Ramírez Sainz v. Cabanillas
Opinion
La Jueza Asociada Señora Fiol Matta
emitió la opinión del Tribunal.
Los nuevos caracteres del marco social en el que se desarrollan las relaciones privadas internacionales, como consecuencia de fenómenos como el creciente alcance global de las actividades empresariales y de los medios de comunicación así como las características de las migraciones actuales, condicionan los presupuestos del Derecho Internacional Privado y hacen aconsejable revisar el contenido y aplicación de sus normas. P.A. De Miguel Asencio, El Derecho internacional privado ante la globalización, Madrid, Anuario Español de Derecho Internacional Privado, T. 1, 2001, pág. 37.
[4] Debemos decidir si incorporamos a nuestro ordenamiento jurídico procesal la doctrina del common law de forum non conveniens. Si lo hacemos, tenemos entonces que resolver si de acuerdo a dicha doctrina, una controversia sobre servicios profesionales de abogado, que surge de un contrato suscrito en República Dominicana por un abogado domiciliado de ese país y un ciudadano estadounidense domiciliado en Puerto Rico, y que trata sobre un inmueble sito en la República Dominicana, debe ser litigada en los tribunales de Puerto Rico o en los de la isla vecina.
I
El 11 de agosto de 1995 el Ledo. Fernando Ramírez Sainz y el Sr. Alexander Cabanillas Tere suscribieron un contrato de servicios profesionales cuota litis y un poder general, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán.
[5] No fue posible cobrar la deuda en activos líquidos, por cuya razón se ejecutó la propiedad que la garantizaba y, a través de dicha gestión profesional, el abogado obtuvo el certificado de título de la propiedad en controversia a favor del cliente. Una vez entendió que había completado su obligación, el licenciado Ramírez Sainz envió al señor Cabanillas Tere, mediante carta de 10 de octubre de 1997, un “estado de cuenta” que reclamaba el pago de $38,400 por honorarios de abogado más $3,257.26 por gastos para un total de $41,657.26. El 14 de octubre de 1997 el señor Cabanillas Tere contestó la misiva enviada por el letrado, aceptando la deuda. Además propuso pagarle $1,500 mensuales en lo que restaba de 1997, ya que luego podría “aligerar el pago”.
El señor Cabanillas Tere realizó varios pagos parciales para satisfacer la suma adeudada.
[6] Al no recibir respuesta, el 12 de agosto de 1999 el licenciado Ramírez Sainz presentó una demanda sobre cobro de dinero contra el señor Cabanillas Tere, su esposa fulana de tal y la sociedad de bienes gananciales compuesta por ambos, en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.
Posteriormente, el licenciado Ramírez Sainz solicitó que se dictara sentencia sumaria a su favor. Alegó que el señor Cabanillas Tere había reconocido la deuda. Además, indicó que no había controversia real sustancial en cuanto a que él había cumplido con su obligación contractual de cobrar la acreencia del demandado. Unió a su moción un certificado de título expedido por el Registro de Títulos de la República Dominicana, en el que aparece la propiedad inscrita a nombre del demandado, y una certificación del Tribunal de Tierras de República Dominicana, de la cual surge que el terreno está registrado a nombre del señor Cabanillas Tere.
El demandado se opuso a la solicitud de sentencia sumaria y señaló que la inscripción de la propiedad se había impugnado ante el Tribunal de Tierras de la República Dominicana, debido a que el abogado no había realizado su gestión adecuadamente. Por lo tanto, subsistía una controversia en torno a los servicios profesionales prestados por [7] el demandante, es decir, sobre el cumplimiento de la obligación contractual por parte del licenciado Ramírez Sainz. Junto a la moción en oposición se sometió una carta suscrita por el Sr. M.A. Báez Brito, dirigida a los jueces del Tribunal de Tierras, en la cual se impugna la inscripción de la propiedad a favor del señor Cabanillas Tere.
Luego de celebrar una vista, el Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de sentencia sumaria y ordenó la paralización de los procedimientos hasta tanto el Tribunal de Tierras de la República Dominicana emitiera una determinación con respecto a la impugnación de la inscripción de la propiedad. El licenciado Ramírez Sainz acudió, mediante recurso de certiorari, al Tribunal de Apelaciones, quién expidió el auto y modificó la resolución del tribunal de instancia. Confirmó la determinación de denegar la solicitud de sentencia sumaria, pero revocó lo referente a la paralización de los procedimientos.
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La Jueza Asociada Señora Fiol Matta
emitió la opinión del Tribunal.
Los nuevos caracteres del marco social en el que se desarrollan las relaciones privadas internacionales, como consecuencia de fenómenos como el creciente alcance global de las actividades empresariales y de los medios de comunicación así como las características de las migraciones actuales, condicionan los presupuestos del Derecho Internacional Privado y hacen aconsejable revisar el contenido y aplicación de sus normas. P.A. De Miguel Asencio, El Derecho internacional privado ante la globalización, Madrid, Anuario Español de Derecho Internacional Privado, T. 1, 2001, pág. 37.
[4] Debemos decidir si incorporamos a nuestro ordenamiento jurídico procesal la doctrina del common law de forum non conveniens. Si lo hacemos, tenemos entonces que resolver si de acuerdo a dicha doctrina, una controversia sobre servicios profesionales de abogado, que surge de un contrato suscrito en República Dominicana por un abogado domiciliado de ese país y un ciudadano estadounidense domiciliado en Puerto Rico, y que trata sobre un inmueble sito en la República Dominicana, debe ser litigada en los tribunales de Puerto Rico o en los de la isla vecina.
I
El 11 de agosto de 1995 el Ledo. Fernando Ramírez Sainz y el Sr. Alexander Cabanillas Tere suscribieron un contrato de servicios profesionales cuota litis y un poder general, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán.
[5] No fue posible cobrar la deuda en activos líquidos, por cuya razón se ejecutó la propiedad que la garantizaba y, a través de dicha gestión profesional, el abogado obtuvo el certificado de título de la propiedad en controversia a favor del cliente. Una vez entendió que había completado su obligación, el licenciado Ramírez Sainz envió al señor Cabanillas Tere, mediante carta de 10 de octubre de 1997, un “estado de cuenta” que reclamaba el pago de $38,400 por honorarios de abogado más $3,257.26 por gastos para un total de $41,657.26. El 14 de octubre de 1997 el señor Cabanillas Tere contestó la misiva enviada por el letrado, aceptando la deuda. Además propuso pagarle $1,500 mensuales en lo que restaba de 1997, ya que luego podría “aligerar el pago”.
El señor Cabanillas Tere realizó varios pagos parciales para satisfacer la suma adeudada.
[6] Al no recibir respuesta, el 12 de agosto de 1999 el licenciado Ramírez Sainz presentó una demanda sobre cobro de dinero contra el señor Cabanillas Tere, su esposa fulana de tal y la sociedad de bienes gananciales compuesta por ambos, en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.
Posteriormente, el licenciado Ramírez Sainz solicitó que se dictara sentencia sumaria a su favor. Alegó que el señor Cabanillas Tere había reconocido la deuda. Además, indicó que no había controversia real sustancial en cuanto a que él había cumplido con su obligación contractual de cobrar la acreencia del demandado. Unió a su moción un certificado de título expedido por el Registro de Títulos de la República Dominicana, en el que aparece la propiedad inscrita a nombre del demandado, y una certificación del Tribunal de Tierras de República Dominicana, de la cual surge que el terreno está registrado a nombre del señor Cabanillas Tere.
El demandado se opuso a la solicitud de sentencia sumaria y señaló que la inscripción de la propiedad se había impugnado ante el Tribunal de Tierras de la República Dominicana, debido a que el abogado no había realizado su gestión adecuadamente. Por lo tanto, subsistía una controversia en torno a los servicios profesionales prestados por [7] el demandante, es decir, sobre el cumplimiento de la obligación contractual por parte del licenciado Ramírez Sainz. Junto a la moción en oposición se sometió una carta suscrita por el Sr. M.A. Báez Brito, dirigida a los jueces del Tribunal de Tierras, en la cual se impugna la inscripción de la propiedad a favor del señor Cabanillas Tere.
Luego de celebrar una vista, el Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de sentencia sumaria y ordenó la paralización de los procedimientos hasta tanto el Tribunal de Tierras de la República Dominicana emitiera una determinación con respecto a la impugnación de la inscripción de la propiedad. El licenciado Ramírez Sainz acudió, mediante recurso de certiorari, al Tribunal de Apelaciones, quién expidió el auto y modificó la resolución del tribunal de instancia. Confirmó la determinación de denegar la solicitud de sentencia sumaria, pero revocó lo referente a la paralización de los procedimientos.
Una vez devuelto el caso al tribunal de instancia, el licenciado Ramírez Sainz presentó una nueva moción de sentencia sumaria. En ésta alegó que el Tribunal de Tierras había resuelto la impugnación de la inscripción de manera favorable al señor Cabanillas Tere y presentó documentos acreditativos de que el proceso seguido en la República Dominicana había concluido. El demandado se opuso a la solicitud de sentencia sumaria alegando que no se había demostrado que la resolución del Tribunal de Tierras fuese firme. Adujo, además, que la suma adeudada arm no estaba determinada puesto que existía controversia sobre el valor del predio ejecutado, treinta por ciento del cual representaba los honorarios por satisfacer.
Con el propósito de aclarar el valor del inmueble ejecutado, el licenciado Ramírez Sainz sometió una evaluación preparada por un tasador certificado de la República Dominicana. El señor Cabanillas Tere se opuso a dicho informe, por lo que ambas partes acordaron y aceptaron realizar una nueva tasación, por otro profesional, sobre la cual [8] se establecerían los honorarios que estaba obligado a satisfacer el demandado. El Ing. Fabio García Molina realizó la segunda tasación y concluyó que la propiedad tenía, para 1997, un valor de $152,000.
El demandante enmendó entonces su solicitud de sentencia sumaria, a lo cual respondió el señor Cabanillas Tere alegando que se había presentado una segunda impugnación de inscripción del predio en los tribunales dominicanos, por lo cual la controversia continuaba. Además, solicitó la desestimación de la demanda fundamentándose en la doctrina de forum non conveniens. El 17 de marzo de 2004 el Tribunal de Primera Instancia declaró “con lugar” la segunda solicitud de sentencia sumaria, promovida por el licenciado Ramírez Sainz y ordenó al señor Cabanillas Tere pagar $41,107.26,
[9] El señor Cabanillas Tere recurrió al Tribunal de Apelaciones. Entre otros asuntos, adujo que la demanda debía desestimarse, fundamentándose en la doctrina de forum non conveniens, por ser los tribunales de la República Dominicana los más apropiados o convenientes para atender esta controversia. Al respecto, afirmó que durante el proceso surgieron varias situaciones en la isla vecina que son esenciales a la solución de la controversia trabada en los tribunales puertorriqueños. La última de éstas consiste en que, alegadamente, los trabajos de deslinde llevados a cabo por el agrimensor contratado por el licenciado Ramírez Sainz se ejecutaron ilegal e inapropiadamente.
El Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia sumaria dictada por el tribunal de instancia y le ordenó determinar si es el foro más apropiado para resolver el litigio o si el foro más conveniente en este caso resulta ser un tribunal de la República Dominicana. Si concluyera el Tribunal de Primera Instancia que efectivamente es el foro más apropiado, el tribunal intermedio apelativo le ordenó dilucidar la controversia en una vista plenaria.
[10] Inconforme con la decisión del Tribunal de Apelaciones, el licenciado Ramírez Sainz recurre y plantea que ese foro erró al determinar que convenía auscultar la aplicabilidad de la doctrina de forum non conveniens, variando con ello la ley del caso. El demandado expone, además, que los documentos en los cuales se fundamentó el tribunal apelativo para concluir que había controversia sobre hechos esenciales, no fueron presentados ante el Tribunal de Primera Instancia.
II
En Puerto Rico la doctrina de forum non conveniens no ha sido objeto de atención detenida. No hay legislación al respecto y el único caso en el que se menciona es Marrero Reyes v. García Ramírez, 105 D.P.R. 90 (1976), que trataba sobre una petición de custodia que presentó la madre de una menor que vivía con los abuelos en el extranjero. Allí expresamos, primeramente, que “[l]os tribunales debemos sopesar diversos factores para determinar si, aun gozando de jurisdicción, debemos abstenernos de ejercerla,” para luego indicar “que es enteramente posible que ciertos factores inviten a invocar la doctrina de forum non conveniens, pero que el peso de otros aconsejen el ejercicio de jurisdicción”.
A. El derecho internacional privado es la disciplina que estudia y explica las leyes que aplican a una controversia entre personas de ciudadanía o domicilio diferente, o, en general, a casos vinculados a más de un Estado
[12] En Puerto Rico las normas de derecho internacional privado son pocas y están dispersas, en forma fragmentada, en varias leyes.
Cuando ante un tribunal se presenta una controversia con elementos de extranjería se debe, en primer lugar, examinar si se tiene jurisdicción y competencia, tanto sobre la materia, como sobre las personas. En los países con tradición de common law este dilema se ha atendido adoptando los llamados long arm statutes, o estatutos que permiten extender la jurisdicción personal sobre quienes hacen gestiones de negocios desde otro Estado. De esa forma, es más fácil adquirir jurisdicción sobre una controversia aun cuando no hayan contactos sustanciales con el foro judicial donde se presenta.
[13] El análisis, sin embargo, no concluye con la determinación de jurisdicción y competencia.
Aunque no se reconoce el origen exacto de la doctrina de derecho internacional privado del forum non conveniens, la mayoría de los especialistas la sitúan en la figura del forum non competens utilizada en Escocia en el siglo 18,
En Longworth v. Hope,
Durante el siglo 20, la doctrina de forum non conveniens ganó aceptación en los sistemas judiciales que pertenecen a la tradición del common law, es decir, Inglaterra, Canadá, Australia, Nueva Zelandia y Estados Unidos.
En Inglaterra, luego de muchos años de resistencia, los tribunales reconocieron la doctrina escocesa en Logan v. Bank of Scotland, [1906] 1 K.B. 141(CA), y la reiteraron en St. Pierre v. South American Stores (Goth & Chavez), Ltd., [1936] 1 K.B. 382(CA).
Según el análisis de Spiliada Maritime Corp. v. Cansulex Ltd., denominado “foro claramente más apropiado”, cuando se trata de un demandado que se encuentra dentro de la jurisdicción, y por lo tanto tiene derecho a ser emplazado personalmente, éste debe probar prima facie que existe un foro alternativo que es claramente más apropiado que el doméstico y más conveniente a los intereses de las partes y a los fines de la justicia.
Al igual que en Inglaterra, la doctrina de forum non conveniens ha estado presente desde principios del siglo 20 en las provincias y territorios canadienses que pertenecen a la tradición del common law y en el sistema federal de Canadá. Aunque los tribunales no siempre fueron consecuentes, cuando los demandados se encontraban dentro de la jurisdicción se utilizaba, como regla general, el estándar tradicional del “proceso abusivo, opresivo y vejatorio”
Entre 1976 y 1993, el Tribunal Supremo de Canadá adoptó, con algunas variaciones, la doctrina de forum non conveniens anunciada por la Cámara de los Lores inglesa en Spiliada Maritime Corp. v. Cansulez Ltd., supra.
En Australia, el Tribunal Supremo incorporó por primera vez los principios de la doctrina de forum non conveniens en Maritime Ins. Co. Ltd. v. Geelong Harbor Trust, 6 C.L.R. 194 (1908).
B. En Estados Unidos encontramos evidencia, principalmente en casos sobre almirantazgo, de que desde principios del siglo 19 algunos tribunales podían rehusarse a ejercer su jurisdicción sobre partes no residentes, cuando las partes y la controversia no tenían relación con el foro.
Así las cosas, en 1929, Plaxton Blair publicó su investi[20] gación sobre el principio de forum non conveniens y su lugar en el derecho común angloamericano.
Al próximo año, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se enfrentó nuevamente a esta figura en Gulf Oil Corp. v. Gilbert, 330 U.S. 501 (1947), y adoptó expresa y firmemente la doctrina de forum non conveniens para casos civiles en los tribunales federales. En una reclamación por daños sufridos en el estado de Virginia, el demandante, residente de Virginia, reclamó en el tribunal de distrito de Nueva York. El demandado, una Corporación organizada al amparo de las leyes de Pennsylvania y autorizada a hacer negocios tanto en Virginia como en Nueva York, invocó [21] la doctrina de forum non conveniens alegando que el foro más apropiado era Virginia. Al desestimar el caso, sin perjuicio de que se presentara en el tribunal distrital de Virginia, el Tribunal Supremo de Estados Unidos adoptó ciertos criterios para guiar la aplicación de la doctrina de forum non conveniens. Resolvió, que antes de considerar la procedencia de una solicitud de esta naturaleza, los tribunales deben establecer su jurisdicción y competencia, para luego determinar que existe al menos otro foro con jurisdicción sobre los demandados. Por consiguiente, es un requisito de umbral asegurar que hay un foro alternativo disponible.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos también estableció ciertos factores privados y públicos que se deben sopesar al considerar una petición de esta naturaleza. Entre los privados incluyó el lugar donde residen los testigos y la disponibilidad de recursos para obligarlos a comparecer a juicio, el acceso a las fuentes de prueba, la posibilidad de realizar una inspección ocular si ésta resulta necesaria y la [22] posibilidad de poder ejecutar la sentencia.
El mismo día en que resolvió Gulf Oil Corp. v. Gilbert, supra, el Tribunal Supremo de Estados Unidos también decidió Koster v. Lumbermens Mutual Co., 330 U.S. 518 (1947). Éste trataba sobre una demanda derivativa que presentó un accionista residente de Nueva York contra una corporación incorporada en Illinois que estaba autorizada a hacer negocios en todos los estados, entre los cuales estaba el estado donde residía el demandante. En este caso, el Tribunal Supremo de Estados Unidos indicó que no se debía privar a la parte reclamante de las ventajas de la jurisdicción del estado donde reside, salvo que el demandado demuestre claramente que: (1) la selección del foro les resulta opresiva y vejatoria en un grado proporcionalmente mayor a las ventajas que representa dicho foro para el demandante o, más bien, que las ventajas que obtiene el demandante de litigar en el foro doméstico son pocas o inexistentes en comparación con las inconveniencias cau[23] sadas al demandado, o (2) el foro seleccionado es inapropiado debido a problemas administrativos y legales.
Como podemos observar, estos dos casos en los cuales el Tribunal Supremo de Estados Unidos sentó las bases de la doctrina de forum non conveniens, establecieron normas para el traslado de casos entre tribunales de distrito federales. Incluso, en Gulf Oil Corp. v. Gilbert, supra, pág. 507, el Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció que algunos estados habían adoptado normas de traslado basadas en la conveniencia de los testigos y los fines de la justicia, mientras que los tribunales federales de distrito no tenían el beneficio de un enunciado similar para guiar la posibilidad de traslados entre distritos. Un año después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolviera Gulf Oil y Roster, supra, el Congreso legisló para solucionar las controversias sobre foro apropiado en el ámbito federal. La Sección 1404(a) del Título 28 autoriza a los tribunales federales a transferir los casos de un distrito a otro luego de un análisis similar al de Gulf Oil.
Transcurrieron más de treinta años antes de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos extendiera la norma de forum non conveniens a casos internacionales presentados en los tribunales federales por diversidad de ciudadanía. Piper Aircraft Co. v. Reyno, 454 U.S. 235, 257 (1981). Al hacerlo, adoptó un criterio diametralmente contrario al de los casos domésticos, al resolver que para determinar la conveniencia del traslado a un tribunal fuera de la jurisdicción estadounidense se debe dar poco peso a la posibili[24] dad de que el demandante se afecte de manera desfavorable por razón del derecho aplicable en el foro alternativo.
[25] C. La doctrina de forum non conveniens adoptada en los Estados del common law no tiene un equivalente directo en la tradición romano germánica. Tradicionalmente, en los sistemas civilistas, una vez se determina que el tribunal tiene jurisdicción para entender en la controversia, los jueces no tienen discreción para negarse a resolver una causa, salvo que se trate de una situación de litispendencia.
Alemania, Grecia, Suiza y Japón se encuentran entre los países civilistas que han adoptado reglas de circunstancias especiales. Los mecanismos que utilizan algunos sistemas civilistas para justificar el no ejercer su jurisdicción o para denegarla, son similares a la doctrina de forum non conveniens.
Por su similitud a nuestro sistema de derecho, resulta apropiado examinar más detenidamente lo sucedido en las jurisdicciones de tradición mixta de Quebec, en Canadá y el estado de Louisiana. Al hacerlo, encontramos que éstas no han sido tan renuentes a incorporar instituciones similares al forum non conveniens, si bien para lograrlo optaron por la vía legislativa.
En Quebec, el tribunal de apelaciones rechazó la doctrina de forum non conveniens en Alberman v. Solomon, [1986] R.D.J. 385(CA). Pocos años después, en 1994, se introdujo una versión legislativa de la doctrina, mediante enmienda al Libro de Derecho Internacional Privado del Código Civil. Conforme a esto, el Artículo 3135 del Código Civil de Quebec dispone:
Even though a Quebec authority has jurisdiction to hear a dispute, it may exceptionally and on application by a party, decline jurisdiction if it considers that the authorities of another country are in a better position to decide.
En esta provincia canadiense, a diferencia de las de tradición anglosajona, se exige que los tribunales decidan primero si tienen jurisdicción, antes de considerar la posibilidad de declinar su ejercicio por las razones expuestas en la norma citada. A pesar de que la jurisprudencia quebequense no ha analizado con profundidad el significado del concepto de “exceptionally” incluido en esta disposición, especialistas en la materia han afirmado que la autoridad de los jueces para remitir una demanda a un país extranjero [28] responde a un criterio intermedio, entre el estricto de la tradición civilista y el discrecional del common law.
El desarrollo de la doctrina de forum non conveniens en el estado de Louisiana, que toma su derecho procesal del common law y su derecho privado de la tradición romano germánica, también desembocó en intervención legislativa. Durante el transcurso del siglo 20, el Tribunal Supremo de Louisiana miró esta doctrina con ambivalencia. En algunas opiniones indicó que no la aplicaría porque no era apropiada en una jurisdicción de origen civilista.
D. El debate internacional sobre la doctrina de forum non conveniens entre los países de la tradición romano germánica y los de common law ha sido tan intenso que durante las discusiones iniciadas en 1994 para lograr un acuerdo internacional sobre competencia judicial con el auspicio de la Conferencia de la Haya de Derecho Interna[29] cional Privado,
No obstante, el borrador para un convenio sobre competencia judicial es ilustrativo de un modelo pensado y estudiado con profundidad por especialistas provenientes de distintas tradiciones jurídicas.
[30] El postulado armonizador propuesto por la Conferencia de la Haya enumera ilustrativamente irnos factores privados que se deben tomar en cuenta para determinar si el foro inicial es claramente inapropiado y si el foro alternativo es claramente apropiado.
Otro esfuerzo de uniformar la aplicación de la figura de forum non conveniens la encontramos en los trabajos del Consejo del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT). En el 2004 UNIDROIT adoptó unos principios de procedimiento civil transnacional preparados por el American Law Institute y por un grupo seleccionado de UNIDROIT. En lo que nos concierne, UNIDROIT adopta un principio similar al proyecto de la Convención de la Haya pues proveería para la suspensión de los procedimientos cuando el foro inicial resulta ser manifiestamente inapropiado, frente a otro foro con jurisdicción que sea más apropiado.
E. Definitivamente, tanto la cultura civilista como la del common law tienen buenas razones para favorecer o no la doctrina de forum non conveniens. Los Estados que pertenecen a la tradición del common law entienden que esta figura permite que el tribunal que resuelve el caso sea el que tiene la relación más significativa con éste. Además, si la prueba, los testigos y las partes se encuentran en otro país, transferir el caso a un tribunal de ese país no sólo es más apropiado, sino que puede, en ocasiones, disminuir el costo, la complejidad y la duración de los procedimientos. Se reconoce que al adoptar la doctrina se disuaden las prácticas de forum shopping y, por el contrario, se promueve que el demandante presente su caso en el foro más apropiado para la adjudicación de la causa.
Por otra parte, los países que pertenecen a la tradición romano germánica entienden que la litigación de una solicitud basada en forum non conveniens puede ser costosa y consumirle tiempo a las partes y al tribunal. Es decir, el demandante va a tener que incurrir en los gastos del procedimiento preliminar en el tribunal inicial y luego en el proceso en sus méritos, ya sea en el mismo foro o en otro.
[32] Actualmente se critica el que la doctrina de forum non conveniens no se haya examinado desde la situación social de la globalización. Después de todo, el análisis de forum non conveniens bosquejado en Gulf Oil y Koster se elaboró hace más de sesenta años en un contexto doméstico. Sin embargo, los tribunales estadounidenses reproducen este enfoque actualmente para atender casos en contextos internacionales y frente a una nueva realidad mundial.
Los tratadistas indican que los demandantes extranjeros cuyos casos se desestiman en los tribunales de Estados Unidos por razón de forum non conveniens no pueden, usualmente, proseguir en el foro extranjero que hipotéticamente es el más apropiado, entre otras razones, porque no tienen los recursos económicos, no se permiten honorarios contingentes o la inversión de recursos no se compensa con la remuneración que se puede obtener.
[33] También deben revisarse, de acuerdo con los desarrollos del siglo 21, los factores privados establecidos por la jurisprudencia de Estados Unidos para determinar si un foro es apropiado. No hay duda que hoy el procedimiento para obtener prueba que se encuentra en otra jurisdicción es mucho más fácil y eficiente que cuando se decidió Gulf Oil en 1947.
Los documentos localizados en el extranjero también pueden obtenerse más fácilmente que en 1947 cuando, por lo general, no se aceptaban fotocopias de documentos en evidencia porque la regla de la mejor evidencia requería el documento original.
En cuanto a los factores públicos utilizados por los tribunales de Estados Unidos, no hay duda de que ante los avances de las comunicaciones y la flexibilización de las reglas procesales, la prueba de la ley extranjera es mucho más sencilla en nuestros días que en 1947.
[36] III
Como expresamos antes, en Puerto Rico no existe legislación ni jurisprudencia sobre la doctrina de forum non conveniens. Este recurso nos brinda, entonces, la oportunidad de determinar si incorporamos a nuestro ordenamiento procesal un instrumento similar a esta figura y, en ese caso, pautar los criterios y la metodología aplicable. A ese fin hemos examinado, con apertura y flexibilidad, las ventajas y los inconvenientes que han presentado las distintas normas utilizadas en diferentes lugares del mundo. Introducimos de esta forma una perspectiva de derecho comparado que es particularmente útil en la aplicación de una doctrina que tiene implicaciones para la armonización global de los sistemas jurisdiccionales.
Cabe señalar que en nuestra esfera doméstica, es decir, dentro del sistema de tribunales de Puerto Rico, no se requiere un mecanismo como el que provee la doctrina de forum non conveniens. Somos una sola jurisdicción y de ser necesario, está disponible el mecanismo del traslado, regulado en las Reglas 3.1 y 3.5 de Procedimiento Civil.
La normativa procesal que hemos adoptado en nuestras diversas reglas procesales y de la prueba proviene de la tradición del common law.
El caso que tenemos ante nuestra consideración plantea una situación que puede repetirse y en un mundo globalizado podría ser tan sólo una de varias ocasiones en las que resulte necesario determinar si nuestro foro, u otro extranjero, es el apropiado. Por eso, para asegurar la organización eficiente de los recursos judiciales y para obtener una “solución justa, rápida y económica de todo procedimiento”, reconocemos la utilidad de incorporar a nuestra jurisdicción un mecanismo que permita a los jueces rehusar ejercer su jurisdicción en circunstancias excepcionales, a favor de los intereses de las partes y la justicia. Al hacerlo, aprovechamos para establecer la metodología que deben utilizar nuestros tribunales al enfrentarse a una petición para paralizar una acción según este fundamento.
Hemos visto que los países civilistas que han otorgado a sus tribunales la discreción para declinar el ejercicio de su jurisdicción a favor de otro foro, la han circunscrito a circunstancias excepcionales. En nuestro caso, reconociendo nuestra tradición legal mixta, nos parece conveniente recurrir al modelo propuesto a la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, que es similar al recomen[38] dado por los principios de UNIDROIT, que han sido aceptados también por el American Law Institute. Se trata, como explicamos antes, de un análisis basado en el criterio del “foro claramente inapropiado”. Este análisis, propuesto por especialistas de diferentes tradiciones de derecho, ocupa un justo medio entre la normativa estricta civilista y el mecanismo liberal del common law. A su vez, brinda mayor certeza y predictibilidad a la decisión de los tribunales en cuanto a la paralización de una reclamación, al compararla con el análisis que corresponde al criterio del “foro claramente más apropiado”.
De entrada, determinamos que antes de analizar si procede acoger una moción de forum non conveniens, el Tribunal de Primera Instancia está obligado a constatar que efectivamente tiene jurisdicción y competencia sobre las partes y la materia. Superado este elemento de umbral, el demandado que intente paralizar un litigio fundamentándose en la doctrina de forum non conveniens tiene que probar que el foro doméstico resulta claramente inapropiado y que hay un tribunal en otro Estado que también tiene jurisdicción y que es claramente el más apropiado para resolver la disputa. Si ello se demuestra, el tribunal doméstico debe paralizar los procedimientos y concederle término al demandante para que presente su reclamación en el foro adecuado. La demanda original se desestimará si el demandante no presenta su acción en el foro alternativo en el tiempo concedido para ello o si una vez presentado su reclamo el foro alternativo asume jurisdicción. Por el contrario, si el demandante presenta su reclamación a tiempo y el foro alternativo determina no asumir jurisdicción, el tribunal doméstico original debe continuar con los procedimientos. El propósito de este mecanismo de regreso al foro original es asegurar que un tribunal competente efectivamente considere el reclamo de una parte diligente.
Para determinar si un foro es claramente inapropiado, se deben ponderar, entre otros, los factores privados [39] siguientes: la conveniencia para las partes de litigar en el Estado donde se encuentra el foro; la localización de las fuentes de prueba y los mecanismos para obtenerlas; si la petición para paralizar se presenta en un momento oportuno;
Estos factores son ilustrativos, pues el foro de instancia debe escrutar la sustancia de la disputa y evaluar los criterios realmente pertinentes.
En fin, según el análisis que hemos adoptado se [40] puede paralizar una demanda aunque se haya presentado en un tribunal con jurisdicción y sin propósito de causar daños a la otra parte, cuando la controversia tenga poca conexión con el foro doméstico, exponga al demandado a gastos excesivos u otras inconveniencias e injusticias, y, claro está, si existe un foro con jurisdicción y competencia que pueda entender en la controversia. Por último reiteramos que la decisión de paralizar un procedimiento es de naturaleza discrecional, por lo que se revisará por los foros apelativos según el estándar de abuso de discreción. A ese fin, el foro sentenciador deberá especificar en su resolución cómo ha aplicado el análisis aquí adoptado a los hechos particulares del caso.
IV
En el presente caso el contrato de servicios profesionales en controversia fue suscrito en la República Dominicana, entre un abogado domiciliado y residente en dicho país y un cliente domiciliado y residente de Puerto Rico. El abogado se obligó a cobrarle una deuda, que estaba garantizada con un bien inmueble sito en la República Dominicana, a un domiciliado de ese Estado. De dicho contexto se deduce que la mayoría de las fuentes de prueba, sino todas, están localizadas en la Isla vecina.
Así las cosas, el abogado ejecutó la propiedad que garantizaba la deuda, pero el cliente no pagó la totalidad de los honorarios acordados. En consecuencia, el abogado presentó una demanda en cobro de dinero en los tribunales de Puerto Rico. De esto hace casi una década. A pesar de las dificultades que ha tenido este litigio, hoy el descubrimiento de prueba está casi terminado. Se han realizado deposiciones e interrogatorios y se han producido numerosos documentos suscritos por autoridades dominicanas, que están debidamente legalizados y son en español. Igualmente, la propiedad fue tasada por un profesional certifi[41] cado y dicha prueba fue acordada y admitida por ambas partes. En vista de ello, ya se ha incurrido en el esfuerzo y gasto de preparar la evidencia producida en la República Dominicana para presentarla en los tribunales de Puerto Rico. Por otro lado, si la sentencia resultara a favor del demandante su ejecución sería menos onerosa para las partes si se dictara por nuestros tribunales, en vez de por los foros dominicanos, pues el demandado es domiciliado de Puerto Rico.
A raíz de lo expuesto, entendemos que los tribunales de Puerto Rico no son claramente inapropiados para resolver esta controversia. El demandado no demostró que le perjudica que la controversia sea atendida por los nuestros foros. Por el contrario, sería gravoso para las partes y contrario al principio de justicia rápida y económica, desestimar la demanda para que se presente en los tribunales dominicanos. Resolvemos que no procede desestimar la demanda instada por el licenciado Ramírez Sainz por razón de que nuestro foro no es claramente inapropiado.
Tenemos, entonces, que determinar si procede que el tribunal de instancia celebre una vista plenaria o si debemos reinstalar la sentencia dictada sumariamente. Hemos visto que el demandado presentó los documentos sobre la alegada controversia respecto al deslinde ilegal, por primera vez, ante el tribunal apelativo, es decir, el tribunal de instancia no los tuvo ante su consideración. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones no podía tomarlos en consideración.
El Reglamento del Tribunal de Apelaciones y el Reglamento del Tribunal Supremo permiten que los recursos de apelación y de certiorari vayan acompañados de apéndices, con el propósito de fundamentar las alegaciones [42] que se hacen en los escritos principales.
El tribunal intermedio no debió haber examinado los documentos que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo ante su consideración. Sin embargo, al foro de instancia sí se le evidenció el segundo proceso de impugnación de título presentado en la República Dominicana y no lo mencionó en su sentencia. Las certificaciones de que dicho segundo pleito había terminado y que no había procedimientos de apelación o casación pendientes se presentaron por primera vez, también, ante el Tribunal de Apelaciones. Quiere ello decir que cuando el tribunal de instancia dictó sentencia aún quedaban controversias pendientes sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por versar estas controversias sobre hechos esenciales, el tribunal apelativo intermedio no erró al revocar la sentencia sumaria y ordenar que se celebrara el juicio.
Por los fundamentos expuestos, se modifica la sentencia del Tribunal de Apelaciones para revocar la orden emitida al tribunal de instancia para que determine si es el foro más adecuado para resolver el litigio y se confirma en cuanto revoca la sentencia sumaria para que se celebre la vista en los méritos. Se devuelve el caso al Tribunal de Pri[43] mera Instancia para procedimientos ulteriores conforme con lo aquí dispuesto.
Se dictará sentencia de conformidad.
Footnotes
En Grecia, una acción puede ser desestimada si es “abusiva”, esto es, cuando no se demuestra ninguna relación con el foro invocado y el demandante busca alcanzar objetivos impropios o propósitos no permitidos por las normas jurisdiccionales. P. Kargados en Fawcett, op. cit, págs. 242-244. Se trata de un poder discrecional para denegar la jurisdicción internacional, que surge de la prohibición del “ejercicio abusivo de derechos” contenida en la Constitución griega y de la obligación que tienen las partes de actuar de buena fe, según el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. P. Kargados en Fawcett, op. cit., págs. 242-244. La jurisdicción internacional es la autoridad que tiene un tribunal para atender y resolver controversias entre distintos países o personas de países diferentes. Black’s Law Dictionary, supra, pág. 856.
Japón permite que un tribunal pueda desestimar un caso por falta de jurisdicción, basado en los principios que garantizan la igualdad de condiciones entre las partes y la pronta y apropiada administración de la justicia. C.A. Gabuardi, Entre la jurisdicción, la competencia y el forum non conveniens, XLI (Núm.121) Boletín Mexicano de Derecho Comparado (enero-abril 2008), pág. 91, FN 51; Brand y Jablonski, op. cit., págs. 124-125; Mukoda v. Boeing Co., 31 Japanese Ann. Int’l L. 216, 217 (1988). Entre las circunstancias especiales tomadas en consideración por los tribunales japoneses están: (1) las expectativas del demandado, (2) la naturaleza de la demanda o del demandado, (3) la conveniencia de las partes y (4) la carga puesta sobre el demandante al desestimar la demanda para que la presente en el foro extranjero. A. Hironaka, Jurisdictional Theory “Made in Japan”: Convergence ofU.S. and Continental European Approaches, 37 Vand. J. Transnat’l L. 1317, 1338 (2004). Como podemos observar, los tribunales japoneses no toman en consideración intereses públicos al decidir si desestiman por circunstancias especiales. Fawcett, op. cit, pág. 15.
En Suiza se permite a los tribunales rehusar ejercer su jurisdicción sobre un menor cuando las autoridades extranjeras del lugar de residencia del menor están mejor informadas y, por lo tanto, son un foro más conveniente. Fawcett, op. cit, pág. 26. Finalmente, en Argentina encontramos varios mecanismos procesales que permiten que los tribunales desestimen o rehúsen ejercer jurisdicción sobre algún caso cuando haya duda sobre la imparcialidad de los jueces locales o porque se entiende que no se va a lograr hacer justicia. Williams en Fawcett, op. cit., pág. 72.
177 P.R. 1 (Ramírez Sainz v. Cabanillas) — published by Counsel Stack Legal Research, free access to 12M+ legal documents.