El Pueblo v. Cruz Rosario
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Opinion
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario Certiorari
v. 2020 TSPR 90
204 DPR ____ Daniel Cruz Rosario
Recurrido
Número del Caso: CC-2020-250
Fecha: 25 de agosto de 2020
Tribunal de Apelaciones:
Panel III
Oficina del Procurador General
Lcdo. Pedro A. Vázquez Montijo Subprocurador General
Abogados de la parte Recurrida:
Lcda. Frances Lorena Ruiz Lourido Lcdo. Efraín A. Ruiz Ruiz
Materia: Derecho Constitucional y Procesal Penal - La Cláusula de Confrontación, contenida en la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y en la Sección 11 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, no prohíbe que un testigo declare en el juicio usando una mascarilla como medida de prevención de la propagación del COVID-19. Los tribunales pueden establecer medidas cautelares de prevención para lograr un balance entre el derecho del acusado de confrontar a los testigos de cargo y el interés general en proteger a los testigos y demás participantes de los procesos judiciales de un potencial contagio del virus.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico Certiorari Peticionario CC-2020-250 v.
Daniel Cruz Rosario
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco
En San Juan, Puerto Rico, a 25 de agosto de 2020.
Actualmente atravesamos por una crisis de salud
mundial cuya culminación es incierta. La pandemia de
enfermedad por coronavirus (en adelante, “COVID-19” o
“pandemia”) cobró la primera vida en Puerto Rico a
mediados de marzo de 2020 y, al día de hoy, vivimos uno de
los momentos de mayor contagio. Basta con examinar las
estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (WHO,
por sus siglas en inglés) y las del Departamento de Salud
de Puerto Rico para reconocer la gravedad del asunto. En
Puerto Rico el número de infectados y fallecidos ha
incrementado exponencialmente y agosto de 2020 se
pronostica como el mes con mayores contagios.1
1 Puerto Rico: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard, https://covid19.who.int/region/amro/country/pr (última visita 24 de agosto de 2020); M. Valencia-Prado y J. Becerra, Crecimiento Exponencial de los Contagios Covid-19, Departamento de Salud de Puerto CC-2020-0250 3
Lamentablemente los tratamientos para combatir el virus
aún se encuentran en las primeras etapas de investigación
y desarrollo.2
Partiendo de esta realidad, la controversia ante nos
permite examinar si la Cláusula de Confrontación,
contenida en la Sexta Enmienda de la Constitución de los
Estados Unidos, infra, y en la Sección 11 de la Carta de
Derechos de la Constitución de Puerto Rico, infra, prohíbe
categóricamente que un testigo declare en el Juicio usando
una mascarilla como medida de prevención de la propagación
del COVID-19. Asimismo, nos brinda la oportunidad de
expresarnos sobre las medidas cautelares de prevención que
pueden establecer los tribunales, de manera que se logre
un balance entre el interés del acusado de confrontar a
los testigos de cargo y el interés general en proteger a
los testigos y demás participantes de los procesos
judiciales de un potencial contagio del virus.
Adelantamos que bajo los parámetros constitucionales
que impone el Derecho a la Confrontación, en el contexto
actual de la pandemia, el uso de una mascarilla protectora
por parte de un testigo no infringe este derecho.
Pasemos a delinear los antecedentes fácticos que
generaron la controversia de autos.
I
Rico, 13 de julio de 2020, http://www.salud.gov.pr/Documents/Crecimiento%20Exponencial%20de%20los %20Contagios%20COVID-19.pdf (última visita 24 de agosto de 2020). 2 J. Corum et al., Tratamientos y medicamentos para el coronavirus:
monitoreo de efectividad, New York Times, 21 de agosto de 2020, https://www.nytimes.com/es/interactive/2020/science/coronavirus- tratamientos-curas.html (última visita 24 de agosto de 2020). CC-2020-0250 4
El 16 de junio de 2020, el Tribunal de Primera
Instancia emitió una Resolución mediante la cual señaló la
Vista del Juicio para atender un cargo menos grave en
contra del Sr. Daniel Cruz Rosario (en adelante, “el
recurrido”). El foro de instancia promovió el uso del
sistema de videoconferencias de la Rama Judicial para la
celebración de la Vista. Sin embargo, el recurrido se
opuso y solicitó que el Juicio se celebrara
presencialmente. Además, peticionó que no se les
permitiera a los testigos declarar con mascarillas
protectoras dado que esto vulneraba su derecho de
confrontar a los testigos de cargo y que tal derecho
acarrea el que estos declaren sin ningún objeto en la
cara. Basó su argumento en que la mascarilla afecta la
apreciación del comportamiento de los testigos.
Luego de que el Tribunal de Primera Instancia declaró
no ha lugar la Moción presentada por el recurrido, este
acudió al Tribunal de Apelaciones. El 3 de julio de 2020
el foro apelativo intermedio emitió una Sentencia
revocatoria. Arguyó que el Derecho a la Confrontación
comprende la observación del comportamiento del testigo y
que el uso de mascarillas impide al juzgador de hechos
contar con todos los elementos necesarios para otorgarle
credibilidad más certera al testigo. Asimismo, expresó que
la mascarilla no permitía al abogado de Defensa invocar
los señalamientos correspondientes en torno al
comportamiento del declarante ya que la mascarilla oculta
sus gestos, expresiones faciales y pudiera alterar el tono CC-2020-0250 5
de su voz. Concluyó que procedía la celebración del Juicio
presencialmente y sin que los testigos usen mascarillas
protectoras.3
Así las cosas, el 29 de julio de 2020 el Ministerio
Público (en adelante, “el peticionario”) presentó ante nos
un recurso de Certiorari y le acompañó una Moción en
Auxilio de Jurisdicción. El peticionario señaló el error
siguiente:
El Tribunal de Apelaciones erró al revocar al Tribunal de Primera Instancia y al sostener que los testigos deben declarar sin mascarillas -aun cuando las instrucciones médicas y gubernamentales son su utilización de forma obligatoria debido a la pandemia-, fundamentado en que supuestamente con ella se coartan derechos constitucionales del acusado. De esta forma no validó el interés apremiante del Estado en mantener y preservar la salud de todos los ciudadanos y no catalogó la mascarilla como una herramienta importante para atender ese referido interés.
El 31 de julio de 2020, declaramos ha lugar la
referida Moción y expedimos el recurso solicitado.
Contando con el beneficio de la comparecencia de
ambas partes, procedemos a resolver.
II
A.
La Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados
Unidos reconoce el Derecho a la Confrontación en los
procesos criminales. Enmda. VI, Const. EE. UU., LPRA, Tomo
1. Asimismo, la Sección 11 del Artículo II de la
Constitución de Puerto Rico consagra el derecho de todo
3 El Panel fue integrado por los Jueces Vizcarrondo Irizarry, Rivera Colón y Adames Soto. El Juez Adames Soto disintió. CC-2020-0250 6
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario Certiorari
v. 2020 TSPR 90
204 DPR ____ Daniel Cruz Rosario
Recurrido
Número del Caso: CC-2020-250
Fecha: 25 de agosto de 2020
Tribunal de Apelaciones:
Panel III
Oficina del Procurador General
Lcdo. Pedro A. Vázquez Montijo Subprocurador General
Abogados de la parte Recurrida:
Lcda. Frances Lorena Ruiz Lourido Lcdo. Efraín A. Ruiz Ruiz
Materia: Derecho Constitucional y Procesal Penal - La Cláusula de Confrontación, contenida en la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y en la Sección 11 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, no prohíbe que un testigo declare en el juicio usando una mascarilla como medida de prevención de la propagación del COVID-19. Los tribunales pueden establecer medidas cautelares de prevención para lograr un balance entre el derecho del acusado de confrontar a los testigos de cargo y el interés general en proteger a los testigos y demás participantes de los procesos judiciales de un potencial contagio del virus.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico Certiorari Peticionario CC-2020-250 v.
Daniel Cruz Rosario
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco
En San Juan, Puerto Rico, a 25 de agosto de 2020.
Actualmente atravesamos por una crisis de salud
mundial cuya culminación es incierta. La pandemia de
enfermedad por coronavirus (en adelante, “COVID-19” o
“pandemia”) cobró la primera vida en Puerto Rico a
mediados de marzo de 2020 y, al día de hoy, vivimos uno de
los momentos de mayor contagio. Basta con examinar las
estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (WHO,
por sus siglas en inglés) y las del Departamento de Salud
de Puerto Rico para reconocer la gravedad del asunto. En
Puerto Rico el número de infectados y fallecidos ha
incrementado exponencialmente y agosto de 2020 se
pronostica como el mes con mayores contagios.1
1 Puerto Rico: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard, https://covid19.who.int/region/amro/country/pr (última visita 24 de agosto de 2020); M. Valencia-Prado y J. Becerra, Crecimiento Exponencial de los Contagios Covid-19, Departamento de Salud de Puerto CC-2020-0250 3
Lamentablemente los tratamientos para combatir el virus
aún se encuentran en las primeras etapas de investigación
y desarrollo.2
Partiendo de esta realidad, la controversia ante nos
permite examinar si la Cláusula de Confrontación,
contenida en la Sexta Enmienda de la Constitución de los
Estados Unidos, infra, y en la Sección 11 de la Carta de
Derechos de la Constitución de Puerto Rico, infra, prohíbe
categóricamente que un testigo declare en el Juicio usando
una mascarilla como medida de prevención de la propagación
del COVID-19. Asimismo, nos brinda la oportunidad de
expresarnos sobre las medidas cautelares de prevención que
pueden establecer los tribunales, de manera que se logre
un balance entre el interés del acusado de confrontar a
los testigos de cargo y el interés general en proteger a
los testigos y demás participantes de los procesos
judiciales de un potencial contagio del virus.
Adelantamos que bajo los parámetros constitucionales
que impone el Derecho a la Confrontación, en el contexto
actual de la pandemia, el uso de una mascarilla protectora
por parte de un testigo no infringe este derecho.
Pasemos a delinear los antecedentes fácticos que
generaron la controversia de autos.
I
Rico, 13 de julio de 2020, http://www.salud.gov.pr/Documents/Crecimiento%20Exponencial%20de%20los %20Contagios%20COVID-19.pdf (última visita 24 de agosto de 2020). 2 J. Corum et al., Tratamientos y medicamentos para el coronavirus:
monitoreo de efectividad, New York Times, 21 de agosto de 2020, https://www.nytimes.com/es/interactive/2020/science/coronavirus- tratamientos-curas.html (última visita 24 de agosto de 2020). CC-2020-0250 4
El 16 de junio de 2020, el Tribunal de Primera
Instancia emitió una Resolución mediante la cual señaló la
Vista del Juicio para atender un cargo menos grave en
contra del Sr. Daniel Cruz Rosario (en adelante, “el
recurrido”). El foro de instancia promovió el uso del
sistema de videoconferencias de la Rama Judicial para la
celebración de la Vista. Sin embargo, el recurrido se
opuso y solicitó que el Juicio se celebrara
presencialmente. Además, peticionó que no se les
permitiera a los testigos declarar con mascarillas
protectoras dado que esto vulneraba su derecho de
confrontar a los testigos de cargo y que tal derecho
acarrea el que estos declaren sin ningún objeto en la
cara. Basó su argumento en que la mascarilla afecta la
apreciación del comportamiento de los testigos.
Luego de que el Tribunal de Primera Instancia declaró
no ha lugar la Moción presentada por el recurrido, este
acudió al Tribunal de Apelaciones. El 3 de julio de 2020
el foro apelativo intermedio emitió una Sentencia
revocatoria. Arguyó que el Derecho a la Confrontación
comprende la observación del comportamiento del testigo y
que el uso de mascarillas impide al juzgador de hechos
contar con todos los elementos necesarios para otorgarle
credibilidad más certera al testigo. Asimismo, expresó que
la mascarilla no permitía al abogado de Defensa invocar
los señalamientos correspondientes en torno al
comportamiento del declarante ya que la mascarilla oculta
sus gestos, expresiones faciales y pudiera alterar el tono CC-2020-0250 5
de su voz. Concluyó que procedía la celebración del Juicio
presencialmente y sin que los testigos usen mascarillas
protectoras.3
Así las cosas, el 29 de julio de 2020 el Ministerio
Público (en adelante, “el peticionario”) presentó ante nos
un recurso de Certiorari y le acompañó una Moción en
Auxilio de Jurisdicción. El peticionario señaló el error
siguiente:
El Tribunal de Apelaciones erró al revocar al Tribunal de Primera Instancia y al sostener que los testigos deben declarar sin mascarillas -aun cuando las instrucciones médicas y gubernamentales son su utilización de forma obligatoria debido a la pandemia-, fundamentado en que supuestamente con ella se coartan derechos constitucionales del acusado. De esta forma no validó el interés apremiante del Estado en mantener y preservar la salud de todos los ciudadanos y no catalogó la mascarilla como una herramienta importante para atender ese referido interés.
El 31 de julio de 2020, declaramos ha lugar la
referida Moción y expedimos el recurso solicitado.
Contando con el beneficio de la comparecencia de
ambas partes, procedemos a resolver.
II
A.
La Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados
Unidos reconoce el Derecho a la Confrontación en los
procesos criminales. Enmda. VI, Const. EE. UU., LPRA, Tomo
1. Asimismo, la Sección 11 del Artículo II de la
Constitución de Puerto Rico consagra el derecho de todo
3 El Panel fue integrado por los Jueces Vizcarrondo Irizarry, Rivera Colón y Adames Soto. El Juez Adames Soto disintió. CC-2020-0250 6
acusado a “carearse con los testigos de cargo”. Art. II,
Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. Estas disposiciones son
conocidas como la Cláusula de Confrontación.
La Clausula de Confrontación recoge el principio
fundamental de que se ponga al acusado en posición de
enfrentar a sus acusadores. Pointer v. Texas, 380 US 400,
405 (1965). Este principio está vinculado con el debido
proceso de ley dado que los acusados deben tener la
oportunidad para defenderse de las acusaciones del Estado.
Íd., pág. 405.
El derecho constitucional de enfrentarse a los
testigos de cargo opera en la etapa del Juicio. Pueblo v.
Rodríguez Aponte, 116 DPR 653, 660 (1985) (“nuestra
Constitución establece en la etapa del juicio el derecho
de todo acusado a carearse con los testigos de cargo”);
Barber v. Page, 390 US 719, 725 (1968) (“The right to
confrontation is basically a trial right”). El mal que
intenta evitar el Derecho a la Confrontación es que se
utilicen declaraciones ex parte y deposiciones en el
enjuiciamiento del acusado en vez del interrogatorio y el
contrainterrogatorio de los testigos. Pueblo v. Ríos
Nogueras, 114 DPR 256, 262 (1983); Mattox v. United
States, 156 US 237, 242 (1895). Cuando se aprobó la
Constitución de Puerto Rico se reconoció que “[l]a
garantía de confrontarse con los testigos contrarios es
esencial en el sistema nuestro. [...] El propósito es
impedir que se utilicen en contra de un acusado
declaraciones que no se han sometido a la prueba del CC-2020-0250 7
contrainterrogatorio”. Pueblo v. Vargas, 74 DPR 144, 151
(1952). Es indudable que exigirle al testigo enfrentarse
al acusado en el Juicio le atribuye un mayor grado de
seriedad al proceso penal y fomenta el sistema adversativo
ya que el testigo relata los hechos frente a la persona
que se verá afectada por sus declaraciones. Al
confrontarse con los testigos, el acusado puede poner a
prueba las versiones que estos ofrezcan sobre los hechos y
exponer posibles contradicciones. También permite que el
juzgador de hechos pueda observar a los testigos y
determinar si su testimonio merece credibilidad.
El Derecho a la Confrontación fundamentalmente tiene
tres (3) vertientes procesales: (1) derecho al careo o
confrontación cara a cara con los testigos adversos; (2)
derecho a contrainterrogar, y (3) derecho a excluir la
prueba de referencia que intente presentar el Ministerio
Público. Pueblo v. Pérez Santos, 195 DPR 262, 269-270
(2016). Aunque solapan, no hay congruencia total entre las
vertientes señaladas. Se tratan pues, de protecciones
distintas sobre el mencionado derecho.
La primera vertiente exige que los testigos declaren
frente al acusado. El derecho al careo “es la
confrontación con los testigos de cargo en presencia del
tribunal”. D. Nevares-Muñiz, Sumario de Derecho Procesal
Penal Puertorriqueño, 10ma ed. rev., Puerto Rico, Ed.
Instituto para el Desarrollo del Derecho, 2014, pág. 243.
Según la Real Academia Española, el término “carear”,
cuando se refiere a dos personas, significa “[p]onerse CC-2020-0250 8
resueltamente cara a cara a fin de resolver algún asunto
desagradable para cualquiera de ellas”. Real Academia
Española, Diccionario de la Lengua Española, 23a ed.
(2014). Por tal motivo, las controversias que se originan
en esta vertiente se relacionan a situaciones en las que
se limita la interacción frente a frente con el testigo
que declara en el Juicio.
Por su parte, la segunda vertiente se enfoca en el
derecho que tiene el acusado para contrainterrogar al
testigo. Generalmente hay gran liberalidad en este
cuestionamiento, siempre y cuando estén dentro del alcance
del interrogatorio directo. Las controversias que surgen
en esta vertiente tratan sobre las limitaciones que impone
el tribunal a las preguntas que pueden hacerse en el
contrainterrogatorio y las situaciones en las que este
resulta limitado por la incapacidad del testigo para
recordar o por su negativa a contestar. E.L. Chiesa
Aponte, Procedimiento Criminal y la Constitución: Etapa
Adjudicativa, San Juan, Ed. Situm, 2018, págs. 63-79.
Por último, destacamos que la tercera vertiente ha
sido la que más casuística ha generado.4 Se trata de
declaraciones hechas fuera del Juicio que el Ministerio
Público intenta presentar como evidencia sustantiva en
contra de un acusado. Por virtud de la Cláusula de
Confrontación se excluye cierta prueba de referencia que
de lo contrario sería admisible bajo las Reglas de
4 Pueblo v. Pérez Santos, 195 DPR 262 (2016); Pueblo v. Santos Santos, 185 DPR 709 (2012); Pueblo v. Guerrido López, 179 DPR 950 (2010); Pueblo v. Stevenson Colón, 113 DPR 634 (1982); Pueblo v. Esteves Rosado, 110 DPR 334 (1980). CC-2020-0250 9
Evidencia. El estándar para atender estas controversias se
instauró en los Estados Unidos en el caso de Crawford v.
Washington, 541 US 36 (2004) y en Puerto Rico en el caso
de Pueblo v. Guerrido López, 179 DPR 950 (2010).
Así pues, la Cláusula de Confrontación se activa ante
dos tipos de declaraciones: (1) las que se hacen en el
Juicio y (2) las que se hacen fuera del Juicio y son de
carácter testimonial.5 En cuanto a los testigos que
declaran en el Juicio, la Cláusula de Confrontación le
garantiza al acusado que esos testigos declaren frente a
él (primera vertiente) y que tenga la oportunidad de
llevar a cabo un interrogatorio efectivo (segunda
vertiente). A contrario sensu, en cuanto a las personas
que no testifican en el Juicio y se presentan sus
declaraciones testimoniales como prueba de cargo, la
Cláusula de Confrontación le garantiza al acusado que
estas serán excluidas (tercera vertiente) si no cumplen
con (1) la no disponibilidad del declarante para
testificar en el Juicio, y (2) que previamente se hubiera
5 Las declaraciones "testimoniales" son aquellas que tienen como propósito crear un expediente para Juicio o que intentan servir como un sustituto extrajudicial de lo que sería un testimonio en corte. Pueblo v. Santos Santos, supra, pág. 723. Son testimoniales, por ejemplo, las declaraciones siguientes:
[D]eclaraciones en un testimonio ex-parte vertido durante un juicio, affidavits, interrogatorios bajo custodia, testimonios anteriores en los cuales el acusado no haya tenido la oportunidad de contrainterrogar, declaraciones vertidas antes del juicio en circunstancias que el declarante razonablemente pudiera esperar que fueran usadas por el Ministerio Público, declaraciones extrajudiciales como affidavits, deposiciones, testimonios anteriores y declaraciones hechas en circunstancias que razonablemente pudieran llevar a un testigo objetivo a creer que tal declaración pudiera estar disponible para utilizarse en un juicio posterior. Pueblo v. Guerrido López, supra, págs. 968–969. CC-2020-0250 10
tenido la oportunidad de contrainterrogarlo con relación a
las declaraciones que se presentan como prueba.
En lo relativo a la primera vertiente, no hemos
abordado en ella directamente. Las breves menciones que se
han hecho en nuestra jurisprudencia sobre la confrontación
cara a cara han ocurrido en contenciones relacionadas a
las otra dos (2) vertientes. Incluso, se ha expresado que
“—el derecho del acusado a que los testigos en su contra
testifiquen en el juicio frente a él, en su cara— est[á]
un tanto rezagad[o], ante la primacía de la dimensión del
derecho a contrainterrogar a los testigos de cargo”.
Chiesa Aponte, op. cit., pág. 80. De esta forma, el asunto
ante nos permite profundizar sobre un aspecto del Derecho
a la Confrontación que no hemos singularizado en detalle.
Esto, porque la disputa no versa sobre la exclusión de
prueba de referencia o sobre limitaciones al alcance del
contrainterrogatorio, sino que está dirigida a la
limitación del derecho a la confrontación cara a cara en
el Juicio.
B.
En vista de que es la primera ocasión en la cual
examinamos las limitaciones que lícitamente pueden
imponerse al derecho de confrontación cara a cara, es
menester analizar los pronunciamientos del Tribunal
Supremo de Estados Unidos sobre este particular. Los casos
seminales son Coy v. Iowa, 487 US 1012 (1988) y Maryland
v. Craig, 497 US 836 (1990). CC-2020-0250 11
En Coy v. Iowa, supra, se le imputó al acusado haber
agredido sexualmente a dos niñas. Un estatuto de Iowa
permitía que en casos de delitos sexuales los testimonios
de denunciantes menores de edad se ofrecieran a través de
un circuito cerrado de televisión o detrás de un biombo
(screen). A petición del Ministerio Público, el tribunal
de instancia aprobó el uso de un biombo grande que fue
colocado entre el acusado y el podio de testigos mientras
testificaron las niñas. El biombo permitía al acusado
percibir tenuemente a las testigos, pero las testigos no
lo veían en lo absoluto. El acusado se opuso al uso del
biombo, basándose en su derecho al careo con las testigos.
Luego de ser hallado culpable, el acusado apeló y
eventualmente el Tribunal Supremo de Iowa confirmó su
condena. El Tribunal rechazó el argumento de que se
violentó su derecho de confrontar a las testigos dado que
la capacidad de interrogarlas no fue afectada por el
biombo.
Posteriormente, el Tribunal Supremo Federal revocó la
condena del acusado tras concluir que el uso del biombo
violentó la Cláusula de Confrontación. Al así resolver,
dejó para otra ocasión el examen de si existen excepciones
al derecho de confrontarse cara a cara con los testigos
que declaran en el Juicio. Enfatizó que fueran cuales
fuesen esas excepciones, seguramente solo se permitirían
en circunstancias necesarias para promover una política
pública importante. Rechazó que el estatuto promulgado por
el Estado satisfacía el requisito y adelantó que se CC-2020-0250 12
necesitaba algo más que una presunción generalizada
mediante legislación.
Dos (2) años más tarde el Tribunal Supremo de Estados
Unidos fue puesto en posición para reconocer tal
excepción. En Maryland v. Craig, supra, se le imputó a la
acusada haber abusado de una niña. El Ministerio Público
invocó un procedimiento provisto mediante legislación
estatal que permitía que el juzgador de hechos recibiera
el testimonio de un niño, que presuntamente era víctima de
abuso infantil, mediante circuito cerrado de televisión.
Para que se aprobara ese mecanismo, el juez debía realizar
una vista de necesidad para confirmar que testificar le
causaría serio disturbio emocional al niño y le impediría
declarar adecuadamente. La acusada se opuso por motivos de
la Cláusula de Confrontación, pero no prosperó en su
planteamiento y eventualmente fue hallada culpable. Esta
apeló y el foro apelativo estatal revocó su condena por
interpretar que Coy v. Iowa, supra, impedía el uso del
mecanismo promulgado por la ley estatal.
Por su parte, el máxime intérprete judicial a nivel
federal revocó al foro apelativo y reinstaló la condena de
la acusada. Concluyó que el interés estatal en el
bienestar físico y psicológico de las víctimas de abuso
infantil puede ser lo suficientemente importante como para
superar, al menos en algunos casos, el derecho del acusado
a carearse con sus acusadores en el Juicio. Debido a que
en ese caso el foro de instancia llevó a cabo una vista de
necesidad para determinar el riesgo individualizado que CC-2020-0250 13
sufriría la niña testigo, el Tribunal se dio a la tarea de
responder la pregunta que se había reservado en Coy v.
Iowa, supra.
El Tribunal resaltó que la preocupación central de la
Cláusula de Confrontación es garantizar la confiabilidad
de la evidencia presentada en contra de un acusado,
sometiéndola a un examen riguroso y adversativo ante el
juzgador de hechos. Maryland v. Craig, supra, pág. 845. En
consecuencia, el Derecho a la Confrontación no solo abarca
el examen personal cara a cara con el testigo en el
Juicio, sino también que el testigo declare bajo
juramento, sea sometido a contrainterrogatorio y que se le
permita al juzgador de hechos observar el comportamiento
del testigo al hacer su declaración. Por lo cual, razonó
que “[t]he combined effect of these elements of
confrontation —physical presence, oath, cross-examination,
and observation of demeanor by the trier of fact— serves
the purposes of the Confrontation Clause by ensuring that
evidence admitted against an accused is reliable and
subject to the rigorous adversarial testing that is the
norm of Anglo–American criminal proceedings”. Íd., pág.
846.
Culminó expresando que, aunque la Cláusula de
Confrontación refleja una preferencia por la confrontación
cara a cara en el Juicio, tal preferencia ocasionalmente
debe ceder ante consideraciones de política pública y las
necesidades del caso. Por lo tanto, aunque reafirmó la
importancia de la confrontación cara a cara con los CC-2020-0250 14
testigos de cargo, resolvió que la presencia física no
debe valorarse como un elemento indispensable. Mencionó
que generalmente la Cláusula de Confrontación se satisface
cuando, a través del contrainterrogatorio, la Defensa
tiene una oportunidad completa y justa de investigar y
exponer debilidades en el testimonio de modo que pueda
alertarse al juzgador de hechos sobre el peso que deba
darle al testimonio. Íd., pág. 847.
Influyó en la decisión del Foro Supremo Federal el
que, a pesar de que se trataba de una transmisión
unidireccional, se preservaron los demás elementos del
careo: la niña testificó bajo juramento, la acusada tuvo
la oportunidad de contrainterrogarla y se podía observar
mediante el monitor de video el comportamiento de la
testigo mientras declaraba. Por tanto, aunque la
confrontación no fue cara a cara con la acusada, la
presencia de estos otros elementos aseguró adecuadamente
que el testimonio fuese confiable.
Encontramos persuasivo el estándar establecido por el
Tribunal Supremo de Estados Unidos en Maryland v. Craig,
supra, para evaluar las limitaciones al Derecho de
Confrontación en las situaciones en que el testigo está
disponible y declara durante el Juicio. Tal razonamiento
es cónsono con nuestra Constitución y con las expresiones
que hemos realizado en otros casos. Consecuentemente,
adoptamos este estándar en nuestra jurisdicción.
Ahora bien, notamos que aunque las tres (3)
vertientes del Derecho a la Confrontación reseñadas en el CC-2020-0250 15
acápite anterior son distinguibles entre sí, existe una
intersección entre ellas y esta ocurre en el derecho a
contrainterrogar. Es decir, el derecho a contrainterrogar
es una consideración sine qua non para todas las
controversias sobre la Cláusula de Confrontación; sean
controversias sobre la confrontación cara a cara, sobre
admisibilidad de declaraciones testimoniales que son
prueba de referencia o, por supuesto, sobre limitaciones
impuestas al contrainterrogatorio que puede realizar el
acusado.
En concordancia con lo anterior, hemos expresado que
“lo crucial en relación con el derecho a la confrontación
es que la defensa tenga la oportunidad de
contrainterrogar”. Pueblo v. Stevenson Colón, 113 DPR 634,
639–640 (1982). De igual forma, hemos esbozado que la
Cláusula de Confrontación puede satisfacerse sin la
presencia física del testigo en el Juicio siempre que se
le hubiera provisto al acusado la oportunidad de
contrainterrogarlo previamente:
La confrontación que garantizan la Sexta Enmienda y el Art. II, Sec. II de nuestra Constitución se cumple con la oportunidad de contrainterrogar, sin que sea indispensable la presencia del acusado. No está irremisiblemente atada al encuentro físico, al enfrentamiento nariz con nariz entre testigo y acusado, que en términos de depuración del testimonio no es ni sombra del eficaz escrutinio, del potencial de descubrimiento de la verdad que es el objetivo constitucional y esencia del contrainterrogatorio formulado por el abogado defensor. ‘El principal y esencial propósito de la confrontación es asegurar al oponente la oportunidad de contrainterrogar. El adversario exige confrontación, no con el vano propósito de mirar el testigo, o para que éste los mire a él, CC-2020-0250 16
sino con el propósito de contrainterrogatorio que sólo se logra mediante la directa formulación de preguntas y la obtención de respuestas inmediatas.' (Énfasis suplido). (Cita omitida). Pueblo v. Ruiz Lebrón, 111 DPR 435, 442 (1981).
Similarmente, en años recientes hemos reconocido que el
Derecho a la Confrontación se mide bajo el crisol del
contrainterrogatorio:
[L]a meta de la Cláusula de Confrontación de la Sexta Enmienda es asegurar la confiabilidad (reliability) de la evidencia que se presenta contra un acusado. Pero, cuando esa evidencia es testimonial, esa meta, más que sustantiva, es una garantía procesal. En ese sentido, el Tribunal Supremo federal señala, con relación a esa garantía: [i]t commands, not that evidence be reliable, but that reliability be assessed in a particular manner: by testing in the crucible of cross-examination.” (Énfasis suplido). Pueblo v. Guerrido López, supra, pág. 967.
Aunque el contrainterrogatorio de los testigos en el
Juicio no es sinónimo del Derecho a la Confrontación, lo
cierto es que “el central o núcleo del derecho, es el
derecho del acusado a contrainterrogar a los testigos en
su contra”. E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal, 81
Rev. Jur UPR 373, 381 (2012).
Tomando esto en cuenta, pautamos que, bajo el
estándar de Maryland v. Craig, supra, le daremos
preeminencia al elemento del contrainterrogatorio al
sopesar la confiabilidad del testimonio ofrecido en el
Juicio. Así, establecemos que aunque el derecho a carearse
con los testigos de cargo puede limitarse siempre que la
convergencia de los elementos mencionados anteriormente
demuestren la confiabilidad del testimonio, la limitación
no debe repercutir nocivamente en el elemento del CC-2020-0250 17
contrainterrogatorio. La oportunidad de conducir un
contrainterrogatorio efectivo contra el testigo es
imprescindible para que se dé cumplimento a la Cláusula de
Confrontación.6 Por lo tanto, el balance que se haga de los
elementos no debe tornar el derecho a contrainterrogar en
un ejercicio pro forma.
De este modo, para verificar que las limitaciones
impuestas al derecho a carearse con los testigos de cargo
en el Juicio no violentan la Cláusula de Confrontación,
aplicaremos el estándar siguiente: (1) que se adelante una
política pública importante, y (2) que se asegure la
confiabilidad del testimonio. Una vez establecida, de
manera particularizada, la política pública importante que
justifica la limitación del Derecho a la Confrontación y
se identifica la medida que debe implantarse para
adelantarla, entonces se continúa al siguiente criterio.
Para asegurar la confiabilidad del testimonio ofrecido en
el Juicio, se tomarán en cuenta los elementos siguientes:
(1) la presencia física; (2) el testimonio bajo juramento;
(3) la oportunidad de contrainterrogar, y (4) la
oportunidad de evaluar el comportamiento del testigo. De
los anteriores elementos, el único que es imprescindible
es la oportunidad de conducir un contrainterrogatorio
efectivo. En cuanto a los demás, se hará una evaluación
caso a caso del menoscabo que experimenta el Derecho a la
Confrontación para determinar si el efecto combinado de
6 El derecho lo que garantiza es la oportunidad de un contrainterrogatorio efectivo, no que será efectivo per se. Delaware v. Fensterer, 474 US 15, 20 (1985). CC-2020-0250 18
los restantes elementos constituye suficiente salvaguarda
para asegurar la confiabilidad del testimonio. De
contestarse esto último en la afirmativa, se satisface la
Cláusula de Confrontación. A contrario sensu, si se
contesta en la negativa, se violentaría la Cláusula.
C.
Antes de aplicar el estándar a la controversia de
autos, nos concentramos en profundizar sobre el elemento
del derecho al careo que nos compete en este momento: el
comportamiento (demeanor) del testigo.
El demeanor se refiere a la conducta no verbal que
exterioriza un testigo mientras declara. Tal conducta
asiste al juzgador de hechos en aquilatar el valor
probatorio que merece el testimonio. El demeanor puede
medirse de varias formas. El rostro es el ejemplo más
obvio. Empero, las expresiones faciales del testigo son
solo una de muchas maneras de comprobarlo. Este también
puede valorarse al percibir los momentos en los que el
testigo aclara su garganta frecuentemente, su voz vacila y
cuando toma pausas prolongadas para responder una
pregunta. Además, puede estimarse al observar su lenguaje
corporal (body language): hacer movimientos nerviosos y
constantes en la silla testifical, tocarse el cabello,
tener las manos inquietas y evadir el contacto visual.
B.W. Crews, Michigan Rule of Evidence 611(b) and the
Niqab: A Violation of Free Exercise of Religion, 27 T.M.
Cooley L. Rev. 611, 639 (2010). Asimismo, hemos reconocido
como métodos de medir el demeanor: la manera de hablar, CC-2020-0250 19
contradicciones, manierismos, dudas, vacilaciones, gestos,
titubeos, el color de las mejillas, los ojos, el temblor o
consistencia de la voz, los movimientos, el vocabulario no
habitual del testigo y los demás detalles perceptibles con
los sentidos. Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834, 857–
858 (2018).
Cabe destacar que para que se concrete el Derecho a
la Confrontación, el debido proceso de ley exige que,
cuando sea posible, se ponga a disposición del acusado las
herramientas para atacar la credibilidad de los testigos.
En particular, hemos expresado que:
[E]l debido proceso de ley exige que se pongan al alcance del acusado los medios de prueba para impugnar los testigos, atacar su credibilidad y todo recurso análogo encaminado a erradicar la falsedad del juicio y evitar el desvío de la justicia. Un careo sin estos instrumentos, cuando sean legítimamente asequibles, frustra el propósito del precepto constitucional. (Énfasis suplido). Pueblo v. Guerrido López, supra, pág. 958.
Sobre este extremo, en Pueblo v. Ruiz Lebrón, supra, pág.
441, este Tribunal citó con aprobación al tratadista
Wigmore con relación a lo siguiente:
[L]a ventaja secundaria que incidentalmente provee al tribunal la presencia del testigo --la evidencia de comportamiento-- es elemento sobre el que debe insistirse siempre que puede conseguirse. Nadie duda que es altamente deseable, siempre que esté disponible. Pero es meramente deseable. Cuando no está disponible, toda exigencia desaparece. No es parte esencial del concepto de confrontación; no descansa en mejor base que otra evidencia a la que se atribuye especial valor; y así como el original de un documento o un testigo preferido pueden dispensarse en caso de indisponibilidad, también puede prescindirse de la evidencia de comportamiento de ser necesario. (Énfasis suplido). CC-2020-0250 20
Lo antes expuesto pone de relieve que si bien hay una
obligación de proporcionarle al acusado los medios para
atacar la credibilidad de los testigos —lo cual incluye la
observación del demeanor— estos deben ser legítimamente
asequibles. Así pues, en ocasiones puede dispensarse de
considerar el demeanor de un testigo en el Juicio.
Precisamente en las limitadas situaciones en las que se
admite prueba de referencia en contra del acusado, el
juzgador de hechos no tiene el beneficio de evaluar el
demeanor del declarante. No obstante, se ha afirmado en
repetidas ocasiones que la Cláusula de Confrontación
permite tales declaraciones sin que se entienda infringido
el Derecho a la Confrontación. La evaluación del demeanor
tampoco estaría disponible cuando el juzgador de hechos es
no vidente. Esa circunstancia no siempre es óbice para que
se conduzca un Juicio penal justo.7 Por lo tanto, queda de
manifiesto que en ciertas circunstancias puede
prescindirse del beneficio del demeanor del testigo sin
que esto violente el Derecho a la Confrontación del
Tomando en cuenta el derecho expuesto, procedemos a
resolver.
III
Previo a aplicar el estándar adoptado a la
controversia de autos, como cuestión de umbral es
indispensable contextualizar la controversia de acuerdo 7 Véanse e.g. People v. Hayes, 923 P.2d 221, 225-227 (1995); People v. Caldwell, 603 N.Y.S.2d 713, 715-716 (1993); Galloway v. Superior Court of the D.C., 816 F. Supp. 12, 16-17 (1993). CC-2020-0250 21
con la pandemia que vivimos. Ante tal crisis, la Rama
Judicial no ha permanecido estacionaria. Así, ha
reconocido la existencia de un estado de emergencia
judicial que hace imperativo la implantación de medidas de
seguridad8 y, como consecuencia, ha desarrollado un plan de
acción con el propósito de reestablecer escalonadamente la
totalidad de los servicios que brinda.9 Conscientes de los
riesgos que conlleva el COVID-19, esto se ha hecho de
forma mesurada y tomando en consideración las estadísticas
de contagio y sus variaciones.
Nadie ha estado exento de experimentar algún
desagrado a causa de la pandemia. Sin embargo, los
tribunales debemos, dentro de lo alcanzable, normalizar
nuestras funciones. Esto debe ocurrir de tal manera que se
garantice el acceso seguro a los tribunales.
Al amparo de nuestro poder inherente para reglamentar
los procesos judiciales en situaciones de emergencia como
la presente, tenemos la obligación de procurar el
bienestar del personal y de la ciudadanía que acude a los
tribunales. Lo contrario sería una irresponsabilidad. En
atención a ello, al reiniciar la celebración de Juicios
penales debe hacerse un balance entre el interés de
salvaguardar las garantías individuales de los acusados y
8 In re: Medidas Judiciales ante situación de emergencia de salud por el Covid-19, EM-2020-12 (22 de mayo de 2020). In re: Medidas Judiciales ante situación de emergencia de salud por el Covid-19, EM- 2020-10 (2 de mayo de 2020); In re: Medidas Judiciales ante situación de emergencia de salud por el Covid-19, EM-2020-07 (13 de abril de 2020); In re: Medidas Judiciales ante situación de emergencia de salud por el Covid-19, EM-2020-03 (16 de marzo de 2020). 9 Plan de Contingencia y Control de Exposición y Propagación del Covid-
19 de la Rama Judicial, 20 de mayo de 2020, http://ramajudicial.pr/Prensa/comunicados/2020/05-21-20.pdf (última visita 24 de agosto de 2020). CC-2020-0250 22
las necesidades salubristas que deben adoptarse para el
beneficio de los participantes del proceso judicial.
A medida que se retomen las vistas en los tribunales,
los jueces deberán responsablemente atemperar el
funcionamiento de sus salas a tenor con la amenaza del
COVID-19. Además de las políticas de emergencia que
pudiera establecer la Oficina de Administración de los
Tribunales (OAT), los jueces deberán ejercer su discreción
al poner en práctica las medidas de protección que
entiendan correspondientes. Sobre este particular, no debe
existir duda en cuanto a que:
[E]l efectivo funcionamiento de nuestro sistema judicial y la más rápida disposición de los asuntos litigiosos compatibles con los derechos de la sociedad en general y de los ciudadanos en particular, requiere que nuestros jueces de instancia tengan gran flexibilidad y discreción para [lidiar] con los graves problemas que conlleva el diario manejo y tramitación de los asuntos judiciales y el administrar un eficiente sistema de justicia. Ello presupone que nuestros jueces de instancia tengan poder y autoridad suficiente para conducir los asuntos litigiosos ante su consideración y para aplicar correctivos apropiados de la manera y forma que su buen juicio, discernimiento y su sana discreción les indique, facultad con la cual no intervendremos excepto cuando sea absolutamente necesario con el propósito de evitar una flagrante injusticia. (Énfasis suplido). Pueblo v. Vega, Jiménez, 121 DPR 282, 287 (1988).
Las medidas de protección que los jueces y juezas de
instancia pudieran patrocinar son amplias. Ahora bien, las
que constantemente se promueven son el distanciamiento CC-2020-0250 23
social y el uso de mascarillas que cubran la boca y
nariz.10
La entidad Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ha sido
enfática en cuanto a que “[e]veryone should wear a mask in
public settings and when around people who don’t live in
[their] household”.11 Al mismo tiempo, se ha señalado que
el virus puede propagarse a través de “gotitas
respiratorias que se producen cuando una persona infectada
tose, estornuda o habla”.12 A este respecto se sospecha que
la transmisión aérea del COVID-19 aumenta en cuartos
cerrados que tengan aire acondicionado.13 Asimismo, el
contagio puede propagarse mediante el contacto con objetos
o superficies infectadas. Por tal motivo, debe tomarse en
cuenta el entorno del testigo, particularmente el área en
la cual declarará. Considerando lo anterior, estimamos
insuficiente para proteger a los testigos la instalación
de unos cristales acrílicos alrededor de la silla
testifical como opción excluyente del uso de mascarillas.
Por otra parte, referente al uso de protectores faciales
transparentes (face shields), la CDC ha expresado que
10 Protégete del COVID-19: Medidas de Prevención, Departamento de Salud de Puerto Rico, http://www.salud.gov.pr/Pages/Medidas_de_Prevencion.aspx (última visita 24 de agosto de 2020). 11 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): How to Protect Yourself & Others, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting- sick/prevention.html (última visita 24 de agosto de 2020). 12 Protégete del COVID-19: Transmisión, Departamento de Salud de Puerto
Rico, http://www.salud.gov.pr/Pages/Protegete_del_COVID19.aspx (última visita 24 de agosto de 2020). 13 A. Powell, Is air conditioning helping spread COVID in the South?,
The Harvard Gazette, 29 de junio de 2020, https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/06/air-conditioning-may- be-factor-in-covid-19-spread-in-the-south/ (última visita 24 de agosto de 2020). CC-2020-0250 24
“[t]here is currently not enough evidence to support the
effectiveness of face shields for source control.
Therefore, CDC does not currently recommend use of face
shields as a substitute for masks”.14 Esto resulta
pertinente ya que hay ocasiones en las que personas
infectadas no demuestran síntomas. Por entender fiable las
recomendaciones de esta entidad, no apoyamos el uso de
face shields como sustitutivo de una mascarilla que cubra
la boca y nariz. No se excluye la posibilidad de que se
pueda requerir el uso de mascarillas transparentes que
permitan observar la boca, sujeto, claro está, a su
disponibilidad en Puerto Rico. Enfatizamos que los jueces
y juezas deberán ejercer un buen juicio que tome en cuenta
las sugerencias de las autoridades con competencia.
En este caso la Jueza de instancia le ofreció al
recurrido como primera alternativa el que la vista del
Juicio menos grave se realizara mediante el sistema de
videoconferencias de la Rama Judicial. El sistema de
videoconferencias le hubiera provisto al recurrido la
oportunidad de conducir el contrainterrogatorio sin que el
testigo declarara con una mascarilla. No obstante, el
recurrido descartó esta alternativa.15 Así las cosas, la
Jueza proveyó no ha lugar a la petición del recurrido en
cuanto a exigirles a los testigos declarar sin mascarilla
protectora en el Juicio presencial. Posteriormente, el
14 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Considerations for Wearing Masks, CDC, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting- sick/cloth-face-cover-guidance.html (última visita 24 de agosto de 2020). 15 Está fuera del alcance de esta decisión la validez de un Juicio
mediante videoconferencia. CC-2020-0250 25
Tribunal de Apelaciones revocó la determinación del
Tribunal de Primera Instancia y ordenó que los testigos
declararan sin mascarilla para garantizar el Derecho a la
Confrontación del recurrido.
En primer lugar, la Cláusula de Confrontación
comprendida tanto en la Constitución Federal como en la
Estatal no es absoluta. Como ya señalamos, en Coy v. Iowa,
supra, el Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció que
el derecho a carease con los testigos de cargo no es
tajante y permite excepciones. A pesar de que en ese caso
no procedía aplicar una excepción al mencionado derecho,
no se descartó que pudieran existir excepciones siempre
que fueran necesarias para adelantar una política pública
importante.
Posteriormente, el Tribunal Supremo Federal tuvo la
oportunidad de efectivamente reconocer una excepción en
Maryland v. Craig, supra. En lo pertinente, allí señaló
que: “a defendant's right to confront accusatory witnesses
may be satisfied absent a physical, face-to-face
confrontation at trial only where denial of such
confrontation is necessary to further an important public
policy and only where the reliability of the testimony is
otherwise assured”. Por lo tanto, el estándar bajo
Maryland v. Craig, supra, compone dos criterios para
limitar el derecho al careo: (1) que se adelante una
confiabilidad del testimonio. CC-2020-0250 26
Conforme al estándar que recién adoptamos a la luz de
Maryland v. Craig, supra, cuando se cumple con el
requisito de adelantar una política pública importante, se
permitirá una confrontación cara a cara limitada solo si
la confiabilidad del testimonio está asegurada de otra
manera. La otra manera para asegurar la confiabilidad se
mide a base del efecto combinado de los elementos del
derecho al careo, a saber: (1) presencia física; (2)
testimonio bajo juramento; (3) oportunidad de
contrainterrogar, y (4) oportunidad de evaluar el demeanor
del testigo. En otras palabras, la convergencia de estos
elementos constituye el derecho al careo en todo su
esplendor.
Aunque en Maryland v. Craig, supra, el elemento del
derecho a la confrontación cara a cara que se vio afectado
fue el de presencia física, el análisis esbozado no varía
si el elemento que se afecta es otro, como sería la
apreciación del demeanor del testigo. En esencia, se debe
sopesar la política pública importante junto a los
elementos que componen el derecho al careo. Se podrá
limitar este derecho siempre que la política pública lo
justifique y, a su vez, se reúnan la mayoría de los
elementos que garantizan la confiabilidad del testimonio,
recordando que el derecho al contrainterrogatorio es el
elemento indispensable.
Al identificar si se cumple con el primer requisito
del estándar, apuntamos que en Coy v. Iowa, supra, pág.
1021, se hizo hincapié en que no habían observaciones CC-2020-0250 27
individualizadas que explicaran por qué las testigos
necesitaban una protección especial al ofrecer su
testimonio. Por tal razón, con el caso de Maryland v.
Craig, supra, quedó de manifiesto que se requiere una
determinación específica de que se justifica la limitación
del derecho al careo. No empece lo anterior, a diferencia
del asunto examinado en Coy v. Iowa, supra, requerir que
se lleve a cabo una vista de necesidad para auscultar la
razón por la que un testigo debe declarar con mascarilla
protectora, resulta ser un ejercicio fútil ante la
pandemia que actualmente agobia a nivel mundial. Es harto
conocido que el COVID-19 es un mal altamente contagioso,
que ha causado un número significativo de muertes en
Puerto Rico y que todos estamos susceptibles de sufrir.
Así lo demuestran estudios científicos y las
recomendaciones de las agencias pertinentes. Por lo tanto,
no es necesario hacer un estudio individualizado sobre
ello en la controversia ante nos. En definitiva, se cumple
el primer peldaño bajo el estándar ya que existe una
política pública apremiante a, no solo permitir el uso de
mascarillas en la silla testifical, sino exigirlo.
Por tanto, restaría corroborar que se cumple con el
segundo requisito del estándar, dirigido al resguardo de
la confiabilidad del testimonio. Según previamente
señalamos, en este caso el elemento del derecho al careo
afectado es el del demeanor.
Resolvemos que declarar con una mascarilla quirúrgica
o una mascarilla de tela que cubra solo la boca y la parte CC-2020-0250 28
inferior de la nariz no incide sobre la confiabilidad del
testimonio ofrecido por un testigo si, como ocurre aquí,
se cumplen los demás elementos del derecho al careo. El
recurrido podrá hacer preguntas y el testigo responderlas,
de manera que se estaría garantizando su derecho a
contrainterrogar a los testigos de cargo que, como
advertimos, es la piedra angular del Derecho a la
Confrontación. Además, en casos como estos se cumple con
que los testigos estén presentes físicamente en el
Tribunal y en la misma sala que el acusado, que el
testimonio sea dado bajo juramento e incluso, aunque de
manera más limitada de lo acostumbrado, también se cumple
con que el acusado tenga la oportunidad de evaluar el
demeanor del testigo. El hecho de que cubrir la boca y la
nariz con una mascarilla protectora no permite observar
estas facciones de la cara no significa que no pueda
constatarse el demeanor del testigo. El demeanor de un
testigo puede verificarse, inter alia, mediante
observación del lenguaje corporal, gestos que hace con los
ojos y las cejas, titubeos, contradicciones, manierismos,
dudas y vacilaciones. Es decir, la evaluación del demeanor
no se circunscribe a la boca y nariz del testigo, sino que
comprende muchísimas otras características. Así pues, en
este caso el efecto combinado de los elementos de
confiabilidad del testimonio cumple los propósitos de la
Cláusula de Confrontación.
No estamos ajenos a que existen diferentes tipos de
mascarillas que, en mayor o menor grado, cubren el rostro CC-2020-0250 29
de quienes las utilizan. Igualmente, a que unas son más
gruesas que otras. El uso de una u otra mascarilla está
sujeta a la discreción del buen juicio y discernimiento de
los jueces de instancia, tal cual indicamos. Subrayamos
que las mascarillas quirúrgicas son las más comunes y,
para efectos de los testigos que declaran presencialmente
en un tribunal, la opción más sensata; no solo por su
cualidad de desechables, sino porque no representan
obstáculo para escuchar la voz de los testigos ni cubre en
exceso los rasgos de sus rostros. Insistimos en que las
mascarillas utilizadas deben ofrecerle al acusado la
oportunidad efectiva de contrainterrogar a los testigos
para satisfacer el Derecho a la Confrontación y las
mascarillas quirúrgicas cumplen adecuadamente este
objetivo.
Finalmente, recalcamos que el que pueda limitarse el
derecho a confrontarse cara a cara con los testigos no
significa que este derecho será dispensado fácilmente.
Estará sujeto a los dos requisitos del estándar explicado.
Al no estar comprometidos significativamente todos los
elementos señalados, en este caso se cumple en su
totalidad con el estándar. Ante la emergencia sanitaria
que vivimos por el COVID-19, mediante el uso de una
mascarilla protectora se garantizaría el Derecho a la
Confrontación del recurrido sin descuidar la salud de
todas las personas presentes en la sala incluyendo a la
Jueza, secretaria, alguacil, abogados, testigos y hasta el
propio recurrido. CC-2020-0250 30
IV
Por los fundamentos expresados, se resuelve que el
uso de mascarillas por parte de los testigos, en el
contexto del COVID-19, no violenta la Cláusula de
Confrontación.
Conforme a lo anterior, revocamos la Sentencia
recurrida y devolvemos el caso al Tribunal de Primera
Instancia para procedimientos ulteriores consistentes con
esta Opinión.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionario
v. CC-2020-250
SENTENCIA
Por los fundamentos expresados en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente Sentencia, se resuelve que el uso de mascarillas por parte de los testigos, en el contexto del COVID-19, no violenta la Cláusula de Confrontación.
Conforme a lo anterior, revocamos la Sentencia recurrida y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para procedimientos ulteriores consistentes con esta Opinión.
Notifíquese inmediatamente.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió una Opinión de Conformidad. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió una Opinión de Conformidad. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió una Opinión Disidente. El Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo disiente y hace constar la expresión siguiente:
El Juez Kolthoff Caraballo disiente respetuosamente de la determinación de la Mayoría. Esto, por entender que la utilización de una careta plástica transparente (“face shield mask”) durante el testimonio de los testigos de cargo, unido a las demás medidas de CC-2020-250 2
salubridad, como son -entre otras- el uso estricto y constante de mascarillas de tela o
quirúrgicas por el resto de las personas en el salón, cumple con la política del Estado de evitar la contaminación durante este período de pandemia, a la vez que asegura el derecho a la confrontación del acusado.
Los Jueces Asociados señores Estrella Martínez y Colón Pérez disienten con Opinión escrita.
José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionario Certiorari CC-2020-0250 v.
La Jueza Presidenta ORONOZ RODRIGUEZ emitió una Opinión de conformidad.
Estoy conforme con el dictamen que hoy emitimos.
Ante un interés público tan importante como la
protección de la salud y la vida de cada persona que
participa en el procedimiento judicial, el uso de la
mascarilla durante el testimonio en la etapa de juicio
cumple con el estándar que esbozó el Tribunal Supremo
federal en Maryland v. Craig, 497 US 836 (1990). Según
resuelve la Opinión mayoritaria, el derecho a la
confrontación no prohíbe categóricamente que un testigo
declare en un juicio con una mascarilla cuando ello
resulta necesario para prevenir la propagación del
COVID-19.
Aclaro, no obstante, que nuestra determinación no CC-2020-0250 2
nos priva de adoptar métodos alternos que incidan
mínimamente en los derechos de los acusados y que sirvan
mejor a los intereses importantes que están en juego. El
mecanismo de la videoconferencia —en conjunto con ciertas
garantías— ofrece un medio seguro que se debe implementar
durante el periodo que dure la pandemia producto del
COVID-19. Así, en adelante, se debe recurrir a la
presentación del testimonio de manera presencial con el
uso de mascarilla solo en casos excepcionales donde las
circunstancias lo ameriten.
I.
Por hechos que se remontan al 21 de noviembre de 2019,
el Ministerio Público presentó una denuncia contra el
señor Daniel Cruz Rosario (recurrido) por infracción al
Art. 178 del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec.
5244 (intrusión en la tranquilidad personal). Luego de
varios trámites procesales, el 16 de junio de 2020 el
Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución en la
que señaló la celebración del juicio en su fondo por
tribunal de derecho para el 7 de julio de 2020.16 En ese
dictamen, el foro primario dispuso que se promovería el
uso del sistema de videoconferencias para atender las
vistas durante el juicio.17
En respuesta, el recurrido presentó una Moción
informativa solicitando vista de juicio presencial sin
16La Resolución se notificó el 22 de junio de 2020. 17 Conforme a ello, el Tribunal de Primera Instancia ordenó que las partes identificaran una dirección de correo electrónico dentro de un término que no fuera menor de cinco (5) días antes de la fecha que se señaló para la celebrar la vista con el motivo de coordinar la invitación a la videoconferencia. Certiorari, Apéndice, pág. 34. CC-2020-0250 3
mascarillas a los testigos declarantes, y otros extremos
en la que se opuso a que la vista se celebrase mediante el
sistema de videoconferencia. Sostuvo que tanto el derecho
constitucional a la confrontación como el debido proceso
de ley exigían la celebración del juicio de manera
presencial. Adujo además que al amparo de esas garantías
constitucionales el tribunal también debía ordenar que la
testigo declarara sin mascarilla. Argumentó que el uso de
la mascarilla impide al juzgador aquilatar la credibilidad
del testimonio al afectar significativamente el
comportamiento corporal (demeanor) de la testigo.
El 26 de junio de 2020 el Tribunal de Primera
Instancia emitió un dictamen en el que proveyó no ha lugar
a la moción que presentó el recurrido.18 Inconforme, este
último acudió al Tribunal de Apelaciones. El 3 de julio de
2020 el foro apelativo intermedio emitió y notificó una
Sentencia mediante la cual revocó la Resolución del foro
primario. Determinó que el derecho constitucional al careo
y a la confrontación incluye la observación del demeanor
del testigo mientras declara. Razonó que la mascarilla le
imposibilita al juzgador de los hechos contar con todos
los elementos de juicio necesarios para adjudicar el
demeanor del testigo y la credibilidad del testimonio.
Adujo además que el uso de la mascarilla durante el
interrogatorio impide al abogado de defensa levantar los
señalamientos correspondientes en torno al comportamiento
18 Resolución, Apéndice, pág. 25. El dictamen se notificó el 29 de junio de 2020. CC-2020-0250 4
del testigo. Ante ello, concluyó que el derecho a la
confrontación del acusado exigía que se celebrara el
juicio en su fondo de manera presencial y sin que los
testigos usaran la mascarilla mientras declararan.
Nótese que el Tribunal de Apelaciones no ponderó el
alcance del derecho constitucional a la confrontación
cuando el interrogatorio a los testigos en el juicio se
celebra por el sistema de videoconferencia, fundamento que
inició el recurso interlocutorio que se instó en ese
foro.19 Sin embargo, en una disidencia se expresó la
inconformidad con que el foro apelativo intermedio no le
ofreciera la oportunidad al Procurador General para que
expresara su postura sobre el particular. Asimismo, se
19 La Orden del Tribunal de Primera Instancia que originó el recurso interlocutorio que se instó ante el Tribunal de Apelaciones fue la que se dictó el 16 de junio de 2020 y que se notificó el 22 de junio de 2020. En ella, se dispuso:
El Tribunal promueve el uso del sistema de videoconferencias para atender las vistas. A esos efectos, las partes deberán enviar un correo electrónico a la siguiente dirección […] dentro de un término que no será menor de cinco (5) días antes de la vista, a fin de tramitar la coordinación de la invitación correspondiente.
El recurrido se opuso y solicitó: (1) que la vista no se celebrara por videoconferencia, y (2) que se celebrara la vista pendiente que se suspendió —la del 14 de abril de 2020— de manera presencial y sin que el testigo declarara con mascarilla. Moción informativa solicitando vista de juicio presencial sin mascarillas a los testigos declarantes, y otros extremos, Apéndice, págs. 27-28. El 26 de junio de 2020 — notificado el 29 de junio de 2020— la Hon. Valerie Concepción Cintrón se limitó a proveer no ha lugar a la moción en su totalidad. Notificación, Apéndice, pág. 25. El recurrido acudió al Tribunal de Apelaciones para revisar ese dictamen. Por lo tanto, la controversia sobre si el juicio se podía celebrar por medio de la videoconferencia también estaba ante la consideración del foro apelativo intermedio al momento de atender el recurso. El hecho de que el recurrido se haya opuesto a ese método no cambia la naturaleza de lo que se solicitaba allí. Tampoco debe movernos el hecho de que el Tribunal de Primera Instancia modificara posteriormente su determinación a tenor de lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal de Apelaciones, pues esas modificaciones surgieron antes de que el foro primario recibiera el mandato del foro apelativo intermedio. Como norma general, cualquier dictamen posterior que haya realizado un foro inferior cuando un tribunal revisor aún ostenta la jurisdicción del caso se considera inválido por haberse dictado sin jurisdicción. CC-2020-0250 5
cuestionó cómo se afectaría el derecho a la confrontación
del acusado si se permitía celebrar el interrogatorio por
videoconferencia.20
El 10 de julio de 2020, antes de recibir el mandato
del Tribunal de Apelaciones,21 el foro primario emitió una
Orden en la que tomó conocimiento de la Sentencia que
emitió el foro apelativo intermedio. Además, ordenó que el
juicio en su fondo se celebrara en dos salones separados,
conectados con equipo audiovisual que permitiera la
comunicación entre ambos salones. Adicionalmente dispuso
que se le proveerían a los testigos face shields para que
sean utilizados durante el interrogatorio. Asimismo,
señaló el juicio en su fondo para el 13 de julio de 2020.
Finalmente, el 29 de julio de 2020 el Procurador
General presentó ante esta Curia el recurso de certiorari
20 En específico, el Juez del Tribunal de Apelaciones, Hon. Nery E. Adames Soto, expresó en un Voto disidente:
Aunque, por una parte, coincido con el razonamiento del Panel respecto a que la protección del derecho constitucional a la confrontación supone o incluye necesariamente examinar los gestos, expresiones, tonos de voz, y el demeanor en general del testigo bajo contrainterrogatorio, asunto que se vería imposibilitado por el uso de la máscara en el rostro, por otra parte no veo cómo se afectaría dicho derecho ante la posibilidad de que se permita el interrogatorio a través del sistema de videoconferencia, por ejemplo. El planteamiento resulta novel por causa de la situación de la pandemia, lo que ameritaba que concediéramos espacio al Procurador General para que expresase su postura.
Voto disidente del Juez Nery E. Adames Soto, Apéndice, págs. 9-10. (Énfasis suplido).
21Este hecho quedó constatado en la Minuta de la vista del 13 de julio de 2020. Minuta, Apéndice, pág. 39. Allí, el Ministerio Público le preguntó a la Hon. Valerie Concepción Cintrón si había recibido el mandato del Tribunal de Apelaciones a lo que esta indicó que no. El Ministerio Público informó a la Jueza su intención de acudir en certiorari ante este Tribunal. En consecuencia, el foro primario cambió la fecha del juicio para el 3 de agosto de 2020 para que el Ministerio Público tuviera la oportunidad de recurrir ante este Foro. Íd. CC-2020-0250 6
que nos ocupa.22 Arguyó que el Tribunal de Apelaciones se
equivocó al revocar la Resolución del foro primario y
sostener que los testigos debían declarar en sala sin
mascarillas, contrario a las instrucciones médicas y
gubernamentales. Indicó además que el Tribunal de
Apelaciones se equivocó al no valorar el interés
apremiante del Estado en mantener y preservar la salud de
todos a través del uso de la mascarilla. Cuestionó además
los fundamentos del foro apelativo intermedio para
concluir que el uso de la mascarilla coarta los derechos
constitucionales del acusado.23
El 31 de julio de 2020 ordenamos la paralización de
cualquier procedimiento en el Tribunal de Primera
Instancia hasta que dispusiéramos de este asunto.
Simultáneamente, expedimos el recurso de certiorari que se
nos presentó.
II.
La Enmienda Sexta de la Constitución de Estados Unidos
reconoce el derecho de todo acusado a confrontarse con los
testigos que declaren en su contra. Emda. VI, Const. EE.
UU., LPRA, Tomo 1. Este derecho fundamental aplica a los
gobiernos estatales al amparo de la cláusula del debido
22 El Procurador General acompañó al recurso de certiorari que presentó una Moción en auxilio de jurisdicción en la que nos solicitó que paralizáramos los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia hasta tanto resolviéramos la controversia. 23 En su comparecencia ante nosotros, el Procurador General no presentó
su postura sobre la celebración de la vista por videoconferencia. Tampoco nos solicitó que se ordenara la celebración del juicio por videoconferencia como dispuso la Hon. Valerie Concepción Cintrón en la Orden que emitió el 16 de junio de 2020. CC-2020-0250 7
proceso de ley de la Enmienda Decimocuarta, Enmda. XIV,
Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1; Pointer v. Texas, 380 US 400
(1965). De igual forma, la Constitución de Puerto Rico
también garantiza que, en todo proceso criminal, el
acusado tenga “derecho a carearse con los testigos de
cargo”. Const. ELA, Art. II, Sec. 11, LPRA, Tomo 1.
Se ha reconocido, tanto bajo la Constitución federal
como la estatal, que el derecho a la confrontación opera
en la etapa de juicio. Barber v. Page, 390 US 719, 725
(1968); véase también Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 DPR
653, 660 (1985). Su objetivo principal es evitar la
celebración de los juicios mediante declaraciones ex parte
y deposiciones, privándole al acusado la oportunidad de
examinar y contrainterrogar personalmente a los testigos.
Mattox v. US, 156 US 237, 242 (1895). De esa forma, el
acusado tiene un derecho a cuestionar el testimonio del
declarante, obligándolo a comparecer frente al juzgador de
los hechos, quien finalmente adjudicará la credibilidad de
las declaraciones basado en los dichos del testigo y su
comportamiento en sala. Íd., págs. 242-243. Cónsono con lo
anterior, el derecho a la confrontación: (1) asegura que
el testigo declare bajo juramento y en presencia del
acusado, so pena de perjurio si ofrece testimonio falso;
(2) sujeta al testigo al contrainterrogatorio, y (3) le
permite al juzgador la oportunidad de adjudicar la
credibilidad del testimonio observando el comportamiento
del testigo mientras declara. Véase California v. Green, CC-2020-0250 8
399 US 149, 158 (1970). Así, se pretende asegurar la
confiabilidad de la evidencia testimonial que se presenta
en el juicio sujetándola a un escrutinio adversativo
riguroso. Maryland v. Craig, supra, pág. 846.
A base de lo anterior, hemos reconocido que el
derecho a la confrontación tiene tres vertientes, a saber:
(1) el derecho al careo o a la confrontación cara a cara
con los testigos de cargo; (2) el derecho a
contrainterrogar, y (3) el derecho a que se excluya cierta
prueba de referencia. Pueblo v. Pérez Santos, 195 DPR 262,
269-270 (2016).
La Constitución de Puerto Rico dispone expresamente el
derecho a “carearse con los testigos de cargo”. Const.
ELA, supra, Art. II, Sec. 11. En su sentido literal, ese
derecho supone “la confrontación cara a cara entre el
testigo de cargo y el acusado en presencia del tribunal”.
Pueblo v. Ruiz Lebrón, 111 DPR 435, 452 (1981) (Juez
Asociado Irizarry Yunqué, Opinión disidente). Aunque en un
momento en Puerto Rico el derecho al careo estuvo un tanto
rezagado,24 el Tribunal Supremo federal confirmó su
esencialidad posteriormente al amparo de la Constitución
de los Estados Unidos.
Distinto a nuestra Carta Magna, la Constitución
federal no menciona expresamente el derecho al careo. No
obstante, su inclusión como parte de la cláusula de
24E. L. Chiesa Aponte, Procedimiento Criminal y la Constitución: Etapa Adjudicativa, San Juan, Ed. Situm, 2018, págs. 80, 82. CC-2020-0250 9
confrontación de la Enmienda Sexta ha sido reiterada por
el Máximo Foro federal. Maryland v. Craig, supra, pág. 847
(citando a California v. Green, supra, pág. 157) (“[F]ace-
to-face confrontation forms ‘the core of the values
furthered by the Confrontation Clause’”); Coy v. Iowa, 487
US 1012, 1016 (1988) (“We have never doubted, therefore,
that the Confrontation Clause guarantees the defendant a
face-to-face meeting with witnesses appearing before the
trier of fact”). De esa forma, se ha entendido que el
careo como parte del derecho a la confrontación supone la
presencia en el juicio tanto del acusado como del testigo.
Coy v. Iowa, supra; E. L. Chiesa Aponte, Procedimiento
Criminal y la Constitución: Etapa Adjudicativa, San Juan,
Ed. Situm, pág. 109.
En esa línea, en Coy v. Iowa, supra, se reafirmó la
importancia del careo para el derecho a la confrontación.
Allí se dijo que, en conjunto con el derecho a
contrainterrogar, la confrontación cara a cara entre el
testigo y el acusado promueve la búsqueda de la verdad y,
por consiguiente, garantiza la integridad de un juicio
justo. Coy v. Iowa, supra, págs. 1019-1020.25 Sin embargo,
se reconoció la posibilidad de que existieran causas
excepcionales en las que se necesitara adelantar un
25 En Coy v. Iowa, 487 US 1012, 1017 (1988), el Tribunal Supremo federal expresó: “[T]here is something deep in human nature that regards face-to-face confrontation between accused and accuser as ‘essential to a fair trial in a criminal prosecution’”. (citando a Pointer v. Texas, 380 US 400, 404 (1965)). En esa línea, razonó: “It is always more difficult to tell a lie about a person to his face than behind his back”. Íd., pág. 1019. Así, concluyó que: “[T]he right to face-to-face confrontation […] [and] the right to cross-examine the accuser[,] both ‘ensur[e] the integrity of the fact-finding process’” (citando a Kentucky v. Stincer, 482 US 730, 736 (1987)). CC-2020-0250 10
interés de política pública importante que justificara
afectar ese derecho. Íd., pág. 1021. Sobre el particular,
en Coy v. Iowa, supra, pág. 1021 se dijo: “[W]e can
identify exceptions, in light of other important
interests, to the irreducible literal meaning of the
Clause […]. We leave for another day, however, the
question whether any exceptions exists. Whatever they may
be, they would surely be allowed only when necesary to
further an important public policy”. (Énfasis suplido).
En Maryland v. Craig, supra, el Tribunal Supremo
federal se enfrentó por primera vez a una de esas
excepciones. En ese caso se cuestionó la
constitucionalidad de un estatuto que permitía que
víctimas de delitos sexuales que fueran menores edad
testificaran a través de un sistema de vídeo de circuito
cerrado desde un salón separado de la sala donde se
encontraba el acusado. Consistía en una especie de
videoconferencia de una sola dirección en la que las
personas en la sala podían ver y escuchar al declarante,
pero este no podía percibirlos a ellos. Previo a adoptar
ese mecanismo, el estatuto disponía que se debía realizar
un análisis individualizado de las circunstancias
particulares de cada caso que justificaran la necesidad de
desviarse del interrogatorio tradicional.
El Tribunal Supremo federal sostuvo la
constitucionalidad del estatuto. Aunque reafirmó la
esencialidad del derecho a que los testigos declaren CC-2020-0250 11
frente al acusado, se determinó que ese derecho no es
absoluto ni indispensable. Íd., págs. 849-850. Se dijo
además que, ante la necesidad de adelantar un interés
público importante —a modo excepcional y particular a cada
caso— la cláusula de confrontación permitía que se
afectara el derecho al careo siempre y cuando la
confiabilidad del testimonio se garantizara de otra
manera. Íd., pág. 850. Para ello, recalcó que la
confiabilidad del testimonio surge del efecto combinado de
los cuatro (4) elementos que componen la zapata del
derecho a la confrontación: (1) presencia física, (2)
juramento, (3) oportunidad para contrainterrogar, y (4)
que el juzgador de los hechos pueda apreciar el demeanor
del testigo. Íd., pág. 846. Por ende, el Máximo Foro
federal razonó que la confiabilidad del testimonio podía
sostenerse, aun a falta de presencia física, cuando
concurren los demás elementos. Sobre la medida particular
que se adoptó en ese caso, el Tribunal Supremo federal
expresó:
We find it significant, however, that Maryland’s procedure preserves all of the other elements of the confrontation right: The child witness must be competent to testify and must testify under oath; the defendant retains full opportunity for contemporaneous crossexamination; and the judge, jury, and defendant are able to view (albeit by video monitor) the demeanor (and body) of the witness as he or she testifies. Although we are mindful of the many subtle effects face-to-face confrontation may have on an adversary criminal proceeding, the presence of these other elements of confrontation—oath, cross-examination, and observation of the witness’ demeanor—adequately ensures that the testimony is both reliable and subject to rigorous adversarial testing in a CC-2020-0250 12
manner functionally equivalent to that accorded live, in-person testimony. Íd., pág. 851.
Nótese que, en Maryland v. Craig, supra, el Máximo
Foro federal enfatizó que la medida propuesta no solo era
necesaria para adelantar un interés público importante,
sino que también afectaba mínimamente el derecho al careo.
Esto último, pues aseguraba la confiabilidad del
testimonio sin afectar el carácter adversativo del juicio
al permitir que se llevara a cabo el contrainterrogatorio.
Véase Maryland v. Craig, supra, págs. 856-857; Chiesa
Adjudicativa, op. cit., págs. 84-86.
Bajo el estándar que se estableció en Maryland v.
Craig, supra, el derecho a la confrontación permite el
menoscabo al derecho al careo si: (1) la medida propuesta
es necesaria para adelantar un interés público importante,
y (2) se puede asegurar la confiabilidad del testimonio,
al analizar la existencia y el alcance de los elementos
siguientes: (1) la presencia física; (2) el testimonio
bajo juramento; (3) la oportunidad de contrainterrogar, y
(4) la oportunidad de que el juzgador de los hechos pueda
evaluar el comportamiento o demeanor del testigo. Cabe
señalar que ese estándar, aunque riguroso, no exige que
los tribunales escudriñen entre las opciones disponibles
la más restrictiva al Estado o la más favorable al
acusado. Lo único que se exige es que se cumpla con el
alto estándar que allí se dispone. CC-2020-0250 13
Según concluimos hoy, el estado de emergencia vigente
que creó la pandemia del COVID-19 constituye
indudablemente un interés público lo suficientemente
importante como para justificar la imposición de medidas a
favor de la seguridad del componente humano en los
procedimientos judiciales, incluyendo aquellos de
naturaleza penal.26 Por lo tanto, resta determinar si las
medidas propuestas relevantes a esta controversia —
entiéndase, el uso de mascarillas por el testigo durante
el interrogatorio en el juicio o la celebración de este
por medio de videoconferencia— son necesarias para
adelantar ese interés y si ofrecen garantías de
confiabilidad suficientes al amparo del derecho a la
III.
Según expone la Opinión mayoritaria, existen estudios
de las autoridades de alto peritaje científico y de la
salud sobre la efectividad del uso de mascarillas para
prevenir que el virus del COVID-19 se propague. Al
momento, la agencia gubernamental Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) desaconseja la implementación
de otros métodos de prevención como sustituto al uso de la
mascarilla en espacios públicos y cuando se esté al
26 Coincido con la Opinión mayoritaria en que, en estos momentos, requerir la celebración de la vista de necesidad para estos propósitos constituye un ejercicio fútil. No obstante, eso será así únicamente mientras dure el estado crítico de emergencia en el que nos encontramos. Quedará en la sana discreción del Tribunal de Primera Instancia determinar cuándo celebrar la vista de necesidad en consideración al estado de la situación que impere por el COVID-19. CC-2020-0250 14
alcance de personas que no viven en el mismo hogar.27 Por
lo tanto, obligar a que el testigo no se retire su
mascarilla al declarar presencialmente en el juicio
constituye una medida necesaria que adelanta, sin duda, un
interés público importante.
Aplicando el estándar que hoy esbozamos, podemos
determinar que el testigo: (1) estará declarando
presencialmente en sala, por lo que se cumple con el
criterio de presencia física; (2) ofrecerá juramento, y
(3) estará sujeto a contrainterrogatorio, elemento
indispensable bajo el derecho a la confrontación. Dado que
el uso de la mascarilla cubre una parte de la cara del
testigo, el elemento que se afecta parcialmente es la
oportunidad de que el juzgador de los hechos pueda
observar el demeanor del testigo mientras ofrece su
testimonio.
Como señalamos en la Opinión mayoritaria, el demeanor
se refiere a la conducta no verbal que exterioriza un
testigo mientras declara. Valga mencionar que el demeanor
tiene poder comunicativo. Su relevancia en los
procedimientos judiciales está plasmada también en nuestro
derecho positivo; se codifica en la Regla 608 de
Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 608, como uno de los medios
de prueba para impugnar la credibilidad del testigo.28 A
27 Véase Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Coronavirus Disease 2019 (COVID-2019): How to Protect Yourself and Others, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting- sick/prevention.html 28 La Regla 608 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 608, dispone:
REGLA 608. Credibilidad e impugnación de testigos. CC-2020-0250 15
tenor de lo anterior, el juzgador de los hechos debe
“aquilatar el testimonio, para lo cual, por supuesto, hay
que considerar la impugnación que sufrió el testigo, si
alguna, la naturaleza creíble o inverosímil del testimonio
y su comportamiento al testificar (demeanor)”. E. L.
Chiesa Aponte, Tratado de derecho probatorio: Reglas de
Evidencia de Puerto Rico y federales, Santo Domingo,
Publicaciones JTS, 1998, T. II, págs. 1231–1232. De esa
forma, hemos reconocido que el demeanor incluye: las
expresiones mímicas, el color de las mejillas, el temblor
o la consistencia de la voz, los movimientos, el
vocabulario no habitual del testigo, gestos, titubeos,
dudas, vacilaciones y otros detalles perceptibles a los
sentidos. Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834, 857-858
(2018); Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78 (2001); Ortiz
v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 947 (1975).
Nótese que, en ocasiones, hemos cuestionado la
confiabilidad del demeanor al comentar que “es altamente
improbable estudiar a través de una observación tan
rápida, en circunstancias tan poco deseables como la que
brinda un juicio sobre los hechos, la conducta moral de un
testigo”. Sanabria v. Sucn. González, 82 DPR 885, 993
(1961). Por lo tanto, aunque el demeanor es una pieza
[…]
(b) Medios de prueba.—La credibilidad de una persona testigo podrá impugnarse o sostenerse mediante cualquier prueba pertinente, incluyendo los aspectos siguientes:
(1) Comportamiento de la persona testigo mientras declara y la forma en que lo hace. CC-2020-0250 16
importante para evaluar la credibilidad del testimonio,
ciertamente no es el único factor al momento de realizar
un juicio valorativo para adjudicar mendacidad. Véase In
re Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 272 (2006) (Jueza Asociada
Fiol Matta, Opinión disidente).
Ciertamente, el demeanor compone un elemento
importante comprendido en el derecho al careo. Sin
embargo, como determinó el Tribunal Supremo federal en
Maryland v. Craig, supra, el derecho al careo no es
absoluto. Por lo tanto, al amparo de ese estándar, ante la
necesidad de adelantar un interés de política pública
importante es completamente razonable concluir que el
derecho a la confrontación tolera que se afecte en parte
la capacidad del juzgador de los hechos de observar el
demeanor de quien testifica en el juicio. Enfatizo que se
afecta en parte pues, aunque no pueda apreciar parte de la
cara del testigo, el juzgador de los hechos sí tendrá la
oportunidad de evaluar otros aspectos de la conducta del
declarante. A tenor del dictamen que esbozamos hoy, esta
limitación subsistirá mientras esa medida en particular
sea necesaria para adelantar el interés público importante
de preservar la salud y vida de todas las personas que
compulsoriamente participan del procedimiento penal.
El avance de la tecnología ha conferido a los
tribunales herramientas importantes que se integran
significativamente en la tarea judicial de impartir CC-2020-0250 17
justicia. Estas han sido esenciales en circunstancias
donde los tribunales se ven imposibilitados de sostener
los métodos tradicionales para efectuar su función
adjudicativa. En esa línea, distintos tribunales a nivel
mundial no han tenido reparos con adoptar el sistema de
videoconferencias para celebrar procedimientos judiciales
en aquellos casos donde su implementación sea adecuada y
no infrinja en los derechos de las personas.29
Particular a la controversia ante nosotros, el
mecanismo de la videoconferencia permite que un testigo
pueda declarar, en tiempo real, sin que tenga que estar
físicamente en la misma sala donde se celebra el juicio.
Aunque el testigo no estaría presente de manera física,
este se encontraría virtualmente presente a través de
tecnología que faculta sus interacciones con el resto del
componente de la sala. Para ello, los receptores estarían
conectados a una plataforma en común que permite que todos
puedan verse y escucharse en una comunicación de doble
vía. Esto sucede de manera muy similar a como sucedería si
el testigo estuviera allí presencialmente.
Al amparo del estándar de Maryland v. Craig, supra, el
mecanismo de interrogatorio en el juicio por medio de la
videoconferencia de doble vía también provee un método
29 De hecho, previo al estado de emergencia vigente, la Rama Judicial ha dirigido sus esfuerzos a reforzar el uso de las plataformas digitales y la tecnología en aras de promover el acceso a la justicia pronto, costoeficiente y seguro. Entre esas medidas, se ha implementado exitosamente el uso del mecanismo de la videoconferencia para celebrar distintos procedimientos, tanto de naturaleza civil como penal. Véase Oficina de la Administración de los Tribunales, Guías generales para el uso del sistema de videoconferencia en los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (2020). CC-2020-0250 18
necesario y adecuado que adelanta el interés público
importante de proteger vidas al prevenir la propagación
del virus letal COVID-19. En términos generales, por su
naturaleza, la videoconferencia permite que una persona
pueda participar de un proceso judicial de manera remota,
eliminando por completo el riesgo de contagio entre esa
persona y el receptor que se encuentre al otro lado de la
conexión inalámbrica.
En el contexto de la celebración del interrogatorio a
los testigos en la etapa de juicio, al igual que la medida
del uso de la mascarilla durante el testimonio presencial,
el mecanismo de la videoconferencia permite: (1) que el
testigo juramente ante el tribunal antes de emitir sus
declaraciones, y (2) que el acusado tenga la oportunidad
de contrainterrogar al testigo. Nótese que, distinto a la
medida que avalamos en la Opinión mayoritaria, el
mecanismo de la videoconferencia permite que el testigo
declare sin mascarilla, pues no existe un riesgo de
contagio al receptor de la comunicación inalámbrica. Por
lo tanto, mediante este método se garantiza la oportunidad
de que el juzgador de los hechos pueda evaluar el
comportamiento o demeanor del testigo en su plenitud.
Ahora bien, la admisibilidad de un testimonio que se
ofrece por videoconferencia en un juicio criminal está
igualmente sujeta a la jurisprudencia que gobierna el
derecho constitucional a la confrontación. Esto pues su
uso como medio supletorio supone que el testigo ofrecerá CC-2020-0250 19
evidencia ante un tribunal sin estar físicamente presente.
Ausente este elemento del derecho a la confrontación,
corresponde que se determine antes si, en el contexto del
estado de emergencia vigente, el método propuesto asegura
la confiabilidad del testimonio que se ofrezca mediante
ese mecanismo.
A base de lo anterior, resulta persuasivo que en
Maryland v. Craig, supra, el Tribunal Supremo federal
validó precisamente esos lineamientos ante unos hechos que
involucraban una medida que implementó un sistema análogo
a la videoconferencia para cierto tipo de testigos, aunque
bajo un interés de política pública importante distinto.30
De esa forma, varios tribunales inferiores no han vacilado
en aplicar el testimonio por videoconferencia de doble vía
ante otros intereses de política pública importantes.31 No
30Véase H. Perry, Virtually Face-to-Face: The Confrontation Clause and the Use of Two-Way Video Testimony, 13 Roger Williams U. L. Rev. 565, 586-587 (2008). Según la autora:
Two-way video conference testimony in criminal trials is constitutional because it provides the necessary protections and upholds the goals intended by the Confrontation Clause. The procedure is also more protective of defendants’ right to confrontation than other accepted methods of testimony […]. Further, two-way video testimony is superior to one-way video testimony, which the Supreme Court has already deemed constitutional.
31 Véase, por ejemplo, Lipsitz v. State, 442 P.3d 138, 144 (Nev. 2019) (en donde testigo era una víctima que residía en una facilidad de rehabilitación por abuso de sustancias controladas que se encontraba fuera del estado); State v. Seelig, 738 S.E.2d 427, 434–435 (N.C. Ct. App. 2013) (en donde un experto que vivía en otro estado acreditó sufrir de un desorden psicológico severo que le impedia abordar un avión). New York v. Wrotten, 923 N.E.2d 1099, 1100–1103 (N.Y. 2009) (donde se permitió interrogar a un testigo de 85 años con una enfermedad cardiaca severa); Bush v. State, 193 P.3d 203, 214–216 (Wyo. 2008) (donde se permitió el interrogatorio por videoconferencia a un testigo con problemas cardiacos severos, luego de sufrir un fallo renal); State v. Sewell, 595 N.W.2d 207, 212–213 (Minn. Ct. App. 1999) (donde se permitió interrogar por medio de videoconferencia a un testigo en riesgo de sufrir una parálisis total si se movía de donde estaba localizado). CC-2020-0250 20
hay razón para creer que deba ser distinto ante el interés
al que se contrapone el derecho al careo en la
controversia ante nosotros: el derecho a la vida.32 En
particular, la necesidad de atajar una crisis de salud
pública tomando medidas que impidan la propagación del
De esa forma, el testimonio que se ofrece por medio de
la videoconferencia tiene las ventajas siguientes: (1)
provee la oportunidad que tanto el acusado como el testigo
puedan verse y comunicarse en tiempo real; (2) permite que
se efectúe el contrainterrogatorio; (3) obliga al testigo
a ofrecer sus declaraciones bajo juramento, y (4) permite
que el juzgador de los hechos observe el comportamiento y
el demeanor del testigo.33
32 Véase, por ejemplo, en el contexto de la pandemia actual, United States v. Donziger, No. 11-CV-691 (LAK), 2020 WL 4747532 (SDNY Aug. 17, 2020):
[T]he Court notes that depending on the circumstances of the Government's witness, remote testimony may comport with the Sixth Amendment principles set forth in Craig and Gigante. At least in in some instances, allowing remote testimony may be needed to promote the strong public interest in avoiding exposing at-risk individuals to COVID-19 and minimizing further spread of the virus. See Craig, 497 U.S. at 850 (finding that the public policy of “protecting child witnesses from the trauma of testifying in a child abuse case” justified an exception to the ordinary “face-to-face confrontation” requirement). And depending on the witness's situation, the health risks and travel restrictions occasioned by the ongoing pandemic may also constitute “exceptional circumstances” that would permit the use of video testimony. See Gigante, 166 F.3d at 81-82 (2d Cir. 1999) (finding that witness's illness and participation in a witness protection program were “exceptional circumstances” such that the witness could testify by closed-circuit television).
Íd., pág. 3. (Énfasis suplido). 33 Véase J. Benjamin Aguiñaga, Confronting Confrontation in a Facetime
Generation: A Substantial Public Policy Standard to Determine the CC-2020-0250 21
A base de lo anterior, no hay impedimento alguno para
que pueda celebrarse el interrogatorio en un juicio penal
por medio de una videoconferencia de doble vía mientras
dure el estado de emergencia actual por motivo de la
pandemia que provocó el COVID-19. La medida es necesaria
para atender un interés público importante y goza de
garantías de confiabilidad suficientes al amparo del
derecho a la confrontación.
IV.
No queda duda de que la preservación de la vida
humana dentro del estado de emergencia que enfrentamos
constituye un interés público de importancia máxima. Como
vimos, el uso mandatorio de mascarillas por parte de los
testigos durante todo el interrogatorio adelanta ese
interés particular. No obstante, aunque no me opongo al
razonamiento que esbozó este Tribunal para justificar el
uso de mascarillas en el juicio, entiendo que el mecanismo
de la videoconferencia ofrece la alternativa viable,
segura y confiable que menos afecta el derecho al careo y
mejor protege los intereses en riesgo. Lo anterior, si ese
mecanismo se emplea con medidas adicionales dirigidas a
garantizar la pureza y confiabilidad del interrogatorio en
la etapa de juicio. A modo de repaso, se debe garantizar:
(1) la oportunidad que tanto el acusado como el testigo
puedan verse y comunicarse efectivamente en tiempo real;
(2) permitir que se efectúe el contrainterrogatorio; (3)
Constitutionality of Two-Way Live Video Testimony in Criminal Trials, 78 La. L. Rev. 175, 190 (2014). CC-2020-0250 22
obligar al testigo a ofrecer sus declaraciones bajo
juramento, y (4) la oportunidad de que el juzgador de los
hechos pueda observar el demeanor del testigo.
V.
Inherente a nuestra función adjudicativa está nuestra
facultad de ordenarle al foro primario que celebre los
procedimientos judiciales a tenor de nuestros
pronunciamientos. Por entender que esta es la forma más
segura y confiable de celebrar los interrogatorios en la
etapa del juicio, hubiese ordenado la celebración de los
interrogatorios en los juicios penales por
videoconferencia, conforme a los lineamientos aquí
dispuestos. Asimismo, en adelante, permitiría el
interrogatorio de manera presencial con el uso de
mascarillas —según se dispuso en la Opinión mayoritaria—
solo en circunstancias excepcionales que realmente lo
ameriten. Correspondería al juez o jueza del foro primario
determinar si las circunstancias específicas del caso
constituyen causa para prescindir de utilizar el mecanismo
de la videoconferencia y realizar el juicio en su
totalidad conforme al dictamen que emitió la Mayoría.
Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Presidenta EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Pueblo de Puerto Rico
v. Núm. CC-2020-0250
Opinión de Conformidad emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
“Nevertheless, many continued hoping that the epidemic would soon die out and they and their families be spared. Thus they felt under no obligation to make any change in their habits as yet. Plague was for them an unwelcome visitant, bound to take its leave one day as unexpectedly as it had come.”
The Plague, Albert Camus
“I have known a vast quantity of nonsense talked about bad men not looking you in the face. Don´t trust the conventional idea. Dishonesty will stare honesty out of countenance, any day of the week, if there is anything to be got by it.”
Hunted Down, Charles Dickens
Estoy de acuerdo con el resultado al que llega este
Tribunal en el día de hoy. De esta manera, se rechaza la
determinación del foro apelativo intermedio en este caso
de ordenar que el juicio en su fondo “se celebrase de CC-2020-0250 2
manera presencial y sin la utilización de mascarilla por
parte de los testigos de cargo mientras declaren”.34
Planteándose en este caso asuntos novedosos en
nuestra jurisdicción, he considerado apropiado abordar con
calado algunos aspectos que estimo medulares.
Destaco inicialmente lo obvio: vivimos momentos
inéditos en nuestra historia moderna. Ante una realidad
tan extraordinaria como la actual, con la rápida y
desenfrenada propagación del COVID-19, así como con un
contagio comunitario alarmante, la sociedad ha tenido que
repensarse y la Rama Judicial no ha sido la excepción.
La Rama Judicial ha adoptado una política pública en
la cual se promueve que los asuntos ante los tribunales se
atiendan, cuanto más sea posible, mediante el sistema de
videoconferencia. Esto, en aras de asegurar la continuidad
de los procesos judiciales en el País y, a la vez,
salvaguardar la salud de todos los funcionarios que
laboran en los tribunales y a la ciudadanía que frecuenta
nuestras facilidades.
Para asistirnos en esta importante encomienda, es
necesario que los abogados, fiscales y jueces adopten,
promuevan y faciliten la implementación de esta política
pública, para así evitar -hasta donde sea posible- la
34 Pueblo de Puerto Rico v. Daniel Cruz Rosario, KLCE20200037, en la pág. 6, Ap. en la pág. 8. CC-2020-0250 3
aglomeración de personas en los tribunales y la
propagación de este letal virus.
Mientras dure esta situación excepcional -y en
consideración al interés apremiante de proteger la salud y
la vida de los ciudadanos- celebrar los juicios y otros
procesos judiciales mediante videoconferencia, en aquellos
casos que sean más propicios para ello, debe ser una norma
imperativa y no una optativa. Ante la existencia de
mecanismos alternos que permiten que un juicio se celebre
remotamente, no existen razones para poner en peligro la
vida y la salud de las personas. No obstante, en aquellos
casos que se tramiten de forma presencial, los
procedimientos no deben abstraerse de nuestra nueva
realidad.
La Sección 11 de la Carta de Derechos de la
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
dispone que “[e]n todos los procesos criminales, el
acusado disfrutará del derecho a ... carearse con los
testigos de cargo ...”. Art. II, Sec. 11, Const. ELA,
LPRA, Tomo 1. Asimismo, la Enmienda Sexta de la
Constitución de Estados Unidos recoge este principio al
establecer que en un proceso criminal todo acusado
disfrutará del derecho a confrontar a los testigos que se
presenten en su contra. Enmda. VI, Const. EE. UU., LPRA,
Tomo 1. El derecho a la confrontación comprende en sí
mismo el derecho de todo acusado a carearse o confrontarse CC-2020-0250 4
cara a cara con los testigos en su contra; el derecho de
éste a contrainterrogar en corte a los testigos en su
contra y, finalmente, el derecho a que se excluya prueba
de referencia que se pretenda utilizar en su contra como
prueba de cargo. Pueblo v. Santos Santos, 185 DPR 709, 720
(2012).
El Tribunal Supremo de Estados Unidos en Mattox v.
US, 156 US 237, 243 (1895) sostuvo que ver al testigo cara
a cara, y someterlo a contrainterrogatorio, son los
elementos más esenciales de la confrontación. Asimismo, se
indicó lo siguiente:
[t]he primary object of the constitutional provision in question was to prevent depositions or ex parte affidavits, such as were sometimes admitted in civil cases, being used against the prisoner in lieu of a personal examination and cross-examination of the witness, in which the accused has an opportunity, not only of testing the recollection and sifting the conscience of the witness, but of compelling him to stand face to face with the jury in order that they may look at him, and judge by his demeanor upon the stand and the manner in which he gives his testimony whether he is worthy of belief.
Id. en las págs. 242-243.
En Mattox se puntualizó, sin embargo, que “general
rules of law of this kind, however beneficent in their
operation and valuable to the accused, must occasionally
give way to considerations of public policy and the
necessities of the case.” Mattox, 156 US 243. (Énfasis
nuestro).
Poco tiempo después, en Kirby v. US, 174 US 47, 55
(1899), el Tribunal Supremo de Estados Unidos expresó que CC-2020-0250 5
un hecho que sólo puede ser establecido principalmente por
testigos, no puede probarse de otra forma excepto cuando
dichos testigos confronten al acusado en el juicio. De
esta forma, el acusado los puede observar, tiene derecho a
contrainterrogarlos y puede impugnar su testimonio
mediante los mecanismos provistos por el ordenamiento
jurídico. La confrontación, según el Tribunal, 1) asegura
que el testigo declare bajo juramento; 2) obliga al
testigo a someterse a contrainterrogatorio; y 3) permite
que el adjudicador de los hechos evalúe su credibilidad
mediante la observación de su comportamiento mientras
declara. California v. Green, 399 US 149, 158 (1970). En
esa misma línea, en Lee v. Illinois, 476 US 530, 540
(1986), el Alto Foro estadounidense expresó que el derecho
a confrontar y contrainterrogar a los testigos de cargo
contribuye a establecer un sistema en donde prevalezca la
verdad y la justicia.
En Coy v. Iowa, 487 US 1012 (1988), el Tribunal
Supremo de Estados Unidos se enfrentó a una controversia
que giraba en torno a si el derecho del acusado a
confrontar a sus presuntas víctimas "cara a cara", el cual
emana de la Enmienda Sexta, se había violentado. En este
caso -durante el testimonio de las víctimas del acusado-
se colocó una cubierta frente al acusado para que éstas no
tuvieran que verlo mientras testificaban. El Tribunal
sostuvo que al acusado se le violentó su derecho a
confrontar a los testigos en su contra, pues la cláusula CC-2020-0250 6
de confrontación expresamente confería al acusado el
derecho de “confrontar cara a cara” a los testigos de
cargo. El Tribunal destacó, también, que en este caso no
se había ofrecido una razón específica para usar la
cubierta, ni se había probado que las testigos necesitaban
algún tipo de protección especial. Id. en la pág. 1021.
Al finalizar la Opinión, el Juez Scalia expresó que -bajo
ciertas circunstancias- el derecho de un acusado a
carearse con los testigos puede verse limitado. Indicó,
específicamente: “We leave for another day, however, the
question whether any exceptions exist. Whatever they may
be, they would surely be allowed only when necessary to
further an important public policy.” Id. (Énfasis
Esa ocasión llegó en el año 1990, en Maryland v.
Craig, 497 US 836 (1990). Allí, durante un juicio
criminal, se permitió que la presunta víctima de la
acusada -un niño de 6 años- testificara a través de un
circuito cerrado de televisión. Ello, con el fin de
proteger al niño y evitar que éste sufriera angustias
emocionales graves al tener que confrontar y declarar
frente a su agresora. El Tribunal Supremo estadounidense
sostuvo que, aunque el derecho al careo era un elemento
importante del derecho a la confrontación, éste no era
indispensable. De esta manera, determinó que -si bien la
confrontación cara a cara es preferida- en circunstancias
limitadas, los intereses en conflicto pueden justificar CC-2020-0250 7
prescindir de ésta. “[W]e cannot say that such
confrontation is an indispensable element of the Sixth
Amendment's guarantee of the right to confront one's
accusers.” Id. en las págs. 849-850.
El Tribunal reconoció, sin embargo, que su
determinación no significaba que se podía prescindir
fácilmente de este requisito de confrontación, sino que
debía demostrarse que ello era necesario para promover una
política pública importante. (“As we suggested in Coy,
our precedents confirm that a defendant's right to
confront accusatory witnesses may be satisfied absent a
physical, face-to-face confrontation at trial only where
denial of such confrontation is necessary to further an
important public policy and only where the reliability of
the testimony is otherwise assured.”). Id. en la pág. 850.
(Énfasis nuestro).
Maryland supone, por lo tanto, que el derecho de un
acusado a confrontar a testigos de cargo mediante una
confrontación física y cara a cara en un juicio puede
ceder cuando ello sea indispensable para adelantar una
política pública de importancia y así se le haya planteado
específicamente al tribunal. Claro está, únicamente cederá
si la confiabilidad del testimonio está asegurada. Para
hacer tal determinación, el tribunal debe realizar una
vista donde se dilucide la procedencia de prescindir con
la confrontación física y el careo. CC-2020-0250 8
La jurisprudencia que antecede, sin embargo, no toma
en cuenta cómo las Ciencias Sociales y la Sicología han
ido avanzando en el estudio de la conducta humana. Estos
estudios, como veremos, arrojan serias dudas sobre el
valor preeminente que una observación momentánea en el
fragor de un juicio puede tener al momento de considerar
si quien testifica miente o dice la verdad. Porque
considero que ello es imprescindible para la recta
valoración y el peso a conferirle al demeanor al
determinar credibilidad, me veo forzada a hacer las
siguientes expresiones.
La controversia ante nuestra consideración estriba,
entonces, en determinar si en este momento histórico que
vive nuestro País, el uso de una mascarilla por un testigo
mientras ofrece su testimonio en un juicio criminal
transgrede o no el derecho de todo acusado a confrontar y
carearse con los testigos de cargo, según éste emana de
nuestra Constitución y de la Constitución de Estados
Unidos.
En su dictamen, el Tribunal de Apelaciones concluyó
que la respuesta a la interrogante anterior era en la
afirmativa, pues razonó que el derecho a la confrontación
se violaba por la utilización de la mascarilla ya que ésta
impide al juzgador apreciar adecuadamente el demeanor del
testigo para determinar credibilidad. A esos efectos, ese
foro indicó lo siguiente sobre el demeanor: CC-2020-0250 9
… comprende la observación de las expresiones faciales, así como corporales, gestos y el comportamiento (demeanor) del testigo mientras declara. Estos [] factores no se pueden percibir por el juzgador de los hechos ni por la defensa pues la utilización de una mascarilla oculta los mismos e imposibilita al juzgador contar con todos los elementos necesarios para otorgarle una credibilidad más certera al testigo. 35
Discrepo de la conclusión a la que llega el Tribunal
de Apelaciones respecto el elemento del demeanor y cómo la
apreciación de éste es determinante en la evaluación y
determinación “certera” de credibilidad. Como ya indiqué,
es precisamente porque considero imprescindible un
análisis riguroso de esta figura que suscribo esta
ponencia.
Como se señaló y reitero, el foro inferior intermedio
concluyó que el uso de mascarillas al testificar no
permite apreciar en su completa dimensión el testimonio de
un testigo, lo cual afecta la determinación de
credibilidad de éste y, por tanto, impide que el juicio
sea justo e imparcial al constituirse una violación al
Huelga señalar que, ínsito a la función de cualquier
juzgador de los hechos, se encuentra la facultad de
adjudicar credibilidad. Para ello, nuestro ordenamiento
procesal adjudicativo propone, entre otras cosas, que se
lleve a cabo una evaluación del demeanor del testigo,
35 Pueblo de Puerto Rico v. Daniel Cruz Rosario, KLCE20200037, en la pág. 5, Petición de certiorari, Ap. en la pág. 7. CC-2020-0250 10
coetánea a su testimonio. De esta manera, el demeanor se
percibe como una herramienta imprescindible en el proceso
judicial. Esta aseveración, a mi juicio, necesita ciertas
matizaciones. Veamos.
Cuando nos referimos al demeanor, hablamos del
llamado lenguaje corporal o body language. Es decir, lo
que expresamos de manera inconsciente con la mirada, los
gestos, las vacilaciones, la postura, el movimiento de los
ojos, el rubor de las mejillas, las manos, etc. Se
sostiene que la evaluación de tales señas es indispensable
para considerar la veracidad de lo testificado. Véase,
Sara Canuso, Body Evidence, 17 No. 21 Westlaw Journal
Intellectual Property 11 (2011). (“Body language is
subconscious, nonverbal communication comprising many
elements: diction, posture, eye contact, tone and voice.
Bodily signals, in fact, are the most reliable nonverbal
signs of honesty or deception.”).36 Véase, además, Allan
Pease, Body Language, How to read other´s thoughts by
their gestures, Manjul Publishing House Pvt Ltd., 2014.
Por lo tanto, al observar al testigo, sus gestos le
permiten al juzgador de los hechos -sea un juez o un
jurado- determinar si el testimonio vertido es sincero o
si de éste se desprenden indicios de engaño o falsedad,
36 Para una enumeración de lenguaje corporal, véase S.P.A.R.C., Examples of Body Language, www.deltabravo.net/custody/body.htm (última visita 17 de agosto de 2020). CC-2020-0250 11
para así dirimir su credibilidad. El gran jurista
norteamericano, Jerome Frank, en su obra Courts on Trial:
Myth and Reality in American Justice, Princeton University
Press, 1949, pág. 21, apuntó:
All of us know that, in every-day life, the way a man behaves when he tells a story -his intonations, his fidgetings or composure, his yawns, the use of his eyes, his air of candour or of evasiveness- may furnish valuable clues to his reliability.
Este Tribunal se ha expresado en un sentido similar.
En Pueblo v. Rivera Robles, 121 DPR 858, 869 (1988)
sostuvimos que “la forma de hablar, comportamiento,
explicaciones, gestos, ademanes y demás detalles
perceptibles resultan esenciales para aquilatar
adecuadamente la sinceridad de los testimonios”. En Ortiz
v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 947 (1975), catalogamos el
demeanor como el instrumento más útil para la
investigación de la verdad. Ello estuvo predicado en la
idea de que es posible discernir la veracidad o mendacidad
de un testigo mediante la observación de su conducta. Esto
implica que el juzgador de los hechos debe contrastar el
contenido verbal -lo que el testigo dice- con el contenido
no verbal, es decir, con la forma en que las palabras
fueron enunciadas.
De ahí que en nuestro ordenamiento procesal -el cual,
como sabemos, sigue el modelo estadounidense- se priorice
el testimonio verbal (presencial) en los foros de
instancia; que el testigo declare sobre aquello que le
consta; que la prueba de referencia (hearsay) sea la CC-2020-0250 12
excepción y no la regla; y que -en los procesos penales-
el acusado tenga la oportunidad de confrontar los testigos
en su contra. Es por ello, además, que el estándar para
que un foro apelativo intervenga con la determinación de
credibilidad de quien observó y aquilató el testimonio, es
riguroso y exigente, primando la deferencia hacia lo que
dispuso el foro ante el cual se ventiló el caso. Véase,
Olin Wellborn, Demeanor, 76 Cornell L. Rev. 1075, 1077
(1991).
Lo cierto es que el juzgador de los hechos tiene a su
disposición una variada panoplia de herramientas que le
permiten aquilatar el testimonio vertido ante sí.
El jurista Robert Fisher nos señala lo siguiente sobre
este particular:
No-one doubts that by one means or another fact- finders must decide who is telling the truth. Nor is there any lack of tools to help them in their task. The tools include the internal consistency of a witness’s account; consistency with what the witness has said on other occasions; comparison with contemporaneous records and the other evidence in the case; the witness’s verbal response when confronted with internal and external inconsistencies; the witness’s general character and credibility irrespective of the current dispute; and the plausibility of the account given. Plausibility entails the need to consider how likely it is that people would act in the way the witness has suggested. Thus far is reasonably uncontroversial. Robert Fisher QC, The Demeanour Fallacy, 4 New Zealand Law
Review (2014).
La Regla 608 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, sec. 608,
recoge lo expresado por Fisher, al enumerar los medios
mediante los cuales se puede evaluar la veracidad o CC-2020-0250 13
mendacidad del testimonio ofrecido por un testigo en
corte.37 En ese contexto, la interrogante recae sobre cómo
evaluar el demeanor del testigo y su peso al momento de
considerar la veracidad del testimonio. Para ello, Fisher
nos propone hacer una distinción entre el componente
verbal del testimonio y el no verbal, dándole primacía al
contenido del testimonio (componente verbal) y relegando a
un segundo plano los gestos, es decir, el componente no
verbal del testimonio.38 Su tesis se basa en evidencia
37 La observación del comportamiento de un testigo es sólo uno de los factores a tomar en consideración. Así, nuestro ordenamiento dispone que los siguientes aspectos deben tomarse en consideración al evaluar lo enunciado por el testigo: 1) la naturaleza o carácter del testimonio; 2) la consistencia del testimonio con aquellas declaraciones hechas anteriormente por el testigo; 3) evidencia extrínseca que demuestre que el testigo está prejuiciado de alguna forma, tiene algún interés específico, o está parcializado; 4) si su testimonio contradice otra prueba habida en el expediente del caso; o 5) evidencia del carácter y conducta del testigo en cuanto a su veracidad o mendacidad. Véase Ernesto L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia Comentadas, Ediciones Situm (2016), págs. 200- 212. 38 Fisher lo resume de la siguiente manera:
The tests begin from the premise that speakers provide two sources of information — verbal and non-verbal. The verbal information is the meaning of the speaker’s words. The words can be transcribed as text. Appellate courts and other reviewers can assess the internal consistency, consistency with other evidence, and plausibility, of the text. In evaluating the textual meaning, they are as well placed as those who had been present when the speaker uttered the words in question. The words used (the verbal content) can be contrasted with the way in which they were uttered (non-verbal content). A speaker simultaneously manifests a package of non-verbal information which is normally subconscious. It consists of facial expressions, bodily movements CC-2020-0250 14
científica que revela consistentemente el valor menguado
que tienen las señas no verbales de un testigo como
evidencia de la veracidad de su testimonio. Fisher, supra,
en la pág. 22 (“Social scientists have known about the
demeanour fallacy for well over 40 years. Although it has
taken longer for the news to reach lawyers…”).
En igual sentido, el profesor Wellborn nos indica,
citamos extensamente:
Psychologists and other students of human communication have investigated many aspects of deceptive behavior and its detection. As part of this investigation, they have attempted to determine experimentally whether ordinary people can effectively use nonverbal indicia to determine whether another person is lying. In effect, social scientists have tested the legal premise concerning demeanor as a scientific hypothesis. With impressive consistency, the experimental results indicate that this legal premise is erroneous. According to the empirical evidence, ordinary people cannot make effective use of demeanor in deciding whether to believe a witness. On the contrary, there is some evidence that the observation of demeanor diminishes rather than enhances the accuracy of credibility judgments.
The credibility of a witness’s testimony depends upon more than the witness’s honesty. A sincere witness may innocently convey inaccurate information as a result of an error of perception or memory. Therefore, a trier’s overall evaluation of a particular witness may include appraising the validity of the witness’s beliefs as well as deciding whether the witness intends to tell the truth. Do the appearance and nonverbal behavior of a witness help the trier to judge the accuracy of the witness’s beliefs? On this issue as well, substantial experimental
and vocal characteristics. The vocal characteristics, or “paralinguistic cues”, include pitch, pace, volume, timbre, expression and tremors. It is this package of face, body and voice that lawyers describe as “demeanour”.” Fisher, en la pág. 3. CC-2020-0250 15
evidence suggests that they do not.
Wellborn, supra, en la pág. 1075. (Énfasis nuestro).
Curiosamente, hace casi sesenta años, este Tribunal
con gran previsión advertía sobre la sobreestimación de la
evidencia de conducta, el demeanor, para determinar
mendacidad. Así, en Sanabria v. Sucn. González, 82 DPR
885, 993-994 (1961), este Tribunal, por voz de don Emilio
Belaval, indicó:
Con los conocimientos que tenemos hoy de psicología aplicada, sabemos que es altamente improbable estudiar a través de una observación tan rápida, en circunstancias tan poco deseables como la que brinda un juicio sobre los hechos, la conducta moral de un testigo. Sálvese por algún tiempo el ingenuo muestrario de los indicios expresionales coleccionado por la experiencia de cada juez de hechos, para buscar la verdad a través de esa curiosa revelación plástica de la credibilidad que se supone pueda reflejarse sobre la figura humana. Confieso que mi experiencia de diez años como juez de hechos, lo que me produjo fue una duda profunda sobre la eficacia del método. Para una crítica de la evidencia de conducta (demeanor evidence) véase el caso de National Labor Relations Board v. Dinion Coil Co., 201 F.2d 484 (Frank) (1952), cita precisa a las págs. 487-490. (Énfasis nuestro).
Lo que advertimos en Sanabria v. González, es lo que
se conoce hoy día como la Psicología del Engaño
(Psychology of Deception), que plantea la interrogante de
si es posible que un observador común o no entrenado pueda
discernir si una persona miente y, si éste puede, entonces
¿cómo lo hace? Para ello, se vale de tres categorías del
lenguaje no verbal o demeanor, a saber: la voz, los gestos
y la expresión del rostro. Estas claves se conocen como
las claves paralingüísticas. Wellborn, supra, en la pág. CC-2020-0250 16
1080. Véase, además, Hocking, Bauchner, Kaminski &
Miller, Detecting Deceptive Communication from Verbal,
Visual and Paralinguistic Cues, 6 Hum. Comm. Res. 33, 34
(1979), citado en Wellborn, supra.
Estos estudios sugieren que la relación que existe
entre el contexto en el que ocurre un juicio, el
contrainterrogatorio, la preparación del testigo y el
proceso deliberativo no se ve afectada positivamente por
las señales no verbales. Por el contrario, la relación
entre estos elementos tiende a disminuir la utilidad de la
conducta no verbal al momento de dirimir credibilidad. Se
señala que el interrogatorio y el contrainterrogatorio,
por ejemplo, pueden causar tanta tensión o ansiedad al
testigo, que su conducta no verbal se puede interpretar
como fingida o engañosa (deceptive behavior).39 Este
fenómeno se conoce como el “Error de Otelo”, pues nos
recuerda cómo Otelo malinterpretó la angustia de Desdémona
al acusarla de infidelidad. Kelly Harrison, Forensic
Interviewing, Kindle ed., en la pág. 76. El profesor
Ekman, lo define de la siguiente manera: “This error
occurs when the lie catcher fails to consider that a
truthful person who is under stress may appear to be
lying. […] Truthful people may be afraid of being
disbelieved….” Paul Ekman, Telling Lies, Clues to Deceit
in the Marketplace, Politics and Marriage, Kindle ed.,
Paul Ekman, Detecting Deception from the Body or Face, 29 39
J. Personality & Soc. Psychology 288 (1974). Véase, además, Paul Ekman, Telling Lies, Clues to Deceit in the Marketplace, Politics and Marriage, Kindle ed. CC-2020-0250 17
pág. 170. De esta manera, los efectos fisiológicos y
espontáneos que la carga que representa para un testigo
estar sentado en una silla testifical en un ambiente
adversativo e inminentemente tenso, pueden erróneamente
considerarse como prueba inequívoca de la falsedad del
contenido de su testimonio. De lo que antecede se
desprende que este Tribunal en Sanabria estaba en lo
correcto cuando advertía sobre la falacia del demeanor,
sobre la poca confiabilidad del lenguaje corporal.
Finalmente, el profesor Ekman nos señala también lo
siguiente sobre las dificultades de determinar
acertadamente que una persona dice la verdad: “[o]ur
research, and the research of most others, has found that
few people do better than chance in judging whether
someone is lying or truthful. We also found that most
people think they are making accurate judgments even
though they are not.” Ekman, supra, pág. 189. No es
irrazonable concluir entonces que, si una persona común no
puede de manera certera interpretar los indicios o señas
del lenguaje no verbal, es poco probable que un grupo
deliberativo que observa ese lenguaje, como los miembros
del jurado, lo pueda hacer de forma certera. Wellborn,
supra, en la pág. 1081.
Retomo en este momento el escepticismo de hace casi
seis décadas sobre el valor que se le debe conferir al
comportamiento no verbal de un testigo -el demeanor- al CC-2020-0250 18
momento de considerar si éste es mendaz o veraz y
adjudicar credibilidad. Y la respuesta a la que llego con
base en evidencia científica, es que este tipo de
observación debe ser sólo un elemento más en esa
determinación del juzgador y no debe tener un peso
concluyente. Toda vez que el análisis del foro apelativo
intermedio se fundamenta en la primacía del comportamiento
no verbal en la evaluación de un testimonio y es
categórico en cuanto a cómo el uso de una mascarilla
violenta el derecho a la confrontación de un acusado,
precisamente porque afecta la apreciación del lenguaje
corporal, procede revocar ese dictamen. ¿O es que
consideramos que los jueces o abogados no videntes no
pueden participar en un juicio criminal porque ello
violaría el derecho a confrontación que le asiste al
acusado?
Por otro lado, y como ya vimos, el derecho de un
acusado a carearse con los testigos de cargo admite
variaciones y excepciones en su aplicación. Éstas, a su
vez, responden a situaciones particulares que exigen que
se haga un balance entre el derecho del acusado a
confrontar los testigos en su contra y consideraciones de
política pública. La situación extraordinaria que impera
al presente en nuestro País y en el resto del mundo milita
en contra de adoptar irreflexivamente interpretaciones
absolutistas del derecho a la confrontación. Un análisis
que se adhiere a un balance de los intereses en pugna nos CC-2020-0250 19
obliga a concluir que el derecho constitucional de un
acusado cede ante el interés de evitar contagios en las
salas de nuestros tribunales. Esto es así porque, aunque
es nuestro deber garantizar el ejercicio de los derechos
constitucionales de los cuales es acreedor todo acusado,
salvaguardar la salud de la población contra un virus
mortal es, también, nuestra responsabilidad como
administradores de la justicia.
En virtud de que el derecho de todo acusado a
confrontar los testigos en su contra no es absoluto, su
protección e interpretación debe darse, necesariamente, en
el debido contexto. A pesar de que las mascarillas podrían
representar un inconveniente en la apreciación del
demeanor de una persona, ciertamente -y según dispone
nuestro ordenamiento procesal y probatorio- subsisten
mecanismos y elementos esenciales que permiten ejercer
efectivamente el derecho a la confrontación y aseguran la
confiabilidad de los testimonios. De otra parte, el
inconveniente que podría representar el uso de las
mascarillas se limita únicamente a un componente de los
distintos elementos que permiten dirimir la credibilidad
de un testigo y cuyo peso no es concluyente. Como se
discutió, estos elementos trascienden la conducta no
verbal exhibida en corte.
Concluyo con una última reflexión. Kelsen, en su
Teoría Pura del Derecho, nos advirtió que el Derecho no es
“norma y solo norma”. Hans Kelsen, Teoría Pura del CC-2020-0250 20
Derecho, Universidad Nacional Autónoma, México, 1981,
pág. 33. Necesariamente, en su esencia, el Derecho
refleja los valores sociales, políticos, culturales,
económicos, así como los valores morales y de conducta de
una sociedad determinada. En otras palabras, el Derecho es
una construcción social y a la misma vez, un elemento de
esa realidad. Ya lo decían los antiguos romanos: Ubi
societas, ibi ius; donde hay sociedad, hay derecho.
La interacción entre esos valores sociales y el
Derecho implica que este último se debe convertir en un
instrumento que concretice los cambios y las
transformaciones sociales. Cambios que, como sabemos,
siempre preceden la norma escrita. En ese devenir, en
nuestra función como intérpretes del Derecho, no podemos
estar ajenos a lo que a nuestro alrededor ocurre. Siendo
ello así, y considerando los estudios de la conducta
humana que consistentemente demuestran el poco valor
probatorio que tiene la observación del lenguaje no verbal
de un testigo al momento de determinar si éste es mendaz,
reitero que exigir que un testigo no use mascarilla para
testificar porque impide esa “lectura u observación” no
solo es improcedente, sino equivocado. Más aun, en
tiempos de pandemia.
Anabelle Rodríguez Rodríguez CC-2020-0250 21
Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
v. CC-2020-0250
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES.
Disiento respetuosamente de la Opinión que suscribe
una mayoría de este Tribunal. Los derechos
constitucionales no se suspenden por razón de una
emergencia. No abusó de su discreción el foro primario
que, conforme a la sentencia del Tribunal de Apelaciones,
emitió una orden mediante la cual realizó un balance de
intereses justo y adecuado, y tomó las medidas cautelares
para salvaguardar los derechos del acusado y la salud de
los funcionarios judiciales, los representantes legales,
los testigos y del propio acusado. CC-2020-0250 2
El 21 de noviembre de 2019, el Ministerio Público
presentó una denuncia contra el Sr. Daniel Cruz Rosario, por el
delito menos grave tipificado en el Art. 178 del Código Penal
de 2012 (intrusión en la tranquilidad personal).
Entonces, el 16 de junio de 2020, el Tribunal de Primera
Vista del Juicio para atender un cargo menos grave en contra
del Sr. Cruz Rosario. El foro de instancia promovió el uso del
celebración de la vista. No obstante, el recurrido se opuso y
solicitó que el juicio se celebrara presencialmente. Afirmó que
su derecho constitucional al careo o a la confrontación
requiere la celebración de una vista presencial, sin la
utilización de mascarillas por parte de los testigos.
Además, solicitó que no se permitiera a los testigos
declarar con mascarillas protectoras dado que esto vulneraba su
derecho de confrontar a los testigos de cargo. Para él, ese
derecho acarrea que los testigos declaren sin ningún objeto en
la cara. Basó su argumento en que la mascarilla le impide al
juzgador observar el "demeanor" del declarante y aquilatar
adecuadamente su credibilidad. Así, sostuvo que, si el tribunal
no tomaba las medidas correspondientes, se violentaría su
derecho a la confrontación. CC-2020-0250 3
El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la
moción presentada por el señor Cruz Rosario. Inconforme, este
acudió al Tribunal de Apelaciones, el cual revocó la
determinación del foro primario. Arguyó que el derecho a la
confrontación comprende la observación del comportamiento del
testigo y que el uso de mascarillas impide al juzgador de
hechos contar con todos los elementos necesarios para otorgarle
credibilidad más certera al testigo. Según la defensa, la
mascarilla oculta los gestos, expresiones faciales y puede
alterar el tono de voz del testigo. Concluyó que procedía la
celebración del juicio presencialmente y sin que los testigos
usen mascarillas protectoras.
Para cumplir con la sentencia del Tribunal de
Apelaciones, el Tribunal de Primera Instancia emitió una orden
el 10 de julio de 2020, en la que expuso lo siguiente:
La celebración de juicio en su fondo conllevará la utilización de dos (2) salones de sesión, ambos ubicados en el piso cuatro (4) del Centro Judicial. … Cabe mencionar que ambos salones se encuentran suficientemente equipados con el equipo audiovisual adecuado para que el/la Juez que presida observe los procedimientos que se estarán ventilando en la sala aledaña, muy similar a los procedimientos que se llevan a cabo con el sistema de circuito cerrado.
En una de las salas permanecerá el/la Juez y la(s) secretarias de sala. En la segunda sala permanecerá la Defensa, ella alguacil/alguacila de sala y el Ministerio Público. [El/la Fiscal encargado/encargada del caso puede optar por permanecer en cualquiera, pero no ambas, de las salas que se utilizarán para los procedimientos de epígrafe.] Los testigos de cargo declararán en esa segunda sala. CC-2020-0250 4
El Centro Judicial facilitará face shields a los/las testigos de cargo para que sean utilizados en todo momento.
El/la Juez decretará un receso con la conclusión de cada testimonio de cargo, a fin de llevar a cabo una desinfección de esa segunda sala, para el beneficio de todas las partes allí presentes. Apéndice Certiorari pág. 37-38 (énfasis suplido).
Sin embargo, inconforme con la decisión del Tribunal de
Apelaciones, el 29 de julio de 2020 el Ministerio Público
presentó ante nos un recurso de certiorari y una moción en
auxilio de jurisdicción. El 31 de julio de 2020, una mayoría de
este Tribunal declaró ha lugar la referida moción y se expidió
el auto solicitado.
Uno de los derechos fundamentales que se le reconoce a
toda persona que enfrenta una acusación en su contra es el
derecho a ser juzgado siguiendo el proceso establecido en ley.
Pueblo v. Pagán Rojas, 187 DPR 465, 478 (2012). Este derecho se
encuentra consagrado en las Enmiendas V y XIV de la
Constitución de Estados Unidos, así como en la Sección 7 del
Articulo II de la Constitución de Puerto Rico, LPRA Tomo 1.
Véase Pueblo v. Pagán Rojas, Íd.
En su vertiente procesal, “el debido proceso de ley
impone al Estado la obligación de garantizar a los individuos
que cualquier interferencia con sus intereses de propiedad o
libertad se hará a través de un procedimiento que será justo y CC-2020-0250 5
equitativo”. Pueblo v. Pagán Rojas, supra, en la pág. 479.
(Citas omitidas). Para reclamar válidamente un debido proceso
de ley, deberá existir un interés individual de propiedad o
libertad que pueda verse afectado por la intervención del
Estado. Íd.
El derecho a un juicio justo o imparcial emana de la
cláusula de debido proceso de ley. Se trata del derecho del
acusado a un juicio con las garantías procesales que cobijan al
acusado. E.L. Chiesa Aponte, Procedimiento Criminal y la
Constitución: Etapa adjudicativa, San Juan, Ed. Situm, 2018,
pág. 54. En las palabras del profesor Ernesto Chiesa, “cabe
decir que se viola el debido proceso de ley cuando se le niega
al acusado un derecho procesal que se le reconoce”. Íd.
Entre las garantías procesales que la Constitución de
Estados Unidos reconoce está el derecho a la confrontación en
los procesos criminales. Enmda. VI, Const. EE.UU.A., LPRA, Tomo
1. Por su parte, la Sección 11 del Artículo II de la
Constitución de Puerto Rico consagra el derecho de todo acusado
a “carearse con los testigos de cargo”. Art. II, Sec. 11,
Const. PR, LPRA, Tomo 1. Estas disposiciones se conocen como
Cláusulas de Confrontación.
En Pueblo v. Pérez Santos, 195 DPR 262, 269-270 (2016),
establecimos que del derecho a la confrontación emanan tres
garantías fundamentales, a saber: (1) el derecho del acusado de
confrontar cara a cara los testigos adversos, (2) el derecho a
contrainterrogarlos y, (3) el derecho a que se excluya cierta CC-2020-0250 6
prueba de referencia. La primera garantía es lo que conocemos
como el derecho al careo. Este derecho constitucional opera en
la etapa del juicio. Chiesa Aponte, op. cit., pág. 61. Por lo
tanto, no cabe hablar de este derecho en la vista de causa
probable para arresto o en la vista preliminar. Íd. A estos
efectos, el Tribunal Supremo Federal ha expresado: “The right
to confrontation is basically a trial right. It includes both
the opportunity to cross-examine and the occasion for the jury
to weigh the demeanor of the witness.” Barber v. Page, 390 US
719,725 (1968) (énfasis nuestro).
En Coy v. Iowa, 487 US 1012, 1018-1021 (1988), el
Tribunal Supremo Federal reconoció que el derecho al careo es
fundamental ya que contribuye a un sistema justo de
procedimiento criminal y, por tanto, no podemos prescindir
ligeramente de este. Como dice el profesor Ernesto Chiesa:
“[s]u fundamento es muy sencillo: es más fácil decir algo
contra una persona cuando esta no está presente; es más difícil
hacerlo de frente”. Ernesto L. Chiesa Aponte, Derecho procesal
penal, 81 Rev. Jur UPR 373, 380 (2012).
Por su parte, en Maryland v. Craig, 497 US 836, 845
(1990) se estableció: “The central concern of the Confrontation
Clause is to ensure the reliability of the evidence against a
criminal defendant by subjecting it to rigorous testing in the
context of an adversary proceeding before the trier of fact.”
En ese caso, el Alto Foro identificó el demeanor, es decir el
comportamiento del declarante, como uno de los "elementos de la
confrontación." Íd. (traducción nuestra) A través de este, el CC-2020-0250 7
juzgador puede determinar “si un testigo es digno de
credibilidad". Íd. (traducción nuestra).
De hecho, estableció que el derecho garantizado por la
Cláusula de Confrontación incluye no solo un “examen personal”,
sino también que (1) el testigo declarará bajo juramento, para
reducir la posibilidad de que mienta al someterlo a la
penalidad por perjurio; (2) habrá derecho a contrainterrogarlo;
y (3) que el juzgador de hechos decidirá luego de observar el
comportamiento de los testigos, para que tenga la oportunidad
de aquilatar su credibilidad. En palabras del Tribunal Supremo
federal, el derecho a la confrontación tiene las
características siguientes:
(1) insures that the witness will give his statements under oath—thus impressing him with the seriousness of the matter and guarding against the lie by the possibility of a penalty for perjury; (2) forces the witness to submit to cross-examination, the ‘greatest legal engine ever invented for the discovery of truth’; [and] (3) permits the jury that is to decide the defendant's fate to observe the demeanor of the witness in making his statement, thus aiding the jury in assessing his credibility. Maryland v. Craig, supra, págs. 846-847 (énfasis nuestro) (citas omitidas).
Al respecto, hemos mencionado que para aquilatar
adecuadamente la sinceridad y credibilidad de los testimonios
es importante observar “las expresiones mímicas: el color de
las mejillas, los ojos, el temblor o la consistencia de la voz,
los movimientos, el vocabulario no habitual”, entre otros
aspectos. Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 947 (1975).
Como vemos, uno de los aspectos fundamentales del derecho
a la confrontación es que le permite al juzgador de los hechos CC-2020-0250 8
(juez o jurado), quien en última instancia decide sobre la
libertad del acusado, observar el comportamiento (demeanor) del
testigo mientras este presta su testimonio. Esa observación es
crucial para que el juzgador evalúe la credibilidad del
declarante.
Asimismo, en Dutton v. Evans, 400 US 74 (1970), el
Tribunal Supremo federal expresó que la Cláusula de
Confrontación busca garantizar que el juzgador de hechos tenga
una base satisfactoria para evaluar si los testigos dicen la
verdad: “[T]he mission of the Confrontation Clause is to
advance a practical concern for the accuracy of the truth-
determining process in criminal trials by assuring that ‘the
trier of fact [has] a satisfactory basis for evaluating the
truth of the [testimony]”. Íd., pág. 89.
Hay quienes ponen en duda siglos de jurisprudencia sobre
la importancia del demeanor en el proceso de aquilatar la
credibilidad de los testigos. Citan estudios de expertos en
conducta humana que cuestionan cuán certeros somos los seres
humanos al evaluar los gestos y la conducta de otras personas.
Sin embargo, obvian que, a fin de cuentas, determinar si el
demeanor influye (o no) a la hora de evaluar la veracidad de lo
que un testigo dice, es un asunto de apreciación que
corresponde al juzgador de los hechos, no a nosotros.
Ahora bien, esto no significa que el derecho al careo es
absoluto. En Maryland v. Craig, supra, en la pág. 850, el
Tribunal Supremo federal expresó que “el derecho del acusado a
confrontar a los testigos adversos puede satisfacerse en CC-2020-0250 9
ausencia de una confrontación física o careo en el juicio solo
cuando ello sea necesario para adelantar una política pública
importante y solo cuando la confiabilidad del testimonio esté
garantizada de otra manera". (traducción nuestra).40 En este
caso, el Tribunal Supremo permitió el testimonio de un menor
víctima de abuso bajo el sistema de circuito cerrado. El
Tribunal entendió que “el bienestar físico y emocional del
menor víctima de abuso es lo suficientemente importante para
limitar, en casos apropiados, el derecho del acusado a
“carearse” con el testigo de cargo”. Chiesa Aponte, op. cit.,
pág. 86.
Como vemos, en nuestro sistema constitucional, mientras
existan medidas menos onerosas que protejan el interés público,
no cabe hablar de un juicio mediante videoconferencia. Esa debe
ser la última alternativa. Como explica el profesor Chiesa,
“[p]ara emplear estos procedimientos especiales que limitan el
derecho a la confrontación, es necesario que previamente el
tribunal haga unas determinaciones específicas, caso a caso,
sobre la necesidad de apartarse del modo usual de testificar
frente al acusado”. Íd. (énfasis nuestro). Este derecho es tan
esencial que, para cada uno de estos casos, el tribunal debe
realizar una vista para dilucidar la procedencia de prescindir
con la confrontación física y el careo. De ahí surge lo que
conocemos como la “vista de necesidad”. Íd. Por lo tanto, no
40 “[A] defendant's right to confront accusatory witnesses may be satisfied absent a physical, face-to-face confrontation at trial only where denial of such confrontation is necessary to further an important public policy and only where the reliability of the testimony is otherwise assured.” Maryland v. Craig, supra, en la pág. 850. CC-2020-0250 10
podemos hablar de juicios por videoconferencias “al por mayor”,
sin realizar un análisis caso a caso.
En este caso, la controversia central no es
exclusivamente sobre el derecho a la confrontación. Va más
allá. Se trata de si le estamos garantizando el derecho a un
juicio justo a un acusado. La defensa plantea que requerir el
uso de mascarillas por parte de los testigos de cargo, le
impide conducir eficazmente el contrainterrogatorio e
imposibilita al juzgador de los hechos evaluar
satisfactoriamente la credibilidad del testigo. El efecto de
esto tiene una consecuencia directa sobre la libertad del
El juicio va dirigido a la búsqueda de la verdad. Así, el
debido proceso de ley no solo garantiza los derechos a la
persona acusada, sino que obliga a los funcionarios del Estado
a actuar correctamente para garantizar que se haga justicia.
Indudablemente, durante una emergencia, en beneficio del
bien común y la salud pública, se pueden tomar medidas que
alteren cómo se conducirán los juicios penales. El objetivo de
estas medidas es proteger la salud de todos los individuos que
participan en el proceso. Sin embargo, estas medidas tienen que
garantizar a todas las personas imputadas de delito que la
interferencia con sus intereses de libertad se hará a través de
un procedimiento justo. CC-2020-0250 11
Precisamente, ese balance de intereses fue lo que llevó
al Tribunal de Primera Instancia a emitir la orden de 10 de
julio de 2020, en la cual tomó medidas de precaución sanitaria
para la celebración del juicio en su fondo. La Opinión del
Tribunal omite mencionar esa Orden y, por ello, no realiza
ningún análisis de sus disposiciones a la luz de los intereses
en juego.
Cuando analizamos el contenido de la orden nos percatamos
de que el foro primario tomó todas las salvaguardas para
garantizar el interés público de proteger la salud de los
abogados, el acusado, testigos y personal del tribunal. Ello se
hizo sin violentar el derecho del acusado a un juicio justo,
pues el juzgador de los hechos podrá aquilatar la credibilidad
del testigo libre de barreras - como lo es el uso de la
mascarilla. Eso le permitirá apreciar todas las expresiones
faciales del testigo, mientras declara.
En específico, las medidas que el foro primario adoptó
fueron: la disposición de dos salas –una para la juez y otra
para las partes y los testigos de cargo- equipadas con un
sistema audiovisual para la comunicación entre ellas. Para los
testigos se proporcionarán caretas transparentes (face
shields), que usarán mientras testifican. Cuando no estén
testificando, deberán usar mascarillas, igual que el resto de
las personas presentes en sala.
Como podemos ver, el foro primario, dentro de su
discreción y en armonía con los intereses involucrados, adoptó
medidas salubristas para proteger a los presentes. A la vez, CC-2020-0250 12
salvaguardó el derecho del acusado a que el juzgador de los
hechos pueda percibir el comportamiento (demeanor) de los
testigos y aquilatar así su credibilidad. El uso del face
shield transparente por el testigo, mientras declara, permite
al juzgador de los hechos apreciar su cara mientras declara y a
la vez protege a los presentes, al reducir el alcance de las
partículas de saliva que el testigo pueda expedir. Junto a las
medidas de distancia bajo las cuales declarará el testigo, esto
protege la salud de todos los presentes en el juicio.
Por otro lado, el uso de la mascarilla incide sobre la
facultad del juzgador para aquilatar la credibilidad del
declarante. La mascarilla no permite observar si el testigo
hace muecas con su boca o si sus cachetes enrojecen. La
mascarilla también puede incidir sobre el volumen o la claridad
de la voz del testigo, o causarle picor o hiperventilación y
hacer que sude. Esto podría repercutir negativamente en la
percepción del juzgador sobre la veracidad del declarante. En
fin, para pasar juicio, el juzgador debe poder ver la cara
completa del testigo y no solo la mitad.
De hecho, el Centro para el Control y Prevención de
Enfermedades, o Centers for Disease Control and Prevention
(CDC), reconoce que hay ocasiones en las que no es factible
usar una mascarilla sino una careta transparente o face shield.
En lo pertinente, el CDC expresa: “Masks are a critical
preventive measure and are most essential in times when social
distancing is difficult”. Luego añade: “if masks cannot be
used, make sure to take other measures to reduce the risk of
COVID-19 spread, including social distancing, frequent hand CC-2020-0250 13
washing, and cleaning and disinfecting frequently touched
surfaces”. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Considerations
for Wearing Masks, CDC, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html
(Énfasis suplido) (última visita 21 de agosto de 2020).
Además, el CDC ha provisto recomendaciones para la
utilización correcta de los face shields cuando no es factible
(not feasible, en palabras del CDC) la utilización de las
mascarillas. En lo pertinente, el CDC ha expresado:
the available data suggest that the following face shields may provide better source control than others: Face shields that wrap around the sides of the wearer’s face and extend below the chin. Hooded face shields. Face shield wearers should wash their hands before and after removing the face shield and avoid touching their eyes, nose and mouth when removing it. Disposable face shields should only be worn for a single use and disposed of according to manufacturer instructions. Reusable face shields should be cleaned and disinfected after each use according to manufacturer instructions or by following CDC face shield cleaning instructions. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Considerations for Wearing Masks, CDC, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover- guidance.html#face-shields (última visita 21 de agosto de 2020).
Por otro lado, contrario a lo esbozado por la Opinión del
Tribunal, no se estableció el uso del face shield como un CC-2020-0250 14
sustituto de la mascarilla, pues el testigo la estará
utilizando en todo momento, excepto cuando esté declarando. Se
utiliza en esa ocasión limitada pues no es factible el uso de
la mascarilla sin violentar el derecho del acusado a un juicio
justo.
Cuando analizamos las medidas que adoptó el foro primario
con las recomendaciones del CDC, es forzoso concluir que este
foro actuó correctamente y que este Tribunal se está
extralimitando al requerir de manera absoluta el uso de la
mascarilla mientras un testigo declara, en violación del
derecho a un juicio justo que tiene el acusado. El foro
primario, dentro de su sana discreción y salvaguardando todos
los intereses en juego, ordenó el uso del face shield por el
testigo solo mientras declara. Tanto la defensa como el
Ministerio Público tienen que estar a más de seis pies de
distancia y están obligados a tener puesta la mascarilla en
todo momento. Culminado el testimonio del testigo, este viene
obligado a ponerse de nuevo su mascarilla y se procederá a
desinfectar toda el área. Bajo este mismo análisis, en este
caso no cabe hablar de un juicio mediante videoconferencia. El
tribunal tomó las medidas necesarias para salvaguardar los
intereses públicos involucrados y la confiabilidad de los
testimonios.
Es por lo anterior que sostengo que las medidas
adoptadas por el foro inferior son más que razonables y hacen
el balance adecuado entre un juicio justo y la protección
sanitaria de los presentes. CC-2020-0250 15
Surge de la propia orden que esas medidas se tomaron en
armonía con la Circular Núm. 21 de la Oficina de Administración
de los Tribunales del 20 de mayo de 2020, conocida como el Plan
de Contingencia y Control de Exposición y Propagación del
Covid-19 de la Rama Judicial. Este plan atiende todo lo
relacionado a la protección del personal de la Rama Judicial y
del público en general, a través de las rutinas de limpieza y
desinfección de las facilidades. Establece, entre otras cosas,
el uso compulsorio de mascarillas en el área de trabajo en todo
momento, medidas amplias de distanciamiento social, que los
micrófonos y audífonos se cubrirán con material desechable o
que, en la alternativa, se desinfectarán antes y después de
utilizarse.
Así, es importante destacar que mientras el testigo de
cargo preste su declaración con una careta transparente (fase
shield), los abogados, los miembros del ministerio público, el
acusado y el personal del tribunal tienen que estar a más de
seis pies de distancia y tener puestas las mascarillas. ¿Acaso
eso no es razonable? El Tribunal no puede afirmar que hubo
abuso de discreción. Entonces, ¿por qué interviene con la
discreción del foro primario y entra a micromanejar un juicio?
Hasta decidimos qué tipo de mascarilla es la que se va a usar.
El COVID-19 es una amenaza a la salud. Por eso hay que
tomar medidas para proteger de ese virus a los participantes en
el proceso judicial. Sin embargo, el miedo no puede guiar
nuestras decisiones. Lamentablemente, este Tribunal ignoró el
derecho del acusado a un juicio justo y, al implantar una regla
absoluta sobre el uso de las mascarillas por los testigos, no CC-2020-0250 16
hizo un balance justo y razonable que atienda todos los
intereses involucrados.
Por estas razones, disiento respetuosamente de la
decisión del Tribunal. No abusó de su discreción el foro
primario. Conforme al mandato del Tribunal de Apelaciones, se
adoptaron las medidas cautelares adecuadas para proteger la
salud de todos y, simultáneamente, salvaguardar el derecho del
acusado a tener un juicio justo. Ante eso, nuestra intervención
es innecesaria.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionario CC-2020-0250 Certiorari v.
Opinión disidente emitida por el Juez Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ
San Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto 2020.
Como es conocido, atravesamos como sociedad una pandemia
mundial que ha trastocado todos los aspectos de nuestras
vidas. Hoy nos enfrentamos a uno de los múltiples efectos del
COVID-19, el cual se ha visto reflejado en la celebración de
los procedimientos judiciales. A esos fines, los tribunales se
han visto en la obligación de proveer e implantar medidas de
seguridad en aras de prevenir y evitar el contagio del COVID-
19. Entre éstas, se encuentran medidas como el uso de
mascarillas, el uso de “face shields” y la transmisión
mediante videoconferencia.
Ante esta nueva realidad, hoy debemos analizar estas
medidas salubristas en el contexto particular de un
procedimiento criminal. Específicamente, debemos auscultar si
tales medidas laceran el derecho constitucional a la
confrontación que cobija a toda persona acusada de delito. CC-2020-0250 2
Ello, nos obliga a realizar un delicado balance de intereses
entre el interés apremiante del Estado de proteger la salud de
todas las personas presentes en un juicio criminal y el
derecho de toda persona acusada a carearse con los testigos de
cargo.
Precisamente, por considerar que pudo haberse logrado un
balance de intereses más adecuado, me veo obligado a disentir
de la Opinión mayoritaria. Como puede apreciarse, este
Tribunal resuelve, de manera absoluta, que toda persona que
testifique en un procedimiento criminal deberá hacerlo
físicamente con una mascarilla en su rostro. Lo anterior, al
resolver que el derecho al careo de la persona acusada se
subsana con otras garantías del proceso, tal como el derecho
al contrainterrogatorio.
Ciertamente, entiendo necesario y meritorio que los
foros primarios implanten ciertas medidas para proteger la
salud de todas las personas presentes. Ante esa realidad, soy
del criterio que este Tribunal debió explorar otras
alternativas que afecten de manera menos onerosa el derecho al
careo. La transmisión por videoconferencia, por ejemplo, sí
permite que la persona testifique sin uso de mascarilla,
garantizando así su seguridad y la prevención del contagio.
Asimismo, permite que la persona acusada pueda apreciar las
expresiones faciales de quien testifica, lo cual es más
protector del derecho a la confrontación.
Sin embargo, una Mayoría de este Tribunal descarta
mecanismos menos onerosos y opta por automáticamente reconocer CC-2020-0250 3
el uso de una mascarilla, sin sopesar que es una de las
opciones más drásticas y que más lacera el derecho de una
persona acusada a carearse con la persona que testifica en su
contra. En ese sentido, la mascarilla limita
significativamente la capacidad de observar el “demeanor” y
las expresiones faciales de la persona que testifique, por lo
que no debió adoptarse como la primera y única opción.
De igual modo, lo pautado en la Opinión mayoritaria está
enmarcado en una apreciación errónea y no actualizada en torno
al derecho a carearse con los testigos de cargo. Tal como lo
ha dispuesto la Corte Suprema de los Estados Unidos, debimos
adoptar mecanismos en reconocimiento de que el derecho al
careo es esencial a todo procedimiento criminal. Por tanto,
éste no se subsana meramente por el hecho de que la persona
acusada tendrá derecho a contrainterrogar a la persona que
testifica en su contra. Al contrario, el derecho a la
confrontación exige esfuerzos razonables de parte de este
Tribunal para implantar alternativas que no laceren sus
propósitos y objetivos.
Por tales fundamentos, respetuosamente disiento. Veamos
el derecho aplicable a la controversia ante nos.
En nuestro ordenamiento, las personas acusadas de delito
están cobijadas por una gama de derechos y protecciones con el
propósito de garantizar que el procedimiento criminal en su
contra sea justo y digno. Entre éstas, se encuentra el derecho
constitucional a confrontar los testigos que presente el CC-2020-0250 4
Ministerio Público en su contra. Art. II, Sec. 11, Const. PR,
LPRA, Tomo 1. Tal protección se encuentra igualmente en la
Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Emda.
VI, Const. EE.UU., LPRA, Tomo 1.
El derecho a la confrontación se materializa en tres (3)
corolarios importantes: (1) el derecho a carearse con los
testigos de cargo; (2) el derecho a contrainterrogar a dichos
testigos, y (3) el derecho a que se excluya cierta prueba de
referencia. Pueblo v. Pérez Santos, 195 DPR 262, 269-270
(2016). Así, la primera vertiente del derecho al careo le
garantiza a la persona acusada la oportunidad de confrontar
cara a cara los testigos presentados por el Ministerio
Público. E. L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal, 81 Rev.
Jur. UPR 373, 380 (2012). El derecho al careo es un elemento
esencial de un procedimiento criminal, pues genera fuertes
indicios de confiabilidad y de justicia. Coy v. Iowa, 487 US
1012, 1018-1019 (1990).
Cónsono con ello, parte imprescindible del derecho al
careo es la oportunidad de observar el comportamiento de las
personas testigos y de adjudicar credibilidad a sus
declaraciones. A esos fines, hemos resuelto que la importancia
de un testimonio no solo recae en sus declaraciones, sino que
además se trata de observar “las expresiones mímicas: el color
de las mejillas, los ojos, el temblor o la consistencia de la
voz, los movimientos, el vocabulario no habitual”, entre otros
elementos. Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 947 (1975).
Asimismo, hemos pautado que “la forma de hablar, el
comportamiento, las explicaciones dadas, los gestos, ademanes CC-2020-0250 5
y demás detalles perceptibles con los sentidos resultan
esenciales para aquilatar adecuadamente la sinceridad y
credibilidad de los testimonios". Pueblo v. Torres Villafañe,
143 DPR 474, 488 (1997).
Ahora bien, hace varias décadas atrás, este Tribunal
minimizó este primer aspecto del derecho a la confrontación.
Particularmente, en Pueblo v. Ruiz Lebrón, 111 DPR 435 (1981),
se resolvió que la confrontación garantizada por la
Constitución de Puerto Rico “se cumple con la oportunidad de
contrainterrogar, sin que sea indispensable la presencia del
acusado. No está irremisiblemente atada al encuentro físico,
al enfrentamiento nariz con nariz entre testigo y acusado”.
Íd., pág. 442. Así, razonó que el “[e]l principal y esencial
propósito de la confrontación es asegurar al oponente la
oportunidad de contrainterrogar”. Íd. De esta manera, se
menospreció la importancia del derecho al careo y se pautó que
el derecho a contrainterrogar tenía más peso que la perima
vertiente del derecho a la confrontación.
No obstante, más adelante, la Corte Suprema de los
Estados Unidos rescató el derecho al careo, reafirmó su valor
esencial en un procedimiento criminal y dispuso que el mismo
no se puede prescindir ligeramente. Coy v. Iowa, supra, págs.
1018-1019, 1021. En esa ocasión, la Corte se enfrentó a un
estatuto de Iowa que permitía a los menores de edad que
presuntamente fuesen víctimas de delitos sexuales a testificar
mediante videoconferencia. Lo anterior, bajo la presunción
generalizada de que testificar ante la persona acusada de
delito iba a ser traumático para la persona testificando. CC-2020-0250 6
A la luz de estos postulados, la Corte determinó que el
estatuto en controversia violaba el derecho a la confrontación
de la persona acusada. Íd., pág. 1020. En ese sentido, razonó
que una presunción generalizada de que todo menor de edad
sufrirá algún perjuicio en ese escenario no bastaba para
justificar una limitación al derecho a la confrontación. Íd.,
pág. 1021.
En consecuencia, como puede apreciarse, la Corte Suprema
de los Estados Unidos revocó indirectamente los
pronunciamientos de este Tribunal en Pueblo v. Ruiz Lebrón,
supra. En ese sentido, la premisa de que la vertiente del
derecho al contrainterrogatorio tiene supremacía o más valor
que el derecho al careo no tiene cabida en nuestro
ordenamiento. Ciertamente, el derecho a contrainterrogar es un
componente importante del derecho constitucional a la
confrontación. Sin embargo, el hecho de que se le permita a la
persona acusada a contrainterrogar a la persona testigo, no
subsana automáticamente alguna limitación al derecho al careo.
Para ello, hay que evaluar otras consideraciones.
Precisamente, esa fue la tarea de la Corte Suprema de los
Estados Unidos en Maryland v. Craig, 497 US 836 (1990).
Veamos.
En este caso, la Corte resolvió que el derecho a la
confrontación supone una preferencia por que la persona
acusada se confronte cara a cara con los testigos de cargo.
Íd., pág. 849. Sin embargo, razonó que los propósitos del
derecho a la confrontación, que consisten en garantizar la
confiabilidad del testimonio al someterlo a un escrutinio CC-2020-0250 7
riguroso, se pueden satisfacer excepcionalmente sin una
confrontación cara a cara. Íd., págs. 845-850. A esos fines,
interpretó que existen circunstancias excepcionales y
particulares que ameritan que ceda la primera vertiente del
derecho a la confrontación, el derecho al careo.
No obstante, tales excepciones no se reconocerán
ligeramente. En ese sentido, el hecho de que “the face-to-face
confrontation requirement is not absolute does not, of course,
mean that it may easily be dispensed with”. (Énfasis suplido).
Íd., pág. 850. Así, determinó que el derecho a la
confrontación “may be satisfied absent a physical, face-to-
face confrontation at trial only where denial of such
otherwise assured.” (Énfasis suplido). Íd., pág. 850. Por
tanto, se resolvió que se puede prescindir de una
confrontación cara a cara entre la persona acusada y los
testigos en su contra, siempre y cuando: (1) exista un interés
u objetivo gubernamental apremiante que lo justifique, y (2)
existan otros indicios que garanticen la confiabilidad del
testimonio. Íd.; W. S. Santiago Mercado, Excepciones al
derecho a la confrontación cara a cara del acusado, 85 Rev.
Jur. UPR 267, 270 (2016).
Para determinar si las circunstancias particulares de la
persona testigo ameritan que ésta no se confronte cara a cara
con la persona acusada, los tribunales deben auscultar si ello
es necesario para promover una política pública importante.
Maryland v. Craig, supra. Para ello, se debe evaluar si el CC-2020-0250 8
interés apremiante del Estado es “sufficiently important to
outweigh . . . a defendant’s right to fase his or her
accusers”. Íd., pág. 853. De igual modo, se debe evaluar si el
testimonio goza de otros elementos que garanticen su
confiabilidad, como lo sería el juramento de la persona
testigo, la oportunidad de contrainterrogar y la capacidad del
jurado de apreciar el testimonio. Íd., págs. 845-846.
En virtud de estos fundamentos, la Corte validó un
estatuto del estado de Maryland que disponía que ciertos
menores de edad que eran víctimas de delitos sexuales podían
testificar mediante un sistema electrónico de videoconferencia
de una vía. Sin embargo, distinto al estatuto analizado en Coy
v. Iowa, supra, el estatuto de Maryland disponía que había que
realizar un análisis particular e individualizado de las
circunstancias de cada caso con el objetivo de determinar si
el bienestar del menor de edad exigía que éste testificara
mediante videoconferencia. Maryland v. Craig, supra, págs.
855-856.
Ante esas circunstancias, la Corte determinó que tal
estatuto era constitucional, pues razonó que la protección del
bienestar de los menores de edad era un interés apremiante que
justificaba tal limitación al derecho a la confrontación. Íd.,
pág. 855. Según la Corte, el sistema de transmisión de
videoconferencia en controversia garantizaba adecuadamente la
confiabilidad del testimonio mientras que preservaba la
naturaleza adversativa del juicio. Íd., pág. 857. CC-2020-0250 9
A la luz de este precedente, tribunales federales y
estatales de los Estados Unidos han reconocido otras
circunstancias excepcionales que justifican que la persona
acusada no confronte a la persona testigo cara a cara. A esos
fines, se ha permitido que menores de edad, personas con
enfermedades terminales o críticas, y personas extranjeras
testifiquen en corte mediante sistemas de video conferencia.
Horn v. Quaterman, 508 F.3d 306, 320 (5vo Cir. 2007); Harrell
v. Butterworth, 251 F.3d 926, 931 (11mo Cir. 2001); United
States v. Gigante, 166 F.3d 75, 81-82 (2do Cir. 1999); United
States v. Weekley, 130 F.3d 747, 752-54 (6to Cir. 1997).
De hecho, en nuestro ordenamiento, las Reglas de
Procedimiento Criminal disponen que tanto menores de edad como
personas mayores de edad que padezcan de algún impedimento
mental o que hayan sido víctimas de ciertos delitos, podrán
testificar mediante un mecanismo de circuito cerrado. Regla
131.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. Lo anterior,
con la salvedad de que se celebrará una vista de necesidad
para auscultar si el bienestar de la persona testigo exige
testificar fuera de la presencia de la persona acusada.
Como puede apreciarse, la adopción de mecanismos o el
reconocimiento de acciones que puedan ser lesivas al pleno
ejercicio del derecho a la confrontación, en circunstancias
excepcionales, no puede tomarse livianamente. El balance de
intereses requiere explorar y promover la adopción de
mecanismos menos onerosos a las garantías individuales, previo
a adoptar la medida más drástica. CC-2020-0250 10
Según expuesto, hoy una Mayoría de este Tribunal
resuelve que las personas que testifiquen en un procedimiento
criminal deberán declarar físicamente con una mascarilla en su
rostro. Lo anterior, sin reconocer medios menos onerosos -
tales como el testimonio a través de videoconferencia - que
permitan ejercer un mejor balance entre proteger la salud de
todos los participantes del proceso y salvaguardar, dentro de
lo posible, los tres (3) corolarios del derecho a la
confrontación. A la luz del cuestionable precedente de Pueblo
v. Ruiz Lebrón, supra, la Opinión mayoritaria razona
erradamente e ignorando el contenido mínimo exigido por la
jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que
el hecho de que la persona acusada tendrá derecho a
contrainterrogar a la persona testigo subsana las limitaciones
que conlleva el uso de la mascarilla. Discrepo en torno a
ambas conclusiones.
El derecho de la persona acusada a carearse con los
testigos en su contra es un componente esencial del derecho
constitucional a la confrontación. El mismo es un garante de
que los procedimientos criminales se celebren conforme a los
postulados de la justicia y del debido proceso de ley. Debido
a lo anterior, era imperativo que este Tribunal rectificara
los pronunciamientos de Pueblo v. Ruiz Lebrón, supra, a la luz
de la jurisprudencia federal.
Como expusimos anteriormente, este precedente local
minimizó significativamente el derecho al careo y dispuso que CC-2020-0250 11
éste tenía menos peso que el derecho al contrainterrogatorio.
Sin embargo, estos pronunciamientos no tienen vigencia en el
ordenamiento penal puertorriqueño. Precisamente, en Coy v.
Iowa, supra, y Maryland v. Craig, supra, la Corte Suprema de
los Estados Unidos rescató el derecho al careo al catalogarlo
como un elemento esencial del derecho a la confrontación.
Indudablemente, lo anterior constituye el estándar
mínimo para nuestra jurisdicción. Por tal razón, es
improcedente e incorrecto en derecho acudir a pronunciamientos
locales anteriores que disponen protecciones menores a las
contempladas federalmente. Debido a lo anterior, me veo
impedido de suscribir los fundamentos expuestos en la Opinión
mayoritaria.
Por otro lado, discrepo de la determinación de la
Mayoría de imponer, de forma absoluta, que las personas
testigos en procedimientos criminales declararán con
mascarillas. Ciertamente, el interés de la Rama Judicial en
evitar el contagio del COVID-19 en sus salas judiciales es
legítimo y de suma importancia. No albergo duda de que la Rama
Judicial, como rama de gobierno y como patrono, tiene un deber
de implantar medidas salubristas que salvaguarden la salud de
todas las personas presentes en un procedimiento criminal,
incluyendo personal del Estado, abogados y abogadas, y las
personas acusadas de delito.
En ese sentido, entiendo que permitir que una persona
testifique sin mascarilla en una sala cerrada con otras
personas presentes constituiría un riesgo significativo. Por CC-2020-0250 12
tanto, coincido en que nos encontramos ante una de esas
circunstancias excepcionales y particulares contempladas en
Maryland v. Craig, supra, pág. 850, que justifican una
limitación al derecho a la confrontación, pues la misma es
necesaria para promover la importante política pública de
salvaguardar la salud de toda persona presente. Asimismo,
coincido en que esta controversia no amerita un análisis
individualizado y particularizado sobre el riesgo que
representaría testificar sin mascarilla, pues la facilidad del
contagio del COVID-19 es de conocimiento público.
No obstante, entiendo que la medida adoptada por una
Mayoría de este Tribunal es innecesariamente onerosa y limita
de manera más directa el derecho al careo. Según discutimos
anteriormente, el derecho al careo conlleva necesariamente la
oportunidad de observar y apreciar la totalidad de un
testimonio. Eso incluye, pero no se limita, a gestos,
expresiones faciales y el “demeanor” de la persona testigo.
Por tanto, es innegable que el uso de una mascarilla limita
significativamente el derecho a la confrontación de una
persona acusada.
En consecuencia, entiendo que este Tribunal debió
explorar otras alternativas, tales como el testimonio a través
de videoconferencia, para salvaguardar y establecer un balance
adecuado de los intereses en pugna. De esta manera, el derecho
al careo de la persona acusada se ve menos afectado, pues se
mantendría su facultad de percibir esos gestos faciales y
expresiones que son tan vitales para la observación y la
credibilidad de la persona testigo. De igual modo, esta medida CC-2020-0250 13
salvaguardaría la salud de las personas presentes, pues no los
expondría a una persona testigo declarando sin mascarilla en
un lugar cerrado.
Tal como resolvió la Corte Suprema en Maryland v. Craig,
supra, el mecanismo de videoconferencia cuenta con otros
indicios que confiabilidad, como lo son el juramento de la
persona testigo, la oportunidad de contrainterrogar y la
capacidad del jurado de apreciar el testimonio. Por tal razón,
entiendo que el uso de la videoconferencia es una medida que
garantiza adecuadamente la confiabilidad del testimonio
mientras que preserva la naturaleza adversativa del juicio.
Es menester reconocer que, en este caso particular, la
persona acusada se negó a celebrar el juicio mediante
videoconferencia. Sin embargo, ello no es óbice para descartar
el mecanismo de que las personas testigos puedan brindar su
testimonio mediante videoconferencia. Es decir, el hecho de
que la persona acusada no interese celebrar el juicio en su
totalidad mediante videoconferencia no elimina automáticamente
la alternativa de que las personas testigos sí declaren
mediante videoconferencia. A fin de cuentas, es a este
Tribunal al que le compete pautar los lineamientos del balance
de intereses adecuado.
En fin, ante circunstancias excepcionales que ameriten
alguna limitación al derecho al careo, este Tribunal debió
auscultar medidas que intenten salvaguardar, lo más posible,
los propósitos y objetivos del derecho a la confrontación. En CC-2020-0250 14
esa tarea, se debió abrir la puerta a medidas menos onerosas
cuyos efectos no fuesen tan rampantes en contra del derecho al
careo. En virtud de que hoy se pauta una norma que lacera
innecesariamente el derecho a constitucional a la
confrontación, respetuosamente disiento.
Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico Peticionario
CC-2020-250 Certiorari v. Daniel Cruz Rosario Recurrido
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.
En el día de hoy, esta Curia tiene la ineludible
y delicada tarea de determinar cuál interés debe
prevalecer cuando se enfrentan los derechos de los
acusados -- tales como el debido proceso de ley, el
derecho a confrontar y contrainterrogar a los testigos
de cargo, el derecho a una representación legal
adecuada, así como a un juicio justo e imparcial --
con la salud y seguridad de un Pueblo que sufre los
estragos ocasionados por la pandemia del COVID-19.
Ello, en el contexto del uso de mascarillas por parte
de los testigos de cargo en determinado proceso
criminal, ante la negativa del acusado de delito de
utilizar el mecanismo de videoconferencia para la
celebración de un juicio por delito menos grave. CC-2020-0250 2
Aun cuando entendemos que estamos viviendo una
situación sin precedentes, que trastoca y pone en riesgo a
todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, -- contrario
a lo que hoy resuelve una mayoría del Tribunal --, somos
de la opinión que, en casos como el que nos ocupa, el uso
de mascarillas por parte de los testigos de cargo lesiona
el derecho al careo que le asiste a todo acusado de
delito. No obstante, sí entendemos que tales derechos bien
pudieron salvaguardarse mediante la celebración de los
procedimientos aquí en controversia a través de los
mecanismos de videoconferencia, de forma obligatoria.
Aclaramos, sin embargo, que la procedencia de dicho
mecanismo -- entiéndase, el uso de los sistemas de
videoconferencias -- debe limitarse al periodo en que esté
vigente el actual estado de emergencia de salud pública.
Finalizada la misma, procede que se restauren
inmediatamente todas las garantías constitucionales que
cobijan a los acusados en lo relacionado a la presencia
física de éstos en corte. Veamos.
Los hechos medulares que dieron margen al presente
litigio se recogen con particular precisión en la Opinión
que hoy emite este Tribunal, por lo que acogemos los
mismos por referencia. En síntesis, el caso de marras
versa sobre el uso de mascarillas por parte de los
testigos de cargo mientras éstos declaran en determinado CC-2020-0250 3
proceso criminal, ante la negativa del acusado de delito
de utilizar el mecanismo de videoconferencia para la
celebración de un juicio en su contra, por la comisión de
un delito menos grave. Lo anterior, con el fin de cumplir
con algunas de las medidas recomendadas por las entidades
de salud pertinentes -- tales como la Organización Mundial
de la Salud (en adelante, “OMS”) y el Centro para el
Control y la Prevención de Enfermedades (en adelante,
“CDC”) -- para contrarrestar el avance de la pandemia
Por un lado, el señor Daniel Cruz Rosario (en
adelante, “señor Cruz Rosario”) aduce que lo anterior
viola su derecho constitucional a la confrontación, así
como el debido proceso de ley. Ello, pues, sostiene que
la cláusula de confrontación dispuesta en nuestra
Constitución -- en específico, el derecho al careo
recogido en la misma -- requiere que los testigos que van
a testificar en contra de una parte lo hagan en presencia
de dicha parte, es decir, cara a cara. Asimismo, arguye
que las mencionadas prácticas violan su debido proceso de
ley, pues el rostro tapado de un testigo mediante una
mascarilla le impide al juzgador aquilatar la
credibilidad del mismo, así como garantizarle un juicio
justo e imparcial. Este argumento no fue acogido por el
Tribunal de Primera Instancia, pero sí por el Tribunal de
Apelaciones. CC-2020-0250 4
Así las cosas, el Ministerio Público acude ante esta
Curia y aduce que, si bien el careo es preferible, el
mismo no es absoluto, por lo que puede ser obviado por
consideraciones de política pública y necesidad. Sostiene
que el uso de mascarillas -- lo cual es una herramienta
importante para disminuir el riesgo de contagiarse con
COVID-19 -- es suficiente justificación para que en medio
de un juicio se pueda limitar el derecho de ver la boca y
la nariz del testigo mientras declara. Más aún, cuando el
mismo estará presente en sala, bajo juramento y sujeto a
contrainterrogatorio.
Por lo anterior, nos solicita que revoquemos la
Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 3 de
julio de 2020. En la misma, el foro apelativo intermedio
concluyó que el juicio en su fondo en contra del señor
Cruz Rosario -- por el delito menos grave de intrusión en
la tranquilidad personal (Art. 178 del Código Penal de
2012, 33 LPRA sec. 5244) -- debía celebrarse de manera
presencial y sin el uso de mascarilla por los testigos de
cargo mientras declararan. El señor Cruz Rosario se opuso
a dicha solicitud.
Trabada así la controversia, y con el beneficio de
la comparecencia de ambas partes, procedemos a exponer la
normativa aplicable a la misma.
II. CC-2020-0250 5
Como es sabido, el Art. II, Sección 11 de la
dispone que “[e]n todos los procesos criminales el acusado
disfrutará del derecho a un juicio rápido y público ... a
carearse con los testigos de cargo, a obtener la
comparecencia compulsoria de testigos a su favor, a tener
asistencia de abogado, y a gozar de la presunción de
inocencia”. CONST. ELA art. II, § 11, LPRA, Tomo 1. De
igual manera, la Enmienda Sexta de la Constitución de
Estados Unidos establece, en lo pertinente, que el acusado
presenten en su contra. CONST EE.UU. enm. VI, LPRA, Tomo.
1. En Pueblo v. Bussman, 108 DPR 444 (1979), este Tribunal
expresó que, conforme a la precitada sección, “[t]odo
acusado tiene derecho a estar presente en todas las etapas
del juicio. Es un principio fundamental que no se
cuestiona”. Véanse además, Toro Rivera v. ELA, 194 DPR
393 (2015); Pueblo v. Lourido Pérez, 115 DPR 798 (1984).
Ahora bien, al respecto, nos señala el profesor
Ernesto L. Chiesa Aponte que no hay un derecho absoluto a
estar presente en todo incidente del procedimiento
criminal. Lo anterior, pues ello se refiere al juicio, en
específico, en relación con las siguientes etapas o
incidencias: (1) testimonio de testigos en contra del
acusado, ello como exigencia de la cláusula de
confrontación; (2) presentación de prueba testifical, CC-2020-0250 6
documental, demostrativa o de cualquier índole, como
corolario del debido proceso de ley y del derecho a
asistencia de abogado; y (3) cualquier incidente donde la
ausencia involuntaria del acusado menoscabe
significativamente la defensa de éste o resulte contraria
a la noción de juicio justo e imparcial lo cual es
exigencia del debido proceso de ley. E.L. Chiesa Aponte,
Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos,
Bogotá, Editorial Forum, Vol. II, pág. 237 (1992).
En esa dirección, cabe mencionar que, si bien el
derecho del acusado a estar presente en el juicio es una
exigencia del debido proceso de ley, el mismo no es
absoluto. Pueblo v Esquilín Díaz, 146 DPR 808, 822-23
(1998); Pueblo v. Bussman, supra, pág. 446.
Consecuentemente, tanto este Tribunal como la Corte
Suprema de Estados Unidos han validado la renuncia a este
derecho. Íd; Pueblo v. Ruiz Lebrón, 111 DPR 435, 444
(1981); Pueblo v. Bussman, supra, págs. 446-47. En lo
relativo a la doctrina de renuncia al derecho a estar
presente en el juicio -- lo cual generalmente aplicaría
también al momento en que se dicte sentencia -- la misma
puede ser implícita o explícita. Véase, Chiesa Aponte,
op. cit., pág. 260
En ese sentido, procede resaltar que las Reglas de
Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, reconocen una
mayor jerarquía a este derecho cuando se trata de delitos CC-2020-0250 7
graves. Chiesa Aponte, op. cit., págs. 258-59. Al
respecto, la Regla 243 (a) dispone que “[e]n todo proceso
por delito grave (felony) el acusado deberá estar
presente en el acto de la lectura de la acusación y en
todas las etapas del juicio, incluyendo la constitución
del jurado y la rendición del veredicto o fallo, y en el
pronunciamiento de la sentencia”. Si el acusado
compareció al acto de lectura, y fue advertido y citado
para juicio pero no se presenta, el tribunal podrá
celebrar el mismo en ausencia de éste, siempre que
estuviese representado por abogado. 34 LPRA Ap. II, R.
243(a). Véase, Pueblo v Esquilín Díaz, supra, págs. 822-
23.
Mientras, en casos por delitos menos graves, -- como
el que hoy nos ocupa --, siempre que el acusado
estuviere representado por abogado, el tribunal podrá
proceder a la lectura de la denuncia o acusación, al
juicio, al fallo y al pronunciamiento de la sentencia, y
podrá recibir una alegación de culpabilidad en ausencia
de éste. Si la presencia del acusado fuera necesaria, el
tribunal podrá ordenar su asistencia. 34 LPRA Ap. II, R.
243 (b).
Asimismo, el inciso (d) de la precitada regla
contempla cierta conducta del acusado como una renuncia a
su derecho a estar presente en los procedimientos. Ello,
al disponer que, en procesos por delitos graves o menos CC-2020-0250 8
graves, si el acusado incurre en cualquier conducta que
impida el desarrollo normal del juicio, el tribunal
podrá: (1) tramitar un desacato; (2) tomar las medidas
coercitivas pertinentes; o (3) ordenar que el acusado sea
removido y continuar con el proceso en su ausencia. 34
LPRA Ap. II, R. 243 (d).
No empece lo anterior, el hecho de que pueda
renunciarse al derecho a estar presente no implica que
deba fomentarse esa práctica. Pueblo v. Bussman, supra,
pág. 447. “Es preferible la presencia del acusado durante
todas las etapas del proceso y solamente debe dispensarse
de ella en casos en que se demuestre que resultaría
extremadamente gravosa su comparecencia, que el estado no
la requiera para establecer su caso y que su ausencia no
demorará los procedimientos”. Torres Rosario v. Alcaide,
133 DPR 707 (1993); Pueblo v. Bussman, supra.
Por otra parte, la precitada disposición
constitucional también hace referencia a lo que la
jurisprudencia ha reconocido como la “cláusula de
confrontación”, la cual recoge el derecho de un acusado a
confrontar a sus acusadores y se compone de tres aspectos
fundamentales. Pueblo v. Pérez Santos, 195 DPR 262, 26970
(2016); Pueblo v. Santos Santos, 185 DPR 709, 720 (2012).
En primer lugar, todo acusado tiene derecho al careo o
confrontación cara a cara con los testigos adversos. En CC-2020-0250 9
segundo lugar, tienen derecho a contrainterrogar a estos
testigos. Finalmente, la referida cláusula contempla el
derecho a que se excluya cierta prueba de referencia que
el Ministerio Público pretenda utilizar como prueba de
cargo. Íd. Véase, Chiesa Aponte, op. cit., pág. 569.
El primer corolario de la referida cláusula
constitucional es el careo lo cual hace referencia a que
los testigos de cargo testifiquen frente al acusado, cara
a cara.41 Dicho aspecto contribuye significativamente a la
búsqueda de la verdad y a un juicio justo. Véase, Coy v.
Iowa, 487 US 1012 (1988). Véase además, E.L. Chiesa
Aponte, Procedimiento Criminal y Constitucional: Etapa
Adjudicativa, Ed. Situm, 2018, págs. 82-83. “Su
fundamento es muy sencillo: es más fácil decir algo
contra una persona cuando esta no está presente; es más
difícil hacerlo de frente”. Ernesto L. Chiesa Aponte,
Derecho Procesal Penal, 81 REV. JUR UPR 373, 380 (2012).
Sobre el particular, esta Curia ha expresado que
para que la confrontación o careo tenga concreción, el
41 Ahora bien, a contrario sensu, en Pueblo v. Ruiz Lebrón, 111 DPR 435 (1981), este tribunal sentenció que la confrontación que garantiza la Sexta Enmienda y el Art. II, Sec. 11 de nuestra Constitución se cumple con la oportunidad de contrainterrogar, sin que sea indispensable la presencia del acusado. Lo anterior, tras expresar que la confrontación no está irremisiblemente atada al encuentro físico, al enfrentamiento nariz con nariz entre testigo y acusado. Sin embargo, la Corte Suprema de los Estados Unidos rescató este aspecto de la cláusula de confrontación en Coy v. Iowa, 487 US 1012 (1988), en el cual declaró inconstitucional un estatuto de Iowa que permitía, para la protección de cierto tipo de testigo de cargo, testificar sin mirar al acusado, a través de una pantalla, sin necesidad de que el Ministerio Público justificara la necesidad de prescindir del careo. Véase, Ernesto L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal, 81 Rev. Jur. UPR 373 (2012). CC-2020-0250 10
debido proceso de ley exige que se pongan al alcance del
acusado los medios de prueba para impugnar los testigos y
atacar su credibilidad, así como todo recurso análogo
dirigido a erradicar la falsedad del juicio. Pueblo v.
Guerrido López, 179 DPR 950, 958 (2010); Pueblo v.
Casanova, 161 DPR 183, 192 (2004); Pueblo v. Rodríguez
Sánchez, 109 DPR 243 (1979). “Un careo sin estos
instrumentos, cuando sean legítimamente asequibles,
frustra el propósito del precepto constitucional”. Íd.
Pueblo v. Guerrido López, supra.
Como segundo corolario, y núcleo de la cláusula de
confrontación, tenemos el derecho de los acusados de
contrainterrogar a los testigos que el Ministerio Público
presente en su contra. Al respecto, hemos sentenciado que
el derecho a contrainterrogar un testigo es
imprescindible para la celebración de un juicio justo e
imparcial pues éste es el mecanismo con el que cuenta la
defensa para descubrir la verdad. Pueblo v. Guerrido
López, supra, pág. 958; Pueblo v. Pacheco Padilla, 92 DPR
894, 897 (1965). De lo anterior, podemos colegir que el
acusado debe estar presente durante el testimonio de
estos testigos en el juicio. Consecuentemente, parte
esencial del derecho a la confrontación es la presencia
física del acusado. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal
de Puerto Rico y Estados Unidos, op. cit., págs. 233-234. CC-2020-0250 11
En tercer lugar, la disposición constitucional exige
que se excluya cierta prueba de referencia como prueba de
cargo, entiéndase aquella declaración que no sea la que
la persona declarante hace en el juicio o vista, la cual
se ofrece en evidencia para probar la verdad de lo
aseverado. 32 LPRA Ap. R. 801. Al respecto, e
interpretando su análoga en la Enmienda Sexta, en
Crawford v. Washington, 541 US 36 (2004), la Corte
Suprema de Estados Unidos concluyó que sólo se permite la
admisión en evidencia de una declaración testimonial
hecha contra un acusado fuera de corte si el declarante
no está disponible para comparecer al juicio y el acusado
tuvo la oportunidad de contrainterrogarlo en el momento
en que se hizo la declaración. De no satisfacerse estos
requisitos, la declaración sería prueba de referencia
inadmisible contra el acusado, independientemente de que
satisfaga alguna excepción de aquellas dispuestas en las
Reglas de Evidencia. Véase, Pueblo v. Santos Santos,
supra, pág. 721.
Consecuentemente, Crawford v. Washington, supra,
aclara que, más que garantizar la confiabilidad de la
evidencia, la cláusula de confrontación exige que dicha
confiabilidad sea evaluada mediante el mecanismo del
contrainterrogatorio.42 Crawford v. Washington, supra,
42 En Pueblo v. Santos Santos, supra, aclaramos que, conforme a lo resuelto en Pueblo v. Guerrido López, supra, Crawford y su progenie constituyen jurisprudencia normativa para nuestra jurisdicción. CC-2020-0250 12
pág. 61. “Se trata, pues, de una garantía procesal a
favor del acusado que no es susceptible de evasión a
conveniencia del Estado”. Pueblo v. Santos Santos, supra,
págs. 721-22.
Por otra parte, es menester señalar que el
comportamiento del testigo, su forma de hablar, los
gestos, ademanes y demás detalles perceptibles con los
sentidos, así como las explicaciones dadas por éste
durante el contrainterrogatorio, son herramientas
esenciales para aquilatar adecuadamente la credibilidad
de los testimonios. Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1,
16 (1995); Pueblo v. Rivera Ramos, 11 DPR 858 (1988).
Consecuentemente, el juzgador de los hechos ante quien
deponen los testigos debe tener la oportunidad de
observar el demeanor de éstos para determinar si dicen la
verdad. Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 165
(2011).
Cónsono con lo anterior, este Tribunal ha expresado
que “el testigo debe ser oído, y visto, interrogado y
mirado”. Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 947 (1975).
Por ello, no solo es importante la voz de éste, sino
también otras expresiones tales como el color de las
“Claro está, las interpretaciones que la Corte Suprema realice sobre la cláusula de confrontación federal, así como de cualquier otro derecho aplicable a nuestra jurisdicción, representan meramente el mínimo obligados a reconocer bajo nuestra propia Constitución, sin impedimento alguno de interpretar más ampliamente derechos cobijados bajo la factura más ancha de nuestra Constitución moderna”. Pueblo v. Santos Santos, supra, pág. 725. CC-2020-0250 13
mejillas, los ojos, la consistencia o temblor de la voz,
los movimientos corporales y el vocabulario no habitual
del testigo. Íd.
Ahora bien, conviene reseñar aquí lo resuelto por la
Corte Suprema de Estados Unidos en Maryland v. Craig, 497
US 836 (1990). En dicho caso, se sostuvo la
constitucionalidad de un estatuto del estado de Maryland
que permitía que un menor -- víctima de abuso sexual --
testificara mediante el sistema electrónico de una vía,
siempre y cuando se realizaran determinaciones
específicas sobre el daño emocional que podría sufrir al
ser llamado a testificar frente al acusado.
Allí, el foro federal expresó que la cláusula de
confrontación de la Enmienda Sexta no garantiza un
derecho absoluto a la confrontación cara a cara con el
testigo. Dicho foro razonó que el propósito central de la
cláusula es asegurar la confiabilidad de la evidencia
presentada en contra del acusado, lo cual se logra con
los siguientes elementos: (1) presencia física; (2)
juramento del testigo; (3) contrainterrogatorio; y (4)
observación del comportamiento o demeanor del testigo por
parte del juzgador.
No obstante lo anterior, sostuvo que, aunque el
careo es un aspecto importante de la referida cláusula,
ello no es un elemento indispensable del derecho a la
confrontación. Maryland v. Craig, supra, pág. 846. Por CC-2020-0250 14
ello, expresó que el derecho de confrontar a los testigos
adversos puede satisfacerse en ausencia de una
confrontación física o careo en el juicio solo cuando
ello sea necesario para adelantar una política pública
importante y cuando se asegure la confiabilidad del
testimonio del que se trate. Íd, en la pág. 850.
Consecuentemente, se requiere realizar un balance de
intereses entre el interés que el Estado pretende
proteger vis a vis el derecho de los acusados a la
confrontación. Es decir, el interés del Estado debe ser
lo suficientemente apremiante y necesario para justificar
el uso de un procedimiento especial, tal como sería el
uso de mascarillas por parte de los testigos de cargo o,
en la alternativa, un sistema de videoconferencias.
De otra parte, el Art. II, Sección 11 de nuestra
Constitución también hace referencia al derecho a tener
representación legal en casos criminales. CONST. ELA art.
II, § 11, LPRA, Tomo 1. Además, éste se ha consagrado
como parte fundamental de la cláusula del debido proceso
de ley. Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 DPR 599,
609 (1993); Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 DPR 883, 887
(1993). Para que se configure, el derecho constitucional
a la asistencia de abogado debe ser uno adecuado y
efectivo. Íd. Lo anterior puede quedar menoscabado CC-2020-0250 15
cuando: (1) el abogado es incompetente para la tarea que
se le asigna; (2) como cuestión de hecho la labor
desplegada demuestra su inefectividad; (3) hay un
potencial o actual conflicto de intereses para el
abogado; y (4) las reglas o actuaciones del tribunal
constituyen una limitación irrazonable al derecho a tener
adecuada asistencia de abogado. Pueblo v. Ortiz
Couvertier, supra, pág. 88, (citando a E.L. Chiesa,
Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. I, Sec. 7.9, págs. 449–
550). Debido a su fundamental importancia en nuestro
ordenamiento penal, la Regla 192.1 de Procedimiento
Criminal permite que un convicto invoque como fundamento
contra su sentencia que éste no recibió una
representación legal adecuada. 34 LPRA Ap. II, R. 192.1.
Asimismo, nuestra Carta Magna le garantiza a toda
persona imputada o acusada de delito el derecho a un
juicio justo e imparcial en el cual se le brinden todas
las salvaguardas que provee el debido proceso de ley. De
lesionarse estos derechos fundamentales, “se quebrantan
valores esenciales de nuestra sociedad y se atenta
directamente contra la libertad individual”. Pueblo v.
Rodríguez, 193 DPR 987, 994 (2015).
No obstante, este Tribunal ha resuelto que no solo
el imputado de delito tiene derecho a un juicio justo e
imparcial. Pueblo v. Esparra Álvarez, 196 DPR 659, 670 CC-2020-0250 16
(2016). Al Estado también le cobija la referida garantía
ya que éste representa los intereses de la ciudadanía en
los procesos penales. Íd; Pueblo v. Hernández Santana,
138 DPR 577, 584 (1995). Por ende, al igual que el
imputado, el Estado tampoco puede quedar desprovisto de
un juicio justo e imparcial. Pueblo v. Esparra Álvarez,
supra.
Por último, y como se sabe, en diciembre de 2019
surgió una nueva enfermedad infecciosa conocida como
COVID-19, perteneciente a una extensa familia de virus
llamados coronavirus. El mismo causa infecciones
respiratorias que van desde un resfriado común hasta
enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de
Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo
severo (SARS). Además, entre los síntomas más habituales
se encuentran la fiebre, tos seca, el cansancio y, en
ocasiones, congestión nasal, dolor de cabeza,
conjuntivitis, entre otros.43
Según la OMS, alrededor de una de cada cinco (5)
personas que contraen COVID-19 presentan un cuadro grave
y experimentan dificultades para respirar. Esta situación
se agrava cuando se trata de personas mayores y aquellas
43Organización Mundial de la Salud, Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19), https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus- 2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses (última visita 31 de julio de 2020) CC-2020-0250 17
que padecen de condiciones médicas previas como
hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares,
diabetes o cáncer. No obstante, aclaran que cualquier
persona puede contraer el virus y enfermarse gravemente.
Asimismo, es posible que alguien se haya contagiado con
el virus pero no presente síntomas por lo que puede
infectar a otros sin siquiera saberlo.44
En esa dirección, la principal forma de propagación
del COVID-19 es a través de las gotículas respiratorias
expelidas cuando alguien enfermo toce, estornuda o habla.
De esa manera, una persona puede contraer la enfermedad
por contacto con otra persona que esté infectada e inhale
dichas gotículas. Además, las mismas pueden caer sobre
objetos y superficies por lo que otras personas pueden
infectarse si luego de tocar dichas superficies, se tocan
los ojos, nariz o boca sin lavar o desinfectar sus manos.
Por tanto, debido a la facilidad con que se ha ido
propagando el virus, el 11 de marzo de 2020 la OMS
declaró el COVID-19 una pandemia, es decir, una
propagación mundial de una nueva enfermedad.45 Según la
referida Organización, a 16 de agosto de 2020, a nivel
global 21,294,845 de personas se ha infectado con el
44 Íd. 45Para una línea del tiempo sobre el desarrollo del COVID-19 a nivel mundial, Véase, World Health Organization, WHO’s COVID-19 response, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus- 2019/interactive-timeline#event-71 (última visita 20 de agosto de 2020). CC-2020-0250 18
virus y 761,779 personas de dicha suma han fallecido. Por
su parte, Puerto Rico registra un total de 25,695 casos -
- entre casos probables y casos confirmados -- con 329
muertes.46
No empece a ello, existen varias maneras de
protegernos y prevenir la propagación de la enfermedad.
Entre ellas, se recomienda el lavado frecuente de manos
con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol
y evitar tocarse los ojos, nariz y boca. Además, al salir
de la casa, se debe utilizar una mascarilla que cubra la
boca y nariz. Asimismo, se recomienda evitar ir a lugares
concurridos y practicar el distanciamiento social debido
a que cuando hay aglomeración de personas, existe mayor
probabilidad de entrar en contacto con alguien que porta
el virus.47
Como consecuencia de la gravedad y fácil propagación
del mencionado virus, no solo se ha afectado la vida
cotidiana de los individuos, sino la manera en que se
conducen y realizan los procedimientos en todas las
instituciones de un país, entre ellas -- y en lo
pertinente -- la Rama Judicial. Por esta razón, y con el
fin de proveer seguridad y estabilidad en momentos de
crisis como los que enfrentamos con la pandemia del
46 Véase, World Health Organization, Coronavirus disease (COVID-19) Situation Report-196, 16 de agosto de 2020, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus- 2019/situation-reports 47 Organización Mundial de la Salud, Preguntas y respuestas sobre la
enfermedad por coronavirus (COVID-19), supra, nota 3. CC-2020-0250 19
COVID-19, los tribunales han reducido sustancialmente la
plantilla de empleados que trabajen de forma presencial y
han adoptado diversas medidas que a su vez garantizan la
salud de todos los funcionarios, así como de la
ciudadanía en general.
Entre dichos mecanismos se encuentra el sistema de
videoconferencias como una alternativa para atender de
forma remota aquellos asuntos urgentes que se presenten
durante el actual estado de emergencia. Tanto en Puerto
Rico como en Estados Unidos se ha fomentado su uso pues
“[v]irtual proceedings are the best way to maintain
social distancing to reduce the spread of COVID-19 and
ensure the continued administration of justice through
the duration of the crisis”.48
Sobre el particular, específicamente en cuanto al
uso de la plataforma Zoom, la Jueza de Distrito Emily
Miskel -- quien el 18 de mayo de 2020 presidió el primer
juicio por jurado celebrado de manera remota -- reconoce
las ventajas de utilizar dicha herramienta. En ese
sentido, la Jueza entiende que poder observar al testigo
de frente, y no uno de sus lados, mejora la tarea
principal del juzgador de hechos, entiéndase, aquilatar
credibilidad. “In a real courtroom, they’re sitting
48Véase, National center for State Courts, State court judges embrace virtual hearings as part of the ‘new normal’. https://www.ncsc.org/newsroom/public-health- emergency/newsletters/videoconferencing(última visita 3 de agosto de 2020) CC-2020-0250 20
sideways to the witness and the witness may be 20 feet
away, whereas on Zoom, the witness is right up close to
them”.49
A tenor con lo anterior, la Oficina de
Administración de los Tribunales promulgó las Guías
Generales para el Uso del Sistema de Videoconferencia en
los Tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y
las Guías sobre las disposiciones generales para el uso
de la videoconferencia en los procedimientos penales.50 En
ellas se esboza el proceso mediante el cual se podrán
atender a través de la videoconferencia, asuntos de lo
penal, tales como, pero sin limitarse a: lectura de
acusación, procedimientos interlocutorios, vistas sobre
el estado de los procedimientos, alegaciones
preacordadas, imposición de sentencia, vistas de
seguimiento, vistas de revocación de probatoria y vistas
de archivo. Ello, pues se ha comprobado que el uso de tal
mecanismo garantiza el acceso de los ciudadanos y las
ciudadanas a los tribunales, promueve los intereses de la
49 Véase, National Center for State Courts, Stories from Inside the Courts: Judge Emily Miskel, https://www.ncsc.org/newsroom/public- health-emergency/newsletters/from-inside-the-courts/judge-emily- miskel (última visita 31 de julio de 2020). 50Véase, Oficina de Administración de los Tribunales, Guías Generales para el uso del Sistema de Videoconferencia en los Tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, http://www.ramajudicial.pr/medidas-cautelares/Guias-Generales- Videoconferencia-2020.pdf (última visita 3 de agosto de 2020). Véase, además, Guías sobre las disposiciones generales para el uso de la videoconferencia en los procedimientos penales. http://www.ramajudicial.pr/medidas-cautelares/Guias-Videoconferencia- Casos-Penales.pdf (última visita 3 de agosto de 2020). CC-2020-0250 21
justicia y permite adelantar los procesos judiciales
mientras esté vigente la emergencia de salud.
Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta
que procedemos a disponer de las controversias ante
nuestra consideración.
VI.
Así pues, y de conformidad con la normativa antes
esbozada, somos de la opinión que en los procesos
criminales -- en situaciones normales de un País -- nada
sustituye la presencia física de los imputados o acusados
en los procedimientos que se llevan en su contra. Así lo
exige la Constitución del Estados Libre Asociado de
Puerto Rico y la Constitución de los Estados Unidos de
América, y así se ha interpretado en la jurisprudencia de
este Tribunal y del Tribunal Supremo de los Estados
No obstante, ante una situación en extremo
complicada y preocupante, tal como la crisis de salud que
vivimos ocasionada por la pandemia del COVID-19, la
conciencia -- y no una interpretación textualista del
Derecho -- nos llevan a tomar medidas, en cierto grado
drásticas, con el fin de velar por el derecho a la vida y
salud de los puertorriqueños y puertorriqueñas. Derechos
que, a su vez, se encuentran garantizados por el Art. II,
Sec. 7, de nuestra Carta Magna. CC-2020-0250 22
En ese sentido, procede realizar un balance de
intereses entre la salud y el bienestar de nuestro Pueblo
y el derecho de los acusados, en específico, aquellos
garantizados por la cláusula de confrontación y el debido
proceso de ley. Realizado dicho análisis, la balanza de
intereses se inclina a favor de asegurar la salud y
bienestar del Pueblo, empleando alternativas novedosas
que, a su vez, garanticen los derechos de los acusados
que enfrentan un proceso criminal. El uso de mascarillas
por parte de los testigos de cargo no es una opción, no
al menos para quien suscribe.
Y es que, ante la preocupación de que el uso de
mascarillas por parte de un testigo de cargo incida sobre
el derecho a la confrontación que cobija a todo acusado
de delito, -- preocupación que compartimos, pues a todas
luces su uso impide que los jueces y abogados de las
partes puedan apreciar adecuadamente el demeanor de los
testigos en todo proceso criminal --, es menester
considerar la alternativa de celebrar las vistas mediante
el mecanismo de videoconferencia, alternativa que fue
descartada por el señor Cruz Rosario. Claro está, para
ello es necesario que se viabilice el uso efectivo de
esta herramienta tecnológica de forma tal que no se
menoscaben los derechos de los acusados.
Entre las medidas para viabilizar el uso efectivo de
los sistemas de videoconferencias, el tribunal puede CC-2020-0250 23
exigir que todos los participantes tengan una conexión
única y separada a la videoconferencia. Es decir, tanto
el Juez o Jueza, como el fiscal, el abogado de defensa,
el acusado y los testigos, deben comparecer a la vista
por videoconferencia desde una computadora o dispositivo
independiente, con su propia cámara y monitor que sirva
únicamente a ese participante. Además, el Juez o Jueza
deberá advertirles a todos y todas que aun cuando la
vista se está celebrando por videoconferencia, aplicarán
las mismas formalidades y exigencias que en las vistas
celebradas en la sala del Tribunal.
En cuanto a los testigos, éstos podrían ser ubicados
en algunos de los salones de medios o de videoconferencia
que han sido habilitados en los centros judiciales para
esos propósitos. Incluso, el Tribunal puede instruir al
alguacil a supervisar al testigo durante su testimonio y
mientras se encuentre esperando su turno para declarar.
También, se pueden instruir a estos testigos -- so pena
de desacato -- que durante el transcurso del
procedimiento no deberán tener consigo dispositivos
electrónicos, tales como teléfonos celulares, ni podrán
comunicarse ni recibir mensajes o instrucciones de otras
personas ajenas al Tribunal. Asimismo, a estos últimos se
les puede requerir que muevan su cámara de manera tal que
las partes puedan inspecciones el lugar desde donde éstos
se encuentran y el Juez o Jueza imparta las instrucciones CC-2020-0250 24
que entienda necesarias para asegurar la pureza de los
procedimientos.
Por otro lado, del acusado encontrarse recluido en
una institución penal, el Juez o Jueza de instancia puede
ordenar que se habilite un salón de conferencia privado
dentro de la videoconferencia (los llamados “breakout
rooms”), de modo que el abogado y su cliente puedan
comunicarse en cualquier momento, tal como lo harían
presencialmente. Tan pronto el acusado o su abogado
levanten la mano o expresen su interés de conferencia, el
Juez o Jueza detendrá la vista y los referirá al salón de
conferencia privado. De igual manera, estos salones
pueden utilizarse por el fiscal y el abogado de defensa
para discutir posibles estipulaciones, así como para
compartir y mostrar la prueba documental previo a su
presentación formal ante el Tribunal conforme a las
Reglas de Evidencia.
Por último, conforme a las Guías antes mencionadas,
el Tribunal deberá instruir a todos los participantes del
proceso que, si en algún momento se enfrenta alguna
dificultad técnica, se detendrá la vista y se recesará
hasta tanto se pueda restablecer la comunicación. En caso
de que no se pueda reestablecer la conexión o
comunicación, se suspenderán los procedimientos hasta CC-2020-0250 25
tanto éstos puedan celebrarse de forma efectiva, ya sea
mediante videoconferencia o presencialmente.51
En fin, como hemos podido apreciar, la forma más
razonable de lograr un balance adecuado entre los
intereses aquí en controversia es mediante el uso
obligatorio de los sistemas de video conferencias en el
proceso judicial que nos ocupa. Sin embargo, aclaramos que
para que este mecanismo proceda es un requisito sine qua
non que se establezca la confiabilidad del testimonio.
Para ello, el tribunal debe asegurarse de tomar el
juramento a los testigos, que el acusado y su
representación legal tengan oportunidad de
contrainterrogar a los testigos de cargo y que, mientras
estos últimos testifiquen, tanto la defensa como el
juzgador puedan observarlos. Asimismo, deben
salvaguardarse todas aquellas garantías que dispone
nuestra Constitución y asegurar el cumplimiento con las
Reglas de Procedimiento Criminal, así como la Reglas de
Evidencia.
No empece lo anterior, repetimos, el curso de acción
antes descrito solo debe tener efecto mientras esté
vigente la emergencia ocasionada por la pandemia.
51 Véase, Guías sobre las disposiciones generales para el uso de la videoconferencia en los procedimientos penales, supra, nota 10. CC-2020-0250 26
física de éstos en corte. En momentos tan inciertos y
difíciles, prestamos nuestro voto para permitir el acceso
a la justicia velando, a su vez, por la salud y vida de
todos los puertorriqueños y puertorriqueñas.
Es, pues, por todo lo anterior, que disentimos del
resultado al que llega esta Curia en el día de hoy.
Ángel Colón Pérez Juez Asociado
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