Pueblo v. Pagán Rojas Y Otros
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Opinion
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico Recurrido
v.
Alfredo Pagán Rojas Peticionario ---------------------------------- El Pueblo de Puerto Rico Recurrido Certiorari
v. 2012 TSPR 184
Jonathan Claudio Parrilla 187 DPR ____ Peticionario ---------------------------------- El Pueblo de Puerto Rico Peticionario
Joel Lugo Morales Luis G. Lugo Morales Recurridos
Número del Caso: CC-2010-583 CC-2010-749 CC-2011-373
Fecha: 10 de diciembre de 2012
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Carolina
CC-2010-583
Abogada de la Parte Peticionaria:
Lcda. Ana E. Andrade Rivera
Oficina del Procurador General:
Lcda. Zaira Girón Anadón Subprocuradora General
CC-2010-749
Lcda. Ana E. Andrade Rivera CC-2010-0583 cons. con 2 CC-2010-0749, CC-2011-0373
CC-2011-373
Abogado de la Parte Recurrida:
Materia: Artículo 404 Ley de Sustancias Controladas
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Certiorari EL PUEBLO DE PUERTO RICO
Recurrido
v. Núm.: CC-2010-0583
ALFREDO PAGÁN ROJAS
Peticionario
consolidado con
EL PUEBLO DE PUERTO RICO
v. Núm.: CC-2010-0749 JONATHAN CLAUDIO PARRILLA
consolidado con EL PUEBLO DE PUERTO RICO
v. Núm.: CC-2011-0373 JOEL LUGO MORALES LUIS G. LUGO MORALES
Recurridos
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor FELIBERTI CINTRÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de diciembre de 2012.
A pesar de que los recursos ante nuestra
consideración envuelven eventos ocurridos en tiempos y
lugares diversos y no tienen ninguna relación entre sí,
todos presentan la misma controversia. Esto es, en
procedimientos criminales ante jurado, ¿cuál es el momento CC-2010-0583 cons. con 2 CC-2010-0749, CC-2011-0373
y la forma apropiada para que las circunstancias
agravantes de la pena le sean sometidas a éste? Para ello
debemos escudriñar si existen circunstancias en las que la
inclusión de los agravantes en los pliegos acusatorios,
desde el inicio del procedimiento criminal, pudiera
conllevar una violación a los derechos fundamentales del
acusado al exponerlo a un perjuicio indebido antes del
jurado deliberar sobre su culpabilidad. Teniendo dichas
interrogantes en mente, pasamos a pormenorizar los hechos
que dan lugar a los recursos consolidados de epígrafe.
I
CC-2010-0583
El 25 de febrero de 2010 se presentaron dos (2)
denuncias en contra del Sr. Alfredo Pagán Rojas (señor
Pagán), una por tentativa de asesinato1 y otra por
infracción al Artículo 5.05 de la Ley de Armas de Puerto
Rico (Ley de Armas),2 por hechos acaecidos un día antes,
es decir, el 24 de febrero de 2010.
Celebrada la vista preliminar, el juez que presidió
la misma encontró causa probable para acusar al señor
Pagán por los delitos imputados. Posteriormente, se
presentaron las respectivas acusaciones.
1 Artículo 106(a) del Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4734(a) (2010). Véase, además, el Artículo 35 del mismo cuerpo legal, 33 L.P.R.A. sec. 4663 (2010).
2 25 L.P.R.A. sec. 458d (2008). CC-2010-0583 cons. con 3 CC-2010-0749, CC-2011-0373
El 7 de mayo de 2010 el señor Pagán presentó una
moción solicitando la eliminación de los agravantes del
pliego acusatorio. En la misma sostuvo que será el juez
quien, bajo su discreción, determinará qué agravantes
deberán pasar al jurado, como parte de las instrucciones,
llegado el momento de la deliberación.
El 11 de mayo de 2010 el Ministerio Público sometió
su oposición a la aludida moción solicitando eliminación
de los agravantes, indicando que, según lo resuelto por
este Tribunal en Pueblo v. Santana Vélez, 177 D.P.R. 61
(2009), la no inclusión de los agravantes en el pliego
acusatorio violentaría el debido proceso de ley del
acusado.
Así las cosas, el 27 de mayo de 2010 el Tribunal de
Primera Instancia emitió una Resolución,3 mediante la cual
acogió la solicitud de la defensa y le ordenó al
Ministerio Público eliminar los agravantes de los pliegos
acusatorios. Entendió el foro primario que “incluir los
agravantes… en la acusación tendría un efecto
inflamatorio, perjudicial, grave, sustancial e
insubsanable en el imputado de ser el juicio uno por
jurado”. El foro primario llegó a la anterior conclusión,
basado en la premisa de que los miembros del jurado
3 Notificada y archivada en autos copia de la misma el 28 de mayo de 2010. CC-2010-0583 cons. con 4 CC-2010-0749, CC-2011-0373
podrían confundir los agravantes con elementos probados
del delito y emitir una determinación de culpabilidad.
Inconforme con tal determinación del foro primario,
el Procurador General recurrió, mediante recurso de
certiorari, ante el Tribunal de Apelaciones.4 Argumentó,
en síntesis, que a tenor con lo resuelto en Apprendi v.
New Jersey, 530 U.S. 466 (2000), y su progenie, en los
casos ventilados ante jurado, tanto los elementos del
delito como los factores que aumentan la pena tienen que
imputarse en la acusación y ser probados a satisfacción
del jurado más allá de duda razonable.
El señor Pagán se opuso a la expedición del recurso
alegando que poner al jurado en conocimiento de los
agravantes, previo al veredicto, le ocasionaría perjuicios
indebidos y violentaría sus derechos constitucionales.
El 30 de junio de 2010 el Tribunal de Apelaciones
dictó Sentencia mediante la cual expidió el auto de
certiorari y revocó la Resolución emitida por el Tribunal
de Primera Instancia. Entendió dicho foro que, en ese
caso, dado que los agravantes incluidos en la acusación
estaban indisolublemente vinculados con los delitos
imputados, ello no infringiría el debido proceso de ley.
Advirtió que, por el contrario, de esta forma el acusado
quedaba informado de todos los hechos imputados en su
contra para poder delinear su defensa efectivamente.
4 Petición de certiorari presentada el 23 de junio de 2010. CC-2010-0583 cons. con 5 CC-2010-0749, CC-2011-0373
No conforme con dicha determinación, el señor Pagán
acudió ante nos señalando los siguientes errores:
A. Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que la inclusión de circunstancias agravantes en los pliegos acusatorios presentados contra el peticionario en el caso de marras, no está reñida con lo resuelto en el caso de Pueblo v. Santana Vélez, 2009 T.S.P.R. 158.
B. Erró el Tribunal de Apelaciones al revocar la resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia que ordenó eliminar los agravantes alegados en los pliegos acusatorios presentados contra el Sr. Alfredo Pagán Rojas, ya que someter los mismos al jurado antes de rendir un veredicto causaría perjuicio indebido al peticionario.
El 2 de julio de 2010 el señor Pagán presentó,
además, una moción en auxilio de jurisdicción solicitando
la paralización de los procedimientos ante la cercanía de
la celebración del juicio en su fondo.
Mediante Resolución emitida el 6 de julio de 2010,
expedimos el auto de certiorari solicitado y ordenamos la
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico Recurrido
v.
Alfredo Pagán Rojas Peticionario ---------------------------------- El Pueblo de Puerto Rico Recurrido Certiorari
v. 2012 TSPR 184
Jonathan Claudio Parrilla 187 DPR ____ Peticionario ---------------------------------- El Pueblo de Puerto Rico Peticionario
Joel Lugo Morales Luis G. Lugo Morales Recurridos
Número del Caso: CC-2010-583 CC-2010-749 CC-2011-373
Fecha: 10 de diciembre de 2012
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Carolina
CC-2010-583
Abogada de la Parte Peticionaria:
Lcda. Ana E. Andrade Rivera
Oficina del Procurador General:
Lcda. Zaira Girón Anadón Subprocuradora General
CC-2010-749
Lcda. Ana E. Andrade Rivera CC-2010-0583 cons. con 2 CC-2010-0749, CC-2011-0373
CC-2011-373
Abogado de la Parte Recurrida:
Materia: Artículo 404 Ley de Sustancias Controladas
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Certiorari EL PUEBLO DE PUERTO RICO
Recurrido
v. Núm.: CC-2010-0583
ALFREDO PAGÁN ROJAS
Peticionario
consolidado con
EL PUEBLO DE PUERTO RICO
v. Núm.: CC-2010-0749 JONATHAN CLAUDIO PARRILLA
consolidado con EL PUEBLO DE PUERTO RICO
v. Núm.: CC-2011-0373 JOEL LUGO MORALES LUIS G. LUGO MORALES
Recurridos
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor FELIBERTI CINTRÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de diciembre de 2012.
A pesar de que los recursos ante nuestra
consideración envuelven eventos ocurridos en tiempos y
lugares diversos y no tienen ninguna relación entre sí,
todos presentan la misma controversia. Esto es, en
procedimientos criminales ante jurado, ¿cuál es el momento CC-2010-0583 cons. con 2 CC-2010-0749, CC-2011-0373
y la forma apropiada para que las circunstancias
agravantes de la pena le sean sometidas a éste? Para ello
debemos escudriñar si existen circunstancias en las que la
inclusión de los agravantes en los pliegos acusatorios,
desde el inicio del procedimiento criminal, pudiera
conllevar una violación a los derechos fundamentales del
acusado al exponerlo a un perjuicio indebido antes del
jurado deliberar sobre su culpabilidad. Teniendo dichas
interrogantes en mente, pasamos a pormenorizar los hechos
que dan lugar a los recursos consolidados de epígrafe.
I
CC-2010-0583
El 25 de febrero de 2010 se presentaron dos (2)
denuncias en contra del Sr. Alfredo Pagán Rojas (señor
Pagán), una por tentativa de asesinato1 y otra por
infracción al Artículo 5.05 de la Ley de Armas de Puerto
Rico (Ley de Armas),2 por hechos acaecidos un día antes,
es decir, el 24 de febrero de 2010.
Celebrada la vista preliminar, el juez que presidió
la misma encontró causa probable para acusar al señor
Pagán por los delitos imputados. Posteriormente, se
presentaron las respectivas acusaciones.
1 Artículo 106(a) del Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4734(a) (2010). Véase, además, el Artículo 35 del mismo cuerpo legal, 33 L.P.R.A. sec. 4663 (2010).
2 25 L.P.R.A. sec. 458d (2008). CC-2010-0583 cons. con 3 CC-2010-0749, CC-2011-0373
El 7 de mayo de 2010 el señor Pagán presentó una
moción solicitando la eliminación de los agravantes del
pliego acusatorio. En la misma sostuvo que será el juez
quien, bajo su discreción, determinará qué agravantes
deberán pasar al jurado, como parte de las instrucciones,
llegado el momento de la deliberación.
El 11 de mayo de 2010 el Ministerio Público sometió
su oposición a la aludida moción solicitando eliminación
de los agravantes, indicando que, según lo resuelto por
este Tribunal en Pueblo v. Santana Vélez, 177 D.P.R. 61
(2009), la no inclusión de los agravantes en el pliego
acusatorio violentaría el debido proceso de ley del
acusado.
Así las cosas, el 27 de mayo de 2010 el Tribunal de
Primera Instancia emitió una Resolución,3 mediante la cual
acogió la solicitud de la defensa y le ordenó al
Ministerio Público eliminar los agravantes de los pliegos
acusatorios. Entendió el foro primario que “incluir los
agravantes… en la acusación tendría un efecto
inflamatorio, perjudicial, grave, sustancial e
insubsanable en el imputado de ser el juicio uno por
jurado”. El foro primario llegó a la anterior conclusión,
basado en la premisa de que los miembros del jurado
3 Notificada y archivada en autos copia de la misma el 28 de mayo de 2010. CC-2010-0583 cons. con 4 CC-2010-0749, CC-2011-0373
podrían confundir los agravantes con elementos probados
del delito y emitir una determinación de culpabilidad.
Inconforme con tal determinación del foro primario,
el Procurador General recurrió, mediante recurso de
certiorari, ante el Tribunal de Apelaciones.4 Argumentó,
en síntesis, que a tenor con lo resuelto en Apprendi v.
New Jersey, 530 U.S. 466 (2000), y su progenie, en los
casos ventilados ante jurado, tanto los elementos del
delito como los factores que aumentan la pena tienen que
imputarse en la acusación y ser probados a satisfacción
del jurado más allá de duda razonable.
El señor Pagán se opuso a la expedición del recurso
alegando que poner al jurado en conocimiento de los
agravantes, previo al veredicto, le ocasionaría perjuicios
indebidos y violentaría sus derechos constitucionales.
El 30 de junio de 2010 el Tribunal de Apelaciones
dictó Sentencia mediante la cual expidió el auto de
certiorari y revocó la Resolución emitida por el Tribunal
de Primera Instancia. Entendió dicho foro que, en ese
caso, dado que los agravantes incluidos en la acusación
estaban indisolublemente vinculados con los delitos
imputados, ello no infringiría el debido proceso de ley.
Advirtió que, por el contrario, de esta forma el acusado
quedaba informado de todos los hechos imputados en su
contra para poder delinear su defensa efectivamente.
4 Petición de certiorari presentada el 23 de junio de 2010. CC-2010-0583 cons. con 5 CC-2010-0749, CC-2011-0373
No conforme con dicha determinación, el señor Pagán
acudió ante nos señalando los siguientes errores:
A. Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que la inclusión de circunstancias agravantes en los pliegos acusatorios presentados contra el peticionario en el caso de marras, no está reñida con lo resuelto en el caso de Pueblo v. Santana Vélez, 2009 T.S.P.R. 158.
B. Erró el Tribunal de Apelaciones al revocar la resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia que ordenó eliminar los agravantes alegados en los pliegos acusatorios presentados contra el Sr. Alfredo Pagán Rojas, ya que someter los mismos al jurado antes de rendir un veredicto causaría perjuicio indebido al peticionario.
El 2 de julio de 2010 el señor Pagán presentó,
además, una moción en auxilio de jurisdicción solicitando
la paralización de los procedimientos ante la cercanía de
la celebración del juicio en su fondo.
Mediante Resolución emitida el 6 de julio de 2010,
expedimos el auto de certiorari solicitado y ordenamos la
paralización de los procedimientos pendientes ante el
Tribunal de Primera Instancia.
CC-2010-0749
Los recursos CC-2010-0583 y CC-2010-0749 fueron
consolidados dado que, aunque versan sobre situaciones
fácticas que no tienen relación entre sí, plantean la
misma controversia. Veamos. CC-2010-0583 cons. con 6 CC-2010-0749, CC-2011-0373
El 9 de abril de 2010 se presentó una denuncia contra
el Sr. Jonathan Claudio Parrilla (señor Claudio) por
infracción al Artículo 404 de la Ley de Sustancias
Controladas,5 por posesión de heroína sin autorización en
ley para ello.
Celebrada la vista preliminar, el foro de instancia
determinó causa probable para acusar al señor Claudio y,
de conformidad, autorizó la presentación de la
correspondiente acusación.
La acusación, además de imputar la infracción al
Artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas, supra, y
el estatus de reincidente del acusado, incluyó como
agravante que el acusado había planificado el hecho
delictivo.
Inconforme, el 9 de junio de 2010 el señor Claudio
sometió una moción para solicitar la eliminación de los
agravantes de la acusación. Alegó que éstos forman parte
de las instrucciones que el juez de instancia deberá
impartir al jurado al momento de la deliberación, luego de
un análisis de la prueba presentada.
El 18 de junio de 2010 el Ministerio Público sometió
su oposición a la moción antes aludida, bajo el argumento
de que la no inclusión implicaría violentar el debido
proceso de ley del acusado.
5 24 L.P.R.A. sec. 2404 (2011). CC-2010-0583 cons. con 7 CC-2010-0749, CC-2011-0373
Atendiendo la solicitud del señor Claudio, el 21 de
junio de 2010 el Tribunal de Primera Instancia emitió
Resolución ordenándole al Ministerio Público eliminar los
agravantes del pliego acusatorio. No conforme con dicha
determinación, el Procurador General recurrió
oportunamente ante el Tribunal de Apelaciones. En
cumplimiento con una Resolución del tribunal apelativo
intermedio, el 23 de julio de 2010 el señor Claudio
presentó un Escrito de Mostrar Causa, oponiéndose a la
expedición del recurso instado por el Procurador General.
El 12 de agosto de 2010 el Tribunal de Apelaciones
dictó Sentencia mediante la cual revocó la Resolución
emitida por el foro primario, permitiendo, de ese modo, la
inclusión de las circunstancias agravantes en la acusación
del señor Claudio. Razonó dicho foro que al incluir los
agravantes en la acusación, el acusado advendría en
conocimiento de todos los hechos imputados, lo que sería
beneficioso para fines de preparar su defensa. Añadió
que, en casos como el presente, en los cuales los
agravantes están indisolublemente vinculados con el
delito, nada gana el acusado con eliminarlos de la
acusación, pues la prueba de cargo necesariamente los
incluirá.
En desacuerdo con la Sentencia emitida por el
Tribunal de Apelaciones, el 20 de agosto de 2010 el señor CC-2010-0583 cons. con 8 CC-2010-0749, CC-2011-0373
Claudio acudió ante nos señalando la comisión de los
siguientes errores:
A. Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que en nada se vulnera el debido proceso de ley al permitir que se incluyan las circunstancias agravantes alegadas en el pliego acusatorio presentado contra el Sr. Jonathan Claudio Parrilla, ya que el Artículo 73 de nuestro Código Penal impide que las mismas sean consideradas para agravar la pena.
B. Erró el Tribunal de Apelaciones al revocar la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que ordenó eliminar los agravantes alegados en los pliegos acusatorios presentados contra el Sr. Jonathan Claudio Parrilla, ya que someter los mismos al jurado antes de rendir un veredicto causaría perjuicio indebido al peticionario por la influencia indebida e irreparable que estos tendrían sobre el jurado al momento de rendir su veredicto.
Junto con la petición de certiorari, presentó,
además, una moción en auxilio de jurisdicción, solicitando
la paralización de los procedimientos ante el Tribunal de
Primera Instancia, dada la cercanía de la fecha del juicio
en su fondo6 y en aras de que no se tornara en académica
su solicitud.
Examinada la moción en auxilio de jurisdicción, el 24
de agosto de 2010 emitimos una Resolución mediante la cual
ordenamos la paralización del juicio en su fondo y la
consolidación del recurso de autos con el CC-2010-583.
Además, expedimos el auto de certiorari solicitado.
6 El juicio estaba pautado para el 25 de agosto de 2010. CC-2010-0583 cons. con 9 CC-2010-0749, CC-2011-0373
CC-2011-0373
Posterior a la consolidación de los casos antes
reseñados, se presentó el recurso CC-2011-0373. Por
plantear una controversia similar a la de los otros dos
(2) recursos, el 19 de agosto de 2011 emitimos Resolución
ordenando la consolidación del recurso CC-2011-0373 con
estos. A continuación resumimos los hechos que dieron
paso a este último recurso.
El 19 de marzo de 2010 se presentaron varias
denuncias en contra del Sr. Luis Lugo Morales (Sr. Luis
Lugo) y el Sr. Joel Lugo Morales (Sr. Joel Lugo) por los
siguientes delitos: asesinato en primer grado,7 dos (2)
cargos por tentativa de asesinato,8 y dos (2) cargos por
infracción al Artículo 5.04 de la Ley de Armas.9 Además,
al Sr. Joel Lugo se le sometieron dos (2) cargos por
infracción al Artículo 5.15 de la Ley de Armas.10
Conforme a los requerimientos procesales para delitos
de naturaleza grave, el 21 de abril de 2010 se celebró la
vista preliminar en contra del Sr. Luis Lugo. En la misma
se encontró causa probable para acusarlo por los delitos
de asesinato en primer grado e infracción al Artículo 5.04
de la Ley de Armas, supra. Del mismo modo, se celebró la
7 Artículo 106 del Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4734 (2010).
8 Artículos 35 y 106 del Código Penal de 2004, supra.
9 25 L.P.R.A. sec. 458c (2008).
10 25 L.P.R.A. sec. 458n (2008). CC-2010-0583 cons. con 10 CC-2010-0749, CC-2011-0373
vista preliminar en contra del Sr. Joel Lugo. Como
resultado de la misma, se encontró causa probable para
acusarlo por los delitos de asesinato en primer grado, por
infracción al Artículo 5.04 de la Ley de Armas (dos
cargos), supra, y por infracción al Artículo 5.15 de la
Ley de Armas (dos cargos), supra.
El 13 de julio de 2010 se presentaron acusaciones
enmendadas conjuntas en contra de ambos imputados. En las
mismas, además de los elementos de los delitos, se
alegaron circunstancias agravantes para fines de las penas
que, en su día, pudieran recaer sobre ellos. No conforme
con la inclusión de los agravantes, el Sr. Joel Lugo
presentó una moción ante el Tribunal de Primera Instancia
solicitando la eliminación de los mismos.11 Basó su
contención en el hecho de que someter “los agravantes en
las acusaciones tendría un efecto inflamatorio,
perjudicial, grave, sustancial e insubsanable en el
acusado”. El Ministerio Público sometió su oposición
alegando que para que el jurado pudiera entender en los
agravantes, según lo resuelto por el caso Pueblo v.
Santana Vélez, supra, los mismos debían ser incluidos en
la acusación. Argumentó, además, que dicho curso de
acción era una exigencia del debido proceso de ley.
11 A pesar de no haber sometido ningún escrito a tales efectos, de los autos surge que el Sr. Luis Lugo manifestó, en corte abierta, que se unía al reclamo del Sr. Joel Lugo. CC-2010-0583 cons. con 11 CC-2010-0749, CC-2011-0373
En la conferencia con antelación al juicio celebrada
el 16 de septiembre de 2010, el foro primario declaró con
lugar la moción solicitando la eliminación de los
agravantes, por lo que, como resultado, ordenó al
Ministerio Público la eliminación de los mismos.12
Inconforme, la entonces Procuradora General acudió al
Tribunal de Apelaciones alegando que el Tribunal de
Primera Instancia había errado al ordenar la eliminación
de los agravantes de las acusaciones.
En respuesta, los acusados presentaron escritos por
separado oponiéndose a la expedición del recurso de
certiorari solicitado. Adujeron, en síntesis, que el foro
primario había actuado correctamente al decretar la
eliminación de los agravantes de la acusación, bajo la
premisa de que se les causaría un perjuicio indebido de
someter los mismos al jurado antes de que éstos rindieran
un veredicto. Señalaron, además, que el Ministerio
Público tenía disponible las vistas provistas en las
Reglas 162.4 y 171 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A.
Ap. II, R. 162.4 y R. 171 (2004 y Supl. 2011), las cuales
vislumbran la posibilidad de probar los agravantes ante el
jurado luego de rendido un veredicto.
12 Anterior a la celebración de dicha vista, el 13 de septiembre de 2010 el Tribunal de Primera Instancia había emitido una Orden que expresaba, en su parte pertinente: “El Ministerio Fiscal someterá los pliegos acusatorios enmendado[s], a los fines que los mismos no incluyan alusión alguna a „agravantes‟”. CC-2010-0583 cons. con 12 CC-2010-0749, CC-2011-0373
El 30 de diciembre de 2010 la Procuradora General
presentó una moción en auxilio de jurisdicción solicitando
la paralización de los procesos ventilándose ante el
tribunal de instancia. Ese mismo día, el foro apelativo
intermedio ordenó la paralización de los procedimientos,
según solicitado.
El 24 de febrero de 2011 el Tribunal de Apelaciones,
por voz de la Hon. Olga Birriel Cardona, Juez de
Apelaciones, dictó Sentencia mediante la cual concluyó que
para atender los reclamos de las partes, lo que procedía
era presentar una acusación y un pliego de agravantes en
documentos separados. De ese modo, los agravantes no le
serían suministrados al jurado antes de éstos emitir el
veredicto correspondiente.
Inconforme aún, la Procuradora General acudió ante
nos planteando como único señalamiento de error lo
siguiente:
Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que no procede alegar, en una acusación, los hechos que agravan la pena más allá del máximo estatutario.
Vistos los recursos presentados acordamos expedir.
La controversia que está hoy ante nuestra consideración se
circunscribe a determinar cuál es el momento apropiado
para que las circunstancias agravantes de la pena le sean
sometidas al jurado de modo que se garanticen los derechos
fundamentales del acusado a una debida notificación de
todo aquello que se le imputa, a la vez de salvaguardarle CC-2010-0583 cons. con 13 CC-2010-0749, CC-2011-0373
un debido proceso de ley ante un jurado justo e imparcial
y sin que se afecte su derecho a la presunción de
inocencia.
Luego de contar con la comparecencia de todas las partes nos encontramos en posición de resolver y así procedemos a hacerlo.
II
A. Debido Proceso de Ley y la Notificación Adecuada
Uno de los derechos fundamentales que cobija a toda
persona que enfrenta una acusación en su contra es el
derecho a ser juzgado siguiendo el proceso establecido en
ley. Dicho derecho, reconocido como uno de estirpe
constitucional, se encuentra consagrado en las Enmiendas V
y XIV de la Constitución de los Estados Unidos,13 así como
en el Artículo II, Sección 7 de la Constitución de Puerto
Rico.14 El derecho fundamental al debido proceso de ley
se manifiesta en dos (2) dimensiones: la sustantiva y la
procesal. Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 D.P.R.
1 (2010). En su esfera sustantiva, “el Estado está
impedido de aprobar leyes o realizar alguna actuación que
afecte de manera irrazonable, arbitraria o caprichosa los
13 Emdas. V y XIV, Const. EE.UU., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008. El principio cardinal del debido proceso de ley aparece recogido en la Enmienda V de la Constitución de los Estados Unidos de la siguiente manera: “nadie… será privado de su vida, de su libertad o de su propiedad, sin el debido proceso de ley…”. Íd. Del mismo modo establece la Enmienda XIV del referido cuerpo legal: “ningún estado privará a persona alguna de su vida, de su libertad o de su propiedad, sin el debido procedimiento de ley…”. Íd.
14 Art. II, Sec. 7, Const. P.R., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008. Éste provee en su parte pertinente lo siguiente: “[n]inguna persona será privada de su libertad o propiedad sin [un] debido proceso de ley…”. Íd. CC-2010-0583 cons. con 14 CC-2010-0749, CC-2011-0373
intereses de propiedad o libertad de los individuos…”.
Hernández v. Secretario, 164 D.P.R. 390, 394-395 (2005)
(citas omitidas).
En su vertiente procesal, por su parte, el debido
proceso de ley le impone al Estado la obligación de
garantizar a los individuos que cualquier interferencia
con sus intereses de propiedad o libertad se hará a través
de un procedimiento que será justo y equitativo. Calderón
Otero v. C.F.S.E., 181 D.P.R. 386 (2011); Pueblo v.
Montero Luciano, 169 D.P.R. 360 (2006). Por ello, el
debido proceso de ley en su ámbito procesal comprenderá
todas las garantías procesales mínimas que el Estado
deberá proveer a todo individuo ante cualquier intromisión
con su vida, propiedad o libertad. Álamo Romero v. Adm.
de Corrección, 175 D.P.R. 314 (2009).
En aras de levantar un reclamo de debido proceso de
ley, deberá existir un interés individual de propiedad o
libertad que pueda verse afectado por la intervención del
Estado. Picorelli López v. Depto. de Hacienda, 179 D.P.R.
720 (2010); Pueblo v. Esquilín Maldonado, 152 D.P.R. 257
(2000). “Identificado dicho interés, procede determinar
cuál es el procedimiento exigido, procedimiento que debe
caracterizarse por ser justo e imparcial.” Hernández v.
Secretario, supra, pág. 395.
Hemos reconocido, en un sinnúmero de ocasiones, que
el debido proceso de ley, en su modalidad procesal, CC-2010-0583 cons. con 15 CC-2010-0749, CC-2011-0373
instituye varios requisitos fundamentales con los que todo
procedimiento adversativo debe cumplir para garantizar las
exigencias mínimas del mismo. Entre ellos cabe destacar:
(1) notificación adecuada del proceso; (2) proceso ante un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) derecho a contrainterrogar testigos y examinar evidencia presentada en su contra; (5) tener asistencia de abogado, y (6) que la decisión se base en el récord. Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, supra, pág. 47 (citando a Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 D.P.R. 881, 889 (1993)) (corchetes omitidos y énfasis nuestro); Hernández v. Secretario, supra, págs. 395-396.
De modo que para que un procedimiento cumpla con el
debido proceso de ley en su vertiente procesal, éste debe
comenzar con una notificación adecuada del proceso. A
tono con dicho principio, tanto la Enmienda VI de la
Constitución de los Estados Unidos,15 como la Sección 11
del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico,16
reconocen que en todo encausamiento criminal el acusado
tendrá derecho a ser notificado de la causa de acción en
su contra. Específicamente dispone nuestra Carta Magna,17
en su parte pertinente: “En todos los procesos criminales,
el acusado disfrutará del derecho… a ser notificado de la
naturaleza y causa de la acusación recibiendo copia de la
15 Emda. VI, Const. EE. UU., L.P.R.A., Tomo 1.
16 Art. II, Sec. 11, Const. P.R., L.P.R.A., Tomo 1.
17 Aun cuando la Constitución federal no reconoce el derecho del acusado a obtener copia de la acusación en su contra, consagra el derecho a la adecuada notificación, al disponer, en su parte pertinente: “En todas las causas criminales, el acusado gozará del derecho… a ser informado de la naturaleza y causa de la acusación…”. Emda. VI, Const. EE. UU., supra. CC-2010-0583 cons. con 16 CC-2010-0749, CC-2011-0373
misma…”. Art. II, Sec. 11, Const. P.R., L.P.R.A., Tomo 1
(énfasis nuestro).
Es a través del debido proceso de ley, como de la
disposición constitucional antes reseñada, que se le exige
al Estado el deber de informar adecuadamente al acusado de
la naturaleza y extensión del delito por el cual se le
acusa. Pueblo v. González Olivencia, 116 D.P.R. 614
(1985). Será, entonces, por medio de la acusación o de la
denuncia que el fiscal cumplirá con su deber de informar.
Pueblo v. Montero Luciano, supra.
La Regla 34 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A.
Ap. II, R. 34 (2004), define la acusación como aquella
“alegación escrita hecha por un fiscal al Tribunal de
Primera Instancia en la cual se imputa a una persona la
comisión de un delito”. Sobre el contenido de la misma el
inciso (c) de la Regla 35 del mismo cuerpo legal, 34
L.P.R.A. Ap. II, R. 35 (Supl. 2011), establece que ésta ha
de incluir una exposición de los hechos esenciales
constitutivos del delito utilizando para ello términos
sencillos y claros, de modo que cualquier persona de
inteligencia común pueda entenderla. Pueblo v. González
Olivencia, supra.
El propósito de la acusación “no es cumplir
mecánicamente con una forma ritual, sino informar al
acusado el delito que se le imputa, de tal suerte que
pueda preparar adecuadamente su defensa…”. Pueblo v. CC-2010-0583 cons. con 17 CC-2010-0749, CC-2011-0373
Meléndez Cartagena, 106 D.P.R. 338, 341 (1977) (citas
omitidas). Es decir, el pliego acusatorio le permitirá al
acusado preparar su defensa de conformidad con los hechos
que en éste se imputan. Pueblo v. Ríos Alonso, 156 D.P.R.
428 (2002).
Así, reiteradamente hemos destacado que, aunque no
hay una forma específica para redactar las acusaciones, es
imprescindible que la misma sirva como una notificación
adecuada y completa del delito imputado. Pueblo v.
Calviño Cereijo, 110 D.P.R. 691 (1981).
Además de que, como mencionamos anteriormente, la
acusación o denuncia tiene que exponer todos los hechos
que forman parte del tipo delictivo, en Pueblo v. Montero
Luciano, supra, resolvimos que, conforme a las
disposiciones de la Regla 48 de Procedimiento Criminal, 34
L.P.R.A. Ap. II, R. 48 (2004), si el Ministerio Público
quiere alegar la condición de reincidente del acusado,
viene obligado a incluir sus convicciones anteriores en
dicha acusación o denuncia.
A esos efectos, específicamente dispone la Regla 48 de
Procedimiento Criminal, supra, lo siguiente:
Una acusación o denuncia no deberá contener alegación alguna de convicciones anteriores del acusado, a menos que una alegación en tal sentido fuere necesaria para imputar la comisión de un delito, o para alegar la condición de reincidente, de subsiguiente o de delincuencia habitual en relación con el acusado. CC-2010-0583 cons. con 18 CC-2010-0749, CC-2011-0373
Reconocimos que “[d]icha disposición forma parte de
la protección constitucional del acusado de estar
debidamente informado de los cargos en su contra, y con la
obligación del fiscal de probar todos los elementos de un
delito más allá de duda razonable”. Pueblo v. Montero
Luciano, supra, pág. 375. Es, entonces, por virtud de la
propia Regla 48 de Procedimiento Criminal, supra, que se
estableció el deber del Ministerio Público de alegar la
reincidencia en la acusación, aun cuando esta condición no
sea un elemento constitutivo del delito. Íd. pág. 388.
B. Pueblo v. Santana Vélez, supra, y el derecho a juicio por jurado
El derecho a juicio por jurado, también de estirpe
constitucional, se encuentra consagrado en la Sección 11
del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico.18 La
mencionada disposición establece sobre el particular lo
....
En los procesos por delito grave el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por doce vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos de nueve.
Íd. (énfasis nuestro).
En la jurisdicción federal, hace aproximadamente una
década, el Tribunal Supremo se confrontó ante una
18 Art. II, Sec. 11, Const. P.R., supra. CC-2010-0583 cons. con 19 CC-2010-0749, CC-2011-0373
controversia que requería armonizar el derecho del acusado
a que cualquier determinación que implicara la pérdida de
su libertad se hiciese cumpliendo con el debido proceso de
ley (Enmienda XIV), a la vez que garantizara su derecho a
disfrutar de un juicio rápido y público ante un jurado
imparcial (Enmienda VI). En Apprendi v. New Jersey,
supra, el Máximo Foro Federal resolvió que, excepto por
aquellos hechos relacionados con la reincidencia,
cualquier circunstancia que aumente la pena de un delito
más allá del límite estatutario tiene que ser sometido
ante el jurado y probado más allá de duda razonable.
Como resultado de esta norma, nos enfrentamos, hace
tres (3) años, a cuestionamientos de la misma índole.
Así, en Pueblo v. Santana Vélez, supra, tuvimos la
oportunidad de adoptar esta pauta en nuestra jurisdicción.
Cónsono con la directriz federal resolvimos que, en los
casos ventilados ante jurado, los agravantes de la pena
tienen que ser sometidos ante éste y ser probados más allá
de duda razonable, salvo que los mismos sean aceptados por
el acusado. Todo lo anterior en abierto reconocimiento al
derecho constitucional del acusado a disfrutar plenamente
de su juicio por jurado.19
19 En la nota al calce número seis (6) de Pueblo v. Santana Vélez, 177 D.P.R. 61, 77 n. 6 (2009), hicimos la salvedad de que aun cuando dicho caso se ventiló al amparo de las disposiciones del Código Penal de 1974, los principios constitucionales esbozados por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, reconocidos en dicha opinión, son igualmente aplicables a las disposiciones del Código Penal de 2004. CC-2010-0583 cons. con 20 CC-2010-0749, CC-2011-0373
Aprovechamos esa oportunidad, además, para establecer
los procedimientos a seguirse en la determinación de los
agravantes, cuando los casos son ventilados ante jurado.
En específico, dispusimos:
En casos en que los agravantes surjan de la prueba admisible presentada, el Ministerio Público podrá solicitar al Tribunal que éstos se le sometan al jurado en conjunto con la determinación de culpabilidad o inocencia. En caso de que el jurado emita un veredicto de culpabilidad, deberá determinar igualmente si encontró probados más allá de duda razonable los agravantes imputados.
Por el contrario, si es necesario presentar prueba adicional a la requerida para establecer la comisión del delito que no sería admisible durante el juicio o si el juez considera que se le causaría un perjuicio indebido al acusado al someter los agravantes antes de rendirse el veredicto, entonces el procedimiento a seguir será similar al que se lleva a cabo actualmente al amparo de las Reglas de Procedimiento Criminal. Según las Reglas 162.4 y 171 de Procedimiento Criminal tanto el acusado como el fiscal podrán solicitar del tribunal que escuche prueba de circunstancias atenuantes o agravantes a los fines de la imposición de la pena…. El Ministerio Público podrá hacer uso de las vistas que conceden dichas reglas para presentar prueba sobre los agravantes que estime pertinentes imputar. El Jurado, en esos casos, no sería disuelto inmediatamente luego de emitirse el veredicto, sino que tendrían que realizar la determinación de los agravantes más allá de duda razonable a base de la prueba desfilada en el juicio o a base de prueba adicional que el Ministerio Público presente en dicha vista. De los agravantes no ser probados más allá de duda razonable por el Jurado, el juez estará obligado a imponer la pena fija, salvo que considere probadas circunstancias atenuantes que le permitan conceder una pena menor. Pueblo v. Santana Vélez, supra, págs. 77-78 (notas al calce y cita omitidas). CC-2010-0583 cons. con 21 CC-2010-0749, CC-2011-0373
Según intimado en Pueblo v. Santana Vélez, supra,
para presentar prueba sobre la existencia de atenuantes o
agravantes, las Reglas de Procedimiento Criminal
contemplan la posibilidad de celebrar una vista separada a
esos efectos. Sobre el particular, la Regla 162.4 de
Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 162.4
(2004), expresa, en su parte pertinente lo siguiente:
Tanto el acusado como el fiscal podrán solicitar del tribunal que escuche prueba de circunstancias atenuantes o agravantes a los fines de la imposición de la pena. Si de las alegaciones sometidas surgiere que existe controversia real sobre un hecho material que requiriere la presentación de prueba, entonces el tribunal celebrará una vista en el más breve plazo posible…. ....
Del mismo modo, la Regla 171 del mismo cuerpo legal,
34 L.P.R.A. Ap. II, R. 171 (Supl. 2011), vislumbra esta
opción al disponer que el tribunal puede, ya sea motu
proprio, o a instancia de cualquiera de las partes, oír,
en el más breve plazo posible, prueba de circunstancias
agravantes o atenuantes para fines de la imposición de la
pena.
La importancia de fijar una norma sobre cómo han de
establecerse los agravantes, en los casos ventilados ante
jurado, quedó al descubierto en la esfera federal desde
Apprendi v. New Jersey, supra. Posteriormente, el
Tribunal Supremo federal se enfrentó a otros
cuestionamientos de la misma índole, por lo que la norma CC-2010-0583 cons. con 22 CC-2010-0749, CC-2011-0373
fue extendida a varios sistemas de imposición de penas.
Véase, por ejemplo, Cunningham v. California, 549 U.S. 270
(2007) (donde el Tribunal Supremo federal sostuvo que la
Ley de Sentencias Determinadas del Estado de California,
la cual autorizaba al juez y no al jurado, a pasar juicio
sobre hechos que exponían al acusado a una pena más allá
del límite estatutario, violentaba el derecho del acusado
a un juicio por jurado); United States v. Booker, 543 U.S.
220 (2005) (donde se estableció que las guías federales de
imposición de penas están sujetas a los requerimientos de
la Sexta Enmienda) y Blakely v. Washington, 542 U.S. 296
(2004) (donde se sostuvo que imponer al acusado una pena
más allá del límite estatutario, bajo el fundamento de que
el juez sentenciador encontró que el acusado actuó con
deliberada crueldad, violenta el derecho del acusado a
juicio por jurado salvaguardado en la Sexta Enmienda).20
Debido a que Pueblo v. Santana Vélez, supra, fue
decidido bajo las disposiciones del Código Penal de 1974,
es menester revisar qué dispone el Código Penal de 2004,
sobre el particular.21
20 En una opinión reciente del Tribunal Supremo federal, S. Union Co. v. United States, 567 U.S. ____ (2012), 132 S. Ct. 2344, 2012 WL 2344465 (21 de junio de 2012), dicho Máximo Foro extendió la norma de Apprendi v. New Jersey, 530 U.S. 466 (2000), a la imposición de multas penales.
21 Debido a que los eventos relevantes a los recursos de epígrafe sucedieron previo al 1 de septiembre de 2012, fecha en la cual entró en vigor el nuevo Código Penal de 2012 mediante la aprobación de la Ley Núm. 146 de 30 de julio de 2012, utilizamos las disposiciones sustantivas correspondientes al Código Penal de 2004. CC-2010-0583 cons. con 23 CC-2010-0749, CC-2011-0373
A esos efectos, el Artículo 74 de dicho Código Penal,
33 L.P.R.A. sec. 4702 (2010), específicamente dispone:
En la fijación de la pena se observarán, según haya o no circunstancias atenuantes o agravantes, las siguientes reglas:
(a) Cuando no concurran circunstancias atenuantes ni agravantes, o cuando concurran unas y otras, se seleccionará la pena mediana del intervalo de pena señalado en este Código para el delito, tomando en consideración las circunstancias personales del convicto, las necesidades de prevención y la mayor o menor gravedad del hecho.
(b) Cuando concurran una o varias circunstancias agravantes se seleccionará la pena de la mitad superior del intervalo de pena establecido por este Código para el delito.
(c) Cuando concurran dos o más circunstancias atenuantes o una sola, pero que el juez estime de peso, se seleccionará la pena de la mitad inferior del intervalo de pena establecido por este Código para el delito.
Así pues, según el modo como se encontraba diseñado
nuestro sistema de derecho penal al momento de los hechos
objeto de los recursos ante nuestra consideración,
igualmente le es de aplicación la norma establecida en
Pueblo v. Santana Vélez, supra, a los casos en que el
juicio no se celebre ante un tribunal de derecho.22 A esos
efectos, será menester que sea el jurado el responsable de
hacer una determinación concerniente a los agravantes de
manera que ponga al tribunal sentenciador en posición de
22 Cabe señalar que aunque las provisiones del ya derogado Código Penal de 2004 son las aplicables a los hechos presentes en los recursos de epígrafe, nuestros pronunciamientos en esta Opinión son de igual aplicación bajo el nuevo Código Penal de 2012. CC-2010-0583 cons. con 24 CC-2010-0749, CC-2011-0373
decretar la pena que corresponda, según la apreciación de
los hechos que realice el jurado.
La aplicación de lo resuelto en Apprendi v. New
Jersey, supra, en lo que respecta al rol del jurado cuando
se atribuyen agravantes, ha generado debate entre los
tribunales sobre el contenido de los pliegos acusatorios.
Algunos estados han optado por incluir los agravantes en
este documento. Véase, por ejemplo, State v. Wimbish, 555
S.E.2d 329 (2001). Otros, sin embargo, aun cuando han
reconocido que los agravantes tienen que ser sometidos al
jurado y probados ante éstos más allá de duda razonable,
han sostenido que no por ello los agravantes deban formar
parte de la acusación. Véanse, por ejemplo, State v.
Sánchez, 242 P.3d 692 (2010); Skinner v. State, 843 So.2d
820 (2002); State v. Badoni, 62 P.3d 348 (2002); State v.
Edwards, 810 A.2d 226 (2002); Poole v. State, 846 So.2d
370 (2001).
Según un artículo titulado Apprendi in the States:
The Virtues of Federalism as a Structural Limit on
Errors,23 la mayoría de los estados de la Unión se han
inclinado a resolver que los agravantes no tienen que
aparecer en el pliego acusatorio. Añade que algunos de
ellos, inclusive, han optado por ordenar que los
agravantes sean detallados en pliegos de particulares.
23 Stephanos Bibas, Apprendi in the States: The virtues of Federalism as a Structural Limit on Errors, 94 J. Crim. L. & Criminology 1, 2-3 (2003-2004). CC-2010-0583 cons. con 25 CC-2010-0749, CC-2011-0373
Este asunto, en específico, nunca ha estado ante
nuestra consideración. Por lo tanto, no existe, ni
jurisprudencial ni estatutariamente una norma que rija
sobre el particular.24 Es precisamente por ello que hoy
nos toca pautar las guías procesales necesarias para
atender la problemática que se nos plantea, teniendo
siempre en mente nuestra obligación de garantizarle al
acusado las protecciones constitucionales.
III
El Estado fundamenta su deber de incluir los
agravantes en la acusación en la necesidad de cumplir con
el debido proceso de ley y en la observancia a la norma
antes reseñada a los efectos de que los agravantes tienen
que ser sometidos ante el jurado y probados más allá de
duda razonable. Los acusados, por su parte, entienden que
desglosar los agravantes en el pliego acusatorio tendría
un efecto inflamatorio, perjudicial, grave, sustancial e
insubsanable en éstos, y atentaría contra sus derechos
fundamentales a la presunción de inocencia y a ser
juzgados ante un jurado imparcial y libre de prejuicios.
Luego de un concienzudo examen de los argumentos
presentados y en aras de salvaguardar todos los preceptos
24 Aun cuando en Pueblo v. Montero Luciano, 169 D.P.R. 360 (2006), se hicieron unas expresiones sobre el particular, la realidad es que lo que tuvo ante su consideración este Tribunal, en aquel momento, fue una cuestión relativa a la reincidencia, situación que ya estaba siendo atendida por la Regla 48 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 48 (2004). CC-2010-0583 cons. con 26 CC-2010-0749, CC-2011-0373
constitucionales que aquí se reclaman, establecemos que la
mejor práctica en estos casos es que el Ministerio Público
presente dos (2) pliegos por separado: uno de ellos
imputando la comisión del delito y el otro detallando las
circunstancias que podrían agravar la pena.25
Cuando de la prueba admisible para establecer la
comisión del delito imputado surja igualmente evidencia
sobre los agravantes, el Ministerio Público podrá
solicitar al tribunal que ambos pliegos se le sometan al
jurado conjuntamente para que, luego de emitir su
veredicto, de ser el mismo uno de culpabilidad, determinen
si los agravantes fueron probados más allá de duda
razonable.26 Bajo estas circunstancias, el juez, dentro de
su discreción, deberá auscultar, primeramente, si darle a
conocer al jurado los agravantes, previo al veredicto, le
causaría un perjuicio indebido al acusado. Del juez
determinar que no se le estaría ocasionando un perjuicio
indebido al acusado, se entregarán ambos pliegos para que,
de ser el veredicto uno de culpabilidad, en el mismo acto
25 Al inicio de un juicio por jurado se deberá leer únicamente el pliego que imputa la comisión del delito, pero no así el de los agravantes.
El pliego de agravantes deberá estar firmado y jurado por el fiscal, al igual que la acusación.
26 Nótese que el Artículo 73 del Código Penal de 2004 y el Artículo 67 del Código Penal de 2012 establecen que “[l]as circunstancias agravantes o atenuantes que la ley ya haya tenido en cuenta al tipificar el delito, al igual que las que son inherentes al mismo, no serán consideradas en la fijación de la pena”. Siendo así, en aquellas situaciones en que las circunstancias agravantes se relacionen inherentemente con la comisión del delito, éstas no podrán considerarse para aumentar o disminuir la pena, pues el legislador ya las tuvo en cuenta al tipificar y penalizar la conducta delictiva. CC-2010-0583 cons. con 27 CC-2010-0749, CC-2011-0373
el jurado determine si los agravantes fueron probados más
allá de duda razonable. No obstante, del juez concluir
que sí se estaría exponiendo al acusado a un perjuicio
indebido, no se permitirá la entrega de ambos pliegos al
jurado y, en su lugar, la determinación atinente a los
agravantes se hará según explicamos a continuación.
Cuando, durante el transcurso del juicio no surja
toda la prueba necesaria para establecer los agravantes27 o
si el juez considera que se le causaría un perjuicio
indebido al acusado de someter el pliego de agravantes
antes de que se rinda el veredicto, se celebrará una vista
posterior, ante el jurado, donde tanto el acusado como el
fiscal podrán presentar prueba de circunstancias
atenuantes o agravantes, según corresponda, a los fines de
la imposición de la pena.28 Es en ese momento que al
jurado se le entregará el pliego sobre los agravantes. En
estos casos, el jurado no será disuelto luego de emitido
el veredicto, sino que, según establecimos en Pueblo v.
Santana Vélez, supra, pág. 78, “tendr[án] que realizar la
determinación de los agravantes más allá de duda razonable
a base de la prueba desfilada en el juicio o a base de
prueba adicional que el Ministerio Público presente en
dicha vista”.
27 Ya sea porque la misma no estaba relacionada a la comisión del delito o por cualquier otra razón.
28 Según mencionamos anteriormente, las Reglas 162.4 y 171 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 162.4 y R. 171 (2004 y Supl. 2011), proveen para la celebración de estas vistas. CC-2010-0583 cons. con 28 CC-2010-0749, CC-2011-0373
Al desglosar los agravantes en un pliego separado, se
elimina la posibilidad de ocasionarle un perjuicio
indebido al acusado al momento del jurado deliberar sobre
su culpabilidad, a la vez que se da paso a una
notificación oportuna al imputado de lo que podría
enfrentar en el trámite de su caso y, de este modo, pueda
preparar su defensa adecuadamente. En consecuencia, se
cumple con los preceptos constitucionales que promueven un
juicio rápido y público ante un jurado imparcial, así como
el derecho del acusado a ser juzgado conforme las
garantías exigidas por el debido proceso de ley.
Con la implantación de este mecanismo dual,
ratificamos la máxima de que en el cumplimiento con el
debido proceso de ley, debe garantizarse al acusado un
conocimiento adecuado y completo de todos los pormenores a
los que se expone en el proceso criminal instado en su
contra. A la vez, atemperamos el riesgo de perjuicio
indebido al contaminar innecesariamente la mente del
jurado previo a su deliberación.
Reconocemos, igualmente, la norma desarrollada por
Apprendi v. New Jersey, supra, y su progenie, adoptada
posteriormente por este Tribunal en Pueblo v. Santana
Vélez, supra, a los efectos de que cualquier hecho que
aumente la pena del acusado, excepto aquellos relativos a
convicciones anteriores, tienen que ser sometidos a la CC-2010-0583 cons. con 29 CC-2010-0749, CC-2011-0373
consideración del jurado y probados más allá de duda
razonable.
Al emitir esta decisión estamos conscientes de que,
según alertamos en Pueblo v. Santana Vélez, supra, es
posible que durante el transcurso del juicio el jurado
advenga en conocimiento de hechos que podrían constituir
agravantes para efectos de la pena. Esto, sin embargo, no
afecta nuestra determinación en el día de hoy. El
dictamen respecto a dónde deben aparecer consignados los
agravantes para propósitos de cumplir con la notificación
debida al acusado, a la vez de evitarle un perjuicio
indebido al ser juzgado por jurado, es separado del asunto
de cómo debe presentarse la prueba para establecer hechos
que constituyen agravantes que habrán de impactar la
magnitud de la sentencia que ha de imponérsele en su día.
Es indudable que, en ocasiones, existen hechos que están
íntimamente ligados a la comisión del delito y que, a la
misma vez, podrían constituir agravantes para efectos de
la pena, por lo que, en términos prácticos habrá casos en
los que se estará presentando prueba sobre dichos
agravantes durante el juicio, sin necesidad de pasar
prueba sobre los mismos en una vista posterior sobre
agravantes. Dentro de esas circunstancias, no se le
estaría ocasionando un perjuicio indebido al acusado al
recibir esta evidencia como parte del juicio, pues el CC-2010-0583 cons. con 30 CC-2010-0749, CC-2011-0373
jurado no estará enterado de la naturaleza de esos hechos
en calidad de agravantes, sino como elementos del delito.
Por lo tanto, la presentación de dos (2) pliegos, uno
donde se consigna la acusación y el otro donde se detallan
los agravantes en nada altera el proceso previamente
expuesto y que va a tono con los derechos constitucionales
del acusado. Además, dicho esquema le concede al juez
amplia discreción29 para decidir cuál es el momento más
apropiado para someter los agravantes al jurado y que este
último determine si los mismos han quedado probados más
allá de duda razonable, salvaguardando, de ese modo, todos
los principios constitucionales en cuestión.
Señalamos, además, que no nos persuaden los
argumentos del Ministerio Público conducentes a justificar
la inclusión de los agravantes en el pliego acusatorio
fundados en la economía procesal. Según está diseñado
nuestro sistema procesal penal y conforme establecimos
recientemente en Pueblo v. Santana Vélez, supra, nuestro
ordenamiento actual provee para la celebración de una
vista de agravantes posterior a la determinación de
culpabilidad del acusado. Definitivamente, y según lo
alegado por los acusados, la economía procesal no puede ir
por encima de su derecho constitucional a disfrutar de un
29 Anteriormente hemos indicado que la “„[d]iscreción es, pues, una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera…‟”. Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 211 (1990) (citando a Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 (1964))(énfasis en el original). CC-2010-0583 cons. con 31 CC-2010-0749, CC-2011-0373
juicio justo ante un jurado libre de prejuicios. La
primacía de la que gozan los derechos constitucionales en
nuestro ordenamiento jurídico indudablemente les confiere
prioridad sobre cualquier reclamo de economía procesal.
Por último, es preciso aclarar que lo anterior en
nada cambia la norma establecida en Pueblo v. Montero
Luciano, supra, relativa a que la reincidencia tiene que
seguir siendo alegada en la acusación, de interesar el
Ministerio Público que la misma sea tomada en cuenta para
efectos de la Sentencia. Además queremos enfatizar que
nuestras expresiones vertidas en la nota al calce número
veinticuatro (24) de ese caso, atinentes a que se deben
incluir todos los elementos que pudieran agravar la pena
en el pliego acusatorio, se hicieron basadas en
consideración a la notificación que exige el debido
proceso de ley. No obstante, este asunto está siendo
debidamente atendido en la opinión que hoy emitimos, al
requerir la entrega de dos (2) pliegos.
Nuestra opinión en Pueblo v. Montero Luciano, supra,
estuvo enmarcada en lo dispuesto en la Regla 48 de
Procedimiento Criminal, supra, la cual ordena la inclusión
de las convicciones anteriores del acusado en la
acusación, si el Ministerio Público pretende establecer la
condición de reincidente de éste para fines de la
imposición de una pena mayor. Queremos resaltar, en
contraste, que nuestro ordenamiento no contiene CC-2010-0583 cons. con 32 CC-2010-0749, CC-2011-0373
disposición alguna que exija la inclusión de los
agravantes como parte de la acusación. Entendemos que una
explicación acertada para ello es que, como bien sabemos,
la alegación de reincidencia versa sobre unos hechos que
ya han sido objeto de adjudicación judicial, mientras que
las circunstancias agravantes se refieren a hechos que no
han sido objeto de procesos criminales y que están
pendientes de ser probados más allá de duda razonable. De
modo que incluirlos en la acusación podría provocar el
riesgo de que el jurado los considere, ya sea como hechos
probados o los tome en cuenta para determinar la
culpabilidad del acusado.
Cabe señalar que por ser la norma procesal que hoy
pautamos de carácter constitucional aplicable a procesos
penales, la misma tiene efecto retroactivo y es de
aplicación a todos aquellos casos que no hayan advenido
finales y firmes. Pueblo v. Thompson Faberllé, 180 D.P.R.
497 (2010); Pueblo v. González Cardona, 153 D.P.R. 765
(2001). Sin embargo, por estar de por medio la discreción
judicial, en aquellos casos que se encuentren en la etapa
apelativa, el convicto tendrá que demostrar que el juez de
instancia abusó de su discreción al someter los agravantes
al jurado en una etapa inoportuna. Sólo en aquellas
situaciones en las que se determine que efectivamente
medió abuso de discreción se devolverá el caso al foro
primario para la emisión de los dos pliegos de conformidad CC-2010-0583 cons. con 33 CC-2010-0749, CC-2011-0373
con la norma que hoy pautamos y la celebración de un nuevo
juicio.30 De otra parte, en aquellos casos en los que ya
esté en transcurso el juicio por jurado, corresponderá al
juez a cargo de los procedimientos, a requerimiento de la
defensa, tomar las medidas que sean necesarias y viables
en esa etapa, para evitar el perjuicio indebido al que
hacemos referencia en esta Opinión.
IV
A tenor con lo anterior, confirmamos la Sentencia del
Tribunal de Apelaciones en el recurso CC-2011-0373 y
revocamos las Sentencias emitidas en los recursos CC-2010-
0583 y CC-2010-0749. Devolvemos estos últimos dos (2)
casos al Tribunal de Primera Instancia para que, conforme
a lo aquí dictaminado, el Ministerio Público someta, a la
brevedad posible, un pliego acusatorio que incluya los
hechos constitutivos del delito, así como la reincidencia,
de ésta ser aplicable, y otro pliego que contenga
únicamente las circunstancias agravantes.
Se dictará Sentencia de conformidad.
ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN JUEZ ASOCIADO
30 En estas instancias, siendo el convicto el que solicita que se anule el primer proceso y se celebre un nuevo juicio, el mismo estaría impedido de levantar la defensa de doble exposición. Pueblo v. Martínez Torres, 126 D.P.R. 561 (1990). EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de diciembre 2012.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia, confirmamos la Sentencia del Tribunal de Apelaciones en el recurso CC-2011-0373 y revocamos las Sentencias emitidas en los recursos CC-2010-0583 y CC- 2010-0749. Devolvemos estos últimos dos (2) casos al Tribunal de Primera Instancia para que, conforme a lo dictaminado en la Opinión arriba indicada, el Ministerio Público someta, a la brevedad posible, un pliego CC-2010-0583 cons. con 2 CC-2010-0749, CC-2011-0373
acusatorio que incluya los hechos constitutivos del delito, así como la reincidencia, de ésta ser aplicable, y otro pliego que contenga únicamente las circunstancias agravantes.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres disiente con opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Alfredo Pagán Rojas CC-2010-0583 Consolidado con: Peticionario CC-2010-0749
Jonathan Claudio Parrilla
El Pueblo de Puerto Rico CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373 2
Joel Lugo Morales; Luis G. Lugo Morales
Opinión disidente emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES
No es cuestión de ser o no ser “liberal”, es cuestión de elaborar jurisprudencia de frente a la realidad.
Pueblo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 19, 45 (1964) (Op. disidente del Juez Asociado señor RIGAU.)
Disiento con mucho respeto del criterio de mis colegas en
estos casos consolidados. De forma implícita, la Opinión del
Tribunal otorga una factura más ancha al amparo del Art. II,
Secs. 7 y 11 de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A. Tomo I,
al extender la norma de Apprendi v. New Jersey, 530 U.S. 466
(2000), más allá de lo que ha pautado el Tribunal Supremo de
Estados Unidos. En el camino, también se revoca de forma CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373 3
solapada lo resuelto en Pueblo v. Montero Luciano, 169 D.P.R.
360 (2006) y en Pueblo v. Santana Vélez, 177 D.P.R. 61 (2009).
Los hechos de estos casos consolidados se encuentran
resumidos adecuadamente en la Opinión del Tribunal. Aun así,
intereso puntualizar que la controversia que hoy resolvemos no
versa sobre si se puede bifurcar un juicio ante jurado para
dividir la fase del veredicto y la fase de la imposición de la
sentencia. Se trata de dilucidar si procede ingeniar un proceso
en que se divida una acusación en dos para imputar en un
documento los elementos del delito y en otro los agravantes.
Como opino que la actuación del Ministerio Público en estos
casos consolidados no ofende el debido proceso de ley ni el
derecho a juicio por jurado, ni está contemplada en las Reglas
de Procedimiento Criminal, disiento.
A. En Pueblo v. Santana Vélez, supra, establecimos la forma
en que se impone una sentencia con agravantes cuando el juicio
es ante jurado. Al hacerlo, analizamos el sistema de imposición
de penas provisto por el Art. 58 del Código Penal de 1974, 33
L.P.R.A. sec. 3282, a la par con el derecho a juicio por jurado
que cobija la Enmienda Sexta de la Constitución de los Estados
Unidos, L.P.R.A. Tomo I, y la jurisprudencia interpretativa de
la Corte Suprema de Estados Unidos, con especial atención a lo
resuelto en Apprendi v. New Jersey, supra; Cunningham v.
California, 549 U.S. 270 (2007); United States v. Booker, 543
U.S. 220 (2005); Blakely v. Washington, 542 U.S. 296 (2004);
Ring v. Arizona, 536 U.S. 584 (2002). Luego de sopesar el
derecho aplicable, sostuvimos que los agravantes de la pena CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373 4
deben someterse ante el jurado y probarse más allá de duda
razonable, salvo que el acusado los acepte. Pueblo v. Santana
Vélez, supra, pág. 76.
También resolvimos en Pueblo v. Santana Vélez, íd., cuál
es el momento y la forma apropiada para que las circunstancias
agravantes de la pena le sean sometidas al jurado. En
particular, expresamos:
En casos en que los agravantes surjan de la prueba admisible presentada, el Ministerio Público podrá solicitar al Tribunal que éstos se le sometan al jurado en conjunto con la determinación de culpabilidad o inocencia. En caso de que el jurado emita un veredicto de culpabilidad, deberá determinar igualmente si encontró probados más allá de duda razonable los agravantes imputados.
Íd.
Añadimos que:
En estos casos, el juez que presida los procedimientos deberá emitir una instrucción al jurado a los efectos de que deberán, en primera instancia, determinar si el acusado es culpable o no culpable. Luego, de llegar a un veredicto de culpabilidad, deberán considerar si, a base de la prueba presentada para probar la comisión del delito, se probaron más allá de duda razonable los agravantes imputados. Del jurado contestar en la afirmativa, el juez deberá tomar en consideración dicha determinación al momento de imponer sentencia.
Íd. pág. 77, esc. 7.
Ahora bien, aclaramos que cuando sea necesario CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373 5
presentar prueba adicional a la requerida para establecer la comisión del delito que no sería admisible durante el juicio o si el juez considera que se le causaría un perjuicio indebido al acusado al someter los agravantes antes de rendirse el veredicto, entonces el procedimiento a seguir será similar al que se lleva a cabo actualmente al amparo de las Reglas de Procedimiento Criminal. Según las Reglas 162.4 y 171 de Procedimiento Criminal tanto el acusado como el fiscal podrán solicitar del tribunal que escuche prueba de circunstancias atenuantes o agravantes a los fines de la imposición de la pena. Véanse las Reglas 162.4 y 171 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. El Ministerio Público podrá hacer uso de las vistas que conceden dichas reglas para presentar prueba sobre los agravantes que estime pertinentes imputar. El Jurado, en esos casos, no sería disuelto inmediatamente luego de emitirse el veredicto, sino que tendrían que realizar la determinación de los agravantes más allá de duda razonable a base de la prueba desfilada en el juicio o a base de prueba adicional que el Ministerio Público presente en dicha vista. De los agravantes no ser probados más allá de duda razonable por el Jurado, el juez estará obligado a imponer la pena fija, salvo que considere probadas circunstancias atenuantes que le permitan conceder una pena menor.
Íd., págs. 77-78.
Como se aprecia, sostuvimos sin ambages que el juez debe
tener la discreción para decidir en qué etapa procesal se
presenta la evidencia de agravantes al jurado. Íd., pág. 96,
(Opinión de Conformidad del Juez Asociado señor MARTÍNEZ
TORRES). Resolvimos de esa forma para “no complicar los procesos
en aquellos casos en que ello no se amerita”. Íd.
Un análisis de derecho comparado con la jurisdicción
federal y con otras jurisdicciones estatales de la Unión nos
lleva a la misma conclusión. Véanse, entre otros, Apprendi v.
New Jersey, supra, pág. 521, esc. 10, (Opinión Concurrente del CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373 6
Juez Asociado señor THOMAS); United States v. Alviar, 573 F. 3d
526, 545 (7mo. Cir. 2009); United States v. Nickl, 427 F. 3d
1286, 1295 (10mo. Cir. 2005); Krocka v. City of Chicago, 203 F.
3d 507, 516 (7mo. Cir. 2000); United States v. Collamore, 868 F.
2d 24, 27 (1er. Cir. 1989); State v. Brillon, 995 A. 2d 557, 563
(Vt. 2010); State v. McBride, 691 S.E. 2d 183, 192 (W. Va.
2010); Polivka v. State, 362 S. W. 3d 918, 923 (Ark. 2010) Vaca
v. State, 314 S. W. 3d 331, 336-337 (Mo. 2010); Duncan v. State,
939 So. 2d 772, 782 (Miss. 2006); Commonwealth v. Philpott 75
S.W. 3d 209, 213 (Ky. 2002); State v. Janto, 986 P. 2d 306, 321
(Hi. 1999); People v. Calderon, 885 P. 2d 83, 86 (Cal. 1994).
Incluso, existen jurisdicciones en que se han delineado
criterios para ayudar al juzgador a ejercer su discreción al
determinar el momento en que se deben presentar los agravantes
al jurado. Por ejemplo, en State v. Berry, 707 S.E. 2d 221, 226
(W. Va. 2011), el Tribunal Supremo de Apelaciones del estado de
West Virginia estableció los siguientes factores para dilucidar
si procede la bifurcación de un juicio:
(a) si unas instrucciones limitadas al jurado serían efectivas [Por ejemplo, véase, United States v. Alfonzo-Reyes, 592 F. 3d 280, 293 (1er Cir. 2010)]; (b) si las partes interesan presentar prueba solamente en la fase de la imposición de la pena pero no en cuanto al veredicto; (c) si la evidencia sería admisible en la fase de la imposición de la pena, pero no sería admisible en cuanto al veredicto o viceversa; (d) si cualquiera de las partes puede demostrar perjuicio o desventaja desleal por la bifurcación; (e) si un juicio unitario causaría que las partes renuncien a la presentación de prueba pertinente para la determinación de la pena, y CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373 7
(f) si la bifurcación alargaría injustificadamente el juicio.31
B. Por su parte, en nuestro ordenamiento jurídico la Regla 34 de
Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, indica que la
primera alegación de parte del Pueblo será la acusación. La
Regla 35 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, regula
el contenido de la acusación. En lo concerniente, ese precepto
indica:
La acusación y la denuncia deberán contener: ........ (c) Una exposición de los hechos esenciales constitutivos del delito, redactada en lenguaje sencillo, claro y conciso, y de tal modo que pueda entenderla cualquier persona de inteligencia común. Las palabras usadas en dicha exposición se interpretarán en su acepción usual en el lenguaje corriente, con excepción de aquellas palabras y frases definidas por ley o por la jurisprudencia, las cuales se interpretarán en su significado legal. Dicha exposición no tendrá que emplear estrictamente las palabras usadas en la ley, y podrá emplear otras que tuvieren el mismo significado. En ningún caso será necesario el expresar en la acusación o denuncia presunciones legales ni materias de conocimiento judicial. Íd.
En esencia, la Regla 35 de Procedimiento Criminal, íd.,
responde al derecho constitucional de todo acusado “a ser
31 La cita original en inglés es la siguiente: “(a) whether limiting instructions to jury would be effective; (b) whether party desires to introduce evidence solely for sentencing purposes but not on merits; (c) whether evidence would be admissible on sentencing but would not be admissible on merits or vice versa; (d) whether either party can demonstrate unfair prejudice or disadvantage by bifurcation; (e) whether unitary trial would cause parties to forego introducing relevant evidence for sentencing purposes; and (f) whether bifurcation unreasonably would lengthen the trial”. CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373 8
notificado de la naturaleza y causa de la acusación”, según lo
establece el Art. II, Sec. 11, de la Constitución de Puerto
Rico, supra. Por eso, si una acusación no imputa delito, la
Regla 64(a) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II,
permite que se desestime.
En Pueblo v. Montero Luciano, supra, pág. 389, declaramos
inconstitucionales los incisos (b)(4) y (b)(5) del Art. 7.04 de
la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. sec.
5204, en cuanto eximían al fiscal de alegar la reincidencia en
la denuncia por guiar en estado de embriaguez. Sustentamos
nuestra decisión en que esos dos incisos violaban la Regla 48 de
Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, y nuestra cláusula
constitucional de debido proceso de ley. Íd.; Art. II, Sec. 7 de
la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A. Tomo I. Por ello,
concluimos que esa cláusula constitucional le impone el deber al
fiscal de alegar en la acusación las convicciones anteriores del
acusado para poder establecer su condición de reincidente. Íd.,
pág. 388.
Por otro lado, dejé claro en Pueblo v. Vélez Rodríguez,
Op. de 14 de septiembre de 2012, 2012 T.S.P.R. 139, 2012 J.T.S.
152, Vol. XXXVI, pág. 224, 186 D.P.R. __ (2012) (Opinión
disidente a la cual se le unió la Jueza Asociada señora PABÓN
CHARNECO), que una acusación no es otra cosa que “una alegación
que hace el Ministerio Público en la que informa a una persona
de qué se le acusa”. (Énfasis en el original.)
También indiqué en mi disenso que al momento de revisar la
suficiencia de una acusación es menester enfocarse en los
aspectos siguientes: (1) el derecho del acusado a ser informado
de la naturaleza de los cargos en su contra; (2) el derecho CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373 9
constitucional en la jurisdicción federal en ciertos casos a ser
procesado por una acusación que pase el cedazo de un gran jurado
y; (3) el derecho constitucional a no ser procesado dos veces
por el mismo delito. Íd., 2012 J.T.S. 152, Vol. XXXVI, pág. 222.
Considero que la Opinión del Tribunal comete el mismo
error conceptual que lo llevó a concluir de forma errada en
Pueblo v. Vélez Rodríguez, supra, ya que atribuye valor
evidenciario a una acusación. En particular, la Opinión del
Tribunal, pág. 28, indica que al
desglosar los agravantes en un pliego separado, se elimina la posibilidad de ocasionarle un perjuicio indebido al acusado al momento del jurado deliberar sobre su culpabilidad, a la vez que se da paso a una notificación oportuna al imputado de lo que podría enfrentar en el trámite de su caso y, de este modo, pueda preparar su defensa adecuadamente.
Sin embargo, ese enfoque es incorrecto. Todos los hechos
que el Ministerio Público consigna en una acusación, incluyendo
los que agravan la pena, necesitan ser probados más allá de duda
razonable en el proceso penal. Pueblo v. García Colón I, 182
D.P.R. 129, 174-176 (2011); Pueblo v. Lugo, Rivero y Almodóvar,
121 D.P.R. 454, 472 (1988); Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R.
645, 652 (1986). Como expresé en mi disenso en Pueblo v. Vélez
Rodríguez, supra, 2012 J.T.S. 152, Vol. XXXVI, pág. 224, no
podemos aplicarle a una acusación las Reglas de Evidencia, 32
L.P.R.A. Ap. VI. Por el contrario, en nuestro esquema procesal
penal se le imparten unas instrucciones al jurado. En ellas, se
le explica que “la acusación no constituye prueba, sino que es
una alegación que hace el Ministerio Público”. Pueblo v. Vélez
Rodríguez, supra, 2012 J.T.S. 152, Vol. XXXVI, pág. 224. CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373 10
(Énfasis en el original.) Esa instrucción es más que suficiente
para evitar un perjuicio indebido al acusado. Es mi contención
que un jurado puede entender el mandato constitucional que
garantiza al acusado la presunción de inocencia y exige que toda
convicción esté sostenida con evidencia más allá de duda
razonable. Pueblo v. García Colón I, supra; Pueblo v. Lugo,
Rivero y Almodóvar, supra.
No obstante, la Opinión del Tribunal decide hoy inaugurar
una “mejor práctica” en casos en que existan agravantes. Así,
literalmente crea un proceso para esos casos en que “el
Ministerio Público [deberá presentar] dos (2) pliegos por
separado: uno de ellos imputando la comisión del delito y el
otro detallando las circunstancias que podrían agravar la pena”.
Opinión del Tribunal, pág. 26. De esa forma, luego de culminar
el juicio y antes de la deliberación, el juez, dentro de su
discreción, decidirá si se entregan ambos pliegos al jurado en
el mismo acto o si por el contrario, se entrega el pliego con
los elementos del delito primero y luego, de ser necesario, el
de los agravantes. En esencia, la Opinión del Tribunal sustenta
su “mejor práctica” en los preceptos constitucionales que
promueven un juicio ante un jurado imparcial, así como el
derecho a ser juzgado conforme las garantías del debido proceso
de ley. Opinión del Tribunal, pág. 29. Estoy en desacuerdo con
ese resultado. En cambio, estoy convencido de que la actuación
del Ministerio Público en estos casos consolidados no ofende el
debido proceso de ley ni el derecho a juicio por jurado.
En esta coyuntura, conviene recordar lo que expresamos en
Domínguez Talavera v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 423, 428
(1974), a los efectos de que “[e]l debido proceso [de ley] no es CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373 11
abstracción apocalíptica que de sólo invocarla infunda temor de
Dios al tribunal y paralice al adversario”. Cada caso hay que
analizarlo con sus hechos particulares. De esa manera, si
estudiamos con detenimiento nuestra decisión en Pueblo v.
Montero Luciano, supra, págs. 388-389, notamos que la razón por
la cual declaramos inconstitucionales los incisos (b)(4) y
(b)(5) del Art. 7.04 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto
Rico, supra, fue porque eran contrarios a la Regla 48 de
Procedimiento Criminal, supra, que reconoce un derecho a que la
reincidencia se imputara en la acusación. Por ello concluimos
que “una vez incorporados ciertos derechos por acción
legislativa, estos se convierten en parte integral del debido
proceso de ley”. Pueblo v. Montero Luciano, supra, pág. 388.
En el caso que nos ocupa no existe un derecho incorporado
por acción legislativa que obligue al Ministerio Fiscal a
presentar dos pliegos acusatorios por separado. De hecho, no
hemos encontrado ni una jurisdicción que obligue al fiscal a
realizar esa actuación. Lo que existe es jurisprudencia copiosa
que establece el momento adecuado para presentar la prueba de
agravantes al jurado de forma que no se ofenda el derecho
constitucional a juicio por jurado. Véase, Apprendi v. New
Jersey, supra, pág. 521, esc. 10, (Opinión Concurrente del Juez
Asociado señor THOMAS); United States v. Alviar, supra, pág.
545; United States v. Nickl, supra, pág. 1295; Krocka v. City of
Chicago, supra, pág. 516; United States v. Collamore, supra,
pág. 27; State v. Brillon, supra, pág. 563; State v. McBride,
supra, pág. 192; Polivka v. State, supra, pág. 923; Vaca v.
State, supra, págs. 336-337; Duncan v. State, supra, pág. 782;
Commonwealth v. Philpott supra, pág. 213; State v. Janto, supra, CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373 12
pág. 321; People v. Calderon, supra, pág. 86. Esa actuación la
atendimos expresamente en Pueblo v. Santana Vélez, supra, págs.
76-78, y delineamos el proceso a seguirse en esos casos. No
obstante, la Opinión que se emite hoy descarta ese proceso.
De igual manera, al decidir Pueblo v. Montero Luciano,
supra, esc. 24, siempre nos referimos al pliego acusatorio en
singular y no a los pliegos acusatorios en plural porque
nuestras Reglas de Procedimiento Criminal, supra, no contemplan
la norma que hoy se adopta. Incluso, resulta espinoso aplicar el
nuevo proceso que elabora la Opinión del Tribunal en aquellas
jurisdicciones en que existe derecho a que el pliego acusatorio
pase el cedazo de un gran jurado. Véase, por ejemplo, Reglas 6 y
7 de Procedimiento Criminal federal. En esas jurisdicciones,
¿habrá que convocar un gran jurado para la acusación que impute
los elementos del delito y otro para la acusación que impute los
agravantes? ¿No hacerlo viola el debido proceso de ley? Parece
que según la mayoría, la Constitución federal se está violando
todos los días en todas las jurisdicciones de Estados Unidos.
La Opinión del Tribunal, pág. 34, incurre en otra
incongruencia al ordenar al Ministerio Público que incluya la
alegación de reincidencia en el mismo documento que recoge los
elementos del delito. Si para fines de argumentación acogiéramos
la tesis de la Mayoría; ¿No es mas inflamatoria la alegación de
reincidente que las circunstancias agravantes del delito? Me
parece que la respuesta es clara. Lo que ocurre es que la
Opinión del Tribunal intenta entrelazar infructuosamente nuestra
decisión en Pueblo v. Montero Luciano, supra, con la “mejor
práctica” que inaugura hoy. Pero en realidad la norma que pauta
hoy este Tribunal es incompatible con Pueblo v. Montero Luciano, CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373 13
íd. Allí señalamos lo contrario a lo que resolvemos hoy: que los
agravantes (que entonces era una alegación de reincidencia)
tienen que aparecer en el pliego acusatorio único, precisamente
porque así lo requiere el derecho constitucional a un debido
proceso de ley. La vigencia de ese precedente ahora está en
duda.
También me preocupa la imprecisión con que la Opinión del
Tribunal expresa el término “agravantes”. Digo esto porque en
ella no se explica cuáles son los agravantes que deben ir en el
segundo pliego. Es decir, la Opinión no limita su norma a la
lista de agravantes que contiene el Art. 66 del Código Penal de
2012, Ley Núm. 146-2012. Al no hacerlo, la Opinión del Tribunal
desorienta y confunde a nuestra profesión legal, quien al fin y
al cabo, será la que tendrá la tarea ardua de aplicar la “mejor
práctica” que hoy comienza. Por ejemplo, si analizamos el delito
de escalamiento, según se regula en los Arts. 194 y 195 del
Código Penal de 2012, íd., notamos que es un agravante el hecho
de que el delito se cometiera en un “edificio ocupado”. Bajo la
“mejor práctica” que hoy se inaugura: ¿hay que presentar un
pliego con los elementos del delito de escalamiento simple, Art.
203 del Código Penal, supra, y otro que indique que el edificio
estaba ocupado? La Opinión del Tribunal guarda silencio al
respecto. A modo de comparación, véanse los siguientes Artículos
del Código Penal de 2012, íd., en que ocurre algo similar: Art.
108 (agresión) y Art. 109 (agresión grave); Art. 141
(proxenetismo, rufianismo y comercio de personas) y Art. 142
(proxenetismo, rufianismo y comercio de personas agravado); Art
155 (restricción de libertad) y Art. 156 (restricción de
libertad agravada); Art. 157 (secuestro) y Art. 158 (secuestro CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373 14
agravado); Art. 171 (violación de comunicaciones personales),
Art. 172 (alteración y uso de datos personales en archivos),
Art. 173 (revelación de comunicaciones y datos personales), Art.
174 (protección a personas jurídicas) y Art. 175 (delito
agravado); Art. 181 (apropiación ilegal) y Art. 182 (apropiación
ilegal agravada); Art. 189 (robo) y Art. 190 (robo agravado);
Art. 198 (daños) y 199 (daño agravado); Art. 230 (incendio) y
Art.231 (incendio agravado); Art. 236 (contaminación ambiental)
y Art. 237 (contaminación ambiental agravada); Art. 269
(perjurio) y Art. 270 (perjurio agravado).
Asimismo, el Tribunal hace un esfuerzo legítimo y loable
en lo relativo a la aplicación retroactiva de la norma
constitucional que se pauta. En particular, la Opinión del
Tribunal, pág. 32, indica que como la norma que se establece es
“de carácter constitucional”, aplica a todos los casos que no
sean finales y firmes. Ello es cónsono con nuestros precedentes
al respecto. Véase, Pueblo v. Thompson Faberllé, 180 D.P.R. 497
(2010). De igual manera, la Opinión del Tribunal, págs. 32,
expresa que en los casos que se encuentran en la etapa
apelativa, “el convicto tendrá que demostrar que el juez de
instancia abusó de su discreción al someter los agravantes al
jurado en una etapa inoportuna”. En cuanto a los casos en que
comenzó el juicio por jurado, la Opinión del Tribunal, pág. 33,
establece que “le corresponderá al juez a cargo de los
procedimientos, a requerimiento de la defensa, tomar las medidas
que sean necesarias y viables en esa etapa, para evitar el
perjuicio indebido al que hacemos referencia en este Opinión”.
Todo eso es razonable. CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373 15
Sin embargo, la Opinión del Tribunal pasa por alto que la
norma que hoy se inaugura no le confiere discreción al
ministerio público para que presente en una sola acusación los
elementos del delito y los agravantes. Así, como es hasta el
momento la práctica forense, todos los casos penales sometidos
ante nuestra jurisdicción cuentan con una sola acusación que
contiene los elementos del delito y los agravantes. Entonces, si
la presentación de dos acusaciones, una que recoja los elementos
del delito y otra que recoja los agravantes, es un imperativo
del debido proceso de ley, ¿cómo se explica que esa norma no se
aplique en los casos penales que se encuentran en etapa
apelativa y en aquellos en que el juicio por jurado comenzó? ¿No
es ello contrario a nuestros precedentes? Véanse, Pueblo v.
Thompson Faberllé, supra; Pueblo v. González Cardona, 153 D.P.R.
765 (2001).
Lo que ocurre es que la Opinión del Tribunal es consciente
de las repercusiones que conlleva aplicar la nueva norma
constitucional a los casos penales en nuestra jurisdicción que
se encuentran en etapa apelativa o aquellos en que el juicio por
jurado comenzó. Sin lugar a dudas, se crearía un caos
institucional y aumentarían considerablemente las mociones de
nuevo juicio. De esa forma, se trastocaría la marcha ordenada de
los trabajos en esta Rama Judicial sin que haya una razón
constitucional que en realidad nos fuerce a resolver como se
hace hoy.
A modo de epílogo, expreso con mucha candidez que la
solución que brinda la Opinión del Tribunal se puede catalogar
como un proyecto de ley que enmienda las Reglas de Procedimiento CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373 16
Criminal. Sin embargo, es algo mucho peor. Adviértase que como
la Opinión del Tribunal resuelve la controversia al amparo de
nuestra Constitución, supra, elimina la posibilidad de que la
Asamblea Legislativa discrepe de la postura de la Opinión del
Tribunal y presente legislación para atenderla.
Asimismo, me preocupa intensamente la nueva tendencia de
una mayoría de los miembros de este Foro de extender
peligrosamente la difusa cláusula constitucional del debido
proceso de ley y paralizar cualquier iniciativa legislativa
dirigida a agilizar el proceso penal. La “abstracción
apocalíptica” de la que hablamos hace décadas en Domínguez
Talavera v. Tribunal Superior, supra, pág. 428, se ha esparcido
ahora en nuestro sistema de justicia de lo criminal como las
plagas que se mencionan en el Apocalipsis. Véase, por ejemplo,
Pueblo v. Vélez Rodríguez, supra. Sin duda, este Tribunal tiene
el deber de proteger los derechos constitucionales de todos.
Cuando el Estado viola esos derechos, no he vacilado para exigir
que se cumplan. Véanse, e.g., Pueblo v. Ayala García, Op. de 13
de julio de 2012, 2012 T.S.P.R. 120, 2012 J.T.S. 133, 186 D.P.R.
__ (2012); Pueblo v. Serrano Reyes, 176 D.P.R. 437 (2009). Sin
embargo, ante el problema de delincuencia que sufre Puerto Rico,
hacemos un pobre servicio cuando atamos las manos de las
agencias de ley y orden en su lucha contra el crimen mediante la
creación de derechos constitucionales que no existen.
De esa forma, cuando este Foro hace abstracción total de
la realidad cotidiana del Puerto Rico del Siglo XXI convierte
“la factura más ancha en la factura más costosa jamás pagada por
el Pueblo de Puerto Rico". RDT Const. Corp. v. Contralor I, 141
D.P.R. 424, 469 (1996) (Opinión concurrente del Juez Asociado CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373 17
señor NEGRÓN GARCÍA). Esa tendencia activista de este Tribunal
en casos penales es peligrosa para nuestra sociedad y
detrimental para el sistema de democracia representativa que
todos aspiramos para Puerto Rico. Rehúso enmendar la ley o la
Constitución desde el estrado. Eso no está dentro de mis
funciones.
Por los fundamentos que anteceden, disiento con respeto de
la decisión de este Tribunal de ordenar al Ministerio Público
que someta un pliego que incluya los elementos del delito y otro
que contenga las circunstancias agravantes. Por el contrario,
confirmaría la decisión del Tribunal de Apelaciones en los casos
CC-2010-583 y CC-2010-749 y revocaría la decisión de ese foro en
el caso CC-2011-373 por entender que el Ministerio Fiscal actuó
acertadamente.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES Juez Asociado
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2012 TSPR 184, Counsel Stack Legal Research, https://law.counselstack.com/opinion/pueblo-v-pagan-rojas-y-otros-prsupreme-2012.