El Pueblo De Puerto Rico v. Casellas Toro

2017 TSPR 63

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: April 25, 2017
• Docket: AC-2016-6
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Apelante

2017 TSPR 63 v. 197 DPR ____

Pablo José Casellas Toro

Apelado

Número del Caso: AC-2016-6

Fecha: 25 de abril de 2017

Tribunal de Apelaciones: Región Judicial de Bayamón.

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Luis Román Negrón Procurador General

Lcdo. Isaías Sánchez Báez Subprocurador General

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Arturo Negrón García Lcdo. Juan R. Acevedo Cruz Lcdo. Harry Padilla Martínez

Materia: Derecho Constitucional y Procedimiento Penal: Reiteración de lo resuelto en Pueblo v. Sánchez Valle, 192 DPR 594 (2015). En los tribunales territoriales de Puerto Rico es válido un veredicto de culpabilidad en el que concurran, como mínimo, nueve miembros del jurado, conforme el Art. II, Sec. 11 de la Constitución de Puerto Rico.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v. AC-2016-0006

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES.

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 2017.

Se nos invita a resolver que luego de la norma

establecida en Pueblo v. Sánchez Valle et al., 192

DPR 594 (2015), y confirmada en su totalidad por el

Tribunal Supremo Federal en Puerto Rico v. Sánchez

Valle, 579 US __, 136 S. Ct. 1863 (2016), los

veredictos de culpabilidad que emitan los jurados en

las cortes territoriales de Puerto Rico tienen que

ser por unanimidad. Sin embargo, toda vez que esa

exhortación parte de una lectura errónea de esos

casos, rechazamos adoptarla. El requisito de

unanimidad en los veredictos condenatorios no es un

derecho fundamental reconocido por el Tribunal

Supremo federal y como tal, aplicable al territorio AC-2016-0006 2

de Puerto Rico. Es por esto que procede revocar el dictamen

del Tribunal de Apelaciones en cuanto a este asunto y

devolver el caso a ese foro para que evalúe el resto de los

señalamientos de error que formuló el apelado. McDonald v.

City of Chicago, infra.

I

El Ministerio Público acusó al Sr. Pablo José Casellas

Toro por violación del Art. 5.15 (disparo de armas de

fuego) de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 458n, y de los

Arts. 106 (asesinato en primer grado), 291 (destrucción de

prueba) y 273 (presentación de escritos falsos) del Código

Penal de 2004, 33 LPRA secs. 4734, 4919 y 4901. Tras varios

incidentes procesales, los delitos graves de disparar un

arma, asesinato en primer grado y destrucción de prueba se

juzgaron por un jurado, mientras que el delito menos grave

de presentación de escritos falsos fue ventilado ante un

Tribunal de Derecho. Por un lado, el jurado, en votación 11

a 1, encontró culpable al señor Casellas Toro por los

delitos graves. Por otro lado, el Tribunal lo declaró

culpable por el delito menos grave. Eventualmente, el señor

Casellas Toro fue condenado a cumplir un total de 109 años

en prisión.

En desacuerdo con esos dictámenes, el señor Casellas

Toro recurrió ante el Tribunal de Apelaciones mediante un

recurso de apelación. Señaló la comisión de treinta y tres

errores. No obstante, el foro apelativo intermedio se

limitó a resolver el asunto que hoy tenemos ante nuestra AC-2016-0006 3

consideración, es decir, si los veredictos que emiten los

jurados en los tribunales de Puerto Rico tienen que ser

unánimes. Esto se debió a que el señor Casellas Toro, luego

de presentar el recurso de apelación, presentó una moción

en la que adujo que en vista de la Opinión de este Tribunal

en Pueblo v. Sánchez Valle et al., supra, procedía que se

ordenara un nuevo juicio, porque el veredicto que el jurado

emitió en su contra no fue unánime y, por eso, según él,

era inválido. La Procuradora General se opuso a esa

solicitud y señaló que la Opinión de este Tribunal en

Pueblo v. Sánchez Valle et al., supra, no tuvo el alcance

de extender a Puerto Rico el componente de la unanimidad de

la Sexta Enmienda de la Constitución federal, infra.

Luego de evaluar las posturas de ambas partes, el

Tribunal de Apelaciones falló a favor del señor Casellas

Toro.1 De acuerdo al foro apelativo intermedio, en la

medida en que la decisión en Pueblo v. Sánchez Valle et

al., supra, estableció que la Isla no tiene una soberanía

separada a la del Gobierno federal, el requisito de

unanimidad en los veredictos federales de culpabilidad le

aplica al Gobierno de Puerto Rico.

Insatisfecho con esa decisión, la Procuradora General

recurrió ante este Tribunal. Arguyó que el Tribunal de

Apelaciones erró al interpretar Pueblo v. Sánchez Valle et

al., supra, y establecer así una nueva norma constitucional

1 Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, así como las juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. Esta última disintió por escrito. AC-2016-0006 4

aplicable a los juicios criminales que se ventilan ante los

tribunales de Puerto Rico. Evaluado el recurso como un

certiorari, emitimos una Resolución en la que ordenamos al

señor Casellas Toro mostrar causa por la cual no debíamos

revocar la sentencia del foro apelativo intermedio. Este

compareció oportunamente y expuso sus argumentos.

II

A. Durante el Siglo XIX existía un entendido de que

los derechos individuales consagrados en la Constitución

federal eran extensivos a los territorios propiedad del

Gobierno de Estados Unidos. J.J. Álvarez González, Derecho

constitucional de Puerto Rico y relaciones constitucionales

con los Estados Unidos: casos y materiales, Bogotá, Ed.

Temis, 2009, pág. 410. Véase Thompson v. State of Utah, 170

US 343 (1898), revocado en Collins v. Youngblood, 497 US 37

(1990). Sin embargo, a principios del Siglo XX el Tribunal

Supremo federal emitió una serie de decisiones que

alteraron esa norma. De esta forma, a través de los

llamados casos insulares, se estableció que solo los

derechos de la Constitución federal clasificados como

fundamentales aplican por su propia fuerza a los

territorios no incorporados como Puerto Rico. Downes v.

Bidwell, 182 US 244 (1901). Véase, además, J.J. Álvarez

González, op cit., pág. 388.

Si bien esa doctrina ha sido criticada fuertemente a

través de los años, lo cierto es que continúa vigente al

día de hoy, aunque con algunas diferencias de enfoque y AC-2016-0006 5

estilo. Pueblo v. Sánchez Valle et al., supra, pág. 626.

Como señaló el Tribunal Supremo de Estados Unidos en

Boumediene v. Bush, 553 US 723, 759 (2008), esa "Corte

diseñó en los casos insulares una doctrina que le permitió

usar su poder con moderación y donde más se necesitara.

Esta doctrina centenaria explica nuestro análisis en este

asunto". (―the Court devised in the Insular Cases a

doctrine that allowed it to use its power sparingly and

where it would be most needed. This century-old doctrine

informs our analysis in the present matter‖)

―[E]n cuanto a los territorios se refiere, la doctrina

de los casos insulares no ha salido intacta de los

constantes ataques constitucionales que sufrió durante el

siglo XX‖. C. Saavedra Gutiérrez, Incorporación de jure o

incorporación de facto: dos propuestas para erradicar

fantasmas constitucionales, 80 Rev. Jur. UPR 967, 981

(2011). Después de Boumediene, puede afirmarse que hay

cláusulas de la Constitución federal que cobijan

directamente a los habitantes de los territorios. El

análisis es pragmático, alejado de los fundamentos

dogmáticos de menosprecio racial y cultural que moldearon

los casos insulares de principios del Siglo XX, y liberado

del temor al efecto que cualquier decisión judicial pudiera

tener sobre el territorio de Filipinas, destinado a ser

independiente. Para un estudio de estos factores, véanse,

en general: G.A. Gelpí, Los casos insulares: un estudio

histórico comparativo de Puerto Rico, Hawai'i y las Islas AC-2016-0006 6

Filipinas, 45 Rev. Jur. UIPR 215 (2011); J.A. Cabranes,

Citizenship and the American Empire, 127 U. Pa. L. Rev. 391

(1978).

B. El señor Casellas Toro argumenta que la norma

establecida en Pueblo v. Sánchez Valle et al., supra,

alteró lo expuesto en el acápite anterior, de tal forma que

ahora no solo las garantías fundamentales de la

Constitución federal aplican a Puerto Rico, sino que en el

territorio aplican todos los derechos constitucionales

oponibles al Gobierno federal. En vista de esos

planteamientos, debemos precisar la norma aplicable, a la

luz de lo resuelto en Pueblo v. Sánchez Valle et al.,

supra.

Allí, tuvimos ante nuestra consideración varios

acusados que fueron procesados por el Gobierno federal por

cometer ciertos delitos relacionados al tráfico ilegal de

armas de fuego y, subsiguientemente, el Gobierno de Puerto

Rico inició un procedimiento penal contra estos por los

mismos delitos. Los acusados plantearon que el Ministerio

Público estaba impedido de continuar con ese procedimiento,

toda vez que ello implicaba exponerlos a ser castigados en

dos ocasiones por la misma ofensa. Por su parte, el

Gobierno de Puerto Rico se opuso.

Para resolver esa controversia, hicimos un estudio

riguroso de la doctrina federal aplicable. Así, revocamos

nuestro precedente en Pueblo v. Castro García, 120 DPR 740

(1988), y resolvimos que ―no se puede procesar en los AC-2016-0006 7

tribunales de Puerto Rico a una persona que haya sido

absuelta, convicta o expuesta a serlo por el mismo delito

en los tribunales federales‖. Pueblo v. Sánchez Valle et

al., supra, pág. 598.

En el proceso de llegar a esa conclusión, hicimos un

repaso del desarrollo de la protección constitucional

contra la doble exposición, así como de la doctrina de

soberanía dual, la cual a modo de excepción, le permite a

los estados de la Unión y al Gobierno federal, como

soberanos distintos, procesar criminalmente a personas por

las mismas ofensas. Según expusimos, esa excepción responde

al entendido de que en el sistema de gobierno americano,

los estados federados y el Gobierno federal son dos entes

soberanos separados. Además, analizamos los criterios que

elaboró el Tribunal Supremo federal para determinar si

otros entes políticos, que no son propiamente estados

federados, poseen un grado de soberanía igual a la de estos

últimos, de forma tal que les aplique la doctrina de

soberanía dual. Según discutimos, lo fundamental para el

máximo foro federal es cuál es la fuente última del poder

que posee el ente para encausar criminalmente a los que

transgreden la ley. Íd.

Con ese marco legal, precisamos que era inescapable

resolver que Puerto Rico carece de una soberanía propia y

separada a la del Gobierno federal, aunque fue el primer

territorio que redactó su propia Constitución para regir

los asuntos locales. Íd., pág. 642. Por eso, la autoridad AC-2016-0006 8

para procesar los delitos en el Estado Libre Asociado de

Puerto Rico proviene, en última instancia, de una

delegación de poder del Congreso de Estados Unidos y no de

una soberanía propia. Íd. A pesar de que esa delegación fue

significativa, Puerto Rico no dejó de ―ser un territorio de

[…] Estados Unidos sujeto al poder del Congreso, según lo

dispuesto en la cláusula territorial de la Constitución

federal (Art. IV, Sec. 3)‖. Íd., pág. 644. Por lo tanto, la

delegación de poder que hizo el Congreso ―no representó una

cesión de soberanía a Puerto Rico‖. Íd. Fue a la luz de esa

realidad que concluimos que la autoridad del Gobierno de

Puerto Rico para encausar criminalmente a las personas que

cometen delitos se ejerce actualmente por autorización y

delegación del Congreso federal.

Nuestro razonamiento fue avalado en su totalidad por

el Tribunal Supremo federal. Puerto Rico v. Sánchez Valle,

supra. En su dictamen, el máximo foro judicial de Estados

Unidos enfatizó que por más poder soberano que se delegara

al Pueblo de Puerto Rico en 1952, el Congreso no dejó de

ser el ―delegador‖ en esa ecuación. Íd., pág. 1876. Esto es

así, ya que ―el Congreso autorizó y aprobó la Constitución

de Puerto Rico, de la cual se deriva su poder acusatorio‖.

(Traducción nuestra)‖. Íd. (―Congress authorized and

approved [Puerto Rico´s] Constitution, from which

prosecutorial power now flows‖.) Por consiguiente, ese Foro

recalcó que la fuente última del poder de Puerto Rico para

procesar criminalmente reside en el Gobierno federal. Esa AC-2016-0006 9

conclusión quedó reforzada cuando el Tribunal Supremo

federal expresó en su decisión que cuando se busca el

origen de la autoridad de Puerto Rico para condenar a los

delincuentes ―llegamos a las escalinatas del Capitolio de

Estados Unidos‖. (Traducción nuestra). Íd. (“because when

we trace that authority all the way back, we arrive at the

doorstep of the US Capitol.”)

Esta frase del Tribunal Supremo federal es reveladora,

ya que colocó de manifiesto que el Estado Libre Asociado de

Puerto Rico no ostenta soberanía propia sino delegada,

entendido ese concepto desde la perspectiva del Derecho

político. Dicho de otro modo, Puerto Rico no es un Estado

soberano. Si lo fuese, el resultado habría sido distinto en

Puerto Rico v. Sánchez Valle, supra, pues ―[c]ada Estado

soberano debe respetar la independencia de cualquier otro

Estado soberano, y los tribunales de un país no pueden

juzgar los actos del gobierno de otro país realizados en su

propio territorio‖. (Traducción nuestra). Underhill v.

Hernandez, 168 US 250, 252 (1897). ("Every sovereign State

is bound to respect the independence of every other

sovereign State, and the courts of one country will not sit

in judgment on the acts of the government of another done

within its own territory.")

Desde 1900 el Gobierno de Puerto Rico puede aprobar

leyes penales y procesar judicialmente a los que las

infrinjan. Si algo quedó claro en Puerto Rico v. Sánchez

Valle et al., supra, fue que por ello no procedía atribuir AC-2016-0006 10

al territorio de Puerto Rico una soberanía propia. Íd.,

págs. 1875-1876. En ese sentido, el Estado Libre Asociado

de Puerto Rico es un ente político autónomo, que ejerce la

soberanía del Pueblo solamente sobre aquellos asuntos que

no están regidos por la Constitución federal. Puerto Rico

v. Sánchez Valle et al., supra, pág. 1874; Rodriguez v.

Popular Democratic Party, 457 US 1, 8 (1982); Examining Bd.

of Engineers, Architects and Surveyors v. Flores de Otero,

426 US 572, 597 (1976); Calero-Toledo v. Pearson Yacht

Leasing Co., 416 US 663, 673-674 (1974); Pueblo v. Sánchez

Valle et al., supra, pág. 635. Por eso, las facultades del

soberano que ejerce el Pueblo de Puerto Rico para su

gobierno interno (Const. P.R., Art. I, Sec. 2), incluyendo

la autoridad para procesar a las personas que cometen

delitos, provienen de una delegación al pueblo del

territorio y no de una cesión de soberanía. No se trata de

una soberanía propia como la que ostentan el gobierno

federal, los estados o las tribus nativas americanas.

Puerto Rico v. Sánchez Valle et al., supra, págs. 1871-

1872.

De esa forma, nuestros pronunciamientos en Pueblo v.

Sánchez Valle et al., supra, confirmados por el Tribunal

Supremo federal en Puerto Rico v. Sánchez Valle, supra,

explicaron los efectos de la realidad política de Puerto

Rico en la aplicación de la cláusula que protege contra la

doble exposición. Ampliar el alcance de esas decisiones y

plantear que estas tuvieron el efecto de colocar el AC-2016-0006 11

Gobierno de Puerto Rico dentro del Gobierno federal es una

interpretación errónea de ambos casos. El hecho de que el

Gobierno de Puerto Rico y el Gobierno federal deriven de la

misma fuente su autoridad para entablar procesos penales,

no significa que son un solo ente gubernamental, ni que

están sujetos a las mismas reglas al momento de ejercer ese

poder. Tampoco implica que los tribunales de Puerto Rico

son un mero anexo de los tribunales federales. Como se dejó

claro en Pueblo v. Sánchez Valle et al., supra, mediante la

Ley Pública 600 el Congreso delegó al Pueblo de Puerto Rico

la autoridad de diseñar un gobierno propio, con un sistema

de tribunales separado de los tribunales federales. Véase,

Calero-Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co., supra, págs.

671-672. Es menester resaltar que nada en estos dictámenes

alteró las normas existentes respecto a cuáles de los

derechos consagrados en la Constitución federal aplican en

Puerto Rico.

Nuestro análisis en Pueblo v. Sánchez Valle et al.,

supra, según refrendado por el Tribunal Supremo federal en

Puerto Rico v. Sánchez Valle, supra, fue claro en

puntualizar que la identidad de fuentes y la carencia de

soberanía propia no son sinónimo de una ausencia de

autoridad, pues esta se deriva de un poder delegado.

Cónsono con lo anterior, dejamos claro que conforme con lo

resuelto por el Tribunal Supremo Federal en Unites States

v. Wheeler, 435 US 313 (1978), existe una diferencia entre,

por un lado, auscultar el poder que tiene un ente para AC-2016-0006 12

legislar en materia penal o su autoridad para acusar a las

personas por infracciones a sus leyes y, por otro lado,

analizar cuál es la última fuente de poder de donde las

acusaciones provinieron. Pueblo v. Sánchez Valle, supra,

págs. 643-644.

Aseverar que es correcta la tesis que propone el

peticionario implicaría resolver que somos un territorio de

Estados Unidos impedido de tener un ordenamiento propio en

materia de derecho penal sustantivo y procesal. Nótese que

cada una de esas áreas del Derecho es obra de la Asamblea

Legislativa de Puerto Rico y de las decisiones que con

carácter vinculante emite esta Curia. Aunque el territorio

de Puerto Rico no tiene soberanía propia, sí tiene una

autoridad delegada por el Congreso para crear su

ordenamiento legal propio en materia de derecho penal

sustantivo y criminal.

Aclarado que Pueblo v. Sánchez Valle et al., supra, no

alteró las normas constitucionales relacionadas a los

juicios por jurado, procede examinar los planteamientos del

apelado respecto al requisito de unanimidad en los

veredictos que emiten los jurados en Puerto Rico.

III

A. La Constitución federal codifica el derecho a juicio por

Jurado en casos criminales en su Sexta Enmienda. Emda. VI,

Const. EE.UU., LPRA, Tomo 1 (―In all criminal prosecutions,

the accused shall enjoy the right to a speedy and public

trial, by an impartial jury of the State and district AC-2016-0006 13

wherein the crime shall have been committed […].‖).

Incluso, a través del proceso de incorporación selectiva,

se reconoció el derecho a juicio por jurado en casos

penales como fundamental. Duncan v. Louisiana, 391 US 145

(1968). Sin embargo, en ese caso el Tribunal Supremo fue

enfático al señalar que la determinación a la que arribaba

no implicaría cambios profusos en los procedimientos

penales de los estados, en lo que respecta a los jurados

configurados por menos de doce personas y al requisito de

la unanimidad para el veredicto condenatorio. Íd., págs.

157-158.

Por otra parte, en Williams v. Florida, 399 US 78

(1970), el Tribunal Supremo de Estados Unidos discutió con

detenimiento la institución del jurado. En ese caso, la

controversia giraba en torno al número de personas que

debía componer dicho cuerpo en el foro estatal. Pertinente

a la controversia que nos ocupa, el Tribunal Supremo

federal realizó un análisis histórico sobre la redacción de

la Sexta Enmienda, y confirmó que el Senado removió del

texto original varias disposiciones ligadas al common law,

anterior a la Constitución de 1789, incluyendo el requisito

de unanimidad en el veredicto. Íd., pág. 96.

Así, un estudio riguroso de la jurisprudencia federal

revela que el requisito de la unanimidad no se ha

reconocido como un derecho fundamental aplicable a los

estados o territorios en virtud de la Quinta o la

Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. AC-2016-0006 14

Véase, Hawaii v. Mankichi, 190 US 197 (1903) (se validó un

veredicto de culpabilidad no unánime de nueve votos a favor

y tres en contra, emitido de acuerdo a las leyes del

entonces territorio de Hawaii). Véase, también, Apodaca v.

Oregon, 406 US 404 (1972) (por pluralidad de votos, se

validaron veredictos con diez o más votos emitidos por

jurados compuestos por doce miembros); Johnson v.

Louisiana, 406 US 356 (1972) (se validaron veredictos con

nueve o más votos emitidos por jurados compuestos por doce

miembros). Véase, además, E.L. Chiesa Aponte, Derecho

procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia,

Ed. Forum, 1992, Vol. II, sec. 15.1(F), págs. 282-285.

En Apodaca v. Oregon, supra, y Johnson v. Louisiana,

supra, el Tribunal Supremo de Estados Unidos auscultó la

constitucionalidad de varias leyes estatales que permitían

rendir veredictos de culpabilidad mediante el voto

mayoritario del jurado. Surge de los hechos de estos casos

que el estado de Oregon permitía veredictos mayoritarios

con diez de doce votos; y el estado de Louisiana permitía

veredictos mayoritarios con nueve de doce votos. Conforme a

ambos dictámenes, el Tribunal Supremo determinó que el

veredicto unánime no constituye un requisito para

establecer la culpabilidad del acusado más allá de duda

razonable, ni para propiciar el derecho a juicio por

jurado, como lo establece la Sexta Enmienda de la

Constitución de Estados Unidos, supra. AC-2016-0006 15

Cónsono con lo anterior, en Johnson v. Louisiana,

supra, pág. 359, el Tribunal Supremo federal estableció que

nunca ha resuelto que un jurado unánime sea requisito para

cumplir con el debido proceso de ley (―We note at the

outset that this Court has never held jury unanimity to be

a requisite of due process of law‖.). Indicó que, los votos

de disenso en un jurado no representan un cuestionamiento

sustancial constitucional, sobre la integridad, y la

certeza de la mayoría en un veredicto de culpabilidad. Íd.,

pág. 360. (‖Entirely apart from these cases, however, it is

our view that the fact of three dissenting votes to acquit

raises no question of constitutional substance about either

the integrity or the accuracy of the majority verdict of

guilt.‖)

El Tribunal Supremo federal concluyó, luego de citar

lo resuelto en Allen v. United States, 164 US 492 (1896),

que no existe base para denigrar el voto de una mayoría del

jurado, o rehusar aceptar su decisión como una carente de

duda razonable. Antes bien, es el jurado disidente quien

debería considerar si su duda fue razonable, toda vez que

no fue capaz de generar la misma impresión en las mentes de

tantas personas, igualmente honestas e inteligentes.

Johnson v. Louisiana, supra, págs. 361-362.

Por otra parte, en Apodaca v. Oregon, supra, tres

acusados fueron hallados culpable mediantes respectivos

votos mayoritarios del jurado (11-1, 10-2), por incurrir en

agresión mediante un arma, robo domiciliario, y robo AC-2016-0006 16

agravado. Los acusados argumentaron que esa votación

mayoritaria de culpabilidad violentó su derecho a un juicio

por jurado, según reconocido por la Sexta Enmienda de la

Constitución. Apoyado en el análisis vertido en Williams v.

Florida, supra, el Tribunal Supremo concluyó que al igual

que la composición de doce personas en un jurado de lo

penal, el veredicto por unanimidad tampoco constituye un

requisito de talla constitucional.

De esa forma, el Tribunal Supremo federal no ha

reconocido el requisito de la unanimidad en los veredictos

de culpabilidad emitidos por un jurado como un derecho

fundamental oponible a los estados y territorios. McDonald

v. City of Chicago, 561 US 742, 765, esc. 13 (2010) (―The

Court has held that although the Sixth Amendment right to

trial by jury requires unanimous verdict in federal

criminal trials, it does not require a unanimous jury

verdict in state criminal trials.‖).

La norma jurisprudencial que se reitera en los casos

del Tribunal Supremo federal antes discutidos es clara: el

requisito de unanimidad en los veredictos condenatorios no

es de estirpe constitucional. Esa era la norma en Puerto

Rico antes de la aprobación en 1952 de la Ley Pública 600,

64 Stat. 319, y continúa siéndolo al presente. Fournier v.

González, 269 F.2d 26, 29 (1er Cir. 1959). (“If, as we

hold, there was no constitutional guaranty of a unanimous

jury verdict before 1952, it seems clear, a fortiori, that

no such federal right arose in 1952 thereafter.‖) AC-2016-0006 17

B. Por otro lado, la Constitución de Puerto Rico también

consagra el derecho a juicio por jurado en casos criminales

en donde se juzguen delitos graves. Específicamente, la

Sección 11 del Art. II, Const. PR, LPRA Tomo 1, dispone lo

siguiente:

En los procesos por delito grave el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por doce vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos de nueve.2

Sin embargo, previo a la aprobación de nuestra

Constitución en 1952, la figura del jurado ya estaba

instaurada en la Isla. Particularmente, el primer gobierno

civil bajo la soberanía americana estableció ese derecho en

los casos criminales. Véase, la Ley de 12 de enero de 1901.

Si bien en un principio los veredictos que rendían los

jurados en virtud de ese estatuto tenían que ser por

unanimidad, unos años antes de la aprobación de la

Constitución esa disposición se enmendó mediante la Ley

Núm. 11 de 19 de agosto de 1948, para autorizar que los

veredictos se obtuviesen con la concurrencia de nueve

miembros del jurado.

Al elevarse a rango constitucional la garantía de

juicio por jurado, los constituyentes decidieron mantener

los veredictos con la concurrencia de solo nueve miembros

del jurado. El propósito de la Convención Constituyente al 2 Asimismo, la Regla 111 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, dispone que los acusados tienen derecho a juicio por jurado en casos de delitos graves y en casos de delitos menos grave siempre que se presente la acusación en una Sala Superior del Tribunal de Primera Instancia. AC-2016-0006 18

incluir dicha cláusula fue evitar que se aplicara la

equivalencia histórica entre ―juicio por jurado‖ y ―juicio

por jurado con veredicto unánime‖. En el debate legislativo

sobre la referida medida, el Delegado por Distrito, el Sr.

Jaime Benítez, expresó que había el temor de que si no se

colocaba expresamente en la Constitución el número de votos

necesarios para el veredicto, prevalecería el requisito de

unanimidad de los doce jurados. Diario de Sesiones de la

Convención Constituyente de Puerto Rico, p. 1589, citado

por E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto

Rico, Vol. II Ed. Forum (1992), p. 284, esc. 42. Surge del

Diario de Sesiones que la Convención Constituyente no quiso

dejar en manos de la Asamblea Legislativa la facultad de

disponer el número de votos necesarios para el veredicto

condenatorio, sin restricción alguna. Véase, Pueblo v.

Figueroa Rosa, 112 DPR 154, 160 (1982).

De esa forma, se rechazó la necesidad de requerir

unanimidad de los miembros del jurado para llegar a un

veredicto de culpabilidad. Por su parte, el Congreso aceptó

la propuesta de la Asamblea Constituyente y, contrario a

otras disposiciones, no condicionó la aprobación de nuestra

Constitución a que se alterara la disposición sobre juicio

por jurado. Véase Pueblo v. Sánchez Valle, supra, págs.

630-631. Esta disposición constitucional ha sido

cuestionada a través de los años pero siempre hemos

sostenido su constitucionalidad. Pueblo v. Báez Cintrón,

102 DPR 30 (1974); Pueblo v. Santiago Padilla, 100 DPR 782, AC-2016-0006 19

784 (1972); Pueblo v. Batista Maldonado, 100 DPR 936

(1972); Pueblo v. Hernández Soto, 99 DPR 768, 778-779

(1971); Jaca Hernández v. Delgado, 82 DPR 402, 406-409

(1961); Pueblo v. Aponte González, 83 DPR 511, 513-514

(1961); Fournier v. González, 80 DPR 262 (1958).

En fin, no hay duda de que en los tribunales

territoriales de Puerto Rico es válido un veredicto de

culpabilidad en el que concurran, como mínimo, nueve

IV

Como vimos, en Puerto Rico solo son aplicables los

derechos fundamentales de la Constitución federal,

reconocidos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Esa

es la norma aplicable desde principios del siglo pasado. Lo

establecido en Pueblo v. Sánchez Valle et al., supra, y en

Puerto Rico v. Sánchez Valle, supra, aunque trascendental,

no varió esa norma. E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal

penal, 85 Rev. Jur. UPR 477 (2016). Por su parte, el

Tribunal Supremo federal ha rechazado reconocer el

requisito de la unanimidad en los veredictos que emiten los

jurados como un derecho fundamental. McDonald v. City of

Chicago, supra. Asimismo, esa exigencia no surge de nuestra

Constitución y tampoco se ha estatuido por la Asamblea

Legislativa. Por lo tanto, el planteamiento del señor

Casellas Toro es incorrecto y carece de una base jurídica

que lo sustente. AC-2016-0006 20

Por esa razón, el dictamen del Tribunal de Apelaciones

que avaló el razonamiento propuesto por el señor Casellas

Toro no puede proceder. Según discutido, la validez

constitucional de los veredictos por mayoría de nueve o más

en nuestros tribunales está firmemente establecida.

V

Por los fundamentos expuestos, revocamos la sentencia

del Tribunal de Apelaciones, reinstalamos el dictamen del

Tribunal de Primera Instancia y devolvemos el caso al foro

apelativo intermedio para que evalúe los demás

señalamientos de error que formuló el señor Casellas Toro

en su recurso de apelación.

Se dictará Sentencia de conformidad.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos, en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de esta Sentencia, expedimos el auto de certiorari y revocamos la sentencia del Tribunal de Apelaciones, reinstalamos el dictamen del Tribunal de Primera Instancia y devolvemos el caso al foro apelativo intermedio para que evalúe los demás señalamientos de error que formuló el señor Casellas Toro en su recurso de apelación.

Lo acordó y ordena el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez concurre con opinión escrita a la cual se unió el Juez Asociado señor Colón Pérez. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez está inhibida.

Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v. AC-2016-0006 Apelación Pablo José Casellas Toro

Opinión concurrente emitida por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez a la cual se une el Juez Asociado señor Colón Pérez

En este caso reiteramos la validez de la Sección 11,

Artículo II, de la Constitución de Puerto Rico, la cual

reconoce veredictos por mayoría de nueve en juicios por

jurado. Art. II, sec. 11, Const. PR, LPRA, Tomo 1. Esto,

en vista de que el requisito de unanimidad no constituye

un derecho fundamental aplicable a Puerto Rico ni a los

estados bajo el debido proceso de ley de la Constitución

federal. A su vez, nos permite aclarar que los efectos

jurídicos de Pueblo v. Sánchez Valle, 192 DPR 594 (2015),

se limitan a la protección contra la doble exposición y,

por lo tanto, no inciden sobre la vigencia del resto del

andamiaje jurídico y AC-2016-0006 2

gubernamental de Puerto Rico.3

No obstante, la Opinión mayoritaria emite varias

expresiones que a mi juicio sobreestiman lo dicho por el

Tribunal Supremo de Estados Unidos en Puerto Rico v. Sánchez

Valle, 136 S.Ct. 1863 (2016), razón por la cual me veo

obligada a concurrir. Dado que el recuento fáctico y procesal

en la Opinión mayoritaria resulta suficiente, me limito a

exponer mi apreciación sustantiva sobre el particular.

A. El requisito de mayoría en los veredictos de Puerto Rico

La institución del jurado apareció en Puerto Rico a

principios del Siglo XX. Específicamente, la Ley Núm. 12 de

19 de agosto de 1901 estableció ese derecho en casos por

delitos graves y en algunos menos graves. E.L. Chiesa

Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados

Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1995, Vol. II, pág. 199. Aunque

inicialmente se requirió que el veredicto fuese unánime, en

1948 se enmendó la sección correspondiente del Código de

Enjuiciamiento Criminal para estatuir que podía ser por una

mayoría de nueve miembros o más.4 Posteriormente, con la

3 Véase Op. Mayoritaria, pág. 11 (concluyendo que los efectos de Pueblo v. Sánchez Valle, supra, versaron sobre la cláusula de doble exposición y que ―[a]mpliar el alcance de esas decisiones y plantear que estas tuvieron el efecto de colocar al Gobierno de Puerto Rico dentro del Gobierno federal es una interpretación errónea‖). 4 34 LPRA sec. 612; véase Ley Núm. 11 de 19 de agosto de 1948. Al respecto, este Tribunal ha dicho: ―[p]recisamente, evitar que el aislado proceder de un solo miembro abortara la unanimidad y anulara el esfuerzo y la labor colectiva del panel, fue razón práctica en el cambio a veredictos por mayoría de no menos de nueve‖. Pueblo v. Figueroa Rosa, 112 DPR 154, 160 (1982). AC-2016-0006 3

aprobación de la Constitución de Puerto Rico en 1952 el

derecho a juicio por jurado, así como la norma sobre

veredictos por mayoría de nueve, adquirió rango

constitucional. La Sección 11, Artículo II, supra, dispone:

En los procesos por delito grave el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por doce vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos de nueve.5 (énfasis suplido).

Nuestros constituyentes sabían que en el derecho común

anglosajón –donde surgió la institución del jurado-

tradicionalmente los veredictos de culpabilidad eran

unánimes. Habida cuenta de que el jurado que operaba en

Puerto Rico no era el típico jurado del derecho común,

decidieron establecer expresamente, para evitar confusión,

que los veredictos podían emitirse por mayoría de nueve o

más.6 3 Diario de Sesiones de la Convención

Constituyente 1589 (1952); Pueblo v. Báez Cintrón,

102 DPR 30, 34 (1974).

5 En el Informe de la Comisión de Carta de Derechos, se dijo: El texto fija permanentemente en doce (12) el número de los jurados, respondiendo así a la tradición que ha prevalecido en el país y a la tradición del derecho común. Distinto a esa tradición el veredicto podrá rendirse por la mayoría de votos que determine el poder legislativo, pero no podrá ser menor de nueve (9). Este es el sistema vigente por ley. Entendemos que la fórmula propuesta permitirá a la Legislatura aumentar el margen de mayoría hasta la unanimidad, si lo juzgare conveniente en el futuro. Informe de la Comisión de Carta de Derechos, 21 Rev. Jur. UPR 1, 18 (1951). 6 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, 42do. día de Sesión, pág. 1589. AC-2016-0006 4

La jurisprudencia de este Tribunal ha reconocido esta

intención y ha validado la constitucionalidad de los

veredictos por mayoría reiteradamente. Pueblo v. Batista

Maldonado, 100 DPR 936 (1972); Fournier v. González,

80 DPR 262 (1958). Así, ante diversos cuestionamientos al

amparo de la Constitución federal hemos dicho que ―el

veredicto por mayoría cumple y satisface a cabalidad el

sentido básico de justicia, juego limpio y debido proceso

que satura nuestro método de enjuiciamiento‖. Pueblo v. Báez

Cintrón, 102 DPR 30, 33 (1974).

Al resolver de este modo evaluamos la unanimidad a la

luz de la función que cumple el jurado. La conclusión a la

que llegamos fue que el derecho fundamental protegido es a

que un grupo imparcial de vecinos sirva de contención frente

al poder coercitivo del Estado y pase juicio sobre la

culpabilidad o no del acusado. Íd., supra, pág. 33.

Determinamos que para lograr ese propósito no era

imprescindible el veredicto unánime. Desde entonces esta ha

sido la norma que ha seguido este Tribunal. Íd., supra,

págs. 32-34; Fournier v. González, supra.7

B. El requisito de unanimidad en los veredictos federales

7 En otro caso, este Tribunal expresó: [N]uestro jurado –de origen estatutario y ahora constitucional- no es el common law jury que opera por unanimidad. Nuestras circunstancias históricas, sociológicas y nuestra relación especial con los Estados Unidos justifican en Puerto Rico el veredicto de un jurado compuesto por doce vecinos y rendido por una mayoría de no menos de nueve. Pueblo v. Hernández Soto, 99 DPR 768, 778-779 (1971). AC-2016-0006 5

La cláusula pertinente de la Sexta Enmienda de la

Constitución federal, supra, dispone que, ―[i]n all criminal

prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy

and public trial, by an impartial jury of the state and

district wherein the crime shall have been commited‖.

Emda. VI, Const. EE.UU., LPRA, Tomo 1. Aunque la cláusula no

menciona que el veredicto debe ser unánime, así se ha

interpretado tradicionalmente en las cortes federales.

Temprano en su historia constitucional, el Tribunal

Supremo federal resolvió que los derechos contenidos en las

primeras ocho Enmiendas de la Constitución limitaban al

gobierno federal, mas no a los Estados. Barron v. Mayor and

City Council of Baltimore, 32 U.S. (7 Pet.) 243 (1833). Sin

embargo, esto empezó a cambiar luego de la aprobación en

1868 de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución federal.8

E. Chemerinsky, Constitutional Law: Principles and Policies,

New York, Aspen Publishers, 2006, 3ra. edición, págs. 491-

92.

Así, comenzó a plantearse en los tribunales que la

cláusula del debido proceso de ley de la Decimocuarta

Enmienda, supra, –―nor shall any State deprive any person of

life, liberty, or property, without due process of law‖-

había extendido a los habitantes de los Estados las

protecciones de la Carta de Derechos federal. Aunque al

principio estos planteamientos no prosperaron, con el paso

del tiempo el Tribunal fue acogiendo e incorporando los

8 Emda XIV, Const. EE.UU., LPRA, Tomo 1. AC-2016-0006 6

derechos fundamentales de la Constitución federal a los

Estados. Chemerinsky, op. cit., págs. 499-505.

Así sucedió con el derecho a juicio por jurado

consagrado en la Sexta Enmienda, supra. En Duncan v.

Louisiana, 391 U.S. 145 (1968), el Tribunal Supremo, después

de tomar en cuenta el rol del jurado como salvaguarda frente

al ejercicio arbitrario del poder y lo arraigado de esa

institución en la idiosincrasia popular, concluyó que el

jurado es un derecho fundamental que forma parte del debido

proceso de ley y aplica en los Estados por medio de la

Decimocuarta Enmienda, supra:

Our conclusion is that in the American States, as in the federal judicial system, a general grant of jury trial for serious offenses is a fundamental right, essential for preventing miscarriages of justice and for assuring that fair trials are provided for all defendants. Duncan v. Louisiana, supra, pág. 1452.

A consecuencia de esa decisión, poco después ese

Tribunal se enfrentó a la controversia medular de este caso,

a saber, si el debido proceso de ley requiere que los

veredictos sean unánimes. Apodaca v. Oregon,

406 U.S. 404 (1972). En una Opinión de pluralidad, cuatro

jueces concluyeron que la unanimidad no es un componente

esencial de la cláusula de juicio por jurado que obligue a

los tribunales federales o estatales. Íd., págs. 410-11. Por

su parte, otros cuatro jueces concluyeron que sí lo era.

Ante esto, fue el voto decisivo del Juez Powell el que

estableció la norma: si bien el veredicto unánime es un

requisito de la Sexta Enmienda, supra, y aplica en la AC-2016-0006 7

jurisdicción federal, no es un derecho fundamental cobijado

por el debido proceso de ley y extensivo a los Estados. Íd.,

págs. 371-72 (Powell, J., conc.). De esta manera, una

mayoría de jueces resolvió que el veredicto unánime no es un

requisito constitucional que obligue a los Estados.

Al resolver, los jueces mayoritarios consideraron que

la función del jurado es proteger al acusado, interponiendo

entre éste y el Gobierno un grupo imparcial de vecinos

encargados de emitir su juicio de sentido común. Íd.,

págs. 410-11. Concluyeron que para el ejercicio de esta

función no es necesaria la unanimidad, pues el propósito se

cumple mientras el jurado se componga de un grupo

representativo de la comunidad, con el deber y la

oportunidad de deliberar libre de coacción. Íd.

Por su parte, el Juez Powell añadió que no todos los

elementos asociados al juicio por jurado están incorporados

en el concepto del debido proceso de ley. Expresó que el

requisito de unanimidad que se observa en la jurisdicción

federal se debe a que esa era la costumbre en el derecho

común anglosajón al adoptarse la Carta de Derechos, y no

porque sea fundamental para el funcionamiento del jurado.

Íd., págs. 370-71 (Powell, J., conc.).9 Así, coincidió en que

9 De forma similar, en Williams v. Florida, 399 U.S. 78 (1970), la controversia era si un jurado compuesto por menos de doce personas era inconstitucional. Después de hacer un análisis histórico sobre el desarrollo del derecho a juicio por jurado, el Tribunal sostuvo la validez de un jurado de seis miembros. Concluyó que la composición de doce miembros era un ‗accidente histórico‘ que provenía del derecho común, innecesario para que el jurado pueda cumplir su propósito. Íd., págs. 102-03. AC-2016-0006 8

lo fundamental es la interposición de un grupo de pares con

la función de servir como salvaguarda.10 Por lo tanto, aunque

la unanimidad era un componente esencial de la cláusula de

juicio por jurado de la Sexta Enmienda, supra, la

incorporación de esa cláusula a los Estados a través del

debido proceso de ley no incluye como corolario el requisito

de unanimidad. Íd. págs. 373-74 (Powell, J., conc.).11

10 Agregó: It is this safeguarding function, preferring the commonsense judgement of a jury as a bulwark ‗against the corrupt or overzealous prosecutor and against the compliant, biased, or eccentric judge,‘ that lies at the core of our dedication to the principles of jury determination of guilt or innocence. This is the fundamental of jury trial that brings it within the mandate of due process. It seems to me that this fundamental is adequately preserved by the jury-verdict provision of the Oregon Constitution. There is no reason to believe, on the basis of experience in Oregon or elsewhere, that a unanimous decision of 12 jurors is more likely to serve the high purpose of jury trial, or is entitled to greater respect in the community, than the same decision joined in by 10 members of a jury of 12. The standard of due process assured by the Oregon Constitution provides a sufficient guarantee that the government will not be permitted to impose its judgment on an accused without first meeting the full burden of its prosecutorial duty. Apodaca v. Oregon, supra, pág. 374 (Powell, J., conc.) (citas omitidas). 11 Véase también, Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, op. cit., pág. 197. En Johnson v. Louisiana, 406 U.S. 356 (1972), el Tribunal Supremo federal utilizó un análisis similar para validar un veredicto de culpabilidad por mayoría de nueve a tres. Sin ambages, expresó: We note at the outset that this Court has never held jury unanimity to be a requisite of due process of law. Indeed, the Court has more than once expressly said that ‗[i]n criminal cases due process of law is not denied by a state law ... which dispenses with the necessity of a jury of twelve, or unanimity in the verdict. Johnson v. Louisiana, supra, pág. 359 (citas omitidas). AC-2016-0006 9

En el caso ante nuestra consideración, el señor Casellas

Toro alega que el veredicto mediante el cual fue hallado

culpable es inválido porque no fue unánime. Sostiene que la

Opinión de este Tribunal en Pueblo v. Sánchez Valle, supra,

al resolver que Puerto Rico no tiene soberanía propia,

alteró el estado de Derecho vigente sobre la aplicación de

las garantías constitucionales federales en Puerto Rico.

Argumenta que nuestros tribunales están obligados por la

Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, supra,

a reconocer únicamente veredictos unánimes. En consecuencia,

concluye que la cláusula de la Sección 11, Artículo II de la

Constitución de Puerto Rico, supra, es inconstitucional en

cuanto permite veredictos por mayoría de nueve.

Ciertamente, para atender esta controversia primero es

necesario precisar la norma constitucional establecida en

Pueblo v. Sánchez Valle, supra. Aclarado lo anterior, lo

concerniente al carácter fundamental del veredicto unánime y

su aplicación en Puerto Rico puede atenderse a la luz de la

jurisprudencia federal y de nuestros pronunciamientos

previos.

La controversia en Pueblo v. Sánchez Valle, supra, era

si Puerto Rico se considera un soberano distinto de Estados

Unidos para propósitos de la doctrina de soberanía dual en

el contexto de la garantía contra la doble exposición. Para

contestar esa interrogante, en aquel momento una mayoría de

este Tribunal utilizó el criterio adoptado por el Tribunal

Supremo federal que consiste en determinar si ambas AC-2016-0006 10

entidades derivan su autoridad de la misma fuente última de

poder. Para esto, realizó el análisis histórico según la

doctrina aplicable en busca de la fuente primigenia del

poder acusatorio y determinó que, en última instancia, la

autoridad de Puerto Rico para procesar el delito proviene

del Congreso de Estados Unidos y no de una fuente

primigenia. Pueblo v. Sánchez Valle, supra, pág. 642.

A la luz de ese trasfondo histórico fue que una mayoría

de este Tribunal concluyó que la autoridad del Gobierno de

cometen delitos emana del Congreso de Estados Unidos. Al no

derivar su poder acusatorio de una fuente primigenia, el

Gobierno de Puerto Rico está impedido de procesar a una

persona por los mismos delitos por los que fue juzgado en la

jurisdicción federal.12 Bajo ese estricto fundamento, el

Tribunal Supremo federal confirmó la decisión de este

Tribunal en Pueblo v. Sánchez Valle, supra. Véase Puerto

Rico v. Sánchez Valle, 579 U.S. ___, 136 S. Ct. 1863 (2016).

Dicho lo anterior, erran los peticionarios al

extrapolar esos pronunciamientos del Tribunal Supremo

federal y de este Foro para concluir que tuvieron el efecto

12 Véase E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal, 85 Rev. Jur. UPR 477, 492 (2016). En esa ocasión concurrí, junto a la entonces Jueza Presidenta señora Fiol Matta, con la Opinión que emitió este Tribunal por coincidir en que una persona no debe ser juzgada en nuestros tribunales por un delito por el cual ya fue juzgado a nivel federal. Sin embargo, mi criterio entonces no descansó en la inaplicabilidad de la doctrina de soberanía dual a Puerto Rico, sino en la incompatibilidad de esa doctrina con el derecho a la dignidad humana y la protección contra la doble exposición de la Constitución de Puerto Rico. AC-2016-0006 11

de introducir en nuestra jurisdicción el derecho a juicio

por jurado con el mismo alcance que en la jurisdicción

federal.13 El caso de Sánchez Valle no alteró la norma

establecida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre

qué derechos de la Constitución federal aplican en Puerto

Rico.

Como explica la Opinión mayoritaria, la jurisprudencia

más reciente en torno a que el Gobierno de Puerto Rico y el

Gobierno federal derivan su autoridad para encausar

criminalmente a las personas que cometen delitos de la misma

fuente, no implica que estos conformen un mismo ente

gubernamental. Es decir, salvo aquellas instancias en las

que el derecho federal predomina por cuestión de supremacía,

Art. VI, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1, el Gobierno federal y

el Gobierno de Puerto Rico siguen siendo entes distintos con

sus respectivos andamiajes jurídicos.

Superado ese malentendido, solo procede evaluar si la

disposición de la Constitución de Puerto Rico que permite

veredictos por mayoría de nueve a tres es inconstitucional a

la luz de la Constitución federal.14 Como vimos, el Tribunal

13 Véase Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal, op. cit., pág. 496(―Se ha querido inferir demasiado de Sánchez Valle. Se ha invocado su efecto, prospectivo y retroactivo como fundamento para exigir veredictos por unanimidad en casos criminales y hasta derecho a juicio por jurado en casos civiles. Pero esto es una extrapolación indebida. El argumento se basa en que Sánchez Valle resolvió que el Gobierno de Puerto Rico y el Gobierno de los Estados Unidos son el mismo gobierno, la misma soberanía. Pero esto es una premisa falsa. El valor de precedente que pueda tener Sánchez Valle se limita al contexto de la protección constitucional contra la doble exposición; esto es, se trata de un entendido de soberanía limitado al contexto de la doctrina de soberanía dual en el marco de la cláusula constitucional contra la doble exposición en la Quinta Enmienda‖.). 14 Véase, e.g., Pueblo v. Collazo Hiraldo, 105 DPR 726 (1977); Pueblo v. Girau, 102 DPR 176; Pueblo v. Báez AC-2016-0006 12

Supremo de Estados Unidos resolvió en Apodaca v. Oregon,

supra, que la unanimidad no es un derecho fundamental. Lo

fundamental, lo que protege el debido proceso, es que el

acusado pueda ser juzgado por sus pares y que éstos tengan

la oportunidad de deliberar sin coacción alguna. Es decir,

el debido proceso de ley no obliga a reconocer la unanimidad

como corolario del derecho a juicio por jurado. Íd.,

págs. 373-74 (Powell, J., conc.).

En lo que a Puerto Rico respecta, no hay duda de que el

debido proceso que consagra la Constitución federal nos

aplica con idéntica fuerza y extensión que a los estados.

Examining Bd. Of Engineers v. Flores de Otero, 426 U.S. 572

(1976).15 En consecuencia, no siendo la unanimidad un

requisito del debido proceso de ley, los veredictos por

mayoría como los que permite nuestra Constitución son

válidos.

Cintrón, supra; Pueblo v. Batista Maldonado, supra; Pueblo v. Hernández Soto, supra; Pueblo v. Aponte González, 83 DPR 511 (1961); Fournier v. González, supra. 15 Así lo ha dicho expresamente el Tribunal Supremo federal: The Court‘s decisions respecting the rights of the inhabitants of Puerto Rico have been neither unambiguous nor exactly uniform. The nature of this country‘s relationship to Puerto Rico was vigorously debated within the Court as well as within the Congress. Coude, The Evolution of the Doctrine of Territorial Incorporation, 26 Col.L.Rev. 823 (1926). It is clear now, however, that the protections accorded by either the Due Process Clause of the Fifth Amendment or the Due Process and Equal Protection Clauses of the Fourteenth Amendment apply to residents of Puerto Rico. Examining Bd. of Engineers v. Flores de Otero, supra, págs. 599-600. Véase también Torres v. Com. of Puerto Rico, 442 US 465, 471 (1979); Calero-Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co., 416 US 663, 668 n.5 (1974). AC-2016-0006 13

La normativa, pues, es clara. Como resolvimos desde

Fournier v. González, supra, la Sección 11, Artículo II de

la Constitución de Puerto Rico, supra, no adolece de defecto

constitucional. Ni los desarrollos del Derecho

Constitucional federal ni la decisión de este Tribunal en

Pueblo v. Sánchez Valle, supra, alteraron la validez de los

veredictos por mayoría de nueve o más. Por consiguiente,

concurro con la Opinión mayoritaria en que erró el Tribunal

de Apelaciones al anular el veredicto en este caso.

Apartarse de los precedentes de este Tribunal lo condujo por

un enrevesado camino que lo llevó a invalidar una

disposición de la Constitución de Puerto Rico.16 Hace bien

este Tribunal en revocar ese proceder.

Por otro lado, me temo que, al hacerlo, la mayoría de

este Tribunal comete un error similar al atribuirle al

precedente en cuestión un alcance improcedente. Al igual que

en Pueblo v. Sánchez Valle, supra, la Opinión mayoritaria

teoriza nuevamente sobre la relación entre Puerto Rico y

16 Es menester reiterar la doctrina del precedente en nuestra jurisdicción, así como en la jurisdicción federal. A esos efectos, debe recordarse que mientras este Tribunal ―no revoque o modifique una doctrina establecida en sus decisiones[,] las cortes y organismos inferiores están obligados a seguirla en la resolución de los casos en que sea aplicable‖. Capestany v. Capestany, 66 DPR 764, 767 (1946); véase Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal, op. cit., pág. 498 (―La Constitución de Puerto Rico y la regla 112 de Procedimiento Criminal se presumen válidas mientras la Corte Suprema de Estados Unidos o el Tribunal Supremo de Puerto Rico no resuelvan lo contrario. El Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelaciones están obligados a seguir los precedentes del Tribunal Supremo que declaran la validez de los veredictos con nueve o mis votos‖.). Así también, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha expresado lo siguiente: ―Our decisions remain binding precedent until we see fit to reconsider them, regardless of whether subsequent cases have raised doubts about their continuing vitality‖. Bosse v. Oklahoma, 137 S.Ct. 1, 2 (2016)(citando a Hohn v. United States, 524 U.S. 236, 252–253 (1998))(donde el máximo foro federal revocó a una corte estatal precisamente por interpretar que una norma había sido revocada implícitamente). AC-2016-0006 14

Estados Unidos y sugiere que el máximo foro federal confirmó

totalmente su razonamiento sobre la carencia de poderes del

Gobierno de Puerto Rico. Ello me obliga a aclarar el alcance

de lo allí expresado.

De una lectura cuidadosa de la Opinión del Tribunal

Supremo de Estados Unidos en Puerto Rico v. Sánchez Valle,

supra, surge que ese foro fue puntual al limitar los

contornos de su análisis. Específicamente, el Tribunal

Supremo de Estados Unidos auscultó la aplicabilidad de la

doctrina de soberanía dual al contexto de Puerto Rico,

utilizando como criterio rector de esa doctrina el carácter

inherente y primigenio del poder punitivo en cuestión desde

una perspectiva histórica. Puerto Rico v. Sánchez Valle,

supra, pág. 1867 (―To determine whether two prosecuting

authorities are different sovereigns for double jeopardy

purposes, this Court asks a narrow, historically focused

question‖)(énfasis suplido). El foro federal no emitió ni

suscribió el estribillo que aduce la mayoría en torno a la

carencia de soberanía del Gobierno de Puerto Rico, pues

precisamente partió de la premisa de que el grado de

autonomía de un ente gubernamental era irrelevante para

efectos de la doctrina de soberanía dual.17

17 ―The inquiry does not turn, as the term ‗sovereignty‘ sometimes suggests, on the degree to which the second entity is autonomous from the first or sets its own political course. Rather, the issue is only whether the prosecutorial powers of the two jurisdictions have independent origins—or, said conversely, whether those powers derive from the same ‗ultimate source‘‖. Íd., pág. 1867. ―The degree to which an entity exercises self-governance—whether autonomously managing its own affairs or continually submitting to AC-2016-0006 15

De hecho, el Tribunal Supremo federal descartó

adherirse a una decisión en la que una mayoría de este

Tribunal se basó al resolver Pueblo v. Sánchez Valle,

supra.18 Me refiero a Puerto Rico v. Shell Co., 302 U.S.

253 (1937), donde el propio foro federal sostuvo en la

década del 30 que Puerto Rico carecía de soberanía propia

para efectos de la cláusula de doble exposición. Sin

embargo, en Puerto Rico v. Sánchez Valle, supra, ese mismo

foro rechazó sentirse vinculado por esa jurisprudencia,

precisamente por reconocer que el desarrollo político de

Puerto Rico a partir de 1952 ameritaba revisitar la

controversia de soberanía dual. Íd., pág. 1874

(―Following 1952, Puerto Rico became a new kind of political

entity, still closely associated with the United States but

governed in accordance with, and exercising self-rule

through, a popularly ratified constitution. The magnitude of

that change requires us to consider the dual-sovereignty

question anew‖).

En fin, la mayoría de este Tribunal idealiza al

sentenciar que su decisión en Pueblo v. Sánchez Valle,

supra, fue confirmada en su totalidad por el Tribunal

Supremo de Estados Unidos. Huelga mencionar que el marco

jurídico de la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico

es un tema amplio, complejo y, tomando en cuenta sus

outside direction—plays no role in the analysis‖. Íd., pág. 1870. 18 Valga mencionar que el Tribunal Supremo federal tampoco aludió a los Casos Insulares, a pesar de que una mayoría de este Tribunal descansó en estos en Pueblo v. Sánchez Valle, supra, págs. 622-27. AC-2016-0006 16

aconteceres más recientes, contingente. Una actitud más

mesurada en esta secuela cargada de matices políticos debió

conducirnos a revocar al foro apelativo intermedio mediante

una opinión limitada a la interrogante jurídica ante nuestra

consideración. De esa manera, evadíamos pronunciamientos

enmarañados y evitábamos atribuirle al máximo foro federal

posicionamientos que no ha asumido.

Por todo lo anterior, concurro.

Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Presidenta