Engleby, Joseph B v. Gonzalez Beiro, Alberto
Opinion
Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES
PANEL X (ESPECIAL)
JOSEPH B. ENGLEBY, su Certiorari esposa KIM ENGLEBY y LA Procedente del Tribunal SOCIEDAD LEGAL DE de Primera Instancia, GANANCIALES Sala de SALINAS COMPUESTA POR ELLOS; KLAN202301039 (GUAYAMA) y su hijo LOGAN ENGLEBY Caso Núm.:
Apelados GM2021CV00218
v. Sobre:
Accidente de Tránsito
ALBERTO GONZÁLEZ Daños y Perjuicios BEIRO, su esposa LAURA E.
DALMASY FROUIN y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES COMPUESTA POR ELLOS; JOHN Y ROSE DOE; y LAS COMPAÑÍAS DE SEGURO DE LA “A” a LA “Z”
Apelantes
Panel integrado por su presidente el Juez Rodríguez Casillas, la Jueza Mateu Meléndez y el Juez Marrero Guerrero.
Mateu Meléndez, Jueza Ponente SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 12 de febrero de 2024.
El 21 de noviembre de 2023, el Sr. Albert González Beiró, la Sra.
Laura E. Dalmasy Frouin y la Sociedad Legal de Gananciales Compuesta por ellos (en adelante, los apelantes) comparecieron ante este Tribunal de Apelaciones mediante Apelación en la que nos solicitan la revocación de la Sentencia emitida y notificada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama (en adelante, TPI o foro primario) el 31 de marzo de 2023.
Evaluado el expediente, y por aquellas razones que más adelante consignaremos, confirmamos el dictamen apelado. Veamos.
Número Identificador SEN2024 _________________
-I-
El 8 de abril de 2021, el Sr. Joseph B. Engleby, su esposa Kim Engleby, la Sociedad de Bienes Gananciales que ambos componen y su hijo Logan Engleby (en adelante, los apelados) instaron demanda contra los apelantes por los alegados daños y perjuicios sufridos a consecuencia del impacto recibido por una embarcación de estos y causado por la negligencia de los demandados al navegar otra. Al contestar la demanda, la parte apelante negó que el accidente entre las embarcaciones fuera producto de su negligencia. Asimismo, instó Reconvención en la que reclamó negligencia por parte de los apelados y peticionó a su favor resarcimiento por los daños que allí, alegaron sufrieron. Los apelados al responder la reconvención, negaron las alegaciones de negligencia.
Así las cosas, el juicio fue señalado para el 13 y 14 de febrero de 2023.
Consta de la Sentencia que este no pudo comenzar el día 13 por la falta de un traductor certificado para poder interrogar al demandante, cuyo idioma principal es el Inglés. Este, continuó el día 14 de febrero de 2023. Recibida la prueba, el TPI emitió y notificó el dictamen apelado. En el mismo, concluyó que los apelados no pudieron demostrar la concesión de un remedio a su favor y, por tal razón, desestimó con perjuicio su causa de acción. En cuanto a la Reconvención sometida por los apelantes, el foro primario resolvió que la prueba recibida demostró que los apelados fueron los que actuaron negligentemente. Ahora, tras así determinar el TPI indicó que, “no se le conceden daños a la parte demandada toda vez que no presentó evidencia del costo de la reparación de su embarcación Hatteras, ni tampoco declaró de las angustias mentales sufridas.”.
Inconformes con la desestimación decretada, los apelados solicitaron reconsideración de la decisión alcanzada. Los apelantes se opusieron a este escrito. Luego, los demandantes, aquí apelados, instaron el recurso apelativo KLAN202300354. No obstante, por haberse sometido previo a que
su reconsideración fuera resuelta, este fue desestimado por falta de jurisdicción. Finalmente, mediante Resolución del 20 de octubre de 2023, el TPI resolvió la reconsideración declarándola No Ha Lugar. Es entonces que los apelantes comparecen mediante el recurso de epígrafe y como único señalamiento de error, le atribuyen al TPI el haberse equivocado al no permitir el testimonio de su testigo Eliezer Tarafa Feliciano en cuanto a sus certificaciones como investigador de accidentes de botes, “privando así a la parte demandada a que presentara evidencia de los daños materiales.”.
Atendido el recurso, el 1 de diciembre de 2023 emitimos Resolución mediante la que le concedimos a los apelados 30 días para someter su posición. En cumplimiento con ella, estos comparecieron el 27 de diciembre de 2023. En virtud de ello damos por sometido el asunto y resolvemos.
-II-
En nuestro ordenamiento jurídico, como norma general, la evidencia pertinente es admisible. Sin embargo, cuando aplique alguna de las reglas de exclusión reconocidas o aquellas dispuestas en la Regla 403 de Evidencia, pudiera excluirse evidencia pertinente. Izaga Santos v. Family Drug Center, 182 DPR 463 (2011). La mencionada regla establece que evidencia pertinente podrá ser excluida cuando su valor probatorio queda sustancialmente superado por el riesgo de causar perjuicio indebido, de causar confusión o de causar desorientación del Jurado; la dilación indebida de los procedimientos o una innecesaria presentación de prueba acumulativa.1 Si una parte entiende que el tribunal admitió erróneamente evidencia debe, conforme a la Regla 104 de Evidencia, presentar una objeción oportuna, específica y correcta. En caso de que se trate de una exclusión errónea de prueba, la parte perjudicada deberá invocar el fundamento específico para la admisibilidad de la evidencia ofrecida y
1 Regla 403 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R. 403.
hacer una oferta de prueba de forma que surja claramente cuál es la evidencia que ha sido excluida y la naturaleza, propósito y pertinencia para la cual se ofrece. Regla 104 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R. 104.
Pese a lo antes dicho, los tribunales apelativos no revocarán una sentencia por admisión errónea de evidencia, a menos que el error haya sido “un factor decisivo o sustancial en la sentencia emitida”. Regla 105 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R. 105. Así, si el error se considera benigno o no perjudicial- porque la exclusión de la evidencia no hubiese producido un resultado distinto- se confirma el dictamen a pesar del error. Pueblo v. Santiago Irizarry, 198 DPR 35 (2017) al citar a Izaga Santos v. Family Drug Center, supra.
III
Tal cual mencionamos, en su único señalamiento de error, los apelantes reclaman que el TPI se equivocó al no permitirle a su testigo el declarar sobre su educación en cuanto a investigación de accidentes de botes, de forma tal que pudiéndose constatar su experiencia, pudiera este declarar y poder así estos probar su caso. Así, y a los fines de impugnar la determinación apelada, argumentan que, ante la exclusión, su abogada procedió a efectuar el ofrecimiento de prueba correspondiente del cual surge la procedencia del testimonio presentado, más no permitido.
Hemos evaluado concienzudamente el legajo apelativo y los documentos que contiene; particularmente, la exposición narrativa que los apelantes someten como parte del apéndice de su recurso que recoge el momento en que su testigo se sienta a declarar, las objeciones levantadas por la representación de los apelados, así como el ofrecimiento de prueba que se realizó luego de la exclusión del testimonio. Así hecho, como adelantamos, resolvemos confirmar la determinación de exclusión de prueba cuestionada en el primer señalamiento de error.
Según dijimos, como regla general no se dejará sin efecto una determinación de exclusión errónea de evidencia ni se revocará por ello sentencia o decisión alguna a menos que: la parte perjudicada con la admisión o exclusión errónea hubiera satisfecho con los requisitos de objeción , fundamento y oferta de prueba y que el Tribunal que considere el señalamiento sobre error en la exclusión estime que la evidencia excluida fue un factor decisivo o sustancial en la decisión cuya revocación se solicita.
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Engleby, Joseph B v. Gonzalez Beiro, Alberto (Engleby, Joseph B v. Gonzalez Beiro, Alberto) — published by Counsel Stack Legal Research, free access to 12M+ legal documents.