AB-98-137 1
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
IN RE:
CARLOS E. RIVERA RODRIGUEZ Conducta Querellado Profesional
V. 99TSPR45
Número del Caso: AB-98-137
Abogados de la Parte Peticionaria: Lic. María De Lourdes Rodríguez Oficial Investigadora Colegio de Abogados
Abogados de la Parte Recurrida: Por derecho propio
Abogados de la Parte Interventora:
Tribunal de Instancia: Superior
Juez del Tribunal de Primera Instancia:
Tribunal de circuito de Apelaciones:
Juez Ponente:
Fecha: 3/31/1999
Materia:
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. AB-98-137 2
In re: AB-98-137 Carlos E. Rivera Rodríguez
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 1999.
I.
El 19 de enero de 1999 emitimos una Opinión y Sentencia
suspendiendo indefinidamente del ejercicio de la abogacía y
notaría al Lcdo. Carlos E. Rivera Rodríguez (colegiado número 9957), por no haber respondido los requerimientos de
este Tribunal con relación a una queja presentada en su contra ante el Colegio de Abogados. Dispusimos que su
suspensión sería “hasta tanto acredite su disposición de cumplir rigurosamente con nuestras órdenes y este Tribunal
disponga lo que proceda en derecho”. Notificado personalmente el 29 de enero, el 1 de AB-98-137 3
febrero nos presentó Moción Informativa de Cumplimiento de
Orden y Acreditativa de Intención.
Solicitó, entre otros remedios, la reinstalación a la
profesión de la abogacía. Asimismo, el 10 de febrero nos
informó, corroborado el 16 de febrero por el Colegio de
Abogados, que había contestado la queja que originó el
presente caso. El 17 de marzo presentó nuevamente una
moción solicitando reinstalación.
Aunque en su súplica del escrito del 1 de febrero nos
solicitó la reinstalación, acogemos la misma como una
reconsideración, por estar la misma comprendida dentro de
los diez (10) días laborables que permite nuestro
Reglamento.
II.
De entrada, hemos observado que existen ciertas dudas
en torno al alcance e interpretación del lenguaje de
nuestras opiniones en casos de suspensiones de abogados.
Procede, pues, que pautemos este aspecto.
Con anterioridad explicamos la forma de computar los
términos de las sanciones impuestas a abogados como
medidas disciplinarias. En In re: Francisco Valcárcel Mulero, res. en 24 de marzo de 1997, indicamos que la
fecha de vigencia de una suspensión se computará de dos
maneras:
Este Tribunal no se ha expresado específicamente sobre la forma de computar los términos de las sanciones impuestas a abogados como medidas disciplinarias. En algunos casos la suspensión ha sido inmediata; en otros, se ha computado desde que la Sentencia advino final y firme; y, en otros, como el de autos, nada hemos dicho. Las primeras dos circunstancias, no presentan problema alguno, ya que en la propia Sentencia el Tribunal dispone la forma en que se efectuará el AB-98-137 4
cómputo. Es la tercera modalidad la que presenta la falta de una norma clara a seguir.
A tenor con lo dispuesto en la Regla 45 del RTS, contenida en la PARTE VIII sobre REGLAS APLICABLES A TODOS LOS RECURSOS; DISPOSICIONES MISCELANEAS, con relación a cualquier decisión o resolución que emita este Tribunal, a partir de la fecha en que las mismas sean notificadas, las partes tendrán un término de diez (10) días laborables para presentar una moción de reconsideración. Denegada esta primera moción de reconsideración, la parte afectada tendrá el término de tres (3) días laborables, a partir de la notificación de la resolución, para presentar una segunda moción de reconsideración. No se permitirán mociones de reconsideración adicionales.
Mientras se encuentra pendiente una moción de reconsideración o no haya transcurrido el término para presentarla, el recurso o asunto se entenderá sometido a la consideración del Tribunal ya que la determinación no se ha convertido en una final y firme. Al advenir final y firme la determinación del Tribunal, comienza a decursar el término de suspensión que fuere impuesto. La incautación de los protocolos es una medida cautelar que no establece el comienzo de la sanción impuesta. El cómputo del término de la sanción se hará de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 8 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 8.
A pesar de la norma anteriormente expuesta, el Tribunal, al amparo de su facultad inherente para reglamentar y fiscalizar el ejercicio de la profesión legal, podrá, en casos apropiados, disponer que la sanción disciplinaria entre en vigor inmediatamente. También podrá adoptar cualesquiera otras medidas cautelares que entienda necesarias, a la luz de los hechos particulares de cada caso. K-Mart Corp. v. Walgreens of P.R., Inc., 121 D.P.R. 633 (1988) Colegio de Abogados de P.R. v. Schneider, 112 D.P.R. 540 (1982).
Se aprecia, pues, que podemos ordenar la suspensión inmediata de un miembro de la profesión de la abogacía.
Su efecto es que dicha persona no puede ejercer la profesión desde que es debidamente notificado de la
decisión. Al igual que en otros casos, a partir de esa AB-98-137 5
notificación tiene el derecho de solicitar una
reconsideración, y si el Tribunal reconsiderara, sería
entonces reinstalado. Cuando eso ocurre, e incluso en
aquellas ocasiones en que el Tribunal deniega la moción
de reconsideración, el cómputo del término de la
suspensión comienza a partir de la notificación de la
Opinión del Tribunal, que por ser un trámite posterior no
necesariamente coincide con la fecha de la decisión.
En In re: Francisco Valcárcel Mulero, supra,
también expresamos que si no se dispone en la Opinión que
la suspensión será inmediata, el cómputo del término es
otro. En tales casos al notificar al abogado de la
Opinión suspendiéndolo, éste podrá seguir ejerciendo la
profesión de la abogacía, tendrá derecho a solicitar
reconsideración y si el tribunal reconsidera, puede
dejarse sin efecto la decisión anterior. Esto significa
que el abogado o abogada nunca fue suspendido porque la
decisión vigente no advino final y firme. Distinto es si
se deniega la reconsideración, o si el abogado no la
solicita transcurrido el término de diez (10) días
laborables para presentarla, en cuyo caso la Opinión se
convierte final y firme y es a partir de esa fecha que
comienza a decursar el término de la suspensión.
En cualquiera de las dos circunstancias explicadas,
una vez notificada la Opinión al abogado o abogada, la
misma será publicada por el Tribunal, independientemente
del trámite procesal posterior que pudiera ocurrir. En
todos los casos de abogados notarios se ordenará la
incautación de la obra y sello notarial al momento de la
notificación y como medida cautelar, no pudiendo estos AB-98-137 6
continuar con la práctica de la notaría bajo ninguna
circunstancia. La obra notarial será entregada a la
Directora del Oficina de Inspección de Notarías para que
ésta la inspeccione y nos presente el correspondiente
informe. Si el Tribunal decide reconsiderar una
suspensión o reinstalar, también publicará su decisión.
De esta manera, en ambos casos, tanto el público como la
profesión, serán notificados de las decisiones de este
Tribunal.
III.
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AB-98-137 1
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
IN RE:
CARLOS E. RIVERA RODRIGUEZ Conducta Querellado Profesional
V. 99TSPR45
Número del Caso: AB-98-137
Abogados de la Parte Peticionaria: Lic. María De Lourdes Rodríguez Oficial Investigadora Colegio de Abogados
Abogados de la Parte Recurrida: Por derecho propio
Abogados de la Parte Interventora:
Tribunal de Instancia: Superior
Juez del Tribunal de Primera Instancia:
Tribunal de circuito de Apelaciones:
Juez Ponente:
Fecha: 3/31/1999
Materia:
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. AB-98-137 2
In re: AB-98-137 Carlos E. Rivera Rodríguez
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 1999.
I.
El 19 de enero de 1999 emitimos una Opinión y Sentencia
suspendiendo indefinidamente del ejercicio de la abogacía y
notaría al Lcdo. Carlos E. Rivera Rodríguez (colegiado número 9957), por no haber respondido los requerimientos de
este Tribunal con relación a una queja presentada en su contra ante el Colegio de Abogados. Dispusimos que su
suspensión sería “hasta tanto acredite su disposición de cumplir rigurosamente con nuestras órdenes y este Tribunal
disponga lo que proceda en derecho”. Notificado personalmente el 29 de enero, el 1 de AB-98-137 3
febrero nos presentó Moción Informativa de Cumplimiento de
Orden y Acreditativa de Intención.
Solicitó, entre otros remedios, la reinstalación a la
profesión de la abogacía. Asimismo, el 10 de febrero nos
informó, corroborado el 16 de febrero por el Colegio de
Abogados, que había contestado la queja que originó el
presente caso. El 17 de marzo presentó nuevamente una
moción solicitando reinstalación.
Aunque en su súplica del escrito del 1 de febrero nos
solicitó la reinstalación, acogemos la misma como una
reconsideración, por estar la misma comprendida dentro de
los diez (10) días laborables que permite nuestro
Reglamento.
II.
De entrada, hemos observado que existen ciertas dudas
en torno al alcance e interpretación del lenguaje de
nuestras opiniones en casos de suspensiones de abogados.
Procede, pues, que pautemos este aspecto.
Con anterioridad explicamos la forma de computar los
términos de las sanciones impuestas a abogados como
medidas disciplinarias. En In re: Francisco Valcárcel Mulero, res. en 24 de marzo de 1997, indicamos que la
fecha de vigencia de una suspensión se computará de dos
maneras:
Este Tribunal no se ha expresado específicamente sobre la forma de computar los términos de las sanciones impuestas a abogados como medidas disciplinarias. En algunos casos la suspensión ha sido inmediata; en otros, se ha computado desde que la Sentencia advino final y firme; y, en otros, como el de autos, nada hemos dicho. Las primeras dos circunstancias, no presentan problema alguno, ya que en la propia Sentencia el Tribunal dispone la forma en que se efectuará el AB-98-137 4
cómputo. Es la tercera modalidad la que presenta la falta de una norma clara a seguir.
A tenor con lo dispuesto en la Regla 45 del RTS, contenida en la PARTE VIII sobre REGLAS APLICABLES A TODOS LOS RECURSOS; DISPOSICIONES MISCELANEAS, con relación a cualquier decisión o resolución que emita este Tribunal, a partir de la fecha en que las mismas sean notificadas, las partes tendrán un término de diez (10) días laborables para presentar una moción de reconsideración. Denegada esta primera moción de reconsideración, la parte afectada tendrá el término de tres (3) días laborables, a partir de la notificación de la resolución, para presentar una segunda moción de reconsideración. No se permitirán mociones de reconsideración adicionales.
Mientras se encuentra pendiente una moción de reconsideración o no haya transcurrido el término para presentarla, el recurso o asunto se entenderá sometido a la consideración del Tribunal ya que la determinación no se ha convertido en una final y firme. Al advenir final y firme la determinación del Tribunal, comienza a decursar el término de suspensión que fuere impuesto. La incautación de los protocolos es una medida cautelar que no establece el comienzo de la sanción impuesta. El cómputo del término de la sanción se hará de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 8 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 8.
A pesar de la norma anteriormente expuesta, el Tribunal, al amparo de su facultad inherente para reglamentar y fiscalizar el ejercicio de la profesión legal, podrá, en casos apropiados, disponer que la sanción disciplinaria entre en vigor inmediatamente. También podrá adoptar cualesquiera otras medidas cautelares que entienda necesarias, a la luz de los hechos particulares de cada caso. K-Mart Corp. v. Walgreens of P.R., Inc., 121 D.P.R. 633 (1988) Colegio de Abogados de P.R. v. Schneider, 112 D.P.R. 540 (1982).
Se aprecia, pues, que podemos ordenar la suspensión inmediata de un miembro de la profesión de la abogacía.
Su efecto es que dicha persona no puede ejercer la profesión desde que es debidamente notificado de la
decisión. Al igual que en otros casos, a partir de esa AB-98-137 5
notificación tiene el derecho de solicitar una
reconsideración, y si el Tribunal reconsiderara, sería
entonces reinstalado. Cuando eso ocurre, e incluso en
aquellas ocasiones en que el Tribunal deniega la moción
de reconsideración, el cómputo del término de la
suspensión comienza a partir de la notificación de la
Opinión del Tribunal, que por ser un trámite posterior no
necesariamente coincide con la fecha de la decisión.
En In re: Francisco Valcárcel Mulero, supra,
también expresamos que si no se dispone en la Opinión que
la suspensión será inmediata, el cómputo del término es
otro. En tales casos al notificar al abogado de la
Opinión suspendiéndolo, éste podrá seguir ejerciendo la
profesión de la abogacía, tendrá derecho a solicitar
reconsideración y si el tribunal reconsidera, puede
dejarse sin efecto la decisión anterior. Esto significa
que el abogado o abogada nunca fue suspendido porque la
decisión vigente no advino final y firme. Distinto es si
se deniega la reconsideración, o si el abogado no la
solicita transcurrido el término de diez (10) días
laborables para presentarla, en cuyo caso la Opinión se
convierte final y firme y es a partir de esa fecha que
comienza a decursar el término de la suspensión.
En cualquiera de las dos circunstancias explicadas,
una vez notificada la Opinión al abogado o abogada, la
misma será publicada por el Tribunal, independientemente
del trámite procesal posterior que pudiera ocurrir. En
todos los casos de abogados notarios se ordenará la
incautación de la obra y sello notarial al momento de la
notificación y como medida cautelar, no pudiendo estos AB-98-137 6
continuar con la práctica de la notaría bajo ninguna
circunstancia. La obra notarial será entregada a la
Directora del Oficina de Inspección de Notarías para que
ésta la inspeccione y nos presente el correspondiente
informe. Si el Tribunal decide reconsiderar una
suspensión o reinstalar, también publicará su decisión.
De esta manera, en ambos casos, tanto el público como la
profesión, serán notificados de las decisiones de este
Tribunal.
III.
En el presente caso, el abogado Carlos E. Rivera
Rodríguez no contestó una queja presentada en su contra
en el Colegio de Abogados el 10 de noviembre de 1997. La
Comisión de Ética de dicha institución le envió al
abogado Rivera Rodríguez varias cartas para que éste
contestara la queja. En vista de que no contestó, el 17
de agosto de 1998 el Colegio presentó ante este Tribunal
Moción Informativa de Incumplimiento de Querellado
solicitándonos la acción que estimáramos pertinente. El
28 de agosto de 1998 le concedimos al querellado quince
(15) días para contestar los requerimientos del Colegio y
para comparecer ante este foro y exponer las razones por
las cuales no debíamos sancionarlo por la conducta a la
que hizo referencia la moción del Colegio de Abogados.
También le apercibimos que su incumplimiento podía
conllevar sanciones disciplinarias en su contra. Dicha
Resolución fue notificada personalmente al querellado el
2 de septiembre. Este no contestó por lo cual le dimos
una segunda oportunidad y mediante Resolución con fecha
de 9 de octubre, notificada el 19 de octubre, le AB-98-137 7
concedimos bajo apercibimiento de ser suspendido, un
término de treinta (30) días para cumplir con nuestra
orden del 18 de agosto. El abogado no cumplió y el 19 de
enero de 1999 emitimos Opinión suspendiéndolo.
Este Tribunal no puede tolerar la conducta
desplegada por el abogado Carlos E. Rivera Rodríguez.
Reconocemos el deber y la autoridad que tiene la Comisión
de Ética del Colegio de Abogados para investigar las
quejas que allí se presentan contra los miembros de la
profesión de la abogacía. Aunque es el Tribunal Supremo
a quien le corresponde determinar finalmente las medidas
disciplinarias, no contestar los requerimientos de la
Comisión de Ética es como no contestar nuestros
requerimientos, y podría tener como consecuencia la
imposición por este Tribunal de sanciones disciplinarias,
incluso la suspensión al ejercicio de la abogacía. El
abogado Carlos E. Rivera Rodríguez fue contumaz al no
contestar los requerimientos tanto del Colegio como los
nuestros. Compareció solo en reacción a la notificación
de su suspensión. Incluso tiene otra queja pendiente
ante este foro en la cual tampoco ha cumplido con
nuestras órdenes.
En el presente caso, el abogado no fue suspendido
con carácter inmediato por lo que pudo continuar
ejerciendo la profesión una vez notificada nuestra
decisión. Al acoger su moción como una de reconsideración
y tomando en cuenta su patrón de conducta, que no da una
explicación razonable ni justifica su incumplimiento con
las órdenes de este Tribunal, se deniega la moción
presentada y en reconsideración se ordena su suspensión
inmediata. AB-98-137 8
Se dictará la sentencia correspondiente. AB-98-137 9
AB-98-137 Carlos E. Rivera Rodríguez
SENTENCIA
Por las razones que se expresan en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se ordena la suspensión inmediata del ejercicio de la abogacía de Carlos E. Rivera Rodríguez.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.
Isabel Llompart Zeno Secretaria Tribunal Supremo AB-98-137 10