Camacho Rivera v. Richard Mitchell, Inc.,et Al.

2019 TSPR 54

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: March 27, 2019
• Docket: AC-2015-93
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Annette Camacho Rivera, et. al. 2019 TSPR 54 Peticionarios 202 DPR ____ v.

Richard Mitchell, Inc., et. al. Certiorari

Recurridos

Número del Caso: AC-2015-93

Fecha: 27 de marzo de 2019

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan, Panel III

Abogado de la parte peticionaria:

Lcdo. Ramón Díaz Gómez

Abogados de la parte recurrida:

Lcdo. Miguel Sagardía De Jesús Lcdo. José J. Lamas Rivera

Materia: Sentencia con Opinión de Conformidad y Opinión Disidente

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Annette Camacho Rivera, et al.

Peticionarios

v. AC-2015-0093 Certiorari

Richard Mitchell, Inc., et al.

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2019.

Examinado el recurso presentado por los peticionarios, se dicta Sentencia mediante la cual se revoca la Sentencia del Tribunal de Apelaciones emitida el 30 de junio de 2015 y notificada el 9 de julio de 2015.

Notifíquese inmediatamente.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió una Opinión de Conformidad, a la cual se unieron la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y los jueces asociados señores Kolthoff Caraballo y Rivera García. El Juez Asociado señor Colón Peréz emitió una Opinión Disidente, a la cual se unieron la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y los Jueces Asociados señores Martínez Torres y Feliberti Cintrón.

José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado señor Estrella Martínez, a la cual se unen la Jueza Asociada señora Pabón Charneco, el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo y el Juez Asociado señor Rivera García.

Estoy conforme con la determinación que hoy emite

este Tribunal. Sin embargo, el presente caso nos brinda

la oportunidad para aclarar los contornos de la

responsabilidad civil extracontractual de los

comerciantes, por los actos criminales de un tercero

contra un cliente, en el contexto de clubes de

entretenimiento nocturnos y discotecas. Ello, bajo el

marco del Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico,

infra. En consecuencia, entiendo apropiado abundar sobre

la norma pautada en J.A.D.M. v. Centro Com. Plaza

Carolina, infra, y auscultar si la misma requiere que se

prueben, como elemento indispensable, actos delictivos

previos en el área cercana al comercio donde ocurre un

acto criminal que provoca cierto daño.

Con ello en mente, procedo a puntualizar el contexto

fáctico procesal en el cual se desarrolla la controversia

ante nos. AC-2015-0093 2

I

El caso de epígrafe tuvo su génesis el 29 de septiembre

de 2008, cuando el joven Félix Daniel Cotto Camacho (joven

Cotto Camacho) fue asesinado, por otro cliente que le

disparó a la cabeza, en el interior del Club Lazer.

A raíz de ello, el 4 de marzo de 2009, la madre del

joven Cotto Camacho, la Sra. Annette Camacho Rivera (señora

Camacho Rivera o peticionaria), entabló una demanda, por sí

y en representación de sus hijos menores de edad, contra el

referido negocio y su respectiva aseguradora. En ella, la

señora Camacho Rivera reclamó una indemnización por los

daños sufridos, por consecuencia de las angustias mentales

que ésta y sus hijos sufrieron por la muerte del joven

Cotto Camacho. A su vez, como causa heredada, reclamó los

sufrimientos del fenecido. Fundamentó la demanda en que el

Club Lazer fue negligente al no tomar las medidas

preventivas necesarias para evitar que personas con armas

de fuego entraran al local y la utilizaran para ultimar a

otra persona, según sucedió en el presente caso.

En su contestación, el Club Lazer se limitó a alegar que

carecía de responsabilidad civil, pues no había nexo

causal. Asimismo, planteó que, como comerciante y tomando

en consideración la naturaleza de su comercio, fue

diligente en proveer a sus visitantes la seguridad y

protección necesaria.

De esa forma, el 14 de noviembre de 2011, se celebró el

juicio en su fondo, en el cual la parte demandante presentó AC-2015-0093 3

como testigos a los jóvenes Jorge Navarro Pizarro (joven

Navarro Pizarro),1 Jean C. Barada Santiago (joven Barada

Santiago), Giovanny Rosa Báez (joven Rosa Báez)2 y a Kevin

G. López Carrasquillo (joven López Carrasquillo). A tales

efectos, los testigos antes mencionados declararon sobre

los hechos ocurridos durante la noche en la cual el joven

Cotto Camacho fue asesinado.

En lo pertinente a la controversia ante nos, el joven

Navarro Pizarro declaró que esa noche visitó el Club Lazer

por quinta vez; que en la entrada de la discoteca las

personas encargadas de la seguridad le efectuaron un

registro manual únicamente desde el área de la cintura

hasta los tobillos; que entró a la discoteca a pesar de

poseer sustancias controladas; que consumió las mismas en

el área VIP de la discoteca, y que le fueron vendidas

bebidas alcohólicas, a pesar de éste ser menor de edad al

momento de los hechos.3

Por su parte, el joven Barada Santiago declaró que era

la quinta o sexta vez que asistía al Club Lazer; que fue

registrado manualmente por las personas encargadas de la

seguridad del local únicamente en los bolsillos y en los

zapatos, y con un detector de metal en el área de la

1Para la fecha de los hechos, el joven Jorge Navarro Pizarro contaba con diecisiete años de edad. Sentencia, Apéndice de la Apelación, pág. 574. 2Para la fecha de los hechos, el joven Giovanny Rosa Báez contaba con dieciséis años de edad. Íd. 3Íd., págs. 574-575 y 745. AC-2015-0093 4

cintura; que al entrar a la discoteca y subir las escaleras

se percató que se había formado una pelea, distinta al

evento en que fue asesinado el joven Cotto Camacho, y que,

previo a esa pelea, no habían personas encargadas de la

seguridad en el área VIP, pero que éstas llegaron luego de

ese altercado.4

Luego el joven Rosa Báez procedió a declarar. Éste

testificó que para el momento de los hechos sólo tenía unos

dieciséis años de edad; que no era la primera vez que había

asistido a esa discoteca; que cuando entró al lugar, fue

directo a la barra para comprar bebidas alcohólicas; que

logró comprar y beber tantas bebidas alcohólicas en el

local que vomitó por el exceso de éstas, y que sólo

recordaba ver personas encargadas de la seguridad en la

entrada del Club Lazer, mas no en algún otro lado.5 Por

último, testificó el joven López Carrasquillo. En lo

concerniente al registro, éste declaró que en la entrada de

la discoteca sólo le registraron la cintura de forma

manual, sin el uso de un detector de metal.6

Culminado el desfile de la prueba por parte de la señora

Camacho Rivera, el 15 de noviembre de 2011, el foro

primario desestimó la demanda, por entender que la

peticionaria no presentó prueba suficiente para probar su

caso. Inconforme, la señora Camacho Rivera apeló la

4Íd., págs. 576-577 y 745. 5Íd., págs. 382, 577-578 y 745. 6Íd., págs. 382 y 578 AC-2015-0093 5

referida determinación ante el Tribunal de Apelaciones. Ese

foro, el 31 de mayo de 2012, dictó sentencia en la cual

revocó la determinación del Tribunal de Primera Instancia,

no sin antes concluir lo siguiente:

En el caso de autos, el daño ocasionado era previsible y evitable de haberse realizado a tiempo la acción omitida, en este caso, el registro adecuado de las personas antes de entrar al Club Lazer. [Éste] fue negligente al permitir que entraran personas armadas al Club Lazer. Así, incumplió con su deber legal de mantener unas condiciones de seguridad razonables en su establecimiento y de prever que el permitir que entraran personas con armas de fuego acarreaba un alto potencial de que se les pudiera causar daños a los clientes allí presentes, como ocurrió en el caso de autos. Por lo dicho, concluimos que el Club Lazer propició o facilitó con un registro descuidado y negligente que entrara, al menos, una persona con un arma de fuego al lugar; permitió que se consumiera alcohol en exceso, incluso por menores de edad, hasta provocarles vómito; y que se utilizaran sustancias controladas en el lugar que, mezcladas con alcohol, podían alterar la conducta o comportamiento de los parroquianos. Lazer debió conocer lo que ocurría en su local respecto a la venta de alcohol a menores de edad y el uso de drogas . . . . Ese ambiente permisivo pudo propiciar las condiciones que degeneraron en una pelea entre parroquianos, en medio de la cual uno de ellos sacó el arma de fuego que introdujo al local, luego de burlar la vigilancia de la entrada, y mató al hijo y hermano de los apelantes. En fin, resolvemos que esa combinación de factores descritos, probados en el juicio o, al menos, no refutados de manera preponderante por la parte apelada, constituían un cóctel explosivo y peligroso para los presentes en cualquier lugar. El cotejo de metales o armas de fuego negligente, el estipendio de alcohol a clientes menores de edad, generalmente inmaduros y con temperamento volátil, más la anuencia o permisión de los encargados respecto al uso de sustancias controladas por los parroquianos, pudieron contribuir a la causa adecuada de la muerte del joven Félix Daniel Cotto Camacho. Si el Club Lazer hubiese realizado una inspección adecuada de sus clientes, antes de AC-2015-0093 6

estos entrar a la discoteca, hubiese evitado el daño ocurrido en este caso, es decir, que una persona armada entrara y disparara contra otra, en este caso, el joven Félix Daniel. Concluimos, pues, que de la prueba que tuvo ante sí el Tribunal de Primera Instancia, ese foro podía hacer una inferencia razonable de negligencia por parte del Club Lazer, sobre todo al no hacer un registro efectivo de las personas que asistían a ese Club, y resolver que esa omisión contribuyó a la ocurrencia de la muerte del joven Félix Daniel. Al desestimar el caso por insuficiencia de la prueba, resolvemos que el Tribunal de Primera Instancia erró en la aplicación del derecho a la prueba que tuvo ante sí.7

Consecuentemente, el Club Lazer solicitó

reconsideración, con tal de que se le permitiera presentar

evidencia a su favor. Ante esa solicitud, el 29 de junio de

2012, el Tribunal de Apelaciones enmendó sus expresiones a

esos particulares. Devuelto el caso al Tribunal de Primera

Instancia, éstos intentaron presentar como única prueba a

su favor, el testimonio de la Sra. Karl Haakensen (señora

Haakensen), gerente del Club Lazer al momento de los

hechos. No obstante, al no dar con el paradero de ésta,

intentaron sustituir su testimonio por una deposición. A

esos efectos, le solicitaron al foro primario que se

considerara como testigo no disponible a la señora

Haakensen. La referida solicitud fue declarada sin lugar,

puesto que, como se desprende del expediente, las gestiones

realizadas por los recurridos fueron insuficientes.

Así las cosas, el 19 de agosto de 2014 el foro primario

dictó sentencia en la cual declaró con lugar la demanda

7Íd., págs. 388-389. AC-2015-0093 7

presentada. Por consiguiente, concedió una indemnización de

$75,000 a la señora Camacho Rivera y $25,000 a cada hijo de

ésta por los sufrimientos causados por el asesinato del

joven Cotto Camacho dentro del Club Lazer.

Inconformes con ese proceder, ambas partes recurrieron

al Tribunal de Apelaciones solicitando revisión de la

sentencia emitida por el foro primario. En lo pertinente,

la señora Camacho Rivera solicitó revisión en torno a las

cuantías otorgadas y el Club Lazer en lo referente a que

éste carecía de responsabilidad civil frente a la

peticionaria, ya que no fue negligente en el manejo de su

establecimiento. Consolidados ambos recursos, el foro

apelativo intermedio revocó la sentencia recurrida al

concluir que el Tribunal de Primera Instancia se basó en

conclusiones de hechos especulativas; que los daños

alegados no eran previsibles, y que la peticionaria no pasó

prueba alguna sobre actos delictivos previos en el Club

Lazer o áreas aledañas que tendieran a demostrar la

previsibilidad de los daños.

Ante el proceder del Tribunal de Apelaciones, la señora

Camacho Rivera acude ante nos, mediante recurso de

apelación, y solicita la revocación de la sentencia.

Sostiene que el mencionado foro judicial erró al determinar

que el Club Lazer no fue negligente en el manejo de su

comercio. Asimismo, arguye que la sentencia emitida, el 31

de mayo de 2012, por el foro apelativo intermedio

constituye la ley del caso, por lo que no procede la AC-2015-0093 8

revocación de la determinación del Tribunal de Primera

Instancia.

Expuesto el contexto fáctico y procesal de la

controversia y contando con el beneficio de ambas partes,

procedo a exponer el marco jurídico aplicable a la

controversia ante nuestra consideración.

II

A.

Sabido es que, de ordinario, el Art. 1802 del Código

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5141, funge como la base

jurídica para determinar si el actor de cierta conducta que

ocasione un daño responde por responsabilidad civil

extracontractual. El precitado Artículo establece, en lo

pertinente, que “[e]l que por acción u omisión causa daño a

otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a

reparar el daño causado.” Íd. A esos efectos, hemos

sostenido que para que prospere una causa de acción en

virtud del Art. 1802, supra, es necesario que concurran

tres elementos, a saber: (1) un acto u omisión culposa o

negligente; (2) relación causal entre el acto u omisión

culposa o negligente y el daño siendo reclamado, y (3) un

daño real. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843

(2010); López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 150 (2006).

En cuanto al primer elemento, hemos establecido que “el

concepto de la culpa . . . es tan infinitamente amplio como

la conducta de los seres humanos e incluye cualquier falta

de una persona que produce un mal o un daño”. López v. AC-2015-0093 9

Porrata Doria, supra, pág. 150. Asimismo, hemos sostenido

que los conceptos de culpa y negligencia equivalen al

incumplimiento con el deber de cuidado. Lo que a su vez

concierne, en esencia, en no anticipar o prever las

probables consecuencias de los actos, que hubieran sido

previstas por una persona prudente y razonable. Nieves Díaz

v. González Massas, supra, pág. 844; López v. Porrata

Doria, supra, pág. 151; Valle v. E.L.A., 157 DPR 1, 18

(2002); Ramos v. Carlo, 85 DPR 353, 358 (1962). Lo anterior

no exige imaginar de manera precisa la universalidad de

consecuencias que pueden surgir por determinada conducta.

Pons v. Engebretson, 160 DPR 347, 355 (2003). “Lo esencial

es que exista un deber de prever, de forma general, las

consecuencias de determinada clase”. Íd. A tales efectos,

hemos recurrido a la figura del buen padre de familia, o la

persona prudente y razonable, para fines de determinar cómo

debe obrar una persona de diligencia normal u ordinaria, en

virtud de unas circunstancias particulares. Nieves Díaz v.

González Massas, supra, pág. 844; López v. Porrata Doria,

supra, págs. 150-151.

Por tanto, si el daño causado era previsible, habrá

responsabilidad; si no lo era, se considerará un evento

fortuito. Pons v. Engebretson, supra. Ahora bien, también

hemos indicado que el deber de cuidado y de prever los

posibles daños no se extiende a cualquier peligro

imaginable que pueda ocasionar un perjuicio, sino que más

bien debe estar basado en probabilidades, no en meras AC-2015-0093 10

posibilidades. López v. Porrata Doria, supra, págs. 164-

165.

Por otro lado, el segundo elemento requiere que entre el

daño causado y el acto u omisión culposa o negligente haya

un nexo causal, entiéndase, causa adecuada. La teoría de la

causalidad adecuada dispone que “no es causa toda condición

sin la cual no se hubiera producido el resultado, sino la

que ordinariamente lo produce según la experiencia

general”. Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR

170, 186 (2008). Es decir, “un daño podrá ser considerado

como el resultado probable y natural de un acto u omisión

negligente si luego del suceso, al mirarlo

retrospectivamente, el daño parece ser la consecuencia

razonable y común de la acción u omisión”. Pons v.

Engebretson, supra, págs. 355-356; Hernández Vélez v.

Televicentro, 168 DPR 803, 815 (2006). A esos efectos,

hemos sostenido que “[l]a doctrina de la causalidad

adecuada requiere de índices o criterios fundados en la

experiencia y el conocimiento de causas y efectos para

darle contenido”. (Énfasis suplido). López v. Porrata

Doria, supra, págs. 166-67.

Por último, para que prospere una causa de acción en

nuestro ordenamiento jurídico es necesario que,

efectivamente, ocurra un daño. Éste, para fines

extracontractuales, se refiere a “todo menoscabo material o

moral causado contraviniendo una norma jurídica, que sufre

una persona y del cual haya de responder otra”. J. Puig AC-2015-0093 11

Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch,

1983, T. 2, Vol. 3, pág. 92. Véase, además, Sagardía De

Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo., 177 DPR 484, 505 (2009). Por lo

tanto, ante la inexistencia de un daño, no existe la

obligación de indemnizar. López v. Porrata Doria, supra,

pág. 151.

B.

Lo anterior cobra mayor relevancia en el contexto de

establecimientos comerciales. Es norma reiterada que cuando

un comerciante mantiene abierto al público un lugar, con el

propósito de llevar a cabo actividades económicas para su

beneficio, éste asume el deber de mantener ese espacio en

condiciones óptimas de seguridad que evite que un cliente

sufra daño alguno. Colón y otros v. K-mart y otros, 154 DPR

510, 518 (2001). En cuanto a ese deber, hemos resaltado que

el mismo “implica que el dueño u operador debe de ejercer

un cuidado razonable para mantener la seguridad de las

áreas accesibles al público, para que, de ese modo, se

evite que sus clientes sufran algún daño”. (Énfasis

suplido). Íd. De igual forma, “los propietarios de

establecimientos comerciales son responsables por los daños

ocasionados a causa de aquellas condiciones peligrosas

existentes, siempre que éstas sean conocidas por los

propietarios o su conocimiento le sea imputable”. (Énfasis

suplido). Íd. Lo anterior no implica que el dueño de un

establecimiento comercial asuma responsabilidad absoluta

frente a cualquier daño recibido por un cliente dentro de AC-2015-0093 12

su negocio. Íd. Por lo tanto, la persona que haya sufrido

un daño en un establecimiento comercial debe probar que ese

daño “se debió a la existencia de una condición peligrosa,

que esa condición fue la que con mayor probabilidad

ocasionó el daño y que ésta era conocida por el demandado,

o que debió conocerla”. (Énfasis suplido). Íd., pág. 519.

Es decir, la persona no tiene que saber necesariamente de

la condición peligrosa, sino que basta con que ésta debió

conocerse. Claro está, su desconocimiento no puede ser

producto de la falta de diligencia.

C.

Por otra parte, en J.A.D.M. v. Centro Com. Plaza

Carolina, 132 DPR 785 (1993), analizamos los contornos

sobre en cuáles instancias responde un comerciante por los

actos criminales de un tercero contra un cliente. En primer

término, expusimos que “aunque como regla general no existe

un deber de proteger a otros de actos criminales de

terceros, existen situaciones en que responde un demandado

por los actos delictivos de un tercero contra el

demandante”. Íd., pág. 797. En ese sentido, las

controversias que surjan a la luz de lo anterior se

evaluarán conforme a las doctrinas de negligencia y la

previsibilidad del riesgo. Íd. Además, en lo pertinente a

la controversia ante nos, establecimos que:

[S]e puede colegir que para poder responsabilizar a un . . . [comercio] por los actos delictivos de un tercero cometidos contra un cliente en sus predios, debe haber un quebrantamiento del deber de proveer adecuada y razonable vigilancia. Este deber se basa en la AC-2015-0093 13

naturaleza de la actividad llevada a cabo en un. . . [comercio] y en la previsibilidad de actos delictivos que depende, a su vez, del conocimiento de actos delictivos previos en el . . . [comercio] o de circunstancias que hagan que una persona prudente y razonable pueda anticipar la ocurrencia de tales actos. El quebrantamiento de este deber dependerá de si las medidas tomadas fueron o no adecuadas. La adecuacidad de las medidas adoptadas a su vez dependerá, entre otras cosas, de: (1) la naturaleza del . . . [establecimiento comercial] y las actividades que allí se llevan a cabo; (2) la naturaleza de la actividad criminal que se esté registrando en el área del . . . [comercio], y (3) si las medidas de seguridad que se adopten son razonables y van dirigidas a minimizar la posibilidad de que los patrocinadores del . . . [establecimiento comercial] sufran daños causados por la actividad criminal intencional de terceros. (Énfasis y subrayado suplido) Íd., pág. 801.

Así, existen instancias particulares, las cuales

desembocan en responsabilidad por parte del comerciante por

los actos de un tercero. A tales efectos, hemos expresado

que:

[E]xisten ciertas actividades específicas que conllevan un deber especial de vigilancia, cuidado y protección de quien las lleve a cabo hacia el público en general o hacia ciertas personas en particular. Esta responsabilidad, que genera un deber de cuidado mayor del exigible a una persona cualquiera, se fundamenta en las circunstancias de la situación — entiéndase, el tiempo, el lugar y las personas— y en las exigencias de la obligación particular en la que se sitúan los involucrados. (Énfasis suplido). Administrador v. ANR, 163 DPR 48, 60 (2004)

Como resultado, “habrá responsabilidad sólo si el

demandado es negligente en no tomar precauciones contra el

posible criminal; esto es, si el riesgo previsible es de

dimensión irrazonable comparado con el peso de tomarlas”.

Estremera v. Inmobiliaria Rac, Inc., 109 DPR 852, 858 esc. AC-2015-0093 14

6 (1980). Por lo tanto, la jurisprudencia interpretativa de

lo anterior ha señalado que “la determinación de

responsabilidad y de la adecuacidad de las medidas de

seguridad tomadas dependerá de una evaluación de la

totalidad de las circunstancias, caso a caso”. (Énfasis

suplido). Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796, 812 (2006).

Cabe resaltar que la norma antes expuesta, según

establecida por este Tribunal en J.A.D.M. v. Centro Com.

Plaza Carolina, supra, y reafirmada en Santiago v. Sup.

Grande, supra, fue adoptada mediante un examen de la

jurisprudencia norteamericana sobre la responsabilidad

por los actos delictivos de un tercero en un comercio.

J.A.D.M. v. Centro Com. Plaza Carolina, supra, pág. 797.

De ese modo, y 25 años después, resulta imperativo

reexaminar la referida jurisprudencia, con tal de

determinar si ésta continúa siendo la tendencia

mayoritaria entre los estados de la Unión.

Luego de un análisis minucioso, resulta claro que la

referida norma no ha sido alterada y que el examen

correcto es aquel reafirmado, hace poco más de una

década, en Santiago v. Sup. Grande, supra, en lo

concerniente al análisis de la totalidad de las

circunstancias.8 En otras palabras, la ausencia de uno de

8Véanse,Stanton v. Univ. of Maine System, 773 A.2d 1045(Me. 2001); Flood v. Southland Corp., 739 N.E.2d 702, 704 (Mass. 2000); Tenney v. Atlantic Associates, 594 N.W.2d 11 (Iowa 1999); Looks Twice v. Whidby, 569 N.W.2d 459 (S.D. 1997); Clohesy v. Food Circus Supermarkets, Inc., 694 A.2d 1017 (N.J. 1997); Scialabba v. Brandise Const. Co., 921 P.2d 928 (Nev. 1996); Seibert v. Vic AC-2015-0093 15

los criterios a ser evaluados, para fines de determinar

si imponer responsabilidad, no equivale a la

desestimación de la acción, puesto que pueden haber,

como en el caso de autos, ciertos hechos pertinentes y

particulares que, evaluados a la luz de la totalidad de

las circunstancias, conlleven a la imposición de

responsabilidad al dueño del establecimiento comercial.

Es decir, la falta de evidencia sobre la naturaleza de

la actividad criminal que se esté registrando en el área

del establecimiento es una, mas no la única

circunstancia que debe tomar en consideración el

juzgador de los hechos para determinar si el daño

ocasionado era previsible. Después de todo, según

establecido por la jurisprudencia, se trata de factores

que pueden ser considerados por el juzgador, y no de

requisitos taxativos de una causa de acción.

En fin, lo anterior en gran manera responde al

análisis establecido por el Juez Learned Hand en el caso

de United States v. Carroll Towing Co., 159 F.2d 169 (2do

Cir. 1947). Éste estableció una fórmula para fines de

determinar si una persona debe responder

extracontractualmente como consecuencia de cierto acto u

omisión que ésta lleva a cabo. Así, se deberá tomar en ________________________ Regnier Builders, Inc., 856 P.2d 1332 (Kan. 1993); Sharp v. W.H. Moore, Inc., 796 P.2d 506 (Idaho 1990); Jardel Co., Inc. v. Hughes, 523 A.2d 518 (Del. 1987); Taco Bell, Inc. v. Lannon, 744 P.2d 43 (Colo. 1987); Isaacs v. Huntington Memorial Hospital, 695 P.2d 653 (Cal. 1985); Early v. N.L.V. Casino Corp., 678 P.2d 683 (Nev. 1984); McFarlin v. Hall, 619 P.2d 729 (Ariz. 1980); Peters v. Holiday Inns, Inc., 278 N.W.2d 208 (Wis. 1979). AC-2015-0093 16

consideración la gravedad del daño, la probabilidad de

ocurrencia y el costo que conlleva tomar las medidas para

evitar el daño.9 Dicho de otra forma, la norma antes

expuesta establece que, si la probabilidad de la

ocurrencia del daño multiplicado por la gravedad de éste

es mayor al peso de evitar el mismo, resultará en la

imposición de responsabilidad. United States v. Carroll

Towing Co., supra, pág. 174.

III

El caso de marras versa sobre el asesinato, por medio

de un disparo a la cabeza, del joven Cotto Camacho

dentro del Club Lazer. Como resultado de ese evento, la

madre del joven Cotto Camacho presentó una demanda en el

Tribunal de Primera Instancia en la cual reclamó una

indemnización por los daños sufridos, a raíz de las

angustias mentales que ésta y sus hijos sufrieron por la

muerte del joven Cotto Camacho y, como causa heredada,

reclamó los sufrimientos del fenecido. En ese pleito, la

señora Camacho Rivera arguyó que el Club Lazer fue

negligente al no tomar las medidas preventivas

necesarias para evitar que personas con armas de fuego

entraran al local y fueran utilizadas en el negocio para

9“(1)The probability that she will break away; (2) the gravity of the resulting injury, if she does; (3) the burden of adequate precautions. Possibly it serves to bring this notion into relief to state it in algebraic terms: if the probability be called P; the injury, L; and the burden, B; liability depends upon whether B is less than L multiplied by P: i.e., whether B less than PL.” United States v. Carroll Towing Co., 159 F.2d 169, 173 (2do Cir. 1947). AC-2015-0093 17

ultimar a otra persona, según sucedió en el presente

caso. Para sustentar su reclamo, la peticionaria

presentó como prueba el testimonio de cuatro testigos,

los cuales visitaron el Club Lazer junto al joven Cotto

Camacho, la noche de los hechos. De esa forma, y en lo

pertinente, estos testificaron cómo los registros

efectuados por las personas encargadas de la seguridad

del Club Lazer fueron inconsistentes, inadecuados y no

uniformes; qué hicieron al entrar; sobre las

deficiencias de seguridad dentro del local comercial, y

sobre los actos delictivos que observaron dentro de

éste. Aquilatada la prueba presentada ante el Tribunal

de Primera Instancia, éste, inicialmente, declaró sin

lugar la demanda interpuesta, la cual fue oportunamente

apelada.

En revisión, el Tribunal de Apelaciones intermedio

revocó la determinación del foro primario, puesto que

concluyó que la señora Camacho Rivera, a la luz de la

totalidad de las circunstancias, presentó la prueba que

justificaba la concesión del remedio solicitado. Por

consiguiente, devolvió el caso al Tribunal de Primera

Instancia, con el propósito de que los recurridos

presentaran prueba, si alguna, que estos tuviesen a su

favor. A pesar de ello, no presentaron ningún tipo de

prueba. Como resultado, el foro primario dictó

sentencia, en la cual otorgó varias indemnizaciones a la

peticionaria. Inconformes, los recurridos acudieron AC-2015-0093 18

nuevamente al foro apelativo intermedio, el cual revocó

en su totalidad la sentencia recurrida y desestimó la

acción instada por la señora Camacho Rivera. Ello,

basado en que no presentó algún tipo de prueba respecto

a la naturaleza de la actividad criminal que se había

registrado en o cerca del Club Lazer, o incidente previo

alguno de actividad criminal. Así las cosas, la

peticionaria recurre ante nos con el fin de que

resolvamos si la actuación del Tribunal de Apelaciones

fue correcta, en virtud de la doctrina de ley del caso y

la norma antes expuesta, y a los fines de que

determináramos si a la luz de la totalidad de las

circunstancias, los hechos probados justifican la

concesión del remedio solicitado.

Examinada la controversia y el marco jurídico que

aplica a la misma, resulta forzoso concluir que, a la

luz de la totalidad de las circunstancias, los

recurridos responden por la muerte del joven Cotto

Camacho. Ciertamente, en este tipo de establecimientos

comerciales, de ordinario, la implementación de un cateo

manual o con detectores de metales es suficiente. Sin

embargo, en este caso quedó claramente establecido que

la medida de seguridad en cuestión no fue implementada

razonablemente por el comercio. Por el contrario, según

surge de los testimonios de los testigos de la

peticionaria, las medidas de seguridad realizadas por el

Club Lazer fueron implementadas de manera inadecuada. AC-2015-0093 19

Ello, puesto que los registros realizados en la entrada

del establecimiento se efectuaron de forma defectuosa e

inconsistente. Conforme a las declaraciones de los

testigos, en ocasiones los empleados de seguridad de la

discoteca registraban a las personas de la cintura para

abajo y en otras de la cintura hacia arriba. Asimismo, a

veces verificaban la cintura de las personas y en otras

no, al igual que sus bolsillos. De igual modo,

demostraron que, previo a ocurrir cierta pelea en la

noche de los hechos, no existía seguridad adecuada

dentro del establecimiento. Asimismo, surge de la prueba

desfilada que el Club Lazer optó por utilizar también

detectores de metal en la entrada de éste. No obstante,

esa misma prueba demostró que, en este caso, los

recurridos no implementaron adecuadamente el uso de

éstos, ya que no lo utilizaban en cada persona que

entraba al local. Tampoco registraban uniformemente a

las personas, puesto que en ocasiones solo registraban

la cintura y en otras ocasiones sólo lo utilizaban de la

cintura hacia arriba.

En ese sentido, nótese que se trata de un

establecimiento comercial que no proveyó las medidas de

seguridad razonables y necesarias para evitar que

entrara un arma de fuego a su local, la cual podría ser

utilizada para matar, como ocurrió. La muerte del joven

Cotto Camacho fue consecuencia de la omisión en proveer

un registro razonablemente adecuado, consistente y AC-2015-0093 20

uniforme. De hecho, resulta claro que el Club Lazer fue

negligente en la administración del área bajo su

control, pues, entre otras cosas, ocurrían peleas entre

sus clientes, las cuales no podían manejar.10 A la luz de

lo anterior, no cabe duda de que todos esos factores en

conjunto son los que con alta probabilidad produjeron el

daño en cuestión.

La existencia o inexistencia de incidentes delictivos

previos no es requisito indispensable para determinar la

previsibilidad de un daño, a los fines de resolver si

una persona debe responder extracontractualmente por el

acto criminal de un tercero dentro de su establecimiento

comercial. Por el contrario, deben evaluarse la

totalidad de las circunstancias. A esos efectos, el mero

hecho de que no se haya pasado prueba respecto al

elemento o criterio de la actividad criminal que existe

cerca del Club Lazer, o incidentes previos algunos de

actividad criminal, no es óbice para que, bajo otros

hechos probados, y a la luz de la totalidad de las

circunstancias, se pueda determinar que el daño ocurrido

era previsible y que la negligencia de los recurridos al

ejecutar el mecanismo de seguridad fue la causa adecuada

del mismo. En otras palabras, la ausencia de prueba

10Además, según surge de la prueba que el Club Lazer permitía la entrada de menores edad; les vendía bebidas alcohólicas a estos; expedía bebidas alcohólicas sin tomar en consideración cuán embriagado estaba el cliente, al nivel de que un testigo indicó que vomitó en la discoteca por el exceso de consumo; toleraba el uso de sustancias controladas dentro del local; y no controlaba el perímetro adecuadamente. AC-2015-0093 21

sobre el aspecto antes mencionado no equivale

automáticamente a la desestimación de la causa.

Adviértase, además, que existen ciertas actividades

específicas que por su naturaleza acarrean un deber de

previsibilidad de actos delictivos que emana de

circunstancias, las cuales hagan que una persona

prudente y razonable pueda anticipar la ocurrencia de

tales actos. J.A.D.M. v. Centro Com. Plaza Carolina,

supra. Como corolario de lo anterior, no es correcto

aseverar que sea indispensable que, en todos los casos

presentados contra comerciantes por actos delictivos de

terceros, se pase prueba sobre actividad delictiva

previa. Tampoco es necesario que, en efecto, hayan

ocurrido actos criminales previamente. Ello debido a que

existen ciertas actividades y circunstancias específicas

que por su naturaleza hacen posible anticipar probables

actos delictivos, los cuales traen consigo un deber

especial de vigilancia, cuidado y protección de quien

las lleve a cabo hacia el público en general.

Administrador v. ANR, supra. Así, debemos notar que la

exigencia de tomar medidas de vigilancia o de seguridad

razonables surge cuando una persona prudente y razonable

puede anticipar la ocurrencia de actos que pongan en

peligro la seguridad de quienes visitan el

establecimiento y éste puede evitarse con la ejecución

de las referidas medidas. A su vez, al analizar la

razonabilidad de las medidas de seguridad adoptadas por AC-2015-0093 22

el comercio se puede considerar, entre otras cosas, la

naturaleza del establecimiento comercial y las

actividades que allí se llevan a cabo, así como el

efecto que puede tener la adopción de estas medidas para

minimizar la posibilidad de que se produzca el daño que

se quiere evitar. En consecuencia, no cabe duda de que,

analizadas en conjunto la naturaleza del Club Lazer y

las circunstancias específicas del caso, los recurridos

podían anticipar que, el proveer un registro deficiente

e inadecuado, inconsistente y no uniforme podía

desembocar en un daño como el del presente caso.

No se debe perder de perspectiva que estamos ante un

negocio que, por su naturaleza, haría que una persona

prudente y razonable previera la ocurrencia de un daño

como el presente. Ante ese cuadro, es de esperarse que

ésta tomaría ciertas medidas de seguridad razonables,

para evitar que entraran armas de fuego no autorizadas a

su establecimiento, las cuales, previsiblemente, pueden

utilizarse para asesinar a otra persona. En el caso de

autos, tan previsible era el daño en cuestión que el

Club Lazer estableció unos cateos en la entrada. No

obstante, el fallo y negligencia de éste fue en su

implementación. Por tal motivo, opino que el Club Lazer

incumplió su deber de, como mínimo, asegurar que las

medidas de seguridad implementadas fueran ejecutadas de

manera uniforme, adecuada y razonable. Claro está, en el

contexto de la controversia que nos ocupa, de haber AC-2015-0093 23

actuado e implementado las medidas conforme al estándar

de cuidado aquí expuesto, el recurrido hubiera estado

exento de responsabilidad civil. No obstante, ante sus

omisiones, corresponde determinar que el Club Lazer

responde frente a la señora Camacho Rivera.

Lo anterior cobra mayor relevancia cuando, a base del

análisis pautado en United States v. Carroll Towing Co.,

supra, es diáfano que el costo de efectuar un registro

adecuado, uniforme y consistente es ínfimo en

comparación con el asesinato de la víctima. Incluso,

cuando la probabilidad de que este suceso ocurra, como

resultado de la omisión del Club Lazer en efectuar el

referido registro, es considerablemente alta.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, estoy conforme

con revocar la sentencia del Tribunal de Apelaciones y AC-2015-0093 24

reinstalar en su totalidad la sentencia emitida por el

Tribunal de Primera Instancia.

Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Annette Camacho Rivera, por sí y en representación de sus hijos menores de edad, J.L.C.C; J.D.C.C.

Apelantes AC-2015-0093 Apelación v.

Richard Mitchell, Inc.; h/n/c Club Lazer; Universal Insurance Company

Apelados

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR COLÓN PÉREZ a la cual se unen la Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ y los Jueces Asociados SEÑOR MARTÍNEZ TORRES y SEÑOR FELIBERTI CINTRÓN.

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2019.

Toda vez que el expediente ante nuestra

consideración está huérfano de prueba que tienda

a demostrar, como lo exige la normativa que

gobierna estos asuntos, que (1) las actividades

que se habían estado llevando a cabo en el Club

Lazer previo a la noche de los hechos, (2) o la

actividad criminal anterior en el local o en sus

inmediaciones (3) exigieran un nivel de

seguridad particular o en cualquier caso mayor

al provisto la noche en que ocurrieron los

sucesos que dieron margen al presente litigio,

disentimos del curso de acción que hoy sigue una

mayoría de este Tribunal. AC-2015-0093 2

I.

Los hechos que dieron origen a la controversia ante

nuestra consideración ocurrieron en la madrugada del

lunes, 29 de septiembre de 2008. En esa ocasión, el joven

Félix Daniel Cotto Camacho (en adelante “el joven Cotto

Camacho”), quien para ese entonces tenía 19 años de edad,

acudió al Club Lazer ubicado en San Juan, Puerto Rico, y

en el interior del local fue herido de bala. Dicho

incidente, lamentablemente, le ocasionó la muerte.

Así las cosas, y por tales hechos, el 4 de marzo de

2009, la señora Annette Camacho Rivera (en adelante

“señora Camacho Rivera”), madre del joven Cotto Camacho,

por sí y en representación de sus hijos menores de edad,

presentó una demanda en daños y perjuicios en contra del

Club Lazer. En la misma alegó que el Club Lazer fue

negligente al no tomar las medidas de seguridad

necesarias para evitar la entrada de personas armadas a

sus predios, lo que ocasionó la muerte de su hijo, el

joven Cotto Camacho. Por ello, reclamó indemnización por

la suma total de $1,600,000.00.

Oportunamente, el Club Lazer y su aseguradora,

Universal Insurance Company, presentaron su contestación

a la demanda. En ésta, en síntesis, negaron

responsabilidad alguna, pues atribuyeron los hechos a

actos criminales de terceros no susceptibles de previsión

ni posibles de evitar. Asimismo, plantearon la

inexistencia de nexo causal entre los daños alegados y

sus actuaciones. En particular, plantearon que el Club

Lazer fue diligente en garantizar a toda persona que le AC-2015-0093 3

visita, la protección, seguridad y vigilancia

correspondiente.

Luego de varios trámites procesales no necesarios

aquí pormenorizar, el 14 de noviembre de 2011, se llamó

el caso para el juicio en su fondo. La prueba testifical

presentada por la señora Camacho Rivera consistió en el

testimonio de ésta y de cuatro (4) testigos que

estuvieron presentes en el Club Lazer cuando ocurrieron

los hechos, a saber: Jorge Navarro Pizarro, Jean Carlos

Barada Santiago, Giovanny Rosa Báez y Kevin G. López

Carrasquillo.

Así pues, el día del juicio, el joven Jorge Navarro

Pizarro (en adelante “joven Navarro Pizarro”), a grandes

rasgos, testificó que el 28 de septiembre de 2008 llegó a

la discoteca Club Lazer alrededor de las once o doce de

la noche, junto a los jóvenes Félix D. Cotto Camacho,

Jean Carlos Barada Santiago, Gioavanni Rosa Báez y Kevin

G. López Carrasquillo; que los “rebuscaron” de la cintura

para abajo, que pagaron el dinero de la entrada, que

fueron a la barra y que compró una bebida alcohólica sin

que nadie interviniera con él. Expresó, además, que luego

de comprar un trago se trasladó al área V.I.P., donde

preparó y fumó un cigarro de marihuana. Finalmente, narró

que entre las dos y tres de la madrugada ocurrió un

altercado entre el joven Cotto Camacho y otro individuo,

que culminó con el individuo asesinando al primero.

Describió que el individuo le dio una “bofetá” al joven

Camacho Cotto y que este último fue a defenderse y “le AC-2015-0093 4

tiró”, entonces el individuo sacó un arma y “le entró y

le dio los tiros”.11

Durante el contrainterrogatorio, el joven Navarro

Pizarro expresó que el día de los hechos salió a

compartir con varios amigos a la discoteca Club Lazer;

que se fueron desde Río Grande hacia San Juan en la

guagua de un joven llamado Alexander Rivera Betancourt,

junto a Giovanni Rosa Báez y un joven llamado Héctor.

Testificó, además, que al llegar a la mencionada

discoteca hizo una fila en la acera; que a la entrada

del Club Lazer había guardias de seguridad que

registraban a las personas que querían entrar al

establecimiento; que las personas pagaban la entrada

luego de haber sido registradas; que observó guardias de

seguridad o “bouncers” en la entrada de la referida

discoteca y también cuando entró a la misma, pero no

recordó cuántos eran.12 Además, expresó que cuando salió

del establecimiento observó que había policías en la

parte de afuera.13 En el re-directo, el testigo describió

que el registro fue “normal”, con las manos y de la

cadera para abajo.14

Por su parte, el joven Jean Carlos Barada Santiago

(en adelante “el joven Barada Santiago”), en esencia,

testificó que el 29 de septiembre de 2008 fue a la

discoteca Club Lazer alrededor de las doce de la

medianoche; que a él y a sus amigos les realizaron un

registro; y que luego entró a la discoteca. Narró que

cuando subió las escaleras, se había formado una pelea,

11 Transcripción de la prueba oral (en adelante “TPO”), págs. 20–22. 12 TPO págs. 22–25. 13 TPO pág. 25. 14 TPO págs. 25–26. AC-2015-0093 5

pero no era con ninguno de ellos; que se calmó un poco la

cosa y él y sus amigos fueron a la barra y compraron

tragos. Expresó también que, más adelante, mientras

bailaba con una amiga, se formó una pelea, en la que un

individuo agredió al joven Cotto Camacho, “los separaron,

sacaron la pistola, y zumbaron par de tiros”. El testigo

señaló que él también resultó herido en el abdomen. Por

último, sostuvo que vio el incidente, pero que no podía

describir a la persona que tenía el arma de fuego e hizo

las detonaciones. Sin embargo, sí pudo reconocer que era

del sexo masculino.15

En cuanto al registro, el joven Barada Santiago

indicó que lo registraron manualmente y que le tocaron la

cintura. Declaró que no conocía bien al joven Cotto

Camacho y que no tuvo interacción con éste en el Club

Lazer, más allá de saludarse.16

En el contrainterrogatorio, el testigo expresó que

hizo fila en la acera para entrar a la

discoteca Club Lazer; que había personal de seguridad

afuera; que cuando llegó a la puerta

del establecimiento pasó por la supervisión de dos

guardias de seguridad; que uno de los guardias de

seguridad lo registró manualmente en la acera y que le

revisaron los zapatos. Inicialmente, indicó que no le

revisaron los bolsillos, pero luego de ser confrontado

con una declaración previa que había realizado en un

interrogatorio, éste recordó que sí le verificaron los

bolsillos. Declaró que a las afueras del Club Lazer había

15 TPO págs. 27–31. 16 TPO págs. 31–32. AC-2015-0093 6

policías estatales en la esquina de la calle donde estaba

el establecimiento, pero que no los observó cuando estaba

en la fila; que esa noche hizo la fila V.I.P. y lo

registraron; que uno de los guardias de seguridad le pasó

el detector de metales por la cintura; que luego de ese

registro fue que subió las escaleras y pagó la entrada;

que le pidieron una identificación en la entrada.17 Este

testigo también expresó que había “bouncers” cuando se

formó el incidente, pero no precisamente en el lugar

donde ocurrieron los hechos, sino que llegaron allí

después.18

En el re directo, el joven Barada Santiago testificó

que lo registraron con las manos, que le tocaron los

bolsillos y que le pasaron la paleta en la cintura, pero

no en alguna otra parte del cuerpo.19

De otra parte, el testigo Giovanni Rosa Báez (en

adelante “el joven Rosa Báez”), sostuvo, en síntesis, que

la noche del 28 de septiembre de 2008 se dirigió, junto a

unos amigos, al Club Lazer. Añadió que cuando llegaron al

mencionado establecimiento había varias filas y ellos

hicieron la fila V.I.P., que entraron a la discoteca

y que caminaron directamente a la barra a comprar tragos.

Declaró, además, que posteriormente fueron al área V.I.P.

y estuvieron un rato; que fue al baño; que luego fueron

de nuevo a comprar otros tragos y regresaron al área

V.I.P.; que cuando llegó a esa área, vomitó por el exceso

de alcohol y ahí escuchó las detonaciones. Relató también

que observó a su primo, Jean Carlos Barada Santiago,

17 TPO págs. 34–39. 18 TPO págs. 39–40. 19 TPO pág. 41. AC-2015-0093 7

salir corriendo del establecimiento y que todo el mundo

estaba corriendo. Expresó que al salir del lugar no

encontró a su primo ni a Alexander Rivera Betancourt por

ningún lado. Entonces, acudió a un “bouncer” para ver si

los podía localizar. Testificó que en ese momento se

encontró con una persona que conocía y que estaba con su

hermano. Se montó en el vehículo con ellos y así llegó a

Río Grande.20

En el contrainterrogatorio, el joven Rosa Báez

declaró que, el día de los hechos, salió de Río Grande

con Jean Carlos Barada Santiago y Alexander Rivera

Betancourt para la discoteca Club Lazer; que hicieron

fila en la acera para entrar a la discoteca; que había

guardias de seguridad en la entrada controlando la

misma; que una vez entró, pagó y subió las escaleras, y

que no vio guardias de seguridad en la parte de arriba.

Sobre este asunto, lo confrontaron con una deposición

previa en la que había testificado bajo juramento que

había guardias de seguridad arriba, en el Club Lazer. Sin

embargo, éste sostuvo que no recordaba que hubiese

personal de seguridad arriba. No obstante, el testigo

reconoció y expresó que el documento que le mostraron era

una transcripción de las preguntas que le realizaron en

la deposición. De otra parte, el testigo expresó que una

vez salió a las afueras del establecimiento, luego del

incidente, observó que había policías estatales.21

Por último, el testigo Kevin G. López Carrasquillo

declaró que a él y sus amigos les rebuscaron la cintura

20 Íd. págs. 43–48. 21 TPO págs. 49-53. AC-2015-0093 8

con las manos, que no usaron el detector de metales y los

dejaron pasar al Club; que cuando entraron, fueron a la

barra y compraron bebidas alcohólicas; que se fueron al

área V.I.P.; y que vio que allí estaba el joven Cotto

Camacho, a quien describió como un muchacho al que le

decían Willy “El Pollo”.22

En el contrainterrogatorio, este testigo señaló que

cuando llegó al Club Lazer había tres filas afuera y él

hizo la fila del medio; que una vez llegó a la entrada lo

registraron manualmente unos “bouncers” y que lo

tocaron; que al salir del Club Lazer, luego del

incidente, había policías afuera.23

Una vez culminó el desfile de prueba de la parte

demandante,24 el Club Lazer presentó una moción de

desestimación al amparo de la Regla 39.2(c) de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, que provee para la

solicitud de desestimación de un pleito por insuficiencia

de prueba o non-suit. Dicha solicitud fue declarada ha

lugar por el Tribunal de Primera Instancia.

Insatisfecha con dicha determinación, la señora

Camacho Rivera acudió al Tribunal de Apelaciones y, en

22 TPO págs. 54-58. 23 TPO págs. 58-60. 24 Es menester señalar que, una vez culminado el desfile de prueba,

el Club Lazer solicitó que se aplicara la presunción de testimonio voluntariamente suprimido a tenor con la Regla 304 de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. V., respecto a Alexander Rivera Betancourt (en adelante “joven Rivera Betancourt”), quien fuera anunciado como testigo, pero que no compareció. Alegaron que el joven Rivera Betancourt fue depuesto en relación al registro que realizaba la discoteca Club Lazer, y que éste expresó que lo verificaron tanto que “entendía que el “bouncer” era homosexual”, para describir el nivel de registro que le hicieron en el lugar. Además, alegadamente testificaría que en el Club Lazer había detectores de metales, que en varias ocasiones lo rebuscaron y testificaría sobre los “bouncers” que había en el establecimiento. Tras la oportuna oposición de la señora Camacho Rivera, y luego de escuchar las argumentaciones respecto a la desestimación por non suit, el Tribunal de Primera Instancia emitió un dictamen desestimando la acción, sin atender particularmente la solicitud respecto al testimonio del joven Rivera Betancourt. AC-2015-0093 9

síntesis, alegó que el foro primario erró al determinar

que procedía desestimar el pleito por insuficiencia de la

prueba, y, en consecuencia, al determinar que el Club

Lazer no tuvo responsabilidad por los hechos ocurridos.

Oportunamente, Club Lazer presentó su alegato en

oposición.

Evaluados los planteamientos de ambas partes, el

foro apelativo intermedio emitió una Sentencia mediante

la cual revocó al Tribunal de Primera Instancia. Al así

hacerlo, el Tribunal de Apelaciones expresó que la

entrada de menores de edad al Club Lazer y la venta de

bebidas alcohólicas a éstos, junto al consumo de drogas

por parte de los jóvenes y el registro de armas

defectuoso, creaban un “coctel explosivo y peligroso”

para los asistentes del lugar. Siendo ello así, concluyó

que, de la prueba que tuvo ante sí el foro primario, éste

“podía hacer una inferencia razonable de negligencia por

parte del Club Lazer”.25 En consecuencia, devolvió el

caso al foro primario para que se estimara la

responsabilidad civil del Club Lazer a base de la prueba

de daños presentada en el juicio.

No obstante, tras una oportuna solicitud de

reconsideración presentada por el Club Lazer -- en la que

planteó que, por tratarse de una desestimación non suit,

lo que procedía era que el foro apelativo intermedio

devolviera el caso al Tribunal de Primera Instancia para

que se continuara con el descubrimiento de prueba -- el

Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia en

Reconsideración mediante la cual, expresamente, dejó sin

25 Véase, Apéndice de Certiorari, pág. 362. AC-2015-0093 10

efecto la sentencia previa. En la Sentencia en

Reconsideración el Tribunal de Apelaciones sentenció que

los pleitos civiles se resuelven por preponderancia de la

prueba y que, “aunque la prueba presentada [podía] ser

suficiente para establecer la responsabilidad civil de

los demandados, estos no [habían] tenido la oportunidad

de alterar ese balance probatorio con la presentación de

su prueba”.26 Así pues, resolvió que procedía devolver el

caso al Tribunal de Primera Instancia para que

continuaran los procedimientos con la presentación y

refutación de prueba por parte de Club Lazer. El Club

Lazer solicitó la revisión de dicha determinación ante

este foro, pedido que fue denegado, por lo que la

referida Sentencia advino final y firme.

Cumpliendo con lo ordenado, el 22 de noviembre de

2013, se reinició el juicio en su fondo ante otro juez,

quien se familiarizó con la prueba desfilada hasta el

momento mediante la evaluación del expediente y la

regrabación de la vista realizada. Restando por desfilar

la prueba del Club Lazer, su única testigo anunciada, la

señora Karla Haakensen (en adelante “señora Haakensen”),

quien era la gerente del Club Lazer al momento de los

hechos, no se presentó al Tribunal ya que no pudo ser

citada a pesar de las gestiones realizadas con tal

propósito. Ante ello, el Club Lazer solicitó que se

admitiera una deposición de la testigo, solicitud que fue

denegada por el Tribunal de Primera Instancia. Ello, tras

considerar que las gestiones realizadas por el Club Lazer

no fueron suficientes para calificarla como testigo no

26 Véase, Apéndice de Certiorari, pág. 407. AC-2015-0093 11

disponible a tenor con la Regla 806 (B)(1) de evidencia,

32 LPRA Ap. V, R. 806 (B)(1). Así pues, aplicó la

presunción dispuesta en la Regla 304 (5) de las Reglas de

Evidencia, supra, sobre el testimonio voluntariamente

suprimido.

Así las cosas, tras evaluar toda la prueba

testifical y documental ante sí, el Tribunal de Primera

Instancia concluyó que el Club Lazer era responsable por

los daños sufridos por la señora Camacho Rivera y sus

hijos, tras la muerte del joven Cotto Camacho. Dicha

determinación fue oportunamente notificada a todas las

partes en el litigio.

Insatisfechas con tal determinación, ambas partes

acudieron al Tribunal de Apelaciones. Por un lado, la

señora Camacho Rivera cuestionó las cuantías concedidas

por concepto de daños y perjuicios, y la procedencia de

honorarios de abogado por temeridad. El Club Lazer, por

su parte, señaló que el foro primario erró al imponerle

responsabilidad por los daños sufridos por la señora

Camacho Rivera en ausencia de negligencia de su parte, y

al no permitir que se presentara la trascripción de la

deposición de la testigo señora Haakensen.

Examinados los alegatos presentados por ambas

partes, el foro apelativo intermedio decidió consolidar

ambos recursos para así disponer de ellos. Consolidados

los recursos, emitió una Sentencia mediante la cual

revocó el dictamen del foro recurrido, por entender que

el mismo no estaba fundamentado en la evidencia

desfilada, sino en presunciones de hechos no demostrados

e inferencias fundamentadas en la especulación. Además, AC-2015-0093 12

por no haberse demostrado, a tenor con lo dispuesto en

nuestro ordenamiento, la previsibilidad de los hechos

ocurridos en el establecimiento. En particular, concluyó

que la prueba desfilada no demostraba la existencia de

actividad criminal alguna que se estuviera llevando a

cabo en el Club Lazer previo a la noche de los hechos, ni

alguna actividad criminal anterior en el local o en sus

inmediaciones que exigieran un nivel de seguridad

particular mayor al provisto la noche de los hechos,

según lo requiere la jurisprudencia aplicable.

No conforme con dicha determinación, la señora

Camacho Rivera acudió ante nos y solicitó la revisión del

dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones. En

esencia, argumentó que el foro apelativo intermedio erró

al determinar que el Club Lazer no fue negligente, al no

concederle el aumento de la indemnización en las partidas

concedidas y al revocar la sentencia del foro primario.

Además, alegó que la determinación recurrida es contraria

a la Sentencia en Reconsideración emitida por el Tribunal

de Apelaciones (con relación a la desestimación por

insuficiencia de prueba), la cual constituía la ley del

caso. Oportunamente, el Club Lazer presentó su alegato en

Trabadas así las controversias, y contando con el

beneficio de la comparecencia de ambas partes, una

mayoría de este Tribunal al revocar al Tribunal de

Apelaciones e imponerle responsabilidad al Club Lazer por

la lamentable muerte ocurrida en sus inmediaciones, opta

por reinterpretar lo resuelto en J.A.D.M. v. Centro Com.

Plaza Carolina, infra, -- esta vez desarrollando una AC-2015-0093 13

interpretación acomodaticia del análisis de la totalidad

de las circunstancias. Como ya mencionamos, de ese

lamentable proceder, enérgicamente disentimos. Explicamos

por qué.

II.

Como es sabido, el Art. 1802 del Código Civil de

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5141, claramente establece que

quien ocasione daño por culpa o negligencia está obligado

a reparar el daño causado. Santiago Montañez v. Fresenius

Medical, 195 DPR 476 (2016); Rodríguez et al. v. Hospital

et al., 186 DPR 889 (2012); Sagardía de Jesús v. Hosp.

Aux. Mutuo, 177 DPR 484 (2009). En esa dirección, en el

pasado, hemos expresado que para que prospere una

reclamación en daños y perjuicios al amparo del

Art. 1802 del Código Civil, supra, deben concurrir los

siguientes elementos: (1) el acto u omisión culposo o

negligente; (2) la relación causal entre el acto u

omisión culposo o negligente y el daño ocasionado; y (3)

el daño real causado al reclamante. Nieves Díaz v.

González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010). Véanse, además,

Weber Carrillo v. E.L.A., 190 DPR 688 (2014); López v.

Porrata Doria, 169 DPR 135 (2006).

En cuanto al elemento de culpa o negligencia,

necesario para que prospere esta causa de acción, lo

hemos definido como falta del debido cuidado, esto es, no

anticipar ni prever las consecuencias racionales de un

acto, o de la omisión de un acto, que una persona

prudente habría de prever en tales circunstancias. Siaca

v. Bahía Beach Resort, 194 DPR 559, 605 (2016); Colón AC-2015-0093 14

Pérez v. Televicentro, 175 DPR 690 (2009); Toro Aponte v.

E.L.A., 142 DPR 464 (1997). También hemos sostenido que

la culpa es la omisión de la diligencia exigible,

mediante cuyo empleo pudo haberse evitado el resultado

dañoso. López v. Porrata Doria, supra; Valle v. E.L.A.,

157 DPR 1 (2002); Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748 (1998). A

su vez, la diligencia exigible es la que cabe esperar del

ser humano promedio o la persona razonable, que la

doctrina llama el buen pater familias. Valle v. E.L.A.,

supra; Montalvo v. Cruz, supra, pág. 756; Jiménez v.

Pelegrina Espinet, 112 DPR 700 (1982); Ramos v. Carlo, 85

DPR 353 (1962).

Así pues, y cónsono con lo anterior, hemos

establecido también que un elemento esencial de

la responsabilidad civil extracontractual es el factor de

la previsibilidad. Nieves Díaz v. González Massas, supra,

pág. 844; Pons v. Engebretson, 160 DPR 347 (2003);

Monllor v. Soc. de Gananciales, 138 DPR 600 (1995). Para

determinar si el resultado del acto negligente es

razonablemente previsible, es preciso acudir a la figura

del hombre prudente y razonable, también conocida como el

buen padre de familia. Éste es aquella persona que actúa

con el grado de cuidado, diligencia, vigilancia y

precaución que exigen las circunstancias. Nieves Díaz v.

González Massas, supra, pág. 844; Pons v. Engebretson,

supra; Monllor v. Soc. de Gananciales, supra. Si

el daño es previsible por éste, hay responsabilidad; si

no es previsible, estamos generalmente en presencia de un

caso fortuito. Valle v. E.L.A., supra; Montalvo v.

Cruz, supra, pág. 756; Toro Aponte v. E.L.A., supra. AC-2015-0093 15

En ese sentido, es menester señalar que el deber de

anticipar y prever los daños no se extiende a todo riesgo

posible. López v. Dr. Canizares, 163 DPR 119 (2004);

Montalvo v. Cruz, supra. “Lo esencial es que se tenga el

deber de prever en forma general consecuencias de

determinada clase”. Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796,

808 (2006); Montalvo v. Cruz, supra; J.A.D.M. v. Centro

Com. Plaza Carolina, 132 DPR 785 (1993); Ginés Meléndez

v. Autoridad de Acueductos, 86 DPR 518, 524 (1962).

Por último, y como se sabe, otro elemento necesario

para que prospere una causa de acción por daños y

perjuicios extracontractuales, es aquel que se conoce

como causalidad adecuada. Esto es

la relación entre el daño y su autor, que a su vez indica “¿cuál sería la causa próxima del accidente?” Negrón García v. Noriega Ortiz, 117 D.P.R. 570, 575 (1986). De este modo, un daño podrá considerarse como el resultado probable y natural de un acto u omisión negligente, si luego del suceso —mirándolo retrospectivamente— éste parece ser la consecuencia razonable y común de la acción u omisión de que se trate. (Énfasis suplido). Santiago v. Sup. Grande, supra, pág. 818. Véanse, además, Administrador v. ANR, 163 DPR 48, 61 (2004); Montalvo v. Cruz, supra.

Así pues, para que proceda una acción en daños

deberá existir una relación causal suficiente en derecho

entre el acto negligente y los daños producidos. “[N]o es

causa toda condición sin la cual no se hubiera producido

el resultado, sino aquella que ordinariamente lo produce,

según la experiencia general”. López v. Porrata Doria,

supra, pág. 133; López v. Dr. Canizares, supra; Sociedad

de Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 DPR 127 (1974).

Dicho de otro modo, “causa es la condición que

ordinariamente produce el daño, según la experiencia AC-2015-0093 16

general, y este nexo causal puede romperse ante la

ocurrencia de un acto extraño”. López v. Porrata Doria,

supra, pág. 152; Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294, 310

(1990).

Ahora bien, por considerarlo en extremo pertinente

para la adecuada disposición de la controversia que nos

ocupa, sobre el alcance de la responsabilidad

extracontractual de establecimientos comerciales,

conviene recordar que, en reiteradas ocasiones, hemos

señalado que éstos últimos tienen una relación particular

con sus clientes, “que los obliga a ofrecerles un grado

de seguridad adecuado y razonable que procure garantizar

su bienestar”. Santiago v. Sup. Grande, supra, pág. 809.

Véanse, Elba A.B.M. v. UPR, supra; J.A.D.M. v. Centro

Com. Plaza Carolina, supra; Pabón Escabí v. Axtmayer, 90

DPR 20 (1964); Hernández v. La Capital, 81 DPR 1031

(1960).

No obstante, al evaluar la responsabilidad

extracontractual que surge por daños causados por actos

criminales de terceros dentro de los establecimientos

comerciales, hemos determinado que, “[c]omo norma

general, no existe un deber de proteger a otras personas

de actos criminales de terceros”. (Énfasis suplido). SLG

Colón Rivas v. E.L.A., 196 DPR 855, 867 (2016); Santiago

v. Sup. Grande, supra, pág. 809. Ahora bien, a modo de

excepción, hemos resuelto que existen situaciones en las

que, en atención a las características particulares de

ciertas instituciones y de los servicios que éstas

proveen, un demandado puede responder por esos actos. AC-2015-0093 17

(Énfasis suplido). SLG Colón Rivas v. E.L.A., supra;

Santiago v. Sup. Grande, supra. En particular, puede

existir responsabilidad “sólo si el demandado es

negligente en no tomar precauciones contra el posible

criminal; esto es, si el riesgo previsible es de

(Énfasis suplido). Santiago v. Sup. Grande, supra, pág.

819; Estremera v. Inmobiliria Rac. Inc., 109 DPR 852, 858

(1980).

En el caso de los establecimientos comerciales,

éstos tienen el deber de proveer seguridad a sus

visitantes cuando “el propietario del establecimiento

tiene, o debe tener, conocimiento de que han ocurrido

actos delictivos previos en el área bajo su dominio y

control, o de que existen circunstancias que hagan que

una persona prudente y razonable pueda anticipar la

ocurrencia de tales actos”.27 (Énfasis suplido). Santiago

v. Sup. Grande, supra, págs. 814-815; J.A.D.M. v. Centro

Com. Plaza Carolina, supra.28 Al respecto, hemos

27Sobre la responsabilidad de los establecimientos comerciales ante actos delictivos de terceros, citamos, a manera de ejemplo, la norma establecida en otras jurisdicciones: “In this approach, foreseeability, and thus liability, is limited to situations where the business owner is aware of the imminent probability of specific harm to its customer.” Boren v. Worthen Nat. Bank of Arkansas, 921 S.W.2d, pág. 940 (1996). “[T]here will be no duty upon business owners to guard against criminal acts of a third party unless they ‘know or have reason to know that acts are occurring or about to occur on the premises that pose imminent probability of harm to an invitee.’” Boren, 921 S.W.2d, pag. 940 (citando a Page v. American Nat’l Bank & Trust Co., 850 S.W.2d 133 (Tenn.App. 1991)); Willmon v. Wal-Mart Stores, Inc., 957 F. Supp. 1074, 1077 (E.D. Ark. 1997).

28 Para llegar a esa determinación, y al momento de imponer responsabilidad de los establecimientos comerciales por los actos de terceros o de animales, hemos acudido a la doctrina federal que dispone lo siguiente:

A possessor of land who holds it open to the public for entry for his business purposes is subject to liability to members of the public while they are upon the land for such a purpose, for physical harm caused by the AC-2015-0093 18

expresado que “no existe fundamento alguno que apoye una

diferenciación entre los centros comerciales regionales y

otros establecimientos comerciales a la hora de imponer

responsabilidad. El factor del tamaño y de la

clasificación del establecimiento no debe ser

determinante en el análisis de responsabilidad”. Santiago

v. Sup. Grande, supra, pág. 811. Esta normativa les

requiere a todos los propietarios que operan en negocios

abiertos al público el emplear un nivel de cuidado

razonable para proteger a sus clientes, incluyendo contra

actos criminales de terceros.29 Íd. D.B. Dobbs, The Law

of Torts, West Group, 2001, Vol. 2, Sec. 324, pág. 876.

________________________ accidental, negligent, or intentionally harmful acts of third persons or animals, and by the failure of the possessor to exercise reasonable care to (a) discover that such acts are being done or are likely to be done, or (b) give a warning adequate to enable the visitors to avoid the harm, or otherwise to protect them against it. 2 Restatement of the Law (Second) of Torts Sec. 344 (1965). Santiago v. Sup. Grande, supra, pág. 814; J.A.D.M. et al. v. Centro Com. Plaza Carolina, 132 DPR 785, 797 (1993).

Cónsono con lo anterior, para determinar si existe o no un deber de vigilar las instalaciones del establecimiento comercial, debemos considerar lo siguiente:

f. Duty to police premises. Since the possessor is not an insurer of the visitor's safety, he is ordinarily under no duty to exercise any care until he knows or has reason to know that the acts of the third person are occurring, or are about to occur. He may, however, know or have reason to know, from experience, that there is a likelihood of conduct on the part of third persons in general which is likely to endanger the safety of the visitor, even though he has no reason to expect it on the part of any particular individual. If the place or character of his business, or his past experience, is such that he reasonably anticipates careless or criminal conduct on the part of third persons, either generally or at some particular time, he may be under a duty to take precautions against it, and to provide a reasonably sufficient number of servants to afford a reasonable protection. Restatement of the Law (Second) of Torts, supra, Sec. 344(f). Santiago v. Sup. Grande, supra, pág. 814.

29 “The rule today is usually generalized to include all landowners who open their land to the public for business and to require them to use reasonable care even to protect against criminal acts of third persons.” D.B. Dobbs, The Law of Torts, West Group, 2001, Vol. 2, Sec. 324, pág. 876. AC-2015-0093 19

Se entiende como cuidado razonable, el deber que

tiene todo propietario de un establecimiento comercial de

ejercer medidas de seguridad razonables para la

protección de sus visitantes. Colón y otros v. K-Mart y

otros, 154 DPR 510, 518-519 (2001); Goose v. Hilton

Hotels International, Inc., 79 DPR 523, 528 (1956). En

algunas ocasiones, un aviso es suficiente para que el

visitante evite el daño. En otras ocasiones, éste tiene

que realizar un ejercicio cuidado razonable de acuerdo a

los medios de protección que estén disponibles. Véase,

2 Restatement of the Law (Second) of Torts Sec. 344

(1965).30 Véanse, además, Schwartzman v. Lloyd, 65

App.D.C. 216, 82 F.2d 822 (1936); Champlin Hardware Co.

v. Clevinger, 158 Okla. 10, 12 P.2d 683 (1932); Terre

Haute, Indianapolis & Eastern Traction Co. v. Scott, 91

Ind. App. 690, 170 N.E. 341, 172 N.E. 659

(1930); Chicago, T.H. & S.E.R. Co. v. Fisher, 61 Ind.

App. 10, 110 N.E. 240 (1915).

Sobre el particular, esta Curia ha enfatizado que el

determinar la adecuacidad de las medidas de seguridad

tomadas por el establecimiento “dependerá de una

evaluación de la totalidad de las circunstancias, caso a

caso. Después de todo, el grado de cuidado que debe tener

30“Reasonable care. A public utility or other possessor of land who holds it open to the public for entry for his business purposes is not an insurer of the safety of such visitors against the acts of third persons, or the acts of animals. He is, however, under a duty to exercise reasonable care to give them protection. In many cases a warning is sufficient care if the possessor reasonably believes that it will be enough to enable the visitor to avoid the harm, or protect himself against it. There are, however, many situations in which the possessor cannot reasonably assume that a warning will be sufficient. He is then required to exercise reasonable care to use such means of protection as are available, or to provide such means in advance because of the likelihood that third persons, or animals, may conduct themselves in a manner which will endanger the safety of the visitor”. (Énfasis suplido). 2 Restatement of the Law (Second) of Torts Sec. 344 (1965). AC-2015-0093 20

un propietario de un establecimiento comercial variará de

acuerdo con la naturaleza del negocio y de sus

instalaciones”. Santiago v. Sup. Grande, supra, pág. 812.

Al examinar la totalidad de las circunstancias, se exige

analizar en conjunto, (1) la naturaleza del

establecimiento comercial y de las actividades que allí

se llevan a cabo; (2) la naturaleza de la

actividad criminal que se ha registrado y se registra en

las instalaciones y en el área donde está ubicado el

establecimiento, y (3) las medidas de seguridad

existentes en éste. Íd., pág. 812; J.A.D.M. v. Centro

Com. Plaza Carolina, supra.

III.

De otra parte, y para disponer correctamente de los

asuntos ante nuestra consideración, es menester señalar

también que, en nuestro ordenamiento jurídico, los

derechos y las obligaciones que son adjudicados mediante

un dictamen judicial que adviene final y firme,

constituyen la ley del caso. Cacho Pérez v. Hatton Gotay,

195 DPR 1 (2016); Félix v. Las Haciendas, 165 DPR 832

(2005); Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599

(2000). Esto quiere decir que, como norma general, los

planteamientos que han sido objeto de adjudicación no

pueden reexaminarse. Cacho Pérez v. Hatton Gotay, supra;

Félix v. Las Haciendas, supra; Mgmt. Adm. Servs. Corp. v.

E.L.A., supra. Ello, pues los hechos y derechos

adjudicados gozan de las características de finalidad y

firmeza con arreglo a la doctrina de la “ley del caso”.

Cacho Pérez v. Hatton Gotay, supra; Mgmt. Adm. Servs.

Corp. v. E.L.A, supra; Vélez v. Servicios Legales de AC-2015-0093 21

P.R., 144 DPR 673 (1998). El propósito de esta doctrina

es que las partes en un litigio puedan, en lo posible,

conducirse en el pleito basados en unas directrices

judiciales confiables y certeras. Cacho Pérez v. Hatton

Gotay, supra; Mgmt. Adm. Servs, Corp. v. E.L.A., supra;

Sociedad Legal de Gananciales v. Pauneto Rivera, 130 DPR

749 (1992).

Al disponer qué determinaciones constituyen la ley

del caso, hemos expresado que son “todas aquellas

cuestiones finales consideradas y decididas por el

tribunal”. Félix v. Las Haciendas, supra, pág. 843. Esas

determinaciones, como regla general, obligan tanto al

tribunal de instancia como al foro apelativo que las haya

dictado, si el caso vuelve ante su consideración. I ́d. Así

pues, la doctrina sólo puede invocarse cuando exista una

decisión final de la controversia en sus méritos. I ́d.

Véase, además, Mgmt. Adm. Servs, Corp. v. E.L.A., supra.

Ahora bien, si la determinación en cuestión es

errónea y puede causar una grave injusticia, el Tribunal

puede aplicar una norma de derecho diferente a fin de

resolver en forma justa. Íd. Así pues, la decisión del

caso es descartable si conduce a resultados

manifiestamente injustos. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v.

E.L.A; supra; Doral Mortgage Corp. v. Alicea, 147 DPR 862

(1999); Secretario del Trabajo v. Tribunal Superior, 95

DPR 136, 140 (1967); Estado Libre Asociado de P.R. v. The

Ocean Park Development Corp., 79 DPR 158 (1956).

Es, precisamente, a la luz de la normativa antes

expuesta, -- y no a la luz de la errada reinterpretación

que hoy hace una mayoría de este Tribunal de lo resuelto AC-2015-0093 22

en J.A.D.M. v. Centro Com. Plaza Carolina, supra,

mediante la cual se formula una interpretación

acomodaticia del análisis de la totalidad de las

circunstancias para cuando se atiendan casos como el de

autos -- que procedía disponer de las controversias que

nos ocupan. Como una mayoría de esta Curia no lo hizo

así, a través de esta Opinión Disidente procedemos a así

hacerlo.

IV.

De entrada, y para disponer correctamente de los

asuntos ante nuestra consideración, en el presente caso,

es menester resolver, en primer lugar, el segundo

señalamiento de error presentado por la señora Camacho

Rivera, en el que se alega que la determinación emitida

por el Tribunal de Apelaciones es errónea por ser

contraria a la ley del caso. Ésta arguye que la

determinación del foro apelativo intermedio al momento de

examinar la procedencia de una moción de desestimación al

amparo de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, imponía responsabilidad al Club Lazer,

disponiendo así del presente litigio. No le asiste la

razón.

Y es que, si bien al momento de considerar la moción

de desestimación al amparo de la Regla 39.2 de las de

Procedimiento Civil, supra, el foro apelativo realizó

expresiones respecto a la apreciación de la prueba

desfilada hasta ese momento y su inferencia de

responsabilidad por parte del Club Lazer, las mismas

resultaron en un “dictum” toda vez que dicho foro

resolvió -- en reconsideración -- devolver el caso al AC-2015-0093 23

Tribunal de Primera Instancia para que continuaran los

procedimientos con el fin de determinar si el Club Lazer

había sido negligente al alegadamente no tomar las

medidas de seguridad necesarias para evitar la entrada de

personas armadas a sus predios, lo que ocasionó la muerte

del joven Cotto Camacho. Es decir, la controversia

respecto a la negligencia de Club Lazer no había sido

adjudicada finalmente por el Tribunal de Apelaciones, por

lo que no se puede invocar aquí la doctrina de ley del

caso. Siendo ello así, no se cometió el error señalado

por la señora Camacho Rivera.

Establecido lo anterior, pasamos a atender el

señalamiento de error relacionado a la alegada

negligencia por parte del Club Lazer. Como ya

mencionamos, en el caso ante nuestra consideración, el

joven Cotto Camacho, de 19 años de edad, acudió al Club

Lazer en horas de la noche del 29 de septiembre de 2008.

Esa noche, se suscitó un altercado en el que éste resultó

herido de bala, falleciendo siete (7) días después como

consecuencia del disparo recibido en la cabeza. Así las

cosas, la señora Camacho Rivera, por sí y en

representación de sus hijos, presentó una demanda de

daños y perjuicios contra el Club Lazer, en la que alegó

que éste fue negligente al permitir el consumo de bebidas

alcohólicas y drogas por menores de edad, y permitir que

ingresara un arma de fuego al establecimiento, lo que, a

su juicio, ocasionó la muerte del joven Cotto Camacho,

quien fue asesinado por un tercero en el referido

establecimiento comercial. AC-2015-0093 24

Como sabemos, y según ha quedado claramente

establecido, al momento de imponer responsabilidad a un

establecimiento comercial por actos criminales de

terceros, conforme a la normativa debemos evaluar a la

luz de la totalidad de las circunstancias (1) la

naturaleza del establecimiento comercial y de las

actividades que allí se llevan a cabo; (2) la naturaleza

de la actividad criminal que se ha registrado y se

registra en las instalaciones y en el área donde está

ubicado el establecimiento, y (3) las medidas de

seguridad existentes en éste. Procedemos, pues, a así

Según se desprende de la prueba desfilada ante el

Tribunal de Primera Instancia, y tal como ha quedado

claramente establecido, el Club Lazer era un local con

horario nocturno al que las personas asistían con el fin

de escuchar música, bailar, interactuar con otras

personas y consumir bebidas alcohólicas. De su faz, y

contrario a lo interpretado por una mayoría de este

Tribunal, dicho establecimiento comercial no tenía una

naturaleza inherentemente peligrosa para la sociedad. Del

expediente que obra en nuestro poder, no se desprende que

en el juicio celebrado ante el Tribunal de Primera

Instancia se haya desfilado prueba en contrario o prueba

alguna sobre actividad criminal previa registrada en el

lugar donde operaba el establecimiento.

Recordemos que, conforme a la normativa que gobierna

estos asuntos -- entiéndase lo correctamente resuelto

hace más de décadas en J.A.D.M. v. Centro Com. Plaza

Carolina, y reiterado en Santiago v. Sup. Grande, supra - AC-2015-0093 25

-, al momento de evaluar la razonabilidad de las medidas

de seguridad tomadas por el establecimiento comercial,

como paso previo para imponer daños y perjuicios por

incidentes ocasionadas en esos lugares, la doctrina

requiere demostrar el conocimiento, por parte de los

propietarios del establecimiento comercial, de que habían

ocurrido actos delictivos previos en el área bajo su

dominio y control, o de que existen circunstancias que

hiciesen que una persona prudente y razonable pudiese

anticipar la ocurrencia de éstos. El expediente ante

nuestra consideración está huérfano de esa prueba. Es

decir, hay ausencia total de la misma.

Aun así, al evaluar las medidas de seguridad tomadas

por el Club Lazer el día de los hechos que dieron lugar a

este caso, y según se desprende de los testimonios

vertidos durante el juicio, ha quedado claramente

demostrado que el establecimiento comercial en cuestión

contaba con personal de seguridad o “bouncers” dentro y

fuera del establecimiento, así como con la presencia de

policías estatales en las afueras del lugar. En esa

dirección, precisa señalar también que todos los testigos

presentados durante el juicio declararon que fueron

sometidos a un registro por parte del personal de

seguridad del local. En cuanto a en qué consistía el

mismo, uno de los testigos (el joven Barada Santiago)

expresó que le revisaron los bolsillos, los zapatos y le

pasaron un detector de metales. También le requirieron

una tarjeta de identificación para permitirle el acceso.

De otra parte, los demás testigos expresaron que los

registraron y “rebuscaron” manualmente. Tales medidas, AC-2015-0093 26

sin lugar a dudas, resultan en extremo razonables.

Máxime, cuando no se demostró la ocurrencia de actividad

delictiva previa.

Una mayoría de este Tribunal, a través del dictamen

que hoy emite, dice evaluar (1) la naturaleza del

actividad criminal que se ha registrado

y se registra en las instalaciones y en el área donde

está ubicado el establecimiento, y (3) las medidas de

seguridad existentes en éste, “a la luz de la totalidad

de las circunstancias”. Sin embargo, interpretan

erradamente que las medidas de seguridad realizadas por

el Club Lazer fueron implementadas de manera

inadecuada,31 dejando a un lado el criterio de la

totalidad de las circunstancias y basándose en un solo

elemento de juicio para imponer responsabilidad. Incluso,

da a entender que no es necesario probar el elemento de

existencia o inexistencia de incidentes delictivos32 en

las instalaciones y en el área en donde se localiza el

establecimiento para imponer responsabilidad y que la

naturaleza de un lugar de entretenimiento nocturno es

inherentemente peligrosa.33

31 Véase, Opinión mayoritaria, pág. 19. 32 Véase, Opinión mayoritaria, pág. 21. 33 Véase, Opinión mayoritaria, págs. 21-22.

En Colón y otros v. Kmart y otros, 154 DPR 510 (2001), expresamos en cuanto al cuidado que se les exige a los establecimientos comerciales que:

De ningún modo significa ello que el dueño de un establecimiento comercial asume una responsabilidad absoluta frente a cualquier daño sufrido por sus clientes. Para que se le imponga responsabilidad, el demandante tiene que probar que el dueño no ejerció el debido cuidado para que el local fuese seguro. En los casos de accidentes en AC-2015-0093 27

En fin, y toda vez que el expediente ante nuestra

consideración está huérfano de prueba que tienda a

demostrar, como lo exige la normativa que gobierna estos

asuntos que a la luz de la totalidad de las

circunstancias (1) las actividades que se habían estado

llevando a cabo en el Club Lazer previo a la noche de los

hechos, (2) o que la actividad criminal anterior en el

local o en sus inmediaciones (3) exigieran un nivel de

seguridad particular o en cualquier caso mayor al

provisto la noche de los hechos, no procede, pues, la

reclamación en daños y perjuicios instada por la señora

Camacho Rivera. Siendo ello así, a nuestro juicio, no se

cometió el error señalado.

V.

Es, pues, por los fundamentos antes expuestos, que

disentimos del curso de acción seguido por una mayoría de

este Tribunal en el día de hoy.

Ángel Colón Pérez Juez Asociado

________________________ establecimientos comerciales, este Tribunal ha impuesto responsabilidad siempre que el demandante pruebe que existían condiciones peligrosas dentro de las tiendas correspondientes, “las cuales eran de conocimiento de los propietarios o su conocimiento podía imputárseles a éstos”. (Énfasis suprimido.) Cotto v. C.M. Ins. Co., supra, pág. 650. En otras palabras, el demandante tiene que probar que su daño se debió a la existencia de una condición peligrosa, que esa condición fue la que con mayor probabilidad ocasionó el daño y que ésta era conocida por el demandado, o que debió conocerla. (Énfasis suplido). Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, supra. Colon y otros v. K-Mart y otros, supra, págs. 518–19.