EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: 2024 TSPR 92
214 DPR ___ Carmen E. García Cárdenas
Número del Caso: TS-12,557
Fecha: 16 de agosto de 2024
Programa de Educación Jurídica Continua:
Lcda. María Cecilia Molinelli González Directora Ejecutiva
Lcda. Nicolle Lozada Báez Asesora Legal II
Lcda. Caridad Rodríguez Feliciano Asesora Legal I
Lcda. Myrel D. Marín Cruz Asesora Administrativa
Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía por incumplimiento con los requerimientos del Programa de Educación Jurídica Continua y las órdenes del Tribunal Supremo.
Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Carmen E. García Cárdenas TS-12,557
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 16 de agosto de 2024.
Nuevamente, nos vemos obligados a ejercer nuestra
facultad disciplinaria sobre un integrante de la abogacía
por incumplir con los postulados éticos que, como mínimo,
deben guiar la gestión de todos los miembros de la
profesión legal.
En el día de hoy, intervenimos disciplinariamente con
la Lcda. Carmen E. García Cárdenas y decretamos su
suspensión inmediata e indefinida de la práctica de la
abogacía.
Veamos las circunstancias fácticas que sustentan
nuestra determinación.
I.
La Lcda. Carmen E. García Cárdenas (licenciada García
Cárdenas) fue admitida al ejercicio de la abogacía el 25 de TS-12,557 3
enero de 1999 y prestó juramento como notaria el 11 de
enero de 2001.1
El pasado 26 de octubre de 2023, la Directora
Ejecutiva del Programa de Educación Jurídica Continua
(PEJC) compareció ante este Tribunal mediante un Informe
sobre incumplimiento y nos comunicó que varios abogados se
encontraban inobservando los requisitos del PEJC, entre
ellos, la licenciada García Cárdenas. Asimismo, nos indicó
que realizaron varias llamadas telefónicas para tratar de
atender el asunto y así evitar un referido ante este
Tribunal. No obstante, dichos esfuerzos resultaron
infructuosos. Cabe destacar, además, que la abogada no
posee un correo electrónico identificado en el Registro
Uniforme de Abogados y Abogadas (RUA).
Consecuentemente, el 4 de diciembre de 2023, le
concedimos un término de veinte (20) días a la licenciada
García Cárdenas para que mostrara causa por la cual no
debía ser suspendida de la profesión legal por incumplir
con los requerimientos del PEJC.
Eventualmente, y tras el incumplimiento de la
licenciada García Cárdenas con nuestra Resolución de
diciembre, el 27 de febrero de 2024 le concedimos un
término final de diez (10) días para que compareciera. En
dicha ocasión, le apercibimos que si desatendía nuestra
1 El 21 de julio de 2015 la licenciada García Cárdenas cesó voluntariamente al ejercicio de la notaría. TS-12,557 4
orden, podría enfrentar sanciones severas, incluyendo la
suspensión del ejercicio de la abogacía.
Nuevamente la licenciada García Cárdenas incumplió con
nuestro mandato. Aún así, el 6 de mayo de 2024, decidimos
concederle un último término perentorio de diez (10) días,
para que compareciera y mostrara causa.
Al presente, la licenciada García Cárdenas no ha
comparecido ante este Tribunal y mantiene su incumplimiento
II.
Desde el momento preciso en que cada abogado presta
juramento como tal y es admitido a la profesión de la
abogacía, este se compromete a fijar su conducta
íntimamente a las normas establecidas en el Código de Ética
Profesional.2 El propósito de este cuerpo rector recae en
“promover el desempeño personal y profesional de los
miembros de la profesión legal de acuerdo con los más altos
principios de conducta decorosa, lo que, a su vez, resulta
en beneficio de la profesión, la ciudadanía y las
instituciones de justicia”.3
Asimismo, hemos señalado que este deber se hace
extensivo “no solo a la esfera de la litigación de causas,
sino a la jurisdicción disciplinaria de este Tribunal”.4
2 4 LPRA Ap. IX. 3 In re Torres Rivera, 210 DPR 995 (2022). 4 In re Medina Torres, 200 DPR 610, 628 (2018). TS-12,557 5
En aras de garantizar una representación legal
adecuada a los ciudadanos que acuden ante nuestros
tribunales, el Canon 2 del Código de Ética Profesional, le
exige a los profesionales del Derecho que practican en
nuestra jurisdicción “mantener un alto grado de excelencia
y competencia en su profesión a través del estudio y la
participación en programas educativos de mejoramiento
profesional”.5
A tenor con lo anterior, y para viabilizar el
cumplimiento con el deber antes mencionado, aprobamos el
Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua.6 La
Regla 29 de dicho cuerpo reglamentario requiere que todo
miembro activo de la profesión legal apruebe veinticuatro
(24) horas crédito en cursos de educación jurídica continua
en un lapso de tres (3) años.
En el contexto del incumplimiento con los requisitos
del PEJC, hemos expresado que la desidia y dejadez ante los
requerimientos de dicho programa representan un gasto de
recursos administrativos, como también una patente falta de
compromiso con el deber de excelencia y competencia que
encarna el Canon 2 del Código de Ética Profesional.7 Así
pues, en los casos que los abogados y las abogadas
desatienden los requerimientos del PEJC e incumplen los
requisitos de educación jurídica continua conforme a lo
5 4 LPRA Ap. IX, C. 2 6 4 LPRA Ap. XVII-D. 7 In re Cabán Arocho, 198 DPR 1112 (2017); In re López Santos, 194 DPR
960 (2016). Véase, In re Molinary Machado, 203 DPR 1070 (2019). TS-12,557 6
dispuesto en el Reglamento del PEJC, supra, este Tribunal
se ha visto obligado a suspenderles indefinidamente.8
A. Canon 9 del Código de Ética Profesional
Por su parte, el Canon 9 del Código de Ética
Profesional, supra, codifica el mandato ético que obliga a
todo abogado a atender y obedecer las órdenes del Tribunal
y las de cualquier otro foro ante el que se encuentre
obligado a comparecer. Particularmente, le impone a los
letrados “el deber de observar para con los tribunales una
conducta que se caracterice por el mayor respeto”.9 Cuando
se trata de procesos disciplinarios, los integrantes de la
profesión legal tienen el deber de responder diligente y
oportunamente a nuestros requerimientos y órdenes.10
Por ello, un abogado que desatiende los requerimientos
realizados en el curso de un procedimiento disciplinario
denota “indisciplina, desobediencia, displicencia, falta de
respeto y contumacia hacia las autoridades, y revela una
gran fisura del buen carácter que debe exhibir todo miembro
de la profesión legal”.11
Así, pues, no podemos tomar livianamente la actitud de
indiferencia a la autoridad de este Tribunal. Lo anterior
8 In re Molinary Machado, supra; In re Cabán Arocho, supra; In re Rodríguez Gerena, 197 DPR 1093 (2017). 9 In re Torres Rivera, supra. 10 In re Lajara Radinson, 207 DPR 854 (2021); In re Colón Rivera, 206
DPR 1073 (2021). 11 In re Jiménez Meléndez, 198 DPR 453, 457 (2017). TS-12,557 7
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: 2024 TSPR 92
214 DPR ___ Carmen E. García Cárdenas
Número del Caso: TS-12,557
Fecha: 16 de agosto de 2024
Programa de Educación Jurídica Continua:
Lcda. María Cecilia Molinelli González Directora Ejecutiva
Lcda. Nicolle Lozada Báez Asesora Legal II
Lcda. Caridad Rodríguez Feliciano Asesora Legal I
Lcda. Myrel D. Marín Cruz Asesora Administrativa
Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía por incumplimiento con los requerimientos del Programa de Educación Jurídica Continua y las órdenes del Tribunal Supremo.
Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Carmen E. García Cárdenas TS-12,557
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 16 de agosto de 2024.
Nuevamente, nos vemos obligados a ejercer nuestra
facultad disciplinaria sobre un integrante de la abogacía
por incumplir con los postulados éticos que, como mínimo,
deben guiar la gestión de todos los miembros de la
profesión legal.
En el día de hoy, intervenimos disciplinariamente con
la Lcda. Carmen E. García Cárdenas y decretamos su
suspensión inmediata e indefinida de la práctica de la
abogacía.
Veamos las circunstancias fácticas que sustentan
nuestra determinación.
I.
La Lcda. Carmen E. García Cárdenas (licenciada García
Cárdenas) fue admitida al ejercicio de la abogacía el 25 de TS-12,557 3
enero de 1999 y prestó juramento como notaria el 11 de
enero de 2001.1
El pasado 26 de octubre de 2023, la Directora
Ejecutiva del Programa de Educación Jurídica Continua
(PEJC) compareció ante este Tribunal mediante un Informe
sobre incumplimiento y nos comunicó que varios abogados se
encontraban inobservando los requisitos del PEJC, entre
ellos, la licenciada García Cárdenas. Asimismo, nos indicó
que realizaron varias llamadas telefónicas para tratar de
atender el asunto y así evitar un referido ante este
Tribunal. No obstante, dichos esfuerzos resultaron
infructuosos. Cabe destacar, además, que la abogada no
posee un correo electrónico identificado en el Registro
Uniforme de Abogados y Abogadas (RUA).
Consecuentemente, el 4 de diciembre de 2023, le
concedimos un término de veinte (20) días a la licenciada
García Cárdenas para que mostrara causa por la cual no
debía ser suspendida de la profesión legal por incumplir
con los requerimientos del PEJC.
Eventualmente, y tras el incumplimiento de la
licenciada García Cárdenas con nuestra Resolución de
diciembre, el 27 de febrero de 2024 le concedimos un
término final de diez (10) días para que compareciera. En
dicha ocasión, le apercibimos que si desatendía nuestra
1 El 21 de julio de 2015 la licenciada García Cárdenas cesó voluntariamente al ejercicio de la notaría. TS-12,557 4
orden, podría enfrentar sanciones severas, incluyendo la
suspensión del ejercicio de la abogacía.
Nuevamente la licenciada García Cárdenas incumplió con
nuestro mandato. Aún así, el 6 de mayo de 2024, decidimos
concederle un último término perentorio de diez (10) días,
para que compareciera y mostrara causa.
Al presente, la licenciada García Cárdenas no ha
comparecido ante este Tribunal y mantiene su incumplimiento
II.
Desde el momento preciso en que cada abogado presta
juramento como tal y es admitido a la profesión de la
abogacía, este se compromete a fijar su conducta
íntimamente a las normas establecidas en el Código de Ética
Profesional.2 El propósito de este cuerpo rector recae en
“promover el desempeño personal y profesional de los
miembros de la profesión legal de acuerdo con los más altos
principios de conducta decorosa, lo que, a su vez, resulta
en beneficio de la profesión, la ciudadanía y las
instituciones de justicia”.3
Asimismo, hemos señalado que este deber se hace
extensivo “no solo a la esfera de la litigación de causas,
sino a la jurisdicción disciplinaria de este Tribunal”.4
2 4 LPRA Ap. IX. 3 In re Torres Rivera, 210 DPR 995 (2022). 4 In re Medina Torres, 200 DPR 610, 628 (2018). TS-12,557 5
En aras de garantizar una representación legal
adecuada a los ciudadanos que acuden ante nuestros
tribunales, el Canon 2 del Código de Ética Profesional, le
exige a los profesionales del Derecho que practican en
nuestra jurisdicción “mantener un alto grado de excelencia
y competencia en su profesión a través del estudio y la
participación en programas educativos de mejoramiento
profesional”.5
A tenor con lo anterior, y para viabilizar el
cumplimiento con el deber antes mencionado, aprobamos el
Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua.6 La
Regla 29 de dicho cuerpo reglamentario requiere que todo
miembro activo de la profesión legal apruebe veinticuatro
(24) horas crédito en cursos de educación jurídica continua
en un lapso de tres (3) años.
En el contexto del incumplimiento con los requisitos
del PEJC, hemos expresado que la desidia y dejadez ante los
requerimientos de dicho programa representan un gasto de
recursos administrativos, como también una patente falta de
compromiso con el deber de excelencia y competencia que
encarna el Canon 2 del Código de Ética Profesional.7 Así
pues, en los casos que los abogados y las abogadas
desatienden los requerimientos del PEJC e incumplen los
requisitos de educación jurídica continua conforme a lo
5 4 LPRA Ap. IX, C. 2 6 4 LPRA Ap. XVII-D. 7 In re Cabán Arocho, 198 DPR 1112 (2017); In re López Santos, 194 DPR
960 (2016). Véase, In re Molinary Machado, 203 DPR 1070 (2019). TS-12,557 6
dispuesto en el Reglamento del PEJC, supra, este Tribunal
se ha visto obligado a suspenderles indefinidamente.8
A. Canon 9 del Código de Ética Profesional
Por su parte, el Canon 9 del Código de Ética
Profesional, supra, codifica el mandato ético que obliga a
todo abogado a atender y obedecer las órdenes del Tribunal
y las de cualquier otro foro ante el que se encuentre
obligado a comparecer. Particularmente, le impone a los
letrados “el deber de observar para con los tribunales una
conducta que se caracterice por el mayor respeto”.9 Cuando
se trata de procesos disciplinarios, los integrantes de la
profesión legal tienen el deber de responder diligente y
oportunamente a nuestros requerimientos y órdenes.10
Por ello, un abogado que desatiende los requerimientos
realizados en el curso de un procedimiento disciplinario
denota “indisciplina, desobediencia, displicencia, falta de
respeto y contumacia hacia las autoridades, y revela una
gran fisura del buen carácter que debe exhibir todo miembro
de la profesión legal”.11
Así, pues, no podemos tomar livianamente la actitud de
indiferencia a la autoridad de este Tribunal. Lo anterior
8 In re Molinary Machado, supra; In re Cabán Arocho, supra; In re Rodríguez Gerena, 197 DPR 1093 (2017). 9 In re Torres Rivera, supra. 10 In re Lajara Radinson, 207 DPR 854 (2021); In re Colón Rivera, 206
DPR 1073 (2021). 11 In re Jiménez Meléndez, 198 DPR 453, 457 (2017). TS-12,557 7
resulta causa suficiente para decretar la suspensión
inmediata de cualquier abogado.12
III.
Del recuento fáctico antes reseñado se desprende
palpablemente una conducta que refleja indiferencia y
desidia ante las órdenes de este Tribunal. Pese a las
múltiples oportunidades y prórrogas que este Tribunal le ha
concedido a la licenciada García Cárdenas para cumplir con
los requerimientos del PEJC, al presente, ésta tiene
incumplido el periodo 2018-2021 y adeuda cien dólares
($100.00) en concepto de multa por cumplimiento tardío y
por referido del Programa ante este Foro.
La licenciada García Cárdenas no solo ha incumplido
con los requisitos antes mencionados, sino que, además, ha
desatendido las órdenes de esta Curia en más de una
instancia durante este proceso. Tal conducta, a todas
luces, demuestra falta de interés para continuar ejerciendo
la profesión legal.
En vista de ello, y considerando que esta no ha dado
fiel cumplimiento a los requerimientos del PEJC ni a lo
ordenado por este Foro, ordenamos la suspensión de la
licenciada García Cárdenas del ejercicio de la abogacía de
manera inmediata e indefinida.
12 Íd. TS-12,557 8
IV.
Consecuentemente, le ordenamos notificar a todos sus
clientes de su inhabilidad para continuar con su
representación y a devolverles tanto los expedientes de los
casos pendientes como los honorarios recibidos por trabajos
no rendidos. Además, deberá informar inmediatamente de su
suspensión a los distintos foros judiciales y
administrativos en los que tenga algún asunto pendiente y
acreditar ante este Tribunal el cumplimiento con lo
anterior, incluyendo una lista de los clientes y foros a
quienes le notificó de su suspensión, dentro del término de
treinta (30) días, a partir de la notificación de esta
Opinión Per Curiam y su correspondiente Sentencia. No
hacerlo pudiera conllevar que no se le reinstale al
ejercicio de la abogacía de solicitarlo en el futuro.
Se dictará Sentencia de Conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: TS-12,557 Carmen E. García Cárdenas
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, decretamos la suspensión indefinida e inmediata del ejercicio de la abogacía de la Lcda. Carmen E. García Cárdenas.
A la luz de lo anterior, le imponemos a la letrada el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir representándolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión indefinida a los foros judiciales y administrativos donde tenga asuntos pendientes. Deberá, además, acreditar y certificarnos el cumplimiento de estos deberes incluyendo una lista de los clientes y los foros a quienes le haya notificado de su suspensión, dentro del término de treinta (30) días, a partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia. No hacerlo, pudiera conllevar que no se le reinstale al ejercicio de la profesión de solicitarlo en el futuro.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Colón Pérez no intervino.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez Secretario del Tribunal Supremo