EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: 2008 TSPR 134
Carlos J. Nazario Díaz 174 DPR ____
Número del Caso: CP-2006-20
Fecha: 30 junio de 2008
Abogado de la Parte Querellada:
Lcdo. Héctor Díaz Olmo
Oficina del Procurador General:
Lcda. Noemí Rivera De León Procuradora General Auxiliar
Lcda. Maite D. Oronoz Rodríguez Subprocuradora General
Materia: Conducta Profesional
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
CP-2006-20
Carlos J. Nazario Díaz
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2008.
El Lic. Carlos J. Nazario Díaz fue admitido al
ejercicio de la abogacía en Puerto Rico el 22 de
julio de 1997 y al ejercicio del notariado el 15 de
agosto de 1997. El presente procedimiento
disciplinario contiene la formulación de una serie
de cargos por conducta alegadamente violatoria al
Artículo 2 de la Ley de Notarial de 1987, los
Cánones 18, 35, y 38 del Código de Ética
Profesional.
I
La presente querella se origina con la
radicación de una queja ante la Oficina del 2 CP-2006-20
Procurador General por el señor Francisco A. Quiles,
en contra del Lic. Carlos J. Nazario Díaz, en adelante
Lic. Nazario Díaz. El 16 de junio de 2006, referimos la
queja al Procurador General para investigación e informe.
Recibido el Informe del Procurador en el cual concluía
que el Lic. Nazario Díaz había incurrido en violaciones a
los Cánones 18,35 y 38 de Ética Profesional1 y Ley Núm.
75 del 2 de julio de 19872, ordenamos presentar la
querella correspondiente en contra del Lic. Nazario Díaz.
El 13 de febrero de 2007 mediante Resolución emitida
por este Tribunal designamos a la Honorable Crisanta
González Seda como Comisionada Especial para que recibiera
la prueba correspondiente y nos rindiera un Informe.
Aclarado el trámite procesal pasamos a resumir los
hechos que sirven de trasfondo a la querella que pende
ante nuestra atención.
II
En el año 1991, el señor Francisco A. Quiles y su
esposa, la señora Alicia Ortiz Rodríguez, en adelante los
compradores y/o querellantes, iniciaron los trámites para
adquirir un solar ubicado en el Barrio Buena Vista del
municipio de Bayamón. Dicho solar constaba inscrito a
favor de la señora Aurelia Velásquez y la sucesión del
señor Jorge Torres Febo, padre del señor Pablo Torres
1 4 L.P.R.A. Ap. IX, C.18, 35 y 38. 2 4 L.P.R.A. sec 2002. CP-2006-20 3
Figueroa, único hijo del fenecido esposo de la señora
Aurelia Velásquez, quienes accedieron a vender el solar.3
Para realizar los trámites legales correspondientes
de la compra del solar, el señor Francisco A. Quiles y su
esposa, contrataron los servicios el Lic. Ricardo
Skerrett.4 El Lic. Skerrett se comprometió a preparar la
declaratoria de herederos del occiso, señor Jorge Torres
Febo, a petición de la señora Aurelia Velásquez y su
hijastro, el señor Pablo Torres Figueroa y a presentar en
el Registro de la Propiedad la escritura de compraventa
del referido solar con la resolución judicial obtenida
durante el proceso de declaratoria de herederos.
La escritura de compraventa se otorgó ante el Lic.
Skerrett. Los gastos de la declaratoria de herederos
fueron pagados por los vendedores y los gastos de la
escritura de compraventa por los compradores. El señor
Francisco A. Quiles y su esposa, entendieron que el Lic.
Skerrett tenía todos los documentos necesarios y confiaron
a éste todo lo relacionado para la inscripción de la
escritura de compraventa.
3 La Señora Aurelia Velásquez y su hijastro, el Señor Pablo Torres Figueroa residían en el estado de Florida al momento de efectuarse la compraventa del solar. 4 Resulta imprescindible remontarse al año 1991, a los fines de esbozar los hechos que antecedieron a la actuación del Lic. Carlos J. Nazario Díaz y, que ocasionaron que los compradores no figuraran como dueños del solar en el Registro de la Propiedad. CP-2006-20 4
Luego de un tiempo, el Lic. Skerrett le entregó al
señor Francisco A. Quiles, copia de la escritura de
compraventa. Dicha copia resultó ser un borrador de la
escritura número cuatro (4) otorgada, pero la misma no
contenía el día, ni mes.
En el año 1995, los compradores advinieron en
conocimiento de que el Lic. Skerrett, no tramitó ninguno
de los documentos encomendados. A raíz de ello,
comparecieron ante la Oficina del Procurador General y
presentaron una queja en su contra.5
Para resolver el problema que tenían con la escritura
y la tramitación de su inscripción, el señor Francisco A.
Quiles habló con el licenciado Peter Serrano quien les
expresó que, por la cantidad de trabajo y compromisos que
en ese momento tenía les refirió al licenciado Carlos J.
Nazario Díaz, en adelante Lic. Nazario Díaz o el
querellado. Es así como el señor Francisco A. Quiles y su
esposa, la señora Aurelia Ortiz Rodríguez, contrataron los
servicios del Lic. Nazario Díaz.
5 Los compradores alegaron que al Lic. Skerrett se le pagó la cantidad de $ 250.00 por la declaratoria de herederos y, que éste había indicado que sólo restaba presentar la escritura de compraventa al Registro de la Propiedad. A través de una certificación expedida por la Supervisora de Índices notariales pudieron constatar que, de los registros de la Oficina de Inspección y Notarias para el año 1991, no aparecía reportada la escritura de compraventa número cuatro (4) otorgada por el Lic. Skerrett. En adición, se les informó que el Lic. Skerrett fue suspendido del ejercicio de la abogacía del año 1993 al año 2001 por otros hechos y que, al momento, se encontraba en los Estados Unidos. CP-2006-20 5
El 14 de octubre de 1997, el Lic. Nazario Díaz otorgó
la escritura de compraventa Número seis (6). Según se
acordó, los compradores recogieron en la oficina del Lic.
Nazario Díaz la escritura de compraventa en un sobre
sellado y la presentaron ante el Registro de la Propiedad.6
Durante el año 1998, los compradores decidieron
gestionar un préstamo garantizado con la propiedad en
cuestión, a través de Champion Mortgage. Para ello se
otorgó una escritura de primera hipoteca a favor de
Champion Mortgage ante el licenciado Ruy V. Díaz Díaz.
El 10 de octubre de 1999, la licenciada María Teresa
Pérez Torres, abogada de Champion Mortgage, en adelante
Lic. Pérez Torres, dirigió una misiva al Lic. Nazario Díaz
en la cual le informó que la escritura de compraventa
suscrita por él no pudo ser inscrita pues se requería
presentar ante el Registro de la Propiedad los documentos
relacionados con la herencia. La Lic. Pérez Torres,
explicó a los compradores que el préstamo hipotecario
solicitado dependía de que la escritura de compraventa
fuese debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad.
El 22 de febrero de 1999, el Lic. Nazario Díaz
contestó la carta de la Lic. Pérez Torres, en la que
indicó lo siguiente:
“Mi cliente, el señor Francisco A. Quiles, conseguirá los documentos de herencia
6 Minuta de asiento de presentación de 10 de diciembre de 1997, en la que se hace referencia a la Escritura Número seis (6), otorgada ante el notario. CP-2006-20 6
solicitados por el Registro de la Propiedad. Favor de concedernos tiempo suficiente para poder conseguir y radicar dichos documentos, para que el registro sea debidamente completado”.7 (Subrayado nuestro)
No obstante, surge del expediente que en
conversación telefónica, el señor Francisco A. Quiles, le
indicó al Lic. Nazario Díaz, que contrataría a otro
abogado para que preparase la instancia y radicación de la
declaratoria de herederos8. El señor Francisco A. Quiles y
su esposa, retiraron la escritura de compraventa del
Registro de la Propiedad.
El 10 de enero de 2001, la Lic. Pérez Torres dirigió
una segunda misiva al señor Francisco Quiles, y a su
esposa, en la que les urgió a presentar en el Registro de
la Propiedad los documentos relacionados con la
declaratoria de herederos del señor Jorge Torres Febo, ya
que hasta que no se presentasen, la propiedad seguiría
inscrita a favor de la vendedora y la sucesión del señor
Jorge Torres Febo.
Surge del “Informe del Comisionado Especial” que, en
el mes de diciembre de 2000, la Lic. Pérez Torres se
comunicó telefónicamente con el Lic. Nazario Díaz. Durante
la conversación, ésta le reclamó al Lic. Nazario Díaz que,
7 Carta del 22 de febrero de 1999 del Lic. Nazario Díaz a la Lic. María Teresa Pérez. 8 Carta del 15 de marzo de 1999 del Lic. Nazario Díaz al señor Francisco A. Quiles. CP-2006-20 7
a pesar del pago recibido por la declaratoria de
herederos, aún éste no había realizado los trámites
pertinentes. El Lic. Nazario Díaz afirmó que él no había
recibido pago alguno por la tramitación de la declaratoria
de herederos sino por la escritura de compraventa. Ante
esta situación, el señor Francisco A. Quiles y su esposa,
se dirigieron al Colegio de Abogados y posteriormente, al
Procurador General, a los fines de presentar una queja
contra el Lic. Nazario Díaz.
Así las cosas, el Lic. Nazario Díaz le comunicó al
señor Francisco A. Quiles que estaba dispuesto a completar
gratuitamente el trámite necesario de la declaratoria de
herederos y la inscripción de la escritura de compraventa
en el Registro de la Propiedad.
Sin embargo, el señor Francisco A. Quiles, le
comunicó al Lic. Nazario Díaz que prefería que un abogado
de su confianza, el licenciado Santos Sifonte, gestionara
estos asuntos. El Lic. Nazario Díaz accedió y además,
acordó pagar al licenciado Santos Sifonte, la cantidad de
$575.00 9 como honorarios.
Pasado un tiempo, el licenciado Santos Sifonte le
informó al señor Francisco A. Quiles y su esposa, que no
había podido completar el trámite, ya que el Lic. Nazario
Díaz le había informado que no tenía el certificado de
defunción, de nacimiento, y matrimonio, documentos
9 Carta del 31 de enero de 2006, del Lic. Nazario Díaz al señor Francisco A. Quiles. CP-2006-20 8
necesarios para radicar la petición de declaratoria de
herederos.
A la luz de éste trasfondo fáctico debemos resolver
si el Lic. Nazario Díaz incurrió en las faltas imputadas,
es decir, si infringió el Artículo 2 de la Ley Núm.75, Ley
de Notarial de 1987, supra, y los Cánones 18, 35 y 38 del
Código de Ética Profesional, supra.
III
Cargo I
El Artículo 2 de la Ley de Notarial de 1987, Ley Núm.
75 del 2 de julio de 1987, dispone en lo pertinente lo
siguiente:
El notario es el profesional del Derecho que ejerce una función pública, autorizado para dar fe y autenticidad conforme a las leyes de los negocios jurídicos y demás actos y hechos extrajudiciales que ante él se realicen, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales. Es su función recibir e interpretar la voluntad de las partes, dándole forma legal, redactar las escrituras y documentos notariales a tal fin y conferirle autoridad a los mismos. La fe pública al notario es plena, respecto a los hechos que, en el ejercicio de su función, personalmente ejecute o compruebe y también respecto a la forma, lugar, día y hora del otorgamiento.10 (Subrayado nuestro).
El notario es custodio de la fe pública y al
autorizar un documento, está dando fe del mismo, por tanto
debe cerciorarse de que ese instrumento público cumple con
todas las formalidades de la ley, de que es legal y
10 4 L.P.R.A. sec. 2002. CP-2006-20 9
verdadero y de que se trata de una transacción legítima y
válida11. Por la esencia pública de su función, los
notarios son llamados a ser sumamente cautelosos en el
ejercicio de su práctica, conscientes a toda hora de las
consecuencias funestas que podría tener su negligencia
sobre los negocios jurídicos en que se involucran12. Es la
condición de certeza y confianza de las actuaciones del
notario lo que le brinda eficacia y garantía al documento
notarial, y por ello es imprescindible que el notario
observe la mayor pureza y honestidad en el descargo de la
fe pública notarial13.
No se requiere que un notario falte a la verdad
intencionalmente para omitir su deber con la fe pública y
a los Cánones de Ética Profesional; más bien puede ser el
resultado de un desempeño profesional carente de la
cautela y el celo que demanda la función pública del
notario o de una confianza desmesurada en las
manifestaciones de otros compañeros de profesión14.
En lo que respecta a este cargo, el Procurador General
y la Comisionada Especial concurren en que el querellado
no podía otorgar una escritura de compraventa de una
propiedad, que no constaba inscrita a nombre de uno de los
11 In re: Vera Vélez, 148 D.P.R.1 (1999). 12 In re: Rodríguez Báez, 129 D.P.R.819 (1992). 13 Íd. 14 Íd. CP-2006-20 10
vendedores, sin que antes se hubiera declarado heredero de
dicha propiedad al referido vendedor.
En adición, determinaron que el querellado sabía o
debió saber que el vendedor, el señor Pablo Torres
Figueroa, no tenía el título de la propiedad objeto de la
compraventa inscrito a su nombre pues no había una
resolución judicial que lo reconociera como tal. No tenía
capacidad legal para enajenar el título de la propiedad
inscrito a nombre de su padre ya fallecido.
Cargo II
El Canon 18 de Ética Profesional15, entre otras cosas
obliga a todo abogado a defender los intereses de su
cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más
profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que
la profesión jurídica estima adecuada y responsable.
La referida norma ética, prescribe y enfatiza la
necesidad de que los abogados empleen toda su habilidad y
conocimiento de forma tal, que su actuación en la gestión
a la que se comprometió, no repercuta en perjuicio de los
mejores intereses de su cliente, ya sea por descuido,
negligencia o dilación indebida en los trámites de su
caso16. A pesar de que este canon menciona esta labor
idónea en relación al cliente, reiteradamente hemos
15 4 L.P.R.A. Ap.IX C.18. Competencia del abogado y consejo al cliente. 16 In re:Marrero Figarella, 146 D.P.R.541(1998). CP-2006-20 11
interpretado que el mismo aplica a la labor del abogado
notario, ya que el notario, como abogado, está obligado
por los Cánones de Ética Profesional17.
Un abogado que acepta un caso y luego no demuestra la
competencia y diligencia que exige el ejercicio de la
abogacía, incurre en una violación seria a la ética
profesional18. Es deber del abogado el cumplir con el
principio de diligencia que ha de caracterizar la
profesión jurídica y evitar toda indiferencia, desidia,
preocupación o displicencia en el desempeño de su
profesión19. En In re Cardona Ubiñas20, resolvimos que el
abogado que no informa a su cliente de los problemas con
una escritura y dicha falta de comunicación resulta en
gastos adicionales para el cliente falta a sus deberes
notariales.
En adición, el deber de desempeñarse en forma capaz y
diligente, le impone al notario la obligación de hacerles
a las partes todas aquellas explicaciones, aclaraciones y
advertencias necesarias a los fines ilustrar y explicarles
todas las situaciones envueltas en la transacción21. Sobre
17 In re:Cardona Ubiñas, 156 D.P.R.340 (2002); In re: Igartúa Muñoz, 153 D.P.R.315(2001). 18 In re: Arroyo Rivera, 148 D.P.R.354 (1999). 19 In re: Arana Arana, 112 D.P.R. 838 (1982). 20 156 D.P.R.340 (2002). 21 In re: Jiménez Brackel, 148 D.P.R.287 (1999). CP-2006-20 12
el particular hemos enfatizado que, la responsabilidad de
un notario es personal, indivisible, e indelegable.
Finalmente, la función del notario trasciende el acto
externo de la legalización de una firma22. Presupone la
creación de un nivel de entendimiento y comunicación entre
el fedante y los otorgantes23. El notario, como principal
instrumento de la fe pública, tiene la indeclinable
obligación de propiciar y cerciorarse de ese estado de
conciencia informada en su cliente para obtener el
consentimiento integrado de los otorgantes al acto
notarial24.
En lo que respecta a dicha norma ética, el Procurador
General, alegó que las actuaciones del querellado al
otorgar la escritura denotaron una clara falta de
diligencia al ejercer su función notarial. Concluyó, que
éste se limitó al acto de legalizar las firmas de los
otorgantes y que aún cuando el querellado no se
comprometió con sus clientes a presentar la escritura de
compraventa al Registro de la Propiedad, era su deber
explicarles y orientarles a cerca de los documentos
necesarios para su inscripción. Además, expresó que el
querellado faltó a su deber de diligencia al negarse a
corregir las deficiencias señaladas por el Registrador de
22 In re: Meléndez Pérez, 104 D.P.R. 775-776 (1976). 23 Íd. 24 Íd. CP-2006-20 13
la Propiedad cuando la Lic. Pérez Torres así se lo
comunicó.
La Comisionada Especial en su informe concluyó que,
el Lic. Nazario Díaz, no defendió los intereses de su
cliente empleando la mayor capacidad, lealtad,
responsabilidad y honradez que dicho canon requiere. Le
imputó falta de estudio y conocimiento sobre la ley
aplicable a la situación que le plantearon sus clientes,
es decir el requisito de la previa inscripción o el
tracto sucesivo contenido en la Ley Hipotecaria25. El
mismo, exige que para registrar documentos por los que se
declaren, transmitan, graven, modifiquen o extinguen el
dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles
debe constar previamente registrado el derecho de la
persona que otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los
actos o contratos referidos. Asimismo, indicó que el Lic.
Nazario Díaz, debió conocer y orientar a sus clientes
sobre lo dispuesto en el Reglamento para la Ejecución de
la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, en
cuanto a los requisitos para la inscripción del derecho
hereditario26.
25 Artículo 57 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. Cap.III, sección 2260. 26 Artículo 50.2 del Reglamento general para la ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad: “Será necesaria para la registración del derecho hereditario la presentación de la determinación judicial donde se declare la fecha del fallecimiento, estado civil del causante, a la fecha y la existencia de los herederos, CP-2006-20 14
Finalmente, enfatizó que transcurrieron varios años
sin que el Lic. Nazario Díaz le diera seguimiento al
asunto de manera que pudiera inscribirse la escritura de
compraventa en el Registro de la Propiedad.
Cargo III
El Canon 35 de Ética Profesional27, entre otras cosas,
dispone que el abogado debe ajustarse a la sinceridad de
los hechos al examinar los testigos, al redactar affidávit
u otros documentos, y al presentar causas.28 En In re
Aponte Berdecía29, expresamos que cuando un notario viola
la fe pública notarial, al no exponer la veracidad de unos
hechos, automáticamente incumple con las disposiciones de
éste canon. _________________________________________________________________ o el testamento debidamente certificado por el Registro de Poderes y Testamentos acompañado del certificado de defunción del testador”.
“En todo caso los interesados, sus mandatarios o sus representantes acompañaran con los títulos a inscribirse una instancia en la cual describirán las fincas o derechos pertenecientes al causante y se informará el número de finca con que aparezcan inscritos, así como folio y tomo. La instancia deberá estar suscrita ante el notario en todos los casos excepto cuando el abogado la suscriba. De la determinación judicial o de la instancia presentada surgirán las circunstancias personales de los herederos”.
“Tanto en la herencia testada como en la intestada deberá presentarse junto con la instancia la certificación del Departamento de Hacienda sobre el relevo de gravamen de contribución sobre herencia o la autorización para realizar la transacción”.
27 4 L.P.R.A. Ap.IX, C.35. Sinceridad y Honradez. 28 Íd. 29 161 D.P.R.94 (2004). CP-2006-20 15
Se preceptúa además, que no es sincero ni honrado el
utilizar medios que sean inconsistentes con la verdad y
que no se debe inducir al juzgador a error utilizando
artificios o una falsa relación de los hechos o el
derecho.30 Dicho precepto le impone a todo abogado unas
normas mínimas de conducta, indispensables para promover
el honor y la dignidad de la profesión31.
De conformidad con tales postulados éticos, hemos
señalado que el abogado no puede proveer al tribunal
información falsa o que no se ajuste a la verdad, ni puede
tampoco ocultarle información certera que deba ser
revelada32. Por ende, ante una imputación de violación al
Canon 35, supra, no es defensa el que no se haya obrado de
mala fe o deliberadamente, ni con la intención de engañar
o defraudar. Tampoco importa que no se haya causado daño
a tercero33.
Sobre este cargo, el Procurador General y la
Comisionada Especial concluyeron que el querellado faltó a
la sinceridad al otorgar una escritura de compraventa en
la que dio fe de que el vendedor, señor Pablo Torres
Figueroa, era el único y universal heredero del dueño de
30 4 L.P.R.A. Ap. IX C.35. 31 In re: López de Victoria I, 163 D.P.R. 1 (2004); In re: Collazo Sánchez, 159 D.P.R. 769 (2003); In re: Montañez Miranda, 157 D.P.R. 275(2002); In re: Curras Ortíza, 141 D.P.R.399 (1996). 32 In re: Filardi Guzmán, 144 D.P.R. 710 (1998). 33 In re: Astacio Caraballo, 149 D.P.R.790 (2000). CP-2006-20 16
la propiedad, ya fallecido señor Jorge Torres Febo, sin
tener en su poder copia de la resolución sobre la
declaratoria de herederos que así lo certificara. A su
vez, concluyeron que el Lic. Nazario Díaz, faltó a la
sinceridad y honradez al no explicar a los comparecientes
que no podía otorgarse la escritura de compraventa hasta
que hubiese una resolución judicial sobre declaración de
herederos y se completara el trámite ante el Departamento
de Hacienda.
Se le imputó una violación a las disposiciones
contenidas en el Canon 35, supra, toda vez que el
contenido de la escritura de compraventa no se ajustó a la
veracidad de los hechos al momento de su otorgación.
Cargo IV
El Canon 38 del Código de Ética Profesional34 le
exige a todo abogado el deber de esforzarse, al máximo de
su capacidad, en la exaltación del honor y de la dignidad
de la profesión, aunque el así hacerlo conlleve
sacrificios personales. Asimismo, dicho canon le impone la
responsabilidad de evitar hasta la apariencia de conducta
profesional impropia.
La apariencia de conducta impropia claramente tiene
un efecto dañino sobre la imagen, confianza, y respeto de
la ciudadanía hacia la profesión, igual que lo tiene la
34 4 L.P.R.A. Ap.IX C.38.Preservación del honor y dignidad de la profesión. CP-2006-20 17
verdadera “impropiedad ética”35. Distinto quizás a otras
profesiones, dicha práctica conlleva una seria y delicada
función ciudadana pues la misma representa servicio, ética
y ejemplo.36 Por ello, al interpretar este canon hemos
señalado que la apariencia de conducta impropia puede
resultar muy perniciosa al respeto de la ciudadanía por
sus instituciones de justicia y por la confianza que los
clientes depositan en sus abogados.37
En repetidas ocasiones, este Tribunal ha advertido
que por ser los abogados el espejo donde se refleja la
imagen de la profesión, éstos deben actuar con el más
escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la
función social que ejercen.38 El abogado tiene el deber de
lucir puro y libre de influencias extrañas a su gestión
profesional y, en el descargo de sus responsabilidades
profesionales, debe cuidar que sus actuaciones no den
margen a la más leve sospecha de que promueve intereses
suyos encontrados con los de su cliente.39 Ello implica
que todo abogado tiene el deber de desempeñarse con
35 Íd. 36 In re: Cuyar Fernandez, 163 D.P.R 113(2004); In re: Cintrón Colón, 161 D.P.R.778(2004); Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 D.P.R. 599,613 (1993). 37 In re: Rivera Vicente, supra; In re: Fernández de Ruiz, 167 D.P.R. ____; 2006 T.S.P.R 73. 38 In re: Ortiz Brunet, 152 D.P.R. 542, 556 (2000); In re: Silvagnoli Collazo,154 D.P.R. 533(2001). 39 In re: Morell, Alcover, 158 D.P.R.791 (2003). CP-2006-20 18
dignidad y alto sentido del honor y aunque ello conlleve
ciertos sacrificios personales, deberá conducirse en forma
digna y honorable, tanto en la vida privada como en el
desempeño de su profesión.40 Sobre este canon y en
relación a la conducta de los notarios, en In re: Torres
Olmedo41, expresamos que otorgar un documento notarial en
violación de la Ley Notarial de Puerto Rico constituye una
violación a éste precepto ético.
La Comisionada Especial luego de examinar la
evidencia documental y el Informe remitido por el
Procurador General, concluyó que, en efecto, la conducta
del Lic. Nazario Díaz no se ajustó a las exigencias
contenidas en el Canon 38, supra. Asimismo, expresó que no
encontró prueba alguna capaz de sostener que otro abogado
estaba gestionando el trámite sobre declaración de
herederos, según argumentó el Lic. Nazario Díaz en su
contestación a la querella presentada en su contra. La
única evidencia sobre contrato anterior con otro abogado
se refiere al Lic. Skerrett, quien no cumplió con su
encomienda, siendo éste el motivo por el cual los
querellantes llegan a la oficina del Lic. Nazario Díaz.
Al respecto señaló que, de haber sido cierta ésta
información, el Lic. Nazario Díaz, debió procurar conocer
el nombre del abogado que tramitaba el asunto y asegurarse
40 In re: Quiñones Ayala, 165 D.P.R. ___, 2005 T.S.P.R. 99. 41 145 D.P.R.384 (1998). CP-2006-20 19
de la etapa en la que se encontraba el procedimiento sobre
declaratoria de herederos.
Debido a que no existía documento legal alguno que
declarase al señor Pablo Torres Figueroa como único
heredero fue incorrecto declararlo así en un documento
público. Esta conducta, la ausencia de advertencias, como
las omisiones en el cumplimiento de sus deberes como
notario constituyeron conducta impropia.
IV
A la luz de los postulados éticos antes esbozados,
resolvemos lo planteado en el presente procedimiento
disciplinario. Veamos.
El notario puertorriqueño no sólo está obligado por
los preceptos de la Ley Notarial y su Reglamento, sino
también, como abogado, por los Cánones de Ética
Profesional42. Cuando un notario no cumple con las
obligaciones y deberes que le impone la ley y el
ordenamiento ético, incurre en conducta que acarrea una
sanción disciplinaria, ya que lesiona la confianza y la fe
pública en él depositada43. En este sentido hemos resuelto
que otorgar un documento notarial en contravención con
nuestra Ley Notarial, constituye una violación a los
Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra.
42 In re: Santiago Méndez, 151 D.P.R. 568 2000). 43 In re: Charbonier Laureano, 156 D.P.R. 575(2002); In re: Capestany Rodríguez, 148 D.P.R. 728 (1999). CP-2006-20 20
En el caso que hoy nos ocupa, el Procurador General
y la Comisionada Especial señalaron que el Lic. Nazario
Díaz, incurrió en conducta violatoria al Artículo 2 de la
Ley de Notarial, supra, y los Cánones 35, 38 y 18 del
Código de Ética Profesional, supra. En esencia,
concluyeron que el querellado faltó a la verdad de los
hechos al otorgar una escritura de compraventa y afirmar
que uno de los vendedores era el propietario a titulo de
herencia, sin constar ante sí una resolución judicial que
lo reconociera como tal.
Al respecto conviene tener presente que faltar a la
verdad de los hechos, es una de las faltas más graves que
un notario, como custodio de la fe pública, puede
cometer44. La fe pública notarial es la espina dorsal de
todo el esquema de autenticidad documental notarial45.
El sistema notarial y la fe pública de nada valdrían
sin la presunción de que el notario, depositario de ésta,
actuará conforme a sus obligaciones ético-legales46. En
virtud de ello, el Estado le confiere a un documento
autorizado por un notario una presunción de credibilidad y
certeza de que lo afirmado en el mismo es cierto, correcto
44 In re: Vargas Hernández, 135 D.P.R. 603 (1994). 45 In re: Collazo Sánchez, 159 D.P.R. 769(2003). 46 In re: Feliciano Ruíz, 117 D.P.R.269 (1986), citando a A. Neri, Tratado teórico y práctico de derecho notarial, Buenos Aires, Ed. Depalma, 1969, Vol.I, pág. 443 et seq. CP-2006-20 21
y concuerda con la realidad47. Por ende, un documento
autorizado por un notario asegura que es legal y
verdadero, y que se trata de una transacción válida y
legítima48. Esta responsabilidad exige que, el notario,
como profesional del derecho, conozca las leyes, la
doctrina, las costumbres y la jurisprudencia49.
Fue un hecho probado que al momento en que el Lic.
Nazario Díaz otorgó la escritura, la propiedad objeto de
la compraventa no constaba inscrita a nombre de uno de los
vendedores. Los dueños registrales de la misma lo eran la
señora Aurelia Velásquez Rivera y su fallecido esposo, el
señor Jorge Torres Febo. Sin embargo, el querellado
afirmó en dicho documento, que el señor Pablo Torres
Figueroa, hijo del fenecido señor Jorge Torres Febo,
comparecía en calidad de dueño y como único heredero
universal 50. Subsiguientemente, dio fe de que […]”los
comparecientes tenían la capacidad legal para otorgar la
escritura de compraventa”[…] pero sin tener ante sí la
resolución judicial que lo acreditara 51. Asimismo, expresó
que los vendedores adquirieron la propiedad conforme al
47 Íd. 48 Íd. 49 Íd citando a Goenaga v. O´neill de Milán, 85 D.P.R.170 (1962). 50 Escritura de compraventa otorgada ante el licenciado Nazario Díaz, página número uno (1). Exhibit IV. 51 Escritura compraventa otorgada por el licenciado Nazario Díaz, página tres (3). Exhibit IV. CP-2006-20 22
contenido de una escritura del año 1977, lo cual no es
correcto, ya que fue el causante y no el compareciente
quien adquirió la propiedad de esa forma52. En adición, el
querellado señaló que […]“los compradores, sin más
requisito que el presente otorgamiento, entran en la
inmediata posesión real y pacífica del inmueble, que
adquieren en este acto, a titulo de dueños, quedando
expresamente autorizados para realizar actos en tal
calidad”53.
En la escritura de compraventa no consta advertencia o
condición alguna referente a que dicho acto estuviese
sujeto a la resolución judicial sobre la declaración de
¿Podemos avalar esta conducta? La respuesta es en la
negativa. Como bien indicó el Informe de la Comisionada
Especial, tales expresiones no responden a la realidad del
momento del otorgamiento de la escritura de compraventa ni
a las normas jurídicas establecidas.
Nótese que en la situación que nos ocupa lo correcto
era esperar la resolución judicial en la cual se
52 Escritura compraventa otorgada por el licenciado Nazario Díaz, página tres (3). No surge del Registro de la Propiedad que el compareciente hubiera adquirido la propiedad que aún aparecía inscrita a nombre del causante. Es inevitable concluir que esto era de conocimiento del querellado, ya que en la página cuatro (4) de la escritura expresó tener una certificación del Registro de la Propiedad, la cual utilizó como estudio registral. 53 Escritura de compraventa otorgada por el licenciado Nazario Díaz, página 5, párrafo tercero. CP-2006-20 23
declarara, sin lugar a duda, su carácter de heredero
universal. El análisis efectuado refleja que la actuación
del querellado no es compatible con el deber que tiene
todo notario de cerciorarse de la capacidad de los
otorgantes para que del instrumento surja plena eficacia
legal.
Entre los deberes principales que posee un notario
al autorizar una escritura de compraventa se encuentra,
entre otros, investigar ciertos hechos y datos de los que
depende la eficacia y validez del negocio, darles a los
otorgantes las informaciones, aclaraciones y advertencias
necesarias para que comprendan el sentido, así como los
efectos y consecuencias del negocio54.
Se colige de lo anterior que la preparación técnica
que la ley exige al notario, así como los deberes que le
impone al redactar una escritura pública, permiten obtener
la seguridad relativa, pero suficiente para la vida
jurídica, de que el negocio en ella recogido es válido y
legal e incluso permiten reconocer al sujeto de aquél la
titularidad de los derechos que de dicho negocio se
deriven55.
El Lic. Nazario Díaz no podía redactar la escritura
de compraventa a base de las declaraciones de los
54 Pedro Avila Alvarez, Estudios de Derecho Notarial, Quinta Edición, Editorial Montecorvo, S.A. (1982). 55 Íd a la pág. 77. CP-2006-20 24
otorgantes simplemente. Tenía el deber de corroborar y
pasar juicio sobre la titularidad y por ende, capacidad
legal del vendedor para disponer del bien inmueble en
cuestión. Sabido es que, en ausencia de testamento, será
el titulo hereditario, la resolución judicial sobre
declaratoria de herederos, acreditada mediante copia
debidamente certificada.
De conformidad con los principios de hermenéutica
legal no podemos refrendar la actuación del querellado,
ni su posición referente a que el compareciente es quien
determina si es o no el dueño de la propiedad a los fines
de su comparecencia en el documento público. El querellado
en su réplica a la querella del Procurador General, arguyó
que las personas se convierten en herederos
automáticamente, con el derecho a disponer de los bienes
de la herencia56. Tal argumento es errado. Todo notario
tiene el deber ineludible de comprobar mediante los
documentos acreditativos las facultades del otorgante para
obrar en la capacidad que reclama, cumpliendo así con las
formalidades requeridas por ley.
Según expresáramos anteriormente, tanto el Artículo 2
de la Ley Notarial, supra, como el Canon 35 del Código de
Ética Profesional, supra, imponen a los abogados un deber
de sinceridad y honradez que se materializa al redactar
una declaración jurada u otros documentos y defender las
56 Réplica al Informe del Procurador General, Anejo I. CP-2006-20 25
causas. En esta línea, hemos determinado que las
obligaciones consagradas por tal norma ética constituyen
pautas mínimas de conducta que sólo pretenden preservar el
honor y la dignidad de la profesión57. El compromiso de un
abogado con la verdad debe ser incondicional58. En
consecuencia, se infringe el Canon 35, supra, con el
simple hecho objetivo de faltar a la verdad
independientemente de los motivos para la falsedad59.
De igual forma, en lo concerniente al Canon 38 del
Código de Ética Profesional, supra, resulta forzoso
concluir que el Lic. Nazario Díaz violó sus disposiciones,
según le fue imputado en la querella del Procurador
General. El querellado no se desempeño en la gestión
encomendada, con la cautela y el celo que demanda la
función pública del notariado. Al ser informado de que la
escritura no pudo ser inscrita, tampoco procuró tramitar y
atender con la urgencia y diligencia necesarias la
declaratoria de herederos pendiente de sus clientes.
El principio de apariencia y el deber general de los
abogados de esforzarse al máximo en la exaltación del
honor y la dignidad de su profesión, tiene que sostenerse
sobre la impresión que se le da a un observador razonable
57 In re: Ortíz Martínez, 161 D.P.R. 572 (2004). 58 In re: Hernández Rosario, 2007 T.S.P.R. 34, 170 D.P.R.___. 59 In re: Fernández Ruíz, 2006 T.S.P.R.73, 167 D.P.R.___ (2006). CP-2006-20 26
de la violación efectiva de los Cánones de Ética
Profesional60. Ciertamente, en el presente caso, la
conducta del querellado constituyó en la realidad y en la
apariencia, una impropia conforme al Canon 38, supra.
En atención a la violación del Canon 18, supra,
imputada contra el Lic. Nazario Díaz cabe señalar que, la
actuación del querellado repercutió en perjuicio de los
intereses de sus clientes, el señor Francisco A. Quiles y
su esposa, la señora Aurelia Velásquez. Teniendo en
cuenta que el propósito para el cual fue contratado era
otorgar la escritura de compraventa y lograr la
inscripción que el licenciado Skerrett nunca realizó, el
Lic. Nazario Díaz, debió conocer que previo a la
compraventa debía solicitarse en el Registro de la
Propiedad, la inscripción del bien inmueble o derecho real
a favor de los herederos mediante la presentación del
titulo donde conste el derecho hereditario61. Esto es, la
presentación de la resolución judicial donde se declarara,
entre otras cosas, el derecho hereditario y sus
circunstancias personales. Además, junto con esto, la
60 In re: Sepulveda Girón, 155 D.P.R. 345 (2001). 61 30 L.P.R.A. sec. 2260, Ley Hipotecaria de Puerto Rico y Artículo 71.1 del Reglamento general para la ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad. CP-2006-20 27
certificación del Departamento de Hacienda sobre el relevo
de gravamen de contribución sobre caudal relicto62.
No surge del expediente que esta necesidad fuese
atendida diligentemente por el querellado. Dicho canon
exige al abogado el deber de desempeñarse en forma capaz y
diligente, es decir poniendo toda su capacidad y cuidado
para ejecutar y conseguir con los medios lícitos su
encargo. Coincidimos con el criterio de la Comisionada
Especial de que al querellado le faltó estudio y
conocimiento sobre la ley aplicable a la situación que sus
clientes venían confrontando años atrás y, por ende, no
defendió los intereses de sus clientes con la mayor
capacidad, lealtad y honradez que el Canon 18, supra,
exige.
En el presente caso, tras un examen del informe
preparado por la Comisionada Especial y la prueba del
expediente, no encontramos razón por la cual debamos
intervenir con sus conclusiones. Una vez más reiteramos
la trascendencia de la función del notario en la esfera
privada y profesional que requiere suma diligencia y celo
profesional de quien la ejerce en Puerto Rico63. La
amplitud o lo limitado de la práctica de un notario no
debe incidir con la cautela, esfuerzo, tesón y cuidado con
que se debe ejercer la misma y con el cabal cumplimiento
62 Artículo 50.2 del Reglamento general para la ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad. 63 In re: Cruz Ramos, 129 D.P.R. 377 (1991). CP-2006-20 28
de las obligaciones y deberes que le imponen al notario la
ley y los Cánones de Ética Profesional64.
V
Por los fundamentos que anteceden, resolvemos que el
licenciado Nazario Díaz violó el Artículo 2 de la Ley de
Notarial de 1987 y los Cánones 18, 35, y 38 del Código de
Ética Profesional. En vista de ello, se suspende por el
término de seis (6) meses del ejercicio de la abogacía y
la notaría, apercibiéndole al querellado del deber de
cumplir a cabalidad, en adelante, con los Cánones de
Ética que rigen la profesión de abogado y la Ley Notarial
de Puerto Rico y su Reglamento.
64 Íd. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos antes expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, resolvemos que el licenciado Nazario Díaz violó el Artículo 2 de la Ley de Notarial de 1987 y los Cánones 18, 35, y 38 del Código de Ética Profesional. En vista de ello, se suspende por el término de seis (6) meses del ejercicio de la abogacía y la notaría, apercibiéndole al querellado del deber de cumplir a cabalidad, en adelante, con los Cánones de Ética que rigen la profesión de abogado y la Ley Notarial de Puerto Rico y su Reglamento.
Notifíquese personalmente al señor Carlos J. Nazario Díaz con copia de la Opinión que antecede y de esta sentencia.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo