta, pero más importante aún, vulnera nuestra

legitimidad como máximos intérpretes de la Constitución.

El 28 de julio de 2014, el Estado Libre Asociado de

Puerto Rico (Estado) promulgó la Ley de Colegiación

Obligatoria. Entre otras cosas, esta legislación derogó la

Ley Núm. 121-2009 y la Ley Núm. 135-2009 (Leyes de

Descolegiación) y restituyó la obligación de matricularse

en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico como

requisito indispensable para ejercer la profesión legal en

Puerto Rico.

Ese mismo día, el licenciado Thomas Rivera Schatz

impugnó la validez de la Ley. En su demanda, alegó que las

disposiciones que exigen la colegiación obligatoria eran

contrarias a su derecho constitucional a la libertad de

asociación y expresión, y que usurpaban el poder inherente

de este Tribunal para reglamentar la profesión de la

abogacía. Simultáneamente, sin haber emplazado a las partes

que demandó, el licenciado Rivera Schatz presentó un

recurso de certificación intrajurisdiccional para que este

Tribunal atendiera la controversia directamente. Asimismo,

solicitó un injunction preliminar para paralizar los

efectos de la Ley hasta tanto resolviéramos finalmente.

Al día siguiente, una mayoría de este Tribunal expidió

el recurso de certificación intrajurisdiccional y paralizó

los efectos de la Ley de Colegiación Obligatoria, sin

trámite ulterior. Concedió al licenciado Rivera Schatz un

término para que acreditara el emplazamiento de los CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 4

demandados y decretó otro término de diez días para que las

partes presentaran sus alegaciones afirmativas y alegatos.

El Estado, representado por la Oficina de la

Procuradora General, se opuso y presentó una Solicitud

Urgente de Reconsideración para que se denegara el recurso.

En la alternativa, solicitó que se designara un Comisionado

Especial que recibiera la prueba necesaria para desarrollar

un expediente completo y suficiente, como se hizo en

Colegio de Abogados de P.R. v. Schneider (I).67 Sin embargo,

la mayoría denegó esa solicitud sin explicación alguna.

Posteriormente, se expidieron y consolidaron otros

dos recursos similares de certificación

intrajurisdiccional, presentados por la Asociación de

Abogados de Puerto Rico, el licenciado Héctor Ramos Díaz y

el licenciado Rafael Sánchez Hernández,68 así como los

licenciados John E. Mudd y John A. Stewart.69 Además, se

concedió la intervención de más de una docena de

licenciados y licenciadas, y se acogieron varios escritos

de amigos de la corte.70

Antes de considerar los méritos de las alegaciones de

las partes, miremos de cerca la utilización del recurso

excepcional de certificación intrajurisdiccional en esta

controversia. Su correcta evaluación nos requiere repasar

67 Colegio de Abogados de P.R. v. Schneider (I), 112 DPR 540 (1982) (En adelante, Schneider (I)). 68 CT-2014-9. 69 CT-2014-10. 70 Véase la Opinión mayoritaria, págs. 8 y 9. CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 5

aspectos básicos del funcionamiento y la estructura de

nuestro ordenamiento judicial.

A

El ejercicio del Poder Judicial opera en un esquema de

tres niveles compuesto por el Tribunal de Primera

Instancia, el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal

Supremo.71 Juntos, componen el Tribunal General de Justicia.

Salvo contadas excepciones constitucionales y

estatutarias,72 un caso inicia su trámite ordinario en el

Tribunal de Primera Instancia, foro encargado de recibir y

evaluar prueba y adjudicar valor probatorio a la evidencia

sometida por las partes.73 Una vez el tribunal emite su

dictamen, la parte que no esté conforme tiene la opción de

acudir ante el Tribunal de Apelaciones. Ese foro

determinará si la decisión del Tribunal de Primera

Instancia es conforme a derecho.74 Nuevamente, si una de las

partes discrepa de lo decidido por el foro apelativo

intermedio, puede acudir al Tribunal Supremo que, como

norma general, será el foro de última instancia.75

Este trámite permite que cuando el caso llegue ante

nuestra consideración tengamos el beneficio de un

expediente que incluya la prueba presentada ante el

Tribunal de Primera Instancia, las determinaciones de

hechos de ese tribunal y el análisis jurídico realizado por

71 4 LPRA sec. 24b. 72 Art. V, sec. 5, Const. P.R., 4 LPRA sec. 24s. 73 4 LPRA sec. 25a. 74 4 LPRA sec. 24r. Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. 75 4 LPRA 24s. Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B. CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 6

ese foro y por el Tribunal de Apelaciones. En el pasado,

hemos señalado que es preferible que los casos maduren

paulatinamente a través del trámite antes descrito, ―pues

ello permite que las controversias se diluciden y afinen

sin que el foro de última instancia tenga que inmiscuirse a

destiempo‖.76

El trámite ordinario de los procedimientos puede

obviarse mediante la expedición de una certificación

intrajurisdiccional. Este mecanismo de carácter

discrecional ―nos permite traer de inmediato ante nuestra

atención asuntos que se encuentran ante la consideración de

foros inferiores‖.77 Por tanto, ―por ser un recurso que nos

permite circunvalar el trámite ordinario de un caso, su

expedición es de carácter excepcional‖.78

Como bien explica el profesor Luis José Torres

Asencio:

La naturaleza extraordinaria de la certificación intrajurisdiccional encuentra su justificación en el importante propósito de asegurar que los asuntos de derecho considerados por nuestros tribunales se sometan a un riguroso análisis por las instituciones fundamentalmente distintas que componen el esquema de tres niveles de nuestro sistema judicial. De esta manera, culminado el trámite ordinario, la intervención del Supremo puede ceñirse exclusivamente a su función primordial en nuestro ordenamiento: pautar derecho mediante la formulación de normas jurídicas de aplicación general en el sistema legal.79

76 Rivera Soto v. JCA, 164 DPR 1, 7 (2005). 77 Íd. 78 Íd. 79 Véase L. J. Torres Asencio, Carril expreso al Supremo, 80grados, 18 de mayo de 2012, (http://www.80grados.net/carril-expreso-al- supremo/#footnote_10_11976) (última visita 5 de octubre de 2014). CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 7

Por su carácter excepcional, al ejercer nuestra

discreción para autorizar una certificación

intrajurisdiccional, debemos considerar los siguientes

elementos: (1) la urgencia, (2) la etapa en que se

encuentran los procedimientos, (3) la necesidad que puede

presentarse de recibir prueba y (4) la complejidad de la

controversia.80 Desafortunadamente, en tiempos recientes,

una mayoría de este Tribunal ha utilizado el recurso de

certificación desmesuradamente, y lo ha hecho en ausencia

de justificaciones razonables que comuniquen la urgencia

por la cual debamos prescindir del trámite ordinario.81 Por

ende, no es de extrañar que numerosos juristas y académicos

hayan criticado con vehemencia esa tendencia de expedir

selectivamente este recurso para resolver a destiempo

ciertas controversias. Por ejemplo, el profesor Efrén

Rivera Ramos señala lo siguiente:

[P]reocupa el uso frecuente de los recursos de certificación para elevar cuestiones litigiosas al Tribunal Supremo sin que se tenga el beneficio de desarrollar un récord fáctico apropiado en los tribunales inferiores. Si bien en determinadas y excepcionales ocasiones el recurso de certificación puede servir laudables fines de interés público, su generalización y abuso puede trastocar seriamente la administración de la justicia. Mal utilizado, puede privar a los

80 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 23. Véase J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. JTS, 2011, T.IV, págs. 1541- 1543. 81 El profesor Torres Asencio señala que ―[e]n los últimos tres años, el Tribunal ha mostrado particular interés por certificar, y por ende, eximir del trámite adjudicativo ordinario, casos que involucran conflictos de índole político-partidista, y en casos en los que se cuestionaban actuaciones y/o políticas gubernamentales que generaron considerable polémica entre distintos sectores de la sociedad civil‖. L. J. Torres Asencio, Carril expreso al Supremo, 80grados, 18 de mayo de 2012, (http://www.80grados.net/carril-expreso-al- supremo/#footnote_10_11976) (última visita 5 de octubre de 2014). CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 8

litigantes, sobre todo a los que litigan contra el Estado, de la oportunidad de presentar adecuadamente sus reclamos, probar sus alegaciones y refutar las alegaciones del Estado demandado. En fin, puede escamotearles el derecho a que sus derechos se adjudiquen sobre bases fundadas en hechos establecidos mediante procesos confiables y justos. Ese abuso puede constituir, en definitiva, una privación efectiva a los litigantes de su día en corte.82

B

Este caso es un claro ejemplo de esta tendencia, pues

el recurso de certificación intrajurisdiccional se expidió

en ausencia de justificación jurídica y sin considerar los

criterios que hemos establecido para su expedición. En

primer lugar, no existía la urgencia necesaria, pues el

Artículo 13 de la Ley de Colegiación Obligatoria pospuso el

imperativo de colegiarse hasta noventa días después del 1

de enero de 2015.83 En segundo lugar, la demanda sólo

llevaba un día de presentada. Tampoco se habían hecho los

emplazamientos correspondientes. También, necesitábamos

prueba que nos permitiera ejercer con mesura nuestra labor

adjudicativa, tomando en cuenta que los demandantes

alegaron que la legislación contravenía la doctrina de

separación de poderes y violaba sus derechos

constitucionales y que no había un interés apremiante del

82 E. Rivera Ramos & J. Farinacci Fernós, Derecho Constitucional, 80 Rev. Jur. UPR 603, 635 (2011). 83 Véanse los votos particulares disidentes de la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez y la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez. Thomas Rivera Schatz v. ELA, et. als, 2014 TSPR 92, 191 DPR ___ (2014). El Artículo 13 de la Ley de Colegiación Obligatoria dispone que ―[l]os abogados que a la fecha en que entre en vigor esta Ley no estén colegiados deberán cumplir con dicho requisito en un término no mayor de noventa (90) días a contarse desde el 1ero de enero del próximo año natural posterior a la entrada en vigor de esta Ley‖. A pesar de la claridad del texto legislativo, la mayoría paralizó los efectos de la ley. CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 9

Estado que justifique la interferencia con los derechos de

los y las demandantes.

El análisis adjudicativo de interés apremiante

propuesto por la parte demandante requería recibir y

aquilatar prueba para poder determinar si el Estado cumplía

con ese interés. Sin embargo, una mayoría de este Tribunal

certificó el caso y lo removió del foro que recibiría la

prueba y escucharía los testimonios, adjudicaría su valor

probatorio y haría una determinación, precisamente, sobre

el interés gubernamental perseguido al adoptar la ley en

controversia. Tampoco concedió la solicitud del Estado de

que se designara un Comisionado Especial que recibiera la

prueba, a pesar de que esta herramienta se ha utilizado

anteriormente en casos como éste, que se han certificado

intrajurisdiccionalmente antes de celebrarse una vista

evidenciaria.84 Por todo lo anterior, no procedía la

utilización del recurso excepcional de certificación

intrajurisdiccional.

Sin embargo, no se trata tan sólo de cumplir con el

trámite procesal que la controversia requiere. Cuando

ejercemos nuestra facultad de mayor peso y repercusión, la

de interpretar nuestra Constitución, tenemos el deber de

delimitar responsablemente el alcance de nuestra función

adjudicativa.

84 AMPR v. Sist. Retiro Maestros IV, 2014 TSPR 58, 190 DPR ___ (2014). Hasta en el mismo Schneider (I), 112 DPR 540, 543 (1982), ―[n]ombramos un Comisionado Especial para recibir la prueba que las partes interesasen presentar‖. CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 10

Nuestra función como intérpretes de la Constitución y

la ley no tiene un alcance indefinido. La doctrina de

autolimitación judicial, basada en consideraciones

prudenciales y constitucionales, nos impone ciertas

restricciones al momento de ejercer esa función.85 En ELA v.

Aguayo, adoptamos las restricciones que el Tribunal Supremo

estadounidense estableció para guiar la evaluación de la

validez constitucional de las leyes.86 Entre éstas figuran

las siguientes:

2. --La Corte no se anticipará a decidir una cuestión de derecho constitucional antes de que sea necesario hacerlo. 3. --La Corte no formulará una regla de derecho constitucional más amplia que la que requieran los hechos precisos a los cuales ha de aplicarse. 4. --La Corte no juzgará una cuestión constitucional aunque haya sido sometida propiamente en los autos, si también se somete un fundamento de otra índole que permita disponer del caso.87

En ese caso hicimos énfasis particular en una

restricción adicional, muy pertinente al caso que nos

ocupa: ―la Corte no entenderá en una cuestión

constitucional si los autos no son adecuados para hacer una

determinación de esa índole‖.88

85 Brau, Linares v. ELA, 2014 TSPR 26, 190 DPR ___ (2014). Crespo v. Cintrón, 159 DPR 290, 298 (2003); ELA v. Aguayo, 80 DPR 554, 595–597 (1958). Véase, además, R. Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1997, Vol. I, pág. 195. 86 ELA v. Aguayo, supra. 87 Íd, pág. 596, citando Ashwander v. Tennessee, 297 US 288, 346 (1935). Véanse, además, International Ass‘n of Machinists v. Street, 367 US 740, 749 (1961); Crowell v. Benson, 285 US 22, 62 (1932). 88 Íd., citando a Parker v. Los Angeles, 338 US 327, 329 (1949); International Brotherhood v. Denver Milk Producers, 334 US 809 (1948); Rescue Army v. Municipal Court, 331 US 549, 575 (1946). CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 11

En el caso ante nuestra consideración se invocaron,

principalmente, dos fundamentos, ambos revestidos de

carácter constitucional: (1) la doctrina del poder

inherente de este Tribunal para reglamentar la profesión de

la abogacía, basada en la doctrina constitucional de la

separación de poderes; y (2) los derechos constitucionales

a la libertad de asociación y libertad de expresión. Como

la interpretación pertinente al segundo fundamento incide

sobre derechos constitucionales, no sólo de las partes,

sino de la ciudadanía en general, la manera correcta y

prudente de atender esta controversia, a la luz de las

restricciones que impone la doctrina de autolimitación

judicial, era la siguiente.

En primer lugar, está claramente establecido en

nuestro ordenamiento que la Ley de Colegiación Obligatoria

es directiva y no mandatoria. Por eso, antes de entrar en

cualquier análisis constitucional, lo que este Tribunal

tenía que decidir era si, en el ejercicio de su poder

inherente, aceptaba o rechazaba dicha Ley. Si la aceptaba,

procedería entonces evaluar las alegaciones de los

demandantes sobre sus derechos constitucionales a la libre

asociación y expresión. Si esa evaluación nos llevara a

concluir que la ley no viola esos derechos al establecer la

colegiación obligatoria, se sostendría su validez. La

conclusión contraria, es decir, que la ley viola esos

_____________________________________________________________ CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 12

derechos, conllevaría una declaración de

inconstitucionalidad.89

Por otro lado, si el Tribunal decidiera que la Ley de

Colegiación Obligatoria no complementa satisfactoriamente

nuestra facultad para reglamentar la profesión, tan sólo

tendría que ejercer su poder inherente y rechazarla. Al

resolver de esta forma, la doctrina de autolimitación

judicial nos exigiría abstenernos de pronunciamientos sobre

los derechos constitucionales a la libertad de asociación y

expresión.

Al atender la controversia de este caso, la mayoría

obvió por completo y sin justificación esta estructura de

análisis jurídico que nos exige la doctrina de

autolimitación judicial. Ciertamente, este método puede

descartarse en situaciones apropiadas, pero hacerlo

requiere una justificación responsable que la Opinión

mayoritaria no ofrece. Su posición sobre nuestro poder

inherente para reglamentar la profesión y su consecuente

rechazo a la Ley de Colegiación Obligatoria eran

suficientes para disponer del caso; no debió pronunciarse

sobre el derecho a la libre asociación.

Comenzamos nuestro análisis sobre los méritos de la

controversia examinando el poder inherente que tiene este

Tribunal para reglamentar la profesión legal en Puerto

89 Como discutiremos más adelante, a pesar de que la Opinión mayoritaria rechaza inicialmente los Artículos 5, 6 y 11 de la Ley de Colegiación, luego éstos son declarados inconstitucionales en virtud del poder inherente. CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 13

Rico, con el propósito de indagar sobre sus orígenes, su

naturaleza y la prudencia que debe guiar el ejercicio del

mismo. Esto porque, aunque de forma ambigua y ambivalente,

la Opinión mayoritaria parece apoyar su dictamen en esa

doctrina. En efecto, la Opinión expresa, que

la controversia que nos corresponde resolver se reduce a examinar si el sistema de colegiación obligatoria es compatible con lo que esta Curia, al amparo de nuestro Poder Inherente para reglamentar la profesión legal, entiende debe ser un requisito para que los abogados ejerzan legítimamente su profesión en Puerto Rico.90

Esta expresión parece indicar que para contestar la

interrogante sobre la compatibilidad de la ley con el

ejercicio de nuestro poder inherente lo único que se

requiere es evaluar si el establecimiento de la colegiación

obligatoria contradice o contraviene de alguna forma

nuestro poder inherente de reglamentación. A eso, según la

Opinión, se limita o reduce el asunto.

El poder inherente para regular la profesión de la

abogacía en Puerto Rico se deriva del principio de

separación de poderes, plasmado en la sección 2 del

Artículo I de nuestra Constitución.91 La separación de

poderes, además de delegar funciones específicas a cada

rama gubernamental, implica la colaboración entre éstas en

la consecución y realización de un gobierno democrático.

Por lo tanto, ―no significa que el gobierno se divide en

tres compartimentos cerrados, sin conexión o dependencia

90 Opinión mayoritaria, en la pág. 11. 91 Art. I, Sec. 2, Const. ELA, LPRA Tomo 1. CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 14

entre ellos‖.92 Así, el principio presupone ―un delicado

balance de poderes‖93 que a su vez se sirve de un sistema de

pesos y contrapesos entre las tres ramas de gobierno. De

esta manera, nuestra Constitución contempla que los poderes

delegados a cada rama se complementen para evitar abusos de

poder y asegurar la buena marcha de la gestión

gubernamental.

La delegación de los poderes ejecutivo, judicial y

legislativo a las tres ramas del gobierno ha resultado en

la invocación por cada una de éstas de ciertos poderes

inherentes a sus funciones y facultades. En lo que a

nosotros respecta, desde muy temprano en nuestra historia,

este Tribunal ha reclamado su poder inherente para regular

la profesión de la abogacía en Puerto Rico, incluyendo la

admisión y suspensión de abogados y abogadas en nuestra

jurisdicción.94 No obstante, con igual consistencia hemos

reconocido la posibilidad de que una acción legislativa

complemente nuestro poder inherente. Hemos afirmado que la

Legislatura, al amparo de su poder de razón de estado,

puede establecer requisitos para regular la admisión de

abogados y abogadas al ejercicio de la profesión, sin

usurpar nuestro poder inherente. Dicha legislación ―sería

92 In re Rodríguez Torres, 106 DPR 698 (1978). 93 Hernández Agosto v. Betancourt, 118 DPR 79 (1986). 94 In re Benítez Echevarría, 128 DPR 176, 176-177 (1991); In re Rivera Medina, 127 DPR 600 (1990); In re Concepción Velásquez, 126 DPR 474, 475 (1990); In re Berríos Pagán, 126 DPR 458, 459 (1990); In re Ángel Delgado, 120 DPR 518, 527 (1988); In re Díaz Alonso, Jr., 115 DPR 755, 760 (1984); In re Bosch, 65 DPR 248, 251 (1945) Ex parte Jiménez, 55 DPR 54 (1939); In re Abella, 14 DPR 748, 751 (1908). Véase, además, G. Figueroa Prieto, Reglamentación de la conducta profesional en Puerto Rico: pasado, presente y futuro, 68 Rev. Jur. UPR 729, 769-771 (1999). CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 15

‗puramente directiva, no mandatoria‘ para este Tribunal‖.95

Por tanto, hemos resuelto consistentemente hasta ahora, que

este Tribunal, en virtud de su poder inherente, determinará

si acoge o rechaza cualquier legislación que afecte nuestra

función de reglamentar la profesión legal. Al igual que

cualquier decisión en función del ejercicio de un poder

constitucional, esta determinación requiere razones y

fundamentos que la sustenten. La legitimidad del ejercicio

de cualquier poder depende de su juricidad y, por tanto, de

sus fundamentos. Por eso, siempre hemos sido cuidadosos en

exponer las razones que justifican la adopción o el rechazo

de legislación que, de una manera u otra, incide en nuestro

poder inherente de reglamentación.

Este Tribunal ha confrontado medidas legislativas que

complementan su poder de reglamentar la profesión

primordialmente en tres aspectos: (1) los requisitos y

condiciones para la admisión a la práctica de la profesión;

(2) las sanciones disciplinarias que pueden imponerse a los

abogados, y (3) el establecimiento de la colegiación

obligatoria. Los intereses tutelados en estos contextos son

distintos como también lo son las controversias que cada

uno plantea con relación al ejercicio de nuestro poder

inherente.

95 In re Fund. Fac. Der. E. Ma. De Hostos II, 150 DPR 508, 512 (2000) (Resolución); López Santiago, Ex parte, 147 DPR 909, 912 (1999); Schneider (I), supra; K-Mart Corp. v. Walgreens of P.R., Inc., 121 DPR 633 (1988); In re Liceaga, 82 DPR 252, 255 (1961). CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 16

En el contexto de la admisión a la profesión, en Ex

parte Boneta,96 examinamos legislación que eximió del

requisito de tomar el examen de reválida para la admisión

al ejercicio de la abogacía a aspirantes que se hubiesen

graduado como abogados de universidades acreditadas en

Estados Unidos y Europa siempre y cuando probasen, a

satisfacción de este Tribunal, que habían practicado

durante por lo menos cinco años en un bufete autorizado o

que hubiesen fungido como jueces municipales durante cuatro

años. Dos aspirantes que cumplían con los requisitos

establecidos en la Ley intentaron infructuosamente ser

admitidos por el Tribunal Supremo a la práctica de la

profesión. Resolvimos, en función de la doctrina de

autolimitación judicial, que al emplear la frase ―podrá ser

admitido‖ y no el imperativo ―deberá ser admitido‖ la

Legislatura no menoscabó la facultad judicial de admitir

abogados al Foro. Consideramos innecesario atender el

asunto relativo a la intromisión del Poder Legislativo en

nuestro poder de reglamentar la profesión y simplemente

denegamos la admisión solicitada. En un caso posterior,

López Santiago, Ex Parte,97 reiteramos esta norma y negamos

la admisión a una abogada que se amparó en la misma

disposición legislativa.

En el contexto de las sanciones disciplinarias, en In

re Abella98 ordenamos el desaforo de un abogado, a pesar de

que, según su alegación, dicha sanción no estaba

96 Ex parte Boneta, supra. 97 López Santiago, Ex Parte, supra. 98 In re Abella, supra. CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 17

contemplada en la Ley de 11 de marzo de 1909.99 Reiteramos

la norma pautada en In re Tormes,100 a los efectos de que un

abogado podía ser disciplinado por causas no contenidas en

esa ley, pues el poder de reglamentación sobre la abogacía

le permite a este Tribunal disciplinar por los motivos que

considere apropiados. En estos casos, impusimos las

sanciones disciplinarias que consideramos adecuadas, al

amparo de nuestro poder inherente de reglamentar la

profesión, sin sentirnos atados a la legislación ni entrar

en consideraciones sobre su constitucionalidad.

Sencillamente, concluimos que la legislación no nos

obligaba. No rechazamos la legislación complementaria sobre

la reglamentación de la profesión ni decretamos su

inconstitucionalidad. Por lo tanto, no es correcto aseverar

que el Tribunal anuló la legislación directiva sobre la

admisión a la profesión legal, mucho menos podemos

considerar que la declaró inconstitucional por violar el

principio de separación de poderes.101

En los casos reseñados, nuestras decisiones, si bien

se han fundamentado en nuestro poder inherente, no han

considerado que la actuación legislativa constituye una

usurpación de dicho poder. En ambos casos, las

controversias exigían, simplemente, resolver si se permitía

la admisión de ciertas personas a la profesión o si se

impondrían sanciones a abogados en asuntos disciplinarios

99 4 LPRA sec. 735. 100 In re Tormes, supra. 101 Esto es contrario a lo que asevera el Juez Asociado Rivera García en su Opinión de conformidad. Opinión de conformidad del Juez Asociado Rivera García, pág. 7. CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 18

no cubiertos por ley. Los peticionarios en los casos de

admisión y los querellados en los casos de las sanciones

disciplinarias no alegaron que la medida legislativa en la

que se amparaban usurpaba el poder inherente de este

Tribunal. Por el contrario, en todos los casos fue el

Tribunal quien motu proprio pasó a considerar la relación

entre la función legislativa y sus facultades al amparo de

ese poder.

En Schneider (I), por primera vez una parte querellada

recurrió al poder inherente del Tribunal para sustentar su

posición. En ese caso, el Colegio se querelló contra varios

abogados que no habían pagado su cuota. Los querellados

plantearon que la Asamblea Legislativa no podía establecer

requisitos para la práctica de la profesión porque dicha

facultad era exclusiva del Tribunal Supremo.102 Al resolver

que el planteamiento de los querellados era improcedente,

expresamos:

Es inmeritorio el argumento de los querellados de que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico carece de poder para ordenar, como hizo en 1932, la integración de nuestro foro. Es cierto, según hemos señalado repetidas veces, que la admisión al ejercicio de la abogacía es función inherente de este Tribunal y que la legislación aprobada sobre esta materia, tal como la Ley Núm. 43, ‗es puramente directiva, no mandatoria para esta Corte‘. La preeminencia de la acción judicial en este campo, el cual incluye naturalmente la facultad de pasar juicio sobre si debe unificarse o no el foro en una jurisdicción

102 Además, argumentaron que no se les debía obligar a pertenecer al Colegio y que la exigencia de una cuota violaba su libertad de expresión y asociación. Finalmente, señalaron que las cuotas se utilizaban para propósitos ajenos a las responsabilidades del Colegio. Schneider (I), supra. CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 19

y bajo qué condiciones, no significa que la legislación sobre estos particulares que no conflija con las pautas que este Tribunal establezca sea nula.103

En otras palabras, contrario a lo que alegaron los

demandados, la legislación que exigía que los miembros de

la clase togada fueran miembros del Colegio no infringía el

poder inherente de este Tribunal para reglamentar la

profesión. Esa legislación se había aceptado en nuestra

jurisdicción como complementaria a ese poder. No podía ser

de otra manera, ya que, desde 1838, el Colegio había

desempeñado un rol fundamental en el desarrollo de la

profesión jurídica puertorriqueña. Por tanto, el requisito

de pertenecer a esa institución servía a los mejores

intereses de este Foro, de los miembros de la clase togada

y de la ciudadanía en general.

A pesar de la decisión del Tribunal en Schneider (I),

la colegiación obligatoria fue objeto de múltiples pleitos

subsiguientes, tanto a nivel estatal como federal. En

todos, se confirmó la validez de este dictamen. Además,

como discutiremos más adelante, la jurisprudencia estatal y

federal validó la colegiación ante reclamos de que ésta

vulneraba el derecho de los abogados a la libre asociación.

El asunto pareció estar resuelto hasta que, en el

2009, la Asamblea Legislativa aprobó dos proyectos que se

convirtieron en las Leyes de Descolegiación. Ambas leyes

eliminaron el carácter obligatorio de la colegiación como

requisito para ejercer la profesión legal en Puerto Rico y

103 Schneider (I), supra (énfasis suplido). CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 20

privaron al Colegio de las competencias disciplinarias que

por más de siete décadas había ejercido en conjunto con

este Tribunal.104 Legislación posterior también eliminó la

participación del Colegio en las evaluaciones de

nombramientos judiciales y limitó la facultad de éste para

expresarse sobre asuntos religiosos y políticos.105

El Colegio impugnó ambas leyes en un recurso que

invocó la jurisdicción original de este Tribunal y que fue

denegado. Cuando finalmente llegó la controversia a nuestra

consideración en el 2011, se denegó el auto de certiorari

presentado por el Colegio. En esa ocasión, se rechazó el

planteamiento de que tanto la Ley Núm. 43 de 14 de mayo de

1932, que estableció la colegiación obligatoria, como las

Leyes de Descolegiación, usurparon el ―poder de este

Tribunal para reglamentar la profesión‖.106 Por el

contrario, este Tribunal afirmó que

[Las leyes 121 y 135 de 2009] no son otra cosa que el ejercicio por la Asamblea Legislativa de su facultad para regular la estructura y funcionamiento del Colegio de Abogados, las mismas facultades que la Asamblea Legislativa empleó al crear el Colegio mediante la Ley Núm. 43 de 14 de mayo de 1932. Fue esa ley de 1932, y no este Tribunal, la que creó el Colegio de Abogados e hizo compulsoria su membresía.

104 Nos indica el profesor Figueroa Prieto que ―el propósito más evidente de la legislación de 2009 fue, no sólo eliminar la colegiación compulsoria y la participación del Colegio de Abogados en los asuntos relacionados con la disciplina de los abogados, sino castigar al Colegio de Abogados, silenciar su voz y cercenar [sus] finanzas‖. G. Figueroa Prieto, Propuesta para la reglamentación de la conducta profesional en Puerto Rico, 81 Rev. Jur. UPR 1, 14 (2012). (En adelante, G. Figueroa Prieto, Propuesta para la reglamentación). 105 Véase, entre otras, In re: Enmdas. Ley Col. Abogados, 177 DPR 819 (2010). Véanse, además, Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, 4 LPRA sec. 2021; Ley Núm. 108-2010, 4 LPRA sec. 74; Ley Núm. 158-2011. 106 Resolución de 17 de marzo de 2011, Colegio de Abogados v. E.L.A., 181 DPR 135, 136 (2011) (citas suprimidas). CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 21

Ninguna de esas leyes usurpó el poder de este Tribunal para reglamentar la profesión de la abogacía en Puerto Rico. Tampoco conflige con lo que hemos pautado al respecto. La variación de la colegiación—de obligatoria a voluntaria—no elimina el Colegio, no contradice ninguna pauta establecida en el ejercicio de nuestro rol como ente que reglamenta la profesión legal ni soslaya el axioma de la separación de poderes, base de nuestro sistema republicano de gobierno.107

La Resolución no explicó por qué la colegiación

obligatoria ya no se consideraba necesaria y complementaria

al poder inherente del Tribunal para regular la profesión,

como habíamos resuelto en Schneider (I).108 Tampoco se

consideraron las funciones que el Colegio realizaba en bien

de la justicia y para el mejoramiento de la profesión.

Entre las funciones importantes del Colegio, el profesor

Figueroa Prieto resalta las siguientes: (1) ofrecer un

programa pro bono para coordinar la representación legal a

indigentes y garantizar el acceso a la justicia para los

sectores marginados; (2) cooperar en las evaluaciones de

candidatos a puestos judiciales; (3) comentar proyectos de

ley y sus implicaciones en nuestro ordenamiento; (4)

promover actividades culturales y artísticas; (5) ofrecer

orientación legal gratuita a la ciudadanía; (6) proveer

voluntarios para servir como observadores en actividades en

las cuales los ciudadanos ejercen el derecho de libertad de

expresión; (7) administrar eficientemente un fondo para

107 Íd. (citas suprimidas)(énfasis suplido). 108 ―…tendría que explicarse el por qué, si el Tribunal Supremo había decidido en la litigación de Schneider que la colegiación compulsoria era lo mejor y lo más conveniente para nuestra jurisdicción, ahora de repente había dejado de serlo‖. G. Figueroa Prieto, Propuesta para la reglamentación, supra, pág. 18. CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 22

facilitar la prestación de la fianza notarial; y,

finalmente, (8) asistir a este Tribunal en el ejercicio de

su poder disciplinario sobre la clase togada. La Opinión

que provoca nuestro disenso no discute ninguna de estas

funciones, ni su importancia para la profesión jurídica del

País.

Nuestras decisiones en los casos recientes sobre la

colegiación obligatoria, en los que específicamente se ha

planteado que la Asamblea Legislativa ha usurpado nuestro

poder inherente de reglamentar la abogacía, han demostrado

que este Tribunal es inaceptablemente inconsistente en el

ejercicio de ese poder. En Schneider (I) se estableció que

la determinación de integrar el Foro nos correspondía en

virtud de nuestro poder inherente, y que la colegiación

obligatoria servía a los mejores intereses de nuestra

sociedad. Sin embargo, cuando el Colegio impugnó las Leyes

de Descolegiación de 2009, una mayoría de este Tribunal se

negó a atender dos recursos distintos que aducían,

justamente, que las acciones legislativas contravenían esa

norma. En ese momento, la mayoría parecía conforme con

rendir nuestro poder inherente de reglamentar la profesión,

que abarca la determinación respecto a la conveniencia de

un gremio unificado. Ahora, se emite una Opinión que hace

todo lo contrario. Esta inconsistencia es muy preocupante

pues se presta a críticas de arbitrariedad en el ejercicio

del poder inherente de reglamentar la profesión jurídica. CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 23

Con el beneficio de la trama histórica, social y

política de la colegiación obligatoria en Puerto Rico, nos

resulta desconcertante la disposición, facilidad y

celeridad con que la mayoría de este Tribunal decidió

atender el caso que nos ocupa. Más aun, nos parece

sumamente contradictorio el hecho de que, para disponer de

las controversias planteadas, la mayoría se ampare

precisamente en el poder inherente que hace tan sólo tres

años se negó a ejercer.

Para sustentar su determinación de que la colegiación

obligatoria infringe tal poder, la Opinión mayoritaria

ofrece una explicación escueta basada en su apreciación de

que la profesión legal ha funcionado adecuadamente desde

que se eliminó la colegiación obligatoria. Propone que esto

se debe a que ―la Rama Judicial ha seguido funcionando

eficientemente‖109 en la reglamentación ética de la conducta

de los abogados y abogadas, sin la ayuda del Colegio.

Explica, también sucintamente, que no se ha probado que

haya una merma en la calidad de los servicios profesionales

ni falta de atención a los procedimientos disciplinarios.

Luego de estas generalidades, algunas de ellas

especulativas y sin fundamento, la Opinión mayoritaria

critica el hecho de que el Estado no demostró una

deficiencia en el funcionamiento de la profesión durante

los años de descolegiación. De esta forma, se le exige al

Estado que justifique la conveniencia de adoptar la

109 Opinión mayoritaria, en la pág. 35. CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 24

colegiación obligatoria, a pesar de que el procedimiento de

certificación escogido por la mayoría, incluyendo el

rechazo al nombramiento de un Comisionado, no le dio la

oportunidad de probar absolutamente nada.

La mayoría determina que no hay base suficiente para

avalar la integración del Foro en nuestra jurisdicción,

conforme a la experiencia de los últimos cinco años en los

que la colegiación ha sido voluntaria. Cabe preguntarse

entonces: ¿Cómo se justifica concluir que la experiencia de

cinco años es suficiente para afirmar que podemos

prescindir de la colegiación obligatoria? ¿Cómo, entonces,

no fue suficiente la experiencia de setenta y siete años

durante los cuales imperó en nuestro ordenamiento la

colegiación obligatoria para llamar la atención de una

mayoría de este Tribunal cuando ésta fue descartada por la

Legislatura?

La postura mayoritaria, además de ser inherentemente

injusta, es totalmente ilógica. La realidad es que, para

salvaguardar la legitimidad del ejercicio de nuestro poder

inherente, el Tribunal es quien debe exponer las razones

por las que rechaza la legislación sugerida. El ejercicio

de nuestro poder inherente no puede estar sujeto tan sólo a

los criterios particulares de los miembros de este Foro.

Más bien, es imperativo que ejerzamos ese poder de una

manera razonable y consistente, que propenda a la

estabilidad de la profesión. Además, debemos reconocer que

el concepto ―inherente‖ no significa, sin más, la cualidad CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 25

de ―exclusivo‖.110 Es decir, la naturaleza ―inherente‖ del

poder de este Tribunal para regular la profesión no está

reñida con algún grado de participación de la Legislatura.

Ésa ha sido la doctrina durante muchos años, en Puerto Rico

y en otras jurisdicciones. Precisamente, algunas de las

jurisdicciones de Estados Unidos han seguido el modelo de

unificar sus foros mediante la participación legislativa.

En trece de ellas, la colegiación obligatoria fue lograda

con alguna participación de la Legislatura. En siete de

estas, la colegiación obligatoria fue un esfuerzo conjunto

entre el Tribunal y la Legislatura.111 Sabemos que cualquier

legislación sobre requisitos de admisión al ejercicio de la

profesión tiene tan sólo fuerza directiva, pero eso no

significa que debamos rechazar las medidas complementarias

de la Rama Legislativa de nuestro gobierno sin un análisis

cuidadoso y fundamentado con prueba que justifique nuestra

determinación.

El poder inherente del Tribunal Supremo se da en

función de la independencia judicial, pero opera en el

contexto de un gobierno que se rige por la separación de

poderes y el balance entre éstos. Por eso, no es, ni puede

ser, un poder absoluto. Por el contrario, como todo poder,

110 Inherente, según el diccionario de la Real Academia Española proviene del latín ―inhaerens, -entis, part. act. de inhaerēre, estar unido‖ y se define como aquello ―que por su naturaleza está de tal manera unido a algo, que no se puede separar de ello‖. Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 22da ed., versión electrónica, (http://www.rae.es). En González v. Tribunal Superior y Pueblo, Interventor, supra, se explicó que, según el profesor Henry Rottschaefer, el concepto ―inherente‖ sólo significa ser incluido o que necesariamente pertenece a algo. 111 The Strategic Planning Committee of the State Bar of Wisconsin, Future of the State Bar Bar: Mandatory/Voluntary Membership Report, February, 2010. CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 26

está sujeto a perder su legitimidad si se ejerce

injustificadamente y de manera arbitraria. Así lo ha

reconocido el Tribunal Supremo de Estados Unidos al

delimitar los contornos de los poderes inherentes de las

cortes federales: ―el alcance de estos poderes debe ser

delimitado cuidadosamente, pues cuando una Rama de Gobierno

emprende la tarea de definir su propia autoridad, sin el

beneficio de cooperación o escrutinio de las demás, existe

el peligro de extralimitarse‖.112

Para revocar décadas de jurisprudencia y alterar el

balance entre el Poder Legislativo y el Judicial en la

regulación de la profesión legal, era imprescindible

recibir prueba que nos permitiera hacer un balance de los

intereses de las partes y del beneficio que el Pueblo de

Puerto Rico pudiera derivar de un foro integrado. Ello, a

su vez, nos requería examinar con mayor cuidado la utilidad

que representa el Colegio para la sana administración de la

justicia.

Una vez contáramos con esa prueba, si al entender de

la mayoría del Tribunal quedaba demostrado el beneficio de

la descolegiación, era imperativo justificar claramente las

razones para rechazar, al amparo de nuestro poder

inherente, la legislación que promueve un foro integrado.

Era igualmente imperativo explicar las razones por las

112 Degen v. United States, 517 US 820, 823 (1996)(traducción nuestra)(―The extent of these [inherent] powers must be delimited with care, for there is a danger of overreaching when one branch of the Government, without benefit of cooperation or correction from the others, undertakes to define its own authority‖). CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 27

cuales las siguientes expresiones del Juez Asociado Negrón

García en Schneider (I) perdieron validez:

la asociación compelida y la reglamentación de la profesión de abogados está inexorablemente atada a esa eficaz gestión por la justicia. No es posible entonces divorciar una de la otra; el sistema judicial integrado es la médula de la dinámica operacional constitucional y también va de la mano con el régimen unificado de colegiación compulsoria. Forma parte y es congruente con ese mandato y diseño parlamentario de mayor trascendencia que necesariamente ha de ceder al concepto, también importante, de una libertad 113 incondicionada de asociación.

En ausencia de esa prueba, no es suficiente la

conclusión generalizada de que la reglamentación de la

profesión legal no se ha visto afectada por la ausencia de

un sistema de colegiación obligatoria en los pasados cinco

años. Esa afirmación sin base fáctica no es fundamento

suficiente para resolver que la Asamblea Legislativa de

Puerto Rico intervino inconstitucionalmente con nuestro

poder inherente de reglamentar la profesión. No es lo mismo

utilizar nuestro poder inherente para rechazar una ley

directiva en materia de reglamentación profesional que

declararla inconstitucional. Tampoco es suficiente aseverar

que el Estado falló en probar la necesidad de la

colegiación obligatoria para rechazar dicha ley directiva.

Al ejercer nuestro poder inherente, la mayoría de este

Tribunal tenía el deber de apoyar su conclusión en

113 Schneider (I), supra, pág. 558 (opinión concurrente del Juez Asociado señor Negrón García). CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 28

determinaciones sustentadas en el expediente que fueran

suficientes para alterar el ordenamiento jurídico vigente.

El procedimiento escogido por la mayoría no permitió

contar con prueba para concluir que la administración de la

justicia no se ha visto afectada por el cambio de

colegiación obligatoria a voluntaria. Para empezar, la

manera en que la Opinión mayoritaria caracteriza el buen

funcionamiento de la justicia es preocupante. El que este

Tribunal atienda numerosas quejas disciplinarias contra

abogados no puede ser el criterio para medir el acceso a la

justicia ni tantos otros factores relacionados a la

práctica legal. Tampoco podemos afirmar que hay tal buen

funcionamiento porque ―el sistema de justicia no se ha

quebrantado‖.114

Por otra parte, es importante destacar que la mayoría

sólo declara inconstitucionales los Artículos 5, 6 y 11 de

la Ley de Colegiación Obligatoria, sin siquiera citarlos.

De esta forma, la Opinión mayoritaria deja vigente toda una

serie de disposiciones relacionadas con el ámbito

disciplinario de la profesión. Por ejemplo, el Artículo

3(o) de la Ley faculta al Colegio a ―[r]ecibir e investigar

las quejas que se formulen respecto a la conducta de los

abogados integrantes del Colegio en el ejercicio de la

profesión, para lo cual ejercitará los poderes y

prerrogativas que le confiere esta Ley‖.115 De igual forma,

114 Opinión mayoritaria, en la pág. 33. 115 Ley de Colegiación Obligatoria, Art. 3(o). CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 29

el Artículo 4 dispone todo un procedimiento para atender

las quejas que reciba la Comisión de Ética del Colegio.116

Más allá de esta inconsistencia, la decisión de

rechazar la colegiación obligatoria es una decisión de

política pública sobre la Rama Judicial. Por lo tanto, la

responsabilidad de justificar el rechazo de legislación

directiva recae sobre esta Rama, como se ha establecido

históricamente mediante el rechazo de legislación que

incide sobre nuestro poder inherente. Por eso resulta

preocupante que la mayoría entienda que los beneficios que

se derivan de la colegiación obligatoria no contribuyen a

la sana administración de la justicia, a la vez que

mantiene vigentes las facultades disciplinarias del

Colegio.

Por último, resaltamos el error de declarar una ley

inconstitucional por el sólo hecho de que interfiere con el

ejercicio de nuestro poder inherente. Como indicamos, de

ser ese el caso, lo correcto en derecho, y lo que va acorde

con las restricciones que nos impone la autolimitación

judicial, sería rechazar la ley. Pero la Opinión

mayoritaria va más allá. No sólo declara inconstitucionales

los Artículos 5, 6 y 11 de la Ley de Colegiación

116 Íd., Art. 4. En el ejercicio de su facultad para recibir e investigar las quejas que se formulen respecto a la conducta profesional de los abogados, la Comisión de Ética u organismo designado por el Colegio gozará de las facultades necesarias para cumplir a cabalidad con los deberes y funciones aquí dispuestas. Adoptará un reglamento para poner en vigor estas disposiciones, estableciendo normas que garanticen el debido proceso de ley, que agilicen los procedimientos y propicien un proceso justo e imparcial para las partes involucradas. Entre las prerrogativas que tendrá dicho organismo, se incluyen: celebrar vistas, tomar juramentos, recibir declaraciones juradas, ordenar la producción de evidencia documental o electrónica, citar a testigos o peritos, hacer referidos a foros de mediación de conflictos. CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 30

Obligatoria al amparo de nuestro poder inherente, sino que

también parece indicar que el ejercicio del poder inherente

le permite a este Tribunal determinar la constitucionalidad

de una ley por entender que vulnera el derecho de

asociación de los abogados y abogadas de Puerto Rico.117

Esta incongruencia conceptual y metodológica, más que

llamarnos la atención, nos causa desasosiego. Contrario a

lo que afirma la mayoría, la determinación respecto a la

constitucionalidad de la Ley de Colegiación Obligatoria en

cuanto al derecho a la libertad de asociación no es un

―elemento importante al momento de ejercer [el] Poder

Inherente para regular la profesión legal‖.118 El poder que

ejerció la mayoría no fue el poder inherente para

reglamentar la profesión, sino el poder de revisión

judicial para entrar a considerar indebidamente el derecho

a la libertad de asociación en su vertiente negativa.

Esta inconsistente y ambigua argumentación jurídica

nos obliga a exponer la normativa pertinente al derecho a

la libre asociación en su vertiente negativa. Ello nos

permitirá evaluar si existían fundamentos jurídicos o

circunstancias excepcionales que justificaran abandonar el

efecto vinculante que la norma que establecimos en

Schneider (I)119 tuvo por décadas.

117 En primera instancia, la Opinión mayoritaria rechaza los Artículos 5, 6 y 11. Véase, pág. 32 de la Ponencia. Sin embargo, posteriormente y en ejercicio de su poder inherente los declara inconstitucionales. Véase, págs. 39 y 40. 118 Opinión mayoritaria, pág. 20. 119 Schneider (I), supra. CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 31

Nuestra Constitución establece que ―las personas

podrán asociarse y organizarse libremente para cualquier

fin lícito, salvo en organizaciones militares o cuasi

militares‖.120 Esta protección constitucional fue

articulada, evidentemente, en términos positivos. Sin

embargo, se ha reconocido una vertiente negativa de este

derecho, por lo que, también se ha tutelado

constitucionalmente el derecho de las personas a no

asociarse.121 Respecto a ambas vertientes, es doctrina

120 Art. II, Sec. 6, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. La incorporación de esta disposición a nuestra Carta de Derechos responde a la propuesta de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico. Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, La nueva Constitución de Puerto Rico (ed. facsimilar, 2005), págs. 224-25. La misma no generó mayores debates. Así, el insigne jurista, José Trías Monge explica que las minorías no incluyeron propuestas particulares sobre este derecho. Véase J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, Vol. III, pág. 186 (1984). Como muy bien reconoce la Opinión mayoritaria y el Voto de Conformidad del Juez Asociado señor Martínez Torres, es verdad irrebatible que la articulación textual de ese derecho se inspiró en el primer inciso del vigésimo artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. [cita del Art. 20 (1) de la Declaración Universal de Derechos Humanos (―Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas‖)]. Sin embargo, es igualmente cierto que la incorporación textual del derecho en cuestión no incorporó la vertiente negativa del mismo, la cual sí fue explicitada en el segundo inciso del segundo artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos (―Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación‖). Ello pudiera significar — sin que se interprete que favorecemos esta interpretación — que la intención de nuestros constituyentes no fue robustecer la vertiente negativa del derecho a la libre asociación, en la medida en que, pudiendo hacerlo, optaron por sólo incorporar su acepción positiva. Por tanto, resulta preocupante que la mayoría de este Tribunal — especialmente el Juez Asociado señor Martínez Torres – obvie la importancia de dicho proceder; máxime cuando en el pasado han suscrito un estricto análisis originalista al interpretar ciertas protecciones constitucionales A.A.R., Ex parte, 187 DPR 835 (2013). De igual forma, habría que señalar que la mención de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aunque oportuna en el caso y contexto que nos ocupa, es un tanto sorprendente, puesto que en otras ocasiones en que se han invocado derechos constitucionales que, de una forma u otra, provienen de dicho instrumento de Derecho Internacional Público – por ejemplo, el principio de la inviolabilidad de la dignidad humana o el discrimen por sexo –,la mayoría que hoy suscribe la Opinión de este Tribunal ha hecho caso omiso al mismo. A.A.R., Ex parte, supra. 121 Schneider (I), supra, pág. 549 (―El derecho a la no asociación, derivable del derecho contrario consagrado en la Constitución del Estado Libre Asociado, Art. II. sec. 6, cede ante los intereses CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 32

firmemente establecida en nuestra jurisdicción que el

derecho a la libre asociación no es absoluto.122

El derecho a la libre asociación no se encuentra

expresamente reconocido en la Constitución de Estados

Unidos. Más bien, se le considera un corolario del derecho

a la libertad de expresión, tutelado por la Primera

Enmienda y aplicable a los estados a través de la

Decimocuarta Enmienda.123 La incorporación jurisprudencial

del derecho a la libre asociación en el Derecho

Constitucional federal también ha reconocido una vertiente

positiva124 y negativa125 del mismo. Ninguna de éstas

configura un derecho absoluto.

Al no ser un derecho absoluto, la libertad de

asociación, al igual que el derecho a no asociarse, puede

ceder en determinadas circunstancias ante intereses de

mayor jerarquía o ante situaciones que revistan un alto

interés público. En lo que atañe a la vertiente negativa

del derecho a la libre asociación, que es la que nos ocupa,

entendemos que Schneider (I) calibra adecuadamente los

intereses en pugna, consideradas las particularidades de la

_____________________________________________________________ señalados, de naturaleza claramente imperiosa bajo la constitución puertorriqueña‖.). 122 Democratic Party v. Tribunal Electoral, 107 DPR 1, 25 (1978) (―Ni el derecho de asociación ni el de participar en actividades políticas es absoluto en ningún caso‖ (citando a Civil Service Commission v. Letter Carriers, 413 US 548, 567 (1973)). 123 NAACP v. Alabama ex rel. Patterson, 357 US 449, 460-61 (1958). Véase, también, Ronald D. Rotunda & John E. Nowak, Treatise on Constitutional Law. Substance and Procedure (5th ed., 2013), Vol. 5, págs. 403-04, sec. 20.41(a); Raúl Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico (1988), Vol. II, pág. 1496. 124 Alabama ex rel. Patterson, supra. 125 Abood v. Detroit Bd. of Education, 431 US 209 (1977). Véase, también, Lathrop v. Donohue, 367 US 820 (1961). CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 33

incorporación de este derecho en nuestro ordenamiento

constitucional.

En Schneider (I), este Tribunal, aplicando un balance

de intereses, determinó que:

Los intereses públicos en la creación de una sociedad vigorosamente pluralista, en el mejoramiento de la abogacía y en la buena marcha del sistema judicial pesan decididamente más que las inconveniencias personales que pueda acarrear en ciertos casos la colegiación obligatoria. El derecho a la no asociación derivable del derecho contrario consagrado en la Constitución del Estado Libre Asociado, Art. II, Sec. 6, cede ante los intereses señalados, de naturaleza claramente imperiosa bajo la constitución puertorriqueña.126

Al utilizar el análisis de balance de intereses, el

Tribunal evaluó en detalle la cuantiosa prueba presentada

por las partes. Además, tomó en consideración la pluralidad

de los intereses en pugna. Por un lado, evaluó el interés

personal de los abogados y las abogadas disidentes respecto

a las posturas ideológicas o institucionales del Colegio y

el posible menoscabo a su derecho a la libertad de

asociación y expresión. Por el otro, tomó en consideración

el interés del Estado y del propio Tribunal en unificar la

profesión legal del País, para el mejoramiento de la clase

togada y el fortalecimiento de la administración de la

justicia. Consiguientemente, evaluó el rol del Colegio no

sólo en lo relacionado con sus competencias disciplinarias,

sino también en atención a la multiplicidad de servicios

126 Schneider (I), supra, pág. 549. CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 34

que provee, tanto a la profesión legal como a la comunidad

en general.127

Los argumentos de la Opinión mayoritaria para rechazar

el análisis de Schneider (I) y declarar que el esquema de

la colegiación obligatoria es inconstitucional no son

convincentes. Los peticionarios no nos han puesto en

posición de poder reevaluar la norma establecida en

Schneider (I). Más aún, dado el desatinado trámite procesal

de este caso, no contamos con un expediente completo que

nos permita hacer una determinación sobre la idoneidad de

la colegiación obligatoria. Por tanto, el balance de

intereses efectuado por este Tribunal en Schneider (I), en

el contexto de la clase togada y sus particularidades

gremiales, nos parece que constituye el método adecuado

para atender posibles vulneraciones al derecho a la libre

asociación en su vertiente negativa. Este resulta un

análisis particularmente apropiado cuando el Estado regula

profesiones que están revestidas de alto interés público.

Hoy, al igual que en 1982, es innegable que la

regulación diligente y efectiva de la profesión de la

abogacía incide de manera trascendental en la sana

administración de la justicia. Los abogados y las abogadas

127 Schneider (I), sin embargo, se limita a evaluar lo atinente a la libertad de asociación. No obstante, poco después, en Colegio de Abogados v. Schneider (II), 117 DPR 504 (1986) (En adelante, ―Schneider (II)‖), este Tribunal atendió el asunto relativo a la libertad de asociación de los abogados y las abogadas disidentes. Para ello, confeccionó un complejo remedio que permitía que éstos objetaran oportunamente el uso de sus cuotas y, por tanto, que no se les vulnerara su derecho a la libertad de expresión al compelerlos a apoyar posturas adversas a sus ideas o concepciones personales. Véase Schneider (II), supra, págs. 522-529. Schneider (II), supra, págs. 513- 515. CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 35

no son sólo funcionarios de la Rama Judicial; el Estado

Libre Asociado de Puerto Rico delega en ellos ciertas

funciones, como la fe pública notarial, que son esenciales

en nuestra jurisdicción. Quienes ejercen la profesión

jurídica, como custodios de conocimiento y destrezas

especializadas, tienen la responsabilidad de velar porque

el resto de la ciudadanía tenga un verdadero acceso a la

justicia que se imparte en nuestros tribunales.

Disgregar la profesión legal sólo contribuye a

eliminar un espacio vital y unitario para que la profesión,

toda, pueda discutir los asuntos que eminentemente le

atañen. No se debe perder de vista que:

El Colegio [de Abogados y Abogadas] es una entidad democrática. Su Presidente, su Junta de Gobierno y las directivas de las Delegaciones son electos en asambleas que garantizan a todos los colegiados la participación, libre expresión y el derecho a presentar y debatir resoluciones. En la asamblea anual se aprueba el presupuesto de la institución. La vida institucional propicia la participación abierta y la tolerancia.128

La solución correcta no es prescindir de lo que ha

sido buen derecho durante la mayor parte de la historia de

nuestra profesión para propiciar la desunión de la clase

profesional y destruir espacios de discusión. Por el

contrario, lo conveniente sería utilizar nuestro poder

inherente para propiciar la existencia de un espacio de

discusión y debate inclusivo, representativo y democrático,

en el cual la comunidad legal, en un marco de respeto,

pueda armonizar sus diferencias para beneficio del Derecho

128 Schneider (II), supra, pág. 514 (énfasis suplido). CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 36

Puertorriqueño. Cabe recordar, además, que el asunto que

nos compete es la colegiación obligatoria, no exclusiva. Es

decir, los abogados y las abogadas que disientan de las

posturas que asuma el Colegio tendrían diversos medios para

salvaguardar y evitar cualquier vulneración a su derecho a

la libre expresión.

VI

En fin, disentimos de lo resuelto en la Opinión

mayoritaria por múltiples razones. Insistimos en que, al

abusar del recurso de certificación intrajurisdiccional, se

impidió el desarrollo de un expediente adecuado para poder

evaluar los dos asuntos medulares ante nuestra

consideración: (1) si la colegiación obligatoria

complementa nuestra facultad de reglamentar la profesión de

la abogacía, para determinar sensatamente si aceptábamos o

rechazábamos la Ley de Colegiación Obligatoria en virtud de

nuestro poder inherente; y (2) si la Ley de Colegiación

Obligatoria era constitucional a la luz de los derechos

constitucionales invocados por los demandantes.

También discrepamos del errado proceder mayoritario de

declarar inconstitucional la Ley de Colegiación Obligatoria

tan sólo por ser, según su criterio, innecesaria para la

regulación de la profesión de la abogacía y la

administración de la justicia.

Reiteramos, además, que la Opinión mayoritaria no

debió pronunciarse sobre el derecho constitucional a la

libre asociación. Varias de las restricciones de la

doctrina de autolimitación judicial así lo exigían. En vez, CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 37

la Opinión mayoritaria utiliza un análisis especulativo

sobre presupuestos hipotéticos, para alterar la normativa

constitucional aplicable al derecho de los abogados y las

abogadas del País a la libre asociación, en su vertiente

negativa. No articula razones legítimas para ello.

Como si fuera poco, la mayoría revocó, sin más,

―aquellas partes de Colegio de Abogados de Puerto Rico v.

Schneider, supra, que sean incompatibles con los

pronunciamientos que anteceden‖. Esto, sin especificar las

razones para apartarse de la norma y sin considerar las

salvaguardas pautadas en Schneider (I) y (II). Como

indicamos, este proceder desatinado disloca la estabilidad

que provee el precedente en nuestro ordenamiento

jurídico.129 Reconocemos que, en nuestro sistema, los

precedentes no están escritos en piedra y que en ciertos

momentos puede convenir reevaluar un precedente para

adecuar nuestro estado de derecho a los cambios o

necesidades de una sociedad democrática y pluralista. Ahora

bien, ese ejercicio debe anclarse en un análisis jurídico

responsable, sosegado y, sobre todo, capaz de demostrarle a

la ciudadanía las razones que ameritan trastocar la norma

129 Cabría tomar en cuenta las expresiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre este particular: But whatever the premises of opposition may be, only the most convincing justification under accepted standards of precedent could suffice to demonstrate that a later decision overruling the first was anything but a surrender to political pressure, and an unjustified repudiation of the principle on which the Court staked its authority in the first instance. So to overrule under fire in the absence of the most compelling reason to reexamine a watershed decision would subvert the Court's legitimacy beyond any serious question. Planned Parenthood of Se. Pennsylvania v. Casey, 505 US 833, 867 (1992). CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 38

jurídica existente. Así se lograría lo que propone el

profesor Hiram Meléndez Juarbe:

El ciudadano no le exige al juez que renuncie a su humanidad y se ajuste a un ideal de objetividad en última instancia inasequible. Sólo le exige que resuelva controversias sobre la base de justificaciones razonables y a las que no podamos atribuirle arbitrariedad, capricho, amiguismo, o que tengan su razón de ser en la afiliación política, religiosa o meramente ideológica. El ciudadano exige que ese productor del derecho que llamamos juez hable con una palabra que esté respaldada por el derecho y sus razones. Sólo le pide que demuestre la disposición de convencer a una población, diversa y heterogénea, de que sus opiniones son defendibles y que han tomado en consideración un amplio universo de posibilidades. Sólo así el Juez y el ciudadano podrán decir que las posturas descartadas (y por ende aquellos que las sostienen) han sido tratadas con respeto y dignidad.130

Recalcamos que la certificación intrajurisdiccional

tan apresurada impidió recibir la prueba necesaria para

atender las controversias que presenta este caso. El

expediente incompleto de este caso nos impedía descartar

los beneficios y ventajas que el foro integrado tuvo en

nuestra jurisdicción por casi un siglo. Después de todo, el

ejercicio decisional, como cualquier enunciado lógico, debe

partir de las premisas generales que proveen las normas.

Sin embargo, requiere determinaciones de hechos para poder

llegar a la decisión individualizada.131 Los hechos son el

130 H. Meléndez Juarbe, Un Tribunal a la defensiva, en Derecho al Derecho: Intersticios y grietas del poder judicial (2012). 131 ―Los enunciados generales de deber jurídico (normas o principios) constituyen la premisa mayor, la descripción de los hechos acaecidos constituyen la premisa menor y el contenido de la decisión individual del juez configura la conclusión‖. Íd. págs. 230-231. CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 39

puente necesario entre los márgenes de la ribera. Sin ellos

sólo puede darse un salto al vacío.

Por todo lo anterior, disentimos.

Liana Fiol Matta Jueza Presidenta EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v. CT-2014-008

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por conducto del Secretario de Justicia, Hon. César Miranda; Colegio de Abogados de Puerto Rico, por conducto de su presidenta, Lcda. Ana Irma Rivera Lassén

Recurridos --------------------------- Cons. Certificación Asociación de Abogados de Puerto Rico; Héctor R. Ramos Díaz; Rafael Sánchez Hernández

Colegio de Abogados y Abogadas CT-2014-009 de Puerto Rico; Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Carlos Rivera Justiniano, Carlos Pérez Toro, Juan M. Gaud Pacheco, Félix Colón Serrano, María Fullana Hernández, Carmelo Ríos Santiago, Miguel Romero Lugo, Mario Santurio González, Carlos Sagardía Abreu, Luis Dávila Colón, José Meléndez Ortiz, Valerie Rodríguez Erazo y Elías Sánchez Sifonte CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 2

Interventores ---------------------------

Peticionarios Cons.

Alejandro García Padilla, Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Colegio de Abogados de Puerto Rico CT-2014-010 Recurridos

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ

San Juan, Puerto Rico, a 16 de octubre de 2014.

Ante el patente acto inconstitucional de la Asamblea

Legislativa, este Tribunal debió anclar exclusivamente su decisión

en una realidad constitucional sencilla: es el Poder Judicial el que

tiene la facultad para regular o no cualquier variante de la

colegiación de los abogados y abogadas, y tal función es judicial y

no legislativa. Ante la adecuada adjudicación de esa prominente

controversia, correspondía decretar la inconstitucionalidad de su

faz de la totalidad de la Ley Núm. 109-2014, infra. CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 3

En consecuencia, no procedía dejar vigentes articulados de la

referida ley, como erróneamente dictaminó la mayoría de este

Tribunal, cuando es evidente que éstos inciden directamente con

nuestro Poder Judicial y por ser una materia ajena a la función

legislativa. Asimismo, resultaba innecesario embarcarse en atender

otras controversias adicionales, basadas en derechos individuales,

pues la respuesta diáfana estaba anclada en la independencia

judicial.

El poder inherente que tiene este Tribunal para regular el

quehacer de los abogados y abogadas, que son admitidos al ejercicio

de la profesión jurídica en Puerto Rico, es reconocido y profesado

por esta Curia desde comienzos del siglo pasado. Tan temprano como

en 1908, se estableció que cuando un letrado faltaba al buen

carácter moral necesario para ejercer la profesión, este Tribunal

tenía la prerrogativa de separarlo del ejercicio de la abogacía. In

re Abella, 14 DPR 748, 751 (1908).

Cónsono con esa realidad, este Tribunal ha sido consecuente en

reiterar que ―la facultad de admisión de aspirantes al ejercicio de

la abogacía, es más de poder judicial que de ningún otro poder‖. Ex

parte Boneta, 39 DPR 154, 165 (1929); véase, además, In re

Casablanca, 30 DPR 399, 402 (1922). Asimismo, se ha expresado que:

si los abogados son funcionarios de los tribunales, y tienen en ellos y ante ellos la misión de auxiliar la administración de justicia, si ellos cooperan con los tribunales en el ejercicio de un poder tan sagrado, y si ellos encuentran, por virtud de las disposiciones CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 4

de la ley, fundada en la práctica sana, justa, lógica y constante, bajo la inspección de esos mismos tribunales, a éstos, antes que a ningún otro poder, corresponde la facultad de admitir o no a los que pretenden ser sus auxiliares y cooperadores en la más alta misión que puede encomendarse a un hombre o a un conjunto de hombres. Ex parte Boneta, supra, págs. 165-166. Véase, además, Ex parte Jiménez, 55 DPR 54, 57 (1939).

A tenor con estos pronunciamientos, aún antes de la aprobación

de la Carta Magna que actualmente rige nuestro ordenamiento

jurídico, este Tribunal había sido enfático en delimitar que la

admisión y exclusión de los abogados emanaba del poder judicial y no

del ejercicio de un poder ministerial. Ex parte Boneta, supra.

Véase, además, G. Figueroa Prieto, Reglamentación de la conducta

profesional en Puerto Rico: pasado, presente y futuro, 68 Rev. Jur.

UPR 729, 769 (1999).

Este proceder fue validado mediante la aprobación de la

Constitución de Puerto Rico en 1952. Allí, expresamente se estatuyó

que el Poder Judicial recaería sobre el Tribunal Supremo, además de

que se le facultó para adoptar reglas en torno a la administración

de los tribunales. Const. ELA, Art. V., LPRA, Tomo 1. Por

consiguiente, de esta manera se validó que es en esta Curia donde

recae la responsabilidad de regular la profesión legal. Es a este

Tribunal al que, en el ejercicio de su poder judicial, le

corresponde determinar los parámetros bajo los cuales se

regirán los letrados como funcionarios de esta Rama de CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 5

Gobierno. En palabras del profesor Guillermo Figueroa Prieto,

[f]ue la intención de los delegados a la Asamblea Constituyente proteger la independencia de la Rama Judicial, por lo que concederle a dicha rama de gobierno el control primario sobre la abogacía estaría en armonía con tal intención. Por lo tanto, con la aprobación de nuestra Constitución, quedó ratificada la acción que el Tribunal Supremo había iniciado a través de su jurisprudencia y que había tenido el efecto de apartarnos de las raíces históricas de la reglamentación de nuestra abogacía. Ello es así, puesto que el poder sobre la abogacía en España es atributivo legislativo y no judicial. Figueroa Prieto, supra, pág. 771. (Énfasis suplido).

En consecuencia, con la aprobación de la Constitución, resulta

inequívoco que este Tribunal tiene el poder para regular la

profesión legal en Puerto Rico. Es con esta autoridad que esta Curia

continúa reiterando el aludido poder y determina los parámetros para

el ejercicio de la abogacía y la notaría. Véanse, a modo de ejemplo,

In re Wolper, res. el 2 de agosto de 2013, 2013 TSPR 86, 189 DPR ___

(2013) (Per Curiam); In re Reichard Hernández, 180 DPR 604 (2011);

In re Córdova Gónzalez, 135 DPR 260 (1994) (Per Curiam); In re

Freytes Mont, 117 DPR 11 (1986) (Per Curiam); In re Liceaga, 82 DPR

252 (1961); In re Andréu Ribas, 81 DPR 90 (1959).

De igual forma, hemos expresado que ―[n]uestro poder inherente

para regular la profesión legal conlleva la enorme responsabilidad

de velar porque los candidatos que vayan a ejercer la profesión

estén capacitados y sean aptos para cumplir fiel y cabalmente las

serias responsabilidades que entraña la abogacía‖. In re C.R.R., 144

DPR 365, 369 (1997) (Per Curiam). Además, se ha reconocido que ―[l]a CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 6

admisión al ejercicio de la abogacía es un asunto delicado,

revestido de profundo interés público‖. Íd.

En armonía con nuestro deber y la alta responsabilidad que éste

entraña, se instituyó un Reglamento para la Admisión de Aspirantes

al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría. Véase Junta Examinadora de

Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría, Reglamento para

la Admisión de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría,

aprobado en junio de 1998 y enmendado el 12 de agosto de 2013.

Asimismo, se instauró un procedimiento disciplinario aplicable a las

personas admitidas al ejercicio de la profesión legal en Puerto

Rico. Véase, Regla 14 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA

Ap. XXI-B. A tenor con los Cánones del Código de Ética Profesional,

4 LPRA Ap. IX, este Tribunal también estableció los parámetros de

conducta que las personas admitidas deberán profesar en aras de

mantenerse ejerciendo la profesión.132

Todo esto en virtud del poder que nos fue constitucionalmente

cedido y mediante el cual tenemos el deber ineludible de regular la

profesión legal. Por consiguiente, a la luz de nuestro poder

inherente, hemos establecido los procedimientos adecuados para

descargar nuestra responsabilidad. De esta manera, además de ejercer

nuestro Poder Judicial, salvaguardamos tanto la independencia, como

132 Cónsono con estas medidas reguladoras, también se implementó el Programa de Educación Jurídica Continua, cuya misión es el ―mejoramiento académico de toda persona que ejerce la profesión del Derecho‖. Tribunal Supremo de Puerto Rico, Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua, aprobado el 8 de abril de 2005, según enmendado. CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 7

la dignidad y la autoridad que le han sido concedidas a la Rama

Judicial en estos aspectos.

Sin duda, esta independencia judicial es un corolario de la

doctrina de separación de poderes que rige nuestro ordenamiento. Es

norma ampliamente conocida que nuestro sistema republicano de

gobierno está sustentado en una división tripartita de poderes entre

la rama ejecutiva, legislativa y judicial. Véase Const. ELA, supra,

pág. 271. Es a partir de estas distinciones que se reconoce la

doctrina de separación de poderes como un ―principio [que] persigue

salvaguardar la independencia de cada rama del Gobierno y proteger

la libertad de los individuos frente a una peligrosa acumulación de

poder en una sola rama‖. Clases A, B y C v. PRTC, 183 DPR 666, 681

(2011). Véase, además, Colón Cortés v. Pesquera, 150 DPR 724, 750

(2000).

Nótese que el principio de separación de poderes es uno

multidimensional. En esencia, protege la independencia de cada Rama

de Gobierno en asuntos que son de su exclusiva jurisdicción. Además,

establece un sistema de pesos y contrapesos cuando median funciones

compartidas entre las ramas y, finalmente, protege a los ciudadanos

de la acumulación indebida de poder por parte de alguna de estas

ramas. Mediante este principio se definen cuáles son los contornos

de los poderes de las Ramas de Gobierno, de manera que se ―pueda

promover el más eficiente funcionamiento del sistema‖. Clases B y C

v. PRTC, supra. CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 8

Ante ello, la doctrina delimita que la separación de poderes no

implica que las Ramas de Gobierno operan en el vacío, completamente

alejadas unas de las otras. Banco Popular Liquidador v. Corte, 63

DPR 66, 71 (1944).133 Por el contrario, al adoptar este sistema

republicano de gobierno, lo que se pretendió evitar fue que una de

las ramas se excediera del balance que debe existir durante su

interacción, y el poder se concentrara en una sola de las tres

esferas. Íd., pág. 72. Por ende, es imprescindible ―que cada una

acepte y respete la autoridad de las otras y entienda la

interrelación de sus funciones‖. Silva v. Hernández Agosto, 118 DPR

45, 57 (1986).

En palabras de Don Raúl Serrano Geyls, lo que subyace es

delimitar “¿quién tiene poder para qué?‖. R. Serrano Geyls, Derecho

Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan, Programa

de Educación Legal Continuada de la UIPR, 1986, Vol I, pág. 571.

(Énfasis suplido). Véase, además, Clases A, B y C v. PRTC, supra. Es

decir, en este caso, corresponde contestar la siguiente

interrogante: ¿quién tiene el poder para regular o no cualquier

variante de la colegiación de los abogados y las abogadas en nuestro

ordenamiento jurídico? De la discusión que antecede, es evidente que

esta función le compete exclusivamente al Poder Judicial. No

contestar tajantemente esta pregunta implicaría claudicar a la

defensa de la independencia judicial y, peor aún, dejar al arbitrio

133 Véanse, además, Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 81 (1998); Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406 (1994). CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 9

de las ramas políticas la intromisión en un componente esencial de

la regulación de la práctica de la abogacía.

Es por ello que no compete a la Asamblea Legislativa

inmiscuirse en ninguna de las materias contenidas en la ley bajo

examen. Ante ese cuadro, no nos encontramos ante una típica

situación del balance que requiere el proceso de interacción entre

algunas de las Ramas de Gobierno. Por el contrario, en este

escenario, la Asamblea Legislativa intervino flagrantemente con la

independencia de la Rama Judicial y sus funciones constitucionales,

lo cual es un componente ínsito de la separación de poderes. In re

Solicitud Cepeda García, 130 DPR 18, 23 (1992) (Per Curiam). Este

proceder es simplemente impermisible.

Al aprobar la Ley Núm. 109-2014, sin duda, la Asamblea

Legislativa se inmiscuyó con nuestra independencia judicial, en

claro detrimento del principio de separación de poderes. Ello,

debido a que además de imponer la colegiación obligatoria y el pago

de una cuota anual como condición para poder ejercer la abogacía,

mediante la aprobación de la referida ley específicamente se facultó

al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (Colegio) para

intervenir con este Tribunal en el proceso de implementación del

Código de Ética Profesional que rige la conducta de los abogados

admitidos a la profesión. Véase Art. 3 de la Ley Núm. 109-2014. En

relación a este particular, también se le permitió investigar y

recibir quejas de acuerdo al procedimiento establecido en la misma

ley. Véase Art. 4 de la Ley Núm. 109-2014. Al mismo tiempo, se CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 10

autorizó a que la Comisión de Ética del Colegio o el organismo para

estos fines autorizado, promulgara un reglamento relativo a los

derechos de las partes involucradas. Mediante el referido artículo,

también se estableció que el informe emitido por el organismo

investigador debía recibir el mismo trato que los presentados, ante

esta Curia, por la Oficina de la Procuradora General y la

Administración de los Tribunales al momento de presentarse una

querella contra un letrado. Íd. Así, las ramas políticas se

interpusieron con nuestro poder de reglamentar los procesos

disciplinarios contra los abogados y abogadas admitidos a la

profesión legal.

En consecuencia, por el contenido de estas disposiciones, no

nos encontramos ante la dimensión que requeriría examinar si se ha

lacerado el balance de los pesos y contrapesos que debe existir

entre las Ramas de Gobierno por tratarse de una legislación que

regula una materia ajena a la función legislativa. Ello, debido a

que como los abogados son funcionarios del Tribunal en el ámbito de

la regulación que persigue la ley impugnada, esta es una función que

solamente le compete al Poder Judicial. Permitir la intromisión de

la Asamblea Legislativa en estos asuntos o entrar a dilucidar si su

actuación puede ser considerada como directiva es improcedente.

Resulta evidente que tal proceder lacera la separación de poderes

que sustenta nuestro sistema de gobierno en tanto atenta contra la

independencia de esta Rama. Tal como expresamos en Colón Cortés v.

Pesquera, supra, pág. 752, ―la doctrina de separación de poderes CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 11

significa que la función judicial solo puede ser llevada a cabo por

la Rama Judicial, y de la misma manera, que labores no judiciales

deben ser dejadas para la correspondiente actuación de las otras

ramas‖. (Citas omitidas).

En fin, como es sabido, una ley se presume constitucional hasta

tanto se resuelva lo contrario. Aut. Carreteras v. 8,554.741 M/C I,

172 DPR 278, 298 (2007). Por ello, al ejercer nuestra facultad

revisora debemos auscultar si existe alguna interpretación razonable

del estatuto impugnado. Es decir, debemos estar ―conscientes de la

deferencia exigida al ejercicio del Poder Legislativo según el

mandato constitucional, conforme con los roles adscritos a cada una

de las ramas gubernamentales según el esquema de separación de

poderes‖. E.L.A. v. Northwestern Selecta, 185 DPR 40, 71 (2012).

(Énfasis suplido). Véanse, además, Rexach v. Ramírez, 162 DPR 130,

149 (2004); Nogueras v. Hernández Colón, 127 DPR 405, 412 (1990). No

obstante, una ley puede ser declarada inconstitucional tanto de su

faz como en su aplicación. E.L.A. v. Northwestern Selecta, supra,

pág. 71. En el primer caso, debemos evaluar si el vicio surge de la

propia ley, mientras que en el segundo debemos auscultar el contexto

en el que la medida impugnada fue empleada. Íd., págs. 71-72.

Ante esta normativa, abordamos la legislación en controversia y

nos es forzoso concluir que su totalidad es inconstitucional de su

faz. Como hemos descrito, la legislación aprobada condiciona la

práctica de la abogacía con la colegiación obligatoria e incluye

disposiciones que inciden con el procedimiento disciplinario que ha CT-2014-8; CT-2014-9; CT-2014-10 12

empleado esta Curia para, en el ejercicio de sus funciones

judiciales, regular la profesión legal. Aun cuando intentáramos ser

deferentes con la Asamblea Legislativa, su actuación incide directa

y desmedidamente con la función judicial de regular la profesión de

la abogacía. Es decir, por tratarse de una acción patentemente

inconstitucional que pretende regular una materia que compete al

Poder Judicial, no procede respetar la voluntad legislativa bajo

examen, ni mucho menos, adscribirle visos de legalidad

considerándola como una legislación directiva.

Los planteamientos aquí vertidos me obligan a disentir por ser

la totalidad de la Ley Núm. 109-2014 inconstitucional de su faz.

Nuestra Constitución no nos permite avalar el proceder de la

Asamblea Legislativa al intentar acaparar una profesión que se

encuentra regulada por el Poder Judicial. Como hemos expuesto, esta

actuación resulta violatoria de prominentes principios

constitucionales que rigen nuestro ordenamiento jurídico.

Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado