Colón Negrón v. Municipio De Bayamón Y Otros

2015 TSPR 23

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: March 10, 2015
• Docket: CC-2013-400 cons. CC-2013-500 CC-2013-605
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Christian Colón Negrón; María Negrón Santiago Recurrida

v.

Municipio de Bayamón y Compañía Aseguradora Admiral Insurance Company Peticionarios

---------------- Mariel Pérez Santiago Recurrida

v. CERTIORARI

Municipio de Bayamón por 2015 TSPR 23 conducto de su Hon. Alcalde Ramón Luis Rivera, hijo; Admiral 192 DPR ____ Insurance Company, Fulano de Tal Peticionarios

---------------- María Maldonado Roche Parte Demandante

Municipio de Bayamón, representado por su Alcalde, Hon. Ramón Luis Rivera Cruz Parte Demandada-Peticionaria

Estado Libre Asociado de Puerto Rico Parte Demandada-Recurrida

Personas de nombres desconocidos B & C; Compañías Aseguradoras 2, 3 & 4

Número del Caso: CC-2013-400 consolidad con: CC-2013-500 y CC-2013-605

Fecha: 10 de marzo de 2015

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Manuel Herrero García CC-2014-0400 cons. 2 CC-2014-0500 cons. CC-2014-0605 Lcda. Karen Morales Pérez

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcda. Lourdes Gómez Vedo Lcdo. Rosendo Miranda Lcdo. Miguel Negrón Matta

Materia: Procedimiento Civil –Regla 12.1 – Comparecencia de parte como tercero demandado o como parte indispensable.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Municipio de Bayamón y Compañía Aseguradora Admiral Insurance Company CC-2013-0400 Peticionarios

---------------- Mariel Pérez Santiago Consolidado Recurrida con:

Municipio de Bayamón por conducto de su Hon. Alcalde Ramón Luis Rivera, hijo; Admiral Insurance Company, Fulano de Tal CC-2013-0500 Peticionarios

Municipio de Bayamón, CC-2013-0605 representado por su Alcalde, Hon. Ramón Luis Rivera Cruz Parte Demandada-Peticionaria

Estado Libre Asociado de Puerto Rico Parte Demandada-Recurrida

Personas de nombres desconocidos B & C; Compañías Aseguradoras 2, 3 & 4

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado Señor Rivera García CC-2014-0400 cons. 2 CC-2014-0500 cons. CC-2014-0605

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2015.

Los recursos que nos ocupan surgen a raíz de varias

reclamaciones por daños y perjuicios que se presentaron

contra el Municipio de Bayamón. En el contexto de estos

pleitos, nos corresponde resolver si el Departamento de

Hacienda debe figurar como una parte indispensable o como

un tercero demandado. Por estas acciones judiciales poseer

controversias similares, el 7 de marzo de 2014

consolidamos los recursos de título. Examinado el estado

de derecho, concluimos que el mecanismo procesal aplicable

para traer a estos litigios al Departamento de Hacienda es

la Regla 12.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V,

que rige el procedimiento de la demanda contra tercero.

Con el objeto de elaborar sobre ese análisis, es necesario

resumir los hechos procesales y fácticos que enmarcan la

decisión que hoy emitimos.

I

Se desprende de los expedientes ante nuestra

consideración, que a partir de los años fiscales 2005-2006

hasta el 2009-2010, el Departamento de Hacienda contrató a

nombre de los municipios de Puerto Rico con Admiral

Insurance Company (Admiral), una póliza para asegurarlos

ante las reclamaciones generadas por responsabilidad civil

extracontractual. En esta, se identificó como asegurados a

los municipios de Puerto Rico. De acuerdo a las partes,

ello se realizó conforme al apartado 3 del Artículo

12.020(3) del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA CC-2014-0400 cons. 3 CC-2014-0500 cons. CC-2014-0605

sec. 1202(3), que faculta al Secretario de Hacienda a

gestionar y contratar los seguros de los Municipios de

Puerto Rico1, y, conforme al Art. 8.011 de la Ley de

Municipios Autónomos de Puerto Rico que delega esa

facultad en el Secretario de Hacienda. 21 LPRA sec. 4361.2

1 Esta disposición, en su parte pertinente, lee como sigue:

“Seguros que cubran los riesgos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, entidades, corporaciones, autoridades y municipios.- Con relación a estos seguros el Comisionado dictará reglas y reglamentos para establecer las condiciones y obligaciones que mejor protejan al interés público y que garanticen asimismo un trato justo y razonable al asegurador, debiendo incluir en éstas una regla para que todo asegurador o agente general que cubra riesgos del Estado Libre Asociado venga obligado a someter, dentro de los noventa (90) días siguientes a la terminación del año natural, una relación detallada de las pérdidas pagadas y reclamaciones pendientes contra la póliza o pólizas de seguro contratadas. Por medio de estas reglas y reglamentos el Comisionado podrá autorizar, cuando lo crea necesario o conveniente, que se coticen primas diferentes a las que aparecen fijadas en el Manual de Tarifas.

Excepto en aquellos casos en que por ley se disponga de otro modo, el Secretario de Hacienda gestionará y contratará los seguros del Estado Libre Asociado y sus municipios”. 2 Ley Núm. 81-1991. En lo pertinente, esta ley dispone:

Los municipios tendrán la obligación de proteger sus activos y recursos contra todo tipo de pérdida financiera resultante de las contingencias o riesgos mencionados en el inciso (c) de esta sección.

(a) A los fines de cumplir con la obligación antes impuesta, los municipios utilizarán los mecanismos para tratar riesgos que disponga el Secretario de Hacienda […] (c) Los mecanismos para tratar riesgo que disponga el Secretario de Hacienda deberán proveer, según éste lo determine, protección a los municipios contra todo riesgo puro. Se entenderá por riesgos puros aquellos que puedan causar al municipio una pérdida financiera pero no una ganancia, incluyendo: […] (3) Pérdidas por todo tipo de reclamación por daños y perjuicios…

(d) El Secretario de Hacienda actuará en representación de los municipios, en la forma que estime más conveniente, económica y ventajosa para éstos, en todo lo relacionado con la protección de sus activos contra pérdidas resultantes de los riesgos puros. En el desempeño de esta responsabilidad, el Secretario estará facultado, entre otras cosas, para decidir el mecanismo que se utilizará para tratar los riesgos a cubrir, los límites de la cobertura, los términos contractuales que aplicarán a la misma y la aportación, cuota o prima que habrá de pagar el municipio por CC-2014-0400 cons. 4 CC-2014-0500 cons. CC-2014-0605

Sostiene el peticionario (Municipio de Bayamón) que

este programa de seguros al que hemos hecho referencia

incluía a los 78 municipios, y que cada uno de estos

aportaba una suma anual proporcional a lo que se entendía

que era su responsabilidad de historial de experiencia de

pérdida, lo que se agrupaba en un fondo común o agregado.

Añade, que los importes que hacían los municipios a ese

fondo provenían de las retenciones que el Departamento de

Hacienda realizaba de la contribución sobre la propiedad

que se recaudaba para cada municipio. Y que de esta

forma, del agregado contratado por año fiscal se

descontaban los gastos legales y se pagaban las

indemnizaciones por reclamaciones extrajudiciales y

judiciales incoadas contra los municipios. Este litigio

tiene su origen en sendas demandas por daños y perjuicios

que se presentaron contra el Municipio de Bayamón y su

aseguradora Admiral entre los años 2009 y 2011. Procedemos

a detallar los pormenores de cada una de estas.

la cobertura que habrá de recibir y los procedimientos a seguir en el trámite, ajuste y negociación de reclamaciones. […] (e) El Secretario de Hacienda, en consulta con el Comisionado, dispondrá por reglamento los criterios, requisitos y procedimientos que se aplicarán en todo lo relacionado con el tratamiento de los riesgos que pueden causar pérdidas financieras a los municipios … […] (f) El importe de las cuotas, aportaciones o primas que corresponda a cada municipio por concepto del costo de la protección contra pérdidas financieras que establece esta sección, se pagarán de los fondos municipales. […] La facultad del Secretario de Hacienda quedará sujeta a la discreción del municipio conforme a lo establecido en el inciso (v) de la sec. 4054 de este título. CC-2014-0400 cons. 5 CC-2014-0500 cons. CC-2014-0605

En el recurso CC-2013-400, la Sra. María Negrón

Nazario y el Sr. Christian Negrón Colón presentaron una

demanda por los alegados daños que sufrieron cuando este

último tropezó con el borde de una caja subterránea

mientras caminaba por una acera del Municipio de Bayamón.3

Por su parte, en el recurso CC-2013-0500, la Sra. Mariel

Pérez Santiago le reclamó a esa misma municipalidad el

resarcimiento de los daños que alegadamente sufrió cuando

resbaló y cayó al suelo en la Casa Alcaldía.4 Por último,

en el recurso CC-2013-0605 la Sra. María Maldonado Roche

presentó en el 2009 una demanda por daños y perjuicios

contra el Gobierno de Puerto Rico y la Autoridad de

Carreteras en la que alegó que sufrió daños cuando tropezó

en una acera en Bayamón.5 En este último caso, el Tribunal

de Primera Instancia decretó el archivo sin perjuicio de

la demanda en cuanto al Estado. Consecuentemente, la

demandante enmendó la demanda para incluir como demandados

al Municipio de Bayamón y a Admiral Insurance.

Si bien la génesis de estos tres casos es diferente

–pues las reclamaciones no se relacionan entre sí- el

trámite procesal que siguieron es el que desencadenó la

controversia que nos atañe atender. Trascendió que luego

3 La demanda se presentó el 10 de noviembre de 2010. Apéndice de la petición de certiorari CC-2013-0400, pág. 31. 4 Véase, Demanda. Apéndice de la petición de certiorari CC-2013-0500, pág. 33. 5 Véase, Demanda. Apéndice de la petición de certiorari CC-2013-0605, pág. 33. Ambos demandados solicitaron que se desestimara la reclamación en su contra porque, entre otras cosas, no tenían jurisdicción sobre el área donde ocurrió el accidente. CC-2014-0400 cons. 6 CC-2014-0500 cons. CC-2014-0605

de que los demandados contestaran la demanda en los tres

casos, el foro primario dictó sendas sentencias parciales

y desestimó cada causa de acción contra Admiral. Es ante

esa situación que el Municipio de Bayamón esgrime el

planteamiento que presenta ante esta Curia. Es decir,

sostiene que el Departamento de Hacienda debe figurar en

estos pleitos como parte indispensable o como un tercero

demandado. Veamos los incidentes acaecidos en el foro de

primera instancia.

De conformidad con el expediente, Admiral emitió un

Aviso de Cancelación de la póliza de seguro contratada

para los municipios por haberse agotado el límite del

fondo agregado.6 En vista de ello, el abogado del municipio

provisto por Admiral le solicitó al Tribunal de Primera

Instancia que lo relevara de dicha representación legal y

que se desestimara la acción en contra de esa compañía

aseguradora.7 Argumentó que conforme a la póliza pactada,

la responsabilidad financiera sobre el litigio recaería en

adelante sobre el Departamento de Hacienda. Eventualmente,

el Tribunal de Primera Instancia emitió sentencias

6 Véanse: Moción ‘urgente’ de renuncia a representación legal, Apéndice de la petición de certiorari CC-2013-0400, pág., 40; Solicitud ‘urgente’ de sentencia sumaria y renuncia a representación legal, Apéndice de la petición de certiorari CC-2013-0500, pág. 44; Solicitud de sentencia sumaria y renuncia a representación legal, Apéndice de la petición de certiorari CC-2013-0605, pág. 95. 7 Id. CC-2014-0400 cons. 7 CC-2014-0500 cons. CC-2014-0605

parciales archivando sin perjuicio los casos aludidos en

cuanto a esta parte.8

Subsiguientemente, en los referidos pleitos el

Municipio de Bayamón presentó mociones para que el

tribunal autorizara presentar una demanda contra tercero

contra el Departamento de Hacienda.9 En sus escritos,

puntualizó que ello procedía debido a que el Departamento

“fue negligente en el descargo de su deber impuesto por

ley de representar a los municipios en todo lo relacionado

a los seguros para tratar y cubrir los riesgos…”.10 El

peticionario añadió que la alegada negligencia redundaba

en que tendría que pagar la sentencia que recayera en su

contra, si alguna, de los fondos de las remesas del Centro

de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) destinados

al municipio y que ello resultaría en un menoscabo de sus

activos. Asimismo, arguyó que por esa razón el

Departamento de Hacienda era la entidad que le debería

responder a los demandantes por cualquier cuantía que

tuviera que resarcir a estos. Atendido el planteamiento,

8 Apéndice de la petición de certiorari CC-2013-0400, pág. 53; Apéndice de la petición de certiorari CC-2013-0500, pág. 52; Apéndice de la petición de certiorari CC-2013-0605, pág. 117. 9 Véanse: Urgente Moción en solicitud de permiso para presentar demanda contra terceros presentada en el caso CC-2013-0400, Apéndice de la petición de certiorari CC-2013-0400, pág. 56; Moción en solicitud de permiso para presentar demanda contra terceros presentada en el caso CC-2013-0500, Apéndice de la petición de certiorari CC- 2013-0500, pág. 62. 10 Id. CC-2014-0400 cons. 8 CC-2014-0500 cons. CC-2014-0605

en diciembre de 2012 el foro de primera instancia declaró

dichas solicitudes no ha lugar.11

Posteriormente, el Municipio intentó traer al pleito

al Departamento de Hacienda amparándose en que esa agencia

era una parte indispensable. Nuevamente, su contención

giraba en torno a los mismos argumentos que presentó

cuando solicitó incluir a la referida agencia como tercero

demandado. En específico, indicó que el Departamento de

Hacienda era parte indispensable debido a que

fue negligente en el descargo de su deber impuesto por ley de representar a los municipios en todo lo relacionado a los seguros para tratar y cubrir los riesgos incluyendo los términos contractuales cubiertos […] quedando el Municipio de Bayamón desprovisto de un mecanismo para tratar los riesgos puros y proteger sus activos y recursos. Por lo que el Departamento de Hacienda […] le es responsable a los demandantes de cualquiera sumas de dinero que el Municipio de Bayamón le pueda responder a éstos. (Énfasis suprimido).12

De acuerdo al Municipio, como el Departamento de

Hacienda sería la parte responsable ante los demandantes,

sus intereses podían verse afectados en el pleito, por lo

que debía considerarse como una parte indispensable. Luego

de examinar esta tesis, el Tribunal de Primera Instancia

11 Apéndice de la petición de certiorari CC-2013-0400, pág. 94; Apéndice de la petición de certiorari CC-2013-0500, pág. 107. 12 Apéndice de la petición de certiorari CC-2013-0400, págs. 95-96. Véanse además: Moción solicitando orden para intervención de parte indispensable y/o moción de desestimación presentada en el recurso CC- 2013-0500, Apéndice de la petición de certiorari CC-2013-0500, pág. 118 y Moción de reconsideración, presentada en el recurso CC-2013- 0605, Apéndice de la petición de certiorari, pág. 144. CC-2014-0400 cons. 9 CC-2014-0500 cons. CC-2014-0605

declaró no ha lugar la petición.13 Inconforme con esa

determinación, el Municipio acudió al Tribunal de

Apelaciones.

Examinados los planteamientos, el foro apelativo

intermedio revocó las órdenes recurridas. En cada uno de

los casos empleó el mismo razonamiento. En sus dictamenes,

afirmó que el Departamento de Hacienda era una parte

indispensable porque era responsable de brindar un

mecanismo para el pago de las reclamaciones contra los

municipios. Sin embargo, ese foro judicial no compartió el

criterio del peticionario en cuanto a que el Departamento

de Hacienda les respondía directamente a los demandantes.

En lo pertinente, señaló que:

…la comparecencia del Departamento de Hacienda, como parte en el pleito en cuestión, es necesaria para hacer efectivo, en su día, el cobro de la compensación económica por los daños sufridos que pudiera otorgar el tribunal a favor del reclamante, ya sea de un nuevo fondo agregado o mediante una retención directa de la remesa al municipio de las futuras contribuciones territoriales cobradas a través del CRIM.14

No conteste con la sentencia del foro apelativo, el

Municipio de Bayamón presentó los recursos de certiorari

aquí consolidados y señaló la comisión de los errores

siguientes:

13 Apéndice de la petición de certiorari CC-2013-0400, pág. 122; Apéndice de la petición de certiorari CC-2013-0500, pág. 130; Apéndice de la petición de certiorari CC-2013-0605, pág. 175. 14 Sentencia, Apéndice de la petición de certiorari CC-2013-0400, págs. 160-161. Véanse además: Sentencias del Tribunal de Apelaciones en los recursos CC-2013-0500 (Apéndice de la petición de certiorari, pág. 182) y CC-2013-0605 (Apéndice de la petición de certiorari, pág. 217). CC-2014-0400 cons. 10 CC-2014-0500 cons. CC-2014-0605

Primer Error: Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al limitar la comparecencia del Departamento de Hacienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a los efectos de que este es necesario para hacer efectivo, en su día, el cobro de la compensación económica por los daños sufridos que pudiera otorgar el foro de instancia a favor de la parte demandante recurrida, ya sea de un nuevo fondo agregado o mediante una retención directa de la remesa al Municipio de las contribuciones territoriales cobradas a través del CRIM y no para que responda directamente a los demandantes por lo que el Municipio de Bayamón pudiera ser responsable a las partes dada su negligencia en la contratación de los seguros de responsabilidad pública de los municipios y la negligencia en la administración del fondo común o agregado de los mismos.15

Segundo Error: Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al no permitir al municipio presentar la evidencia que posee para demostrar la negligencia del Departamento de Hacienda y que hace que este último le sea responsable por cualquier sentencia por daños que le sea impuesta al municipio de Bayamón, la cual ocasionaría un daño sustancial al municipio.

Así las cosas, el 29 de octubre de 2013 el Gobierno de

Puerto Rico, en representación del Departamento de

Hacienda, nos solicitó autorización para comparecer como

amigo de la corte. En atención a ello, el 22 de noviembre

de ese año autorizamos su participación. Consecuentemente,

el Departamento de Hacienda presentó su escrito como amigo

de la corte en los recursos CC-2013-400 y CC-2013-500.

Explicó que una vez recae una sentencia contra un

15 En el recurso CC-2013-0400 el municipio señaló como único error el siguiente: “Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al limitar la comparecencia como parte indispensable del Departamento de Hacienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a que esta permite hacer efectiva la reclamación de los demandantes del tribunal emitir una determinación adjudicando responsabilidad al municipio de Bayamón frente al reclamo de los demandantes por lo que el municipio de Bayamón pudiera ser responsable frente a los demandantes”. CC-2014-0400 cons. 11 CC-2014-0500 cons. CC-2014-0605

Municipio, la agencia procesa el pago con fondos

provenientes de las retenciones que se hacen de las

remesas del CRIM. Por ello, arguyó que su acumulación como

parte indispensable era innecesaria porque puede realizar

ese trámite sin formar parte de los litigios.

Por otra parte, afirmó que la controversia principal

en estos casos se circunscribe única y exclusivamente a la

responsabilidad del peticionario de mantener seguras sus

áreas. Añadió que por economía procesal, cualquier reclamo

que el Municipio de Bayamón tuviera contra el Departamento

de Hacienda debía dilucidarse en un pleito independiente,

ya que lo contrario implicaría litigar ese mismo asunto

dentro de los cientos de casos sobre daños y perjuicios

incoados contra los municipios.

Por su parte, en el recurso CC-2013-500 compareció la

parte recurrida, la Sra. Mariel Pérez Santiago. Expuso en

su alegato de oposición que en este caso no se presentan

los elementos requeridos para acumular al Departamento de

Hacienda como parte indispensable o como tercero

demandado. Además, sostuvo que la reclamación que pudiera

tener el Municipio contra el Departamento de Hacienda no

se desprendía de los hechos que dieron base a la demanda

original de daños y perjuicios. Por último, apuntó que la

reclamación del Municipio no depende en forma alguna del

resultado de esa acción de daños. CC-2014-0400 cons. 12 CC-2014-0500 cons. CC-2014-0605

Luego de exponer el tracto procesal de estos recursos, y

contando con el beneficio de la comparecencia de las

partes y del Departamento de Hacienda, pasamos a resolver.

II

Previo a considerar si el Tribunal de Apelaciones erró

al limitar la comparecencia del Departamento de Hacienda

para que hiciera efectivo el pago de la sentencia que en

su día, si alguna, tenga que pagar el peticionario,

debemos determinar si esta agencia es parte indispensable

en estos pleitos. Examinemos el derecho aplicable a este

asunto.

Como sabemos, la Regla 16.1 de Procedimiento Civil

atiende el mecanismo para incluir a una parte

indispensable en un litigio ya comenzado, preceptuando lo

siguiente:

Las personas que tengan un interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia, se harán partes y se acumularán como demandantes o demandadas, según corresponda. Cuando una persona que deba unirse como demandante rehúse hacerlo, podrá unirse como demandada. 32 LPRA Ap. V.

Este precepto se fundamenta en dos axiomas: primero,

en la protección constitucional que impide que las

personas sean privadas de su libertad o propiedad sin un

debido proceso de ley, y segundo, en la necesidad de que

se emita un decreto judicial completo. Cepeda Torres v.

García Ortiz, 132 DPR 698, 704 (1993). Recientemente en

Cirino González v. Adm. Corrección et al., 190 DPR 14, 46 CC-2014-0400 cons. 13 CC-2014-0500 cons. CC-2014-0605

(2014), reiteramos que una parte indispensable se define

como:

aquella que tiene tal interés en la cuestión envuelta en la controversia que no puede dictarse un decreto final entre las partes en la acción sin lesionar y afectar radicalmente su interés, o sin permitir que la controversia quede en tal estado que su determinación final haya de ser inconsistente con la equidad y una conciencia limpia. (Énfasis nuestro).

El objetivo de este mecanismo es evitar la

multiplicidad de pleitos y los efectos perjudiciales que

una sentencia adversa pudiera tener sobre la parte

excluida en el caso. Id. En ese sentido, al adjudicar este

asunto debemos considerar si se puede hacer justicia y

conceder un remedio final y completo sin que se afecten

los intereses del ausente. Romero v. S.L.G. Reyes, 164 DPR

721, 733 (2005). Se deduce, que con este mecanismo se

intenta proteger los intereses de quien no se ha traído al

litigio y que, de dejarse fuera, no tendría oportunidad

alguna de defenderlos. Véanse: Bonilla Ramos v. Dávila

Medina, 185 DPR 667, 677 (2012); Vilanova et al. v.

Vilanova et al., 184 DPR 824, 839 (2012); Cepeda Torres v.

García Ortiz, supra.

Ahora bien, ese “interés común” que da lugar a la

acumulación no se trata de cualquier interés en el pleito.

Tiene que ser “de tal orden que impida la confección de un

decreto sin afectarlo”. García Colón et al. v. Sucn.

González, 178 DPR 527, 549 (2010). Además, debe ser real e CC-2014-0400 cons. 14 CC-2014-0500 cons. CC-2014-0605

inmediato, no meras especulaciones o un interés futuro.

Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 223 (2012).16

Por otro lado, hemos reiterado que la omisión de

incluir a una parte indispensable incide sobre el debido

proceso de ley que cobija al ausente. Pérez Rosa v.

Morales Rosado, supra, pág. 223; Romero v. S.L.G. Reyes,

supra, pág. 733. Ante la ausencia de una parte

indispensable, el tribunal carece de jurisdicción para

resolver la controversia. Id. Es por ello que, al incidir

tal ausencia en la jurisdicción del tribunal, debe

desestimarse la acción. Por ello, es un argumento que

puede traerse en cualquier parte del litigio, incluso en

la etapa apelativa. Pérez Rosa v. Morales Rosado, supra,

pág. 223.

Así también, en este tipo de análisis debe emplearse

un “enfoque práctico” evaluando los intereses involucrados

en diversos géneros de casos. J.A. Cuevas Segarra, Tratado

16 Por ejemplo, en García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527

(2010) al atender una controversia en cuanto a si un abogado era parte

indispensable en una acción para anular un testamento señalamos:

“…creemos que el licenciado Montañez Delerme no es parte indispensable en la acción para anular el testamento que autorizó. Su interés en dicha controversia no es real ni inmediato, sino contingente respecto a la consecuencia de la acción instada. Su interés no se ha concretado y depende de distintos factores que podrían materializarse luego de ser final y firme la anulación del testamento. Aun al amparo de los hechos de este caso, en que es palmario que la parte demandante desea reservar una acción civil contra el licenciado Montañez Delerme, el tribunal todavía tendría que dilucidar si la falta cometida por éste provino de su malicia, negligencia o ignorancia inexcusable. Es decir, todavía es incierto si el licenciado Montañez Delerme está obligado a responder civilmente por su actuación”. Id. págs. 556-557. CC-2014-0400 cons. 15 CC-2014-0500 cons. CC-2014-0605

de derecho procesal civil, 2da Ed., San Juan, Pubs.

J.T.S., 2011, T. II, pág. 691. En ese sentido, la

determinación final de si una parte es indispensable

depende de los hechos específicos de cada caso,

incluyendo: el tiempo, el lugar, las alegaciones, la

prueba y las clases de derechos e intereses en conflicto.

Cuevas Segarra, op. cit., pág. 695. Es por ello que los

tribunales tienen que hacer un análisis juicioso que

incluya la determinación de los derechos del ausente y las

consecuencias de no unirlo como parte en el procedimiento.

Pérez Rosa v. Morales Rosado, supra, pág. 223.

Así por ejemplo, en el precitado caso de Cirino

González v. Adm. Corrección, et al., supra, resolvimos una

controversia en la que se demandó a dos individuos en su

carácter oficial, y señalamos que por ello era

indiscutible que el Estado fuera parte indispensable.

Esto, porque cuando se demanda por daños y perjuicios a un

funcionario en su carácter oficial, la verdadera parte con

interés es el Estado. Específicamente resolvimos que

[s]i permitiéramos la demanda contra Marcucci y Burgos en su carácter oficial sin la presencia del ELA, estaríamos exponiendo al Estado a una sentencia adversa que podría incluir daños pecuniarios que el Estado tendría que pagar. (Énfasis nuestro). Id., pág. 47.

El Municipio de Bayamón acude a esta Curia aun cuando

el Tribunal de Apelaciones determinó que el Departamento

de Hacienda es parte indispensable en los casos que hoy

nos ocupan. La razón por la que recurrió ante nos es CC-2014-0400 cons. 16 CC-2014-0500 cons. CC-2014-0605

porque entiende que la presencia de esa agencia no debe

circunscribirse únicamente a los efectos de tramitar el

pago, si alguno, que en su día tenga que resarcir a los

demandantes, tal y como resolvió el foro apelativo

intermedio. El municipio de Bayamón sostiene que quedó

indefenso en cuanto a las reclamaciones extracontractuales

incoadas en su contra debido a que esa agencia no cumplió

con el deber legal de gestionar las pólizas de seguro que

cubrirían este tipo de pérdidas.17 Argumenta que por ello,

es el Departamento de Hacienda quien viene obligado a

resarcir a los demandantes. Por tanto, concluye que sus

intereses podrían verse afectados y que por consiguiente,

debe incluirse como parte indispensable en el pleito, o,

en su defecto, que procede incluirlo como un tercero

demandado. Examinemos estas contenciones.

A

Luego de examinar la normativa expuesta es forzoso

concluir que en este caso no se configuran los elementos

necesarios para sostener que el Departamento de Hacienda

es una parte indispensable en los litigios aquí

consolidados. Como vimos, el análisis que se realiza para

hacer este tipo de determinación se centra en auscultar si

los intereses de ese tercero ausente se verían afectados

por la determinación que tome el tribunal en el pleito del

17 Arguyen que el Departamento de Hacienda fue negligente en la contratación de los seguros para tratar y cubrir los riesgos de los municipios y en la administración y supervisión del fondo común agregado, y que tampoco fiscalizó adecuadamente las acciones de Admiral ni tomó medidas preventivas ante el agotamiento del fondo. CC-2014-0400 cons. 17 CC-2014-0500 cons. CC-2014-0605

cual está ausente. Ciertamente, ese no es el caso que

tenemos aquí presente. Nos explicamos.

Recuérdese que la reclamación principal de estos

pleitos es una de daños y perjuicios por la alegada

negligencia del municipio de Bayamón en mantener seguras

para el público ciertas áreas bajo su jurisdicción,

conforme al Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31

LPRA sec. 5141. En ese sentido, el Departamento de

Hacienda no tiene obligación alguna en cuanto al

cumplimiento de ese deber del Municipio. Es decir, lo que

tiene que determinar el Tribunal de Primera Instancia es

si el municipio de Bayamón actuó negligentemente, por

acción u omisión, en el cumplimiento de ese deber y si

ello fue la causa de los alegados daños de los

demandantes. Por lo tanto, la responsabilidad, si alguna,

que pueda tener el Municipio para con estos, no depende de

la situación particular que tenga esa parte con

determinada compañía aseguradora o con el Estado respecto

a su cubierta de seguro por responsabilidad pública.

Como vemos, el foro primario puede adjudicar la

responsabilidad del Municipio conforme al Art. 1802 del

Código Civil, sin la necesidad de que el Departamento de

Hacienda comparezca. Por lo tanto, en estos casos, tal

agencia no se está exponiendo a una sentencia adversa y

perjudicial a sus intereses en lo que respecta a la

reclamación extracontractual de los demandantes. Mucho

menos se violentaría su derecho a un debido proceso de CC-2014-0400 cons. 18 CC-2014-0500 cons. CC-2014-0605

ley. Consecuentemente, resolvemos que no se configuran los

elementos necesarios para catalogar al Departamento de

Hacienda como una parte indispensable en estos casos.

B

Según explicamos, es errado en derecho concluir que el

Departamento de Hacienda es una parte indispensable. Ahora

bien, en sus petitorios, el Municipio de Bayamón también

solicita que evaluemos si procede traer a esa agencia a

los pleitos como un tercero demandado. Analicemos esa

vertiente.

Como regla general, el objetivo final de una demanda

contra tercero es facilitar la resolución pronta y

económica de pleitos múltiples que puedan surgir de unos

mismos hechos. S.L.G. Szendrey v. Hospicare, Inc., 158

DPR 648, 653 (2003), Gen. Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos,

148 DPR 523 (1999); Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118

DPR 20, 28 (1986). Por ello, hemos dicho que esta acción

no crea, extiende o limita derechos sustantivos, sino que

acelera su dilucidación. S.L.G. Szendrey v. Hospicare,

Inc., supra, págs. 653-654. Para lograr esto, esta regla

se debe interpretar liberalmente. Camaleglo v. Dorado

Wings, Inc., supra, pág. 28.

Evidentemente, esa liberalidad con la que se debe

interpretar esta disposición se justifica por los valores

procesales que entrañan las propias Reglas de

Procedimiento Civil. En Neptune Packing Corp. v. Wackenhut

Corp., 120 DPR 283, 288 (1988), expresamos que: CC-2014-0400 cons. 19 CC-2014-0500 cons. CC-2014-0605

[l]as Reglas de Procedimiento Civil se inspiran armoniosamente en tres valores fundamentales de justicia, rapidez y economía, enmarcados en la norma de buena fe que debe permear la tramitación de toda causa de acción. Para que ello se logre se requiere un enfoque integral, pragmático y creativo de nuestro ordenamiento procesal y sustantivo que con voluntad, sinceridad y acción, le dé vida a dichos valores y los convierta en vivencias y realidades cotidianas, atendiendo así las altas expectativas de nuestro contorno social.

De la misma forma, hemos reiterado la importancia de

que los pleitos se adjudiquen en sus méritos. Id., pág.

294. Dicho reconocimiento toma mayor importancia cuando

nos encontramos ante una alegación contra un tercero, que

se convierte en el mecanismo procesal idóneo para evitar

la multiplicidad de pleitos y resolver aquellas

controversias que merecen una atención consolidada. Dentro

de este marco conceptual, examinemos la normativa que rige

este mecanismo en nuestro ordenamiento procesal.

La derogada Regla 12.1 de Procedimiento Civil de

1979, 32 LPRA Ap. III, establecía que en cualquier

momento luego de que iniciara el pleito, el demandado

podía, como demandante contra tercero, notificarle un

emplazamiento y demanda a una persona que no fuera parte

en el pleito, en cualquiera de los siguientes supuestos:

(1) que [fuera] o pu[diera] serle responsable al demandado por toda o parte de la reclamación del demandante, o (2) que [fuera] o pu[diera] serle responsable exclusivamente al demandante.18

18 Al adoptarse en Puerto Rico las Reglas de Procedimiento Civil de 1958, se incorporó en esta Regla el texto enmendado de su contraparte en las Reglas de Procedimiento Civil Federal, la Regla 14(a). Con ello el demandado podía traer al pleito a un tercero demandado únicamente para que le respondiera de lo que él (el tercero demandante) tuviera CC-2014-0400 cons. 20 CC-2014-0500 cons. CC-2014-0605

Vemos que según estaba redactada esta Regla, se

reconocía que una demanda contra tercero procedía

únicamente ante la eventualidad de que: el tercero

demandado tuviera que responderle al demandado por la

reclamación del demandante original o, el tercero

demandado le tuviera que responder exclusivamente al

demandante original. Véase, Informe del Comité Asesor

Permanente de Reglas de Procedimiento Civil de 2007, pág.

169. Es decir, la presunta responsabilidad del tercero

ausente estaba cimentada en que este tuviera que responder

por lo que reclamaba el demandante original, ya fuera

directa o indirectamente.

Ahora bien, el lenguaje de la Regla 12.1 de

Procedimiento Civil de 1979 se enmendó en el 2009 a los

fines de cambiar esa situación jurídica. Ahora, esta

disposición preceptúa:

La parte demandada podrá notificar, como demandante contra tercero, un emplazamiento y demanda a una persona que no sea parte en el pleito y que sea o pueda ser responsable a la parte demandada por la totalidad o parte de la reclamación de la parte demandante, o que sea o pueda ser responsable a cualquier parte en el pleito. (Énfasis nuestro). 32 LPRA Ap. V.

Es un hecho que ya no existe la limitación en cuanto

a que el tercero intervenga cuando “pueda serle

que responder al demandante original. El propósito era evitar que un demandado trajera como tercero demandado a un residente del lugar del demandante original, para derrotar la jurisdicción por diversidad de ciudadanía. Como en Puerto Rico no existe ese problema, en 1979 se enmendó esa disposición para permitir que el demandado, como demandante contra tercero, pudiera traer al pleito a un tercero para que le respondiera directamente al demandante. Véase, J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da Ed., San Juan, Publicaciones JTS, 2011, págs. 575-577. CC-2014-0400 cons. 21 CC-2014-0500 cons. CC-2014-0605

responsable únicamente al demandante”. Véase, Cuevas

Segarra, op. cit. pág. 579. En cuanto a esto, en el

Informe del Comité Asesor Permanente de las Reglas de

Procedimiento Civil se mencionó lo siguiente:

Es preciso señalar que bajo la Regla 12.1 de 1979 podía presentarse demanda contra tercero contra aquella persona que podía serle responsable exclusivamente al demandante. Sin embargo, la enmienda permite que pueda presentarse demanda contra tercero contra aquella persona que pueda serle responsable a cualquier parte en el pleito. Informe de las Reglas de Procedimiento Civil, 2007, pág. 169.

De esta forma, ya no es necesario que la reclamación

que se haga contra el tercero sea en virtud de alguna

responsabilidad que ese tercero tenga para con el

demandante original. El Profesor Hernández Colón nos

explica que mediante este procedimiento un demandado puede

traer al pleito a un tercero para que le sea responsable a

él o a cualquier parte en el pleito por lo que se le

reclama en la demanda. R. Hernández Colón, Práctica

Jurídica de Puerto Rico, 5ta Ed., San Juan, Lexis Nexis,

2010, pág. 168. Ahora bien, la procedencia de esa

alegación también debe enmarcarse dentro de otras

consideraciones. Veamos.

En el pasado dijimos que este tipo de alegación

procede solo cuando “la responsabilidad de este (el

tercero) dependa en alguna forma del resultado de la

acción principal o cuando el tercero le es secundaria o

directamente responsable al demandante [o a cualquier

parte en el pleito]”. Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., CC-2014-0400 cons. 22 CC-2014-0500 cons. CC-2014-0605

supra, pág. 30. Nótese que el hecho de que estos

requisitos se hayan planteado en la alternativa no implica

que en efecto operen de esa manera. Como discutimos, bajo

la Regla 12.1 de Procedimiento Civil de 1979, supra, se

requería que ese tercero le fuera directa o

secundariamente responsable a la parte demandante. Por lo

tanto, era un requisito que ineludiblemente debía cumplir

ese tipo de solicitud. Explicado esto, vemos que existe un

requisito de que esa reclamación contra el tercero

dependa, es decir, que sea contingente al resultado de la

acción principal.

Por otro lado, también hemos hecho referencia a que

debe existir un “entronque común” entre la demanda

original y la reclamación que se presenta contra el

tercero demandado. Véase; Camaleglo v. Dorado Wings, Inc.,

supra, pág. 30. Como dijimos, uno de los propósitos de la

demanda contra tercero es evitar pleitos múltiples que

puedan surgir de unos mismos hechos. Por lo tanto, este

es uno de los parámetros a evaluar al momento de decidir

si este tipo de demanda procede o no en un caso

particular. Esto, pues a pesar de la liberalidad con la

cual se debe interpretar, la regla no puede utilizarse

para acumular en una acción controversias dispares por el

mero hecho de que posean alguna relación común. Gen.

Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, supra, pág. 534. CC-2014-0400 cons. 23 CC-2014-0500 cons. CC-2014-0605

A pesar de que en ocasiones anteriores hemos acogido

este término de “entronque común”, no lo hemos definido

categóricamente. Por el contrario, hemos analizado si

existe ese tipo de relación de acuerdo a las

circunstancias particulares de cada caso. Así por ejemplo,

en Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., supra, atendimos una

controversia que se desató entre Camaleglo Corporation,

quien mediante un arrendamiento financiero le arrendó a

Dorado Wings, Inc. un equipo telefónico. El inciso cuarto

de ese contrato disponía que la arrendadora financiera no

asumiría responsabilidad por desperfectos del equipo,

esto, sin perjuicio de las garantías que le

correspondieran a la arrendadora frente al fabricante.

Trascendió que Dorado Wings se negó a pagar los cánones de

arrendamiento debido a desperfectos en los aparatos

telefónicos. Ante ello, la corporación Camaleglo demandó a

esa parte reclamando el pago de la renta. Más adelante, la

parte demandada Dorado Wings, solicitó presentar una

demanda contra tercero en contra de Ochoa Telecom, Inc.,

vendedora del equipo arrendado. Al resolver sobre la

procedencia de esa solicitud resolvimos que:

En el caso de autos las reclamaciones tanto de la demanda como de la demanda contra tercero tienen un entronque común: el inciso cuarto del contrato de arrendamiento financiero. En su acción la arrendadora financiera Camaleglo solicitaba el cumplimiento específico de la cláusula del inciso cuarto que la relevaba de toda responsabilidad relativa al mal funcionamiento del equipo telefónico y obligaba a la arrendataria Dorado al pago de los cánones de arrendamiento a pesar de que existiera alguna CC-2014-0400 cons. 24 CC-2014-0500 cons. CC-2014-0605

reclamación sobre el mal funcionamiento del equipo arrendado. La acción de la codemandada Dorado contra la tercera demandada Ochoa también emana del inciso cuarto del contrato de arrendamiento financiero, la subrogación pactada que le permite a la codemandada arrendataria Dorado traer contra la tercera demandada suplidora Ochoa las acciones y reclamaciones que por vicios ocultos le correspondían a la demandante arrendadora Camaleglo. (Énfasis en el original) Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., supra, pág. 30.

Vemos, que el entronque común al que hicimos

referencia en ese caso era el contenido del inciso cuarto

del contrato de arrendamiento financiero. Es decir, uno de

los elementos en que se fundamentó la demanda original, y

no la demanda original en sí. Esa cláusula cuarta, por una

parte, exigía que Dorado Wings efectuara el pago de los

cánones de arrendamiento independientemente de lo que

ocurriera con el equipo y por otro lado, permitía que se

le reclamara al fabricante o suplidor del equipo el mal

funcionamiento del mismo. Resolvimos pues, que el

entronque común que existía entre la reclamación original

y la que se presentó contra el tercero fue la base en las

que se cimentó la causa de acción en cobro de dinero: la

disposición cuarta del contrato de arrendamiento.

Por el contrario, en Gen. Accid. Ins. Co. P.R. v.

Ramos, supra, resolvimos que no existía un entronque común

entre la demanda original y la reclamación que se

pretendía presentar contra el tercero demandado en ese

caso. Allí, la aseguradora General Accident expidió una

póliza double interest para cubrir los daños al vehículo CC-2014-0400 cons. 25 CC-2014-0500 cons. CC-2014-0605

de la señora Quiñones López, la cual no incluía un seguro

de responsabilidad pública. Tras ocurrir un accidente de

tránsito con dicho automóvil, la aseguradora le rembolsó a

Quiñones López una suma por los daños de este.

Eventualmente, dicha compañía, al amparo de la cláusula de

subrogación del contrato, presentó una demanda en cobro de

dinero contra el señor Ramos Díaz, quien presuntamente

causó el accidente. En ese pleito de subrogación, el señor

Ramos Díaz presentó una demanda contra tercero en contra

de la señora Quiñones López por daños y perjuicios, para

reclamarle por los daños que él sufrió en el accidente. Al

atender un planteamiento sobre la procedencia o

improcedencia de esa demanda resolvimos que:

…en el caso de autos las reclamaciones de la demanda y de la demanda contra tercero no tenían un entronque común. Eran dos reclamaciones jurídicamente distintas. La demanda original iba dirigida a obtener de Ramos Díaz el reembolso de lo que la compañía aseguradora le había indemnizado a Quiñones López por las pérdidas de su automóvil. Era una acción en cobro de dinero. En cambio, la reclamación medular de Ramos Díaz en su demanda contra tercero al amparo de la Regla 12.1 de Procedimiento Civil, supra, era una acción torticera sobre los daños que alegadamente Quiñones López le había ocasionado al vehículo de Ramos Díaz a raíz del accidente de tránsito ocurrido en julio de 1995 (Énfasis en el original). Gen. Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, supra, pág. 536.

Ante ello, concluimos que era evidente que lejos de

ser una demanda contra tercero, “la reclamación de Ramos

Díaz contra Quiñones López era realmente una acción

separada y distinta” Id. En este caso, no hubo un

entronque común entre la demanda original de subrogación y CC-2014-0400 cons. 26 CC-2014-0500 cons. CC-2014-0605

la reclamación contra el tercero, que era una acción por

daños y perjuicios.

Como vemos, ese requisito de “entronque común” que

debe compartir una demanda original y una demanda contra

tercero no se ha definido de manera categórica. Más bien,

nos hemos limitado a evaluar si existe ese elemento sin la

necesidad de establecer parámetros específicos en cuanto a

este. Esta situación ha traído un poco de confusión. Sin

embargo, como veremos, este llamado “entronque común” a lo

que se refiere es al hecho de que exista una relación

entre la acción original y la alegación que se presenta

contra el tercero, claro está, tomando en cuenta los

pronunciamientos jurisprudenciales que se han hilvanado en

cuanto a este mecanismo. Veamos.

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia

Española, una de las acepciones de la palabra entroncar es

“establecer o reconocer una relación o dependencia de

alguien o de algo con otra persona o cosa”.19 En otras

palabras, lo que se debe examinar referente a este

requisito de “entronque común” no es otra cosa que evaluar

si existe una relación entre la demanda original y la

reclamación que se pretende presentar contra el tercero

demandado. Ahora bien, esta relación debe ser lo

suficientemente estrecha como para no caer en la

19 Diccionario de la Real Academia Española. Disponible en: http://lema.rae.es/drae/?val=entroncar. (Última visita en 2 de marzo de 2015). CC-2014-0400 cons. 27 CC-2014-0500 cons. CC-2014-0605

prohibición que ya explicamos, en cuanto que no se deben

acumular en un mismo pleito –mediante la demanda contra

tercero- controversias dispares por el mero hecho de que

tengan alguna relación en común. Por lo tanto, estas serán

consideraciones que el tribunal deberá sopesar de acuerdo

a las circunstancias particulares de cada caso, tomando en

cuenta además, la liberalidad con la cual se debe

interpretar la Regla 12.1 de Procedimiento Civil, supra.

Así se deduce de la jurisprudencia previamente discutida.

Por un lado, en Camaleglo v. Dorado Wings, Inc.,

supra, resolvimos que una cláusula contractual constituía

una relación suficientemente estrecha, es decir, era el

“entronque común”, entre la reclamación original y la

alegación que se presentó contra el tercero demandado.

Allí, ambas reclamaciones surgían de esa disposición del

contrato de arrendamiento, que trataba sobre los

desperfectos que pudiera sufrir el equipo telefónico

arrendado. Por otro lado, las controversias planteadas en

Gen. Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, supra, no estaban lo

suficientemente relacionadas como para que pudiéramos

concluir que existía un entronque común entre ambas. Allí,

a pesar de que el accidente de tránsito ocurrido fue lo

que motivó tanto la demanda original como la demanda

contra tercero, concluimos que ambas reclamaciones –la

primera, una demanda de subrogación y la segunda, una

demanda por daños y perjuicios- eran dos reclamaciones

separadas y distintas. Lo que implica que, en todo caso, CC-2014-0400 cons. 28 CC-2014-0500 cons. CC-2014-0605

habrá que evaluar la conveniencia procesal de dilucidar en

conjunto los diferentes pleitos que puedan surgir de unos

mismos hechos.

En atención a la normativa discutida, analicemos si

bajo las circunstancias particulares de este caso procede

incluir al Departamento de Hacienda como un tercero

demandado.

III

Como hemos expuesto, el Municipio de Bayamón apoya su

petición de traer al Departamento de Hacienda coo tercero

demandado en el supuesto de que este debe ser quien le

responda directamente a los demandantes en cuanto a las

acciones de daños. Nos vemos precisados a rechazar tal

premisa por ser errada. Más aun, cuando de las alegaciones

que se derivan de las reclamaciones de daños y perjuicios

contra el peticionario no se observa indicio alguno por el

cual el Departamento de Hacienda deba responder a los

demandantes.

Ahora bien, como observamos, la Regla 12.1 de

Procedimiento Civil, supra, prescribe que un demandante

contra tercero, en este caso, el Municipio de Bayamón,

puede presentar una demanda contra una tercera persona que

pueda serle responsable a cualquier parte en el pleito. En

otras palabras, podría traer al Departamento de Hacienda

como tercero demandado para que le responda por lo que se

reclama en las demandas en su contra. De acuerdo a la

norma jurisprudencial discutida, esto procedería: (1) si CC-2014-0400 cons. 29 CC-2014-0500 cons. CC-2014-0605

la reclamación que haga contra esa agencia tiene un

entronque común con las demandas por daños y perjuicios

que presentaron los demandantes contra el municipio y (2)

si la reclamación depende del resultado de esas demandas.

Examinemos estos parámetros.

En primer lugar, debemos analizar si existe alguna

relación de origen o conexión entre las reclamaciones de

los demandantes y la reclamación del Municipio de Bayamón

contra el Departamento de Hacienda. Los demandantes de

estos casos le han reclamado al Municipio de Bayamón una

indemnización por alegados daños sufridos como resultado

de acciones negligentes. El hecho de que el municipio haya

quedado desprovisto de un seguro de ninguna manera implica

que no tiene la obligación de satisfacer la sentencia, si

alguna, que en su día recaiga. Como hemos afirmado, el

peticionario es el único responsable frente a los

demandantes de acuerdo a las alegaciones formuladas en las

demandas. Ahora bien, son precisamente esas acciones de

daños y perjuicios el entronque común que existe entre las

demandas originales y la reclamación contra tercero que

hace el Municipio de Bayamón. Veamos.

El peticionario presentó su reclamación contra el

Departamento de Hacienda al amparo del Art. 12.020(3) del

Código de Seguros de Puerto Rico, supra, y del Art. 8.011

de la Ley de Municipios Autónomos, supra. Disposiciones

que establecen que el Secretario del Departamento de

Hacienda actuará en representación de los municipios en CC-2014-0400 cons. 30 CC-2014-0500 cons. CC-2014-0605

todo lo relacionado con la protección de sus activos

contra pérdidas resultantes de los riesgos puros, tales

como las reclamaciones por responsabilidad civil

extracontractual. En parte, el Art. 8.011 citado

establece:

Los municipios tendrán la obligación de proteger sus activos y recursos contra todo tipo de pérdida financiera resultante de las contingencias o riesgos mencionados en el inciso (c) de esta sección.

[…]

(c) Los mecanismos para tratar riesgo que disponga el Secretario de Hacienda deberán proveer, según éste lo determine, protección a los municipios contra todo riesgo puro. Se entenderá por riesgos puros aquellos que puedan causar al municipio una pérdida financiera pero no una ganancia, incluyendo:

(3) Pérdidas por todo tipo de reclamación por daños y perjuicios… (Énfasis nuestro).

Es evidente que las reclamaciones de daños de los

demandantes podrían provocar una pérdida financiera al

Municipio de Bayamón. Y esa pérdida financiera, de

ocurrir, es la base de la reclamación del peticionario

contra el Departamento de Hacienda. Por consiguiente,

existe una relación o entronque común entre las demandas

originales de daños y perjuicios y la reclamación del

Municipio contra del Departamento de Hacienda. Así

también, esta reclamación contra tercero que hace el

Municipio de Bayamón es contingente al resultado de las

referidas demandas de daños. Veamos.

La doctrina que interpreta la Regla 14(a) de

Procedimiento Civil federal, de la cual proviene la CC-2014-0400 cons. 31 CC-2014-0500 cons. CC-2014-0605

nuestra20, sugiere que la demanda contra tercero tiene sus

bases en un intento del demandado original de transferir

la responsabilidad que le ha sido reclamada. Véase,

Wright, Miller and Kane, Federal practice and procedure,

Sec. 1446 (2010).21 A estos fines, los tratadistas de esa

jurisdicción han afirmado lo siguiente:

The words “may be liable” mean that defendant is permitted to join someone against whom a cause of action has not yet accrued, provided that the claim is contingent upon the success of plaintiff's action and will accrue when defendant's liability is determined in the main action or plaintiff's claim is satisfied. (Citas omitidas). Wright, Miller and Kane, op. cit., Sec. 1451.

En estos casos, la reclamación del Municipio de

Bayamón contra el Departamento de Hacienda ciertamente

depende del resultado de las demandas originales de daños

y perjuicios. El peticionario tenía a su haber un

mecanismo provisto por el programa de seguros que el

Secretario de Hacienda contrató a nombre de todos los

municipios de Puerto Rico para responder por las mismas.

Empero, ante la cancelación de dicha póliza de seguro, el

Municipio de Bayamón alega que está expuesto a sufrir un

daño en la eventualidad de que el Tribunal de Primera

Instancia declare ha lugar las demandas por daños y

perjuicios que se presentaron en su contra. Es evidente

que el daño consistiría en que al no tener cubierta contra

20 Véase, esc. 18, supra. 21 Citando a Power Corp. v. Dick Corp., 299 F. Supp. 2d 242, 248 (S.D. N.Y. 2004). CC-2014-0400 cons. 32 CC-2014-0500 cons. CC-2014-0605

reclamaciones de esa naturaleza, se vería precisado a

pagar una indemnización a favor de los demandantes de sus

propios activos. El peticionario atribuye ese daño a la

alegada negligencia del Departamento de Hacienda,

consistente en no cumplir con su deber ministerial en

cuanto a los seguros de los municipios. Es decir, el daño

que está expuesto a sufrir el municipio está supeditado al

resultado de los pleitos por daños y perjuicios que en su

día serán adjudicados por el foro primario.

Por último, es importante recalcar la necesidad de

que se acumule la reclamación del municipio contra el

Departamento de Hacienda mediante el mecanismo de demanda

contra tercero. Como mencionamos al inicio, este tipo de

procedimiento permite que se diluciden en un mismo pleito

controversias relacionadas entre sí y de este modo se

contribuye a la economía procesal. En estos casos, el

peticionario contiende que el hecho de que sea él quien

tenga que pagar la compensación que en su día, si alguna,

dicte el Tribunal de Primera Instancia a favor de los

demandantes, exige que Hacienda sea traída como parte en

el pleito. Esto ante la alegación de que ello tendría un

impacto sobre las finanzas del municipio por tener que

desembolsar una suma no presupuestada ante el entendido de

que sería la compañía aseguradora quien cubriría ese tipo

de gastos. Al incluir al Departamento de Hacienda como

tercero demandado, se finiquita esa controversia en el

mismo pleito en que se determinará si el municipio fue CC-2014-0400 cons. 33 CC-2014-0500 cons. CC-2014-0605

negligente. En caso de que el foro primario determine que

el Departamento de Hacienda fue negligente con el

municipio, sería este tercero quien responderá por las

reclamaciones de los demandantes. Esto, no porque tenga

responsabilidad directa con ellos, sino por la

responsabilidad que tendría para con el demandante contra

tercero (el municipio) por lo que se le reclamó a este en

las demandas originales.

IV

Por los fundamentos que anteceden, resolvemos que

erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que el

Departamento de Hacienda es una parte indispensable en

estos pleitos. Por otro lado, colegimos que el mecanismo

procesal que procede para traer a dicha agencia a estos

pleitos es la Regla 12.1 de Procedimiento Civil, supra,

que regula la demanda contra tercero. En estos casos no

hay duda de que están presentes los requisitos necesarios

para que el Departamento de Hacienda pueda incluirse en

estos pleitos como un tercero demandado.

Se dictará sentencia de conformidad.

Edgardo Rivera García Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Municipio de Bayamón y compañía aseguradora Admiral Insurance Company CC-2013-0400 Peticionarios

---------------- Mariel Pérez Santiago Consolidado Recurrida con:

Municipio de Bayamón por conducto de su Hon. Alcalde Ramón Luis Rivera, hijo; Admiral Insurance Company, Fulano de Tal CC-2013-0500 Peticionarios

Municipio de Bayamón, CC-2013-0605 representado por su Alcalde, Hon. Ramón Luis Rivera Cruz Parte Demandada-Peticionaria

Estado Libre Asociado de Puerto Rico Parte Demandada-Recurrida

Personas de nombres desconocidos B & C; Compañías Aseguradoras 2, 3 & 4

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2015. CC-2014-0400 cons. 2 CC-2014-0500 cons. CC-2014-0605

Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos que erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que el Departamento de Hacienda es parte indispensable en los recursos de epígrafe. Colegimos que la demanda contra tercero, regulada por la Regla 12.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, es el mecanismo que procede para traer a la referida agencia en estos pleitos. En estos casos, no hay duda de que están presentes los requisitos necesarios para que el Departamento de Hacienda pueda incluirse en estos pleitos como un tercero demandado.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo