Centro Para Reconstruccion Del Habitat v. Comite Evaluacion Y Disposicion

• Court: Tribunal De Apelaciones De Puerto Rico/Court of Appeals of Puerto Rico
• Decided: August 30, 2024
• Docket: KLRA202400344
• Status: Published

Opinion

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL ESPECIAL

CENTRO PARA LA REVISIÓN RECONSTRUCCIÓN DEL ADMINISTRATIVA HÁBITAT, INC. procedente de Comité de Recurrente KLRA202400344 Evaluación y Disposición de v. Bienes Inmueble del Gobierno de Puerto COMITÉ DE Rico EVALUACIÓN Y DISPOSICIÓN DE Sobre: BIENES INMUEBLE DEL Propuesta GOBIERNO DE PUERTO Descalificada para RICO la Adquisición del Plantel Escolar en Recurrido Desuso Jesús María Quiñones, San Juan

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez Bonilla Ortiz, la Jueza Mateu Meléndez y Prats Palerm.

Bonilla Ortiz, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2024.

Comparece ante este foro, el Centro para la

Reconstrucción del Hábitat, Inc. (CRH o “parte

recurrente”) y nos solicitan que revisemos una

determinación emitida por el Comité de Evaluación y

Disposición de Bienes Inmuebles del Gobierno de Puerto

Rico (CEDBI o “parte recurrida”) notificada el 29 de

abril de 2024. Mediante el referido dictamen, el CEDBI

descartó la solicitud de propuesta por falta de

cumplimiento con la entrega de la totalidad de

documentos requeridos. Además, determinó que no

cumplieron con proponer un negocio jurídico aceptado por

la reglamentación aplicable.

Por los fundamentos que se exponen a continuación,

CONFIRMAMOS el dictamen recurrido.

Número Identificador SEN2024 ______________ KLRA202400344 2

I.

Según surge del expediente, el 7 de febrero de 2024,

la Ing. Sylvette M. Vélez Conde (Ing. Vélez), Directora

Ejecutiva del CEDBI, le remitió una carta al Sr. Luis

Gallardo, Director del CRH, invitándolos a presentar una

propuesta en o antes del 25 de marzo de 2024 para el

desarrollo y ocupación del plantel escolar en desuso

Jesús María Quiñones ubicado en San Juan.1 Dicho

comunicado incluía los requisitos que debían cumplir

estrictamente, e indicaba que si había falta de

cumplimiento con la entrega de todos los documentos, la

solicitud o propuesta sería considerada incompleta, por

lo que, la descartarían y/o cancelarían.

Así las cosas, la parte recurrente envió su

propuesta del plantel escolar en desuso, Jesús María

Quiñones, junto con varios documentos.2

No obstante, el 29 de abril de 2024, la parte

recurrida le informó al CRH que la solicitud para

adquirir el plantel escolar en desuso había sido

descalificada.3 Esbozaron que, los documentos sometidos

no cumplieron con los requisitos establecidos. En

específico, alegaron que no cumplieron con especificar

el negocio jurídico, al no completar la Solicitud de

Compra. Asimismo, indicaron que la parte recurrente

interesaba comprar por un dólar ($1.00) el plantel

escolar, sería considerado un negocio jurídico de

donación o cesión, pero no era un negocio jurídico

contemplado por ellos.

1 RE: Plantel Escolar en Desuso Jesús María Quiñones, en San Juan, anejo II en el apéndice del recurso. 2 Proposal, anejo III en el apéndice del recurso. 3 Interés Plantel Escolar en Desuso Jesús María Quiñones, en San

Juan, anejo IV en el apéndice del recurso. KLRA202400344 3

En desacuerdo, el 14 de mayo de 2024, la parte

recurrente presentó una solicitud de reconsideración.4

Mediante la cual, sostuvieron que entregaron todos los

documentos solicitados, y que no entregaron la solicitud

de compraventa, únicamente porque de la propia

comunicación de CEDBI surgía que no era necesaria

presentar una oferta económica en esa etapa del proceso.

A su vez, alegaron que no procedía descalificar la

propuesta por razón de querer adquirir la propiedad por

el precio de un dólar ($1.00). Plantearon que, conforme

surge del Reglamento Núm. 9133, no se requiere como

condición indispensable para la aprobación de una venta

directa un precio igual al justo valor en el mercado.

El 5 de junio de 2024, el CEDBI emitió su

determinación respecto a la reconsideración,5 en la cual

reiteró que las instrucciones de la solicitud de

propuesta para la adquisición del plantel escolar en

desuso establecían puntualmente que de interesar

adquirir la propiedad tenían que completar y remitir la

forma de solicitud de compra. Así pues, arguyeron que

el presentar una oferta económica no equivalía a

completar la entrega del formulario. En cuanto al

segundo planteamiento, sobre la descalificación por el

precio de venta por un dólar ($1.00), establecieron que

iba en contra de la protección del principio a la libre

competencia, así como al propósito de allegar los

mayores recursos posibles al erario. Por ello,

determinaron denegar la solicitud de reconsideración.

4 RE: Solicitud de reconsideración sobre propuesta descalificada para la adquisición del plantel escolar en desuso Jesús María Quiñones, sito en San Juan, anejo V en el apéndice del recurso. 5 Asunto: Respuesta a solicitud de reconsideración a notificación

del CEDBI en el Proceso de Solicitud de Propuestas para el plantel escolar en desuso Jesús María Quiñones, en San Juan, anejo I en el apéndice del recurso. KLRA202400344 4

Aún inconforme, el 27 de junio de 2024, CRH

compareció ante este Foro y expuso los siguientes

señalamientos de error:

ERRÓ EL CEDBI AL DESCALIFICAR LA PROPUESTA PRESENTADA POR CRH PARA LA VENTA DIRECTA DEL PLANTEL ESCOLAR EN DESUSO JESÚS MARÍA QUIÑONES SITO EN SAN JUAN POR NO HABERSE ENTREGADO LA SOLICITUD DE COMPRA.

ERRÓ EL CEDBI AL DESCALIFICAR LA PROPUESTA PRESENTADA POR CRH PARA LA VENTA DIRECTA DEL PLANTEL ESCOLAR EN DESUSO JESÚS MARÍA QUIÑONES SITO EN SAN JUAN POR RAZÓN DE QUE SE PROPUSO EL PRECIO DE UN DÓLAR PARA LA ADQUISICIÓN DE LA PROPIEDAD.

El 2 de julio de 2024, emitimos una Resolución

concediéndole a la parte recurrida el término dispuesto

en el Reglamento de este Tribunal para que presentara su

alegato.

Así las cosas, el 5 de agosto de 2024, el CEDBI

presentó su oposición. A continuación, y con el

beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a disponer del recurso de epígrafe.

II.

-A-

La Ley 26 de 29 de abril de 2017, conocida como Ley

de Cumplimiento con el Plan Fiscal, 3 LPRA sec. 9461 et

seq. (Ley Núm. 26-2017) fue creada a los fines de

atemperar el marco legal y jurídico existente y dar el

más fiel cumplimiento al Plan Fiscal aprobado por la

Juna de Supervisión Fiscal. Respecto a la disposición

de bienes inmuebles, el referido estatuto establece que

la disposición será a base del justo valor en el mercado,

debidamente sustentado por un informe de valoración o

tasación. La precitada Ley expresa en su Artículo 5.07

que:

La disposición de bienes inmuebles de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico KLRA202400344 5

se regirá por un proceso que sea justo y transparente en el que se les brinden las mismas oportunidades a todos los participantes, salvaguardando siempre el interés y bienestar público. En ese tenor, toda disposición debe estar enmarcada en la consecución de los propósitos establecidos en esta Ley, manteniendo un balance entre la necesidad de allegar mayores recursos al estado, fomentar el desarrollo económico, procurar el bienestar de la sociedad y/o crear empleo.

El Comité dispondrá de los bienes inmuebles utilizando como base el justo valor en el mercado a ser determinado mediante el correspondiente procedimiento de evaluación y tasación o velando por la utilización de la propiedad para el beneficio del interés público. El Director Ejecutivo del Comité o su representante podrán fungir como agente autorizado para llevar a cabo cualquier transacción relacionada al título del bien inmueble. 3 LPRA sec. 9506.

-B-

El Reglamento Núm. 9133 del 9 de diciembre de 2019,

mejor conocido como el Reglamento Único para la

Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles de la Rama

Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico (Reglamento Núm.

9133-2019), tiene como propósito “establecer un

procedimiento eficiente y efectivo, con parámetros

uniformes para las disposiciones y transferencias de los

bienes inmuebles de la Rama Ejecutiva del Gobierno de

Puerto Rico.” Art. 1 (2) del Reglamento Núm. 9133-2019.

La Parte IV del precitado reglamento establece la

disposición de los planteles escolares en desuso. Por

ello, dispone que los planteles escolares en desuso se

deben dedicar a actividades para el bien común, y/o que

promuevan la activación del mercado de bienes inmuebles

y/o a economía en general.

El Artículo 13 del Reglamento Núm. 9133-2019,

dispone:

a. El Comité podrá autorizar la Disposición de un Plantel Escolar en Desuso, así como KLRA202400344 6

los términos y condiciones a los cual estará sujeta a la disposición.

b. El proceso para la Venta Directa de los Planteles Escolares en Desuso comenzará mediante la presentación de una Solicitud de Compra y una Propuesta, la cual remitirá al correo electrónico CEDBI@aafaf.pr.gov. No se aceptarán solicitudes de compra ni propuestas que no hayan sido remitidas a este correo electrónico.

c. Toda transacción de Venta Directa de un Plantel Escolar en Desuso deberá ser aprobada por el (la) Director(a) Ejecutivo (a) o por el Comité, según sea el caso.

d. El Titular o el Comité dispondrá de los Planteles escolares en Desuso mediante la formalización del Acuerdo Definitivo. El Comité o el (la) Director(a) Ejecutivo(a) evaluará la solicitud de Venta Directa del Plantel Escolar en Desuso utilizando como base el justo valor en el mercado a ser determinado mediante el correspondiente procedimiento de evaluación y tasación comisionada por el Solicitante o por el Comité o su Director(a) Ejecutivo(a), de ser necesario, velando por la utilización de la propiedad para el beneficio del interés público. Por tanto, no se requerirá como condición indispensable para la aprobación de una Venta Directa un precio igual al justo valor en el mercado, según determinado mediante una tasación formal comisionada por el Comité o por el (la) Director(a) Ejecutivo(a), o por el (la) Solicitante, en este último caso, según avalada por un tasador revisor designado por el Comité o el (la) Director(a) Ejecutivo(a). El Comité o su Director(a) Ejecutivo(a) aprobará o denegará la Venta Directa tras el balance de estos dos (2) intereses esbozados por la Ley regido por el siguiente criterio: Menor beneficio para el interés público mayor aproximación del precio al justo valor en el mercado.

[…]

Asimismo, el Artículo 14 del mencionado reglamento,

establece que toda persona natural o jurídica o Entidad

Gubernamental que interese adquirir un Plantel Escolar

en Desuso debe presentar una Solicitud de Compra, así

como una Propuesta que detalle el uso que le darían.

Añade que, el Comité proveerá un formulario de Solicitud

de Compra, el que será necesario para tramitar la KLRA202400344 7

solicitud que reciban, y el cual debe ser completado en

todas sus partes, y de recibirlo incompleto lo

devolverían al Solicitante. De igual forma, dispone que

el (la) Director(a) Ejecutivo(a) del Comité puede

requerir documentos e información adicional, que sean

necesarios para la evaluación de la solicitud o llevar

a cabo a transacción propuesta. No obstante, si la

Solicitud de Compra y Propuesta no cumple con los

requisitos legales y reglamentarios, el (la) Director(a)

Ejecutivo(a), lo notificará en un término no mayor de

quince (15) días.

-C-

Es norma conocida que los tribunales apelativos

debemos otorgar amplia deferencia a las decisiones

emitidas por las agencias administrativas, puesto que

estas cuentan con vasta experiencia y pericia para

atender aquellos asuntos que se les han sido delegados

por la Asamblea Legislativa. Oficina de Ética

Gubernamental v. Martínez Giraud, 210 DPR 79, 88-89

(2022); Super Asphalt v. AFI y otros, 206 DPR 803, 819

(2021); Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 202 DPR

117, 126 (2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201

DPR 26, 35 (2018); Torres Rivera v. Policía de PR, 196

DPR 606, 626 (2016). Por estas razones, dichas

determinaciones suponen una presunción de legalidad y

corrección, que a los tribunales nos corresponde

respetar, mientras la parte que las impugne no presente

prueba suficiente para derrotarlas. Oficina de Ética

Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Batista, Nobbe

v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 216 (2012). No

obstante, tal norma no es absoluta, por ello nuestro

Máximo Foro ha enfatizado que no podemos imprimirle un KLRA202400344 8

sello de corrección, so pretexto de deferencia a las

determinaciones administrativas que sean irrazonables,

ilegales o contrarias a derecho.

En Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, supra,

nuestro Tribunal Supremo resumió las normas básicas en

torno al alcance de la revisión judicial de la forma

siguiente:

Los tribunales deben deferencia a las decisiones de una agencia administrativa, pero tal deferencia cederá cuando: (1) la determinación administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) el ente administrativo erró en la aplicación o interpretación de las leyes o reglamentos que se le ha encomendado administrar; (3) el organismo administrativo actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando determinaciones carentes de una base racional, o (4) la actuación administrativa lesionó derechos constitucionales fundamentales. Es importante destacar que, si el tribunal no se encuentra frente a alguna de esas situaciones, aunque exista más de una interpretación razonable de los hechos procede que se valide la interpretación que realizó la agencia administrativa recurrida. Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, supra, pág. 628

Del mismo modo, la Sección 4.5 de la Ley Núm. 38

del 30 de junio de 2017, 3 LPRA 9675, conocida como la

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

Gobierno de Puerto Rico (LPAU), estableció el marco de

revisión judicial de las agencias administrativas.

Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra. La

intervención del tribunal se limita a tres (3) áreas, a

saber: (1) si el remedio concedido por la agencia fue

apropiado; (2) si las determinaciones de hecho que

realizó la agencia están sostenidas por evidencia

sustancial que obra en el expediente administrativo

visto en su totalidad, y (3) si las conclusiones de

derecho del ente administrativo fueron correctas. Sec. KLRA202400344 9

4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675. Véase, además: Oficina

de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Torres

Rivera v. Policía de PR, supra; Nobbe v. Jta. Directores,

supra.

Ahora bien, los tribunales deberán brindarle

deferencia a las interpretaciones que la agencia realice

de aquellas leyes particulares que administra. Rolón

Martínez v. Supte. Policía, supra; Torres Rivera v.

Policía de PR, supra. Esto, pues nuestro Tribunal

Supremo ha dispuesto que la deferencia que le deben los

tribunales a la interpretación que haga el ente

administrativo sobre aquellas leyes y reglamentos que le

corresponde poner en vigor, cede si la agencia: (1) erró

al aplicar la ley; (2) actuó arbitraria, irrazonable o

ilegalmente, o (3) lesionó derechos constitucionales

fundamentales. Íd.; Oficina de Ética Gubernamental v.

Martínez Giraud, supra.

Finalmente, destacamos que el criterio

administrativo no podrá prevalecer en aquellas

instancias donde la interpretación estatutaria realizada

por una agencia provoque un resultado incompatible o

contrario al propósito para el cual fue aprobada la

legislación y la política pública que promueve. Lo

anterior ya que la deferencia judicial al expertise

administrativo, concedido cuando las agencias

interpretan la ley, tiene que ceder ante actuaciones que

resulten irrazonables, ilegales o que conduzcan a la

comisión de una injusticia. Íd.

III.

En el caso de autos, la parte recurrente alega,

como primer error, que el CEDBI incidió al descalificar

su propuesta por no haber entregado la Solicitud de KLRA202400344 10

Compra. Sostienen que, entregaron todos los documentos

solicitados y que, si no entregaron la Solicitud de

Compraventa, se debía únicamente a que, según la carta,

no era necesario presentar una oferta económica en dicha

etapa del proceso. Aun así, esbozaron que tenían el

documento en completa disposición para entregarlo, y fue

la parte recurrida quien no lo solicitó y procedió a

descalificar su solicitud.

Por su parte, el CEDBI esboza que su determinación

está sustentada en la reglamentación, puesto que, del

propio texto del Reglamento surge que el proceso de la

Venta Directa de los Planteles Escolares en Desuso

comenzaría con la presentación de una Solicitud de

Compra y una Propuesta. Asimismo, aducen que, aunque no

requirieron una oferta económica para la venta de la

propiedad, eso no impedía a la parte interesada de tener

que cumplir con los procesos provistos para ese tipo de

transacción.

En cuanto al segundo planteamiento de error, CRH

alega que incidió el CEDBI al descalificar o denegar su

solicitud por razón de querer adquirir el Plantel

Escolar en Desuso por el precio de un dólar ($1.00).

Arguyen que, según el Artículo 13(d) del Reglamento Núm.

9133, supra, éste no requiere como condición

indispensable para la aprobación de una venta directa,

un precio igual al justo valor en el mercado. A su vez,

alegan que el CEDBI debió tomar en cuenta varios

aspectos, entre ellos: el nivel de inversión para las

mejoras y el número de empleos que se generaría. Por

ello, reiteran que una disposición por debajo de

tasación está justificada si es en beneficio del

bienestar e interés público. KLRA202400344 11

La parte recurrida aduce que el interés del CRH en

adquirir el Plantel Escolar en Desuso por un dólar

($1.00) promueve una donación o cesión de propiedad, en

lugar de una venta. Asimismo, reiteran que el Reglamento

Núm. 9133-2019, no contempla un escenario de donación o

cesión para propósitos de un negocio jurídico para

ocupar o desarrollar una propiedad a través de un proceso

de solicitud de propuestas. Añadieron que, de tomar en

consideración dicha oferta económica, no estaría acorde

con el principio de libre competencia y el de allegar

mayores fondos al erario.

Conforme al derecho discutido anteriormente, para

que una personal natural o jurídica pueda adquirir

mediante Venta Directa un Plantel Escolar en Desuso,

deberá presentar una Solicitud de Compra y una

Propuesta, la cual detallará el uso que proponen

brindarle. Asimismo, la Solicitud de Compra debe ser

cumplimentada en todas sus partes, y de estar

incompleta, el Comité la devolverá.

En el caso de autos, la parte recurrente nunca

entregó la Solicitud de Compra, por lo que, incumplió

con uno de los requisitos para formalizar la solicitud

y propuesta para adquirir el plantel escolar en

controversia.

En cuanto al segundo error presentado por CRH,

tanto la Ley Núm. 26-2017, supra, como el Reglamento

Núm. 9133-2019, supra, establecen que el CEDBI dispondrá

de los bienes inmuebles utilizando como base el justo

valor en el mercado a ser determinado mediante el

correspondiente procedimiento de evaluación y tasación

o velando por la utilización de la propiedad para el

beneficio del interés público. A su vez, el Reglamento KLRA202400344 12

Núm. 9133-2019, supra, dispone que no es indispensable

para la aprobación de una Venta Directa un precio igual

al justo valor en el mercado, pero, a su vez, deberán

tomar en consideración el criterio del menor beneficio

para el interés público mayor aproximación del precio al

justo valor en el mercado.

Surge del expediente que CRH presentó su propuesta

de adquisición del plantel escolar en desuso por el

precio de un dólar ($1.00). Sin embargo, dicho valor

aparenta ser una propuesta de donación o cesión, y el

precitado reglamento no las contempla como opciones para

adquirir un plantel escolar en desuso a través del

proceso de solicitud de propuestas. Así pues, la

propuesta de la parte recurrente incumple con los

requisitos que requieren las disposiciones legales.

Por lo que, concluimos que el CEDBI no cometió

ninguno de los errores imputados, y la decisión respecto

a la denegatoria de la solicitud del DRH fue conforme a

derecho.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS el

dictamen recurrido.

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís Secretaria del Tribunal de Apelaciones