EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Maribel Rivera Ortiz
Peticionaria Certiorari
v. 2025 TSPR 25
Melvin Rolón Merced 215 DPR ___
Recurrido
Número del Caso: CC-2023-0076
Fecha: 17 de marzo de 2025
Tribunal de Apelaciones:
Panel IV
Representante legal de la parte peticionaria:
Lcda. Hilda Esther Colón Rivera
Representantes legales de la parte recurrida:
Lcda. Jerusa Cruz Alfaro Lcda. Ligia E. Santos Torres
Materia: Derecho de Familia – Paralización de un procedimiento de reclamación de pensión alimentaria contra un miembro activo en el servicio militar al amparo del estatuto federal del Servicemembers Civil Relief Act.
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Peticionaria
v. CC-2023-0076 Certiorari
Melvin Rolón Merced
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de marzo de 2025.
En este caso, nos corresponde dilucidar si el
Tribunal de Apelaciones erró al denegar expedir un
recurso de certiorari para modificar una
determinación del Tribunal de Primera Instancia que
paralizó los procedimientos sobre una petición de
alimentos.
Adelantamos que el Tribunal de Primera Instancia
actuó correctamente al ordenar la paralización. Ello,
debido a que se trataba de un procedimiento de
reclamación de pensión alimentaria en contra de un
miembro activo en el servicio militar al amparo del
estatuto federal del Servicemembers Civil Relief Act
(SCRA), 50 USCA sec. 3901 et seq. Por tanto, CC-2023-0076 2
confirmamos la determinación del foro apelativo intermedio.
I
En sustancia y en síntesis, este caso, como tantos
otros, se relaciona con una pensión alimentaria, cuyos
detalles no es necesario pormenorizar. Estos son los hechos
pertinentes.
La Sra. Maribel Rivera Ortiz (peticionaria) y el
Sr. Melvin Rolón Merced (recurrido) se casaron el 23 de
septiembre de 2003 -en Puerto Rico-. Durante su matrimonio,
procrearon una hija (MRR) nacida el 16 de abril de 2004 -en
el estado de Florida-.1 Las partes se divorciaron en
diciembre de 2008 en el estado de Virginia, lugar en el que
convivieron previo a su separación en 2007.2 Tras la
separación en 2007, la peticionaria se mudó con MRR a Puerto
Rico en donde han continuado residiendo hasta el presente.3
El 20 de abril de 2022, la peticionaria presentó en el
Tribunal de Primera Instancia una Petición de alimentos a
favor de su hija y en contra del recurrido.4
Posteriormente, el 27 de mayo de 2022, el recurrido
solicitó la aplicación de la protección que le otorga el
Servicemembers Civil Relief Act, supra, a un militar activo
de suspender o paralizar los procedimientos o pleitos
1 Véase Certificado de nacimiento, Apéndice de Recurso de certiorari, pág. 90.
2 Véase Stipulation and Agreement, Apéndice de Recurso de certiorari, pág. 76.
3 Íd.
4 Petición, Apéndice de Recurso de certiorari, pág. 68. CC-2023-0076 3
judiciales o administrativos en su contra mientras se
encuentra activo en el servicio militar de Estados Unidos.5
Sostuvo que es un militar activo domiciliado en el estado
de Virginia y movilizado al estado de California. Conforme
a ello, según surge del expediente, el recurrido se
encontraba activo en el servicio militar a bordo de un barco
de la Marina de los Estados Unidos.6
Por su parte, el 7 de junio de 2022, la peticionaria
replicó mediante una moción en la que citó el Servicemembers
Civil Relief Act, supra, y arguyó que no es aplicable al
caso por la falta de una declaración de guerra. Además,
peticionó una pensión alimentaria provisional y final
correspondiente.7
Luego, el 17 de junio de 2022, el recurrido presentó
una moción en la que reiteró la solicitud de la paralización
del procedimiento judicial.8 Allí, en virtud del
Servicemembers Civil Relief Act, supra, argumentó que el
foro primario debía paralizar los procedimientos hasta que
la Marina de los Estados Unidos lo autorizara a salir de su
estado de militar activo -al encontrarse a bordo de un barco
militar-, para responder a la acción legal en su contra y
defender sus derechos a tenor con el debido proceso de ley
que le garantiza nuestra Constitución. Asimismo, afirmó que
5 Apéndice de Recurso de certiorari, págs. 111-112.
6 Apéndice de Recurso de certiorari, págs. 129 y 131.
7 Apéndice de Recurso de certiorari, págs. 114-117.
8 Apéndice de Recurso de certiorari, pág. 118. CC-2023-0076 4
cumplió con la información requerida por el estatuto federal
a través de los documentos presentados como anejos.
Así las cosas, el 17 de agosto de 2022,9 el Tribunal
de Primera Instancia ordenó la paralización de los
procedimientos mientras el recurrido se mantuviera en el
servicio militar activo. Ello, por entender que el recurrido
cumplió con la presentación de la información requerida al
amparo de lo establecido en el Servicemembers Civil Relief
Act, supra.10
En desacuerdo, el 30 de agosto de 2022, la peticionaria
presentó una moción de reconsideración sobre la
paralización.11 El 12 de septiembre de 2022, el Tribunal de
Primera Instancia denegó la moción de reconsideración
presentada por la peticionaria a través de una resolución
en la que razonó lo siguiente: “Se mantiene vigente la orden
de paralización. En este caso el Tribunal no ha relevado del
pago de pensión alimentaria a la parte demandada”.12
Inconforme, el 5 de octubre de 2022, la peticionaria
presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de
Apelaciones. En resumen, alegó que el foro primario abusó
de su discreción al aplicar la disposición federal contenida
en el Servicemembers Civil Relief Act, supra, y ordenar la
9 Apéndice de Recurso de certiorari, pág. 56.
10Advertimos que la información requerida fue acreditada mediante los comunicados presentados que surgen del expediente. Apéndice de Recurso de certiorari, págs. 129 y 131.
11 Apéndice de Recurso de certiorari, pág. 57.
12 Apéndice de Recurso de certiorari, pág. 67. CC-2023-0076 5
paralización, por entender que solamente es aplicable en
tiempos en los que existe una declaración de guerra. De otra
parte, arguyó que, si el recurrido estuviera cobijado por
la disposición federal, la misma es inaplicable al caso de
autos, porque se dejó una menor sin alimentos a pesar del
alto interés público y a su vez, el Estado incumplió con el
deber de “parens patriae” al no velar por el interés óptimo
de la menor.
Conforme a lo anterior, la peticionaria expresó que el
foro primario erró al no referir el asunto a la Examinadora
de Pensiones Alimentarias (EPA) con la finalidad de imponer
una pensión provisional, ya que planteó que el recurrido
puede comparecer a presentar evidencia sobre sus ingresos a
través de su representación legal. Finalmente, solicitó que
se deje sin efecto la paralización.13
Por su parte, el recurrido compareció mediante una
Moción denegatoria de auto certiorari y/o alegato y arguyó
que el foro primario ejerció correctamente su discreción al
ordenar la paralización tras aplicar el Servicemembers Civil
Relief Act, supra. Contrario a lo alegado por la
peticionaria, señaló que el Tribunal de Primera Instancia
no lo relevó de continuar pagando la pensión alimentaria
fijada por el estado de Virginia, por lo que la pensión
alimentaria permaneció intacta. Así, fundamentó que fue
correcta “[l]a decisión del [foro primario] al paralizar los
13 Apéndice de Recurso de certiorari, págs. 48-53. CC-2023-0076 6
procedimientos de alimentos y su eventual fijación final,
mientras subsista la pensión fijada como provisional […]”.14
Después de considerar los planteamientos de las
partes, el 23 de diciembre de 2022, el Tribunal de
Apelaciones notificó una Resolución mediante la cual denegó
expedir el auto solicitado conforme a la Regla 40 de su
Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII y concluyó lo siguiente:
[E]l dictamen recurrido es uno fundamentalmente correcto en derecho y […] ninguno de los criterios expuestos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones amerita la necesidad de nuestra intervención. Evidentemente, el TPI realizó un balance adecuado entre los derechos involucrados, y luego de un ponderado análisis, falló cuidadosamente a favor de los derechos de ambas partes al paralizar. En vista de ausencia de abuso de discreción, ni parcialidad, no intervendremos con la sana discreción del [Tribunal de Primera Instancia]. (Negrilla suplida).15
El 9 de enero de 2023, la peticionaria presentó una
moción de reconsideración. Luego, el 19 de enero de 2023,
el foro apelativo intermedio notificó una Resolución que
declaró “no ha lugar” la moción y resaltamos que puntualizó
en un escolio que:
El día 20 de abril de 2022, la señora Rivera Ortiz presentó una Petición sobre un aumento de pensión alimentaria. El pasado 12 de septiembre, el tribunal de instancia decretó Orden en la cual expresó "[e]n este caso el tribunal no ha relevado del pago de la pensión alimentaria a la parte demandada". Por lo que, se mantuvo vigente la obligación de alimentos por la cantidad de $546.00 mensuales y ello fue admitido por el señor Rolón Merced en su Moción Denegatoria de Auto de Certiorari y/o Alegato. Más aún, en
14 Apéndice de Recurso de certiorari, pág. 150.
15 Apéndice de Recurso de certiorari, pág. 11. CC-2023-0076 7
conformidad con la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores, la determinación o fijación de una pensión alimentaria es efectiva desde la fecha en que se presente la reclamación o modificación. (Negrilla suplida).16
En desacuerdo, el 26 de enero de 2023, la peticionaria
presentó un Recurso de certiorari ante este Tribunal y
señaló lo siguiente:
El dictamen del TA en el caso de autos es contrario a lo resuelto por dicho foro intermedio en el caso de Figueroa Padilla, Morales Andújar Ex parte, 2010 TA 972 donde una de las partes invocó el SCRA y se resolvió que el asunto de alimentos se encuentra revestido del más alto interés público y tomando en consideración que el alimentante estaba debidamente representado no procedía la paralización del caso, por lo que existe conflicto entre las decisiones de paneles del TA sobre el asunto en cuestión y lo resuelto en el caso de autos, e incluso al no realizar un análisis “in toto” de las disposiciones del SCRA y obviando que el alimentante no se perjudica toda vez que está debidamente representado con abogado, violentándole así el derecho constitucional a la vida a la alimentista la cual está cobijada en la Constitución.
Erró el TA al concluir que el dictamen recurrido es uno fundamentalmente correcto toda vez que el TPI alegadamente realizó un balance adecuado entre los derechos involucrados por lo que falló cuidadosamente a favor de ambas partes, a pesar de que surgía de los autos que la pensión alimentaria originalmente impuesta por el estado de Virginia cesó cuando la menor advino los 18 años o culminara la escuela superior (hecho admitido por el propio recurrido desde mayo 2022), y que brilla por su ausencia en los autos resolución dictada por el TPI ordenando al recurrido a que continuara pagando dicha pensión previo a ordenar la paralización del caso, por lo que ha mediado prejuicio, parcialidad, error craso y manifiesto en la apreciación de los autos y la prueba, e incluso al concluir implícitamente que la resolución del 12 de septiembre de 2022 y notificada el 14 de septiembre de 2022 donde el
16 Apéndice de Recurso de certiorari, pág. 26. CC-2023-0076 8
TPI expresó que no había relevado al recurrido de la pensión alimentaria significa que la menor no quedó desprovista de una pensión alimentaria.
Por su parte, el recurrido presentó su Alegato en
oposición. En síntesis, explicó que solicitó la paralización
al amparo de la sección 3932 del Servicemembers Civil Relief
Act, 50 USCA sec. 3932, mencionó que cumplió con la
presentación de la documentación requerida y enfatizó que
el foro primario no lo relevó del pago de la pensión
alimentaria.
Con el beneficio de la comparecencia de las partes,
resolvemos.
II A. Paralización al amparo del Servicemembers Civil Relief Act (SCRA) En 1940, el Congreso de Estados Unidos implementó el
estatuto federal llamado Soldiers’ and Sailors’ Civil Relief
Act (SSCRA) aplicable a nuestra jurisdicción con la
finalidad de proteger a los miembros de las fuerzas armadas
de los Estados Unidos del rigor de los trámites de las
acciones civiles de las cuales puedan ser parte.17
Con el objetivo de que los miembros de las fuerzas
armadas concentren sus esfuerzos y energías en el ejercicio
del servicio militar, el mencionado estatuto federal provee
17En lo pertinente, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos puntualizó que “The Soldiers' and Sailors' Civil Relief Act is always to be liberally construed to protect those who have been obliged to drop their own affairs to take up the burdens of the nation.” Boone v. Lightner, 319 US 561, 575, (1943). Posteriormente, el Máximo Foro federal expresó que “the [statute] must be read with an eye friendly to those who dropped their affairs to answer their country's call.” Le Maistre v. Leffers, 333 US 1, 6 (1948). CC-2023-0076 9
algunos remedios, entre los que se encuentra la suspensión
temporera de los procedimientos judiciales o
administrativos. Esto, para evitar que se puedan afectar
adversamente los derechos civiles de los miembros del cuerpo
militar durante la prestación del servicio.18
De este modo, todo miembro del servicio militar que
sea compelido a una causa judicial o administrativa ante un
foro que esté sujeto a la aplicación de la mencionada ley,
está facultado para solicitar la paralización
correspondiente. Ello, siempre que cumpla con el elemento
de estar o haber estado activo en el servicio militar.19 De
ser concedida la paralización, la misma constituye una
posposición de los procedimientos, hasta tanto el miembro
activo sea relevado de su servicio militar y pueda
comparecer a defenderse.20 Por consiguiente, la paralización
en controversia se perfila como un mecanismo de defensa y
no como un mecanismo de opresión sobre la parte contraria.21
En lo concerniente a la controversia, antes de la
enmienda de 2003 (que discutiremos más adelante), la sección
521 del SSCRA disponía lo siguiente sobre la paralización:
At any stage thereof any action or proceeding in any court in which a person in military service is involved, either as plaintiff or defendant,
18 50 USCA sec. 3902.
19 Véanse: 50 USCA secs. 3931 y 3932.
20Coburn v. Coburn, 412 So.2d 947, 949 (Fla. Dist. Ct. App. 1982) (“This section allows a postponement only until such time as a defendant is unhampered by his military service to defend the action.”).
21Runge v. Fleming, 181 F. Supp. 224, 228 (N.D. Iowa 1960) (“[W]hile immunity sought under section 521 may be used as a ‘shield for defense’, it is not an ‘instrument for the oppression of opposing part.”). CC-2023-0076 10
during the period of such service or within sixty days thereafter may, in the discretion of the court in which it is pending, on its own motion, and shall, on application to it by such person or some person on his behalf, be stayed as provided in this Act […] unless, in the opinion of the court, the ability of plaintiff to prosecute the action or the defendant to conduct his defense is not materially affected by reason of his military service. (Negrilla y subrayado suplidos).22
Tras evaluar la sección 521 del SSCRA -que equivale a
la sección aplicable en este caso- antes de ser enmendada,
el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Boone v. Lightner,
319 US 561 (1943), interpretó que, la paralización de los
procedimientos está sujeta a la discreción del tribunal.23
Así, en el ejercicio de su discreción, adicional al
requisito de estar o haber estado activo en el servicio
militar, el tribunal debe considerar si el recurrido tiene
capacidad para conducir su defensa y ésta no se ve
materialmente afectada por razón de su servicio militar.24
2250 USC App. ant. sec. 521 (1940) (que actualmente es el remedio que establece 50 USC App. secs. 521 y 522).
23Tabor v. Miller, 389 F.2d 645, 647 (3d Cir. 1968) (citando a Boone v. Lightner, 319 US 561 (1943)) (“The court had discretion to determine, from all the circumstances of the case, whether a continuance was justified.”). Véase, también, State ex rel. Swanson v. Heaton, 22 N.W.2d 815, 816 (Iowa 1946) (“Whether the ability of the service man to prosecute or defend is materially affected, is to be determined by the court in the exercise of a sound judicial discretion.”).
24Boone v. Lightner, supra, págs. 565-569 (“The Act cannot be construed to require continuance on mere showing that the defendant was in Washington in the military service. Canons of statutory construction admonish us that we should not needlessly render as meaningless the language which, after authorizing stays, says ‘unless, in the opinion of the court, the ability of plaintiff to prosecute the action or the defendant to conduct his defense is not materially affected by reason of his military service.’ The Act of 1940 was a substantial re-enactment of that of 1918, 50 U.S.C.A. Appendix, s 101 et seq. The legislative history of its antecedent shows that this clause was deliberately chosen and that judicial discretion thereby conferred on the trial court instead of rigid and undiscriminating suspension of civil proceedings was the very heart of the policy of the Act.”). CC-2023-0076 11
En otras palabras, el tribunal tenía discreción para
denegar la paralización y ordenar la continuación del caso
si entendía que el servicio militar ofrecido no afectaba
materialmente la habilidad del miembro del servicio militar
a presentar su defensa o su reclamo durante el trámite
judicial.25 Conforme a lo anterior, el tribunal debía
considerar los siguientes criterios:“(1) the servicemember
(or a person on his or her behalf) applied for the stay and
(2) the court determined that the servicemember's ability
to prosecute or defend the action was, in fact, materially
affected by reason of his or her military service”.26
Ahora bien, en 2003 el mencionado estatuto federal fue
enmendado e intitulado como Servicemembers Civil Relief Act
(SCRA)27 con la finalidad de clarificar el lenguaje del
SSCRA, incorporar las interpretaciones judiciales
25Hernandez v. Hernandez, 906 A.2d 429, 435-436 esc. 3 (Md. Ct. Spec. App. 2006) (“That is, under the previous iteration of the statute, the court had discretion to deny a stay if it believed the servicemember's military service would not materially affect his ability to prosecute or defend the action. In 2003, Congress amended the Act, renaming it the “Servicemember's Civil Relief Act,” and removing the discretionary power of the court to deny a stay […].”).
26In re Marriage of Herridge, 279 P.3d 956, 960 (Wash. Ct. App. 2012). Asimismo, en Childs v. Childs, 310 P.3d 955, 959–960 (Alaska 2013), el Tribunal Supremo de Alaska afirmó que el análisis presentado era aplicable al estatuto anterior que cambió tras la enmienda realizada. Ello, al expresar lo siguiente: “Although our prior decisions relating to the Act have not dealt specifically with the requirements of § 522(b)(2), numerous courts, including the United States Supreme Court, have concluded that a servicemember invoking a stay under the Act must make a showing that the servicemember's rights or ability to present a defense would be materially affected by the servicemember's military duties. A servicemember is not entitled to a stay simply by virtue of serving in the armed forces; the servicemember must show that, due to military service, the servicemember's ability to raise a claim or defense would be prejudiced if a stay were denied.”
27 Véase Ley Pub. Núm. 108–189 de 19 de diciembre de 2003 (117 Stat. 2835) que enmendó el Soldiers' and Sailors' Civil Relief Act of 1940. CC-2023-0076 12
realizadas y reflejar el desarrollo de la vida Americana
desde 1940.28
Entre las enmiendas, se produjo un cambio en la
discreción que otorgaba el estatuto anterior en la
sección 3932 del SCRA. Ello, porque el cumplimiento de los
requisitos relacionados con la presentación de la
información requerida tras la enmienda implica que la orden
de paralización por parte del foro primario será de carácter
mandatorio por un mínimo de 90 días.29 Además de surgir
claramente del estatuto, esto es cónsono con las
interpretaciones realizadas por tribunales de distintos
estados.30 En lo pertinente, la sección 3932 del precitado
estatuto federal dispone lo siguiente:
(a) Applicability of section This section applies to any civil action or proceeding, including any child custody proceeding, in which the plaintiff or defendant
28Véase D. Dahle, The Servicemembers Civil Relief Act of 2003 Protecting the Rights of Guard and Reserve Members, 48 ADVOCATE 13, 13 (2005).
29 In re Marriage of Herridge, supra (“Congress substantially amended the Act in 2003. As discussed above, the SCRA now mandates that an application for a stay by a servicemember contain specific information in support of that request. […] [T]hose courts that have assessed the effect of the 2003 amendments have generally held that a servicemember must now comply with the express requirements of that statute in order to be entitled to a mandatory stay of proceedings.”). Véase, también, M. Dahle, supra, pág. 14 (“In Section 522, in actions where the member has notice, the SCRA provides for an automatic mandatory procedural stay for a minimum of 90 days, upon the application of the member.”).
30Véanse, además: In re Walter, 234 S.W.3d 836, 837 (Tex. App. 2007) (“According to that statute [50 USCA sec. 3932], the trial court shall, upon application by a person in military service, stay a civil action for a period of not less than 90 days if two conditions are met […]. The two conditions must be included in the application […].”); In re Marriage of Bradley, 137 P.3d 1030, 1034 (Kan. 2006) (“A stay of proceedings [in 50 USCA sec. 3932(b)(1)] is mandatory upon a properly supported application by the servicemember, but not so if the statutory conditions are not met.”); King v. Irvin, 614 S.E.2d 190, 193 esc. 12 (Ga. Ct. App. 2005) (“In 2003, however, Congress amended the Act to require that servicemembers include in their stay applications specific information not provided.”). CC-2023-0076 13
at the time of filing an application under this section-- (1) is in military service or is within 90 days after termination of or release from military service; and (2) has received notice of the action or proceeding.
(b) Stay of proceedings (1) Authority for stay At any stage before final judgment in a civil action or proceeding in which a servicemember described in subsection (a) is a party, the court may on its own motion and shall, upon application by the servicemember, stay the action for a period of not less than 90 days, if the conditions in paragraph (2) are met.
(2) Conditions for stay An application for a stay under paragraph (1) shall include the following:
(A) A letter or other communication setting forth facts stating the manner in which current military duty requirements materially affect the servicemember's ability to appear and stating a date when the servicemember will be available to appear.
(B) A letter or other communication from the servicemember's commanding officer stating that the servicemember's current military duty prevents appearance and that military leave is not authorized for the servicemember at the time of the letter.
(c) Application not a waiver of defenses An application for a stay under this section does not constitute an appearance for jurisdictional purposes and does not constitute a waiver of any substantive or procedural defense (including a defense relating to lack of personal jurisdiction) […]. (Negrilla y subrayado suplidos).31
A tenor con lo antes expuesto, para que determinado
procedimiento judicial o administrativo promovido en contra
de un miembro del servicio militar quede sujeto a la
31 50 USCA sec. 3932. CC-2023-0076 14
paralización contemplada en el estatuto, la solicitud
correspondiente debe presentarse dentro del periodo en que
se encuentre activo en el servicio militar, o durante los
90 días siguientes a la fecha de terminación de sus
funciones. Específicamente, debemos resaltar que, de
conformidad con la precitada disposición, para que la
petición de paralización mencionada sea oponible, debe haber
mediado la notificación de la causa de acción o
procedimiento al solicitante del remedio.
Entonces, según surge del estatuto, el tribunal (motu
proprio) podrá ordenar la paralización sin contar con una
solicitud del miembro del servicio militar. Sin embargo, en
este caso, nos encontramos con una petición presentada por
el recurrido. En ese escenario, la orden de paralización
solamente estará condicionada a que la petición
correspondiente se acompañe con una carta o comunicación que
acredite la imposibilidad del solicitante para comparecer a
los trámites judiciales o administrativos de los cuales sea
parte. La comunicación deberá establecer la forma en que las
responsabilidades que ejerce en el servicio militar afectan
materialmente su capacidad de comparecer, y a su vez, debe
hacer constar la fecha desde la cual estará disponible para
comparecer.
De igual forma, la eficacia de la solicitud de
paralización quedará supeditada también a la presentación
de una carta o comunicación suscrita por el Commanding
Officer del solicitante para certificar que las tareas CC-2023-0076 15
militares que a este le han sido delegadas le impiden
comparecer a los procedimientos y que, al momento de la
comunicación, no es acreedor de una licencia especial o
permiso para interrumpir su servicio militar.
Ciertamente, si la petición cumple con los requisitos
mencionados, el foro primario no tendrá discreción para
denegar la paralización. Finalmente, la paralización no
podrá ser otorgada por un término menor a 90 días.
Por otra parte, cónsono con los criterios esbozados,
debemos mencionar que el precepto federal en cuestión provee
discreción al tribunal para que, sujeto al cumplimiento de
ciertos criterios, pueda extender la paralización de una
acción judicial o administrativa en beneficio de un miembro
del servicio militar. Al respecto, la precitada sección
3932, en su inciso (d) establece:
(d) Additional stay (1) Application A servicemember who is granted a stay of a civil action or proceeding under subsection (b) may apply for an additional stay based on continuing material affect of military duty on the servicemember's ability to appear. Such an application may be made by the servicemember at the time of the initial application under subsection (b) or when it appears that the servicemember is unavailable to prosecute or defend the action. The same information required under subsection (b)(2) shall be included in an application under this subsection. (2) Appointment of counsel when additional stay refused If the court refuses to grant an additional stay of proceedings under paragraph (1), the court shall appoint counsel to represent the servicemember in the action or proceeding. (Negrilla suplida).32
32 Íd. CC-2023-0076 16
Lo anterior significa que, la solicitud para la
extensión de una paralización decretada tiene que
fundamentarse en que no ha cesado la imposibilidad de
comparecer por los deberes que ejerce en el servicio
militar. Al mismo tiempo, su eficacia estriba en que se
presente dentro de la vigencia de la paralización original
o en el momento en que surja el impedimento, así como en que
se acompañe la petición con la misma documentación exigida
en los incisos (b)(2)(A) y (B) de la precitada sección 3932.
Finalmente, en el análisis de la totalidad del estatuto
federal, debemos mencionar que la sección 3931 posee también
la protección de la paralización aplicable a un escenario
distinto con la posibilidad de dictar sentencia en rebeldía
cuando el militar en el servicio activo no ha sido notificado
ni ha comparecido al pleito en ningún momento.33 De todas
formas, la sección 3931 en los incisos (e) y (f) excluye
expresamente el remedio de la paralización de la sección
3932 aplicable a la controversia en este caso al disponer
que:
33 La Sección 3931 establece lo siguiente sobre el remedio de la paralización: (a) Applicability of section This section applies to any civil action or proceeding, including any child custody proceeding, in which the defendant does not make an appearance. . . . . . . . . . (d) Stay of proceedings In an action covered by this section in which the defendant is in military service, the court shall grant a stay of proceedings for a minimum period of 90 days under this subsection upon application of counsel, or on the court's own motion, if the court determines that-- (1) there may be a defense to the action and a defense cannot be presented without the presence of the defendant; or (2) after due diligence, counsel has been unable to contact the defendant or otherwise determine if a meritorious defense exists. 50 USCA sec. 3931 (a) y (d). CC-2023-0076 17
(e) Inapplicability of section 3932 procedures A stay of proceedings under subsection (d) shall not be controlled by procedures or requirements under section 3932 of this title.
(f) Section 3932 protection If a servicemember who is a defendant in an action covered by this section receives actual notice of the action, the servicemember may request a stay of proceeding under section 3932 of this title.34
i. Aplicación del SCRA en procedimientos de pensión alimentaria En cuanto a la aplicación de la legislación federal en
los procedimientos de pensión alimentaria, en Shelor v.
Shelor, 383 S.E.2d 895 (Ga. 1989) el Tribunal Supremo de
Georgia sostuvo que las modificaciones temporeras de pensión
alimentaria, en general, no afectan materialmente los
derechos del militar en servicio, porque son de carácter
interlocutorio al estar sujetas a modificación.
Posteriormente, cónsono con el carácter temporero de la
orden, en Lenser v. McGowan, 191 S.W.3d 506 (Ark. 2004), el
Tribunal Supremo de Arkansas indicó que una orden de
paralización emitida al amparo del SCRA no impide que se
emita una orden temporera sobre la custodia del menor hasta
que pueda comparecer el militar en servicio.35
Por otro lado, tras la enmienda del SCRA en 2003, la
Administración para el Sustento de Menores (ASUME) emitió
34 50 USCA sec. 3931 (e) y (f).
35Shelor v. Shelor, 383 S.E.2d 895 (Ga. 1989); Lenser v. McGowan, 191 S.W.3d 506 (Ark. 2004)(“The circuit court has jurisdiction to consider matters such as support, custody, and other similar matters that arise during the course of the stay.”). Véase, también, M. E. Sullivan, A Judge´s Guide to the Servicemembers Civil Relief Act, https://www.nclamp.gov/media/425665/jdg-guide.pdf (última visita, 10 de diciembre de 2024). CC-2023-0076 18
una Orden Administrativa en la que, entre otras cosas,
explicó y discutió las mejores prácticas sobre la aplicación
de la nueva legislación federal y en lo pertinente,
puntualizó lo siguiente sobre los alimentos:
5. Paralización Automátic[a]. La nueva ley ordena una paralización automática de por lo menos 90 días a petición del militar. La aplicación de la paralización debe incluir: a) una carta u otra comunicación declarando como las obligaciones militares presentes afectan la habilidad del militar para comparecer y declarar una fecha en que el militar estará disponible para comparecer y b) una carta u otra comunicación del comandante declarando que las obligaciones militares actuales del militar impiden su comparecencia y que el permiso militar para ausentarse no está autorizado para el militar al momento de la carta. Ver § 522(b)(2) […]. . . . . . . 10. Alimentos. En muchos casos, la paga de un progenitor puede aumentar o reducirse dramáticamente como resultado de la activación […]. La paga militar incluye pagas especiales libre de impuestos y mesadas que son incluidas en el ingreso bruto […]. Dineros ganados en zona de combate son libres de impuesto. Muchos tribunales han acordado expeditar las vistas para militares desplegados o entrar órdenes interinas hasta tal tiempo en que ellos comparezcan. Si no existe una orden o acuerdo de alimentos, la Marina o la Infantería de Marina tienen sus propias guías recomendadas de alimentos […]. (Negrilla suplida). 36
III La controversia ante nuestra consideración es sobre
una orden de paralización emitida por el foro primario
durante los procedimientos relacionados con una pensión
alimentaria a solicitud de un militar en el servicio activo
36OA-2004-04 Cumplimiento con los requisitos del Servicemembers Civil Relief Act of 2003. CC-2023-0076 19
al amparo de lo establecido en la sección 3932 del
Servicemembers Civil Relief Act, 50 USCA sec. 3901 et seq.
Veamos.
La peticionaria plantea que el Tribunal de Primera
Instancia erró al ordenar la paralización sin fijar una
pensión provisional a sabiendas de que la pensión fijada
originalmente por el estado de Virginia cesó en mayo de 2022
cuando la menor advino los 18 años y tuvo el efecto de
dejarla desprovista de alimentos durante el servicio militar
del recurrido.37 Así, alega que abusó de su discreción ante
el alto interés público que poseen los alimentos de un
menor.38 De otra parte, aduce que el Tribunal de Apelaciones
y el foro primario fallaron al no considerar que el recurrido
ha tenido representación legal todo el tiempo y su habilidad
de conducir su defensa no se ha visto afectada materialmente
por el servicio militar. Más aún, cuando la peticionaria
entiende que la evidencia a presentarse en el trámite
procesal no requeriría de su presencia.39
Por su parte, el recurrido arguye que solicitó la
paralización al amparo de la sección 3932 del Servicemembers
Civil Relief Act, supra, y cumplió con la presentación de
la documentación requerida en el estatuto. Conforme a ello,
plantea que el foro primario en el ejercicio de su discreción
37 Recurso de certiorari, págs. 2-3.
38 Recurso de certiorari, pág. 23.
39 Recurso de certiorari, págs. 19-20. CC-2023-0076 20
no lo relevó del pago de la pensión alimentaria. Así, asevera
que el referido foro estableció una pensión provisional a
favor de la menor que eventualmente será atendida en una
vista de pensión final. Afirmó que continúa pagando la
pensión según fue implementada en el estado de Virginia y
resaltó que no posee ningún retraso en el pago.40
De entrada, según surge de los autos del caso, como
hecho incontrovertido, el recurrido se encuentra en el
servicio activo de la Marina de los Estados Unidos fuera de
la jurisdicción del tribunal. Por ello, está protegido por
el Servicemembers Civil Relief Act, supra, y tiene derecho
a beneficiarse de los remedios que provee el estatuto como
lo es la paralización. Un remedio que, según mencionamos,
se fundamenta en evitar que se vean afectados de manera
adversa los derechos civiles de los miembros de las fuerzas
armadas mientras prestan sus servicios en favor de los
Estados Unidos.
En virtud de lo discutido en el segundo acápite sobre
el estatuto federal y la sección 3932 aplicable al caso,
debemos resaltar que la peticionaria presenta un análisis
parcialmente incorrecto del derecho aplicable en base a los
criterios que otorgaban discreción al tribunal al
fundamentar su reclamo en la interpretación que se realizaba
antes de la enmienda al estatuto federal en el 2003. Según
40 Conforme a esto, el recurrido citó que existe un principio naval establecido [32 CFR sec. 733.3 – Information and policy on support of dependents] por el que continuará pagando su obligación alimentaria hasta que el foro primario disponga de forma distinta. CC-2023-0076 21
la disposición federal enmendada, la protección de la
paralización que provee el SCRA en la sección 3932 es de
carácter mandatorio tras el cumplimiento de los requisitos
presentados.
La paralización al amparo de la sección 3932 del
Servicemembers Civil Relief Act, supra,41 aplicable en este
caso, primeramente, requiere que el solicitante se encuentre
activo en el servicio militar o durante los 90 días siguientes
a la fecha de terminación de sus funciones. Además, el militar
en el servicio debe ser notificado sobre la causa de acción
o el procedimiento y solicitar el remedio de la paralización.
Después de cumplir con lo anterior, al Tribunal de Primera
Instancia le correspondía examinar el cumplimiento de la
presentación de los documentos y la información requerida
en la sección 3932, a saber: (A) Una carta o comunicación
que acredite la imposibilidad del solicitante para
comparecer a los trámites judiciales o administrativos al
establecer la forma en que las responsabilidades que ejerce
en el servicio militar afectan materialmente su capacidad
de comparecer, y además, hacer constar la fecha desde la
cual estará disponible para comparecer. (B) Una carta o
comunicación suscrita por el Commanding Officer del
solicitante en la que certifique que las tareas militares
delegadas le impiden comparecer a los procedimientos y que,
al momento de la comunicación, no es acreedor de una licencia
41 50 USCA sec. 3932. CC-2023-0076 22
especial o permiso para interrumpir su servicio militar.
Claramente, tras cumplir con los requerimientos mencionados,
procedía la orden de la paralización de forma mandatoria
como lo ordenó el foro primario.
Ahora bien, en este caso, el Tribunal de Primera
Instancia ordenó la paralización de los procedimientos sobre
la reclamación de pensión alimentaria de la peticionaria.
Una determinación fundamentada en el cumplimiento de los
requisitos de la sección 3932 del SCRA por parte del
recurrido. Así, después de ordenar la paralización, el
12 de septiembre de 2022, el foro primario denegó una moción
de reconsideración presentada por la peticionaria a través
de una resolución en la que reiteró que mantenía la
paralización, y puntualizó que el tribunal no había relevado
al recurrido del pago de la pensión alimentaria impuesta por
el estado de Virginia.42
Particularmente, en cuanto a la aplicación de la
paralización como un remedio en los casos de familia,
debemos resaltar que las secciones discutidas expresamente
establecen que serán aplicables en toda acción civil hasta
en los casos de custodia y conforme a ello, en la
jurisprudencia esbozada se observa la aplicación a los
distintos procedimientos que incluyen los casos de familia.
Más aún, cuando se ha determinado que el carácter
interlocutorio de las modificaciones temporeras en los casos
42 Apéndice de Recurso de certiorari, pág. 67. CC-2023-0076 23
de familia no afecta los derechos del militar en servicio.
Tras evaluar la totalidad de la legislación federal y
al considerar el carácter mandatorio de la paralización como
resultado del cumplimiento de los requisitos, concluimos que
el foro primario actuó correctamente al no relevar al
recurrido del pago de la pensión alimentaria con el efecto
de implementar una orden de pensión provisional durante la
orden de paralización emitida con el fin de mantener el
“status quo”. Una actuación que es cónsona con las
interpretaciones realizadas que resaltan que el carácter
interlocutorio de una orden no es contrario al
Servicemembers Civil Relief Act, supra.
Finalmente, los foros primarios no pueden ignorar que,
en los casos de los alimentos de un menor, tras llevar a
cabo un balance de intereses, deberán considerar y evitar
que el menor quede desprovisto de su derecho a una pensión
alimentaria. En el caso de autos, el Tribunal de Primera
Instancia no relevó del pago de pensión al recurrido, lo que
tiene el efecto de acoger la pensión establecida como una
pensión provisional que, posteriormente será evaluada y
considerada en el momento en que se levante la
paralización.43 Así, somos del criterio de que el Tribunal
de Apelaciones actuó correctamente al confirmar la
determinación del foro primario.
43Véase Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 12 de septiembre de 2022. Apéndice de Recurso de certiorari, pág. 67. CC-2023-0076 24
IV
Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la
Resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones y
devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para que
continúe los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos antes expuestos en la Opinión que antecede la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se confirma la Resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúe los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada Rivera Pérez no interviene.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez Secretario del Tribunal Supremo