El Pueblo v. Santiago Cruz ————————– El Pueblo v. en Interés Del Menor F.L.R.

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: September 8, 2020
• Docket: CT-2020-17 cons. CT-2020-18
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

Ángel N. Santiago Cruz 2020 TSPR 99 Peticionario 205 DPR ____ ----------------------------------

En interés del menor F.L.R.

Peticionaria

Número del Caso: CT-2020-17 consolidado con CT-2020-18

Fecha: 8 de septiembre de 2020

Abogados de la parte peticionaria:

CT-2020-17 Sociedad para Asistencia Legal Lcdo. José D. Soler Fernández Lcdo. Carlos R. Nido Escribano

CT-2020-18 Lcdo. Luis J. Torres Asencio Lcdo. Rafael E. Rodríguez Rivera

Oficina del Procurador General: CT-2020-17 y CT-2020-18

Lcdo. Isaías Sánchez Báez Procurador General

Lcdo. Pedro E. Vázquez Montijo Subprocurador General

Lcda. Mónica M. Rodríguez Madrigal Procuradora General Auxiliar CT-2020-17 cons con ct-2020-18 2

Amicus Curie:

CT-2020-17 y CT-2020-18 Lcdo. Hugo Rodríguez Díaz Lcda. Myriam C. Jusino Marrero

Partes con Interés:

CT-2020-17 Lcdo. Luis J. Torres Asencio Lcdo. Rafael E. Rodríguez Rivera

CT-2020-18 Lcdo. José D. Soler Fernández

Materia: Derecho Procesal Penal - No existe impedimento constitucional para celebrar la vista preliminar bajo la Regla 23 de Procedimiento Criminal y la vista para determinar causa probable bajo la Regla 2.10 de las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, mediante videoconferencia. El Estado tiene un interés de evitar la propagación del COVID-19 y el mecanismo de la videoconferencia provee la oportunidad para salvaguardar las garantías constitucionales mínimas a las que tienen derecho los imputados(as) en las etapas anteriores al juicio.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ángel N. Santiago Cruz CT-2020-17 Peticionario cons. con Certificación CT-2020-18 intrajurisdiccional

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió la Opinión del Tribunal

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de septiembre de 2020.

Ante los retos incalculables que impone la emergencia de

salud pública que enfrentamos, hoy resolvemos que no existe

impedimento constitucional –ya sea al amparo de nuestra

Constitución o de la Constitución federal– para celebrar

mediante videoconferencia la vista preliminar que estatuye la

Regla 23 de Procedimiento Criminal. Tampoco lo hay en cuanto

a la vista para determinar causa probable que exige la Regla

2.10 de las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores. CT-2020-17 cons. CT-2020-18 2

La validez de ese mecanismo dependerá, por supuesto, de

que el Estado y los tribunales tomen las medidas que

garanticen la vigencia de los derechos constitucionales que

asisten a los imputados y menores en esa etapa, a saber: el

derecho a un debido procedimiento de ley y el derecho a

tener una representación legal adecuada. En concreto,

salvaguardar tales derechos en esa etapa implicará asegurar:

(1) que el imputado o menor y su abogado puedan ver y

escuchar sin dificultad a las personas que participen en la

vista, y viceversa; (2) que se cumplan con todas las

garantías procesales que establece la Regla 23 de

Procedimiento Criminal, en casos de adultos y las Reglas de

Procedimiento para Asuntos de Menores y la Ley de Menores de

Puerto Rico, en casos de menores de edad; y (3) que el

imputado o menor tenga disponible una línea telefónica

directa, un salón virtual o un mecanismo análogo mediante el

cual se pueda comunicar con su representante legal de forma

confidencial durante la vista y viceversa.

I

A.

Comenzamos narrando los hechos que dieron lugar al

primer caso ante nuestra consideración, El Pueblo de Puerto

Rico v. Ángel N. Santiago Cruz, CT-2020-17.

Por hechos ocurridos entre el 23 y 27 de febrero de

2020, el 29 de febrero de 2020 el Ministerio Público

presentó siete denuncias contra el Sr. Ángel N. Santiago CT-2020-17 cons. CT-2020-18 3

Cruz (señor Santiago Cruz o imputado) por infracciones a la

Ley de prevención e intervención con la violencia doméstica,

Ley Núm. 54-1989, 8 LPRA sec. 601 et seq., y por una

violación a la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 404-

2000, 25 LPRA sec. 455 et seq. El tribunal determinó que

existía causa probable para arrestar al señor Santiago Cruz

y señaló la vista preliminar. Esa vista se pospuso.

Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia emitió una

Resolución en la que hizo constar que “[d]ebido a la crisis

de salud por la pandemia del virus COVID-19, no pudo

celebrarse la vista preliminar” y recalendarizó la vista

nuevamente.1

El 5 de junio de 2020 el Tribunal de Primera Instancia

emitió una Orden mediante la cual convirtió la próxima vista

a una sobre el estado de los procedimientos. Ordenó la

comparecencia de todas las partes mediante el sistema de

videoconferencia e incluyó instrucciones detalladas al

respecto.2 Esa vista se celebró el 18 de junio de 2020.3 El

señor Santiago Cruz no compareció, pero sí su representación

legal, quien hizo constar que se oponía a que la vista

preliminar se celebrase mediante videoconferencia. La Jueza

del Tribunal de Primera Instancia le indicó que el

Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) no estaba

1 Resolución, Expediente del Tribunal de Apelaciones (CT-2020-17), Anejo VIII, pág. 83. 2 Orden, Anejo XII, Expediente del Tribunal de Apelaciones (CT-2020-17),

pág. 95. 3 Minuta y Orden, Expediente del Tribunal de Apelaciones (CT-2020-17),

Anejo XX, pág. 173. CT-2020-17 cons. CT-2020-18 4

transportando confinados a los tribunales debido a las

medidas de seguridad que han tomado por razón de la pandemia

producto del virus COVID-19. Finalmente, el foro primario

señaló la vista preliminar para el 27 de julio de 2020.4

El 23 de junio de 2020 el Tribunal de Primera Instancia

emitió una Resolución mediante la cual fundamentó su

decisión de celebrar la vista de forma virtual. Dictaminó

que “conducir una vista de manera virtual no violenta ningún

derecho. En dichos procesos todas las partes necesarias

están presentes en un espacio cibernético común, [y] se

pueden ver y escuchar. Dichas plataformas tienen, además,

mecanismos para que las partes sean excluidas de necesitar

privacidad”.5

Inconforme, el señor Santiago Cruz presentó un recurso

de certiorari en el Tribunal de Apelaciones. Alegó, entre

otras cosas, que el foro primario erró al determinar que

celebrar la vista preliminar mediante videoconferencia “no

viola múltiples variantes del derecho constitucional a un

debido proceso de ley, a una representación legal adecuada y

a contrainterrogar los testigos”.6

4 El abogado del señor Santiago Cruz planteó también que el señalamiento se encontraba fuera del término de juicio rápido que disponen las Reglas de Procedimiento Criminal, infra. No obstante, el tribunal resolvió que la fecha en la que se señaló el asunto se encuentra dentro de los términos de juicio rápido. Ello, en atención a la Resolución EM-2020-12 que emitió el Tribunal Supremo de Puerto Rico el 22 de mayo de 2020. 5 Resolución, Expediente del Tribunal de Apelaciones (CT-2020-17), Anejo

XXII, pág. 182. 6 Petición de certiorari, pág. 12. CT-2020-17 cons. CT-2020-18 5

Luego de algunos trámites procesales,7 el 7 de agosto

de 2020 el Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia

mediante la cual confirmó la Resolución que emitió el foro

primario. En lo pertinente, resolvió que celebrar una vista

preliminar por videoconferencia no viola los derechos

constitucionales del imputado en esta etapa, pues –entre

otras cosas– ese mecanismo permite: (1) que el imputado

contrainterrogue testigos y (2) que el imputado se comunique

con su abogado de manera privada durante la vista, lo cual

salvaguarda su derecho constitucional a tener asistencia de

abogado.8

Al amparo de la facultad que nos concede el Art.

3.002(e) de la Ley de la Judicatura del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA

sec. 24s (Ley de la Judicatura de 2003), el 14 de agosto de

2020 certificamos motu proprio este caso en cuanto al

señalamiento de error que adujo el señor Santiago Cruz

relacionado con la constitucionalidad de celebrar las vistas

preliminares por videoconferencia. Además, concedimos al

señor Santiago Cruz y al Ministerio Público un término

7 Mediante Resolución del 23 de julio de 2020 el Tribunal de Apelaciones paralizó los procedimientos en el caso, por lo que la vista preliminar que el foro primario señaló para el 27 de julio de 2020 no se celebró. 8 Sentencia, pág. 23. Sobre este tercer punto, el Tribunal de Apelaciones puntualizó que, “según el Departamento de Corrección y Rehabilitación le informó al [Ministerio Público], el [Tribunal de Primera Instancia] deberá requerirle al Departamento de Corrección y Rehabilitación que se facilite al peticionario una línea telefónica en el salón habilitado en la institución correccional para el sistema de videoconferencia a los fines de mantener comunicación directa, privada y adecuada con su representación legal durante todo el proceso las veces que así lo solicite y que el Tribunal lo permita” (Énfasis suprimido). CT-2020-17 cons. CT-2020-18 6

simultáneo de diez (10) días para presentar alegatos sobre

esa controversia.

Ambas partes comparecieron oportunamente. En su escrito

el señor Santiago Cruz alegó, en síntesis, que celebrar la

vista preliminar mediante el mecanismo de videoconferencia

viola sus derechos constitucionales a confrontar los

testigos, estar presente en una etapa crítica del

procedimiento y tener asistencia de abogado. Además, planteó

que ese mecanismo no salvaguarda las garantías procesales

que establece la Regla 23 de Procedimiento Criminal, infra,

a saber: (1) tener acceso a declaraciones juradas de los

testigos del Estado, (2) contrainterrogar a los testigos, y

(3) que la vista sea pública. Por último, argumentó que

obligarlo a comparecer telemáticamente representa un

discrimen por su condición u origen social debido a que se

le está obligando a comparecer de esa manera porque no pudo

prestar fianza.9

En su alegato, el Ministerio Público narra que el DCR

ha tomado medidas que permiten a las personas confinadas

comparecer virtualmente a las vistas anteriores al juicio.

Lo anterior, en atención a que la estructura de las cárceles

impide el distanciamiento social y en aras de evitar la

propagación del virus COVID-19 entre la población confinada

y los empleados del DCR. El Ministerio Público sostiene que

el señor Santiago Cruz podrá comparecer virtualmente a la

9 Escrito en cumplimiento de orden, pág. 15. CT-2020-17 cons. CT-2020-18 7

vista preliminar acudiendo a uno de los salones que el DCR

habilitó a esos efectos. Argumenta que ello no viola sus

derechos constitucionales, pues: (1) el imputado podrá ver y

escuchar a todo aquel que participe de la vista, y

viceversa; (2) el salón cuenta con una línea telefónica

directa y privada que le permite al imputado comunicarse con

su abogado durante la vista, y (3) el imputado no tiene un

derecho constitucional a la confrontación en esta etapa del

proceso.10

El Ministerio Público sostiene además que el mecanismo

de videoconferencia provee al imputado todas las garantías

procesales que exige la Regla 23 de Procedimiento Civil,

infra, pues nada impide que se le hagan llegar personalmente

o por medios electrónicos las declaraciones juradas de los

testigos del Estado ni que el tribunal o la Oficina de

Administración de Tribunales tome medidas para transmitir la

vista.11 Por último, arguye que la emergencia de salud

pública actual y el interés del Estado en evitar la

propagación del virus COVID-19 en las cárceles de Puerto

Rico justifica exigir que el imputado comparezca

virtualmente a la vista preliminar.

B.

En el segundo caso ante nuestra consideración, El

Pueblo de Puerto Rico en interés del menor F.L.R., CT-2020-

10 Alegato, págs. 9, 20. 11 Íd., págs. 23-24. CT-2020-17 cons. CT-2020-18 8

18, la Procuradora de Asuntos de Menores –en representación

del Ministerio Público– presentó tres quejas contra el menor

F.L.R., imputándole dos faltas a la Ley de Armas de Puerto

Rico, Ley Núm. 404-2000, 25 LPRA sec. 455 et seq., y una

falta a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley

Núm. 4 de 23 de junio de 1971, 24 LPRA sec. 2101 et seq.

Evaluado el asunto, el foro primario determinó causa para la

aprehensión, por lo que ordenó su detención en una

institución correccional juvenil y señaló la vista de

determinación de causa probable.

El DCR se rehusó en múltiples ocasiones a trasladar al

menor F.L.R. a esa vista. En consecuencia, el Ministerio

Público solicitó reiteradamente que esta se celebrara

mediante el mecanismo de videoconferencia. Sostuvo que: (1)

el DCR aprobó un protocolo conforme al cual no se autorizaba

trasladar físicamente a personas confinadas a las vistas

anteriores al juicio debido a la necesidad de evitar la

propagación del virus COVID-19 en las instituciones

correccionales y (2) el mecanismo de videoconferencia no

viola los derechos constitucionales que asisten al menor

F.L.R. en esta etapa de los procedimientos.

La defensa se opuso a estos pedidos y solicitó que la

vista se celebrara presencialmente. Adujo que: (1) no

procedía celebrar la vista virtualmente debido a que no se

cumplieron con los requisitos que exigen las Guías generales

para el uso del sistema de videoconferencia en los CT-2020-17 cons. CT-2020-18 9

tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que

promulgó el Director de la OAT el 13 de marzo de 2020; (2)

el Coronavirus Aid Relief and Security Act que aprobó el

Congreso federal exige que la persona contra quien se insta

el proceso penal consienta a que la vista se celebre

virtualmente; (3) las medidas que tomó el Secretario del DCR

son inválidas debido a que suponen enmendar de manera ultra

vires las Reglas de Procedimiento Criminal, infra, y (4)

celebrar una vista virtual menoscabaría los derechos

constitucionales que asisten al menor F.L.R. en esta etapa

de los procesos, es decir, su derecho a un debido proceso de

ley y a tener asistencia adecuada de abogado.12

El Tribunal de Primera Instancia denegó todas las

solicitudes que presentó el Ministerio Público y ordenó que

la vista se celebrara presencialmente.13 Inconforme, el

Ministerio Público acudió al Tribunal de Apelaciones

mediante una Urgente solicitud de paralización de los

procedimientos al amparo de la Regla 49 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, a la cual

acompañó una Petición de certiorari. Luego de varios

12 En particular, la defensa adujo que celebrar la vista telemáticamente privaría al menor F.L.R. de su derecho a: (1) estar presente durante los procedimientos, (2) contrainterrogar testigos, (3) examinar declaraciones juradas de los testigos del Estado, (4) colaborar con su propia defensa, y (5) que la vista sea pública si así lo requiere. Escrito en oposición a que se celebre vista de causa mediante videoconferencia por violentar los derechos constitucionales del menor, Expediente del Tribunal de Apelaciones (CT-2020-18), Anejo IV, págs. 48- 52. 13 Resolución enmendada, Expediente del Tribunal de Apelaciones (CT-

2020-18), Anejo VI, pág. 63; Íd., Anejo X, pág. 82. CT-2020-17 cons. CT-2020-18 10

trámites, el foro apelativo emitió una Resolución mediante

la cual paralizó los procedimientos en el foro primario.

El 24 de agosto de 2020 el menor F.L.R. compareció ante

este Tribunal mediante una Solicitud de certificación

intrajurisdiccional. En síntesis, solicitó que eleváramos a

nuestra atención el caso conforme permite el Art. 3.002(e)

de la Ley de la Judicatura del 2003 y lo consolidáramos con

El Pueblo de Puerto Rico v. Ángel N. Santiago Cruz, CT-2020-

17. Mediante Resolución emitida el 25 de agosto de 2020,

expedimos el recurso y así lo hicimos, y concedimos a las

partes un término simultáneo de cinco (5) días para

presentar sus alegatos.

Ambas partes comparecieron oportunamente. En lo

pertinente, el Ministerio Público reiteró los argumentos que

adujo anteriormente. También así el menor F.L.R., aunque

este añadió que el mecanismo de videoconferencia: (1) viola

su derecho a un debido proceso de ley al impedir que su

madre consienta a las decisiones que tome en el caso y (2)

viola su derecho constitucional a confrontar los testigos

del Estado.14

II

Nuestra Constitución no contiene una disposición

expresa que exija que un imputado o acusado esté presente en

el procedimiento penal que el Estado inste en su contra. La

14 Alegato de la parte peticionaria F.L.R., págs. 18-20, 34. CT-2020-17 cons. CT-2020-18 11

Constitución federal tampoco. No obstante, se trata de un

derecho de indudable rango constitucional.15 Ello, debido a

que está implícito y se puede inferir de tres derechos

constitucionales que nuestra Constitución y la Constitución

federal reconocen expresamente: (1) el derecho a la

confrontación; (2) el derecho a un debido proceso de ley, y

(3) el derecho a asistencia de abogado.16

El derecho a la confrontación surge del Art. II, Sec.

11 de nuestra Constitución y la Enmienda Sexta de la

Constitución federal.17 Ambas disposiciones reconocen el

derecho de todo acusado a confrontarse con los testigos que

declaren en su contra.18 No obstante, este derecho opera en

la etapa del juicio.19 Debido a que la controversia en este

caso involucra el derecho a estar presente en vistas

anteriores al juicio –o en el caso de la Ley de Menores,

infra, en las vistas anteriores a la vista adjudicativa–

enfocamos nuestro análisis en el contenido de los dos

derechos constitucionales que asisten a al imputado y al

15 Pueblo v. Bussman, 108 DPR 444, 446 (1979) (“Todo acusado tiene derecho a estar presente en todas las etapas del juicio. Es un principio fundamental que no se cuestiona”); E. L. Chiesa Aponte, Procedimiento Criminal y la Constitución: Etapa Adjudicativa, San Juan, Ed. Situm, pág. 157 (expresando que “no hay duda alguna del rango constitucional de ese derecho”). 16 Chiesa Aponte, op. cit., pág. 157. 17 Emda. VI, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1; Const. ELA, Art. II, Sec. 11,

LPRA, Tomo 1. 18 Coy v. Iowa, 487 U.S. 1012 (1988); Pueblo v. Ortiz Tirado, 116 DPR

868, 874 (1986). 19 Barber v. Page, 330 US 719, 725 (1968); Pueblo v. Rodríguez Aponte,

116 DPR 653, 660 (1985); Chiesa Aponte, op. cit., pág. 61 (“Lo primero que hay que aclarar es que se trata de un trial right […] De ahí que no es correcto hablar del derecho constitucional del imputado a carearse con los testigos en su contra en […] la vista preliminar”). CT-2020-17 cons. CT-2020-18 12

menor en esa etapa procesal: el derecho a un debido proceso

de ley y el derecho a tener asistencia de abogado.

1. Derecho a estar presente al amparo del derecho a un

debido proceso de ley

El Art. II, Sec. 7 de la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico establece que nadie será privado de

su libertad o de su propiedad sin el debido proceso de

ley.20 Igual protección consagran las Enmiendas Quinta y

Decimocuarta de la Constitución federal.21

En el contexto penal, el derecho constitucional a un

debido proceso de ley requiere que toda persona imputada o

acusada de delito sea juzgada conforme al proceso que la ley

establece.22 Una vez la ley confiere al imputado o acusado

un derecho, negárselo constituye una violación a su derecho

a un debido proceso de ley en su vertiente procesal, pues

esa privación implica apartarse del proceso que el

ordenamiento reconoce como debido.23 Al obligar al Estado a

honrar las garantías procesales que el ordenamiento confiere

al individuo, la Constitución garantiza la vigencia de su

derecho a un juicio justo e imparcial.24 Por su naturaleza,

20 Const. ELA, Art. II, Sec. 7, LPRA, Tomo 1. 21 Emda. V, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1. (“Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin [un] debido proceso de ley”). 22 Pueblo v. Pagán Rojas, supra. 23 Chiesa Aponte, op. cit., págs. 20, 54. 24 Íd., pág. 54 (“El derecho a un juicio justo e imparcial no es otra

cosa sino el derecho del acusado a un juicio con las garantías del debido proceso de ley y la gama de derechos procesales que cobijan al acusado […] [este] derecho […] emana de la cláusula misma del debido proceso de ley”). CT-2020-17 cons. CT-2020-18 13

esta garantía constitucional aplica “durante todas las

etapas” del procedimiento penal.25

Según adelantado, el derecho a la confrontación exige

que un acusado esté presente en aquellas etapas del juicio

en que se presente testimonio o evidencia en su contra. No

obstante, en virtud del derecho a un debido proceso de ley,

el acusado o imputado también tiene derecho a estar presente

en etapas del procedimiento penal en donde ello no ocurre.26

En particular, la cláusula de debido proceso de ley requiere

que el imputado o acusado esté presente en toda etapa del

procedimiento penal en la cual su presencia guarde una

relación sustancial con la oportunidad de defenderse.27 Al

momento de evaluar si ese derecho constitucional exige la

presencia de un imputado o acusado en una vista o proceso,

los tribunales deben considerar si su ausencia tornaría el

procedimiento en uno fundamentalmente injusto.28

El acusado o imputado puede renunciar a su derecho a

estar presente en los procedimientos penales. “Lo contrario

25 Íd., pág. 22; Pueblo v. Esquilín Maldonado, 152 DPR 257, 262 (2000). 26 United States v. Gagnon, 470 U.S. 522, 526 (1985) (“The constitutional right to presence is rooted to a large extent in the Confrontation Clause of the Sixth Amendment, […] but we have recognized that this right is protected by the Due Process Clause in some situations where the defendant is not actually confronting witnesses or evidence against him”) (citas omitidas). 27 Íd. (“a defendant has a due process right to be present at a proceeding ‘whenever his presence has a relation, reasonably substantial, to the ful[l]ness of his opportunity to defend against the charge’”) (citando a Snyder v. Massachusetts, 291 U.S. 97, 105-106 (1934)). 28 Snyder v. Massachusetts, 291 U.S. 97, 107-108 (1934) (“So far as the

Fourteenth Amendment is concerned, the presence of a defendant is a condition of due process to the extent that a fair and just hearing would be thwarted by his absence, and to that extent only”) (citado con aprobación en United States v. Gagnon, 470 U.S. 522, 526 (1985)). CT-2020-17 cons. CT-2020-18 14

implicaría dejar in extremis huérfano al interés público

para ventilar las causas criminales, […] pues ‘los acusados

estarían en libertad de obstruir la celebración de los

juicios una vez comenzados éstos, ocultándose o haciendo

imposible su localización’”. Pueblo v. López Rodríguez, 118

DPR 515, 531 (1987) (citando a Pueblo v. Pedroza Muriel, 98

DPR 34, 38 (1969)). A esos efectos, las Reglas de

Procedimiento Criminal, infra, contemplan supuestos en que

la ausencia voluntaria del acusado o imputado de una etapa

del procedimiento penal se entenderá como una renuncia a su

derecho a estar presente.29

2. Derecho a estar presente al amparo del derecho a

tener asistencia de abogado

El Tribunal Supremo federal no ha utilizado la cláusula

constitucional de asistencia de abogado como fundamento del

derecho del acusado o imputado a estar presente durante el

proceso penal.30 No obstante, “es evidente que la presencia

del acusado [o imputado] es esencial para que su abogado

pueda prestarle la adecuada representación profesional que

exige esa cláusula”. E.L. Chiesa Aponte, Procedimiento

Criminal y la Constitución: Etapa Adjudicativa, San Juan,

Ed. Situm, págs. 158-159. Analicemos la naturaleza y

extensión de este derecho en aras de inferir cómo implica el

29 Véase, e.g., la Regla 23(b) de Procedimiento Criminal, 32 LPRA Ap. II (disponiendo que un imputado renuncia a su derecho a estar presente en la vista preliminar si no comparece luego de ser debidamente citado). 30 Chiesa Aponte, op. cit., pág. 158. CT-2020-17 cons. CT-2020-18 15

derecho del imputado a estar presente en ciertas etapas del

proceso penal.

La Sección 11 de la Carta de Derechos de nuestra

Constitución dispone que “en todos los procesos criminales,

el acusado disfrutará del derecho […] a tener asistencia de

abogado”.31 De igual manera reza la Enmienda Sexta de la

Constitución federal.32 Este derecho es consustancial con el

derecho a un debido proceso de ley, pues sería

fundamentalmente injusto exigir que la persona promedio se

enfrente a los rigores de un proceso penal sin la asistencia

de un abogado.33 En palabras del Tribunal Supremo federal:

The right to be heard would be, in many cases, of little avail if it did not comprehend the right to be heard by counsel. Even the intelligent and educated layman has small and sometimes no skill in the science of law. If charged with crime, he is incapable, generally, of determining for himself whether the indictment is good or bad. He is unfamiliar with the rules of evidence. Left without the aid of counsel he may be put on trial without a proper charge, and convicted upon incompetent evidence, or evidence irrelevant to the issue or otherwise inadmissible. He lacks both the skill and knowledge adequately to prepare his defense, even though he [might] have a perfect one. He requires the guiding hand of counsel at every step in the proceedings against him. Without it, though he be not guilty, he faces the danger of conviction because he does not know how to establish his innocence. […] If in any case, civil or criminal, a state or federal court were arbitrarily to refuse to hear a party by counsel, employed by and appearing for him, it reasonably

31 Const. ELA, Art. II, Sec. 11, LPRA, Tomo 1. 32 Emda. VI, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1. La Enmienda Catorce de la Constitución federal obliga a los estados a cumplir con esta cláusula en juicios estatales. Gideon v. Wainwright, 372 US 335, 341 (1963). 33 Powell v. Alabama, 287 US 45 (1932); Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132

DPR 883, 887 (1993) (expresando que ese derecho “se ha consagrado como parte fundamental de la cláusula del debido proceso de ley”). CT-2020-17 cons. CT-2020-18 16

may not be doubted that such a refusal would be a denial of a hearing, and, therefore, of due process in the constitutional sense.34

Por lo tanto, no cabe duda de que el derecho a tener

asistencia de abogado constituye una parte integral del

derecho a un debido proceso de ley que asiste a todo acusado

o imputado.

Aunque otras cláusulas constitucionales exigen que un

individuo tenga asistencia de abogado en etapas

anteriores,35 el derecho constitucional a asistencia de

abogado al amparo de la Enmienda Sexta de la Constitución

federal y su disposición equivalente en nuestra Constitución

surge a partir del inicio de la acción penal y se extiende

hasta la fase apelativa.36 No obstante, ese derecho no

garantiza al individuo la asistencia de un abogado en cada

34 Powell v. Alabama, supra, págs. 68-69. 35 Las cláusulas de debido proceso de ley, igual protección de las leyes y el derecho a la no autoincriminación “pueden garantizar asistencia de abogado en etapas anteriores o posteriores a la activación de ese derecho bajo la Enmienda Sexta”. Chiesa Aponte, op. cit., pág. 207. 36 Sobre cuándo surge el derecho, véase Kirby v. Illinois, 406 U.S. 682,

689 (1972) (donde el Tribunal Supremo federal determinó que, al amparo de la Sexta Enmienda, el acusado tiene ese derecho “in all criminal prosecutions” y que esa expresión abarca “points of time at or after the initiation of adversary judicial criminal proceedings –whether by way of formal charge, preliminary hearing, indictment, information or arraignment”) y Pueblo v. Martínez Rivera, 144 DPR 631, 642-643 (1997) (“el procedimiento criminal se inicia con la determinación por un magistrado de que existe causa probable para acusar o citar a una persona para que responda ante los tribunales por la comisión de un delito”) (citas omitidas). Sobre el alcance del derecho a procedimientos luego de que el tribunal dicte sentencia, véase Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra, pág. 889 (“La representación legal, en la etapa apelativa, es de particular importancia ya que esta etapa del procedimiento penal es la única —y posiblemente última— oportunidad que tiene el acusado para demostrar que su convicción es una contraria a derecho”) (Énfasis en el original). Adviértase, sin embargo, que el abogado de oficio que representa a una persona convicta tiene ciertas obligaciones que se extienden a la etapa apelativa. Smith v. Robbins, 528 U.S. 259 (2000); Roe v. Flores, 528 U.S. 470 (2000); Anders v. California, 386 U.S. 738 (1967). CT-2020-17 cons. CT-2020-18 17

una de las vistas que se celebran en el ínterin, sino que

“se extiende únicamente a etapas críticas del

procedimiento”, es decir, aquellas etapas en las que, “por

definición, […] existe una posibilidad real de que pueda

causarse un perjuicio sustancial al acusado”.37 Tanto el

Tribunal Supremo federal como este Tribunal han resuelto

reiteradamente que un procedimiento de vista preliminar

cumple con ese estándar; por lo tanto, es harto conocido que

el imputado tiene un derecho constitucional a asistencia de

abogado en esa etapa del procedimiento penal.38

El derecho de defenderse es propiamente del imputado o

acusado y no su abogado, quien funciona realmente como una

herramienta del primero en el proceso de armar y aducir una

defensa robusta. Según expresó el Tribunal Supremo federal

en Farreta v. California, 422 US 806, 819-820 (1975):

The Sixth Amendment does not provide merely that a defense shall be made for the accused; it grants to the accused personally the right to make his defense […] The right to defend is given directly to the accused; for it is he who suffers the consequences if the defense fails. The counsel provision […] speaks of the ‘assistance’ of counsel, and an assistant, however expert, is still an assistant.

37Pueblo v. Rivera, supra. 38 Coleman v. Alabama, 399 U.S. 1 (1970); Pueblo v. Rivera, supra (“Aparte del juicio, se consideran críticas para fines del derecho a la asistencia de abogado las etapas siguientes: (1) durante la fase investigativa, cuando ésta adquiere un carácter acusatorio; (2) en el acto de lectura de acusación; (3) en la vista preliminar, y (4) al dictarse sentencia”); Chiesa Aponte, op. cit., pág. 271 (“En etapas anteriores al juicio, tras iniciada la acción penal, hay derecho a una adecuada asistencia de abogado siempre que se trate de una etapa esencial o con las características de un juicio; tal es el caso de la vista preliminar y del acto de lectura de acusación”); Soto Ramos v. Supert. Granja Penal, 90 DPR 731 (1964). CT-2020-17 cons. CT-2020-18 18

Evidentemente, si se obliga a un imputado o acusado a

ausentarse del todo de una etapa crítica de los

procedimientos, su derecho a tener asistencia de abogado –

entre otros– se podría ver lacerado. Lo anterior, pues –

según pautó el Tribunal Supremo federal– el derecho a

defenderse pertenece propiamente al imputado o acusado y no

a su abogado, y la ausencia del primero le impediría

colaborar con su propia defensa.

1. La vista preliminar

La Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II,

dispone que toda persona imputada de delito grave en Puerto

Rico tiene derecho a que se celebre una vista preliminar. El

propósito primordial de este mecanismo estatutario es

“evitar que se someta a un ciudadano arbitraria e

injustificadamente a los rigores de un proceso criminal”.

Pueblo v. Andaluz Méndez, 143 DPR 656, 661 (1997). Para

lograr ese objetivo, la Regla 23, supra, exige que en esa

vista el Ministerio Público presente evidencia que tienda a

demostrar que están presentes todos los elementos del delito

y su conexión con el imputado.39 Si luego de evaluar la

prueba el tribunal concluye que existe causa probable para

acusar “debe autorizar que se presente la acusación contra

el imputado. De lo contrario, lo debe exonerar y ponerlo en

39 Pueblo v. Pillot Rentas, 169 DPR 746, 752 (2006). CT-2020-17 cons. CT-2020-18 19

libertad si estaba detenido”. Pueblo v. Rivera Vázquez, 177

DPR 868, 875 (2010).

La evidencia que presente el Estado para sustentar que

existe causa probable tiene que ser: (1) admisible en juicio

y (2) “suficiente en derecho para establecer un caso prima

facie contra el imputado”. Pueblo v. Pillot Rentas, 169 DPR

746, 752-753 (2006). No es necesario que el fiscal presente

toda la prueba que posea o que pruebe más allá de toda duda

razonable que el imputado cometió el delito en esta etapa,

pues en la vista preliminar no se adjudica culpabilidad; esa

determinación ocurre en el juicio.40

La Regla 23, supra, provee las garantías siguientes al

imputado en esa etapa del proceso penal: (1) notificación y

citación a la vista al menos cinco días antes de su

señalamiento; (2) asistencia de abogado; (3) acceso a las

declaraciones juradas de los testigos del Estado que

declaren en la vista; (4) oportunidad de contrainterrogar

esos testigos y ofrecer prueba a su favor; (5) que la

evidencia que presente el Ministerio Público sea admisible

en juicio y cumpla con el estándar probatorio aplicable, y

(6) que la vista sea pública. El requisito de que la vista

sea pública admite excepciones. La Regla 23 faculta al juez

a limitar el acceso al público cuando esa medida sea

40 Pueblo v. Andaluz Méndez, supra (“Su función no es establecer la culpabilidad o inocencia del acusado, sino determinar si en efecto el Estado tiene adecuada justificación para continuar con un proceso judicial. De ahí que no exista una adjudicación final de inocencia o culpabilidad en esta etapa. Tal determinación se hace en el juicio”). CT-2020-17 cons. CT-2020-18 20

“necesaria para proteger cualquier otro interés de

naturaleza apremiante y que no existan otras alternativas

menos abarcadoras y razonables.”41

2. La Ley de Menores

La Ley de Menores de Puerto Rico, Ley Núm. 88 de 9 de

julio de 1986, 34 LPRA sec. 2201 et seq. (Ley de Menores),

es una ley especial que aplica cuando un menor de edad

incurre en conducta que constituiría un delito de haberse

cometido por un adulto.42 Establece que, como norma general,

la Sala de Asuntos de Menores del Tribunal de Primera

Instancia será el foro con jurisdicción para atender los

asuntos que surjan a su amparo, y aclara que “[l]os

41 La Regla 23(c) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, dispone:

La vista preliminar será pública a menos que el magistrado determine, previa solicitud del imputado, que una vista pública acarrea una probabilidad sustancial de menoscabo a su derecho constitucional a un juicio justo e imparcial, y que no hay disponibles otras alternativas menos abarcadoras y razonables que una vista privada para disipar tal probabilidad. En tales casos, la decisión del magistrado deberá fundamentarse en forma precisa y detallada.

También se podrá limitar el acceso a la vista preliminar cuando el magistrado determine, previa solicitud a tales efectos, que tal limitación es necesaria para proteger cualquier otro interés de naturaleza apremiante y que no existen otras alternativas menos abarcadoras y razonables. La decisión del magistrado deberá fundamentarse en forma precisa y detallada.

Se dispone que el magistrado deberá limitar el acceso a la vista preliminar, previa solicitud del fiscal, en aquellos casos en que éste interese presentar el testimonio de un agente encubierto o un confidente que aún se encuentre en esas funciones o cuando esté declarando la víctima de un caso de violación o actos impúdicos o lascivos.

42 Para propósitos de esta ley, un menor de edad es una “[p]ersona que no ha cumplido la edad de dieciocho (18) años de edad, o que habiéndola cumplido, sea llamada a responder por una falta cometida antes de cumplir esa fecha”. Art. 3, Ley de Menores de Puerto Rico, Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986 (Ley de Menores), 34 LPRA sec. 2203(n). CT-2020-17 cons. CT-2020-18 21

procedimientos y las órdenes o resoluciones del juez bajo

este capítulo no se considerarán de naturaleza criminal ni

se considerará al menor un criminal convicto en virtud de

dicha orden o resolución”. Arts. 4(a) y 37(a), Ley de

Menores, 34 LPRA secs. 2204 y 2237.

A pesar de que no es una ley penal, los procedimientos

que esta Ley reglamenta “conllevan la imposición necesaria

de remedios de naturaleza punitiva, incluyendo la

restricción de la libertad de un menor”. Pueblo en interés

de menor K.J.S.R., 172 DPR 490, 496 (2007). En consecuencia,

la Ley de Menores debe interpretarse de manera que se

garantice a todo menor de edad a quien se le impute una

falta “un trato justo, el debido procedimiento de ley y el

reconocimiento de sus derechos constitucionales”. Art. 2(c)

de la Ley de Menores, 32 LPRA sec. 2202. Ello se debe a la

intención clara del legislador “de extender a [los menores

de edad] los derechos y las salvaguardas procesales

fundamentales que se le han reconocido a los adultos o que

los adultos disfrutan por mandato constitucional”. Pueblo en

interés del menor J.A.S., 134 DPR 991, 995 (1993) (Énfasis

suprimido); véase además Pueblo en interés del menor

C.Y.C.G., 180 DPR 555, 566 (2011) (citando a In re Gault,

387 US 1 (1967)).

A esos efectos, esta Ley impone una serie de requisitos

que el Estado debe cumplir durante el proceso. En primer

término, exige que el menor de edad cuente con asistencia de CT-2020-17 cons. CT-2020-18 22

abogado “en todo procedimiento” y que el tribunal le asigne

representación legal cuando el menor no pueda costearla.

Art. 6 de la Ley de Menores, 34 LPRA sec. 2206. En cuanto a

cómo conducir los procesos en el tribunal, el Art. 8 de la

Ley de Menores, 34 LPRA sec. 2208, dispone que las vistas se

celebrarán en sala y conforme disponen las Reglas de

Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 LPRA Ap. I-A.

No obstante, no todos los derechos constitucionales que

asisten a un adulto en un proceso penal aplican en un

procedimiento al amparo de la Ley de Menores, supra. Debido

al “carácter rehabilitador y confidencial” de estos

procesos, el legislador excluyó algunos derechos, entre

ellos el derecho a un juicio público. Pueblo v. Suárez, 163

DPR 460, 467 (2004).43

A esos efectos, el Art. 8 de la Ley limita el acceso al

público a las vistas que se celebren al amparo de la Ley:

El público no tendrá acceso a las salas en que se ventilen los casos de menores a menos que los padres, encargados o el representante legal del menor demanden que el asunto se ventile públicamente y en todo caso bajo las reglas que provea el Juez. Cuando además de la parte imputada, la alegada víctima o los testigos sean menores de edad, los padres, encargados o el representante legal de estos, deberán consentir a que se pueda ventilar el asunto públicamente. De haber alguna objeción de parte de los padres,

43 Véase la Exposición de Motivos de la Ley de Menores, 1986 Leyes de Puerto Rico 285-286 (expresando que “[e]n la medida en que el menor no será considerado convicto y su conducta no constituirá delito, se conservará la exclusión de los derechos de fianza, juicio público y juicio por jurado, los cuales no tienen cabida en el sistema por los intereses jurídicos que siguen protegiendo la supervisión del menor con fines rehabilitativos [sic] y la confidencialidad del proceso por el que se le juzga”). CT-2020-17 cons. CT-2020-18 23

encargados o el representante legal de la alegada víctima o de los testigos cuando sean menores de edad, el Juez deberá escuchar los argumentos de estos y tomará la determinación que entienda mejor protege la seguridad física y emocional de todos los menores que forman parte del caso. No obstante, el Juez podrá consentir a la admisión de personas que demuestren interés legítimo en los asuntos que se ventilan, previo consentimiento de los menores y su representación legal […].44

Finalmente, la ley también establece requisitos que,

aunque aplican solamente en el contexto de procedimientos

contra menores, están diseñados para garantizar elementos

importantes del derecho a un debido proceso de ley. El Art.

37(g) de la Ley requiere que en todos los procedimientos a

su amparo el menor de edad comparezca “acompañado de sus

padres, tutor, encargado o en su defecto, del defensor

judicial” y que se notifique “toda citación, resolución u

orden a los padres, tutor o encargado o en su defecto, del

defensor judicial del menor”. 34 LPRA sec. 2237.

Similarmente, el Art. 37(f) de la Ley de Menores, 34 LPRA

sec. 2237, exige que el tribunal nombre un defensor judicial

cuando el menor de edad “fuere huérfano o no tuviera tutor

ni persona encargada que lo representare o cuando se

estimare necesario”.

3. La vista de determinación de causa probable

El Art. 18 de la Ley de Menores, 34 LPRA sec. 2218,

exige que se celebre una vista de determinación para causa

probable ante un juez antes de que se pueda radicar una

44 Art. 8 de la Ley de Menores, 34 LPRA sec. 2208. CT-2020-17 cons. CT-2020-18 24

querella contra un menor. Además de cumplir con los

requisitos generales que la ley exige en todos los

procedimientos a su amparo, la Regla 2.10 de Procedimiento

para Asuntos de Menores, supra, regula en detalle este

procedimiento e impone requisitos adicionales. Al respecto,

esa Regla establece lo siguiente:

(a) El propósito de esta vista en su primera etapa es el de constatar si existe rastro de prueba necesario sobre los elementos esenciales de la falta y su conexión con el menor imputado.

(b) El juez ante quien se celebre la vista de determinación de causa probable informará al menor del contenido de la queja, le advertirá sobre su derecho a no incriminarse, a permanecer en silencio con relación a los hechos imputados, a comunicarse con un abogado y le orientará sobre los derechos constitucionales que le cobijan. En dicha vista, el menor tendrá derecho a estar representado por abogado, a contrainterrogar testigos y presentar prueba a su favor.

(c) Procedimiento durante la vista.- El Procurador presentará la prueba para la determinación de causa probable y podrá contrainterrogar a los testigos que presente el menor. Para la determinación de causa probable, el juez se limitará al examen del contenido de la queja presentada ante él y considerará únicamente la evidencia sometida con relación a la misma.

Al ser requerido para ello, el Procurador pondrá a disposición del menor para su inspección las declaraciones juradas de los testigos, que hayan declarado en la vista, que tuviere en su poder. De esta Regla se puede colegir con claridad que a un

menor de edad le asisten las garantías procesales siguientes

en esta etapa de los procedimientos: (1) que se le informe

el contenido de la queja; (2) se le advierta sobre su CT-2020-17 cons. CT-2020-18 25

derecho a no incriminarse; (3) permanecer en silencio con

relación a los hechos imputados; (4) tener asistencia de un

abogado que lo oriente sobre sus derechos constitucionales;

(5) inspeccionar las declaraciones juradas de aquellos

testigos que hayan declarado en la vista; (6)

contrainterrogar a los testigos, (7) ofrecer prueba a su

favor, y (8) que la determinación de causa probable que

realice el juez se base únicamente en el contenido de la

queja y la evidencia sometida.

Si el juez concluye que existe causa probable para

creer que el menor de edad cometió una falta, consignará por

escrito esa determinación y autorizará que continúe el

proceso, es decir, que el Procurador de Menores radique la

querella, entregue al menor de edad copia de esta y refiera

“al menor y a sus padres o encargados al Especialista en

Relaciones de Familia para la entrevista inicial del informe

social”.45 Si el juez, por el contrario, resuelve que no se

probó que existe causa probable “exonerará al menor y de

hallarse éste en detención provisional, ordenará su

egreso”.46

Como puede apreciarse, la vista de determinación de

causa probable que estatuyen el Art. 18 de la Ley de

Menores, supra, y la Regla 2.10 de Procedimientos de Asuntos

de Menores, supra, es el equivalente a la vista preliminar

45 Regla 2.11 de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 LPRA Ap. I-A. 46 Íd. CT-2020-17 cons. CT-2020-18 26

que establece la Regla 23 de Procedimiento Criminal,

supra.47 Aunque en contextos distintos, ambas buscan evitar

someter al imputado o menor a los rigores de un

procedimiento adjudicativo cuando no exista evidencia

suficiente para ello.

Por lo tanto, hemos hecho extensiva la jurisprudencia

sobre la Regla 23 de Procedimiento Criminal, supra, a la

interpretación de las disposiciones que regulan la vista

para determinar causa probable en casos de menores.48 En

concreto, ello significa que las garantías procesales a las

que es acreedor el imputado en la vista preliminar también

cobijan al menor en la vista para determinar causa

probable.49 Lo anterior, en la medida en que no sean

incompatibles con el proceso que contempla la Ley de

Menores, supra, y las Reglas de Procedimiento para Asuntos

de Menores, supra.

C.

La videoconferencia es un método que sustituye la

comparecencia personal del participante por una

comparecencia a distancia, bidireccional y simultánea.50 Por

su naturaleza permite que una persona participe de un

47 Pueblo en interés F.R.F., 133 DPR 172, 175 n. 2 (1993) (citando a D. Nevares Muñiz, Derecho de Menores, Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1987, pág. 56) (otras citas omitidas). 48 Pueblo en interés de menor K.J.S.R., supra, pág. 496; Pueblo en interés menor E.R.C., 149 DPR 804, 812 (1999); Pueblo en interés G.R.S., 149 DPR 1, 18, 25 (1999). 49 Pueblo en interés menor E.R.C., supra. 50 Guías generales para el uso del sistema de videoconferencia en los

tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Expediente del Tribunal de Apelaciones (CT-2020-17), Anejo VI, pág. 6. CT-2020-17 cons. CT-2020-18 27

proceso judicial de manera remota, y elimina el riesgo de

contagio para el personal que de otra manera se encontraría

en la sala del tribunal. Por lo tanto, mediante este método

se garantiza la oportunidad de que el juzgador de los hechos

pueda evaluar el comportamiento o demeanor de quien declara

en su plenitud. Véase la Opinión de Conformidad de la Jueza

Presidenta Oronoz Rodríguez, Pueblo v. Daniel Cruz Rosario,

2020 TSPR 90, 204 DPR __ (2020).

Cabe destacar que el Tribunal Supremo federal validó un

sistema análogo a la videoconferencia -de una vía-, al

entender que proveía un método necesario y adecuado que

adelantaba el interés público importante como lo es proteger

a las víctimas de delitos sexuales que fueran menores edad.

Maryland v. Craig, 497 U.S. 836 (1990). Ante ello, varios

tribunales no han vacilado en aplicar el uso de la

videoconferencia de doble vía ante otros intereses de

política pública importantes o apremiantes. Véase, por

ejemplo, Lipsitz v. State, 442 P.3d 138, 144 (Nev. 2019)

(donde un testigo era una víctima que residía en una

facilidad de rehabilitación por abuso de sustancias

controladas que se encontraba fuera del estado); State v.

Seelig, 738 S.E.2d 427, 434-435 (N.C. Ct. App. 2013) (donde

un experto que vivía en otro estado acreditó sufrir de un

desorden psicológico severo que le impedía abordar un

avión); New York v. Wrotten, 923 N.E.2d 1099, 1100-1103

(N.Y. 2009) (donde se permitió interrogar a un testigo de 85 CT-2020-17 cons. CT-2020-18 28

años con una enfermedad cardiaca severa); Bush v. State, 193

P.3d 203, 214-216 (Wyo. 2008) (donde se permitió el

interrogatorio por videoconferencia a un testigo con

problemas cardiacos severos, luego de sufrir un fallo

renal); State v. Sewell, 595 N.W.2d 207, 212-213 (Minn. Ct.

App. 1999) (donde se permitió interrogar por medio de

videoconferencia a un testigo en riesgo de sufrir una

parálisis total si se movía de donde estaba localizado).

Otros tribunales han permitido que el acusado o imputado

comparezca virtualmente a ciertas etapas del proceso penal

mediante este mecanismo. State v. Phillips, 656 N.E.2d 643,

664-665 (1995) (validando que una vista de causa probable

para arresto se celebre mediante un circuito de doble vía);

Larose v. Superintendent, Hillsborough Cty. Correction

Admin., 142 N.H. 364, 365, 368 (1997) (validando que una

vista de causa probable para arresto y de fijación de fianza

se celebre mediante un circuito de doble vía); In re Rule

3.160(a), Fla. Rules of Criminal Procedure, 528 So. 2d 1179,

1180 (Fla. 1988) (permitiendo que los imputados comparezcan

virtualmente a las vistas de causa probable para arresto

mediante un circuito de doble vía). A su vez, varios

académicos han sostenido que el sistema de videoconferencia

de dos vías es constitucional porque provee todas las

protecciones necesarias y es superior al sistema de una vía CT-2020-17 cons. CT-2020-18 29

que ya ha sido declarado constitucional por el Tribunal

Supremo federal.51

Incluso, recientemente una Mayoría de los miembros de

este Tribunal se expresaron a favor del uso del sistema de

videoconferencias como un mecanismo para minimizar el

contagio de COVID-19 y proteger la salud pública.52 Por otro

lado, en el contexto de la pandemia varios tribunales en los

Estados Unidos han adoptado órdenes de emergencia para

asegurar la atención remota de todos los asuntos, incluyendo

51 Véase H. Perry, Virtually Face -to-Face: The Confrontation Clause and the Use of Two -Way Video Testimony, 13 Roger Williams U. L. Rev. 565, 586-587 (2008). Según la autora:

Two-way video conference testimony in criminal trials is constitutional because it provides the necessary protections and upholds the goals intended by the Confrontation Clause. The procedure is also more protective of defendants' right to confrontation than other accepted methods of testimony [...].

Further, two-way video testimony is superior to one-way video testimony, which the Supreme court has already deemed constitutional.

52 Pueblo v. Cruz Rosario, supra, Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco (expresando que el “sistema de videoconferencias le hubiera provisto al recurrido la oportunidad de conducir el contrainterrogatorio sin que el testigo declarara con una mascarilla”); Opinión de Conformidad de la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez (expresando que “[m]ientras dure esta situación excepcional -y en consideración al interés apremiante de proteger la salud y la vida de los ciudadanos- celebrar los juicios y otros procesos judiciales mediante videoconferencia, en aquellos casos que sean más propicios para ello, debe ser una norma imperativa y no una optativa.”); Opinión Disidente del Juez Asociado señor Estrella Martínez (expresando que la videoconferencia representa una alternativa “para salvaguardar y establecer un balance adecuado de los intereses en pugna” y que “cuenta con otros indicios que confiabilidad, como lo son el juramento de la persona testigo, la oportunidad de contrainterrogar y la capacidad del jurado de apreciar el testimonio”); Opinión Disidente del Juez Asociado señor Colón Pérez (expresando que “[…] la forma más razonable de lograr un balance adecuado entre los intereses aquí en controversia es mediante el uso obligatorio de los sistemas de video conferencias en el proceso judicial que nos ocupa. Sin embargo, aclaramos que para que este mecanismo proceda […] deben salvaguardarse todas aquellas garantías que dispone nuestra Constitución y asegurar el cumplimiento con las Reglas de Procedimiento Criminal, así como la Reglas de Evidencia”). CT-2020-17 cons. CT-2020-18 30

los criminales, mediante el sistema de videoconferencia.53

Sobre este asunto, el Tribunal de Distrito federal del

Distrito Sur de Nueva York recientemente expresó:

[Tlhe court notes that depending on the circumstances of the Government’s witness, remote testimony may comport with the Sixth Amendment principles set forth in Craig and Gigante. At least in some instances, allowing remote testimony may be needed to promote the strong public interest in avoiding exposing at-risk individuals to COVID-19 and minimizing further spread of the virus. See Craig, 497 U.S. at 850 (finding that the public policy of "protecting child witnesses from the trauma of testifying in a child abuse case" justified an exception to the ordinary "face-to-face confrontation" requirement). And depending on the witness's situation, the health risks and travel restrictions occasioned by the ongoing pandemic may also constitute "exceptional circumstances" that would permit the use of video testimony. See Gigante, 166 F.3d at 81-82 (2d Cir. 1999) (finding that witness's illness and participation in a witness protection program were "exceptional circumstances" such that the witness could testify by closed-circuit television).

III

La propagación del COVID-19 –un nuevo tipo de

enfermedad infecciosa que surgió en diciembre de 2019–

desató una pandemia que continúa actualmente. Este virus es

altamente contagioso y ha provocado más de 840,000 muertes a

nivel global.54 Al día de hoy en Puerto Rico se han

registrado sobre 33,000 casos confirmados y probables, y más

53 National Center for State Courts, Coronavirus and the Courts: Virtual Hearings (2020) https://www.ncsc.org/newsroom/public-health-emergency (última visita 1 de septiembre de 2020). 54 WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard, Organización Mundial de la Salud, https://covid19.who.int/ (última visita 31 de agosto de 2020). CT-2020-17 cons. CT-2020-18 31

de 400 muertes a causa del COVID-19.55 Pese a los esfuerzos

de la comunidad científica, aún no se ha logrado desarrollar

un tratamiento que prevenga o cure esta enfermedad.56

No obstante, las autoridades médicas han identificado

varias medidas que evitan la propagación del COVID-19. Estas

son: (1) lavarse las manos frecuentemente; (2) evitar el

contacto con otras personas; (3) el uso de mascarillas

cuando se está con otras personas; (4) cubrirse la boca o la

nariz al toser o estornudar; (5) limpiar y desinfectar las

superficies que se tocan con frecuencia, y (6) que los

individuos monitoreen su salud diariamente.57 Estas medidas,

en particular el distanciamiento social y el uso de

mascarillas, responden a la postura prevaleciente de la

comunidad científica basada en la evidencia disponible: que

el COVID-19 se propaga principalmente mediante el contacto

55 Informe Casos Positivos COVID-19 (31 de agosto de 2020), Departamento de Salud de Puerto Rico, http://www.salud.gov.pr/Estadisticas-Registros- y- Publicaciones/Estadsticas%20Casos%20Positivos%20COVID19%20Agosto%202020/ Informe%20Casos%20Positivos%20COVID-19%20(31%20agosto%202020).pdf (última visita 31 de agosto de 2020) 56 Information for Clinicians on Investigational Therapeutics for Patients with COVID-19, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/therapeutic- options.html (última visita 31 de agosto de 2020). 57 How to Protect Yourself & Others, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/prevent-getting-sick/prevention.html (última visita 31 de agosto de 2020; Protégete del COVID-19: Medidas de prevención, Departamento de Salud de Puerto Rico, http://www.salud.gov.pr/Pages/Medidas_de_Prevencion.aspx (última visita 31 de agosto de 2020). CT-2020-17 cons. CT-2020-18 32

cercano de persona a persona, es decir, cuando las personas

interactúan físicamente a menos de seis pies de distancia.58

En atención a esta nueva realidad, el 16 de marzo de

2020 la Rama Judicial decretó un cierre parcial de

operaciones y suspendió las vistas y asuntos citados en los

tribunales del país. No obstante, se dispuso que durante

este periodo se atenderían asuntos urgentes tales como

vistas de causa para arresto, órdenes de protección,

solicitudes de traslado de menores fuera de la jurisdicción,

otros asuntos de familia y menores de carácter urgente, y

órdenes de ingreso involuntario a la luz de la Ley de Salud

Mental, entre otros. Debido a la necesidad de continuar

brindando servicios a la ciudadanía, el 8 de junio de 2020

se puso en vigor un plan operacional dirigido a restablecer

escalonadamente la totalidad de esos servicios.59 Además,

este Tribunal emitió varias Resoluciones para extender los

términos judiciales y evitar que se afectaran los

procedimientos y derechos implicados ante las suspensiones

provocadas por la pandemia.60

58 How Coronavirus Spreads, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting- sick/how-covid-spreads.html (última visita 31 de agosto de 2020). 59 Fases Operacionales para la Expansión de Servicios, Rama Judicial de

Puerto Rico, http://www.ramajudicial.pr/medidas-cautelares/Fases- Operacionales.pdf (última visita 31 de agosto de 2020). 60 In re: Medidas Judiciales ante situación de emergencia de salud por

el Covid-19, EM-2020-12 (22 de mayo de 2020); In re: Medidas Judiciales ante situación de emergencia de salud por el Covid-19, EM-2020-10 (2 de mayo de 2020); In re: Medidas Judiciales ante situación de emergencia de salud por el Covid-19, EM-2020-07 (13 de abril de 2020); In re: Medidas Judiciales ante situación de emergencia de salud por el Covid-19, EM- 2020-03 (26 de marzo de 2020); In re: Medidas Judiciales ante situación CT-2020-17 cons. CT-2020-18 33

Durante ese periodo, se han ampliado gradualmente los

asuntos de competencia municipal y superior que se atienden

en los Tribunales de Primera Instancia mediante el sistema

de videoconferencia. Ello, con el propósito de garantizar la

salud de las personas que participan en los procesos

judiciales, procurar la eficiencia en el manejo y en los

trámites de los casos y evitar el desplazamiento innecesario

en momentos en que se le exige a la población minimizar el

contacto físico y la aglomeración para evitar contagios.

Aun antes de que la Rama Judicial decretara el cierre

parcial antes aludido, el 13 de marzo de 2020, la OAT –por

conducto de su Director Administrativo, el Hon. Sigfrido

Steidel Figueroa– promulgó unas Guías generales para el uso

del sistema de videoconferencia en los tribunales del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico (Guías generales).61 Mediante

estas, la OAT plasmó la política institucional de la Rama

Judicial en torno a fomentar el uso de las videoconferencias

para ciertos procedimientos y preservar la formalidad de las

vistas judiciales cuando las partes comparezcan

virtualmente.

Posteriormente, la OAT promulgó además unas Guías para las

disposiciones generales para el uso de la videoconferencia

en los procedimientos penales (Guías generales para procesos

de emergencia de salud por el Covid-19, EM-2020-03 (16 de marzo de 2020). 61 Guías generales, supra, pág. 6. CT-2020-17 cons. CT-2020-18 34

penales).62 Estas guías respondieron a la necesidad de

limitar la cantidad de personas que acuden al tribunal y así

propiciar el distanciamiento social. Persiguen los mismos

objetivos que las Guías generales, pero limitado al contexto

penal. A esos efectos, las Guías generales para procesos

penales incluyen una lista no taxativa de procesos que los

tribunales pueden celebrar mediante videoconferencia y

ofrece directrices generales sobre cómo conducirlos.

A fin de asegurar que las videoconferencias cumplan con

los requisitos del debido proceso, la Rama Judicial ha hecho

inversiones significativas para mejorar su tecnología. A

modo de ejemplo, se duplicó el ancho de banda para cada una

de las regiones judiciales y se reemplazaron todas las

computadoras y tabletas de todos los jueces y personal de

apoyo. Igualmente han instalado drops de voz en las salas

penales para que la defensa y los imputados puedan conversar

privada y confidencialmente, tal y como permite la

plataforma que utiliza la Rama Judicial para las

videoconferencias. Además, en todas las regiones judiciales

se han habilitado áreas para que abogados, partes y el

público en general que no tengan computadoras o Internet en

sus oficinas o residencias puedan conectarse para vistas

remotas utilizando las instalaciones del Tribunal.

62 Guías para las disposiciones generales para el uso de la videoconferencia en los procedimientos penales (Guías generales para procesos penales), Portal de la Rama Judicial, https://www.ramajudicial.pr/medidas-cautelares/Guias-Videoconferencia- Casos-Penales.pdf (última visita 1 de septiembre de 2020). CT-2020-17 cons. CT-2020-18 35

Conscientes de que adquirir los materiales y las

herramientas necesarias para llevar a cabo las

videoconferencias no es suficiente, la Rama ha desarrollado

un programa de capacitación intensivo de su personal, pues

toda organización debe reconocer la importancia de capacitar

a su personal de manera constante y oportuna para ofrecer la

mejor calidad posible de servicios. En ese tenor se han

ofrecido y se continúan ofreciendo seminarios de

capacitación a jueces, secretarias, coordinadores de

grabación, alguaciles, etc., como mecanismo para que nuestro

personal no solo conozca la nueva tecnología, sino que se

encamine a dominarla. Es imprescindible trabajar

conjuntamente en equipo para cumplir con todos los

estándares de calidad y que estos sean los más idóneos para

lograr garantizar los derechos de todas las personas que

acuden a los tribunales en busca de un remedio.

Según las estadísticas de la OAT, todos estos esfuerzos

han permitido que en Puerto Rico se hayan celebrado más de

29,500 vistas mediante el mecanismo de videoconferencia

desde el mes de marzo. La mayoría de estas vistas –12,371–

ocurrieron en casos civiles. No obstante, se han celebrado

3,985 vistas por medio de videoconferencia en casos

penales.63

63 Estas incluyen vistas para atender solicitudes de habeas corpus, vistas de rebaja de fianza, vistas al amparo de las Regla 240 y 241 de Procedimiento Criminal, entre otras. CT-2020-17 cons. CT-2020-18 36

Al igual que la Rama Judicial, el DCR adoptó una serie

de medidas dirigidas a contener la propagación del COVID-19.

En lo pertinente, el DCR implementó un mecanismo para lograr

que la población correccional pudiera comparecer mediante el

mecanismo de videoconferencia a vistas judiciales antes del

juicio.64 El DCR explicó la necesidad de implementar estas

medidas de la manera siguiente:

Por la naturaleza de las instituciones correccionales y los centros de tratamiento social, la forma de practicar el distanciamiento físico entre la población correccional es diferente a la manera en que se puede practicar en la comunidad. Las estructuras de las mismas no poseen los espacios y las barreras arquitectónicas necesarias para asegurar el distanciamiento físico mínimo entre los miembros de la población correccional requerido por las autoridades de salud estatal y nacional. Ante esto, es necesario mantener las instituciones correccionales y los centros de tratamiento social lo más aisladas posibles, con el fin de garantizar la seguridad de la población correccional y los empleados del Departamento.65

Por lo tanto, cualquier salida de un confinado lo expone al

contagio del virus, y pone en riesgo al resto de la

población correccional. Cabe resaltar que, en circunstancias

normales, el DCR utiliza un sistema de rutas para recoger a

los sumariados en varias instituciones y transportarlos al

64 Reglamento de emergencia para establecer el procedimiento de traslado de los miembros de la población correccional a procesos judiciales durante la emergencia de la pandemia del Coronavirus (COVID-19) (Reglamento), Expediente del Tribunal de Apelaciones CT-2020-18, Anejo XII, pág. 89; Protocolo enmendado para el restablecimiento gradual de los servicios a la población correccional ante la propagación del coronavirus (COVID-19), Expediente del Tribunal de Apelaciones CT-2020- 17, Anejo XIX, pág. 147. 65 Reglamento, supra, pág. 93. CT-2020-17 cons. CT-2020-18 37

tribunal en un mismo vehículo. La limitación de espacio en

esos vehículos imposibilita el distanciamiento.66

Para atender esa situación, el Reglamento de emergencia

para establecer el procedimiento de traslado de los miembros

de la población correccional a procesos judiciales durante

la emergencia de la pandemia del Coronavirus (COVID-19)

(Reglamento) contempla que el DCR continúe habilitando

salones en todas las instituciones correccionales para que

los imputados puedan comparecer de forma virtual a ciertas

vistas judiciales, incluyendo a la vista preliminar.67

Además, establece un protocolo para atender situaciones en

que un sumariado tenga que asistir presencialmente al

tribunal, disponiendo que este permanecerá en cuarentena por

catorce días en una institución habilitada para esos

propósitos antes de reingresar a la institución

correccional.68 Por último, cabe resaltar que el Reglamento

provee mecanismos para que los abogados de los imputados se

reúnan con estos en salones específicamente habilitados para

ese propósito o incluso mediante el sistema de

videoconferencia.69

IV

66 Íd., págs. 95-96. 67 Íd., págs. 93-94. 68 Íd., pág. 94. 69 Íd., pág. 95. Véase la Orden Administrativa Núm. 454 que emitió el

Secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico el 3 de julio de 2020, Expediente del Tribunal de Apelaciones (CT-2020-18), Anejo XI, pág. 83. CT-2020-17 cons. CT-2020-18 38

Atendemos los planteamientos del señor Santiago Cruz y

el menor F.L.R. (el imputado y el menor, respectivamente)

relacionados a la constitucionalidad de celebrar una vista

preliminar y una vista para determinar causa probable,

respectivamente, mediante el mecanismo de videoconferencia.

Resaltamos que, en esta etapa de los procedimientos en su

contra, ambos son acreedores a los mismos derechos

constitucionales, por lo que discutimos sus planteamientos

en conjunto.

En síntesis, el imputado y el menor alegan que celebrar

esas vistas mediante el mecanismo de videoconferencia viola

los derechos que nuestra Constitución y la Constitución

federal le garantizan en esta etapa de los procedimientos, a

saber: (1) su derecho a la confrontación; (2) su derecho a

un debido procedimiento de ley; y (3) su derecho a tener

asistencia de abogado. Por su parte, el Ministerio Público

solicita que sostengamos la constitucionalidad del mecanismo

impugnado y enfatiza que es necesario para adelantar el

interés del Estado en evitar la propagación del COVID-19 en

las cárceles, instituciones correccionales juveniles y la

libre comunidad.

La adjudicación de esta controversia requiere que

procuremos un balance “entre el interés de salvaguardar las

garantías individuales de los acusados [o imputados] y las

necesidades salubristas que deben adoptarse para el

beneficio de los participantes del proceso judicial”. Pueblo CT-2020-17 cons. CT-2020-18 39

v. Daniel Cruz Rosario, 2020 TSPR 90, 204 DPR __ (2020).

Sopesados los intereses en juego, resolvemos que la balanza

se inclina poderosamente a favor de sostener la

constitucionalidad del mecanismo de videoconferencia en esta

etapa de los procedimientos, ya sea en el caso de sumariados

o cualquier otro imputado de falta o delito. Lo anterior, en

vista del interés que tiene el Estado en evitar la

propagación del COVID-19 y la oportunidad que provee ese

mecanismo para salvaguardar las garantías constitucionales

mínimas que asisten a los imputados de delito en etapas

anteriores al juicio o, en el caso de los menores de edad,

la vista adjudicativa.70

1. Confrontación

De entrada, resolvemos que los reclamos que realizan el

imputado y el menor a base del derecho a la confrontación no

proceden, pues ese derecho constitucional no opera hasta la

etapa del juicio o, en el caso del menor F.L.R., la vista

adjudicativa.71 Debido a que en ambos casos el proceso se

encuentra en una etapa preliminar en donde ese derecho no

aplica, no tienen razón cuando alegan que el mecanismo de

70 El alcance de nuestra decisión, la cual aplica a cualquier persona imputada de delito o falta en Puerto Rico, hace innecesario que nos expresemos sobre el argumento constitucional relacionado al alegado discrimen por razón de origen o condición social. 71 Barber v. Page, supra; Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra; Chiesa

Aponte, op. cit., pág. 61. CT-2020-17 cons. CT-2020-18 40

videoconferencia es inconstitucional por violar ese

derecho.72

2. Debido proceso de ley: vertiente sustantiva

El imputado y el menor argumentan que celebrar esas

vistas por videoconferencia viola su derecho constitucional

a un debido procedimiento de ley pues les impide estar

presencialmente en una etapa en la cual su presencia guarda

una relación sustancial con su oportunidad de defenderse.

Este planteamiento nos obliga a preguntarnos si existe un

elemento inherente al acto de comparecer virtualmente a

estas vistas que niegue al imputado o al menor la

oportunidad de defenderse a tal grado que torne el proceso

fundamentalmente injusto.73

La contestación es que no. Mediante la

videoconferencia, estos podrán ver y escuchar a las personas

que participen de la vista, y viceversa, de una manera

razonablemente similar a lo que ocurriría en una vista

presencial en la sala del tribunal. Aunque no estarán

presentes físicamente, tampoco estarán ausentes de una

manera que les impida participar del proceso y tener la

oportunidad de defenderse de las imputaciones en su contra.

Si el mecanismo audiovisual mediante el cual comparece el

sumariado le ofrece la oportunidad de entender y participar

del proceso de esta forma, se satisface su derecho a estar

72 No resolvemos, por no estar ante nuestra consideración, si celebrar un juicio penal mediante videoconferencia viola el derecho a la confrontación. 73 Gagnon, supra. CT-2020-17 cons. CT-2020-18 41

presente al amparo de la cláusula de debido proceso de

ley.74

Somos conscientes de que los mecanismos tecnológicos no

son infalibles.75 Pueden ocurrir contratiempos en el sistema

de la videoconferencia debido a diversos factores inherentes

a su naturaleza.76 Sin embargo, no cualquier contratiempo

implicará una violación al debido proceso de ley; para

configurar una violación, se debe tratar de un desperfecto

74 People v. Lindsey, 201 Ill.2d 45, 58 (2002) (validando la constitucionalidad de celebrar vistas anteriores al juicio a las que el acusado compareció virtualmente y enfatizando que “[w]hile defendant was not physically present in the courtroom for his arraignment and jury waiver, neither was he entirely absent from these proceedings […] [T]he closed circuit system provided defendant with the ability to hear and see the proceedings taking place in the courtroom and, at the same time, allowed the judge and other persons in the courtroom to hear and see defendant. […] [D]efendant was able to interact with the court with relative ease […] [D]efendant was aware of the nature and significance of the proceedings and the overall solemnity of the proceedings was preserved”); State v. Phillips, 74 Ohio St. 3d 72, 94 (1995) (“The trial judge asked appellant if he was able to hear and see the proceedings, to which appellant replied that he could. The defendant’s actual, physical presence in the courtroom at the time of his arraignment ‘was not required to ensure fundamental fairness or a ‘reasonably substantial opportunity to defend against the charge’) (citando a Gagnon, supra); In re Rule 3.160(a), Fla. Rules of Criminal Procedure, 528 So. 2d 1179, 1180 (Fla. 1988) (donde el Tribunal Supremo estatal de Florida permitió que las vistas de causa probable para arresto se celebraran por videoconferencia y expresó que “due process does not require the personal presence of a defendant in a courtroom before a judge when, through mechanical means, he can see the judge and the judge can see him”). Véase también U.S. v. Burke, 345 F.3d 416, 425 (6th Cir. 2003) (validando que un juez presidiera una vista de supresión de evidencia por videoconferencia y expresando que “the judge could see, hear, and speak to the witnesses, and they could see, hear, and speak to him. Though presence through a television is not the same thing as direct physical presence, in this case the difference between the two was not of constitutional dimension. The judge's presence via video-conferencing did not deprive Burke of due process by rendering his suppression hearing fundamentally unfair […]”) (Énfasis suplido). 75 El imputado y el menor alegaron que el DCR no cuenta con los recursos

o la tecnología necesaria para celebrar las vistas de una manera que les permita participar efectivamente. Sin embargo, las vistas no han ocurrido aún, por lo que esas alegaciones son –en este momento– especulativas. 76 En aras de evitar estas situaciones, las Guías generales para procesos penales contemplan que antes de celebrar la vista se realice una prueba para cotejar si la conexión y el equipo está funcionando adecuadamente. Guías generales para procesos penales, supra, inciso (M). CT-2020-17 cons. CT-2020-18 42

que ocurrió por razones ajenas a la voluntad del imputado,

el menor o su abogado y de tal magnitud que limite

irrazonablemente el derecho del imputado o menor a observar

y participar en la vista. En estas instancias, el juez

deberá suspender la vista, pautarla para la fecha más

próxima disponible y tomar las acciones necesarias para

asegurarse que los procedimientos se llevan acorde con las

exigencias constitucionales.

3. Debido proceso de ley: vertiente procesal

El imputado y el menor alegaron además que el mecanismo

de videoconferencia les priva de las garantías procesales

que establecen la Regla 23 de Procedimiento Criminal, supra,

y la Regla 2.10 de Procedimientos para Asuntos de Menores,

supra. En particular, plantearon que ese mecanismo les priva

de su derecho a: (1) examinar las declaraciones juradas de

los testigos del Estado; (2) contrainterrogar testigos; (3)

que la vista sea pública, y (4) contar con asistencia de

abogado. Además, el menor F.L.R. alegó que celebrar la vista

de forma virtual le impide comparecer acompañado por su

madre, según exige la Ley de Menores, supra.

Ciertamente estas garantías forman parte del derecho a

un debido proceso de ley en su vertiente procesal, por lo

que el imputado y el menor tienen un derecho constitucional

a ser juzgados conforme exigen las reglas aplicables.77 No

obstante, concluimos que el mecanismo de videoconferencia no

77 Pueblo v. Pagán Rojas, supra. CT-2020-17 cons. CT-2020-18 43

es incompatible con las garantías procesales que el imputado

y el menor alegan se violarían si las vistas se celebran

En primer lugar, ese mecanismo no impide que el

Ministerio Público envíe copias de las declaraciones juradas

de los testigos al imputado o menor y su abogado. Ello podrá

hacerse telemáticamente durante la vista o personalmente

antes o durante esta. En segundo lugar, en la medida en que

todos los participantes de la vista puedan ver y escuchar a

los demás en tiempo real, no se afecta la facultad del

abogado del imputado o menor de contrainterrogar testigos y

presentar prueba a favor de su cliente. En tercer lugar, el

mecanismo de videoconferencia tampoco impide que los

tribunales –en conjunción con los funcionarios de OAT– tomen

las medidas necesarias para transmitir las vistas en casos

en que ello proceda en derecho.78 Así ha sucedido en varias

vistas judiciales celebradas durante la operación especial

de los tribunales por razón de la emergencia de salud

pública actual.79

En cuarto lugar, y según se discute a fondo en la

próxima sección, celebrar una vista virtualmente tampoco

78 Nótese que, debido a la naturaleza de los procedimientos, ese requisito de publicidad no aplica a las vistas de determinación de causa probable en los casos de menores de edad, excepto en las circunstancias que contempla el Art. 8 de la Ley de Menores, 34 LPRA sec. 2208. 79 Tomamos conocimiento judicial del contenido de los expedientes judiciales en los varios casos en que ello ocurrió. Regla 201 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI; Guadalupe v. Saldaña, 133 DPR 42, 52 (1993). Entre ellos se encuentran: María E. Quiñones y otros v. ELA, SJ2020CV02645; Melissa Hernández Romero y otros v. ELA, SJ2020CV02608; Manuel Natal Albelo v. Carlos Méndez Núñez, SJ2020CV02796; Autocine Santana v. ELA, SJ2020CV03093. CT-2020-17 cons. CT-2020-18 44

implica que el imputado o menor se enfrentará al proceso sin

la asistencia de su abogado, según exige la Constitución y

las reglas aplicables. Ello, pues existen métodos fiables

mediante los cuales este se puede comunicar con su abogado

de manera confidencial durante la vista y ejercer ese

derecho.

Finalmente, el mecanismo de videoconferencia no impide

que la madre del menor F.L.R. comparezca a la vista, según

exige la Ley de Menores, supra. En casos de menores, el

tribunal y el Estado tienen una responsabilidad de dar

cumplimiento a las garantías procesales que establecen la

Ley de Menores, supra, y las Reglas de Procedimiento para

Asuntos de Menores, supra. Ello implica tomar las medidas

necesarias para lograr la comparecencia virtual de los

padres, madres, encargados o defensores judiciales, según

sea el caso, en esos procesos.

4. Asistencia adecuada o efectiva de abogado

El imputado y el menor plantean que celebrar la vista

virtualmente viola su derecho constitucional a tener

asistencia adecuada de abogado durante una etapa crítica del

procedimiento. Lo anterior, debido a que sus abogados no

estarán presentes físicamente junto a ellos como ocurriría

si la vista se llevara a cabo en sala. Según discutido, en

esta etapa tal exigencia forma parte además del derecho a un CT-2020-17 cons. CT-2020-18 45

debido proceso de ley en su vertiente sustantiva y

procesal.80

La pregunta clave al momento de evaluar este argumento

es si celebrar la vista mediante videoconferencia despoja al

imputado o menor de la oportunidad de colaborar con su

propia defensa. Resolvemos que no. En primer lugar, el medio

virtual no impide que el abogado brinde una representación

legal adecuada o efectiva al imputado o menor, pues tiene a

su disposición las mismas herramientas esenciales para

probar su caso que tendría en una vista presencial, es

decir, la facultad de contrainterrogar a los testigos del

Estado y presentar aquella prueba que entienda pueda sembrar

duda en la mente del juzgador sobre si están presentes los

elementos del delito o la falta o sobre si se estableció la

conexión con el imputado o menor. Por lo tanto, comparecer

virtualmente no implica una limitación irrazonable al

ejercicio de las prerrogativas que emplea el abogado para

cumplir cabalmente con su función en esta etapa procesal.81

En segundo lugar, tampoco tienen razón el imputado y el

menor al plantear que comparecer virtualmente les impide

colaborar con su propia defensa. Debido a que el derecho a

defenderse pertenece propiamente al imputado o menor y no a

su abogado, siendo el segundo más bien una herramienta del

80Snyder, supra; Pueblo v. Pagán Rojas, supra. 81 Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra, pág. 888; véase Pueblo v. Torres Rivera, 137 DPR 630, 635 (1994), y Romero v. Jones, Alcaide de la Penitenciaria Estatal, 78 DPR 572, 577 (1955) (resolviendo el derecho de asistencia de abogado no puede utilizarse para obstaculizar la tramitación del proceso penal). CT-2020-17 cons. CT-2020-18 46

primero en el proceso de aducir una defensa robusta ante las

imputaciones del Estado,82 el imputado o menor tiene un

derecho constitucional a comunicarse con su abogado durante

la vista. No obstante, existen medidas razonables que se

pueden adoptar para garantizar que eso suceda cuando la

vista se celebre por videoconferencia. En concreto, el

imputado o menor podrá conferenciar confidencialmente con su

abogado durante la vista virtual, ya sea a través de una

línea telefónica privada o utilizando las funcionalidades

que proveen las propias plataformas digitales mediante las

que ocurre la videoconferencia a esos efectos.83 Ello les

permite comunicarse privadamente con su abogado durante la

vista para expresar preocupaciones, realizar consultas o dar

instrucciones, por lo que no se viola su derecho a colaborar

con su propia defensa.84

En consecuencia, resolvemos que el derecho

constitucional a tener asistencia de abogado cuando las

vistas se celebran virtualmente se satisface si: (1) el

abogado puede ver y escuchar a quienes participan del

proceso y viceversa, y (2) el imputado o menor tiene

82 Farreta, supra. 83 En la alternativa, el abogado puede solicitar al DCR acudir al salón que se habilitó para celebrar la videoconferencia en la institución correccional y así estar presente físicamente con su cliente durante la vista. 84 United States v. Abu Ali, 528 F.3d 210, 242 (4th Cir. 2008) (resolviendo que la admisión en el juicio de un testimonio prestado en una deposición por videoconferencia no violó el derecho del acusado a asistencia de abogado, aun cuando el abogado y el acusado no pudieron comunicarse en tiempo real, pues el abogado realizó un contrainterrogatorio extenso y “the court was willing to allow defense counsel to stop their cross-examination in order to conference with their client in private”). CT-2020-17 cons. CT-2020-18 47

disponible un mecanismo mediante el cual se puede comunicar

con su representante legal de forma confidencial durante la

vista y viceversa. Cumplidos estos dos requisitos, una vista

celebrada por videoconferencia tutela adecuadamente el

derecho constitucional a asistencia de abogado en esta etapa

de los procedimientos.

Atendemos, además, los planteamientos colaterales que

realizó el menor F.L.R. en su comparecencia ante nos y ante

los foros recurridos. En particular, alegó que: (1) el

Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES

Act, 15 USCA sec. 9001ss prohíbe vistas virtuales en casos

penales sin el consentimiento del imputado o menor; (2) las

medidas que tomó el Secretario del DCR son inválidas debido

a que enmendaron de manera ultra vires las Reglas de

Procedimiento Criminal, supra, y (3) que las Guías generales

no autorizan el mecanismo de videoconferencia en su caso.

En cuanto al primer señalamiento, basta con apuntar a

que las disposiciones del CARES Act, supra, en torno al uso

de videoconferencias (“video teleconferencing”) en casos

criminales solo aplican a los tribunales federales.85 No

85En torno al empleo de videoconferencias (“video teleconferencing”) en casos criminales, la Sección 15002(b)(1) del CARES ACT, PL 116-136, sec. 15002(b)(1), 134 Stat 281 (2020), establece lo siguiente:

[I]f the Judicial Conference of the United States finds that emergency conditions due to the national emergency declared by the President under the National Emergencies Act (50 U.S.C. 1601 et seq.) with respect to the Coronavirus Disease 2019 (COVID–19) will materially affect the functioning of either the Federal courts generally or a particular district CT-2020-17 cons. CT-2020-18 48

impide que Puerto Rico o los estados adopten el mecanismo de

videoconferencia en aquellos procesos criminales en que

estimen sería apropiado, sujeto, claro está, a los límites

que imponen nuestra propia Constitución y la Constitución

federal.86

Tampoco tiene razón cuando alega que las medidas que

adoptó el DCR suponen una enmienda ultra vires a las Reglas

de Procedimiento Criminal, supra (o, en su caso, a las

Reglas de Procedimiento de Asuntos de Menores, supra). Estas

Reglas disponen que el imputado o menor deberá estar

presente en la vista preliminar y en la vista para

determinar causa probable. No prohíben que ese requisito se

cumpla mediante una comparecencia virtual. Al contrario, las

Reglas de Procedimiento Criminal, supra, requieren que las

interpretemos de una manera que asegure “la tramitación

justa de todo procedimiento y eviten dilaciones y gastos

court of the United States, the chief judge of a district court covered by the finding […] may authorize the use of video teleconferencing […] for the following events […].

(Énfasis suplido). 86 La Opinión disidente enfatiza que al amparo del CARES Act se requiere

que el acusado o imputado consienta a que la vista se lleve a cabo mediante videoconferencia. No obstante, esa Opinión omite mencionar que los tribunales federales tienen el poder de suspender los términos aplicables de juicio rápido. A esos efectos, el Hon. Gustavo Gelpí, Juez Presidente del Tribunal federal de distrito para el Distrito de Puerto Rico, emitió una orden administrativa general mediante la cual: (1) pospuso todos los asuntos que requieran una vista presencial hasta el 5 de octubre de 2020; (2) dispuso que todos los asuntos civiles y criminales que puedan atenderse mediante videoconferencia deberán atenderse de esa manera, y (3) suspendió los términos de juicio rápido al amparo del Speedy Trial Act, 18 USC sec. 3161(h)(7)(A). In re: Corona Virus (COVID19) Public Emergency, Misc. No. 20-0088 (GAG). Por lo tanto, contrario a lo que parece intimar la Opinión disidente, un acusado o imputado en ese tribunal no puede exigir una vista presencial. Al contrario, si interesa que su vista se celebre en el término de juicio rápido, debe consentir a que se celebre por videoconferencia. CT-2020-17 cons. CT-2020-18 49

injustificados”. Regla 1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA

Ap. II; véase también Regla 1.2 de Procedimiento de Asuntos

de Menores, 34 LPRA Ap. I-A (disponiendo que estas deben

interpretarse de una manera que garantice “una solución

justa, rápida y económica de todos los asuntos”). Permitir

que los imputados y menores comparezcan virtualmente a las

vistas preliminares y a las vistas para determinar causa

probable adelanta estos objetivos, pues hace viable que el

Estado continúe haciendo cumplir la ley mientras dure la

crisis de salud pública. Adoptar una interpretación del

derecho estatutario a estar presente, que frene todo

señalamiento de vistas judiciales en asuntos criminales

hasta que termine la pandemia, entorpecería la función

protectora del Estado, sumiría en incertidumbre a los

imputados y trastocaría el propósito de las Reglas.87

Por último, el menor F.L.R. malinterpreta el alcance

jurídico de las Guías generales que promulgó la OAT. Se

trata de un documento cuyo propósito fundamental es proveer

unos lineamientos generales que asistan a los jueces y

juezas en el proceso de conducir vistas judiciales virtuales

de una manera que garantice la formalidad de los

procedimientos. Ese documento no tiene, ni puede tener, el

efecto de prejuzgar lo que es una controversia eminentemente

87 Véase, a modo persuasivo, People v. Wrotten, 14 N.Y.3d 33, 37–38 (2009) (“Unable to find any explicit statutory prohibition regarding two-way televised testimony at trial, defendant argues that extant statutes implicitly preclude its admission. However, there is no specific statutory authority evincing legislative policy proscribing televised testimony”). CT-2020-17 cons. CT-2020-18 50

jurídica: si celebrar determinada vista judicial por

videoconferencia es inconstitucional y si un tribunal abusa

de discreción al ordenar que se celebre presencialmente por

entender que lo es. Por lo tanto, que el Tribunal de Primera

Instancia en su caso no haya autorizado la vista virtual no

impide que este Foro pase juicio sobre si esa actuación fue

conforme a derecho.

1. Pueblo v. Ángel N. Santiago Cruz

En el primer caso consolidado, El Pueblo de Puerto Rico

v. Ángel N. Santiago Cruz, CT-2020-17, el Tribunal de

Primera Instancia emitió una Resolución mediante la cual

ordenó que la vista preliminar se celebrara de forma

totalmente virtual.88 El Tribunal de Apelaciones confirmó

esa Resolución. Además, ordenó que los testigos que declaren

en la vista preliminar virtual “deberán hacerlo sin

mascarilla”.89 Ambos foros ejercieron su discreción

razonablemente.

Conforme lo aquí resuelto, no existía impedimento

constitucional para que el Tribunal de Primera Instancia

ordenara que la vista se celebrara virtualmente. Al

contrario, ese proceder resultaba necesario para proteger la

salud pública y garantizar que el proceso criminal siguiera

88 Resolución enmendada, Expediente del Tribunal de Apelaciones (CT- 2020-17), Anejo XXII, pág. 182 (haciendo constar que, mediante el mecanismo de videoconferencia que propuso, “todas las partes necesarias están presentes en un espacio cibernético común, [y] se pueden ver y escuchar”). 89 Sentencia del Tribunal de Apelaciones, pág. 22. CT-2020-17 cons. CT-2020-18 51

su curso sin dilaciones y de una manera que garantizara los

derechos constitucionales del imputado en esta etapa.

Además,

tratándose de una vista virtual, no están presentes las

circunstancias que requieren usar la mascarilla.

Por lo tanto, tampoco erró el Tribunal de Apelaciones

al dictaminar en su Sentencia que los testigos deberán

testificar sin mascarilla.

2. Pueblo en interés del menor F.L.R.

Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia en el

caso El Pueblo de Puerto Rico en interés del menor F.L.R.,

CT-2020-18, denegó múltiples mociones que presentó el

Ministerio Público mediante las que solicitó que la vista

para determinar causa probable se celebrara por

videoconferencia. Como es sabido, los tribunales cuentan con

un alto grado de discreción al momento de decidir cómo

conducir los procedimientos que presiden. No obstante, esa

discreción no es infinita ni su ejercicio ocurre en un

vacío. Está íntimamente ligada al concepto de razonabilidad.

Es por eso que, aunque los tribunales apelativos

generalmente nos abstenemos de intervenir con las decisiones

del foro primario relacionadas al manejo del caso, en

algunas ocasiones “la buena discreción y la justicia parecen

señalar hacia una dirección distinta a como fueron ejercidas CT-2020-17 cons. CT-2020-18 52

y aplicadas y entonces, y a pesar de nuestra norma de

abstención, resulta ser nuestro deber insoslayable corregir

lo que hubiere de exceso o de injusto en el uso de esa

discreción, para que no se lesionen derechos que estamos

llamados a proteger”. Ortiz Rivera v. Agostini, 192 DPR 187,

193-194 (1965).

En este caso, la decisión del foro primario de ordenar

el traslado del menor de edad F.L.R. por encima de las

objeciones del DCR y el Ministerio Público no fue razonable.

Atenta contra las medidas que la Rama Judicial ha adoptado

para minimizar la atención presencial de los asuntos ante la

pandemia y las que el DCR ha tomado para cumplir un interés

público importante: evitar la propagación del COVID-19 en

las instituciones correccionales y juveniles. Además, se

basó en el fundamento erróneo de que la presencia física del

menor F.L.R. era necesaria para salvaguardar sus derechos

constitucionales. En atención a que la decisión del foro

primario atentó contra derechos de alta jerarquía, como lo

es la salud del pueblo puertorriqueño en el contexto de una

pandemia, es forzoso concluir que el Tribunal de Primera

Instancia abusó de su discreción al denegar la solicitud del

Ministerio Público.

En ausencia de una situación excepcional o una razón de

peso que justifique una vista presencial, mientras dure la

emergencia de salud pública, toda vista anterior al juicio

se celebrará mediante el mecanismo de la videoconferencia. CT-2020-17 cons. CT-2020-18 53

V

Por los fundamentos que anteceden, con relación al

recurso CT-2020-17, se confirma la Sentencia que emitió el

Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de

Primera Instancia para que continúen los procedimientos en

conformidad con lo aquí dispuesto. Con relación al recurso

CT-2020-18, se revoca la determinación que emitió el

Tribunal de Primera Instancia y se devuelve el caso a ese

foro para que continúen los procedimientos en conformidad

con lo aquí dispuesto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Presidenta EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ángel N. Santiago Cruz

Peticionario CT-2020-17 cons. con Certificación CT-2020-18 intrajurisdiccional

SENTENCIA

Por los fundamentos que anteceden, con relación al recurso CT-2020-17, se confirma la Sentencia que emitió el Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos en conformidad con lo aquí dispuesto. Con relación al recurso CT-2020-18, se revoca la determinación que emitió el Tribunal de Primera Instancia y se devuelve el caso a ese foro para que continúen los procedimientos en conformidad con lo aquí dispuesto.

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera García emitió una opinión de conformidad. El Juez Asociado señor Colón Pérez concurre con opinión escrita. El Juez Asociado señor Martínez Torres concurre con el resultado al que llega la Opinión mayoritaria y hace constar la siguiente expresión:

El derecho constitucional al careo opera en la etapa del juicio. E.L. Chiesa Aponte, Procedimiento Criminal y la Constitución: Etapa CT-2020-17 cons. con CT-2020-18 2

adjudicativa, San Juan, Ed. Situm, 2018, pág. 61. Por lo tanto, no cabe hablar de este derecho en los procedimientos previos al juicio. Íd. Así lo estableció el Tribunal Supremo Federal en Barber v. Page, 390 US 719,725 (1968): “The right to confrontation is basically a trial right. It includes both the opportunity to cross-examine and the occasion for the jury to weigh the demeanor of the witness.” En esa misma dirección, este Tribunal expresó con claridad que “nuestra Constitución establece en la etapa del juicio el derecho de todo acusado a carearse con los testigos de cargo y obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su favor. Sec. 11, Art. II. El juicio en su fondo es el momento realmente culminante y crítico”. Pueblo v. Rodriguez Aponte, 116 DPR 653, 660 (1985).

La norma es clara. No había necesidad de intervenir en los procesos que se estaban llevando a cabo en los foros inferiores. Al hacer esto, se le quita discreción al Tribunal de Primera Instancia sobre cómo llevar a cabo los procedimientos. Otra vez, este Tribunal establece una regla absoluta sin tomar en consideración la totalidad de las circunstancias que pueda presentar cada caso. Véase, El Pueblo de Puerto Rico v. Daniel Cruz Rosario, 2020 TSPR 60. Peor aún, la Opinión del Tribunal, muestra una inclinación peligrosa a favorecer el uso indiscriminado y automático de la videoconferencia en la etapa del juicio. Véase, Opinión, págs. 28- 29, escolio 52.

El Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo concurre sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Estrella Martínez disiente con opinión escrita.

José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ángel N. Santiago Cruz CT-2020-17

Peticionario cons. con

CT-2020-18

Peticionario

Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor RIVERA GARCÍA.

Estoy conforme con la decisión que emitimos hoy sobre

el uso de las videoconferencias ante la necesidad apremiante

que ha generado la pandemia del COVID-19 de establecer

medidas excepcionales para salvaguardar la salud y seguridad

de las personas imputadas de delito, los testigos y las

testigos, y los numerosos funcionarios y funcionarias que

intervienen para que este tipo de procesos pueda celebrarse CT-2020-17 2 cons. con CT-2020-18

en cumplimiento con los objetivos que inspiraron los

estatutos relevantes. Ello, en el contexto de la vista

preliminar contra un adulto y la vista de causa probable

contra un menor. En efecto, es una decisión cónsona y que se

erige en la protección de intereses similares a los que

tomamos en consideración en Pueblo v. Cruz Rosario, 2020

TSPR 90, 204 DPR __ (2020), resuelto el 25 de agosto de

2020.

Evidentemente, el análisis no puede ser idéntico al que

utilizamos en Cruz Rosario, supra, pues el derecho a la

confrontación es un derecho del juicio propiamente (“trial

right”), que no se extiende a las etapas previas.90 Pueblo

v. Cruz Rosario, supra, pág. 38, citando a Barber v. Page,

390 US 719, 725 (1968). Véanse: Pueblo v. Ruiz Lebrón, 111

DPR 435, 456 esc. 5 (1981) (Irizarry Yunqué, J., opinión

disidente), haciendo referencia a Motes v. United States,

178 US 458 (1900); Schneckloth v. Bustamonte, 412 US 218,

238 (1973); E.L. Chiesa Aponte, Procedimiento Criminal y la

Constitución: Etapa Adjudicativa, San Juan, SITUM, 2018,

pág. 61. Véase, además, Opinión del Tribunal, págs. 10 y 33.

La jurisprudencia es vasta en ese aspecto. Por consiguiente,

90 En el caso de los procesos de menores, el juicio sería lo que se le conoce como la vista adjudicativa. Regla 7.1 de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 LPRA Ap. I-A. CT-2020-17 3 cons. con CT-2020-18

los planteamientos en una dirección contraria resultan

inmeritorios bajo el estado de derecho vigente.

En lo que respecta al debido proceso de ley y la

asistencia de abogado, como bien reconoce la Opinión

Mayoritaria, el sistema de videoconferencia contiene

herramientas para garantizar cabalmente estos derechos en

las etapas previas al juicio. Como consecuencia, no hace

falta un consentimiento voluntario, consciente e inteligente

para renunciar un derecho que no se le privará a persona

alguna. Véase Opinión Disidente del Juez Asociado señor

Estrella Martínez, pág. 4 (“Sólo de esta manera se

justificaría jurídicamente la celebración de estos

procedimientos mediante videoconferencia, pues

correspondería a la persona imputada determinar si renuncia

a estos derechos de manera voluntaria, inteligente y

expresa”).91 Precisamente, y contrario a lo que aduce la

91Resulta altamente especulativo asumir el inadecuado funcionamiento de las salas de videoconferencia ni se puede llegar a la conclusión, sin fundamento alguno, de que una agencia estableció que no llevará a las personas imputadas a los tribunales en la etapa del juicio. Véase Opinión Disidente del Juez Asociado señor Estrella Martínez, pág. 6-7, que hace referencia al Reglamento de emergencia para establecer el procedimiento de traslado de los miembros de la población correccional a procesos judiciales durante la emergencia de la pandemia del coronavirus (COVID-19) promulgado por el Departamento de Corrección el 3 de julio de 2020 ⎯que dispone que no se transportarán personas a los tribunales en etapas previas al juicio⎯ y concluye irreflexivamente que el reglamento CT-2020-17 4 cons. con CT-2020-18

Opinión Disidente, en ninguna parte de la Opinión

Mayoritaria este Tribunal reconoce que el Estado puede

suspender derechos constitucionales de “un mero plumazo”.

Íd., págs. 33-34. Las videoconferencias no dispensan la

obligación de garantizar los derechos constitucionales y

estatutarios que rigen en las referidas etapas del proceso.

Ahora bien, no debo pasar por alto que estamos

revisando interlocutoriamente una etapa procesal que

reiteradamente hemos establecido que no puede revisarse de

esta manera. En ese sentido, me veo precisado a emitir unos

pronunciamientos para aclarar los fundamentos por los cuales

la situación ante nuestra consideración es distinguible de

los casos en que este tipo de revisiones fueron rechazadas.

De entrada, es indispensable señalar que la situación que

estamos viviendo es excepcional y extraordinaria. Ello,

precisamente, es lo que permite la evaluación y adjudicación

atípica que se produjo en los casos que consideramos hoy.

Veamos.

“obliga a toda la población correccional a comparecer a las etapas preliminares y posteriores a su juicio mediante videoconferencia”. Peor aún, cuando a través de la propia Opinión Disidente se exponen numerosas disposiciones que instituyen una normativa contraria a su conclusión. CT-2020-17 5 cons. con CT-2020-18

Este Tribunal ha sido consistente y enfático en

establecer que las etapas procesales previas al juicio están

instauradas con herramientas que proveen una especie

revisión ante el foro primario. Amparados en que estas fases

del proceso judicial se intentan revisar mediante el recurso

de certiorari ⎯un mecanismo extraordinario que no está

disponible cuando existe otra vía de revisión para las

partes⎯ hemos resuelto que este último no procede. En ese

sentido, son varios fundamentos los que nos han llevado a

concluir que, e.g., no se puede recurrir interlocutoriamente

de una vista preliminar.

Primero, hemos resaltado que ambas partes tienen

mecanismos disponibles para corregir cualquier error que se

cometa en esas etapas. De una vista preliminar, el

Ministerio Público puede recurrir a una vista preliminar en

alzada si no está conteste con el resultado de la misma.

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 915 (2009). Véase la

Regla 24(c) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II.

Véase, además, la Regla 2.12 de Procedimiento para Asuntos

de Menores, 34 LPRA Ap. I-A (provee un mecanismo análogo).

Incluso, luego de celebrada la vista preliminar en alzada,

la Fiscalía podría presentar un recurso de certiorari para

que se revisen errores estrictamente de derecho. Pueblo v. CT-2020-17 6 cons. con CT-2020-18

Cruz Justiniano, 116 DPR 28, 30 (1984). Por su parte, la

Defensa puede solicitar la desestimación de la acusación a

través de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal cuando

entienda que no se determinó causa conforme a derecho.

Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 DPR 868, 877-878 (2010) (“el

remedio exclusivo del acusado ante una determinación de

causa probable en la vista preliminar, ya sea la vista

inicial o la vista en alzada, es la desestimación al amparo

de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, supra”). Véase,

además, la Regla 6.2(d) de Procedimientos para Asuntos de

Menores, supra (establece una causa de desestimación análoga

en los procesos de menores).

Segundo, hemos reconocido que los pronunciamientos por

los tribunales de mayor jerarquía pueden resultar

prematuros. La decisión del tribunal al finalizar la

audiencia puede ser favorable a la parte que presuntamente

se afectó negativamente. Así pues, con el fin de no retrasar

innecesariamente los procedimientos, hemos rechazado actuar

especulativamente y presumir que los errores que se aleguen

serán un factor determinante en la determinación que emita

el foro primario. Véase Pueblo v. Encarnación Reyes, 191 DPR

176, 183 (2014) (Martínez Torres, J., opinión de

conformidad) (“Todavía el Ministerio Público no sabe si CT-2020-17 7 cons. con CT-2020-18

logrará su objetivo en este caso, pues la vista preliminar

no ha terminado. Si la Fiscalía no logra que se declare

causa probable durante la vista preliminar inicial, ya sea

porque el tribunal no permite que el testigo declare o por

cualquier otra razón, siempre está disponible el mecanismo

de la vista preliminar en alzada”). Esto es, la decisión

final del tribunal en esa etapa puede ser favorable a la

parte que solicitara la revisión de un aspecto

interlocutorio, por lo que el pronunciamiento de un foro

revisor puede constituir un pronunciamiento innecesario y a

destiempo. Véase Pueblo v. Díaz de León, supra, pág. 923 (en

el que resolvimos que el Ministerio Público acudió a

destiempo al foro apelativo intermedio para revisar si

existía causa probable en la vista preliminar). Véase,

además, Pueblo v. Encarnación Reyes, supra, pág. 177

(Sentencia).

Tercero, y atado a lo anterior, los mecanismos

instituidos en las Reglas de Procedimiento Criminal permiten

corregir o subsanar los errores cometidos, si es que se

cometieron. Véase Pueblo v. Figueroa Rodríguez, 200 DPR 14

(2018). Véanse, además: Pueblo v. Nazario Aponte, 198 DPR

962, 969-970 (2017 (Sentencia); Pueblo v. Jiménez Cruz, 145 CT-2020-17 8 cons. con CT-2020-18

DPR 803, 815 (1998) (ambos en el contexto de la vista de

causa probable para arrestar vis a vis la vista preliminar).

En general, estos han sido los tres principios que

hemos tomado en consideración al establecer la improcedencia

de la revisión interlocutoria de una vista preliminar.92

Véase Pueblo en interés menor K.J.S.R., 172 DPR 490, 497,

500 (2007) (reiteramos que la Regla 2.10 de Procedimientos

de Menores “es equivalente a la Regla 23 de Procedimiento

Criminal, 34 LPRA Ap. II, relativa a la vista preliminar

[…]. Por esto, la norma jurisprudencial sobre esta última

aplica al interpretar la Regla. 2.10, ante”).93

Precisamente, sustentados en estos elementos, en Pueblo v.

Figueroa Rodríguez, supra, pág. 25, reiteramos la

improcedencia del recurso de certiorari para revisar

dictámenes interlocutorios de la vista preliminar y la vista

preliminar en alzada.

92 También se ha señalado que la revisión interlocutoria puede convertir esas etapas procesales previas al juicio en verdaderos minijuicios. Pueblo v. Encarnación Reyes, 191 DPR 176, 185 (2014) (Martínez Torres, J., opinión de conformidad). 93 En Pueblo en interés menor K.J.S.R., 172 DPR 490, 500 (2007), reafirmamos la normativa aplicable a la revisión de una vista preliminar para determinar causa probable para acusar como audiencia análoga a la vista de causa probable para presentar la querella contra un menor. Véase, además, Pueblo en interés menor G.R.S., 149 DPR 1 (1999); Pueblo en interés menor E.R.C., 149 DPR 804 (1999); Pueblo en interés menores A.L.R.G. y F.R.G., 132 DPR 990 (1992). CT-2020-17 9 cons. con CT-2020-18

Ciertamente, los casos consolidados ante nuestra

consideración fueron revisados a través del recurso de

certificación intrajurisdiccional, no mediante el recurso de

certiorari. Sin embargo, la certificación

intrajurisdiccional y el certiorari son dos recursos

extraordinarios y discrecionales. Véase UPR v. Laborde

Torres y otros, 180 DPR 253, 272 (2010); Pueblo v. Díaz de

León, supra, pág. 917. De hecho, la certificación

intrajurisdiccional solo se expide luego de auscultar la

etapa procesal en que se encuentra el caso. Rivera Schatz v.

ELA y C. Abo. PR II, 191 DPR 791, 849 (2014). Por

consiguiente, es de esperarse que este Tribunal tomó en

consideración los parámetros establecidos para estas fases

del proceso en el contexto de un certiorari, así como los

demás elementos pertinentes previo a decidir si entender

sobre los recursos de autos. Íd., pág. 849 (“Por su carácter

excepcional, al ejercer nuestra discreción para autorizar

una certificación intrajurisdiccional, debemos considerar

los siguientes elementos: (1) la urgencia, (2) la etapa en

que se encuentran los procedimientos, (3) la necesidad que

puede presentarse de recibir prueba y (4) la complejidad de

la controversia”). Ello, para evitar que en el futuro se CT-2020-17 10 cons. con CT-2020-18

utilice la certificación intrajurisdiccional como un

subterfugio para evadir la normativa que rige la

presentación de un certiorari en esta fase del proceso.

A esos efectos, como adelanté, las circunstancias que

rodean los casos ante nuestra consideración hacen

manifiestamente inaplicables los principios que hemos

utilizado para requerir que se agoten los mecanismos

provistos por las reglas antes de revisar la comisión de

presuntos errores por el Tribunal de Primera Instancia. Es

que estos recursos trascienden los aspectos meramente

procesales que hemos tenido ante nuestra consideración en el

pasado. Véase, e.g.: Pueblo v. Figueroa Rodríguez, supra;

Pueblo v. Andaluz Méndez, 143 DPR 656 (1997) (ante la

presunta denegatoria del tribunal de permitir la

presentación de cierta prueba, se tuvieron que completar

todos los mecanismos disponibles de la vista preliminar, la

vista preliminar en alzada y la moción de desestimación al

amparo de la Regla 64(p), supra, para poder instar el

recurso de certiorari); Pueblo v. Encarnación Reyes, supra;

Pueblo v. Díaz de León, supra.

Los casos de autos parecen tener como elemento central

la exigencia de que nos pronunciemos respecto a la

procedencia o no de una vista preliminar en el procesamiento CT-2020-17 11 cons. con CT-2020-18

criminal de adultos o una vista de causa probable en un

proceso contra un menor mediante el mecanismo de

videoconferencia. Ello, sin duda, nos llevó a consolidarlos.

Sin embargo, lo que nos hizo ejercer nuestra discreción

para entender sobre estos recursos es que llevan ínsita la

necesidad de que este Tribunal determine oportunamente los

mecanismos disponibles para salvaguardar la vida, la salud y

la seguridad de todas las personas que intervienen en este

tipo de procesos judiciales actualmente. Esto es, de la

persona imputada o que es objeto del proceso, los testigos y

las testigos, los abogados y las abogadas, así como los

funcionarios y funcionarias del Estado que cumplen sus

funciones, día a día, durante la emergencia que vivimos.

Estos no constituyen casos en que los mecanismos

ordinarios que están disponibles con posterioridad a las

vistas en cuestión hubieran tenido el efecto de corregir los

errores planteados. No habría remedio alguno si

interviniéramos tardíamente, tras la exposición a una

enfermedad que ha demostrado ser altamente mortal en casos

en que tal hecho es dispensable y evitable.94 Es decir,

94 Véase World Health Organization, Puerto Rico: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard, https://covid19.who.int/region/amro/country/pr (última visita, 7 de septiembre de 2020). CT-2020-17 12 cons. con CT-2020-18

luego de un evento que pueda exponer innecesariamente a las

personas a esta enfermedad no hay moción de desestimación ni

proceso en alzada que pueda corregirlo. Por lo tanto,

resultaba imperativo un pronunciamiento para que los foros

inferiores cuenten con una norma clara en las circunstancias

excepcionales, extraordinarias y únicas que estamos

experimentando.

Aclarado lo anterior, ante la necesidad imperante de

nuestra intervención en este preciso momento, reitero mi

conformidad con la Opinión de este Tribunal.

Edgardo Rivera García Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico Recurrido v.

Ángel N. Santiago Cruz Peticionario __________________________ CT-2020-17 Certificación El Pueblo de Puerto Rico CT-2020-18 Recurrido

En interés del menor F.L.R. Peticionaria

Opinión Concurrente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.

Concurrimos con el resultado al que llega hoy este

Tribunal en el presente caso, pues entendemos que con el mismo

se ha logrado alcanzar un balance adecuado entre los derechos

que posee todo imputado o acusado de delito, o de falta en los

casos de menores de edad, -- tales como el derecho a un CT-2020-17/CT-2020-18 2

debido proceso de ley, a confrontar y contrainterrogar a

los testigos de cargo y a una representación legal adecuada

--, y los derechos a la salud y seguridad de un Pueblo que

sufre una crisis sin precedentes, como consecuencia de la

pandemia del COVID-19. Lo anterior, en el contexto del uso

de los sistemas de videoconferencia para la celebración de

la vista de causa probable para acusar (en adelante, “vista

preliminar”) dispuesta en la Regla 23 de Procedimiento

Criminal, infra, así como para la vista de determinación de

causa probable para radicar querella en procedimientos

judiciales bajo la Ley de Menores, infra.

Y es que, tal como correctamente se resuelve en la

Opinión que hoy emite esta Curia, la forma más acertada de

armonizar los intereses aquí en conflicto es dando paso a

la celebración de los procesos judiciales antes mencionados

a través de los mecanismos de videoconferencia. Como

cuestión de hecho, así lo adelantamos hace tan solo unos

días atrás en nuestra Opinión Disidente en Pueblo v. Cruz

Rosario, 2020 TSPR 90, 204 DPR ___ (2020).

Así pues, con esta Opinión Concurrente, somos de la

postura que -- además de las instancias contempladas en las

Guías Generales para el Uso del Sistema de Videoconferencia

en los Tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

y las Guías sobre las disposiciones generales para el uso

de la videoconferencia en los procedimientos penales,

infra, -- se sostiene el uso de los sistemas de CT-2020-17/CT-2020-18 3

videoconferencias por parte de la Rama Judicial de Puerto

Rico en la celebración de los siguientes procesos

judiciales: vista de causa probable para arresto (Regla 6

de Procedimiento Criminal, 32 LPRA Ap. II, R. 6), vista de

causa probable para arresto en alzada, vista preliminar,

vista preliminar en alzada, juicio en su fondo por delito

menos grave, y en casos bajo la jurisdicción del Tribunal

de Menores. Hacemos la salvedad que, en estos momentos, no

estamos pasando juicio -- no, al menos, quien suscribe --

sobre la corrección o no de autorizar el uso del sistema de

videoconferencia para la celebración de un juicio en su

fondo por delito grave, bien sea por tribunal de derecho o

jurado.

Aclaramos, sin embargo, que la procedencia de dicho

mecanismo -- entiéndase, el uso de los sistemas de

videoconferencias --, en procesos como los antes

mencionados, y salvo contadas excepciones, debe limitarse

al periodo en que esté vigente el actual estado de

emergencia de salud pública. Finalizado el mismo, procede

que se dé paso, inmediatamente, a la comparecencia física

en corte de los imputados o acusados de delito, o de faltas

en caso de los menores, para la celebración de los procesos

judiciales de los que se trate. Nos explicamos.

I.

Los hechos medulares que dieron margen al presente

litigio se recogen con particular precisión en la Opinión CT-2020-17/CT-2020-18 4

que hoy emite este Tribunal, razón por la cual acogemos los

mismos por referencia. En síntesis, los casos de marras

versan sobre la procedencia del mecanismo de

videoconferencia para la determinación de causa probable

para acusar, así como la determinación de causa probable

para radicar querella en casos de menores, cuando los

imputados de delitos o faltas se encuentran recluidos en

una institución correccional. Ello, como alternativa para

cumplir con las medidas de distanciamiento social

recomendadas por las entidades de salud pertinentes --

tales como la Organización Mundial de la Salud (en

adelante, “OMS”) y el Centro para el Control y la

Prevención de Enfermedades (en adelante, “CDC”) -- para

contrarrestar el avance de la pandemia COVID-19.

Por un lado, en el caso Pueblo de Puerto Rico v. Ángel

N. Santiago Cruz, CT-2020-17 -- el cual fue certificado

motu proprio por esta Curia de conformidad con el Art.

3.002(e) de la Ley Núm. 22-2003, conocida como Ley de la

Judicatura de 2003, 4 LPRA sec. 24s -- el señor Ángel N.

Santiago Cruz (en adelante, “señor Santiago Cruz”) aduce

que el uso de dicho mecanismo, mientras se encuentra

recluido en una institución penal, viola su derecho

constitucional a un debido proceso de ley, a confrontar y

contrainterrogar a los testigos de cargo que testifiquen en

su contra durante la vista preliminar y a una CT-2020-17/CT-2020-18 5

representación legal adecuada.95 Tal argumento no fue

acogido por el Tribunal de Primera Instancia ni por el

Tribunal de Apelaciones.

Por otra parte, compareció ante este Tribunal la

representación legal del menor F.L.R. mediante recurso de

certificación intrajurisdiccional en Pueblo de Puerto Rico

v. En Interés del Menor F.L.R., CT-2020-18. En dicho

recurso, el cual fue acogido por esta Curia, se alega que

no procede el uso del sistema de videoconferencia para la

celebración de una vista de causa probable para radicar

querella en contra del menor F.L.R., a quien se le imputa

la comisión de varias faltas y quien se encuentra recluido

en la Institución de Menores en Ponce.96 Para ello, se

esbozan argumentos similares a aquellos expuestos por el

señor Santiago Cruz.

Así las cosas, y luego de que este Tribunal ordenara

la consolidación de ambos recursos, el Ministerio Público

comparece ante nos y argumenta que, en el balance de

intereses, entre preservar la salud y la vida de la

95 Cabe mencionar que, en el caso del señor Santiago Cruz, se suspendieron varias vistas debido a que el Departamento de Corrección y Rehabilitación no trasladó a éste al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao. De igual forma, surge de la Minuta y Orden emitida por el foro primario el 18 de junio de 2020, que el señor Santiago Cruz no pudo participar mediante videoconferencia de cierta vista sobre el estado de los procedimientos debido a que había sido trasladado a la Institución Correccional Ponce 676. Véase, Expediente del Tribunal de Apelaciones, Anejo XX, pág. 173

96 En cuanto al menor F.L.R, el Departamento de Corrección y Rehabilitación y la Procuradora de Menores desacataron un sinnúmero de órdenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia a los fines de que se trasladara al menor al tribunal para la celebración de los procedimientos. Ello provocó la suspensión de las vistas en cinco ocasiones. CT-2020-17/CT-2020-18 6

población correccional adulta y juvenil, frente a la

presencia física del imputado o acusado de delito en las

vistas anteriores al juicio, la balanza debe inclinarse a

favor del primero de estos intereses. Por ello, nos

solicita que se permita que aquellas personas que se

encuentran sumariadas en las diferentes instituciones

correccionales -- de adultos o juveniles -- comparezcan a

los procedimientos anteriores al juicio mediante el uso de

los sistemas de videoconferencia.

Posteriormente, compareció ante esta Curia la Unión

Independiente de Abogados de la Sociedad de Asistencia

Legal, mediante Moción solicitando permiso para comparecer

como amicus curiae en el caso Pueblo de Puerto Rico v.

Ángel N. Santiago Cruz, CT-2020-17, junto con su alegato a

esos efectos. En ésta, sostienen que el uso del sistema de

videoconferencia según el protocolo establecido por el

Departamento de Corrección y Rehabilitación violenta los

derechos constitucionales del señor Santiago Cruz. A esos

fines, sostienen que el mecanismo de videoconferencia

impide que se dé la interacción necesaria, entre el señor

Santiago Cruz y su abogado, para hacer efectivo su derecho

a una representación legal adecuada. Así, expresan que

resolver el caso de referencia requiere hacer un fino

balance de intereses en conflicto, pues se trata del debido

proceso de ley así como la igual protección de las leyes

que le asiste a toda persona imputada o acusada de delito. CT-2020-17/CT-2020-18 7

Establecido lo anterior, cabe resaltar que hace tan

solo unos días atrás, en nuestra Opinión Disidente en

Pueblo v. Cruz Rosario, supra, nos expresamos sobre el modo

-- a nuestro juicio, correcto -- de disponer de

controversias similares a las que hoy nos ocupan. Ello en

el contexto de la procedencia del uso de mascarillas por

parte de los testigos de cargo en determinado proceso

criminal, ante la negativa del acusado de delito menos

grave de utilizar el mecanismo de videoconferencia para la

celebración del juicio en su fondo.

Por considerar que lo allí dicho dispone -- en gran

parte -- de los asuntos ante nuestra consideración,

conviene repasar varios acápites de la referida Opinión

Disidente (renumerados como las secciones II y III de este

escrito), los cuales contienen parte de la normativa

pertinente para atender correctamente las controversias

planteadas en las causas de epígrafe. Inmediatamente

después, procederemos a exponer el derecho aplicable a los

demás asuntos pertinentes a los casos de marras. Veamos.

II.

Según señalamos en nuestra Opinión Disidente en Pueblo

v. Cruz Rosario, supra, la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, en su Artículo II, Sección 11,

claramente dispone que “[e]n todos los procesos criminales

el acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido y

público ... a carearse con los testigos de cargo, a obtener CT-2020-17/CT-2020-18 8

la comparecencia compulsoria de testigos a su favor, a

tener asistencia de abogado, y a gozar de la presunción de

inocencia”. CONST. ELA art. II, § 11, LPRA, Tomo 1. Del

mismo modo, la Enmienda Sexta de la Constitución de Estados

Unidos establece, en lo pertinente, que el acusado

disfrutará del derecho a confrontar a los testigos que se

presenten en su contra. CONST EE.UU. enm. VI, LPRA, Tomo.

1. Conforme a las precitadas disposiciones

constitucionales, “[t]odo acusado tiene derecho a estar

presente en todas las etapas del juicio. Es un principio

fundamental que no se cuestiona”. Pueblo v. Bussman, 108

DPR 444 (1979). Véanse además, Toro Rivera v. ELA, 194 DPR

393 (2015); Pueblo v. Lourido Pérez, 115 DPR 798 (1984).

No empece a lo anterior, en su obra Derecho Procesal

Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, el profesor Ernesto

L. Chiesa Aponte nos señala que en nuestra jurisdicción no

hay un derecho absoluto a estar presente en todo incidente

del procedimiento criminal. Ello, pues, las garantías

consagradas en las cláusulas constitucionales antes citada,

se refieren al juicio, específicamente en relación con las

siguientes etapas o incidencias: (1) testimonio de testigos

en contra del acusado, ello como exigencia de la cláusula

de confrontación; (2) presentación de prueba testifical,

documental, demostrativa o de cualquier índole, como

corolario del debido proceso de ley y del derecho a

asistencia de abogado; y (3) cualquier incidente donde la CT-2020-17/CT-2020-18 9

ausencia involuntaria del acusado menoscabe

significativamente la defensa de éste o resulte contraria a

la noción de juicio justo e imparcial lo cual es exigencia

del debido proceso de ley. E.L. Chiesa Aponte, Derecho

Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed.

Forum, Vol. II, 1992, pág. 237.

Cónsono con lo anterior, este Tribunal ha sentenciado

que, aunque el derecho del acusado a estar presente en el

juicio es una exigencia del debido proceso de ley, el mismo

no es absoluto. Pueblo v. Esquilín Díaz, 146 DPR 808, 822-

23 (1998); Pueblo v. Bussman, supra, pág. 446. En

consecuencia, tanto esta Curia, como el Tribunal Supremo de

los Estados Unidos, han validado la renuncia a este

derecho. Pueblo v. Esquilín Diaz, supra, pág. 823; Pueblo

v. Ruiz Lebrón, 111 DPR 435, 444 (1981); Pueblo v. Bussman,

supra, págs. 446-47. En lo relativo a la doctrina sobre la

renuncia del derecho a estar presente en el juicio -- la

cual generalmente aplicaría también al momento en que se

dicte sentencia -- se ha dicho que ésta puede ser implícita

o explícita. Véase, Chiesa Aponte, op. cit., pág. 260.

Al respecto, conviene señalar aquí que las Reglas de

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, reconocen una mayor

jerarquía a este derecho –- la presencia física en el

juicio -- cuando se trata de delitos graves. E.L. Chiesa

Aponte, Procedimiento Criminal y Constitucional: Etapa

Adjudicativa, Ed. Situm, 2018, pág. 179. Sobre el CT-2020-17/CT-2020-18 10

particular, la Regla 243 (a), 34 LPRA Ap. II, del referido

cuerpo reglamentario dispone que, cuando se trate de

delitos graves, el acusado deberá estar presente en el acto

de la lectura de la acusación y en todas las etapas del

juicio, incluyendo la constitución del jurado, la rendición

del veredicto o fallo, y en el pronunciamiento de la

sentencia. Si éste último compareció al acto de lectura, y

fue advertido y citado para juicio pero no se presenta, el

tribunal podrá celebrar el mismo en ausencia de éste,

siempre que estuviese representado por abogado. 34 LPRA Ap.

II, R. 243(a). Véase, Pueblo v. Esquilín Díaz, supra.

A contrario sensu, en casos por delitos menos graves,

siempre que el acusado estuviere representado por abogado,

el tribunal puede proceder a la lectura de la denuncia o

acusación, al juicio, al fallo y al pronunciamiento de la

sentencia, y podrá recibir una alegación de culpabilidad en

ausencia de éste. 34 LPRA Ap. II, R. 243 (b). Si la

presencia del acusado fuera necesaria, el tribunal podrá

ordenar su asistencia. Id.

Por otro lado, el inciso (d) de la precitada regla

procesal criminal contempla determinada conducta del

imputado o acusado de delito como una renuncia a su derecho

a estar presente en los procedimientos. Id. Ello, al

disponer que, en procesos por delitos graves o menos

graves, si el acusado incurre en cualquier conducta que

impida el desarrollo normal del juicio, el tribunal podrá: CT-2020-17/CT-2020-18 11

(1) tramitar un desacato; (2) tomar las medidas coercitivas

pertinentes; o (3) ordenar que el acusado sea removido y

continuar con el proceso en su ausencia. 34 LPRA Ap. II, R.

243 (d).

No obstante, el hecho de que pueda renunciarse al

derecho a estar presente no implica que deba fomentarse esa

práctica. Pueblo v. Bussman, supra, pág. 447. “Es

preferible la presencia del acusado durante todas las

etapas del proceso”. Torres Rosario v. Alcaide, 133 DPR 707

(1993). Solo debe dispensarse cuando se demuestre que

resultaría extremadamente gravosa su comparecencia, que el

estado no la requiera para establecer su caso y que su

ausencia no demorará los procedimientos. Id.; Pueblo v.

Bussman, supra.

III.

Del mismo modo, en nuestra Opinión Disidente en Pueblo

v. Cruz Rosario, supra, dejamos claro que la precitada

disposición constitucional –- entiéndase, el Art. II,

Sección 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado,

supra -- también hace referencia a lo que la

jurisprudencia ha reconocido como la “cláusula de

confrontación”, la cual recoge el derecho de un acusado a

confrontar a sus acusadores y se compone de tres aspectos

fundamentales, a saber: el derecho al careo o confrontación

cara a cara con los testigos adversos; el derecho a

contrainterrogar a estos testigos; y por último, el derecho CT-2020-17/CT-2020-18 12

a que se excluya cierta prueba de referencia que el

Ministerio Público pretenda utilizar como prueba de cargo.

Pueblo v. Pérez Santos, 195 DPR 262, 269-70 (2016); Pueblo

v. Santos Santos, 185 DPR 709, 720 (2012). Véase, además,

Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y

Estados Unidos, op. cit., pág. 569.

El primero de los aspectos fundamentales recogidos en

la referida cláusula constitucional es aquel que reconoce

el derecho a la confrontación o al careo, el cual hace

referencia a que los testigos de cargo testifiquen frente

al acusado, cara a cara.97 El mismo contribuye

significativamente a la búsqueda de la verdad y a un juicio

justo. Véase, Coy v. Iowa, 487 US 1012 (1988). Véase

además, Chiesa Aponte, Procedimiento Criminal y

Constitucional: Etapa Adjudicativa, op. cit., págs. 82-83.

“No cabe duda de que es más difícil mentir de frente a la

persona afectada o perjudicada con la mentira, que lo que

sería de espaldas o en ausencia de esa persona”. Id.

En cuanto a lo anterior, hemos reconocido que para que

el derecho a la confrontación o al careo tenga concreción,

97Ahora bien, a contrario sensu, en Pueblo v. Ruiz Lebrón, 111 DPR 435 (1981), este tribunal sentenció que la confrontación que garantiza la Sexta Enmienda y el Art. II, Sec. 11 de nuestra Constitución se cumple con la oportunidad de contrainterrogar, sin que sea indispensable la presencia del acusado. Lo anterior, tras expresar que la confrontación no está irremisiblemente atada al encuentro físico, al enfrentamiento nariz con nariz entre testigo y acusado. Sin embargo, la Corte Suprema de los Estados Unidos rescató este aspecto de la cláusula de confrontación en Coy v. Iowa, 487 US 1012 (1988), en el cual declaró inconstitucional un estatuto de Iowa que permitía, para la protección de cierto tipo de testigo de cargo, testificar sin mirar al acusado, a través de una pantalla, sin necesidad de que el Ministerio Público justificara la necesidad de prescindir del careo. Véase, E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal, 81 Rev. Jur. UPR 373 (2012). CT-2020-17/CT-2020-18 13

el debido proceso de ley exige que se pongan al alcance del

acusado de delito los medios de prueba para impugnar los

testigos y atacar su credibilidad, así como todo recurso

análogo dirigido a erradicar la falsedad del juicio. Pueblo

v. Guerrido López, 179 DPR 950, 958 (2010); Pueblo v.

Casanova, 161 DPR 183, 192 (2004); Pueblo v. Rodríguez

Sánchez, 109 DPR 243 (1979). “Un careo sin estos

instrumentos, cuando sean legítimamente asequibles, frustra

el propósito del precepto constitucional”. Pueblo v.

Guerrido López, supra; Pueblo v. Rodríguez Sánchez, supra,

pág. 249.

Por otro lado, el segundo aspecto fundamental recogido

en la disposición constitucional bajo estudio, y núcleo de

la cláusula de confrontación, es el derecho de los acusados

de contrainterrogar a los testigos que el Ministerio

Público presente en su contra. Sobre el particular, se ha

sentenciado que el derecho a contrainterrogar un testigo es

imprescindible para la celebración de un juicio justo e

imparcial, pues éste es el mecanismo con el que cuenta la

defensa para descubrir la verdad. Pueblo v. Guerrido López,

supra, pág. 958; Pueblo v. Pacheco Padilla, 92 DPR 894, 897

(1965). De ahí, la importancia de que el acusado o imputado

esté presente durante el testimonio de estos testigos en el

juicio; siendo ésto, a todas luces, parte esencial del

derecho a la confrontación. Chiesa Aponte, Derecho Procesal CT-2020-17/CT-2020-18 14

Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, op. cit., págs. 233-

234.

Establecido lo anterior, y en cuanto al derecho a

confrontar a los testigos de cargo, es menester señalar que

prestigiosos tratadistas de este tema han sostenido que “lo

primero que hay que aclarar es que se trata de un trial

right, como casi todos los derechos del acusado reconocidos

en la Enmienda Sexta”. Chiesa Aponte, Procedimiento

Criminal y la Constitución: Etapa Adjudicativa, op. cit.,

págs. 61-62. Siendo ello así, no cabe hablar, en estos

escenarios, del derecho constitucional de los imputados a

carearse con los testigos de cargo en la vista de causa

probable para arresto o en la vista preliminar. Id. En ese

sentido, “[e]s perfectamente compatible con la Constitución

de Puerto Rico y los Estados Unidos una vista de causa

probable para arresto o para acusar, sin derecho del

imputado a carearse con los testigos del ministerio

fiscal”. Id.

Por último, y en lo relacionado al tercero de los

aspectos intrínsecos al Art. II, Sección 11, de la

Constitución del Estado Libre Asociado, supra, la cláusula

de confrontación exige que se excluya cierta prueba de

referencia como prueba de cargo, entiéndase aquella

declaración que no sea la que la persona declarante hace en

el juicio o vista, la cual se ofrece en evidencia para

probar la verdad de lo aseverado. 32 LPRA Ap. IV, R. 801. CT-2020-17/CT-2020-18 15

Al respecto, e interpretando su análoga en la Enmienda

Sexta, en Crawford v. Washington, 541 US 36 (2004), la

Corte Suprema de Estados Unidos concluyó que sólo se

permite la admisión en evidencia de una declaración

testimonial hecha contra un acusado fuera de corte si el

declarante no está disponible para comparecer al juicio y

el acusado tuvo la oportunidad de contrainterrogarlo en el

momento en que se hizo la declaración. De no satisfacerse

estos requisitos, la declaración sería prueba de referencia

inadmisible contra el acusado, independientemente de que

satisfaga alguna excepción de aquellas dispuestas en las

Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. Véase, Pueblo v.

Santos Santos, supra, pág. 721.

Sobre lo antes mencionado, en Crawford v. Washington,

541 US 36 (2004), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos

aclaró que, más que garantizar la confiabilidad de la

evidencia, la cláusula de confrontación exige que dicha

confiabilidad sea evaluada mediante el mecanismo del

contrainterrogatorio. Crawford v. Washington, supra, pág.

61. “Se trata, pues, de una garantía procesal a favor del

acusado que no es susceptible de evasión a conveniencia del

Estado”. Pueblo v. Santos Santos, supra, págs. 721-22.

En esa dirección, y por ser un aspecto importante del

derecho a la confrontación, es menester mencionar que el

comportamiento o demeanor del testigo, su forma de hablar,

los gestos, ademanes y demás detalles perceptibles con los CT-2020-17/CT-2020-18 16

sentidos, así como las explicaciones dadas por éste durante

el contrainterrogatorio, son herramientas esenciales para

aquilatar adecuadamente la credibilidad de los testimonios.

Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 16 (1995); Pueblo v.

Rivera Ramos, 11 DPR 858 (1988). Por ello, el juzgador de

los hechos ante quien deponen los testigos debe tener la

oportunidad de observar el demeanor de éstos para

determinar si dicen la verdad. Pueblo v. García Colón I,

182 DPR 129, 165 (2011).

De conformidad con lo anterior, este Tribunal ha

expresado que “el testigo debe ser oído, y visto,

interrogado y mirado”. Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939,

947 (1975). No solo es importante la voz de éste, sino

también otras expresiones tales como el color de las

mejillas, los ojos, la consistencia o temblor de la voz,

los movimientos corporales y el vocabulario no habitual del

testigo. Id.

Al respecto, también conviene reseñar aquí lo resuelto

por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el normativo

caso de Maryland v. Craig, 497 US 836 (1990). En el mismo,

se sostuvo la constitucionalidad de un estatuto del estado

de Maryland que permitía que un menor -- víctima de abuso

sexual -- testificara mediante un sistema de circuito

cerrado, siempre y cuando se realizaran determinaciones

específicas sobre el daño emocional que podría sufrir al

ser llamado a testificar frente al acusado. CT-2020-17/CT-2020-18 17

En el precitado caso, el máximo foro federal expresó

que la cláusula de confrontación de la Enmienda Sexta no

garantiza un derecho absoluto a la confrontación cara a

cara con el testigo. Id. en la pág. 844. Dicha Curia razonó

que el propósito central de la cláusula es asegurar la

confiabilidad de la evidencia presentada en contra del

acusado, lo cual se logra con los siguientes elementos: (1)

presencia física; (2) juramento del testigo; (3)

contrainterrogatorio; y (4) observación del comportamiento

o demeanor del testigo por parte del juzgador. Id. en la

pág. 846.

Empero, sostuvo el Tribunal Supremo de los Estados

Unidos que, aunque el careo es un aspecto importante de la

referida cláusula, esto no es un elemento indispensable del

derecho a la confrontación. Id. en la pág. 846. Por esta

razón, expresó que el derecho de confrontar a los testigos

adversos puede satisfacerse en ausencia de una

confrontación física o careo en el juicio solo cuando ello

sea necesario para adelantar una política pública

importante y cuando se asegure la confiabilidad del

testimonio del que se trate. Id. en la pág. 850.

IV.

Por otra parte, y en lo que se considera otro derecho

que le asiste a todo acusado o imputado de delito, tanto el

Art. II, Sección 11 de nuestra Constitución, CONST. ELA

art. II, § 11, LPRA, Tomo 1, como la Enmienda Sexta de la CT-2020-17/CT-2020-18 18

Constitución de Estados Unidos, CONST EE.UU. enm. VI, LPRA,

Tomo. 1, reconocen el derecho de éstos a tener

representación legal en los procedimientos que se lleven en

su contra. Tal derecho se ha consagrado como parte

fundamental de la cláusula del debido proceso de ley. Ramos

Acevedo v. Tribunal Superior, 133 DPR 599, 609 (1993);

Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 DPR 883, 887 (1993).

Las cláusulas de asistencia de abogado a las que hemos

hecho referencia buscan proteger al imputado o acusado de

delito no solo durante la etapa del juicio, sino también en

aquellas etapas críticas que se celebren con anterioridad a

este, si ya se ha iniciado la acción penal. Chiesa Aponte,

Procedimiento Criminal y la Constitución: Etapa

Adjudicativa, op. cit., págs. 224. Es decir, para fines de

activar las referidas cláusulas constitucionales es

suficiente la conducción del arrestado ante un magistrado.

Id. en la pág. 225. “No es que haya derecho a asistencia de

abogado en esa vista, sino que a partir de ahí hay un

derecho a asistencia de abogado en toda etapa crítica del

procedimiento -critical stage- o en toda vista adversativa

similar a un juicio (trial like)”. Id. Debido a lo

anterior, se ha resuelto que durante la vista preliminar el

imputado tiene derecho a estar asistido por abogado. Id.

Véase, además, Coleman v. Alabama, 399 US 1 (1970).

Sin embargo, para que se garantice correctamente el

derecho constitucional a la asistencia de abogado, la CT-2020-17/CT-2020-18 19

representación legal que reciba el imputado o acusado de

delito debe ser una adecuada y efectiva. In re Elfrén

García Muñoz, 160 DPR 744, 750-51 (2003); Ramos Acevedo v.

Tribunal Superior, supra, pág. 609; Pueblo v. Ortiz

Couvertier, supra, pág. 887. En lo pertinente a las

controversias que nos ocupan, “es evidente que la presencia

del acusado es esencial para que su abogado pueda prestarle

la adecuada representación profesional que exige esa

cláusula; igual para otras etapas procesales, antes o

después del juicio, en la que haya un derecho a asistencia

de abogado”. Chiesa Aponte, Procedimiento Criminal y la

Constitución: Etapa Adjudicativa, op. cit., págs. 158-159.

Así pues, una representación legal adecuada y efectiva

puede quedar menoscabada cuando: (1) el abogado es

incompetente para la tarea que se le asigna; (2) como

cuestión de hecho la labor desplegada demuestra su

inefectividad; (3) hay un potencial o actual conflicto de

intereses para el abogado; y (4) las reglas o actuaciones

del tribunal constituyen una limitación irrazonable al

derecho a tener adecuada asistencia de abogado. Pueblo v.

Ortiz Couvertier, supra, pág. 88, (citando a E.L. Chiesa,

Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos,

Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. I, Sec. 7.9, págs. 449–

550). Debido a su fundamental importancia en nuestro

ordenamiento penal, la Regla 192.1 de Procedimiento

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 192.1, permite que una persona CT-2020-17/CT-2020-18 20

que haya resultado convicta invoque como fundamento contra

su sentencia que éste no recibió una representación legal

adecuada.

Establecido lo anterior, cabe mencionar que la Regla

23 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 23, exige

la celebración de una vista de causa probable para acusar,

conocida como vista preliminar, en todos los casos de

delito grave. Pueblo v. Encarnación Reyes, 191 DPR 176,

180-81 (2014); Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 DPR 868, 875

(2010). El propósito principal de dicha vista no es

adjudicar la culpabilidad o no culpabilidad del imputado,

sino evitar que esta persona sea sometida

injustificadamente a los rigores del proceso penal. Pueblo

v. Encarnación Reyes, supra; Pueblo v. Rivera Vázquez,

supra.

Lo anterior se logra “mediante la exigencia de que el

Estado presente alguna prueba sobre los elementos

constitutivos del delito y sobre la conexión del imputado

con su comisión. El imputado, por su parte, puede presentar

prueba a su favor y contrainterrogar a los testigos de

cargo”. Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, pág. 876. Véase,

además, Pueblo v. Rivera Cuevas, 181 DPR 699 (2011). Si

luego de evaluar la prueba desfilada por el Ministerio

Público, el juez se convence de que existe causa probable

para acusar, éste debe autorizar que se presente la CT-2020-17/CT-2020-18 21

correspondiente acusación contra el imputado. Id. De lo

contrario, el imputado debe ser exonerado y puesto en

libertad si estaba detenido. Pueblo v. Rivera Vázquez,

supra. Véanse, además, Pueblo v. Ríos Alonso, 149 DPR 761,

766–67 (1999); Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 DPR 653, 663

(1985).

En síntesis, en cuanto al procedimiento para la

celebración de la vista preliminar, la precitada regla

exige que se cite al imputado para la misma al menos cinco

(5) días antes de su celebración. 34 LPRA Ap. II, R.

23(a). De no contar con asistencia legal, el magistrado

correspondiente le nombrará un abogado cuyo nombre se

incluirá en dicha citación. Id. Asimismo, el inciso (c)

exige que el Ministerio Público ponga a disposición de la

persona imputada las declaraciones juradas de aquellos

testigos que hayan declarado en la vista, ello con el fin

de poder contrainterrogarlos. 34 LPRA Ap. II, R. 23(c). Por

último, como norma general, la vista preliminar será

pública a menos que el juez que la presida determine --

previa solicitud del imputado -- que una vista pública

podría menoscabar su derecho a un juicio justo e imparcial.

Id.

VI.

De otra parte, y para la completa disposición de las

controversias ante nuestra consideración, resulta útil

repasar aquí lo relativo a los procedimientos judiciales en CT-2020-17/CT-2020-18 22

casos de menores. Sobre el particular, hemos reiterado que

dichos procedimientos son de carácter civil, sui generis, y

no se consideran de naturaleza criminal. Pueblo en interés

del menor K.J.S.R, 172 DPR 490, 496 (2007); Pueblo en

interés del menor A.L.G.V., 170 DPR 987, 996 (2007); Pueblo

en interés del menor G.R.S., 149 DPR 1, 10 (1999). Por

esto, con el fin de regular los mismos, se adoptó la Ley

Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida

como Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. sec. 2201

et seq.

El Art. 2 del precitado estatuto dispone que éste se

interpretará según los siguientes propósitos: (1) proveer

para el cuidado, la protección, el desarrollo, la

habilitación y rehabilitación de los menores y proteger el

bienestar de la comunidad; (2) proteger el interés público,

tratando a los menores como personas necesitadas de

supervisión, cuido y tratamiento, a la vez que se le exige

responsabilidad por sus actos; (3) garantizar a todo menor

un trato justo, el debido procedimiento de ley y el

reconocimiento de sus derechos constitucionales. 34 LPRA

sec. 2202.

Los principios legales antes mencionados constituyen

guías para el ejercicio de la discreción judicial. Pueblo

en interés del menor J.E.T.A, 174 DPR 809, 896 (2008).

Además, “[r]eflejan la noción que sostiene que compete al

Estado ofrecer al menor un trato rehabilitador cuando CT-2020-17/CT-2020-18 23

transgrede la ley penal a la misma vez que protege el

interés social de la comunidad de exigir responsabilidad de

quienes incurren en conducta delictiva”. Id. Véase, además,

Pueblo en interés de los menores A.L.R.G. y F.R.G., 132 DPR

990 (1993).

Debido al carácter adversativo de estos procesos,

sumado a los matices de carácter punitivo que han ido

adquiriendo, se exige un alto grado de formalidad en los

mismos, pero sin variar la naturaleza especial que

conllevan. Pueblo en interés del menor C.Y.C.G, 180 DPR

555, 569 (2011); Pueblo en interés del menor A.L.G.V.,

supra, pág. 996; Pueblo en interés del menor G.R.S., supra,

págs. 11-12. Por esta razón, la Ley de Menores, supra, y

las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, Ley

Núm. 33 de 19 de junio de 1987, 34 LPRA Ap. I-A, crean el

esquema jurídico a seguir en aquellos procedimientos bajo

la jurisdicción del Tribunal de Menores. Pueblo en interés

del menor C.Y.C.G, supra, págs. 569-70. “Específicamente,

la profesora Dora Nevares-Muñiz nos señala que las etapas

principales [de los anteriores procedimientos] son las

siguientes: (1) la investigación; (2) la aprehensión; (3)

la determinación de causa probable para presentar querella;

(4) la presentación de mociones anteriores a la vista

adjudicativa; (5) la vista adjudicativa; y (6) la vista

dispositiva”.98 Pueblo en interés del menor C.Y.C.G., supra,

98 El Art. 18 de la Ley de Menores, supra, expresa que “[p]revia la radicación de la querella, se celebrará una vista de determinación de CT-2020-17/CT-2020-18 24

pág. 570 (citando a D. Nevares-Muñiz, Derecho de menores:

delincuente juvenil y menor maltratado, 6ta ed. rev., San

Juan, Ed. Inst. para el Desarrollo del Derecho, 2009, págs.

15-16).

En lo pertinente a una de las controversias ante

nuestra consideración, la Regla 2.10 de las Reglas de

Procedimiento para Asuntos de Menores, supra, regula lo

concerniente a la vista de causa probable. En primer lugar,

y según se menciona en la referida disposición legal, el

propósito de ésta es constatar si existe “un rastro de

prueba” sobre los elementos esenciales de la falta y su

conexión al menor imputado. 34 LPRA Ap. I-A, R. 2.10(a).

Ello, con el fin de autorizar al Procurador o Procuradora

de Menores a “radicar una querella contra del menor por

toda falta imputada y dar paso a que se continúen los

procedimientos contra el menor, sea la vista de renuncia de

jurisdicción o la vista adjudicativa”. D. Nevares-Muñiz,

Derecho de menores: delincuente juvenil y menor maltratado,

7ma ed. rev., San Juan, Ed. Inst. para el Desarrollo del

Derecho, 2013, págs. 75-76.

El juez o jueza ante quien se celebre la misma, debe

informar al menor del contenido de la queja, advertirle

sobre su derecho a la no autoincriminación, a permanecer en

silencio y a comunicarse con un abogado y le orientará

causa probable ante un juez, conforme al procedimiento establecido en las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores”. 34 LPRA sec. 2218. CT-2020-17/CT-2020-18 25

sobre todos los restantes derechos que le cobijen. 34 LPRA

Ap. I-A, R. 2.10(b). Posteriormente, el Procurador o

Procuradora para Asuntos de Menores presentará la prueba

para la determinación de causa probable y podrá

contrainterrogar a los testigos que presente el menor. 34

LPRA Ap. I-A, R. 2.10(c).

Para realizar la determinación de causa probable, el

juez o jueza se limitará al examen del contenido de la

queja presentada ante él o ella y solo considerará aquella

evidencia que haya sido sometida con relación a la misma.

34 L.P.R.A. Ap. I-A, R. 2.10(c). Asimismo, se requiere que

el Procurador o Procuradora de Menores ponga a la

disposición del menor -- si así este último lo solicita --

las declaraciones juradas de los testigos que hayan

declarado en la vista y que tenga en su posesión. 34 LPRA

Ap. I-A, R. 2.10.

De lo anterior podemos colegir que la vista de

determinación de causa probable para radicar querella

“equivale a la vista preliminar que se sigue en los

procesos criminales de adultos para autorizar al fiscal a

presentar acusación por un delito grave que servirá de base

para el juicio”. D. Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 75.

Véase, además, Pueblo en interés del menor F.R.F, 133 DPR

172 (1993); Pueblo en interés de los menores A.L.R.G. y

F.R.G., supra. En consecuencia, la jurisprudencia

interpretativa de la vista preliminar en procedimientos CT-2020-17/CT-2020-18 26

criminales contra adultos es extensiva a la interpretación

de la Regla 2.10 a la Regla 2.13 de las Reglas de

Procedimiento para Asuntos de Menores, supra.

Cónsono con ello, y teniendo en mente que los

procedimientos en casos de menores conllevan el riesgo de

privación de libertad, se han reconocido salvaguardas

procesales similares a aquellas que se garantizan en los

procesos criminales en contra de los adultos. Pueblo en

interés del menor A.L.G.V., supra, pág. 996; Pueblo en

interés del menor G.R.S, supra, pág. 13. “Reiteradamente

hemos señalado que el menor puede reclamar aquellas

garantías constitucionales que le aseguren un trato justo y

un debido procedimiento de ley”. Pueblo en interés del

menor A.L.G.V., supra, pág. 997; Pueblo en interés del

menor F.R.F, supra, pág. 183; Pueblo en interés de los

menores A.L.R.G. y F.R.G., supra, pág. 996

Así pues, y en apretada síntesis, tanto la Ley de

Menores, supra, las Reglas de Procedimiento para Asuntos de

Menores, supra, como la jurisprudencia, han extendido a los

procedimientos que se lleven en contra de un menor imputado

de cometer alguna falta, el derecho al debido proceso de

ley. Esto, pues el mismo representa la garantía fundamental

de protección que tiene un ciudadano o ciudadana en contra

de los posibles abusos o usos arbitrarios de poder en que

incurra el Estado. Pueblo en interés del menor C.Y.C.G, CT-2020-17/CT-2020-18 27

supra, págs. 567-68; Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809,

822 (2007).

Asimismo, se garantiza el derecho a una representación

legal adecuada, la protección contra registros y

allanamientos irrazonables, la protección contra arrestos

sin orden judicial, el derecho a un juicio rápido y la

garantía constitucional contra la autoincriminación.

Véanse, Pueblo en interés del menor C.Y.C.G., supra; Pueblo

en interés del menor R.H.M., 126 DPR 404 (1990); Pueblo en

interés del menor R.G.G., 123 DPR 443 (1989). Además, se

reconoce el derecho a rebatir la prueba presentada por el

Estado, a confrontar los testigos de cargo en los procesos

en su contra y a obtener copia de las declaraciones juradas

de los testigos que hayan declarado en la vista de

determinación de causa probable para presentar la querella.

Id. Mientras, el Art. 37(g) de la Ley de Menores, supra,

también requiere que el menor de edad comparezca acompañado

de sus padres, tutor, encargado o, en su defecto, del

defensor judicial. 34 LPRA sec. 2237. Asimismo, toda

citación, orden o resolución deberá ser notificada a éstos.

VII.

Por último, y como se sabe, en diciembre de 2019

surgió una nueva enfermedad infecciosa conocida como COVID-

19, perteneciente a una extensa familia de virus llamados

coronavirus. Dicho virus causa una serie de infecciones CT-2020-17/CT-2020-18 28

respiratorias que van desde un resfriado común hasta

enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de

Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo

severo (SARS). Además, entre los síntomas más habituales de

la enfermedad se encuentran la fiebre, tos seca, el

cansancio y, en ocasiones, congestión nasal, dolor de

cabeza, conjuntivitis, entre otros.99

Según ha sido sentenciado por estudiosos del tema, la

principal forma de propagación del COVID-19 es a través de

las gotículas respiratorias expelidas cuando alguien

enfermo toce, estornuda o habla. De esa manera, una persona

puede contraer la enfermedad por contacto con otra persona

que esté infectada e inhale dichas gotículas. Además, las

mismas pueden caer sobre objetos y superficies por lo que

otras personas pueden infectarse si luego de tocar dichas

superficies, se tocan los ojos, nariz o boca sin lavar o

desinfectar sus manos.

No obstante lo anterior, y conforme lo ha señalado la

OMS, existen varias maneras de protegernos y prevenir la

propagación de la enfermedad. Entre ellas, se recomienda el

lavado frecuente de manos con agua y jabón o con un

desinfectante a base de alcohol y evitar tocarse los ojos,

nariz y boca. Además, al salir de la casa, se debe utilizar

una mascarilla que cubra la boca y nariz. Asimismo, se

99 Organización Mundial de la Salud, Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19), https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus- 2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses (última visita 5 de septiembre de 2020) CT-2020-17/CT-2020-18 29

recomienda practicar el distanciamiento social y evitar ir

a lugares concurridos debido a que cuando hay aglomeración

de personas, existe mayor probabilidad de entrar en

contacto con alguien que porta el virus.100

Con ello en mente, y con el fin de proveer seguridad y

estabilidad en momentos de crisis como los que enfrentamos

con la pandemia del COVID-19, la Rama Judicial ha reducido

sustancialmente la plantilla de empleados que trabajen de

forma presencial en sus tribunales y distintas

dependencias, y han adoptado diversas medidas que a su vez

garantizan la salud de todos los funcionarios, así como de

la ciudadanía en general. Entre estas medidas, se encuentra

el uso en sus procesos de los mecanismos de

videoconferencia.

De conformidad con lo anterior, la Oficina de

Administración de los Tribunales promulgó las Guías

Generales para el Uso del Sistema de Videoconferencia en

los Tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y

las Guías sobre las disposiciones generales para el uso de

la videoconferencia en los procedimientos penales.101 En

éstas se esboza, de manera general, el proceso mediante el

100Organización Mundial de la Salud, Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19), supra, nota 5. 101Véase, Oficina de Administración de los Tribunales, Guías Generales para el uso del Sistema de Videoconferencia en los Tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, http://www.ramajudicial.pr/medidas-cautelares/Guias-Generales- Videoconferencia-2020.pdf (última visita 6 de septiembre de 2020). Véase, además, Guías sobre las disposiciones generales para el uso de la videoconferencia en los procedimientos penales. http://www.ramajudicial.pr/medidas-cautelares/Guias-Videoconferencia- Casos-Penales.pdf (última visita 27 de agosto de 2020). CT-2020-17/CT-2020-18 30

cual se podrán atender asuntos de lo penal a través de

videoconferencia, tales como, pero sin limitarse a: lectura

de acusación, procedimientos interlocutorios, vistas sobre

el estado de los procedimientos, alegaciones preacordadas,

imposición de sentencia, vistas de seguimiento, vistas de

revocación de probatoria y vistas de archivo. Id. El uso de

tal mecanismo garantiza el acceso de los ciudadanos y las

ciudadanas a los tribunales, promueve los intereses de la

justicia y permite adelantar los procesos judiciales

mientras esté vigente la emergencia de salud. Id.

De igual forma, y por ser en extremo pertinente para

la correcta disposición de los asuntos que nos ocupan,

precisa señalar que, el Departamento de Corrección y

Rehabilitación adoptó el Reglamento de Emergencia para

Establecer el Procedimiento de Traslado de los Miembros de

la Población Correccional a Procesos Judiciales durante la

Emergencia de la Pandemia del Coronavirus (COVID-19),

Reglamento Núm. 9186, Departamento de Estado, 3 de julio de

2020. Ello, con el fin de restablecer gradualmente los

servicios que se proveen a la población correccional los

cuales se han visto afectados como consecuencia de la

pandemia, y adoptar el protocolo a seguir para la

comparecencia de los confinados a los tribunales cuando así

sea necesario. Id. en las págs. 1-2.

En lo pertinente, el Art. V (2) del referido

reglamento establece que, debido a la vulnerabilidad de la CT-2020-17/CT-2020-18 31

población correccional a contagios, y para evitar que el

virus se propague en las instituciones penales del País, el

Departamento proveerá espacios habilitados para que los

confinados puedan comparecer a sus vistas anteriores al

juicio en su fondo mediante el sistema de videoconferencia.

Id. en la pág. 3. Además, el Art. VI (6) permite la

entrevista presencial entre los abogados y sus clientes,

pero cumpliendo con todas las medidas y protocolos

establecidos por el Departamento de Corrección y

Rehabilitación, el Departamento de Salud de Puerto Rico y

el CDC. Id. en la pág. 5.

Más adelante, el precitado reglamento expresa que los

abogados pueden presentar una solicitud al referido

departamento para que éstos se comuniquen mediante

videoconferencia con sus clientes, desde la misma

institución correccional, pero sin contacto con el

imputado. Id. Por último, éste aclara que solo se

trasladarán sumariados para señalamientos de juicio en su

fondo, sujeto a que la presencia de éstos sea requerida por

el juez o jueza mediante orden escrita debidamente

diligenciada. Id. en la pág. 6.

Es, pues, a luz de la normativa antes expuesta, que

procedemos a disponer de las controversias ante nuestra

consideración.

VIII. CT-2020-17/CT-2020-18 32

Al realizar dicho ejercicio, de entrada, debemos dejar

meridianamente claro que, somos de la opinión que en los

procesos criminales aquí en controversia, así como en

aquellos procedimientos bajo la jurisdicción del Tribunal

de Menores, -- en el curso de vida ordinario de un País --

nada sustituye la presencia física en corte de los

imputados o acusados de delito, o de aquellos menores que

cometen una falta. Esta práctica es preferible en todas las

etapas de los procesos judiciales y, en muchas instancias,

así lo exige la Constitución del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico y la Constitución de los Estados Unidos de

América, y así se ha interpretado en la jurisprudencia de

este Tribunal y del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Ahora bien, ante los retos presentados por la crisis

de salud que se vive en nuestro País como consecuencia de

la pandemia COVID-19, nos vemos en la obligación de emplear

alternativas novedosas que preserven la salud y seguridad

de un Pueblo, y, a su vez, garanticen los derechos de los

imputados o acusados de delito que enfrentan un proceso

criminal, así como de aquellos menores que cometen una

falta y enfrentan determinado proceso judicial. El uso de

los sistemas de videoconferencia en los procedimientos

judiciales es una de ellas.102

102El uso de los sistemas de videoconferencias ha sido fomentado tanto en Puerto Rico como Estados Unidos ya que “[v]irtual proceedings are the best way to maintain social distancing to reduce the spread of COVID-19 and ensure the continued administration of justice through the duration of the crisis”. Véase, National Center for State Courts, State court judges embrace virtual hearings as part of the ‘new CT-2020-17/CT-2020-18 33

Y es que, tal y como señalamos en nuestra Opinión

Disidente en Pueblo v. Cruz Rosario, supra, el mecanismo de

videoconferencia armoniza cabalmente los intereses aquí en

pugna.103 En primer lugar, si bien es cierto que el derecho

normal’. https://www.ncsc.org/newsroom/public- healthemergency/newsletters/videoconferencing (última visita 6 de septiembre de 2020).

Respecto al uso de la plataforma digital Zoom, la Jueza de Distrito Emily Miskel -- quien el 18 de mayo de 2020 presidió el primer juicio por jurado celebrado de manera remota -- reconoce las ventajas de utilizar dicha herramienta. La Jueza Miskel entiende que poder observar al testigo de frente, y no uno de sus lados, mejora la tarea principal del juzgador de hechos, entiéndase, aquilatar credibilidad. “In a real courtroom, they’re sitting sideways to the witness and the witness may be 20 feet away, whereas on Zoom, the witness is right up close to them” Véase, National Center for State Courts, Stories from Inside the Courts: Judge Emily Miskel, https://www.ncsc.org/newsroom/public-health- emergency/newsletters/from-inside-the-courts/judge-emily-miskel (última visita 6 de septiembre de 2020).

103 Entelas medidas para viabilizar el uso efectivo de los sistemas de videoconferencias, en nuestra Opinión Disidente en Pueblo v. Cruz Rosario, supra, señalamos que:

...[e]l tribunal puede exigir que todos los participantes tengan una conexión única y separada a la videoconferencia. Es decir, tanto el Juez o Jueza, como el fiscal, el abogado de defensa, el acusado y los testigos, deben comparecer a la vista por videoconferencia desde una computadora o dispositivo independiente, con su propia cámara y monitor que sirva únicamente a ese participante. Además, el Juez o Jueza deberá advertirles a todos y todas que aun cuando la vista se está celebrando por videoconferencia, aplicarán las mismas formalidades y exigencias que en las vistas celebradas en la sala del Tribunal.

En cuanto a los testigos, éstos podrían ser ubicados en algunos de los salones de medios o de videoconferencia que han sido habilitados en los centros judiciales para esos propósitos. Incluso, el Tribunal puede instruir al alguacil a supervisar al testigo durante su testimonio y mientras se encuentre esperando su turno para declarar. También, se pueden instruir a estos testigos -- so pena de desacato -- que durante el transcurso del procedimiento no deberán tener consigo dispositivos electrónicos, tales como teléfonos celulares, ni podrán comunicarse ni recibir mensajes o instrucciones de otras personas ajenas al Tribunal. Asimismo, a estos últimos se les puede requerir que muevan su cámara de manera tal que las partes puedan inspecciones el lugar desde donde éstos se encuentran y el Juez o Jueza imparta las CT-2020-17/CT-2020-18 34

constitucional a la confrontación es uno que se activa en

la etapa del juicio, lo que de por sí sería suficiente para

disponer de las controversias ante nos, la comparecencia a

la vista preliminar o a la vista de causa probable en casos

de menores -- a través de la mencionada herramienta

tecnológica -- le permite al imputado de delito, así como

al menor que enfrenta determinado proceso judicial, el

confrontar a los testigos que presente el Ministerio

Público o el Procurador o Procuradora de Menores,

contrainterrogarlos y observar el comportamiento de éstos

mientras declaran como si estuviese ocurriendo en las salas

instrucciones que entienda necesarias para asegurar la pureza de los procedimientos.

Por otro lado, del acusado encontrarse recluido en una institución penal, el Juez o Jueza de instancia puede ordenar que se habilite un salón de conferencia privado dentro de la videoconferencia (los llamados “breakout rooms”), de modo que el abogado y su cliente puedan comunicarse en cualquier momento, tal como lo harían presencialmente. Tan pronto el acusado o su abogado levanten la mano o expresen su interés de conferencia, el Juez o Jueza detendrá la vista y los referirá al salón de conferencia privado. De igual manera, estos salones pueden utilizarse por el fiscal y el abogado de defensa para discutir posibles estipulaciones, así como para compartir y mostrar la prueba documental previo a su presentación formal ante el Tribunal conforme a las Reglas de Evidencia.

Por último, conforme a las Guías antes mencionadas, el Tribunal deberá instruir a todos los participantes del proceso que, si en algún momento se enfrenta alguna dificultad técnica, se detendrá la vista y se recesará hasta tanto se pueda restablecer la comunicación. En caso de que no se pueda reestablecer la conexión o comunicación, se suspenderán los procedimientos hasta tanto éstos puedan celebrarse de forma efectiva, ya sea mediante videoconferencia o presencialmente.

Cabe resaltar que, en esta encomienda, el Juez o Jueza deberá contar con la ayuda de su personal de apoyo, entiéndase las secretarias jurídicas o las secretarias de sala. CT-2020-17/CT-2020-18 35

de los tribunales. Asimismo, este mecanismo tiene la

ventaja que permite observar a los restantes participantes

del proceso judicial de forma simultánea.

En segundo lugar, y en lo relativo a la representación

legal adecuada, la videoconferencia no impide que la misma

se realice de forma efectiva. De hecho, como ya mencionamos

previamente, dicha herramienta permite habilitar salones

privados para que el abogado o abogada y su cliente

discutan aquellos asuntos que entiendan pertinentes como

parte de su estrategia de defensa. Véase, nota al calce 9.

Asimismo, con anterioridad a la celebración de la vista de

la cual se trate, la representación legal puede coordinar

citas virtuales con sus clientes -- quienes, como sucede en

el presente caso, se encuentran recluidos en una

institución correccional -- con el propósito de preparar su

defensa y proveer aquellos documentos necesarios, tales

como las declaraciones juradas.104

Por último, el uso de este mecanismo no incide en

manera alguna sobre el aspecto público de las vistas que se

celebren. El juez o jueza establecerá el proceso para que

las personas con interés tengan acceso a las mismas, si así

procede en derecho y conforme a las órdenes que éste emita.

Por otro lado, en el caso de los menores, los padres,

encargados o el defensor judicial, así como los demás

componentes del mencionado proceso judicial, pueden

104 Aclaramos que dichos documentos también pueden ser remitidos de forma presencial de así entenderlo pertinente el abogado o abogada. CT-2020-17/CT-2020-18 36

comparecer a la vista de causa probable a través de la

videoconferencia. Es decir, una vez el tribunal les cite a

la vista, también les notificará la manera en que éstos

podrán acceder a la misma de manera virtual.

A pesar de lo antes dicho, tal cual señala el Hon.

Alfonso Martínez Piovanetti -- juez superior, y quien se ha

dedicado a estudiar estos temas con detenimiento -- la

referida tecnología no está exenta de retos y señalamientos

legítimos. A. Martínez Piovanetti, “El tribunal virtual y

el futuro de la justicia”, en: Opinión, El Nuevo Día, 3 de

septiembre de 2020, pág. 36. “En ocasiones los

participantes enfrentan problemas técnicos con su equipo o

el internet y existe una brecha digital en nuestra

sociedad”. Id. Así pues, como ocurre con la implementación

de nuevas tecnologías en cualquier contexto, la

videoconferencia en los tribunales continuará mejorando.

Id. Con ese fin, resulta necesaria la adopción de varias

medidas tanto por parte de la Rama Judicial, y todos los

funcionarios que de una u otra manera estén involucrados en

los procesos judiciales, así como por parte de las

distintas dependencias gubernamentales.

Por ello, sin lugar a duda es indispensable, no solo

que se viabilice el uso de esta herramienta tecnológica en

las instituciones correccionales, sino que se haga de

manera efectiva, de forma tal que no se menoscaben los

derechos que le asisten a los imputados y acusados. Es CT-2020-17/CT-2020-18 37

decir, el Departamento de Corrección y Rehabilitación tiene

el deber ministerial de actuar con la debida diligencia y

habilitar salones -- en todas las instituciones

correccionales, entiéndase las de adultos y las juveniles -

- que cuenten con las herramientas necesarias para el uso

del sistema de videoconferencia. Lo anterior, no solo con

el fin de que se celebren los procedimientos judiciales que

penden en contra del acusado, sino también para que el

imputado pueda tener una comunicación efectiva con su

representante legal cuando así se requiera.105

IX.

Así pues, y a modo de epílogo, como ha quedado

claramente demostrado, el uso de los sistemas de

videoconferencia para la celebración de los procesos

judiciales aquí en controversia -- entiéndase la

celebración de la vista preliminar y la determinación de

causa probable para presentar querella -- es la forma más

razonable de armonizar los intereses que están en conflicto

en las causas de epígrafe. Sin embargo, debemos aclarar

que, para que este mecanismo proceda, se deben seguir al

pie de la letra las medidas antes reseñadas, y salvaguardar

todas aquellas garantías dispuestas en la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra, la

105 Lo contrario puede dar paso, en su momento, a un argumento de violación a los términos de juicio rápido -- pues el imputado se encuentra bajo la custodia del Estado y no pudo comparecer cuando así se ordenó -- o como fundamento contra la sentencia. Ello conforme dispone nuestra Constitución y las Reglas 64 y 192 de Procedimiento Criminal, supra, respectivamente. CT-2020-17/CT-2020-18 38

Constitución de los Estados Unidos de América, supra, las

Reglas de Procedimiento Criminal, supra, las Reglas de

Evidencia, supra, las Reglas para Asuntos de Menores,

supra, y su jurisprudencia interpretativa.

En esa dirección, como ya mencionamos, -- además de

las instancias contempladas en las Guías Generales para el

Uso del Sistema de Videoconferencia en los Tribunales del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las Guías sobre las

en los procedimientos penales, supra -- entendemos se

sostiene la procedencia del uso del sistema de

videoconferencia para la celebración de los siguientes

procesos: vista de causa probable para arresto (Regla 6),

vista de causa probable para arresto en alzada, vista

preliminar, vista preliminar en alzada, juicio en su fondo

por delito menos grave, y en casos bajo la jurisdicción del

Tribunal de Menores. Como expresamos anteriormente, hacemos

la salvedad que, en estos momentos, no estamos pasando

juicio sobre la corrección o no de autorizar el uso del

sistema de videoconferencia para la celebración de un

juicio en su fondo por delito grave, bien sea por tribunal

de derecho o por jurado.

mencionados, y salvo contadas excepciones, debe limitarse CT-2020-17/CT-2020-18 39

judiciales de los que se trate.

X.

Es, pues, por todo lo anterior, que concurrimos con el

resultado al que llega esta Curia en el día de hoy.106

Ángel Colón Pérez Juez Asociado

106Aclaramos que, aun cuando concurrimos con el dictamen que hoy emite este Tribunal, no avalamos la contumaz y desafiante actitud del Estado al desacatar las órdenes del tribunal de instancia y negarse a transportar a los confinados a las salas de los tribunales, provocando que se suspendieran las vistas en repetidas ocasiones. Si bien la situación que vivimos ha provocado la adopción de medidas drásticas para el funcionamiento de las instituciones gubernamentales, no es menos cierto que las mismas deben implementarse de manera ordenada, eficiente y proveyendo alternativas viables para la comparecencia de los imputados o acusados a los procesos judiciales. Mediante esta Opinión Concurrente -- a nuestro juicio -- se logra lo anterior, al poner punto final a la incertidumbre que permeaba la celebración de los procesos criminales en medio de la pandemia. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ángel N. Santiago Cruz CT-2020-0017 Peticionario cons. con Certificación

El Pueblo de Puerto Rico CT-2020-0018

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ

San Juan, Puerto Rico, a 8 de septiembre de 2020.

Ante la pandemia del COVID-19, no hay duda de que la

tecnología ha sido una herramienta extremadamente útil y

necesaria para enfrentarnos a esta nueva realidad. Ahora

bien, como toda herramienta, la tecnología tiene sus

límites. Así como en el ámbito de la salud, no puede

recurrirse a la telemedicina para realizar todos los

procedimientos médicos, en el ámbito judicial, no podemos

recurrir a las videoconferencias para atender todos los

procedimientos judiciales. Lo anterior, debido a que los

procedimientos criminales activan garantías de nuestra Carta

de Derechos que no se cumplirían mediante un sistema de CT-2020-17/CT-2020-18 2

videoconferencia. Lo anterior cobra aún más importancia

cuando se trata de personas imputadas de delito que están

restringidas previamente de su libertad y que se encuentran

a la merced del Estado. Ante la ausencia de ese

reconocimiento, por parte de este Tribunal, disiento.

De entrada, reconozco que resulta necesario que el

Gobierno de Puerto Rico, al igual que el resto de la

sociedad, utilice las herramientas tecnológicas a su

disposición para fomentar el mayor acceso a sus servicios.

Precisamente, ante esta realidad, la Oficina de la

Administración de los Tribunales aprobó ciertas normas, en

las cuales promueve que los procedimientos judiciales se

celebren mediante videoconferencia. Lo anterior, en aras de

minimizar el contacto físico, descongestionar los tribunales

y disminuir las posibilidades de contagio. Ciertamente, esta

medida se justifica en muchísimos casos de naturaleza civil

y administrativa.

Sin embargo, la aplicación de esta política de la

transmisión mediante videoconferencia al ámbito criminal

debe de ser extremadamente cuidadosa y rigurosa. No podemos

equiparar a una persona que enfrenta un proceso criminal al

tratamiento de una mera persona testigo u otras figuras del

procedimiento criminal. Ello, pues la Constitución de Puerto

Rico provee una serie de protecciones y garantías

fundamentales a favor de la persona imputada de delito que

exigen necesariamente su presencia física en el tribunal,

con acceso adecuado y efectivo a su representación legal,

enfrentándose cara a cara a las personas testigos que CT-2020-17/CT-2020-18 3

declaren en su contra y participando activamente de su

defensa. Por tanto, toda renuncia que haga una persona

imputada a estos derechos debe ser voluntaria, inteligente,

consciente y debidamente consultada con su representación

legal.

A pesar de lo anterior, tanto el Departamento de

Corrección y Rehabilitación como el Departamento de Salud,

han aprobado ciertas reglamentaciones en las cuales omiten

esos reconocimientos constitucionales, erigen una barrera a

la comparecencia presencial y obligan a las personas

confinadas a comparecer a distintas etapas del procedimiento

criminal en su contra a través de videoconferencia.

Específicamente, desde unas salas presuntamente habilitadas

en las instituciones carcelarias del País. A través de estas

normas, el Estado se está atribuyendo la capacidad absoluta

y automática de privar a las personas confinadas de sus

derechos constitucionales.

Indudablemente, este proceder viola rampantemente los

derechos y las protecciones constitucionales más

fundamentales de nuestro ordenamiento. Con un plumazo, se le

limita a las personas confinadas su derecho a una

representación legal, se le coarta su derecho a la

confrontación y se deja en el olvido su derecho a una vista

pública. Una violación más clara y palpable al debido

proceso de ley que ésta, difícil.

Desafortunadamente, una Mayoría de este Tribunal valida

las normas aprobadas por las entidades gubernamentales en

controversia, y resuelve que los derechos individuales están CT-2020-17/CT-2020-18 4

a la merced y al arbitrio del Estado. Así, pautan un

precedente peligrosísimo que valida la suspensión de los

derechos constitucionales de las personas ante un estado de

emergencia.

Distinto a lo pautado en la Opinión mayoritaria,

hubiese resuelto que los procedimientos en el ámbito

criminal se puedan transmitir mediante videoconferencia

siempre y cuando medie el consentimiento de la persona

imputada de delito. Tal como lo estimó el Congreso Federal

de los Estados Unidos, las vistas criminales se deberían

celebrar mediante videoconferencia sólo si la persona

imputada así lo decide, luego de haber consultado con su

representación legal. Sólo de esta manera se justificaría

jurídicamente la celebración de estos procedimientos

mediante videoconferencia, pues correspondería a la persona

imputada determinar si renuncia a estos derechos de manera

voluntaria, inteligente y expresa.

Debemos recordar que “[l]os estados de emergencia son

críticamente importantes desde la perspectiva de los

derechos humanos debido a que la suspensión del estado de

derecho frecuentemente redunda en violaciones sistemáticas a

los derechos humanos. Las mismas presiones políticas que

promueven que los Estados declaren estados de emergencia

generan a su vez incentivos fuertes para que los Estados

violen sus obligaciones con los derechos humanos durante las

emergencias”. (Traducción suplida). E. J. Criddle y E. Fox-

Decent, Human Rights, Emergencies, and the Rule of Law, 34

Hum. Rts. Q. 39, 45-46 (2012). CT-2020-17/CT-2020-18 5

Es por ello que los estados de emergencia no pueden

tener el efecto directo de violar los derechos y las

garantías constitucionales que se diseñaron precisamente

para evitar el abuso del poder punitivo del Estado. Al

contrario, la democracia que es verdaderamente sólida y

fuerte florece en momentos como éstos, pues a pesar de la

crisis y el caos, no vacila en proteger la dignidad y los

derechos individuales de su Pueblo. Ciertamente, nos

restaba mucho camino por recorrer para alcanzar esa

aspiración y ahora nos resta mucho más.

Debido a que hoy se resuelve lo contrario y se valida

la suspensión de los derechos constitucionales de las

personas restringidas de su libertad, enérgicamente

disiento. Veamos brevemente el cuadro fáctico de la

controversia ante nos.

Ante la inminente emergencia que generó el COVID-19, la

Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT) aprobó

las Guías generales para el uso del sistema de

videoconferencia en los tribunales del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, marzo de 2020 (Guías generales). En las

mismas, se dispone que los siguientes procedimientos se

podrán celebrar mediante videoconferencia:

1) cualquier vista o conferencia en casos criminales, civiles y de relaciones de familia y menores, que no sean de naturaleza probatoria; 2) vistas o conferencias en casos civiles, criminales y de relaciones de familia y menores para atender asuntos de naturaleza probatoria cuando medie el consentimiento de las partes y sujeto a la evaluación y aprobación del Tribunal; . . . CT-2020-17/CT-2020-18 6

12) cualquier procedimiento autorizado por el Tribunal, con el aval del (de la) Juez(a) Administrador(a), aun cuando no medie el consentimiento de todas las partes, debido a que requerir la presencia de una persona en el Tribunal sería oneroso, no deseable o inconveniente o ponga en riesgo su seguridad, y además el uso de la videoconferencia promovería intereses de justicia y no representaría una desventaja significativa para las partes. (Énfasis suplido). Íd., inciso V (1-2,9), págs. 9-10.

Entiéndase, las Guías generales aprobadas por la OAT

requieren, de ordinario, el consentimiento de la persona

imputada de delito para que una etapa del procedimiento

criminal que sea de naturaleza probatoria se celebre

mediante videoconferencia. Sin embargo, las Guías generales

reconocen un grado de discreción para que se celebre

cualquier tipo de procedimiento mediante videoconferencia,

sin el consentimiento de las partes. Guías generales, supra,

inciso V (9), pág. 10.

Posteriormente, el Departamento de Corrección y

Rehabilitación (Departamento de Corrección) aprobó el

Protocolo enmendado para el restablecimiento gradual de los

servicios a la población correccional ante la propagación

del coronavirus (COVID-19), 17 de junio de 2020 (Protocolo).

En esencia, el Protocolo dispone que todas las personas

encarceladas en Puerto Rico comparecerán a las vistas

judiciales anteriores y posteriores al juicio mediante

videoconferencia. Íd., inciso VI, pág. 12. De igual modo,

provee que, a juicio del Departamento de Corrección, se han

habilitado suficientes salas en las instituciones

carcelarias para que ello sea posible. CT-2020-17/CT-2020-18 7

Subsiguientemente, el Departamento de Corrección aprobó

el Reglamento de emergencia para establecer el procedimiento

de traslado de los miembros de la población correccional a

procesos judiciales durante la emergencia de la pandemia del

coronavirus (COVID-19), 3 de julio de 2020 (Reglamento). En

el mismo, se reitera que la agencia administrativa no

estaría transportando persona confinada alguna a

procedimientos judiciales previos o anteriores al juicio que

se celebren presencialmente. Íd., Art. VI (8), pág. 5. Por

tanto, obliga a toda la población correccional a comparecer

a las etapas preliminares y posteriores a su juicio mediante

El Reglamento establece esta medida de manera

obligatoria, por lo que no ausculta si la persona confinada

consiente o no a participar en el procedimiento criminal en

su contra mediante videoconferencia. Al contrario, provee

que como único se transportará a una persona confinada a un

foro judicial será cuando se trate de un juicio en su fondo

y cuando lo ordene el juez o la jueza de la sala asignada.

Íd., Art. VI (9), pág. 6. A pesar de lo anterior, intimó que

“ciertos procedimientos de juicio en su fondo, bajo una

evaluación caso a caso, dicho procedimiento puede celebrarse

mediante el mecanismo de videoconferencia sin afectar

derecho constitucional alguno”. Íd., Art. V (3), pág. 4.

Por otro lado, el Reglamento se limita a notificar

superficialmente que las salas de videoconferencia han sido

habilitadas. No obstante, el mismo no especifica

adecuadamente el funcionamiento de las mismas ni las medidas CT-2020-17/CT-2020-18 8

concretas que se tomarán para una celebración eficiente del

proceso. A modo de ejemplo, el Reglamento omite información

en torno a: si todas las instituciones carcelarias cuentan

con dichas salas, la composición de esas salas, la

plataforma digital en la cual se transmitirá la

videoconferencia, la manera en que la persona confinada se

podrá comunicar con su representación legal, las medidas que

se tomarán para garantizar la confidencialidad de esas

comunicaciones, la manera en que la persona imputada podrá

observar y analizar la prueba que se presente en su contra,

y las personas que estarán presentes junto a la persona

confinada durante la celebración de la vista.

Por último, el Departamento de Salud reiteró las normas

antes expuestas mediante la Orden Administrativa para

establecer las medidas mínimas que debe tomar el

Departamento de Corrección y Rehabilitación del Gobierno de

Puerto Rico como parte del plan de reapertura y servicios a

la población correccional ante la emergencia provocada por

la pandemia del COVID-19, Orden Administrativa Núm. 454, 3

de julio de 2020 (Orden Administrativa). En la misma, se

establece lo siguiente:

Los confinados bajo la custodia de cualquier facilidad correccional del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, solo serán transportados fuera de la facilidad correccional para asistir a procedimientos de juicio en su fondo, cuya comparecencia resulte, indispensable para garantizar un derecho constitucional fundamental reconocido, tras una evaluación judicial particularizada al caso que no deje otra alternativa posible. El resto de la población correccional permanecerá, como hasta el presente, en aislamiento preventivo y participará sincrónicamente de los procedimientos judiciales CT-2020-17/CT-2020-18 9

mediante los mecanismos de videoconferencia, según dispuesto en el Reglamento de emergencia adoptado por el Departamento de Corrección. Íd., inciso cuarto, pág. 6.

Como puede apreciarse, las disposiciones antes

reseñadas niegan determinantemente el derecho de las

personas confinadas a comparecer presencialmente a las

etapas del procedimiento criminal que son objeto de

controversia en los recursos ante nos. En ese sentido, se

les está obligando – distinto al resto de las personas que

viven en la libre comunidad – a enfrentarse a la maquinaria

criminal del Estado desde la institución carcelaria en la

que se encuentran.

Particularmente, en el caso ante nos, el Sr. Ángel N.

Santiago Cruz (señor Santiago Cruz) y el menor F.L.R.

estaban citados para una vista preliminar - y su equivalente

- en conformidad a la Regla 23 de Procedimiento Criminal,

infra, y a la Regla 2.10 de Procedimiento para Asuntos de

Menores, infra, respectivamente. Ambos invocaron su derecho

a comparecer presencialmente a la vista, pues sostuvieron

que la transmisión mediante videoconferencia laceraría sus

derechos constitucionales, entre ellos: el derecho a un

debido proceso de ley, el derecho a carearse con los

testigos que se presenten en su contra, el derecho a una

representación legal adecuada, el derecho a una vista

pública y el derecho a realizar un contrainterrogatorio

efectivo.

A pesar de lo anterior, una Mayoría de este Tribunal

avala y pauta que el señor Santiago Cruz y el menor F.L.R. CT-2020-17/CT-2020-18 10

están obligados a comparecer a los procedimientos mediante

videoconferencia. En consecuencia, validan las normas

aprobadas por las distintas entidades gubernamentales ante

la pandemia. Según adelanté, discrepo enérgicamente de esta

conclusión.

A continuación, expondremos el derecho aplicable a la

controversia ante nuestra consideración.

Como es conocido, la Constitución de Puerto Rico provee

que la libertad es un derecho fundamental de todas las

personas. Art. II, Sec. 7, Const. PR., LPRA, Tomo 1. A la

luz de lo anterior, la Ley Suprema dispone que ninguna

persona será privada de su libertad sin un debido proceso de

ley. Íd. Tal protección se encuentra igualmente en la

Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados

Unidos. Emda. XIV, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1.

En el contexto penal, la doctrina del debido proceso de

ley exige que toda intervención del Estado se realice

mediante un procedimiento justo e imparcial. Rivera Santiago

v. Srio. de Hacienda, 119 DPR 265, 274 (1987). Así, exige

que el Estado aplique las normas penales a los ciudadanos y

ciudadanas con rigurosa justicia y precisión. Lo anterior,

protege a la ciudadanía de intervenciones del Estado que

estremezcan la conciencia y que sean fundamentalmente

injustas. E. L. Chiesa Aponte, Procedimiento Criminal y la

Constitución: Etapa investigativa, Puerto Rico, Ediciones

Situm, 2018, págs. 19-20. De igual modo, promueve que “se CT-2020-17/CT-2020-18 11

minimicen los riesgos de penalizar a un [o una] inocente, se

proteja a las personas del poder abusivo por parte del

Estado y se genere una atmósfera de justicia imparcial”.

Pueblo v. Moreno González, 115 DPR 298, 301 (1984).

Al ser una de las garantías más amplias de nuestro

ordenamiento criminal, el debido proceso de ley se extiende

a todas las etapas de un procedimiento penal, desde tan

temprano como en la etapa investigativa. Chiesa Aponte,

investigativa, op. cit., pág. 17. Precisamente, hemos

reconocido que “se ha extendido la aplicación de los

componentes básicos del debido proceso de ley a las

actuaciones del Estado antes del arresto o inicio de la

acción penal”. (Énfasis suplido). Pueblo v. Esquilín

Maldonado, 152 DPR 257, 262 (2000). Véase, Pueblo v. Nazario

Aponte, 198 DPR 962, 993-994 (2017) (Estrella Martínez, J.,

Voto disidente).

Cónsono con ello, la Carta de Derechos de la

Constitución de Puerto Rico reconoce una gama de garantías y

protecciones a favor de toda persona imputada o acusada de

delito. A esos fines, provee que:

En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido y público, a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación recibiendo copia de la misma, a carearse con los testigos de cargo, a obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su favor, a tener asistencia de abogado, y a gozar de la CT-2020-17/CT-2020-18 12

presunción de inocencia. (Énfasis suplido). Art. II, Sec. 11, Const. PR., LPRA, Tomo 1.

Como puede apreciarse, esta disposición no limita estos

derechos a alguna etapa en particular del procedimiento

criminal. Al contrario, expresamente hace referencia a todas

las etapas de un enjuiciamiento penal, lo cual

necesariamente incluye etapas investigativas y preliminares

a la acusación formal. Veamos brevemente algunos de estos

pilares.

La Carta de Derechos expone que las personas acusadas

de delito tendrán derecho a un juicio público.107 Art. II,

Sec. 11, Const. PR., LPRA, Tomo 1. En ese sentido, fue la

intención de la Convención Constituyente que la justicia en

Puerto Rico se administrara públicamente. Lo anterior, con

el propósito importante de evitar “la aplicación del poder

punitivo del Estado a espaldas de la supervisión popular”.

J. Farinacci Fernós, La Carta de Derechos, pág. 143

(manuscrito no publicado).

La publicidad de los procedimientos criminales promueve

que se administre la justicia de forma eficiente y que se

salvaguarden los derechos de la persona acusada. “La

exigencia de un juicio público es en beneficio del acusado;

que el público pueda observar la forma en que él está siendo

enjuiciado y no condenado injustamente mantiene a sus

juzgadores atentos a la responsabilidad e importancia de sus

funciones”. Pueblo v. Elicier Díaz I, 183 DPR 167, 176-177

107Sabido es que la Corte Suprema de los Estados Unidos extendió su aplicación a la vista preliminar. Véase, Press- Enterprise Co. v. Superior Court, 478 US 1 (1986); El Vocero de Puerto Rico v. Puerto Rico, 508 US 147 (1993). CT-2020-17/CT-2020-18 13

(2011). De igual manera, la publicidad fomenta la

participación de las personas testigos, mientras que

desalienta el perjurio. Íd., pág. 177.

Por otro lado, el derecho a asistencia legal en

procedimientos criminales se ha consagrado como una parte

fundamental del debido proceso de ley. Art. II, Sec. 11,

Const. PR., LPRA, Tomo 1; Pueblo v. Gordon, 113 DPR 106

(1982). La Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados

Unidos reconoce igualmente esta protección. Emda. VI, Const.

EE.UU., LPRA, Tomo 1. La Corta Suprema de los Estados Unidos

ha reconocido que este derecho es fundamental en todo

proceso criminal. Gideon v. Wainwright, 372 US 335, 342-344

(1963).

Hemos sido enfáticos en que este derecho exige que la

asistencia legal sea adecuada y efectiva. Pueblo v. Ortiz

Couvertier, 132 DPR 883, 887 (1993). Entiéndase, no basta la

mera designación de un o una representante legal. Este

derecho va más allá de garantizar la presencia o la

comparecencia de un abogado o una abogada.

Tal garantía exige necesaria y obligatoriamente “una

oportunidad razonable para conferenciar con el acusado y

colocarse en condiciones de hacer una defensa efectiva”.

(Énfasis suplido). Hernández v. Delgado, Jefe Penitenciaria

Estatal, 82 DPR 488, 490 (1961). Por tanto, solo una

representación diligente y activa cumple con el estándar

constitucional. De igual modo, este Tribunal ha delineado

ciertos criterios para determinar si se ha menoscabado el CT-2020-17/CT-2020-18 14

derecho a representación legal. Particularmente, resolvió lo

siguiente:

El derecho a tener una efectiva o adecuada representación legal puede quedar menoscabado cuando:

[(a)] el abogado es incompetente para la tarea que se le asigna, [(b)] como cuestión de hecho la labor desplegada demuestra su inefectividad, [(c)] hay un potencial o actual conflicto de intereses para el abogado, [(d)] las reglas o actuaciones del tribunal constituyen una limitación irrazonable al derecho a tener adecuada asistencia de abogado. (Énfasis suplido). Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra, pág. 888 (citando a E. L. Chiesa, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. I, Sec. 7.9, págs. 449–550).

Como adelantamos, el derecho a la asistencia legal

exige que los tribunales provean y garanticen las

condiciones necesarias para viabilizar esa representación

adecuada y eficiente. De lo contrario, toda normativa que

limite u obstaculice la capacidad del abogado o la abogada

de ejercer su trabajo adecuadamente lacera el postulado

constitucional. El mismo resultado tendría toda medida que

restrinja la capacidad de la persona acusada de aportar

efectivamente a su defensa mediante la comunicación y la

colaboración con su representación legal.

Como bien dispone el Catedrático Ernesto L. Chiesa

Aponte:

[E]l derecho a asistencia de abogado supone que el acusado esté ubicado junto a su abogado, cerca de él, de forma que pueda recibir la ayuda que le garantiza la cláusula constitucional. Durante la presentación de toda la prueba, el acusado y el abogado deben tener la oportunidad de conversar, sin obstruir la buena marcha del juicio, lo que supone la proximidad entre ellos. Así, pues, el derecho del acusado a estar presente en el juicio CT-2020-17/CT-2020-18 15

incluye el derecho a que no se le ubique en un lugar desde el cual no pueda estar frente a los testigos, ni en un lugar donde se le haga difícil o impráctica la comunicación con su abogado. (Énfasis suplido). E. L. Chiesa Aponte, Procedimiento Criminal y la Constitución: Etapa Adjudicativa, 1ra ed., San Juan, Puerto Rico, Ediciones Situm, 2018, pág. 168.

Asimismo, la Carta de Derechos consagra el derecho

fundamental a confrontar a las personas testigos que el

Ministerio Público presente en contra de la persona acusada.

Art. II, Sec. 11, Const. PR., LPRA, Tomo 1; Pioner v. Texas,

380 US 400, 403 (1965). La Sexta Enmienda de la Constitución

de los Estados Unidos reconoce igualmente el derecho a la

confrontación. Emda. VI, Const. EE.UU., LPRA, Tomo 1.

El derecho constitucional a la confrontación provee

tres (3) protecciones esenciales: (1) el derecho a carearse

con los testigos de cargo; (2) el derecho a contrainterrogar

a dichos testigos, y (3) el derecho a que se excluya cierta

prueba de referencia.108 Pueblo v. Pérez Santos, 195 DPR 262,

269-270 (2016). Estos componentes indispensables del derecho

108Recientemente, en Pueblo de Puerto Rico v. Daniel Cruz Rosario, 2020 TSPR 90 (res. 25 de agosto de 2020), una Mayoría de este Tribunal reiteró cierta jurisprudencia estatal que minimizaba el valor del derecho al careo en nuestro ordenamiento. Es menester reiterar mi enérgico disenso ante estos fundamentos y aclarar que, a la luz de pronunciamientos de la Corte Suprema de los Estados Unidos, tales expresiones no tienen vigencia actualmente. El derecho al careo es un componente esencial del derecho a la confrontación, al igual que el derecho al contrainterrogatorio y la exclusión de prueba de referencia. Véase, Pueblo de Puerto Rico v. Daniel Cruz Rosario, 2020 TSPR 90 (res. 25 de agosto de 2020), (Estrella Martínez, J., Opinión disidente); R. Cortés Moreno, Un análisis del derecho a confrontación puertorriqueño y la constitucionalidad de las Reglas 37 y 39 de Evidencia según enmendadas por la Ley 42 de 7 de junio de 1988, 37 Rev. Der. P.R. 25 (1998); E. L. Chiesa Aponte, Los derechos de los acusados y la factura más ancha, 65 Rev. Jur. UPR 83, 95-96 (1996). CT-2020-17/CT-2020-18 16

a la confrontación son fundamentales en todo procedimiento

criminal.

Particularmente, el primer componente del derecho a la

confrontación le garantiza a la persona imputada la

oportunidad de enfrentarse cara a cara a las personas que

testifiquen en su contra. “[E]l derecho al ‘careo’ no es un

elemento secundario, sino la columna vertebral del derecho a

confrontación en sí”. R. Cortés Moreno, Un análisis del

derecho a confrontación puertorriqueño y la

constitucionalidad de las Reglas 37 y 39 de Evidencia según

enmendadas por la Ley 42 de 7 de junio de 1988, 37 Rev. Der.

P.R. 25, 43 (1998). De hecho, la Corte Suprema de los

Estados Unidos ha catalogado el derecho al careo como un

elemento esencial del derecho a la confrontación, pues

salvaguarda la confiabilidad y la justicia del procedimiento

criminal. Coy v. Iowa, 487 US 1012, 1018-1019 (1990).

Ahora bien, la Corte Suprema de los Estados Unidos

resolvió en Maryland v. Craig, 497 US 836 (1990), que el

derecho al careo puede prescindirse en circunstancias

excepcionales y particulares. A esos fines, determinó que

cualquier medida que lacere el derecho al careo debe

fundamentarse en una política pública apremiante y que la

medida sea absolutamente necesaria para proteger ese

interés. Íd., pág. 850; Cortés Moreno, supra. De igual modo,

deben existir otros indicios que garanticen la confiabilidad

del testimonio, como el juramento de la persona testigo, la

oportunidad de contrainterrogar y la capacidad del jurado de

apreciar el testimonio. Maryland v. Craig, supra, pág. 845- CT-2020-17/CT-2020-18 17

846. Como puede apreciarse, “[e]l derecho al careo, por ser

fundamental, no puede interpretarse restrictivamente”.

(Énfasis suplido). Pueblo v. Ruiz Lebrón, 111 DPR 435, 452

(1981) (Irizarry Yunqué, J., Opinión disidente).

De igual modo, el segundo componente del derecho a la

confrontación, permite que la persona acusada tenga la

oportunidad de contrainterrogar efectivamente a la persona

testigo. El derecho al contrainterrogatorio es necesario

para la protección adecuada de los derechos de una persona

acusada de delito. En ese sentido, la Corte Suprema de los

Estados Unidos ha dispuesto que “probably no one, certainly

no one experienced in the trial of lawsuits, would deny the

value of cross-examination in exposing falsehood and

bringing out the truth in the trial of a criminal case”.

Pointer v. Texas, 380 US 400, 404 (1965).

Adviértase que todos estos derechos constitucionales

cobijan a toda persona imputada de delito. La única

justificación jurídica que existe para que una persona no

goce de estos derechos es que ésta renuncie a los mismos

voluntaria, consciente e inteligentemente. Pueblo v. Medina

Hernández, 158 DPR 489, 504 (2003). Para ello, la persona

debe ser orientada sobre los derechos constitucionales que

le cobijan para así tener pleno conocimiento sobre los

efectos y las consecuencias de renunciarlos. Pueblo v. López

Rodríguez, 118 DPR 515, 539 (1987). De igual modo, la

renuncia debe ser en ausencia de cualquier tipo de

intimidación, coacción o violencia. Pueblo v. Ruiz Bosch,

127 DPR 762, 775 (1991). CT-2020-17/CT-2020-18 18

La misma protección se extiende a los procedimientos

conforme a la Ley de Menores de Puerto Rico, 34 LPRA sec.

2201-et seq. Específicamente, nuestro ordenamiento provee

que, previo a que un o una menor de edad renuncie a algún

derecho constitucional, el tribunal debe cerciorarse de que

su renuncia es libre, inteligente y que conoce todas las

consecuencias de ello. Íd., 34 LPRA sec. 2211. De hecho, la

Ley de Menores, supra, va más allá, y exige que toda

renuncia a un derecho constitucional debe ser en presencia

de sus padres o encargados y de su representación legal. Íd.

En nuestro ordenamiento, toda persona imputada de

delito grave tiene derecho a una vista preliminar. Regla 23

de Procedimiento Criminal, supra. En la misma, el tribunal

tiene la tarea de auscultar si existe causa probable para

radicar una acusación contra la persona. Lo anterior, tiene

como propósito garantizar que el Estado tenga una

justificación adecuada para someter a una persona a la

maquinaria de un juicio criminal. Pueblo v. Ortiz,

Rodríguez, 149 DPR 363, 374 (1999). La vista preliminar es

de tal importancia, que la hemos catalogado como “el umbral

del debido proceso de ley”. Pueblo v. Soler, 163 DPR 180,

192 (2004).

Cónsono con ello, la Regla 23 de Procedimiento Criminal,

34 LPRA Ap. II, reconoce varios derechos y garantías a favor

de la persona imputada en esta etapa, tales como el derecho CT-2020-17/CT-2020-18 19

a ser citado a la vista, a que la vista se celebre

públicamente, a estar representado por un abogado o abogada,

a contrainterrogar testigos, a examinar las declaraciones

juradas de quienes testifiquen en su contra y a presentar

prueba a su favor. Íd. Véase, El Vocero de Puerto Rico v.

Puerto Rico, 508 US 147 (1993); Pueblo v. Rivera, 167 DPR

812, 817 (2006). Nótese como se codificaron expresamente los

derechos dispuestos en la Carta de Derechos discutidos

anteriormente. Asimismo, una vez la Asamblea Legislativa

incorporó estos derechos mediante la vía estatutaria, “éstos

pasa[ron] a formar parte integral del debido proceso de

ley”. Pueblo v. Rivera Martell, 173 DPR 601, 615–616 (2008).

En consecuencia, en una vista preliminar, una persona

imputada de delito tiene derecho a que la misma se celebre

públicamente. Así lo resolvió expresamente la Corte Suprema

de los Estados Unidos. Press-Enterprise Co. v. Superior

Court, 478 US 1 (1986); El Vocero de Puerto Rico v. Puerto

Rico, 508 US 147 (1993).

De igual modo, la persona imputada de delito está

cobijada por el derecho constitucional a asistencia legal.

Pueblo v. Padilla Flores, 127 DPR 698, 703 (1991). Con ello,

la persona tiene derecho a preparar una defensa efectiva, a

participar activamente del proceso criminal en su contra y a

tener la oportunidad de consultar continuamente con su

representación legal. Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra,

pág. 887.

Cónsono con lo anterior, la persona imputada tiene el

importante derecho de examinar las declaraciones juradas de CT-2020-17/CT-2020-18 20

quienes testifiquen en su contra. Valga señalar que esas

declaraciones se entregan el mismo día de la vista, una vez

el Ministerio Público culmine el interrogatorio directo a la

persona testigo. Regla 23 de Procedimiento Criminal, supra;

Pueblo v. Rodríguez López, 155 DPR 894, 902-903 (2002). Por

tanto, es de suma importancia que la persona imputada pueda,

junto a su abogado o abogada, examinar adecuadamente el

contenido de esas declaraciones y tomar las decisiones

pertinentes en torno a los próximos pasos en el

contrainterrogatorio. Lo anterior, está íntimamente

relacionado con el derecho de la persona imputada a realizar

un contrainterrogatorio.

En ese sentido, nuestro ordenamiento reconoce

expresamente el derecho de la persona imputada a realizar un

contrainterrogatorio efectivo a las personas testigos que

declaren en la etapa de vista preliminar. Así, tal derecho

activa las protecciones de la cláusula del derecho a la

confrontación, entre ellas, el derecho a carearse con las

personas testigos y a excluir cierta prueba de referencia.

Resolver lo contrario, laceraría el debido proceso de ley de

toda persona imputada de delito. Véase, C. Holst, The

Confrontation Clause and Pretrial Hearings: A Due Process

Solution, 2010 U. Ill. L. Rev. 1599 (2010); E. Silva Avilés,

Derecho a la confrontación luego de Crawford y Davis, 10

Rev. Jur. LexJuris P.R., feb. 2007.

Similarmente, en el contexto de la Ley de Menores de

Puerto Rico, supra, existe un procedimiento análogo al de

una vista preliminar. A esos fines, la Regla 2.10 de CT-2020-17/CT-2020-18 21

Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 LPRA Ap. I-A,

regula la vista de determinación de causa probable para

radicar querella. En la misma, el tribunal tiene la

encomienda de determinar si “existe rastro de prueba

necesario sobre los elementos esenciales de la falta y su

conexión con el menor imputado”. Íd.

Toda interpretación de la Ley de Menores de Puerto Rico,

supra, debe realizarse en aras de “garantizar a todo menor

reconocimiento de sus derechos constitucionales”. Art. 2 de

la Ley de Menores de Puerto Rico, supra, 34 LPRA sec. 2202.

En virtud de lo anterior, el foro judicial tiene la

obligación de orientar al menor de edad sobre los derechos

constitucionales que le cobijan en toda vista de

determinación de causa probable para presentar una querella.

Asimismo, al igual que en una vista preliminar para personas

adultas, el o la menor de edad tiene derecho a asistencia

legal, a contrainterrogar a las personas que testifiquen en

su contra y a presentar prueba a su favor.

A la luz de sus similitudes, “[e]ste Tribunal ha

resuelto que la vista de determinación de causa probable

estatuida en la Regla 2.10 de Procedimiento para Asuntos de

Menores corresponde a la vista preliminar para determinación

de causa probable para radicar una acusación en los casos de

adultos codificada en la Regla 23 de Procedimiento

Criminal”. (Énfasis en el original). Pueblo en interés menor

G.R.S., 149 DPR 1, 18 (1999). En consecuencia, la

jurisprudencia interpretativa de la vista preliminar CT-2020-17/CT-2020-18 22

contenida en la Regla 23 de Procedimiento Criminal, supra,

es extensiva a la vista de determinación de causa probable

para radicar querella dispuesta en la Regla 2.10 de

D.

Como puede apreciarse, la Constitución de Puerto Rico,

las Reglas de Procedimiento Criminal y su jurisprudencia

interpretativa suponen que la vista preliminar, al igual que

las demás etapas de un procedimiento criminal, se celebrará

presencialmente. Las Reglas de Procedimiento Criminal solo

contemplan, a modo de excepción, que menores de edad,

personas que padezcan de algún impedimento mental o personas

que hayan sido víctimas de ciertos delitos de naturaleza

sexual, podrán testificar mediante un mecanismo de circuito

cerrado. Sin embargo, para que se autorice el uso de la

videoconferencia, obligatoriamente se debe celebrar una

vista de necesidad para determinar si el bienestar de la

persona testigo exige que ésta testifique fuera de la

presencia de la persona acusada.

Sin embargo, incluso en estas circunstancias

excepcionales, se exige un procedimiento conforme a la

jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en

el cual se ausculta en cada uno de los casos, si la

transmisión mediante videoconferencia es absolutamente

necesaria para el interés público que se interesa proteger.

Por tanto, en nuestro ordenamiento, no se puede prescindir

del requisito de la presencia de la persona imputada

ligeramente. Ciertamente, este Tribunal tiene la facultad de CT-2020-17/CT-2020-18 23

pautar mediante jurisprudencia la adopción de mecanismos que

vayan dirigidos a preservar, dentro de lo posible, los

derechos constitucionales en los procedimientos criminales,

en circunstancias apremiantes y excepcionales que lo

ameriten.

Sin embargo, resulta lamentable y paradójico que

recientemente este Tribunal se negó a reconocer por vía

excepcional el mecanismo de videoconferencia para personas

testigos, a fin de garantizar que la persona acusada

estuviese en mejor posición de ejercitar su derecho a la

confrontación. Pueblo de Puerto Rico v. Daniel Cruz Rosario,

2020 TSPR 90 (res. 25 de agosto de 2020). Paradójicamente,

hoy están prestos a validar normas administrativas de

agencias que vulneran garantías constitucionales que se

activan en todo procedimiento criminal.109

Por otro lado, el ordenamiento federal ha provisto de

un esquema mucho más razonable en torno al uso de la

videoconferencia en el contexto penal, el cual pudo ser

utilizado por este Tribunal. Particularmente, el Congreso de

109Precisamente, intentos pasados de privar a las personas imputadas de delito de participar presencialmente de los procedimientos criminales en su contra han sido rechazados por la Asamblea Legislativa. En el pasado, se han presentado proyectos de ley con el propósito de obligar a la población correccional a participar de ciertas etapas del procedimiento criminal en su contra mediante transmisión electrónica desde las instituciones carcelarias del País. Véase, P. de la C. 111 de 2 de enero de 2017, 18va Asam. Leg., 1ra Ses. Ord.; P. de la C. 1957 de 8 de mayo de 2014, 17ma Asam. Leg., 3ra Ses. Ord. Al igual que las medidas ante nuestra consideración en el día de hoy, estos proyectos no auscultaban el consentimiento de la persona imputada de delito para ello. Estas medidas no fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa. CT-2020-17/CT-2020-18 24

los Estados Unidos adoptó el Coronavirus Aid, Relief, and

Economic Security Act (Ley CARES), Pub. L. No. 116-136 (27

de marzo de 2020). Mediante la misma, se autorizó el uso de

la videoconferencia en varios procedimientos previos y

posteriores al juicio. Íd., Sec. 15002 (b)(1). Sin embargo,

la Ley CARES dispone expresamente que, para ello, se

requiere el consentimiento informado de la persona o del

menor de edad, luego de haber consultado con su

representación legal. Íd., Sec. 15002 (4).

A la luz de lo anterior, la Corte de Distrito para el

Distrito de Puerto Rico autorizó igualmente el uso de la

videoconferencia en el contexto criminal, sujeto al

consentimiento de la persona acusada. In re: Corona Virus

(COVID 19) Public Emergency, Misc. No. 20-0088 (GAG). Es

menester destacar que, tanto la Ley CARES como la Corte de

Distrito para el Distrito de Puerto Rico, no autorizan el

uso de la videoconferencia en la etapa de juicio.

Similarmente, en el ámbito internacional se ha

contemplado igualmente el uso del instrumento de la

tecnología para agilizar los procedimientos judiciales en el

contexto penal. Específicamente, la Unión Europea acordó que

sus Estados miembros pueden celebrar audiencias con las

personas acusadas de delito mediante videoconferencia. Art.

10(9), Convenio relativo a la asistencia judicial en

material penal entre los Estados miembros de la Unión

Europea, Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 12 de

julio de 2000, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42000A0712(01)&from=EN. No CT-2020-17/CT-2020-18 25

obstante, distinto a las normas locales anteriormente

discutidas, los Estados miembros de la Unión Europea

acordaron que ello sólo procederá si la persona acusada de

delito consiente a ello. De lo contrario, el procedimiento

se celebrará presencialmente como de costumbre.

Como vemos, hay una tendencia en otros ordenamientos de

condicionar el uso de la videoconferencia en el contexto

penal al consentimiento informado de la persona imputada de

delito. Ello, es cónsono con los postulados propios de

nuestro ordenamiento que parten de la premisa de que,

incluso en etapas preliminares, hay un derecho

constitucional a estar presente en el procedimiento, junto a

su representación legal, participando activamente de su

defensa y careándose con los testigos presentados en su

contra. De igual modo, satisface adecuadamente los

requisitos para renunciar válida y adecuadamente a un

derecho constitucional, pues se garantiza que el mismo es

voluntario, inteligente y consciente.

Expuesto el derecho aplicable, procedemos a exponer las

razones que fundamentan este disenso.

Recientemente, este Tribunal atendió una de las

interrogantes que han surgido en la celebración de

procedimientos criminales en cara a las nuevas realidades

que ha impuesto el COVID-19. En Pueblo de Puerto Rico v.

Daniel Cruz Rosario, supra, este Tribunal determinó que, en CT-2020-17/CT-2020-18 26

los juicios penales celebrados presencialmente, las personas

testigos deberán utilizar una mascarilla al declarar.

Según dispusimos en la Opinión disidente, discrepamos

de esta conclusión, pues la misma limitó excesivamente el

derecho a la confrontación de las personas acusadas de

delitos. En esa ocasión, resaltamos que hubiésemos optado

por que la persona testigo declarara mediante el mecanismo

de videoconferencia, desde otra sala del tribunal. Así,

justificamos excepcionalmente el uso de videoconferencia,

debido a que el uso de la mascarilla limita la capacidad de

la persona acusada de carearse con la persona testigo. Dado

que el mecanismo de la videoconferencia sí permite que la

persona acusada y el jurado perciban y observen el

“demeanor” de la persona testigo, esta alternativa resulta

ser menos lesiva al derecho a la confrontación. Sin embargo,

incluso bajo ese supuesto, la persona acusada estaría

presencialmente en el tribunal, con cercanía a su

representación legal, lo cual le permitirá comunicarse

efectivamente con ésta y participar activamente de la

preparación de su defensa.

Como puede apreciarse, en aquella controversia el uso

del sistema de la videoconferencia para testificar, tenía

como objetivo brindar el mayor grado de reconocimiento

posible a las garantías constitucionales del acusado. A

pesar de que este Tribunal lo rechazó en ese contexto

particular, ahora lo adopta de forma asfixiante e

irrazonablemente abarcadora, con el efecto de brindar el CT-2020-17/CT-2020-18 27

menor grado de reconocimiento posible a las garantías

constitucionales aquí discutidas.

Según expusimos anteriormente, distintas entidades

gubernamentales han aprobado múltiples normas con el

propósito de prohibirle a la población correccional su

comparecencia presencial a los procedimientos criminales

anteriores y posteriores a su juicio. Es decir, la persona

imputada de delito que esté privada de su libertad está

siendo forzada a comparecer desde una sala en la cárcel, sin

acceso continuo ni cercanía alguna a su representación

legal, sin garantía alguna de confidencialidad, sin

garantías de una atmosfera de justicia imparcial, sin

confrontarse cara a cara a los testigos que se presenten en

su contra y sin acceso físico a la prueba que se presente en

su contra. Repasemos brevemente las medidas que tenemos ante

nuestra consideración.

Por un lado, la OAT aprobó unas Guías generales en las

cuales acertadamente dispone que todo procedimiento criminal

de naturaleza probatoria se podrá celebrar mediante

videoconferencia, si las partes consienten a ello. Guías

generales, supra, inciso V (1-2), pág. 9. A modo

excepcional, se reconoce la autoridad del Juez Administrador

de ordenar la transmisión por videoconferencia sin el

consentimiento de las partes. Íd., inciso V (9), pág. 9.

Sin embargo, con lo pautado hoy por este Tribunal, se diluye

cualquier posible consentimiento y la excepción se convirtió

en la norma. CT-2020-17/CT-2020-18 28

Por otro lado, el Departamento de Corrección aprobó un

Protocolo y un Reglamento, en los cuales prohíbe a las

personas confinadas acudir presencialmente a todo

procedimiento criminal que no sea un juicio. Reglamento,

supra, Art. VI (8), pág. 5. De esta manera, los obliga a

comparecer mediante videoconferencia, desde unas salas

presuntamente habilitadas en las instituciones carcelarias

del País. La Orden Administrativa por el Departamento de

Salud reitera estas normas dirigidas a la población

correccional.

En primer lugar, debemos resaltar que estas medidas

están dirigidas única y exclusivamente a las personas que

están detenidas preventivamente. Las Guías generales

aprobadas por la OAT exigen, como norma general, el

consentimiento de las partes en un procedimiento criminal

para que el mismo se celebre mediante videoconferencia. Sin

embargo, el Reglamento aprobado por el Departamento de

Corrección está dirigido únicamente a la población

correccional, a quienes unilateralmente se les priva del

derecho a consentir y se les obliga a comparecer mediante

Es decir, una persona que tuvo los recursos económicos

suficientes para pagar una fianza tiene la facultad de

decidir si comparecerá a la vista preliminar presencialmente

o por videoconferencia. Por otro lado, la persona que no

tuvo el capital para pagar una fianza y que está detenida

preventivamente está cohibida de ejercer su derecho a

consentir. Ello, sin duda alguna, constituye una CT-2020-17/CT-2020-18 29

discriminación rampante en contra de las personas confinadas

por su condición social. Véase, Jorge Garib Bazain v.

Hospital Español Auxilio Mutuo de Puerto Rico, entre otros,

2020 TSPR 69 (Estrella Martínez, J., Opinión disidente).

En segundo lugar, estas medidas laceran múltiples

derechos constitucionales que cobijan a toda persona

imputada de delito, incluso en etapa de vista preliminar. De

particular importancia, se encuentra el derecho a una

asistencia legal efectiva y adecuada. Es decir, no basta que

el abogado o la abogada comparezca a las citaciones en

representación de su cliente o clienta. El derecho a

asistencia legal exige que el abogado o la abogada tenga la

oportunidad de comunicarse continuamente con su cliente o

clienta durante el proceso, para que éste último pueda

colaborar y participar activamente de su defensa. Es por

ello que este derecho constitucional supone necesariamente

la proximidad física entre la representación legal y el

cliente o la clienta. De lo contrario, cualquier norma que

dificilita o hace impráctica la comunicación entre la

representación legal y el cliente o clienta, lacera la

protección constitucional al derecho a asistencia legal.

Indudablemente, el mecanismo validado hoy viola el

derecho a la asistencia legal. Privar a la persona imputada

de delito de una comunicación continua y constante con su

representante legal, automáticamente limita su capacidad de

aportar a una defensa adecuada y efectiva. Nótese que el

Reglamento aprobado por el Departamento de Corrección no

dispone de medida alguna para garantizar la comunicación CT-2020-17/CT-2020-18 30

entre la persona imputada y su representación legal, ni

mucho menos su confidencialidad. Meramente, una vez estas

controversias se levantaron en los foros judiciales, el

Estado divulgó por primera vez que el Departamento de

Corrección “ha asegurado que dichos salones o salas cuentan

con una línea telefónica directa, mediante la cual el

confinado puede mantener la comunicación directa, privada y

adecuada con su representante legal durante todo el proceso

de videoconferencia, tantas veces así lo solicite y el TPI

lo permita”.110

Como puede apreciarse, el Estado pretende que la

comunicación entre la persona imputada y su representación

legal esté enteramente al arbitrio del tribunal. Distinto a

la dinámica que se da en procesos presenciales, donde una

consulta puede ser discreta y ágil, en un proceso mediante

videoconferencia se tendría que pedir autorización judicial

para cada una de las consultas que se interese realizar

entre la persona imputada y su representación legal. Lo

anterior, indudablemente otorga una peligrosa discreción a

los tribunales para coartar y limitar estas comunicaciones

y, con ello, para obstaculizar la facultad de la persona

imputada de colaborar efectivamente con su defensa.

Además, como expusimos anteriormente, toda persona

imputada de delito tiene derecho a examinar las

declaraciones juradas de las personas testigos que declaren

en su contra. Tanto la Regla 23 de Procedimiento Criminal,

110(Énfasis suplido). Alegato de Procurador General, CC- 2020-0017, pág. 9. CT-2020-17/CT-2020-18 31

34 LPRA Ap. II, como su jurisprudencia interpretativa han

sido claras al disponer que esas declaraciones juradas no se

entregan antes de la vista. Al contrario, el derecho de la

persona imputada se activa al momento que el Ministerio

Público termina el directo. Por tanto, la persona imputada

tiene derecho a examinar esa prueba el mismo día de la

vista.

No obstante, las medidas ante nuestra consideración no

especifican cuándo ni cómo se le harán llegar esas

declaraciones a la persona imputada. Peor aún, pretenden que

la persona imputada las examine sola desde la sala

correccional, sin garantía de que se podrá comunicar con su

representación legal al respecto. Lo anterior, pues como

expusimos, la continuidad y el acceso de la comunicación

está enteramente al arbitrio y a la merced del tribunal.

Adviértase el efecto cadena que genera cada una de

estas violaciones al proceso. Una vez la persona es privada

de una comunicación continua con su representación legal y

de consultar el contenido de las declaraciones juradas con

ésta, se lacera igualmente su facultad de colaborar

efectivamente con su abogado o abogada sobre las estrategias

a implantarse durante el contrainterrogatorio.

Como agravante, el mecanismo de la videoconferencia

obvia por completo que las comunicaciones entre la persona

imputada y su representación legal deben ser enteramente

confidenciales. Las medidas ante nuestra consideración toman

por alto este principio tan básico de debido proceso y

pretenden que las personas imputadas y sus representantes CT-2020-17/CT-2020-18 32

legales se comuniquen por medios controlados por el propio

Estado. En ninguna de las medidas aprobadas se especifica

concretamente cómo se garantizaría la confidencialidad de

esas comunicaciones.

Además, ninguna de las medidas aprobadas garantiza que

la persona imputada estará sola en la sala correccional. Por

tanto, personal del Departamento de Corrección podrá estar

presente junto a la persona imputada mientras comparece,

privándole de su derecho a comunicarse confidencialmente con

su representación legal. De hecho, ese fue el caso del menor

F.L.R., quien estuvo acompañado de personal del Departamento

de Corrección en todas las vistas que compareció mediante

videoconferencia.111

Como si fuera poco, la inconstitucionalidad de este

mecanismo se vuelve aún más patente en el contexto de la Ley

de menores, supra. En virtud de la minoría de edad de la

persona que está siendo sometida al proceso, los padres y

las personas encargadas constituyen un componente esencial

del mismo. Particularmente, este Tribunal ha resuelto que

los padres y las personas encargadas tienen el rol

importante de garantizar que el o la menor de edad entienda

los procedimientos a los que se enfrenta, las garantías que

le amparan y las consecuencias jurídicas de las mismas.

Pueblo en interés de menor C.Y.C.G., 180 DPR 555, 573

(2011). A raíz de ello, la representación legal del menor de

edad necesita igualmente de una comunicación privada y

111Alegato en interés del menor F.L.R., CC-2020-0018, pág. 31. CT-2020-17/CT-2020-18 33

confidencial con los padres del menor de edad. Nuevamente,

este componente se ignora por completo en las medidas

gubernamentales ante nos, y en ningún momento contempla

algún mecanismo para que puedan conversar la representación

legal, el o la menor de edad y sus padres simultáneamente.

Por otro lado, en el contexto de una vista preliminar

en virtud de la Regla 23 de Procedimiento Criminal, supra,

la persona imputada tiene derecho a que la misma se celebre

públicamente. Ello, tiene como propósito garantizar la

imparcialidad y la pureza del proceso. El mecanismo de la

videoconferencia ante nuestra consideración no contempla

este derecho ni dispone de qué manera se va a garantizar su

publicidad.

Nótese como esta grave omisión no se puede subsanar con

la mera promesa de que las partes pueden pedir la

transmisión de los procedimientos en conformidad a la norma

experimental contenida en In re: C. 15; Regl. Uso Cámaras

Proc. Jud., 188 DPR 424 (2013). Lo anterior, pues sabido es

que la norma general es que una Mayoría de este Tribunal no

autoriza las solicitudes de transmisión. Véase,

Telenoticias, Telemundo PR, Ex parte, 195 DPR 34 (2016)

(Estrella Martínez, J., Voto particular disidente);

Televicentro of PR, LLC, Ex parte, 195 DPR 18 (2016)

(Estrella Martínez, J., Voto particular disidente); ASPRO et

al., Ex parte I, 190 DPR 82 (2014) (Estrella Martínez, J.,

Voto particular disidente).

Por último, pero no menos importante, debemos tomar en

consideración que a la luz de los contundentes CT-2020-17/CT-2020-18 34

pronunciamientos de la Corte Suprema de los Estados Unidos y

del contenido mínimo que le impregna al derecho a la

confrontación, ha llegado el momento de reconocer que el

mismo tiene tangencia y beneficia a la persona imputada en

la etapa de vista preliminar. Ello, pues las garantías

particulares de nuestro ordenamiento aquí discutidas y las

consideraciones del debido proceso de ley hacen necesario

reconocer que las protecciones del derecho a la

confrontación se extiendan a esta etapa. Como es conocido,

en la vista preliminar la persona imputada de delito tiene

derecho a contrainterrogar a las personas que testifiquen en

su contra. Por tanto, sería un contrasentido omitir las

protecciones constitucionales que emanan del derecho a

contrainterrogar a raíz del derecho a la confrontación.

En consecuencia, el derecho a la confrontación exige

que la persona esté presente en el procedimiento criminal y

que se enfrente cara a cara a las personas que testifiquen

en su contra. La única limitación que se admite al derecho

al careo procede en casos extremadamente excepcionales y

justificados. Particularmente, procederá cuando se demuestre

que existe una política pública apremiante y que la

limitación al derecho al careo absolutamente necesaria para

proteger ese interés. Definitivamente, ese estándar no se

cumple en la controversia ante nos.

Ciertamente, las implicaciones y los riesgos a la salud

que genera la pandemia del COVID-19 son innegables. En ese

sentido, no albergamos duda que el Estado tiene la

obligación de implantar medidas salubristas que garanticen CT-2020-17/CT-2020-18 35

la seguridad de todos y todas. Sin embargo, esa política

pública, aunque apremiante, no justifica la suspensión y la

eliminación de todos los derechos constitucionales de una

persona imputada de delito. Obligar a toda persona confinada

a comparecer mediante videoconferencia a procedimientos

criminales y privarla de su derecho constitucional a estar

presente en los mismos no es absolutamente necesario para

satisfacer el interés importante del Estado de proteger la

salud y la seguridad de su Pueblo. En consecuencia, no se

cumple con el estándar aplicable y no se justifica una

limitación tan rampante al derecho a la confrontación de las

personas imputadas.

A la luz de estos fundamentos, es innegable que la

celebración de una vista preliminar, o de cualquier otra

etapa del procedimiento criminal, mediante videoconferencia

es a todas luces inconstitucional. Recordemos que el debido

proceso de ley proscribe toda intervención del Estado que

sea fundamentalmente injusta. Ante este estándar, resulta

difícil justificar que la suspensión de los derechos

constitucionales de toda persona detenida preventivamente.

Adviértase que, en nuestro ordenamiento, el único

fundamento jurídico que permite que una persona no ejerza

alguno de sus derechos constitucionales es si ésta renuncia

al mismo voluntaria, consciente e inteligentemente. En

consecuencia, resulta increíblemente obvio que el Estado no

tiene facultad alguna para suspender, aunque sea

temporeramente, las importantes garantías constitucionales CT-2020-17/CT-2020-18 36

que acompañan a la ciudadanía en todos los procesos

criminales.

A pesar de los fundamentos antes expuestos, una Mayoría

de este Tribunal no solo valida las medidas gubernamentales

ante nuestra consideración, sino que además resuelve que las

mismas son constitucionales. Ello, simplemente no tiene

fundamento jurídico alguno que lo sostenga. Nótese que el

propio Estado reconoce en sus comparecencias que las medidas

ante nuestra consideración limitan y restringen los derechos

constitucionales de las personas confinadas.112

Como agravante, la Opinión mayoritaria resuelve que una

agencia administrativa tiene la facultad de suspender

derechos constitucionales cuando así lo entienda necesario.

Mediante este peligroso y altamente preocupante precedente,

se le otorga un poder punitivo desmedido al Estado que

indiscutiblemente lacera los cimientos democráticos de

nuestro ordenamiento. Asimismo, este Tribunal da un cheque

en blanco a entidades ajenas a la administración de la

justicia para que instrumenten procesos inherentemente

judiciales, lo cual constituye indudablemente una peligrosa

y cuestionable cesión de poderes.

Debemos resaltar que las normas ante nuestra

consideración, además de ser inconstitucionales en su

contenido, son sorpresivamente superficiales. Según

puntualizamos, el Reglamento aprobado por el Departamento de

Corrección se limita a notificar que los salones en las

112Alegato de Procurador General, CC-2020-0017, págs. 6- 15; Alegato de Procurador General, CC-2020-0018, págs. 8-17. CT-2020-17/CT-2020-18 37

instituciones correccionales presuntamente están

habilitados. El Reglamento no especifica procedimiento,

garantía ni mecanismo alguno para proteger, dentro de los

posible, la multiplicidad de derechos constitucionales que

cobijan a toda persona imputada de delito.

Peor aún, el Reglamento dispone que, incluso para

celebraciones de juicios en su fondo, el Departamento de

Corrección no transportará a la persona confinada al

tribunal hasta que medie una orden del juez o de la jueza

que presida la sala. Reglamento, supra, Art. VI (9), pág. 6.

A pesar de lo anterior, aclara que, según el criterio del

Departamento de Corrección, “ciertos procedimientos de

juicio en su fondo, bajo una evaluación caso a caso, dicho

procedimiento puede celebrarse mediante el mecanismo de

videoconferencia sin afectar derecho constitucional alguno”.

Íd., Art. V (3), pág. 4. Nótese la intención consistente de

privar continuamente a la población confinada de todos los

derechos que le cobijan en el contexto penal.

En fin, es altamente preocupante que el Estado suspenda

derechos constitucionales de nuestros ciudadanos y

ciudadanas con un mero plumazo. Lo anterior, no se justifica

debido a que nos encontramos en tiempos de emergencia. Al

contrario, “[c]orresponde a los tribunales, sea en

situaciones de crisis o de paz, proteger y garantizar los

derechos que la Constitución promueve para todos sus

ciudadanos. El asunto no es defender a los acusados. Lo

realmente crucial es que toda persona logre un juicio justo

y un proceso en el cual se le garanticen los derechos CT-2020-17/CT-2020-18 38

protegidos por nuestra Constitución”. (Énfasis suplido). L.

Rivera Román, Los derechos de los acusados en los

procedimientos penales bajo la Constitución de Puerto Rico y

los Estados Unidos, 46 Rev. Jur. UIPR 417, 447 (2012).

Desafortunadamente, una Mayoría de este Tribunal razona

igualmente que la celebración de la vista preliminar

mediante videoconferencia no lesiona irrazonablemente

importantes garantías constitucionales. Por un lado, es

innegable que los derechos constitucionales antes explicados

exigen la presencia física de una persona imputada en todas

las etapas del procedimiento criminal en su contra. Por otro

lado, las Reglas de Procedimiento Criminal contemplan el uso

de las videoconferencias a modo excepcional y particular en

el contexto exclusivo de las personas testigos. Nótese que

no está dirigido a los acusados o acusadas que enfrentan el

proceso penal. Ante esa realidad, ejercer el poder de pautar

jurisprudencialmente para provocar un trastoque de derechos

constitucionales es profundamente incorrecto. La

jurisprudencia, al igual que la tecnología, deben servir de

herramientas para reforzar y reconocer garantías no para

suprimirlas.

Por otro lado, es preocupante que precisamente en el

ordenamiento federal se haya aprobado un estatuto que sí es

protector de los derechos constitucionales de nuestros

ciudadanos y ciudadanas y que, por mero capricho o

preferencia, se opte por descartar este mecanismo. Como

expusimos, la Ley CARES, supra, dispone que, en el contexto CT-2020-17/CT-2020-18 39

federal, se podrán celebrar ciertos procedimientos

anteriores y posteriores al juicio mediante

videoconferencia. No obstante, para ello, la persona

imputada deberá consentir al uso de la videoconferencia

luego de haber consultado con su representante legal.

En el balance de los distintos intereses en pugna, esta

norma federal representa la solución más justa posible. De

esta manera, la persona imputada de delito será la que

decidirá si renuncia o no a su derecho constitucional a

estar presente físicamente en el procedimiento criminal en

su contra. Ello, es cónsono con los postulados de nuestro

ordenamiento que exigen que toda renuncia a un derecho

constitucional sea informada, voluntaria y expresa. De igual

modo, la solución provista en la Ley CARES, supra, es

protectora del derecho fundamental a la asistencia de

abogado, pues reconoce expresamente que una decisión de tal

importancia exige necesariamente un asesoramiento legal.

En ese sentido, la aplicación de esta solución ayudaría

a procurar un balance de intereses más razonable en la

administración del sistema de justicia.

La magnitud de la crisis de salud que vivimos

actualmente no justifica la suspensión absoluta de los

derechos constitucionales de nuestro Pueblo. Al contrario,

el rol de los tribunales se agudiza en tiempos de

emergencia, pues tenemos la importante responsabilidad de

velar por que las acciones del Estado en respuesta a la

crisis no sean en detrimento de sus ciudadanos y ciudadanas. CT-2020-17/CT-2020-18 40

En tiempos de crisis y en tiempos ordinarios, la Rama

Judicial tiene el deber de proveerle oxígeno a los derechos

constitucionales para que las garantías constitucionales no

se conviertan, en lo que he denominado anteriormente, en un

cementerio de palabras. Hoy lejos de filtrar el aire para

que esos derechos se reconozcan y desarrollen, se ha cerrado

la válvula y no se les ha permitido respirar.

En consecuencia, por entender que este dictamen es

contrario a los postulados constitucionales de nuestro

ordenamiento, reitero mi enérgico disenso.

Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado