Capital Management Group, LLC Como Agente De Jefferson Capital Systems, LLC v. Awilda Ortiz Rodríguez
Opinion
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA TRIBUNAL DE APELACIONES
PANEL VII
CAPITAL MANAGEMENT APELACIÓN GROUP, LLC COMO procedente del Tribunal AGENTE DE JEFFERSON de Primera Instancia, CAPITAL SYSTEMS, LLC Sala Superior de DEMANDANTE(S)-APELADA(S) HUMACAO1
V. TA2025AP00284 Caso Núm.:
LP2025CV00055
AWILDA ORTIZ RODRÍGUEZ Sobre:
DEMANDADA(S)-APELANTE(S)
Cobro de Dinero (ordinario)
Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la Juez Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón.
Barresi Ramos, juez ponente
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, hoy día 13 de noviembre de 2025.
Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, la señora AWILDA
ORTIZ RODRÍGUEZ (señora ORTIZ RODRÍGUEZ) mediante Certiorari incoado el
8 de agosto de 2025. En su recurso, nos solicita que revisemos la Sentencia
emitida el 7 de julio de 2025 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala
Superior de Humacao.2 En dicha decisión, se declaró con lugar la Demanda
sobre cobro de dinero ordinario interpuesta el 31 de marzo de 2025 por
CAPITAL MANAGEMENT GROUP, LLC (CAPITAL), como agente gestor de
JEFFERSON CAPITAL SYSTEMS, LLC (JCAP); se ordenó a la señora ORTIZ
RODRÍGUEZ pagar la cantidad de $18,120.58 por concepto de balance
1 Véase Resolución decretada el 21 de agosto de 2025. 2 Este dictamen judicial fue notificado y archivado en autos el 9 de julio de 2025. Apéndice del Certiorari, entrada núm. 7 del expediente electrónico del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC-TA).
adeudado de tarjeta de crédito; y se apercibió que de no efectuarse el pago,
CAPITAL tendría derecho a interpelar la ejecución de la Sentencia.
Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompañan a la
presente controversia.
-I-
El 31 de marzo de 2025, CAPITAL instó una Demanda sobre cobro de
dinero ordinario contra la señora ORTIZ RODRÍGUEZ.3 En esencia, CAPITAL
adujo que la señora ORTIZ RODRÍGUEZ le adeudaba una suma ascendente a
$18,120.58 que estaba vencida, líquida y exigible. Surge del expediente que el
Emplazamiento dirigido a la señora ORTIZ RODRÍGUEZ se diligenció el 16 de
mayo de 2025.4
El 23 de junio de 2025, se prescribió una Orden requiriéndole a
CAPITAL informar el curso de acción a seguir en el caso.5 Ante tal exigencia,
el 2 de julio de 2025, CAPITAL presentó una Solicitud de Anotación de Rebeldía
y Sentencia en la cual imploró que ante la incomparecencia de la señora
ORTIZ RODRÍGUEZ se le anotara la rebeldía y se procediera a dictar sentencia
de conformidad. 6
El 7 de julio de 2025, notificada el 9 de julio 2025, se decidió la
Sentencia impugnada. En la misma, se dispusieron las siguientes
determinaciones de hechos:
1. La parte demandada solicitó y recibió de Navy Federal Credit Union en concepto de deudor, una Tarjeta de Crédito. 2. En el curso ordinario de los negocios, la parte demandante adquirió mediante cesión todos los derechos, títulos e intereses sobre dicha cuenta. Consecuentemente, la parte demandada es tenedora y dueña de la cuenta reclamada, se subroga en los derechos del acreedor original y es la sucesora en interés de los términos y condiciones atados a dicha cuenta. 3. La cuenta de la parte demandada refleja un balance actual adeudado de $18,120.58. 4. La deuda reclamada está vencida, es líquida y exigible. 5. La parte demandante ha realizado esfuerzos razonables para obtener el pago de la suma adeudada, que incluyen, pero no se limitan, a llamadas telefónicas y/o cartas.
3 Apéndice del Certiorari, entrada núm. 1 del expediente electrónico del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC-TA). 4 Apéndice del Certiorari, entrada núm. 3 del expediente electrónico del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC-TA). 5 Entrada Núm. 5 del expediente electrónico del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC-TPI). 6 Entrada Núm. 6 del expediente electrónico del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC-TPI).
6. A pesar de los esfuerzos razonables, la parte demandada no ha efectuado el pago total de la deuda reclamada. 7. Las cuantías adeudadas no han sido satisfechas o pagadas.
El 7 de agosto de 2025, la señora ORTIZ RODRÍGUEZ presentó su Moción
en Solicitud de Relevo de Sentencia.7 En pocas palabras, la señora ORTIZ
RODRÍGUEZ alegó que no procedía la anotación de rebeldía debido a que
CAPITAL no notificó correctamente la cuantía del adeudo. Esto es, que
CAPITAL había notificado tres (3) cantidades distintas, por lo que, era
necesario pasar prueba para el tribunal evaluar la evidencia sobre la liquidez
del pasivo y determinar el débito real.
Al día siguiente, el 8 de agosto de 2025, la señora ORTIZ RODRÍGUEZ
recurrió ante este foro intermedio por medio de un recurso de Certiorari
señalando el(los) siguiente(s) error(es):
Erró el Honorable Tribunal de Humacao al emitir una Sentencia en Rebeldía en cuanto a la demanda presentada por la parte recurrida – demandante. Toda vez que la demanda trata sobre una reclamación de cobro de dinero y dicha reclamación envuelve el fijar el importe líquido de una cuantía y el Tribunal de Primera Instancia viene obligado a evaluar ambas reclamaciones en sus méritos.
Entonces, el 26 de agosto de 2025, pronunciamos Resolución
concediéndole un término de treinta (30) días para presentar su alegato en
oposición a CAPITAL. Al día de hoy, CAPITAL no ha presentado contención
alguna.
Evaluado concienzudamente el expediente del caso, nos encontramos
en posición de adjudicar. Presentamos las normas de derecho pertinentes a
las(s) controversia(s) planteada(s).
- II -
- A - Jurisdicción
La jurisdicción es el poder o autoridad que tiene un tribunal para
considerar y decidir los casos y controversias.8 En consecuencia, la falta de
7 Apéndice del Certiorari, entrada núm. 8 del expediente electrónico del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC-TA). 8 Municipio de Aguada v. W. Construction, LLC y otro, 2024 TSPR 69; FCPR v. ELA et al., 211 DPR 521 (2023); Cobra Acquisitions v. Mun. Yabucoa et al., 210 DPR 384, 394 (2022).
jurisdicción de un tribunal incide directamente sobre su poder para adjudicar
una polémica.9
Es por ello, que los tribunales deben ser celosos guardianes de su
jurisdicción dado que los asuntos relacionados con esta son privilegiados y
deben atenderse con prioridad.10 Aun en ausencia de un señalamiento por
alguna de las partes, la falta de jurisdicción puede ser considerada motu
proprio por los tribunales. Por tratarse de una cuestión de umbral en todo
procedimiento judicial, si un tribunal carece de jurisdicción, solo resta así
declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de la
controversia.11
La ausencia de jurisdicción, por tanto, acarrea las siguientes
consecuencias: “(1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden
voluntariamente conferírsela a un tribunal como tampoco puede éste
arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a
los tribunales el ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) impone
a los tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro de donde
procede el recurso; y (6) puede presentarse en cualquier etapa de los
procedimientos, a instancia de las partes o por el tribunal motu proprio”.12
Un recurso presentado antes del tiempo correspondiente
(prematuro), al igual que el presentado luego del plazo aplicable (tardío),
“adolece del grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal
al cual se recurre”.13 En ambos casos, su presentación carece de eficacia y no
produce ningún efecto jurídico.14
La Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, sobre
desistimiento y desestimación, faculta a este Tribunal para que, a iniciativa
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