EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Xedric Huriel Díaz Santiago Certiorari Recurrido
v. 2021 TSPR 79
Pontificia Universidad Católica de 207 DPR ____ Puerto Rico; Fulano de Tal; Aseguradora ABC
Peticionarios
Número del Caso: CC-2020-254
Fecha: 7 de junio de 2021
Tribunal de Apelaciones:
Panel I
Abogado de la parte peticionaria:
Lcdo. Enrique Álvarez Michell
Abogada de la parte recurrida:
Lcda. Pilar Muñoz Nazario
Materia: Derecho Laboral- La divulgación de los récords médicos de unas estudiantes que no son parte en un pleito por despido injustificado instado al amparo del procedimiento sumario dispuesto en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 constituye una grave injusticia y, por tanto, es revisable interlocutoriamente.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Xedric Huriel Díaz Santiago
Recurrido CC-2020-254 Certiorari v.
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico; Fulano de Tal; Aseguradora ABC
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ.
En San Juan, Puerto Rico, a 7 de junio de 2021.
En esta ocasión, nos corresponde determinar si
constituye una grave injusticia y, por ende, es revisable
interlocutoriamente la divulgación de los récords médicos
de unas estudiantes que no son parte en el pleito por despido
injustificado instado por un funcionario y alegado
hostigador en contra de su expatrono. Lo anterior, en el
contexto de la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones
Laborales, infra. En caso afirmativo, nos corresponde,
entonces, precisar el alcance de tal divulgación, según lo
dispuesto en la Family Educational Rights and Privacy Act
of 1974, infra, y sus pronunciamientos recientes en cuanto
a la confidencialidad de los récords médicos en las
instituciones educativas. CC-2020-254 2
Con ello en mente, procedemos a exponer el trasfondo
fáctico y procesal que originó la controversia ante nos.
Veamos.
I
El 19 de enero de 2020, el Sr. Xedric Huriel Díaz
Santiago (señor Díaz Santiago) presentó una querella en
contra de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico
(PUCPR) al amparo del procedimiento sumario dispuesto por
la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales,
infra. En la querella, éste señaló que laboró en el Centro
de Consejería Profesional de la PUCPR desde el 1993 hasta
el 2019, que fungió como Consejero en sus últimos años de
empleo y que, por alegaciones falsas e infundadas, fue
despedido. Por ello, solicitó la indemnización
correspondiente a tenor con la ley de despido injustificado.
Por su parte, la PUCPR contestó la correspondiente
querella y negó que el despido del señor Díaz Santiago fuese
injustificado. En cambio, alegó que el señor Díaz Santiago
fue objeto de tres (3) querellas por hostigamiento sexual
presentadas por distintas estudiantes. La PUCPR señaló que
las primeras dos (2) querellas ocurrieron en el 2010 y que,
luego de concluir la correspondiente investigación
administrativa, se le advirtió mediante carta que, de
repetirse y comprobarse nuevamente la conducta, sería
despedido automáticamente.
La PUCPR detalló que en el 2018, hubo una tercera
querella de hostigamiento sexual en contra del señor Díaz CC-2020-254 3
Santiago por parte de una estudiante. A su vez, manifestó
que tal asunto fue referido al Comité Institucional de
Hostigamiento Sexual (Comité) para la investigación de rigor
y éste concluyó de forma unánime que el señor Díaz Santiago
incurrió en conducta constitutiva de hostigamiento sexual.
Así, la PUCPR sostuvo que el despido fue justificado.
Según expuso la PUCPR, dicho Comité concluyó, además,
que el señor Díaz Santiago llevó a cabo contacto físico no
deseado y que éste se dirigió a la estudiante con palabras
de alto contenido sexual que también insinuaban su deseo de
establecer una relación amorosa. El Comité reconoció que el
funcionario universitario, mediante su testimonio, negó las
alegaciones de la querella. Cabe señalar, sin embargo, que
dicho testimonio no le mereció credibilidad al Comité. A
raíz de ello, el señor Díaz Santiago fue despedido.
Junto con el emplazamiento, el señor Díaz Santiago
cursó un pliego de interrogatorios y producción de
documentos a la PUCPR. En lo que nos concierne, éste
específicamente solicitó lo siguiente:
52. Provea copia del expediente universitario completo de la joven [GCB]. 53. Provea copia de todo y cualquier expediente de la joven [GCB]. 61. Provea copia completa del expediente de la joven [GCB] en la Oficina de Consejería de la PUCPR, incluyendo durante el tiempo que la atendió el Sr. Díaz, antes y después. 62. Indique qué personas atendieron a la joven [GCB] en la Oficina de Consejería de la PUCPR. 63. Indique qué condiciones, si alguna, tiene la joven [GCB]. CC-2020-254 4
64. Indique si, en alguna ocasión, la joven [GCB] fue referida a ayuda psicológica.1
Así pues, el 6 de marzo de 2020, la PUCPR notificó su
contestación al descubrimiento de prueba. En dicha
contestación, objetó lo antes aludido y fundamentó la
negación como sigue:
52. Se objeta esta pregunta. El expediente de cada estudiante es confidencial y divulgar su contenido está prohibido por la Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) (20 U.S.C. § 1232g; 34 CFR Part 99). 53. Se provee copia de la querella presentada por la estudiante, así como el informe investigativo y documentos que forman parte de la investigación de la querella de hostigamiento sexual presentada por la estudiante. Anego G. Los expedientes académicos, incluyendo el del Centro de Consejería Profesional, son confidenciales y privilegiados y divulgar su contenido está prohibido por la Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) (20 U.S.C. § 1232g; 34 CFR Part 99). 61. Se objeta por formar parte de un expediente privilegiado y confidencial. 62. Se objeta por formar parte de un expediente privilegiado y confidencial. 63. Se objeta por formar parte de un expediente privilegiado y confidencial.
1Apéndice de certiorari, Primer pliego de interrogatorio y producción de documentos, págs. 57-58. A fin de proteger la intimidad y los derechos de las estudiantes afectadas, hemos procedido a limitar su identidad a siglas. CC-2020-254 5
64. Se objeta por formar parte de un expediente privilegiado y confidencial.2
Ante tal objeción, el 7 de abril de 2020, el señor Díaz
Santiago recurrió al Tribunal de Primera Instancia y
presentó una moción solicitando que se ordenara a la PUCPR
a que proveyera la información y documentación solicitada.
En dicha moción solicitó, por primera vez, los expedientes
completos que obran en la Oficina de Consejería de la PUCPR
de las dos (2) estudiantes que se querellaron contra él en
el año 2010.
El Tribunal de Primera Instancia, sin haber expirado
los términos para que la PUCPR expresara su posición al
respecto y sin contar con una certificación del señor Díaz
Santiago que acreditara aquellos esfuerzos realizados
extrajudicialmente en aras de lograr que la PUCPR cumpliera
con el descubrimiento de prueba solicitado,3 declaró ha lugar
la referida moción y ordenó la producción de la información
y documentación solicitada, incluyendo los expedientes de
2Apéndice de certiorari, Contestación a interrogatorio, págs. 75, 77.
3Nótese que, con este proceder, el señor Díaz Santiago incumplió con lo dispuesto en la Regla 34.1 de Procedimiento Civil de 2009, supra. Esta regla permite la intervención del foro de primera instancia en controversias relacionadas al descubrimiento de prueba si la parte promovente detalla, mediante certificación, aquellos “esfuerzos razonables [realizados], con prontitud y de buena fe, para tratar de llegar a un acuerdo con el abogado de la parte adversa para resolver los asuntos que se plantean en la moción y que éstos han resultado infructuosos”. 32 LPRA Ap. V. CC-2020-254 6
las primeras dos (2) estudiantes que previamente se habían
querellado en contra del señor Díaz Santiago.4
Inconforme, la PUCPR acudió al Tribunal de Apelaciones
mediante recurso de certiorari y, en esencia, señaló que el
foro de primera instancia erró al: (1) declarar con lugar
la referida orden sin antes brindarle oportunidad de
presentar su oposición y sin contar con una certificación
que acredite que, en efecto, se realizaron gestiones
extrajudiciales razonables y de buena fe para la resolución
4Apéndice de certiorari, Orden, pág. 85. Específicamente, el Tribunal de Primera Instancia ordenó lo siguiente:
1. Provea copia completa del expediente de la joven [GCB] en la Oficina de Consejería de la PUCPR, incluyendo durante el tiempo que la atendió el Sr. Díaz, antes y después. 2. Indique qué personas atendieron a la joven [GCB] en la Oficina de Consejería de la PUCPR. 3. Indique qué condiciones, si alguna, tiene la joven [GCB]. 4. Indique si, en alguna ocasión, la joven [GCB] fue referida a ayuda psicológica. 5. Provea copia del expediente de la joven [GCB] en la Oficina de [A]yuda [P]sicológica de la PUCPR. 6. Provea copia completa del expediente de la joven [NVC] en la Oficina de Consejería de la PUCPR, incluyendo durante el tiempo que la atendió el Sr. Díaz, antes y después. 7. Provea copia completa del expediente de la joven [NGR] en la Oficina de Consejería de la PUCPR, incluyendo durante el tiempo que la atendió el Sr. Díaz, antes y después. Íd. CC-2020-254 7
de la controversia, según exigido por nuestro ordenamiento
procesal, y (2) ordenar el descubrimiento de lo solicitado,
pues dicha información forma parte del expediente educativo
de las estudiantes y su confidencialidad es ordenada por la
Family Educational Rights and Privacy Act of 1974, infra.
El 30 de junio de 2020, el Tribunal de Apelaciones
emitió una resolución en la que denegó la expedición del
recurso de certiorari. Fundamentó su denegatoria en que, en
este caso, no estaba presente el tipo de situación extrema
que justificara el apartarse de la norma general de no
revisar determinaciones interlocutorias en procedimientos
tramitados bajo la Ley de Procedimiento Sumario de
Reclamaciones Laborales, infra. Igualmente, el foro
apelativo intermedio sostuvo que “no surg[ía] del récord que
lo actuado por el TPI gener[ara] un ‘fracaso de la justicia’,
de tal modo que est[uviesen] ante una situación extrema, o
una grave injusticia, que amerit[ara su] intervención”.5
En desacuerdo con tal determinación, la PUCPR comparece
ante este Tribunal mediante un recurso de certiorari en el
cual, en síntesis, reitera los argumentos antes expuestos.
5Apéndice de certiorari, Resolución, pág. 21. Al respecto, el Honorable Juez Pagán Ocasio emitió un voto en el que hizo constar una advertencia a los efectos de que el señor Díaz Santiago incumplió con el requisito procesal que exige que, previo a solicitar la intervención de un tribunal en una controversia entre las partes en el proceso de descubrimiento de prueba, la parte promovente debe presentar una certificación en la cual acredite las gestiones extrajudiciales razonables y de buena fe realizadas para la resolución de la controversia. Íd., págs. 22-23. CC-2020-254 8
Con el beneficio de la comparecencia de las partes, nos
encontramos en posición de resolver. Esto, no sin antes
exponer el derecho aplicable a la controversia aquí
reseñada.
II
A.
La Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones
Laborales, Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA
secs. 3118-3132 (Ley Núm. 2), introdujo a nuestro
ordenamiento jurídico un trámite especial y expedito para
atender las querellas relacionadas con disputas laborales
presentadas por empleados u obreros en contra de sus
patronos. 32 LPRA sec. 3118. Véase, además, León Torres v.
Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 30-31 (2020) (citando a Ruiz
Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254 (2018)). Debido a
la celeridad con la que deben encauzarse estos procesos
judiciales, se alteraron ciertos términos y condiciones, los
cuales, de ordinario, rigen la litigación civil en nuestro
ordenamiento jurídico procesal. Cónsono con ésto, la propia
Ley Núm. 2 dictamina que en los casos que se tramiten con
arreglo a dicho estatuto, “se aplicarán las Reglas de
Procedimiento Civil en todo aquello que no esté en conflicto
con las disposiciones específicas de las mismas o con el
carácter sumario del procedimiento establecido por esta
ley”. 32 LPRA sec. 3120. Es decir, se recurrirá a las Reglas
de Procedimiento Civil cuando éstas no contravengan lo CC-2020-254 9
dispuesto por la Ley Núm. 2 o prolonguen innecesariamente
el carácter sumario del procedimiento.
Como es sabido, bajo esta ley especial se han
establecido una serie de limitaciones con el fin de asegurar
el trámite expedito de las reclamaciones laborales. Así las
cosas, la Ley Núm. 2 consigna expresamente los mecanismos
de revisión disponibles en los procesos que regula. 32 LPRA
sec. 3127. Nótese, sin embargo, que de una lectura de ésta
no surge que la Asamblea Legislativa haya tenido la
intención expresa de viabilizar un mecanismo de revisión
directa de las resoluciones interlocutorias.
Precisamente, en Dávila, Rivera v. Antilles Shipping,
Inc., 147 DPR 483 (1999), este Tribunal tuvo la oportunidad
de examinar si la presentación de un recurso de certiorari
contra una resolución interlocutoria dictada en un proceso
tramitado bajo la Ley Núm. 2 era contraria al carácter
sumario de la ley. Luego de evaluar el texto de la ley y su
historial legislativo, este Tribunal concluyó que, de
ordinario, la revisión de resoluciones interlocutorias era
contraria al carácter sumario del procedimiento laboral y
que, por tanto, la facultad de los tribunales apelativos al
revisar dichas resoluciones es limitada. Íd., págs. 496-497.
En consecuencia, como norma general, la parte que pretenda
impugnar resoluciones interlocutorias en un procedimiento
bajo la Ley Núm. 2 deberá esperar hasta que se dicte
sentencia final para entonces instar un recurso a base del
error alegado. CC-2020-254 10
No obstante, la norma impuesta no fue absoluta. En
Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, supra, reconocimos que
esta norma de autolimitación de revisión contempla una serie
de instancias en las que una resolución interlocutoria sí
es revisable por este Tribunal Supremo o por el Tribunal de
Apelaciones, según corresponda. A estos efectos, a modo de
excepción, concluimos que los tribunales apelativos deben
mantener y ejercer su facultad para revisar mediante
certiorari aquellas resoluciones interlocutorias dictadas
en un procedimiento sumario tramitado a tenor con la Ley
Núm. 2 en las siguientes instancias: (1) cuando el foro
primario haya actuado sin jurisdicción; (2) en situaciones
en las que la revisión inmediata dispone del caso por
completo, y (3) cuando la revisión tenga el efecto de evitar
una grave injusticia. Íd., pág. 498; Ortiz v. Holsum, 190
DPR 511, 517 (2014). En estas instancias, el carácter
sumario y la celeridad que caracterizan a los procedimientos
tramitados bajo la Ley Núm. 2 ceden y los foros apelativos
pueden revisar determinada resolución interlocutoria.
Examinemos si la controversia que nos ocupa y el
alcance del dictamen interlocutorio recurrido tiene un
efecto contra la parte peticionaria y contra terceros que
hace necesaria la revisión para evitar una grave injusticia.
B.
Sabido es que la Constitución de Puerto Rico declara
como un derecho fundamental la inviolabilidad de la dignidad
de todo ser humano. A la luz de lo anterior, ésta proclama CC-2020-254 11
nuestra igualdad ante la ley y, por consiguiente, prohíbe
el discrimen por, entre otras, razón de sexo. Const. ELA,
Art. II, Sec. 1, LPRA, Tomo 1. Asimismo, la Constitución
protege contra ataques abusivos a la honra, a la reputación
y a la vida privada o familiar. Íd., Art. II, Sec. 8.
En consecución de tales mandatos constitucionales, la
Asamblea Legislativa promulgó una serie de leyes para
prohibir el discrimen por razón de sexo, proteger a la
ciudadanía del discrimen por razón de sexo en la modalidad
de hostigamiento sexual e imponer responsabilidad civil por
tales conductas. Así las cosas, en el 1998, se aprobó la Ley
para Prohibir el Hostigamiento Sexual en las Instituciones
de Enseñanza, Ley Núm. 3-1998, 3 LPRA secs. 149a-149k. Según
la Exposición de Motivos de esta ley, el hostigamiento
sexual en las instituciones educativas “se manifiesta
principalmente en la relación profesor-estudiante y
mayormente contra mujeres” con conductas variadas que van
desde hostigamiento de tipo verbal, comentarios impropios,
roce corporal y hasta presiones e invitaciones con contenido
sexual. Ley Núm. 3-1998, 1998 LPR 6.
Con la aprobación de esta ley, “se reconoció el
contexto particular en el que se desarrolla el hostigamiento
sexual en las instituciones educativas, así como sus
implicaciones particulares en el derecho a la educación”.
(Énfasis en el original omitido). UPR Aguadilla v. Lorenzo
Hernández, 184 DPR 1001, 1015-1016 (2012). De este modo, se
estableció “como política pública del Estado velar porque CC-2020-254 12
los [y las] estudiantes -niños [y niñas], jóvenes y adultos
[y adultas]- tengan el derecho a realizar sus estudios
libres de la presión que constituye el hostigamiento sexual”
y así, combatir el efecto detrimental que ocasiona el
hostigamiento sexual en la dignidad del ser humano. (Énfasis
en el original omitido). Íd., pág. 1016 (citando a 3 LPRA
secs. 149a y 149b(a)).
Asimismo, la Ley para Prohibir el Hostigamiento Sexual
en las Instituciones de Enseñanza, supra, impone a las
instituciones una serie de deberes y responsabilidades en
aras de prevenir, desalentar y evitar el hostigamiento
sexual en los centros de estudio. 3 LPRA secs. 149g-149i.
Entre las medidas que debe cumplir toda institución se
encuentra el expresar claramente que tiene una política
enérgica en contra del hostigamiento sexual y preparar un
reglamento que disponga las responsabilidades,
procedimientos y penalidades aplicables para atender las
querellas presentadas en este tipo de casos.
Ahora, una vez se suscita un acto de hostigamiento
sexual y la víctima presenta una querella, dicha información
también pasa a estar regulada por normativa federal
aplicable a esta controversia. Veamos.
C.
La Family Educational Rights and Privacy Act of 1974,
20 USCA sec. 1232g (2010 & Supl. 2015) (Ley FERPA) es una
ley federal que tiene como propósito regular y proteger los
expedientes académicos de los y las estudiantes, desde el CC-2020-254 13
nivel elemental hasta el universitario, en las instituciones
educativas. La Ley FERPA define expedientes educativos como
aquellos registros, archivos, documentos, y cualquier otro
material que contenga información directamente relacionada
con un o una estudiante y que, además, sean mantenidos por
una institución educativa o por una persona que actúe en su
nombre. Íd., sec. 1232g(a)(4)(A).
Esta ley requiere que todas las instituciones
educativas, tanto públicas como privadas, que reciben fondos
correspondientes del gobierno federal, sigan ciertos
procedimientos con relación a la protección y
confidencialidad de estos registros. Íd., sec. 1232g(a)(1).
En síntesis, los procedimientos establecen que: (1) los
padres de estudiantes menores, y las o los estudiantes
adultos, tienen derecho a inspeccionar y revisar los
expedientes académicos de sus hijos e hijas y los de éstos
mismos, respectivamente,6 y (2) en general, aunque con varias
excepciones, las instituciones educativas no pueden divulgar
los expedientes académicos o su contenido sin el
consentimiento escrito de los padres, o el de las o los
estudiantes adultos, según corresponda.7 Ello, debido a que,
620USCA sec. 1232g(a)(1). Generalmente es a los padres a quienes se les reconoce este derecho sobre sus hijos o hijas menores de edad. Sin embargo, los mismos derechos que ostentan los padres son transferidos a sus hijos o hijas mayores de dieciocho (18) años que estudien en una institución postsecundaria. Íd., sec. 1232g(d).
7Íd., sec. 1232g(b). CC-2020-254 14
como norma general, los expedientes académicos son
documentos privados.
Ahora bien, la Ley FERPA contempla una serie de
instancias en las que, como excepción, dicho expediente
académico puede ser divulgado sin el consentimiento previo
requerido. 20 USCA sec. 1232g(b). Un ejemplo de lo anterior
se materializa cuando media una orden judicial o un subpoena
a tales efectos. Íd., sec. 1232g(b)(2)(B). En esos casos,
la institución educativa puede divulgar información sólo si,
antes de dar cumplimiento a lo solicitado, realiza un
esfuerzo razonable para notificar a los padres o a la o el
estudiante adulto, según corresponda, de la información
solicitada; ello con el propósito de que éstos últimos
puedan solicitar las acciones protectoras que entiendan
procedentes.8 Íd.; 34 CFR sec. 99.31(a)(9)(ii) (2019).
8Adviértase que la solicitud de las referidas acciones protectoras no estará disponible en aquellos casos en que la orden judicial o el subpoena sea conforme con:
[1] A Federal grand jury subpoena and the court has ordered that the existence or the contents of the subpoena or the information furnished in response to the subpoena not be disclosed; [2] Any other subpoena issued for a law enforcement purpose and the court or other issuing agency has ordered that the existence or the contents of the subpoena or the information furnished in response to the subpoena not be disclosed; or [3] An ex parte court order obtained by the United States Attorney General (or designee not lower than an Assistant Attorney General) concerning investigations or CC-2020-254 15
Asimismo, las instituciones educativas ostentan la facultad
de solicitar aquellas medidas protectoras adicionales que
estimen adecuadas en aras de proteger la privacidad de
dichos récords médicos.9
No obstante, la Ley FERPA establece unas normas
particulares en cuanto a la divulgación de los récords
médicos de los o las estudiantes de dieciocho (18) años o
más que están matriculados en una institución educativa
postsecundaria. Así, si su utilización sólo está vinculada
con algún propósito médico, los récords médicos no se
considerarán parte del expediente académico y, por tanto,
no estarán sujetos a la rigurosidad de divulgación exigida
por la Ley FERPA.10 De este modo, dichos récords pueden ser
prosecutions of an offense listed in 18 U.S.C. 2332b(g)(5)(B) or an act of domestic or international terrorism as defined in 18 U.S.C. 2331. 34 CFR sec. 99.31(a)(9)(ii)(A- C).
9U.S.Dept. of Health and Human Servs. & U.S. Dept. of Educ., Joint Guidance on the Application of the Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) and the Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA) to Student Health Records, pág. 18 (pregunta 20) (4 de junio de 2021), (https://studentprivacy.ed.gov/sites/default/files/resour ce_document/file/2019%20HIPAA%20FERPA%20Joint%20Guidance% 20508.pdf).
10La referida disposición lee como sigue:
(B) The term “education records” does not include—
...
(iv) records on a student who is eighteen years of age or older, or is CC-2020-254 16
utilizados en beneficio del o de la estudiante por otros
proveedores de atención médica, ya sea dentro o fuera de la
institución, sin que sea necesario solicitar su
consentimiento expreso para su utilización.11 Claro está, lo
anterior, siempre y cuando la divulgación sea realizada con
el propósito de brindar tratamiento médico al o a la
estudiante en cuestión, pues, de utilizarse para otro
propósito, el récord médico sí se consideraría parte del
expediente académico y, como norma general, sólo podría ser
divulgado a un tercero previo consentimiento por escrito.12
Cabe resaltar que el United States Department of
Education, agencia federal encargada de poner en vigor la
attending an institution of postsecondary education, which are made or maintained by a physician, psychiatrist, psychologist, or other recognized professional or paraprofessional acting in [such] capacity, and which are made, maintained, or used only in connection with the provision of treatment to the student, and are not available to anyone other than persons providing such treatment, except that such records can be personally reviewed by a physician or other appropriate professional of the student's choice. (Énfasis suplido). 20 USCA sec. 1232g(a)(4)(B)(iv).
11Lynn M. Dagget, The Myth of Student Medical Privacy, Harv. L. & Pol'y Rev. 467, 485 (2020).
12JointGuidance on the Application of the Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) and the Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA) to Student Health Records, supra, pág. 18 (pregunta 20). CC-2020-254 17
Ley FERPA, emitió una carta con el propósito de enmarcar y
precisar el tratamiento particular de los récords médicos
en las instituciones de educación superior, lo cual incluye
a las universidades.13 La Carta del Departamento de Educación
federal, a pesar de no añadir algún requisito distinto a los
ya estatuidos en la Ley FERPA, muestra cómo el Departamento
de Educación federal evaluará si las instituciones
educativas están cumpliendo con sus obligaciones legales,
específicamente en la divulgación de los récords médicos
estudiantiles.14 Esto, pues el Departamento de Educación
federal entiende que, en aquellas instancias en las que la
Ley FERPA autoriza la divulgación del récord médico sin
previa autorización, estas excepciones deben ser
interpretadas de manera equilibrada protegiendo la salud,
la seguridad y la privacidad de los y las estudiantes.15
En consecuencia, la Carta del Departamento de Educación
federal recomienda que las instituciones educativas, al
tomar decisiones relacionadas a la divulgación de récords
médicos, otorguen gran importancia a la expectativa
razonable del estudiantado de que estos récords generalmente
no serán compartidos, o se compartirán sólo en escasas
13U.S.Dept. of Educ., Dear Colleague Letter to School Officials at Institutions of Higher Education, (4 de junio de 2021), (https://studentprivacy.ed.gov/resources/dear- colleague-letter-school-officials-institutions-higher- education) (Carta del Departamento de Educación federal).
14Íd., pág. 1.
15Íd., pág. 2. CC-2020-254 18
circunstancias y sólo para propósitos relevantes o
importantes.16 De este modo, el Departamento de Educación
federal promueve la expectativa que la comunidad estudiantil
tiene en cuanto a los recursos ofrecidos por las
instituciones, ya que reconoce que “[f]ailure to meet those
expectations could deter students from taking advantage of
critical campus resources, and could undermine the integrity
of the patient-doctor/provider relationship as well as trust
between students and the institution”.17 En consecuencia, en
aquellas instancias en que sea necesaria la divulgación de
los récords médicos, debe limitarse a aquella información
que, en efecto, sea pertinente y relevante en el proceso
judicial.18
Examinado el derecho aplicable, procedemos a resolver
la controversia ante nuestra consideración.
III
Primeramente, no está en controversia que la PUCPR es
una institución de enseñanza sujeta a los deberes de
prevenir, desalentar y evitar conductas constitutivas de
hostigamiento sexual contra sus estudiantes, en cumplimiento
con la ley que prohíbe el hostigamiento sexual en las
instituciones educativas. Asimismo, tampoco está en duda que
a ésta le es de aplicabilidad la Ley FERPA.
16Íd., págs. 2-3.
17Íd., pág. 3.
18Íd., pág. 7. CC-2020-254 19
Según expuesto, el señor Díaz Santiago fungía como
Consejero en la Oficina de Consejería de la PUCPR. Luego de
llevarse a cabo un proceso administrativo que culminó en su
despido por haber incurrido nuevamente en conducta
constitutiva de hostigamiento sexual, éste presentó una
querella al amparo de la Ley Núm. 2 en contra de la PUCPR
por haber sido despedido, alegadamente, de manera
injustificada.
Así las cosas, como parte del proceso de descubrimiento
de prueba, el señor Díaz Santiago cursó un interrogatorio a
la PUCPR en el cual, en lo aquí pertinente, solicitó copia
del expediente universitario de la estudiante querellante,
así como copia del expediente de la joven en la Oficina de
Ayuda Psicológica, del expediente en la Oficina de
Consejería incluyendo el tiempo antes, durante y después de
que fue atendida por éste, y cualquier otro expediente de
ésta. Además, requirió que identificaran a las personas que
atendieron a la estudiante en la Oficina de Consejería, las
condiciones que tiene la joven y si ésta fue referida a
ayuda psicológica.
Por su parte, la PUCPR contestó el interrogatorio
cursado y, en cuanto a los documentos antes reseñados,
proveyó el informe investigativo, copia de la querella, así
como otros documentos que formaban parte de la querella de
hostigamiento sexual presentada por la estudiante. En cuanto
a los demás, objetó su producción por entender, CC-2020-254 20
correctamente, que éstos son confidenciales a tenor con la
Ley FERPA.
Posteriormente, el señor Díaz Santiago acudió al
Tribunal de Primera Instancia y solicitó que le ordenara a
la PUCPR la producción de la información y documentación
solicitada. Igualmente, solicitó por primera vez los
expedientes completos de la Oficina de Consejería
correspondientes a las dos (2) estudiantes que previamente
habían radicado querellas por hostigamiento sexual en su
contra. En respuesta, el Tribunal de Primera Instancia
proveyó ha lugar a la moción y ordenó a la PUCPR a descubrir
lo solicitado.
De esta determinación, la PUCPR acudió mediante recurso
de certiorari al Tribunal de Apelaciones y, en síntesis,
arguyó que erró el foro primario al ordenar la producción
de los expedientes de las estudiantes porque éstos son
confidenciales y privilegiados, según la Ley FERPA. Ante
esto, el Tribunal de Apelaciones denegó intervenir por razón
de que este caso está siendo tramitado al amparo del
procedimiento sumario dispuesto en la Ley Núm. 2, lo cual
limita su intervención sólo a determinadas instancias.
Específicamente, el foro apelativo intermedio razonó que no
surgía del récord que la orden del foro de primera instancia
generara un fracaso de la justicia, de modo que tuvieran
ante sí una situación extrema o una grave injusticia que
ameritara su intervención. En consecuencia, la PUCPR acude CC-2020-254 21
ante este Tribunal y reitera los planteamientos señalados
anteriormente.
Según discutido, la intervención del Tribunal de
Apelaciones y de este Tribunal para revisar mediante recurso
de certiorari resoluciones interlocutorias dictadas en
pleitos tramitados al amparo de la Ley Núm. 2 es limitada
por ser contrarias al carácter sumario de la ley. Sin
embargo, esta limitación no es irrestricta. Precisamente en
Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, delineamos
los contornos de esta limitación y establecimos como
excepción que, en aquellos casos donde la revisión tenga el
efecto de evitar una grave injusticia, los foros apelativos
debemos ejercer nuestra jurisdicción. Íd., pág. 498.
Siendo ello así, nos encontramos ante un caso en el
cual el Tribunal de Apelaciones debió ejercer su
jurisdicción y modificar la orden dictada por el Tribunal
de Primera Instancia. El principio general que limita la
revisión de resoluciones interlocutorias dictadas en
procedimientos sumarios bajo la Ley Núm. 2 no es, ni puede
ser, una camisa de fuerza en casos como el de autos donde
la divulgación de los expedientes implica colocar a la
institución educativa entre la disyuntiva de, por una parte,
cumplir con el mandato ordenado por la ley federal que
garantiza la confidencialidad de los expedientes y, por
otra, acatar una orden del tribunal contraria al mandato de CC-2020-254 22
la ley federal.19 Lo anterior, con el efecto ulterior de,
además, potencialmente revictimizar a estas tres (3)
estudiantes al colocar en manos de su alegado hostigador
información sensitiva y confidencial.
En el caso de autos, no se trata del supuesto clásico
en el cual se exige la divulgación del expediente académico,
de la querella, del informe de la investigación u otros
documentos que formaron parte de la investigación
administrativa. En cambio, se trata de la divulgación de la
totalidad del récord médico de, no tan sólo la alegada
víctima que con su querella dio paso a que se iniciara un
procedimiento administrativo que culminó eventualmente en
el despido del alegado hostigador, sino que,
inexplicablemente, la orden también incluyó la divulgación
de los récords médicos de las dos (2) alegadas víctimas que
19Adviértase que el incumplimiento con tal mandato podría implicar el inicio de una investigación administrativa en contra de la institución educativa para evaluar su cumplimiento con la Ley FERPA. 20 USCA sec. 1232g(b)(2); 34 CFR secs. 99.63-99.64; 33 CFR secs. 99.66. De determinarse que la institución educativa ha incumplido y que ésta no ha tomado medidas para corregir tal incumplimiento, estaría expuesta a, entre otros, lo siguiente:
(1) Withhold further payments under any applicable program; (2) Issue a complaint to compel compliance through a cease and desist order; or (3) Terminate eligibility to receive funding under any applicable program. 34 C.F.R. § 99.67 CC-2020-254 23
se querellaron en contra del señor Díaz Santiago hace más
de diez (10) años.
Las circunstancias particulares de este caso exigían
que el foro de primera instancia, en lugar de ordenar la
divulgación de la totalidad de los récords médicos de las
estudiantes en las oficinas de consejería y ayuda
psicológica, garantizara las órdenes protectoras
correspondientes en aras de salvaguardar la confidencialidad
de la información privada contenida en los récords médicos.
Ello pues, una orden del tribunal autorizando la divulgación
de los récords médicos no puede ser una carta en blanco para
que, como ocurrió en este caso, se divulgue la totalidad del
récord sin ni tan siquiera constatar su pertinencia en el
caso de autos.
El propio Departamento de Educación federal quien, como
mencionamos, es la agencia encargada de poner en vigor la
Ley FERPA, se ha expresado en contra de este tipo de acción
por parte de los tribunales. De hecho, éste insta a los
tribunales a que, en caso de que sea necesaria la divulgación
de los récords médicos, éstos ejerzan su debida prudencia y
ordenen una divulgación de manera equilibrada y teniendo
como norte la protección de la salud, la seguridad y la
privacidad de los y las estudiantes. Así pues, como bien
razonó el Departamento de Educación federal, limitando la
divulgación estrictamente a lo necesario, se fomenta la
expectativa de privacidad que tiene la comunidad estudiantil
de que dichos récords médicos no serán divulgados o serán CC-2020-254 24
divulgados solamente en un puñado de instancias y para
propósitos particulares.
Es conocido que muchas instituciones educativas ofrecen
a sus estudiantes acceso a servicios médicos, incluyendo
servicios de salud mental. Estos servicios ayudan a promover
de manera integral la seguridad y la salud de la comunidad
estudiantil. Por este motivo, los y las estudiantes no deben
dudar en utilizar los servicios médicos de las instituciones
por temor a que la información que compartan con un
profesional de la salud sea divulgada en su totalidad
fácilmente. Lo contrario daría lugar a que la comunidad
estudiantil tenga un disuasivo para presentar denuncias y
recibir atención médica debido a la escasez de
confidencialidad que gozarían dichos récords médicos.
El escenario ideal insta a que los tribunales realicen
una inspección en cámara y evalúen la información o los
documentos previo a su divulgación para así, luego de
realizar un balance de intereses entre la necesidad de éstos
contra la intrusión a la expectativa de privacidad que
ostentan los y las estudiantes, ordene la divulgación
solamente de lo que estime necesario. Y claro está, siempre
y cuando se le dé notificación y oportunidad a los y las
estudiantes en cuestión de expresar su posición con
anterioridad a la producción de sus récords médicos. Ello,
pues como puede apreciarse, es impropio ordenar la
producción de la totalidad de los récords médicos CC-2020-254 25
estudiantiles de terceros que ni tan siquiera son partes en
la controversia ante el tribunal.
En este caso, el Tribunal de Primera Instancia requirió
la divulgación de la totalidad los récords médicos sin
haberle antes permitido a la PUCPR ejercer la facultad que
ostenta de solicitar las órdenes protectoras
correspondientes, de modo que se realizara un adecuado
balance que salvaguardara las garantías individuales de las
estudiantes, la necesidad del recurrido de defenderse y la
obligación de la institución de cumplir con las normas
federales que garantizan la privacidad de los récords
médicos. Ésto representa un agravio a los derechos
constitucionales, estatutarios y reglamentarios de las tres
(3) estudiantes que tuvieron el valor de alzar su voz contra
el hostigamiento al que alegadamente fueron sometidas.
Además, que coloca a la PUCPR en una disyuntiva jurídica
innecesaria.
Si bien es cierto que no podemos desvirtuar el carácter
sumario del procedimiento laboral instado, el Tribunal de
Apelaciones erró al concluir que en el caso de autos no se
configuraba alguna de las excepciones a la norma general que
limita la revisión interlocutoria en este tipo de pleitos.
La actuación del foro de instancia ameritaba la oportuna
intervención por parte del foro apelativo intermedio, no
sólo para evitar una grave injusticia a la PUCPR y resguardar
el cumplimiento de ésta con los parámetros de la FERPA, sino
también para garantizar a las tres (3) estudiantes en CC-2020-254 26
cuestión su derecho a la educación, a su dignidad e igualdad
ante la ley y a no sufrir ataques abusivos a su honra, a su
reputación y a su vida.
IV
Por lo anteriormente expuesto, expedimos el auto de
certiorari, revocamos al Tribunal de Apelaciones y
devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para que
continúen los procedimientos en el caso de conformidad a lo
aquí dispuesto.
Se dictará sentencia de conformidad.
Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Recurrido
v. CC-2020-254 Certiorari Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico; Fulano de Tal; Aseguradora ABC
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia, se expide el auto de certiorari, se revoca al Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos en el caso de conformidad a lo aquí dispuesto.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.
José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo