Marisela Camacho Aquino v. Eduardo Pérez Cortés

CourtTribunal De Apelaciones De Puerto Rico/Court of Appeals of Puerto Rico
DecidedJuly 9, 2025
DocketTA2025RA00023
StatusPublished

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Marisela Camacho Aquino v. Eduardo Pérez Cortés, (prapp 2025).

Opinion

Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL I

MARISELA CAMACHO Revisión AQUINO procedente de la Administración Peticionaria - Recurrida TA2025RA00023 para el Sustento de Menores v. ASUME: 0596698 EDUARDO PÉREZ CORTÉS Sobre: Alimentos

Peticionado – Recurrente

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez Pagán Ocasio y el Juez Rodríguez Flores.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de julio de 2025.

La Administración para el Sustento de Menores (“ASUME”) le

impuso al Sr. Eduardo Pérez Cortés (el “Recurrente”) el pago de

$650.00 mensuales, por concepto de pensión alimentaria, a favor de

la hija menor de edad de las partes (la “Hija”). Según se explica a

continuación, al presentarse el recurso de referencia no se había

presentado una moción de reconsideración ante ASUME, requisito

jurisdiccional para acudir en revisión ante este Tribunal, por lo cual

procede la desestimación del recurso.

I.

El 12 de junio de 2025, la ASUME notificó una Resolución y

Orden (la “Decisión”), mediante la cual se modificó la pensión

alimentaria que el Recurrente, padre no custodio, debía satisfacer a

favor de Hija, efectivo al 26 de septiembre de 2024.

En desacuerdo, el 26 de junio, el Recurrente interpuso el

recurso de revisión judicial de referencia, con el fin de que revisemos

la Decisión.

El 2 de julio, la ASUME presentó una moción de

desestimación; planteó que el Recurrente no había presentado TA2025RA00023 2

oportunamente una moción de reconsideración ante la ASUME,

según se requiere como condición previa para solicitar ante este

Tribunal la revisión de la Decisión. Véase Artículo 11A de la Ley de

ASUME, infra, y la Regla 62 del Reglamento Núm. 7583, Reglamento

de Procedimiento Administrativo Expedito de la ASUME (el

“Reglamento”).

El 2 de julio, el Recurrente nos informó que, en igual fecha,

había presentado una Solicitud de Reconsideración de la Decisión

ante la ASUME. No disputó que, en efecto, fuese un requisito

jurisdiccional solicitar la reconsideración de la Decisión antes de

solicitarnos su revisión. Resolvemos.

II.

La jurisdicción es la autoridad que tiene el tribunal para

atender en los méritos una controversia. Maldonado v. Junta de

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). La jurisdicción no se presume

y los tribunales no tienen discreción para asumirla donde no la hay.

Íd. Los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra

jurisdicción. SLG Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882

(2007). Los asuntos jurisdiccionales son privilegiados y deben

resolverse con preferencia a cualquier otro asunto planteado.

Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003).

Por otro lado, la Ley 201-2003 (“Ley 201”), conocida como Ley

de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 4 LPRA

sec. 24 et seq., establece, en lo pertinente, que el Tribunal de

Apelaciones revisará, como cuestión de derecho, las decisiones

finales de los organismos y agencias administrativas, cuyo trámite

se hará de conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 38-

2017 (“LPAU”), Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9601 et seq. Véase, Artículo

4.002 de la Ley 201, 4 LPRA sec. 24u. TA2025RA00023 3

En conexión, la Sección 4.1 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9671,

dispone que la revisión judicial estará disponible solo en aquellos

casos en que se recurra de un dictamen adjudicativo final emitido

por una dependencia administrativa. Por su parte, la Sección 4.2

de la LPAU, 3 LPRA sec. 9672, exige lo siguiente:

[u]na parte adversamente afectada por una orden o resolución final de una agencia y que haya agotado todos los remedios provistos por la agencia o por el organismo administrativo apelativo correspondiente podrá presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o resolución final de la agencia o a partir de la fecha aplicable de las dispuestas en la sec. 9655 de este título, cuando el término para solicitar la revisión judicial haya sido interrumpido mediante la presentación oportuna de una moción de reconsideración.

El requisito de agotar remedios administrativos que impone la

Sección 4.2 de la LPAU, ante, limita nuestra facultad de revisar las

determinaciones administrativas. J. Exam. Tec. Med. v. Elías et al.,

144 DPR 483, 489 (1997); Guzmán y otros v. E.L.A., 156 DPR 693,

714 (2002).

Por su parte, el Artículo 11A de la Ley Núm. 5 del 30 de

diciembre de 1986, Ley Orgánica de la Administración para el

Sustento de Menores, según enmendada, 8 LPRA sec. 510ª (la “Ley

de ASUME”), establece lo siguiente en torno a la revisión judicial:

De conformidad con las secs. 9601 et seq. del Título 3, conocidas como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, la parte adversamente afectada podrá, dentro de un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o decisión final del Juez Administrativo, presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. Será requisito jurisdiccional para poder acudir en revisión judicial, haber solicitado oportunamente la reconsideración de la orden de la cual se recurre. (Énfasis provisto). 8 LPRA sec. 510a.

Por su parte, la Regla 62 del Reglamento Núm. 7583 del 10 de

octubre de 2008, Reglamento del Procedimiento Administrativo TA2025RA00023 4

Expedito de la Administración para el Sustento de Menores (el

“Reglamento”), dispone, de forma similar:

La parte adversamente afectada por una resolución final podrá solicitar reconsideración, dentro del término de veinte (20) días si reside en Puerto Rico o de treinta (30) días si reside fuera de Puerto Rico, que se contará a partir del archivo en el expediente o del envío por correo del dictamen, lo que sea posterior. La solicitud de reconsideración será presentada en la oficina del juez administrativo mediante escrito enviado por correo regular, fax, cualquier método electrónico disponible o personalmente. Cuando se presente por fax, el original deberá ser remitido por correo o entregado personalmente el mismo día en que se tramitó el fax.

[…]

Si el juez administrativo acoge la solicitud de reconsideración emitirá una resolución en reconsideración en un término que no podrá exceder de diez (10) días, que se contarán a partir de la celebración de la vista. La resolución en reconsideración se notificará dentro de los siguientes cinco (5) días de haberse emitido. Si transcurridos quince (15) días de la presentación de la reconsideración, el juez administrativo no emite una determinación, se entenderá que la rechazó de plano. La parte interesada tendrá treinta (30) días contados a partir del día en que se agotaron esos quince (15) días, para acudir al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de revisión judicial. En los casos en los que el juez administrativo emita una determinación en reconsideración, la parte adversamente afectada podrá presentar una solicitud de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones dentro del término de treinta (30) días, que se contarán a partir del archivo en el expediente o del envío de la Resolución que resuelve la solicitud de reconsideración, lo que sea posterior.

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