Héctor Román Ortiz v. Departamento De Corrección Y Rehabilitación
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Opinion
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL I
HÉCTOR ROMÁN ORTIZ, REVISIÓN procedente del Recurrente, Departamento de Corrección y v. TA2025RA00329 Rehabilitación.
DEPARTAMENTO DE Respuesta de CORRECCIÓN Y Reconsideración: REHABILITACIÓN, B-1028-25.
Recurrida. Sobre: solicitud de informe de salud mental (desestimada).
Panel integrado por su presidente, el juez Sánchez Ramos, la jueza Romero García y el juez Pérez Ocasio.
Romero García, jueza ponente.
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 6 de noviembre de 2025.
La parte recurrente, señor Héctor Román Ortiz (señor Román),
presentó su recurso de revisión judicial de una decisión final administrativa
el 27 de octubre de 20251. Nos solicita que revisemos las resoluciones
emitidas por el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto
Rico (DCR) el 2 de julio de 2025. A través de los referidos dictámenes, la
agencia recurrida denegó las solicitudes de remedios administrativos B-
1025-125, B-1026-125, B-1027-125 y B-1028-1252. Además, el DCR
informó al recurrente que “todo lo relacionado a clemencia ejecutiva lo
debía trabajar con su TSS”, ya que esta era la persona asignada para
apoyarle en los procedimientos a seguir en sus citas de seguimiento.
Por los fundamentos que expresamos a continuación,
desestimamos el recurso por este ser prematuro.
1 En esa misma fecha, el señor Román solicitó que le eximiéramos del pago del arancel
de presentación por razón de indigencia. Declaramos con lugar su solicitud. 2 Véase, entrada núm. 1, Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos del Tribunal de Apelaciones (SUMAC TA). TA2025RA00329 2
I
En síntesis, mediante las referidas solicitudes de remedio
administrativo, el señor Román expuso que estaba en proceso de solicitar
el diferimiento de la ejecución de su sentencia que provee el Art. 70 del
Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5103, y para ello debía
presentar ante el Tribunal de Primera Instancia cuatro (4) informes emitidos
por las funcionarias que atienden y evalúan su salud mental3. En particular,
se refirió a la psiquiatra, doctora Mercedes Velázquez; la psicosocial,
señora Ana V. Otero; la psicóloga, señora Julimar Sáez Colón; y la
trabajadora social, señora Gabriela Mercado, quienes prestan sus servicios
en la institución en la que cumple su sentencia.
Inconforme con las determinaciones del DCR, el 23 de julio de 2025,
el señor Román presentó sendas solicitudes de reconsideración ante el
Coordinador Regional de Remedios Administrativos4. Acogidas las
solicitudes de reconsideración, el 17 de septiembre de 2025, la
coordinadora regional señora Damaris Robles Domínguez le informó que
ya la sicóloga Julimar Sáez Colón había solicitado de las señoras Nayda
Santiago, Aidyl Lozada Lugo y Ana V. Otero que le realizaran la batería de
pruebas que administra el doctor Luis J. Rodriguez, para así poder evaluar
su condición mental. Finalmente, apercibió al señor Román que se
encontraba a la espera de la contestación de aquellas.
Aún inconforme, el señor Román comparece ante nos y solicita que
consolidemos todas las solicitudes de remedio instadas por él y
ordenemos al DCR rendir los informes relacionados a su condición de salud
mental.
Ante este cuadro, prescindimos de la comparecencia del DCR, y
resolvemos5.
3 Véase, entrada núm. 1.
4 Íd.
5 Ello, conforme a la Regla 7(B)(5) del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, que
nos permite “prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos en cualquier caso ante [nuestra] consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho […]”. TA2025RA00329 3
II
A
Como norma general, los tribunales pueden atender toda
controversia que sea traída ante su consideración y que sea justiciable.
Rodríguez v. Overseas Military, 160 DPR 270, 277 (2003). No obstante,
debido a la importancia de que las actuaciones de los tribunales sean
dentro del marco de su jurisdicción, es una doctrina reiterada por el Tribunal
Supremo que debemos ser celosos guardianes de ella. Sánchez et al. v.
Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360, 369 (2002). Por lo tanto, si una
controversia no es justiciable, quiere decir que el tribunal está impedido de
resolverla, por carecer de jurisdicción. Es decir, “[l]a doctrina de la
justiciabilidad de las causas gobierna el ejercicio de la función revisora de
los tribunales, fijando la jurisdicción de los mismos”. Smyth, Puig v. Oriental
Bank, 170 DPR 73, 75 (2007).
Además, resulta importante puntualizar que, para presentar una
apelación administrativa, la decisión, orden o resolución final del organismo
o agencia administrativa ha de estar madura, de lo contrario, la apelación
adolece de prematuridad. Art. 4.006(c) de la Ley de Judicatura de 2003, 4
LPRA sec. 24(y). El aspecto medular de la doctrina de madurez reside en
que la controversia se considera prematura porque un examen minucioso
indica que hay ciertos eventos y sucesos futuros que afectarán su
configuración y estructura de manera tal que niegan su presente
justiciabilidad, bien porque resulta que una decisión posterior es más
adecuada, o porque se demuestra directamente que la cuestión no
está aun debidamente delineada para adjudicación. Raúl Serrano
Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, Programa
de Educación Legal Continuada, U.I.P.R. (1992), Tomo I, pág. 195.
Asimismo, si la controversia no estuviera completa y lista para adjudicarse,
la opinión del tribunal sería consultiva. Op. cit. TA2025RA00329 4
B
La Regla 83(B) y (C) del Reglamento de este Tribunal de
Apelaciones nos confiere autoridad para desestimar un recurso por
cualquiera de las siguientes circunstancias:
Regla 83 – Desistimiento y desestimación
. . . . . . . .
(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la desestimación de un recurso por los motivos siguientes:
(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;
(2) que el recurso fue presentado fuera del término de cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista justa causa para ello.
(3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia o de buena fe;
(4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no se ha presentado una controversia sustancial o que ha sido interpuesto para demorar los procedimientos;
(5) que el recurso se ha convertido en académico.
(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá desestimar un recurso de apelación o denegar un auto discrecional por cualesquiera de los motivos consignados en el inciso (B) precedente. . . . . . . . .
In re Aprob. Enmdas. Reglamento TA, 2025 TSPR 42, 215 DPR ____ (2025). (Énfasis nuestro).
III
Al evaluar el recurso de revisión ante nuestra consideración,
determinamos que procede su desestimación por prematuridad. Nos
explicamos.
En el presente recurso, el señor Román nos solicita que
intervengamos y ordenemos a varios funcionarios y profesionales de la
salud mental del DCR que emitan informes relacionados al estado de su
salud mental. Ello, debido a que está en proceso de solicitar el diferimiento
de la ejecución de su sentencia, que provee el Art. 70 del Código Penal de
Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5103, y aún no había recibido los mismos. TA2025RA00329 5
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