Rivera Medina, Evaliz v. B&K Auto Corp
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Opinion
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL IV
EVALIZ RIVERA REVISIÓN MEDINA y NITZA procedente del LÓPEZ AVILÉS Departamento de Asuntos del Recurrente Consumidor KLRA202400067 v. Caso Núm: SAN-2023-0012541 B & K AUTO CORP.; ANIBAL Sobre: BALBUENA; Compra Venta de PENTAGON Vehículo de Motor FEDERAL CREDIT UNION
Recurrido
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.
Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2024.
Mediante Recurso de Revisión Administrativa, acompañado de
una Solicitud y Declaración para que se Exima de Pago el Arancel por
Razón de Indigencia1, comparece ante este Foro, por derecho propio,
la señora Evaliz Rivera Medina (señora Rivera Medina o recurrente).
Aunque en su escrito no hace referencia específica a la
determinación administrativa que procura revisemos, entendemos
que solicita la revisión de la Resolución dictada por el Departamento
de Asuntos del Consumidor (DACo), el 15 de septiembre de 2023,
notificada el 27 del mismo mes y año. Por medio de dicha Resolución,
el DACo declaró Ha Lugar la querella presentada por la señora
Rivera Medina en contra de la parte coquerellada, B&K Auto, Corp.2
1 Se declara ha lugar dicha petición. 2 Asimismo, desestimó la querella de epígrafe presentada en contra de la parte
coquerellada, Pentagon Federal Credit Union.
Número Identificador SEN2024 ______________ KLRA202400067 Página 2 de 5
Hemos analizado el expediente cuidadosamente y, debido a
que el recurso de revisión judicial se presentó tardíamente, procede
su desestimación por falta de jurisdicción.
I.
A.
Es norma trillada de derecho que las partes -incluso los que
comparecen por derecho propio- tienen el deber de cumplir fielmente
las normas para el perfeccionamiento de los recursos ante este foro
apelativo. Es decir, estos deben observar rigurosamente las
disposiciones reglamentarias establecidas para la forma, contenido,
presentación y notificación de los escritos. Hernández Jiménez, et
als. v. AEE, 194 DPR 378, 382-383 (2015). Ello, ante la necesidad
de colocar a los tribunales apelativos en posición de decidir
correctamente los casos, con el beneficio de un expediente completo
que permita conocer claramente la controversia que tiene ante sí.
Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013).
De no observarse las disposiciones reglamentarias sobre el
perfeccionamiento, nuestro ordenamiento autoriza la desestimación
del recurso. Véase, Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR
281, 290 (2011). Claro está, ante la severidad de esta sanción,
nuestro Tribunal Supremo exige que nos aseguremos que el
quebrantamiento de dichos postulados haya provocado un
impedimento real y meritorio para que podamos considerar el caso
en los méritos. Por lo tanto, solo si se cumple con dicho parámetro
procederá la desestimación. Román et als. v. Román et als., 158 DPR
163, 167 (2002).
B.
Como es sabido, los tribunales deben ser guardianes celosos
de la jurisdicción, la cual se define como “el poder o autoridad con
el que cuenta un tribunal para considerar y decidir los casos y
controversias ante su consideración”. Metro Senior v. AFV, 209 DPR KLRA202400067 Página 3 de 5
203 (2022); Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., 204 DPR 89, 101
(2020). Las cuestiones de jurisdicción deben ser resueltas con
preferencia, toda vez que la falta de esta no es susceptible de ser
subsanada. El foro judicial carece de discreción para asumir
jurisdicción donde no la hay, por lo que, si un tribunal se percata
que no la tiene, debe así declararlo y desestimar el caso. Ruiz Camilo
v. Trafon Group Inc., 200 DPR 254, 268 (2018); Hernández Colón v.
Policía de Puerto Rico, 177 DPR 121, 135 (2009); S.L.G. Szendrey-
Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007).
En lo concerniente al caso de autos, la Sección 4.2 de la Ley
Núm. 38-2017, conocida como la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (en adelante,
LPAU), 3 LPRA sec. 9672, autoriza que se solicite la revisión judicial
de decisiones administrativas. En esta Ley se establece el término
jurisdiccional que tiene una parte afectada para instar un recurso
de esta índole:
Una parte adversamente afectada por una orden o resolución final de una agencia y que haya agotado todos los remedios provistos por la agencia o por el organismo administrativo apelativo correspondiente podrá presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o resolución final de la agencia o a partir de la fecha aplicable de las dispuestas en la sec. 9655 de este título, cuando el término para solicitar la revisión judicial haya sido interrumpido mediante la presentación oportuna de una moción de reconsideración.
A su vez, la sección 9655 dispone que:
La parte adversamente afectada por una resolución u orden parcial o final podrá, dentro del término de veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos de la notificación de la resolución u orden, presentar una moción de reconsideración de la resolución u orden. La agencia dentro de los quince (15) días de haberse presentado dicha moción deberá considerarla. Si la rechazare de plano o no actuare dentro de los quince (15) días, el término para solicitar revisión comenzará a correr nuevamente desde que se notifique dicha denegatoria o desde que expiren esos quince (15) días, según sea el caso. […] 3 LPRA sec. 9655. KLRA202400067 Página 4 de 5
A su vez, la Regla 57 del Reglamento del Tribunal de
Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57, establece un término
jurisdiccional de 30 días para presentar el escrito inicial de revisión
judicial ante la Secretaría del Tribunal de Apelaciones. El
mencionado término comienza a transcurrir desde el archivo en
autos de copia de la notificación de la resolución final de la agencia
administrativa.
Así, un recurso presentado pasado el término provisto para
recurrir se conoce como un “recurso tardío”. Yumac Home v.
Empresas Masso, 194 DPR 96, 107 (2015). Un recurso tardío priva
de jurisdicción al tribunal al cual se recurre e igualmente priva a la
parte de presentarlo nuevamente, ante ese mismo foro, o ante
cualquier otro. Íd.; Torres Martínez v. Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008).
En armonía con lo anterior, la Regla 83(B)(1) y (C) del Reglamento
del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 83(B)(1) y (C), nos faculta, por
iniciativa propia o a la solicitud de parte, a desestimar un recurso
cuando carecemos de jurisdicción para atenderlo.
II.
En la presente causa, la recurrente instó el recurso que nos
ocupa el 8 de febrero de 2024. La notificación de la Resolución que
impugna ocurrió el 27 de septiembre de 2023.
Según expuesto, las resoluciones finales dictadas por las
agencias administrativas pueden ser revisables por este Foro
mediante la presentación de un recurso dentro de los 30 días
siguientes a la fecha en que esta fue notificada. Dicho término es de
carácter jurisdiccional.
En este caso, desde el 28 de septiembre de 2023 comenzó a
transcurrir el término aplicable para solicitar la revisión de la
decisión concernida. Ante ello, es claro que la recurrente tenía hasta
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