ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL ESPECIAL
EMPRESAS ZEPOL, CERTIORARI INC. procedente del Tribunal de Peticionaria Primera Instancia Sala Superior de v. TA2025CE00027 San Juan
JAIME ENRIQUE CONDE Civil Núm.: MATOS Y OTROS SJ2018cv10804
Recurrida Sobre: Nulidad de Sentencia, Fraude, Nulidad de Venta Judicial
Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez.
Bonilla Ortiz, Juez Ponente
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico a 11 de agosto de 2025.
Comparece ante este foro, Empresas ZEPOL, Inc.
(ZEPOL o “parte peticionaria”) y nos solicita que
revisemos una Orden emitida por el Tribunal de Primera
Instancia, Sala Superior de Carolina, notificada el 15
de mayo de 2025. Mediante el referido dictamen, el foro
primario no autorizó la moción de desestimación instada
por la parte peticionaria.
Por los fundamentos que expondremos a continuación,
DENEGAMOS expedir el auto de certiorari.
I.
El 14 de diciembre de 2018, el Sr. Jaime E. Conde
Matos y la Sra. Ilsa L. Conde Matos t/c/c Ilsa L. Conde
Sánchez (en conjunto, “los recurridos”), presentaron una
Demanda sobre nulidad de sentencia, fraude y nulidad de
venta judicial en contra del Consejo de Titulares del
Condominio Alcázar (Consejo de Titulares), entre otros TA2025CE00027 2
de nombres desconocidos.1 En esencia, alegaron que el
11 de julio de 2012, la parte peticionaria presentó una
acción por cobro de dinero en contra de la Sra. Ermelinda
Matos Serrano t/c/c Emerlinda Conde Matos (QPD) en el
caso núm. KCD2012-1641. No obstante, que ni la señora
Matos Serrano, ni el señor Conde Matos (quien era
entonces su tutor legal), habían sido notificados ni
emplazados conforme a derecho sobre la acción presentada
en su contra. Por consiguiente, que la sentencia en
rebeldía dictada por el foro primario en el caso sobre
cobro de dinero era nula. Añadieron que, dicha sentencia
fue el resultado de un fraude al tribunal, toda vez que
el Consejo de Titulares conocía o debió conocer sobre la
incapacidad judicial de la señora Matos Serrano.
Luego de varias incidencias procesales, el 18 de
febrero de 2021, los recurridos presentaron una Demanda
Enmendada.2 En esta, solicitaron incluir como partes
codemandadas a ZEPOL, a la Sra. Noelis Márquez Reyes y
Jorge L. Albelo Rodríguez, al Sr. Pedro Hieye González,
entre otros de nombres desconocidos. Posteriormente,
solicitó fueran emplazados por edicto, excepto el señor
Hieye González, puesto que, los esfuerzos del emplazador
para localizar a los codemandados fueron negativos.
El 18 de julio de 2021, ZEPOL presentó su
Contestación a Demanda Enmendad y Solicitud de
Desestimación.3 En esencia, como parte de sus defensas
afirmativas planteó que en el caso KCD2012-1641, pasaron
prueba y el foro primario dictó Sentencia, la cual advino
final, firme e inapelable. A su vez, que “la escritura
1 Demanda, entrada núm. 1 en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC). 2 Demanda Enmendada, entrada núm. 57 en SUMAC. 3 Contestación a Demanda Enmendad y Solicitud de Desestimación,
entrada núm. 83 en SUMAC. TA2025CE00027 3
de Venta Judicial otorgada como consecuencia de un
proceso post sentencia y de ejecución de esta, como el
traspaso mediante escritura de compraventa realizado con
posterioridad por la aquí compareciente, fueron
evaluadas, calificadas y avaladas por el Registrador de
la Propiedad Sección de San Juan.” Por lo que, sostuvo
que la adquisición mediante venta judicial descansó en
la legalidad del proceso y doctrina de la ley del caso.
El 10 de agosto de 2021, los recurridos presentaron
una Moción en Oposicion a Solicitud de Desestimación.4
Mediante esta, reiteraron que el foro primario nunca
adquirió jurisdicción sobre la señora Matos Serrano en
el caso sobre cobro de dinero promovido por el Consejo
de Titulares. A su vez, que posterior a que el foro a
quo dictara sentencia en rebeldía, los codemandados
celebraron una venta judicial en Escritura 223, en la
cual estipularon que el señor Hieye González vendió,
cedió, adjudicó y traspasó a favor de ZEPOL la propiedad
inmueble en controversia, e hicieron constar que la
propiedad estaba inscrita a favor de la señora Conde
Matos. Asimismo, que ZEPOL vendió, cedió, adjudicó y
traspasó a favor de los otros codemandados. Por lo que,
se desprendía que los codemandados se sometieron a la
adquisición y venta de la propiedad a sabiendas de que
había sido ilegalmente adquirida por tratarse de una
venta judicial nula.
Luego de varios trámites procesales, el 4 de
diciembre de 2023, el foro primario notificó una
Sentencia Parcial, mediante la cual desestimó con
perjuicio la demanda enmendada en contra del Sr. Márquez
4 Moción en Oposicion a Solicitud de Desestimación, entrada núm. 85 en SUMAC. TA2025CE00027 4
Reyes.5 Concluyó que, el codemandado no había sido parte
de la escritura de venta judicial que eventualmente
otorgó la titularidad a ZEPOL, por lo que, era un tercero
registral protegido por la fe pública.
Posteriormente, el 15 de julio de 2024, ZEPOL
presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial a
Favor de Empresas ZEPOL, Inc.6 En esta, sostuvo que de
igual forma que el codemandado Márquez fue considerado
como tercero registral, los peticionarios también
estaban protegidos durante el periodo en que fueron los
titulares de la propiedad. Alegaron que, confiaron en
la legalidad de un proceso judicial y en la fe pública
registral al momento de adquirir la propiedad. Por lo
que, consideraron que se les debía brindar la protección
de tercero registral.
En respuesta, el 5 de agosto de 2024, los recurridos
presentaron su oposición a la solicitud de sentencia
sumaria de ZEPOL.7 En síntesis, alegaron que habían
hechos en controversia que hacían necesaria la
celebración de un juicio en sus méritos para que se
examinaran las argumentaciones concernientes a la
intención de las partes.
Evaluadas las mociones presentadas por las partes,
el 22 de agosto de 2024, el foro primario notificó una
Resolución.8 Mediante esta, indicó lo siguiente:
[…] no procede dictar sentencia sumaria sobre los hechos antes mencionada por las siguientes razones, la demandada no presentó la certificación registral al momento en que adquirió la propiedad, existe controversia sobre la forma y manera en que licitaron en la subasta, la
5 Sentencia Parcial, entrada núm. 127 en SUMAC. 6 Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial a Favor de Empresas ZEPOL, Inc., entrada núm. 155 en SUMAC. 7 Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria radicada por Empresas
Zepol, Inc., entrada núm. 157 en SUMAC. 8 Resolución, entrada núm. 158 en SUMAC. TA2025CE00027 5
adquisición de la propiedad, que información tenía al momento del lanzamiento previo a realizar la compraventa de la propiedad y si estos tenían conocimiento de que la Sra. Ermelinda Matos Serrano no vivía dicha propiedad por estar residiendo en un asilo. Por último, existe controversia si Empresa Zepol, Inc. se comunicó con el Sr. Jaime Enrique Conde Matos, tutor de la Sra. Ermelinda Matos Serrano a los fines de realizar el lanzamiento, previo a otorgar la escritura de compraventa a un tercero.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL ESPECIAL
EMPRESAS ZEPOL, CERTIORARI INC. procedente del Tribunal de Peticionaria Primera Instancia Sala Superior de v. TA2025CE00027 San Juan
JAIME ENRIQUE CONDE Civil Núm.: MATOS Y OTROS SJ2018cv10804
Recurrida Sobre: Nulidad de Sentencia, Fraude, Nulidad de Venta Judicial
Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez.
Bonilla Ortiz, Juez Ponente
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico a 11 de agosto de 2025.
Comparece ante este foro, Empresas ZEPOL, Inc.
(ZEPOL o “parte peticionaria”) y nos solicita que
revisemos una Orden emitida por el Tribunal de Primera
Instancia, Sala Superior de Carolina, notificada el 15
de mayo de 2025. Mediante el referido dictamen, el foro
primario no autorizó la moción de desestimación instada
por la parte peticionaria.
Por los fundamentos que expondremos a continuación,
DENEGAMOS expedir el auto de certiorari.
I.
El 14 de diciembre de 2018, el Sr. Jaime E. Conde
Matos y la Sra. Ilsa L. Conde Matos t/c/c Ilsa L. Conde
Sánchez (en conjunto, “los recurridos”), presentaron una
Demanda sobre nulidad de sentencia, fraude y nulidad de
venta judicial en contra del Consejo de Titulares del
Condominio Alcázar (Consejo de Titulares), entre otros TA2025CE00027 2
de nombres desconocidos.1 En esencia, alegaron que el
11 de julio de 2012, la parte peticionaria presentó una
acción por cobro de dinero en contra de la Sra. Ermelinda
Matos Serrano t/c/c Emerlinda Conde Matos (QPD) en el
caso núm. KCD2012-1641. No obstante, que ni la señora
Matos Serrano, ni el señor Conde Matos (quien era
entonces su tutor legal), habían sido notificados ni
emplazados conforme a derecho sobre la acción presentada
en su contra. Por consiguiente, que la sentencia en
rebeldía dictada por el foro primario en el caso sobre
cobro de dinero era nula. Añadieron que, dicha sentencia
fue el resultado de un fraude al tribunal, toda vez que
el Consejo de Titulares conocía o debió conocer sobre la
incapacidad judicial de la señora Matos Serrano.
Luego de varias incidencias procesales, el 18 de
febrero de 2021, los recurridos presentaron una Demanda
Enmendada.2 En esta, solicitaron incluir como partes
codemandadas a ZEPOL, a la Sra. Noelis Márquez Reyes y
Jorge L. Albelo Rodríguez, al Sr. Pedro Hieye González,
entre otros de nombres desconocidos. Posteriormente,
solicitó fueran emplazados por edicto, excepto el señor
Hieye González, puesto que, los esfuerzos del emplazador
para localizar a los codemandados fueron negativos.
El 18 de julio de 2021, ZEPOL presentó su
Contestación a Demanda Enmendad y Solicitud de
Desestimación.3 En esencia, como parte de sus defensas
afirmativas planteó que en el caso KCD2012-1641, pasaron
prueba y el foro primario dictó Sentencia, la cual advino
final, firme e inapelable. A su vez, que “la escritura
1 Demanda, entrada núm. 1 en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC). 2 Demanda Enmendada, entrada núm. 57 en SUMAC. 3 Contestación a Demanda Enmendad y Solicitud de Desestimación,
entrada núm. 83 en SUMAC. TA2025CE00027 3
de Venta Judicial otorgada como consecuencia de un
proceso post sentencia y de ejecución de esta, como el
traspaso mediante escritura de compraventa realizado con
posterioridad por la aquí compareciente, fueron
evaluadas, calificadas y avaladas por el Registrador de
la Propiedad Sección de San Juan.” Por lo que, sostuvo
que la adquisición mediante venta judicial descansó en
la legalidad del proceso y doctrina de la ley del caso.
El 10 de agosto de 2021, los recurridos presentaron
una Moción en Oposicion a Solicitud de Desestimación.4
Mediante esta, reiteraron que el foro primario nunca
adquirió jurisdicción sobre la señora Matos Serrano en
el caso sobre cobro de dinero promovido por el Consejo
de Titulares. A su vez, que posterior a que el foro a
quo dictara sentencia en rebeldía, los codemandados
celebraron una venta judicial en Escritura 223, en la
cual estipularon que el señor Hieye González vendió,
cedió, adjudicó y traspasó a favor de ZEPOL la propiedad
inmueble en controversia, e hicieron constar que la
propiedad estaba inscrita a favor de la señora Conde
Matos. Asimismo, que ZEPOL vendió, cedió, adjudicó y
traspasó a favor de los otros codemandados. Por lo que,
se desprendía que los codemandados se sometieron a la
adquisición y venta de la propiedad a sabiendas de que
había sido ilegalmente adquirida por tratarse de una
venta judicial nula.
Luego de varios trámites procesales, el 4 de
diciembre de 2023, el foro primario notificó una
Sentencia Parcial, mediante la cual desestimó con
perjuicio la demanda enmendada en contra del Sr. Márquez
4 Moción en Oposicion a Solicitud de Desestimación, entrada núm. 85 en SUMAC. TA2025CE00027 4
Reyes.5 Concluyó que, el codemandado no había sido parte
de la escritura de venta judicial que eventualmente
otorgó la titularidad a ZEPOL, por lo que, era un tercero
registral protegido por la fe pública.
Posteriormente, el 15 de julio de 2024, ZEPOL
presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial a
Favor de Empresas ZEPOL, Inc.6 En esta, sostuvo que de
igual forma que el codemandado Márquez fue considerado
como tercero registral, los peticionarios también
estaban protegidos durante el periodo en que fueron los
titulares de la propiedad. Alegaron que, confiaron en
la legalidad de un proceso judicial y en la fe pública
registral al momento de adquirir la propiedad. Por lo
que, consideraron que se les debía brindar la protección
de tercero registral.
En respuesta, el 5 de agosto de 2024, los recurridos
presentaron su oposición a la solicitud de sentencia
sumaria de ZEPOL.7 En síntesis, alegaron que habían
hechos en controversia que hacían necesaria la
celebración de un juicio en sus méritos para que se
examinaran las argumentaciones concernientes a la
intención de las partes.
Evaluadas las mociones presentadas por las partes,
el 22 de agosto de 2024, el foro primario notificó una
Resolución.8 Mediante esta, indicó lo siguiente:
[…] no procede dictar sentencia sumaria sobre los hechos antes mencionada por las siguientes razones, la demandada no presentó la certificación registral al momento en que adquirió la propiedad, existe controversia sobre la forma y manera en que licitaron en la subasta, la
5 Sentencia Parcial, entrada núm. 127 en SUMAC. 6 Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial a Favor de Empresas ZEPOL, Inc., entrada núm. 155 en SUMAC. 7 Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria radicada por Empresas
Zepol, Inc., entrada núm. 157 en SUMAC. 8 Resolución, entrada núm. 158 en SUMAC. TA2025CE00027 5
adquisición de la propiedad, que información tenía al momento del lanzamiento previo a realizar la compraventa de la propiedad y si estos tenían conocimiento de que la Sra. Ermelinda Matos Serrano no vivía dicha propiedad por estar residiendo en un asilo. Por último, existe controversia si Empresa Zepol, Inc. se comunicó con el Sr. Jaime Enrique Conde Matos, tutor de la Sra. Ermelinda Matos Serrano a los fines de realizar el lanzamiento, previo a otorgar la escritura de compraventa a un tercero. Todas esta controversia inciden en la determinación sobre si, el demandado Empresas Zepol, Inc., está protegido por la figura de Tercero Registral.
Así pues, determinó que existían hechos reales y
sustanciales en controversia que impedían se dictara
sentencia sumaria en esos momentos. Por ello, declaró
No Ha Lugar a la solicitud de sentencia sumaria instada
por ZEPOL.
En desacuerdo, el 4 de septiembre de 2024, la parte
peticionaria presentó una Moción Solicitando
Reconsideración.9 El 27 de septiembre de 2024, los
recurridos presentaron su oposición.10 No obstante, la
reconsideración fue denegada mediante Resolución
notificada el 30 de septiembre de 2024.11
Luego de varios trámites procesales, el 15 de mayo
de 2025, ZEPOL presentó una Moción de Desestimación.12
En esencia, sostuvo que la demanda contenía reclamos en
su contra de forma genérica, incumpliendo con el
estándar de especificidad requerido por la Regla 7.2 de
Procedimiento Civil, y con el criterio de plausibilidad
exigido por la jurisprudencia para sostener una causa de
acción por fraude. Por ello, esbozaron que habían sido
indebidamente incorporados al pleito sin base factual
9 Moción Solicitando Reconsideración, entrada núm. 159 en SUMAC. 10 Oposición a Moción de Reconsideración presentada por la codemandada Empresas Zepol, Inc., entrada núm. 161 en SUMAC. 11 Resolución, entrada núm. 162 en SUMAC. 12 Moción de Desestimación, entrada núm. 167 en SUMAC. TA2025CE00027 6
que justificara la concesión de un remedio, así pues,
solicitaron la exclusión total del pleito.
El 15 de mayo de 2025, el foro primario notificó la
Orden recurrida.13 En esta, indicó lo siguiente:
[d]espués de casi siete (7) años de litigio, el juicio esta pautado para La semana del 2 al 4 de junio del 2025. Por lo que el Tribunal no autoriza la Moción de Desestimación presentada por la parte co- demandada, Empresas Zepol, Inc. Permitir la referida a semana de comenzar juicio perjuicio a la parte demandante.
En desacuerdo, el 16 de mayo de 2025, la parte
peticionaria presentó una Moción de Reconsideración.14
No obstante, el 22 de mayo de 2025, el foro primario
mediante Resolución Interlocutoria denegó dicha moción
de reconsideración.15
Aun inconformes, el 23 de junio de 2025, ZEPOL
presentó el recurso de certiorari que nos ocupa y señaló
los siguientes errores:
PRIMER ERROR: El Tribunal de Primera Instancia mantuvo y mantiene a Empresas Zepol, Inc. como parte demandada, alegando controversias sobre la forma en que adquirió el inmueble. No obstante, la parte recurrida no presentó evidencia que vinculara a Empresas Zepol con el alegado fraude previo a la subasta. La propiedad fue adquirida mediante procedimiento judicial, formalizada mediante escritura de Venta Judicial e inscrita en el Registro de la Propiedad, lo cual le confería protección como tercero registral de buena fe. Al ignorar esta condición —sin prueba que desvirtúe su legitimidad— el Tribunal aplicó erróneamente el derecho registral y violó garantías básicas de debido proceso de ley.
SEGUNDO ERROR: El Honorable Tribunal denegó la Moción de Desestimación presentada por Empresas Zepol, Inc., considerando erróneamente que la Demanda Enmendada contenía alegaciones suficientes para sostener una causa de acción por fraude. Estas alegaciones son meras conclusiones generales sin hechos específicos, 13 Orden, entrada núm. 168 en SUMAC. 14 Moción de Reconsideración, entrada núm. 169 en SUMAC. 15 Resolución Interlocutoria, entrada núm. 170 en SUMAC. TA2025CE00027 7
incumpliendo los requisitos estrictos de la Regla 7.2 de Procedimiento Civil, que exige particularidad en las imputaciones de fraude. Al no identificar actos fraudulentos concretos atribuibles a Empresas Zepol, Inc., ni demostrar su participación en los hechos alegados, el Honorable Tribunal debió desestimar la demanda por insuficiencia jurídica.
El 1 de julio de 2025, emitimos una Resolución
mediante la cual le concedimos quince (15) días a la
parte recurrida para que presentara su alegato en
oposición.
Luego de una solicitud de prórroga, el 24 de julio
de 2025, la parte recurrida presentó su alegato en
Con el beneficio de la comparecencia de ambas
partes, procedemos a resolver.
II.
El certiorari es el vehículo procesal
extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor
jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido
por un tribunal inferior. Torres González v. Zaragoza
Meléndez, 211 DPR 821, 846-847 (2023). Los tribunales
apelativos tenemos la facultad para expedir un
certiorari de manera discrecional. Íd., pág. 847. Esta
discreción se define como “el poder para decidir en una
u otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios
cursos de acción”. García v. Padró, 165 DPR 324, 334
(2005). Asimismo, discreción es una forma de
razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para
llegar a una conclusión justa. Íd., pág. 335. Ahora
bien, la aludida discreción que tiene este foro
apelativo para atender un certiorari no es absoluta.
Íd. Esto, ya que no tenemos autoridad para actuar de
una forma u otra, con abstracción total al resto del TA2025CE00027 8
derecho, pues ello constituiría abuso de discreción.
Íd. Así, “el adecuado ejercicio de la discreción
judicial está inexorable e indefectiblemente atado al
concepto de la razonabilidad.” Íd.
La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.
V, R. 52.1, establece que el recurso de certiorari para
resolver resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas
por el Tribunal de Primera Instancia, será expedido por
el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: (1) una
resolución u orden bajo la Regla 56 (remedios
provisionales) y la Regla 57 (injunction) de las Reglas
de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción
de carácter dispositivo y; (3) por excepción de: (a)
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos
o peritos esenciales; (b) asuntos relativos a
privilegios probatorios; (c) anotaciones de rebeldía;
(d) casos de relaciones de familia; (e) casos que
revistan interés público; y (f) cualquier otra situación
en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso
irremediable de la justicia.
En otros términos, la Regla 40 del Reglamento del
Tribunal de Apelaciones, según enmendada, In re Aprob.
Enmdas. Reglamento TA, 2025 TSPR 42, págs. 62-63 215 DPR
__ (2025), establece lo siguiente:
El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de mostrar causa:
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del problema.
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación TA2025CE00027 9
de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.
(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su consideración.
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia. Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.
Ninguno de estos criterios es determinante por sí
solo para el ejercicio de jurisdicción y tampoco
constituyen una lista exhaustiva. García v. Padró,
supra, pág. 335. La norma vigente es que los tribunales
apelativos podremos intervenir con las determinaciones
discrecionales del Tribunal de Primera Instancia cuando
este haya incurrido en arbitrariedad, craso abuso de
discreción o en un error en la interpretación o
aplicación de cualquier norma procesal o de derecho
sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581
(2009).
III.
Conforme a la normativa antes expuesta, este
Tribunal tiene jurisdicción para atender el presente
recurso por recurrirse de un dictamen interlocutorio del
Tribunal de Primera Instancia. Sin embargo, evaluado el
expediente ante nuestra consideración a la luz de los
criterios establecidos en la Regla 40 de nuestro
Reglamento, supra, concluimos que este caso no amerita
nuestra intervención. TA2025CE00027 10
En el caso de autos, ZEPOL, en esencia, alega que
incidió el foro primario al mantenerlos como parte
demandada en el pleito, aun cuando la prueba presentada
no los vinculaba con el alegado fraude previo a la
subasta. Añaden que, los recurridos no pudieron
identificar actos fraudulentos concretos atribuibles a
ZEPOL, por lo que, procedía la desestimación de la
demanda por insuficiencia jurídica.
Por su parte, los recurridos esbozan que la
decisión del foro primario fue tomando en cuenta la etapa
de los procedimientos en que se encontraba la
controversia. Asimismo, añadieron que la parte
peticionaria procura revisitar determinaciones
judiciales que descartaron su procedencia de sus
solicitudes desestimatorias.
A la luz de los criterios enumerados en la Regla 40
de nuestro Reglamento, supra, no encontramos criterio
alguno que nos mueva expedir el recurso de certiorari
presentado por ZEPOL. Lo anterior, por no encontrar
indicio alguno de que el foro primario actuara de forma
arbitraria, caprichosa, en abuso de su discreción o que
haya cometido algún error de derecho, denegamos expedir
el recurso discrecional solicitado.
IV.
Por los fundamentos antes expuestos, DENEGAMOS el
auto de certiorari de epígrafe.
Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la
Secretaria del Tribunal de Apelaciones.
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís Secretaria del Tribunal de Apelaciones