EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Yanira Ivelisse Infante de Arce
Recurrida Certiorari
v. 2005 TSPR 139
Víctor Luis Montalvo Mulero 165 DPR ____
Peticionario
Número del Caso: AC-2005-29
Fecha: 23 de septiembre de 2005
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón
Juez Ponente:
Hon. Guillermo J. Arbona Lago
Abogada de la Parte Peticionaria:
Lcda. Grisel Yolanda Montalvo
Abogada de la Parte Recurrida:
Lcda. Isbel Ahmad Fuentes
Materia: Divorcio
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Recurrida
v. AC-2005-29
Víctor Luis Montalvo Mulero
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 23 de septiembre de 2005
El peticionario, Víctor Luis Montalvo Mulero y la
recurrida, Yanira Infante de Arce, contrajeron
matrimonio en Puerto Rico en el año 1991. De dicha
unión procrearon una niña quien en la actualidad
cuenta con trece (13) años de edad. La menor nació
en Puerto Rico.
En diciembre de 1996, la señora Infante, quien
para entonces vivía en Estados Unidos, presentó
en Puerto Rico una demanda de divorcio. En abril
de 1997 el Tribunal de Primera Instancia, Sala
Superior de Bayamón, asumió jurisdicción y declaró
con lugar la petición. La custodia y patria ACC-2005-29 2
potestad de la menor le fue concedida a su madre. La
sentencia dictada incorporó las estipulaciones acordadas
por las partes regulando la relación paterno-filial. La
sentencia proveía para un plan de llamadas periódicas y
visitas con el padre durante la época navideña y en el
verano.
El 28 de julio de 2004, el señor Montalvo presentó, en
el pleito de divorcio una moción en la que solicitó se
encontrara a la señora Infante incursa en desacato por
impedir las relaciones paterno filiales. Además, consignó
en el tribunal la cantidad de ocho mil dólares ($8,000.00)
en concepto de pensión alimentaria adeudada, para beneficio
de la menor. La señora Infante se opuso a la moción
presentada y adujo que el tribunal con jurisdicción lo era
el de Florida donde ella residía con la menor y no los
tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Luego de celebrada una vista, el tribunal primario
resolvió que conservaba jurisdicción para atender en esta
controversia y ordenó que la menor viajara a Puerto Rico a
relacionarse con su padre.
Inconforme, la señora Infante acudió en alzada ante el
Tribunal de Apelaciones. El foro apelativo resolvió, que
en virtud de la ley federal conocida como Parental
Kidnapping Prevention Act (“PKPA”) 28 U.S.C. secs. 1738 A,
et seq., la jurisdicción sobre este asunto la ostentan los
tribunales del estado de la Florida no los del Estado Libre ACC-2005-29 3
Asociado de Puerto Rico. En virtud de ello, revocó al foro
de instancia.
No conforme, el señor Montalvo acudió ante nosotros en
solicitud de apelación y con una moción en auxilio de
jurisdicción. El 17 de junio de 2005 dictamos una orden
dirigida a la recurrida para que mostrara causa por la cual
no debía revocarse la sentencia del foro intermedio. La
señora Infante compareció oportunamente.
Evaluado los escritos presentados por las partes y
atendido el recurso presentado como un certiorari expedimos
el mismo y se dicta sentencia revocando al Tribunal de
Apelaciones. Se devuelve el caso al foro primario para que
determine si al momento del divorcio del señor Montalvo y
la señora Infante, Puerto Rico era el estado de residencia
de la menor o, que no hubiera en ese momento otro foro que
cualificara como estado de residencia de la menor. Para
ello, deberá determinar si al momento del divorcio de sus
padres, la menor llevaba al menos seis meses residiendo
ininterrumpidamente en Puerto Rico, o, si por el contrario,
la menor llevaba ese tiempo o más, residiendo en la
Florida. De ser este último el caso, para efectos del
PKPA, el decreto original de divorcio no se conformó a sus
requerimientos y por lo tanto, en estos momentos, quien
tiene jurisdicción en este caso es el estado de la Florida.
A contrario sensu, si Puerto Rico era el lugar de
residencia de la menor cuando se decretó disuelto el
matrimonio del señor Montalvo y la señora Infante, entonces ACC-2005-29 4
quien tendría jurisdicción serían los tribunales de Puerto
Rico.
Finalmente, el segundo señalamiento de error señalado
por el peticionario no fue cometido. La enmienda nunc pro
tunc solicitada por el peticionario al dictamen de divorcio
original, no es una enmienda de forma por afectar los
derechos sustantivos de las partes, por lo que no procede
su solicitud como cuestión de derecho.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez emitió una Opinión de Conformidad a la
cual se le unió el Juez Presidente señor Hernández Denton y
el Juez Asociado señor Rebollo López. La Jueza Asociada
señora Fiol Matta concurre con el resultado sin opinión
escrita. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri disiente
sin opinión escrita. “El Juez Asociado señor Rivera Pérez
disiente por entender que la jurisdicción sobre el caso de
marras la tiene el estado de Florida por ser el “estado de
residencia” de la menor de edad por más de seis (6) meses
(varios años), a tenor con lo dispuesto por el Parental
Kidnapping Prevention Act, 28 U.S.C.A 1738 A.”
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Yanira Ivelisse Infante de Arce Recurrida
v. AC-2005-029 Víctor Luis Montalvo Mulero Peticionario
Opinión de Conformidad emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez, a la cual se le unen el Juez Presidente señor Hernández Denton y el Juez Asociado señor Rebollo López
El caso de autos plantea si los tribunales de
Puerto Rico mantienen jurisdicción, a tenor con el
“Parental Kidnapping Prevention Act” (en adelante
“PKPA”), para ordenar el cumplimiento de una
determinación de custodia emitida en Puerto Rico en
un procedimiento de divorcio, cuando la menor en
cuestión reside hace varios años en el estado de
Florida.
Entendemos que, bajo la cláusula de continuidad del
PKPA, un tribunal de Puerto Rico mantiene
jurisdicción sobre un procedimiento de custodia a
pesar de no ser el estado de residencia del menor, AC-2005-029 2
siempre y cuando el decreto original haya sido emitido
consistentemente con los parámetros de dicho estatuto; y el
tribunal no haya de otro modo perdido o renunciado a su
jurisdicción.
I
El señor Víctor Luis Montalvo Mulero (señor Montalvo o
el padre) y la señora Yanira Ivelisse Infante de Arce
(señora Infante o la madre) contrajeron matrimonio en la
ciudad de Manatí, Puerto Rico allá para junio del 1991. De
dicha unión nació en Puerto Rico una niña, quien al momento
cuenta con trece (13) años de edad. Luego de varios años
de matrimonio, el 23 de diciembre de 1996, la señora
Infante, quien en ese momento vivía en los Estados Unidos
con su hija, radicó en nuestra jurisdicción una demanda de
divorcio.1
En abril del año 1997 el Tribunal de Primera
Instancia, Sala Superior de Bayamón, asumió jurisdicción
sobre las partes, declaró con lugar la demanda y dictó
sentencia de divorcio bajo la causal de separación. 2 El
tribunal otorgó tanto la custodia como la patria potestad
de la menor de edad a su madre, no empece constar en la
minuta de la vista del juicio que la patria potestad sería
1 No surge claro de los documentos que obran en el expediente qué tiempo llevaban la señora Infante y la menor fuera de Puerto Rico al momento de presentar la demanda de divorcio. El señor Montalvo alega que a esa fecha llevaba aproximadamente un (1) año sin ver a su hija. 2 Al momento de la sentencia de divorcio el señor Montalvo residía en Bayamón, Puerto Rico, mientras que la señora Infante y la menor se encontraban domiciliadas en Orlando, Florida. Véase Apéndice, a la pág. 27. AC-2005-029 3
compartida. Véase Apéndice a la pág. 24. En la sentencia
de divorcio se incorporaron las estipulaciones acordadas
por las partes respecto a cómo se regiría la relación
paterno filial. Se estableció para un plan de llamadas
telefónicas periódicas y siete (7) días de derecho de
visitas con el padre en las épocas de verano y navidad.
Además, se estipuló una pensión alimentaria consistente en
doscientos veinticinco dólares ($225) a ser pagada
mensualmente por el padre.
Alega la señora Infante, que el padre incumplió con
las disposiciones antes transcritas ya que no emitió pago
alguno de pensión, no llamó a su hija ni procuró buscarla.
Por su parte, el padre argumenta que desde que envió el
primer cheque de pago de pensión el mismo le fue devuelto
por el correo federal. Aduce que la madre le ocultó su
dirección, le devolvía sus cartas haciéndole creer que no
vivía en esa dirección y cambió su número de teléfono para
evitar la comunicación entre padre e hija. Todo parece
indicar que desde que se dictó la sentencia de divorcio, el
padre y su hija se comunicaron telefónicamente sólo en dos
ocasiones.
Durante la época de verano de 2003, el padre advino en
conocimiento que la menor se encontraba de vacaciones en
Puerto Rico en casa de su abuela materna. 3 En esa ocasión
3 Posteriormente el padre se enteró que, desde que se decretó el divorcio, la menor pasaba todos los veranos en Puerto Rico en la casa de su abuela materna, donde también reside su hermano materno. AC-2005-029 4
se coordinaron varias visitas con sus familiares paternos,
en las que la menor tuvo la oportunidad de compartir con su
padre, abuelos y demás familiares. La menor, alegadamente,
prometió a su padre que regresaría a visitarlo durante las
próximas vacaciones. No obstante, reclama el padre que
luego de esta fecha no volvió a saber de su hija.
Así las cosas, el 28 de julio de 2004, el señor
Montalvo presentó ante el tribunal de instancia, dentro del
mismo pleito de divorcio, una “Moción de Consignación y
Solicitud de Desacato por Relaciones Paterno-Filiales”. En
ésta informó su deseo de relacionarse con su hija, solicitó
que se encontrara a la señora Infante incursa en desacato
por impedir las relaciones paterno filiales; y además,
informó que por desconocer la dirección de la menor
procedía a consignar en el tribunal la cantidad de ocho mil
dólares ($8,000) en concepto de pensión alimentaria para
beneficio de la menor. Posteriormente, solicitó que la
menor fuera enviada a Puerto Rico para el periodo navideño.
Por su parte, la madre se opuso. Adujo que ha
residido junto a su hija en la Florida en la misma
dirección ininterrumpidamente desde que se decretó el
divorcio y que el padre en seis (6) años nunca hizo
gestiones para relacionarse con la menor. Alegó que el
repentino interés del señor Montalvo en relacionarse con su
hija surgió a raíz del deseo expresado por su actual esposo
en adoptarla. Finalmente, solicitó la desestimación de la AC-2005-029 5
acción presentada ya que el tribunal con jurisdicción era
el de Florida.
Luego de celebrar una vista de relaciones paterno
filiales a la que no compareció la madre, más sí su
representación legal, el tribunal de instancia emitió una
resolución el 22 de diciembre de 2004 en la que determinó
que conservaba jurisdicción para atender el asunto.
Reiteró el tribunal que las relaciones paterno filiales
debían cumplirse conforme a lo establecido en la sentencia
de divorcio y que la señora Infante debía garantizar su
cumplimiento. En vista de lo cual ordenó que la menor
viajara a Puerto Rico a pasar un periodo de siete (7) días
durante diciembre o enero y refirió el caso al Programa de
Relaciones de Familia. Véase Apéndice, págs. 45-46.
Varios días más tarde, el 29 de diciembre, el padre
presentó una nueva moción en la que notificó que había
consignado dos mil doscientos veinticinco dólares
adicionales ($2,225), y solicitó una enmienda a la
sentencia de divorcio para que la misma reflejara que la
patria potestad sería compartida, tal y como surgía de la
minuta de la vista de divorcio. El tribunal de instancia
declaró no ha lugar la enmienda solicitada.
Mientras tanto, la madre, inconforme con la
determinación del foro de instancia, acudió en alzada ante
el Tribunal de Apelaciones. Reclamó que erró el tribunal
de instancia al ordenar que la menor fuera enviada a Puerto
Rico sin haberse antes desarrollado un plan para AC-2005-029 6
reestablecer los lazos afectivos, toda vez que padre e hija
no se habían relacionado en más de siete (7) años. Además,
adujo que es el tribunal de Florida el que tiene
jurisdicción sobre la menor ya que ésta reside allí hace
varios años.
El foro apelativo reconoció el derecho de un padre a
acudir a los tribunales para hacer valer la relación
paterno filial en cualquier momento. No obstante, concluyó
que el tribunal carecía de jurisdicción. Entendió el
Tribunal de Apelaciones que aunque el foro de instancia
emitió la sentencia de divorcio, por disposición de la ley
federal Parental Kidnapping Prevention Act y la
interpretación que le hemos dado a la misma, ostenta
jurisdicción sobre el asunto el foro que constituye el
estado de residencia de la menor (“home state”), en este
caso los tribunales de Florida. Ante la falta de
jurisdicción para entender en los méritos sustantivos del
caso, revocó el dictamen del Tribunal de Primera Instancia.
No conforme, el señor Montalvo acudió a nosotros en
Solicitud de Apelación y en Moción Informativa en Auxilio
de Jurisdicción. Nos plantea el peticionario los
siguientes errores:
Erró el TA al revocar la resolución del TPI sobre lo determinado en la vista celebrada el día 22 de diciembre de 2004, al decretar que el TPI no tenía jurisdicción para ello, violentándose así el derecho constitucional de un padre y de una hija de relacionarse, conforme a lo determinado en la sentencia de divorcio por el TPI, foro primario y foro a que se sometió la peticionaria para todos los fines legales pertinentes. AC-2005-029 7
Erró el TA al no entrar en los méritos y enmendar nunc pro tunc la sentencia de divorcio dictada con respecto a la patria potestad y confirmar al TPI, donde en la vista de divorcio se decretó que la patria potestad sobre la menor será compartida por ambos padres.
El 17 de junio de 2005 emitimos orden a la parte
recurrida para que mostrara causa por la cual no debía
revocarse la sentencia del foro intermedio. La señora
Infante compareció oportunamente en oposición al recurso.
En su escrito la recurrida informó, por primera ocasión,
que el pasado mes de marzo de 2005, con posterioridad a
haber acudido en alzada ante el Tribunal de Apelaciones y
pendiente dicho procedimiento, ésta presentó ante el
circuito judicial de “Orange County” en el estado de
Florida, una petición juramentada ante un notario público
para reconocer en ese foro la sentencia de divorcio de 1997
y modificar la pensión alimentaria.4
Surge de la copia de la declaración jurada suscrita
por la señora Infante 5 y anejada a su petición, que ésta, a
pesar de ser consciente que estaba pendiente en los
tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el
presente procedimiento de custodia, declaró lo siguiente:
6. Participación en otros procedimientos La ex esposa no ha participado como parte, testigo, o en alguna otra capacidad en otros procedimientos relacionados a la custodia o
4 Inexplicablemente, el señor Montalvo no nos había notificado anteriormente de este hecho trascendental para la disposición del caso ante nuestra consideración. 5 Véase Apéndice de la Oposición a Recurso Certiorari Civil, págs. 36 a 41. AC-2005-029 8
derechos de visita con el niño sujeto de este procedimiento.
7. Conocimiento de otros procedimientos La ex esposa no tiene conocimiento de ningún otro procedimiento que pueda afectar el presente procedimiento, incluyendo procedimientos para hacer cumplir decretos, ni procedimientos relacionados a violencia doméstica, órdenes protectoras, terminación de derechos de patria potestad, ni adopción.
8. Otras partes solicitando derechos La ex esposa no conoce de ninguna persona, ni una parte de este procedimiento que tenga custodia física o reclame tener custodia o derechos de visita en relación al niño sujeto a este procedimiento. (Traducción nuestra.)
Contando con la comparecencia de las partes y estando
en posición de resolver pasamos a así hacerlo.
II
Nuevamente tenemos ante nosotros la penosa situación
de un padre no custodio que enfrenta dificultades al tratar
de ejercer el derecho a la relación paterno filial con su
hija. Esta situación, lamentable de por sí, se hace aun
más compleja cuando se trata de una menor que reside fuera
de Puerto Rico.
La ruptura del vínculo matrimonial trae consigo una
serie de cambios importantes en la vida familiar ya que
desaparece el núcleo familiar establecido hasta ese
entonces, para quedar sustituido por uno de nueva
composición. No cabe duda que las relaciones paterno y
materno filiales se ven afectadas por el divorcio, y que el
ejercicio de los derechos y obligaciones que tienen los
padres respecto a sus hijos menores de edad, AC-2005-029 9
inevitablemente se ve alterado por las determinaciones de
adjudicación de patria potestad y custodia. R.E. Ortega
Vélez, Lo que toda persona debe saber sobre el divorcio,
Ediciones Scisco, San Juan, Puerto Rico, 1988, a las págs.
63-65.
El Código Civil en su Artículo 107, 31 L.P.R.A. sec.
383, establece los parámetros que han de regir a nuestros
tribunales en sus determinaciones post divorcio. Al
interpretar el referido artículo consistentemente hemos
enfatizado que las decisiones que tomen los tribunales
sobre la custodia de los menores deben realizarse luego de
llevar a cabo un ponderado análisis sobre todas las
circunstancias ante su consideración, teniendo siempre como
norte los mejores intereses y el bienestar de los menores.
Veáse Ortiz García v. Meléndez Lugo, res. el 3 de marzo de
2005, 2005 T.S.P.R. 19, 163 D.P.R. ___; Santana Medrano v.
Acevedo Osorio, 116 D.P.R. 298 (1985); Nudelman v. Ferrer
Bolivar, 107 D.P.R. 495 (1978); Marrero Reyes v. García
Ramírez, 105 D.P.R. 90 (1976).6
Decretado por el tribunal cuál es el arreglo de
custodia y derechos de visita que mejor atiende los
intereses del menor; lógicamente --tanto para el beneficio
del menor como del padre no custodio-- las partes tienen la
obligación de hacer cumplir esos acuerdos. Así también,
6 Para un listado no taxativo de factores que deben analizarse interrelacionadamente para determinar dónde descansa el mejor bienestar del menor véase Marrero Reyes v. García Ramírez, 105 D.P.R. 90 (1976). AC-2005-029 10
los tribunales en su función de parens patriae tienen la
obligación de proteger el ejercicio de esos derechos. R.E.
Ortega Vélez, supra, a la pág. 73. También Pena Fonseca v.
Pena Rodríguez, res. el 15 de junio de 2005, 2005 T.S.P.R.
84, 164 D.P.R. ___, y otros casos allí citados.
Por consideraciones de política pública, el derecho a
la patria potestad debe ejercerse de la manera más
liberalmente posible, garantizando así la mayor amplitud en
la relación. Los tribunales no pueden prohibir estas
relaciones a menos que existan circunstancias graves que lo
justifiquen. Es un derecho de tal magnitud que no puede
ser objeto de renuncia, no es susceptible de prescripción
por no uso, no puede ser delegado a tercero, ni objeto de
transacción o renuncia. Sterzinger v. Ramírez, 116 D.P.R.
762 (1985).
Precisamente por ser el mejor interés del menor el
criterio que gobierna las determinaciones de patria
potestad y custodia, un decreto emitido a estos efectos no
constituye cosa juzgada y la decisión puede reexaminarse si
las circunstancias han cambiado y así lo requieren. Veáse
Santana Medrano v. Acevedo Osorio, supra; Figueroa
Hernández v. del Rosario Cervoni, 147 D.P.R. 121 (1998);
Centeno Alicea v. Ortiz, 105 D.P.R. 523 (1977). Sin
embargo, la determinación crea un estado de derecho que no
debe ser alterado sumariamente, salvo situaciones
extraordinarias. Santana Medrano v. Acevedo Osorio, supra. AC-2005-029 11
III
Aclarado el estado de derecho vigente en cuanto a
materia de relaciones filiales; corresponde que analicemos
si el foro de instancia ostentaba jurisdicción para emitir
el decreto que le fue solicitado por el padre no custodio.
A.
En Marrero Reyes v. García Ramírez, supra,
establecimos los requisitos que gobiernan la jurisdicción
de nuestros tribunales en materia de custodia de menores.
En aquel momento, adoptando la “regla más abarcadora
posible” para conferirle a los tribunales de Puerto Rico la
base jurisdiccional; resolvimos que los tribunales del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico tienen jurisdicción
para atender en casos de custodia en cualquiera de las
siguientes circunstancias: “1)cuando se posee jurisdicción
in personam sobre todos los litigantes o aun sobre una sola
de las partes;7 2)cuando el menor está domiciliado en Puerto
Rico; 3) cuando el menor está físicamente presente o tiene
su residencia habitual en Puerto Rico; y 4)cuando el menor
es ciudadano o nacional de Puerto Rico.” Íbid, pág. 99.
Sin embargo, en Marrero reconocimos que el hecho que
se cumpla con al menos uno de estos requisitos no
necesariamente justifica el ejercicio de nuestras
7 Para una discusión sobre el tema de la jurisdicción in personam Veáse, entre otros, Medina Garay v. Medina Garay, res. el 19 de mayo de 2004, 2004 T.S.P.R. 75, 161 D.P.R. ___; Shuler v. Shuler, res. el 19 de agosto de 2002, 2002 T.S.P.R. 109, 157 D.P.R. ___; Peguero v. Hernández Pellot, 139 D.P.R. 487 (1995). AC-2005-029 12
prerrogativas. Así, aun teniendo jurisdicción, la
determinación sobre si se ha de ejercer la misma, requiere
la ponderación de un sinnúmero de factores, los cuales, en
última instancia, van dirigidos a proteger y salvaguardar
los mejores intereses del menor. 8 Al decidir ejercer
jurisdicción en un caso en particular, el tribunal debe
procurar alcanzar la mayor uniformidad posible, otorgando
la mayor deferencia a determinaciones de otros foros. Íbid.
B.
En los Estados Unidos, en el año 1968, el “National
Conference of Commissioners on Uniform State Laws”, adoptó
el “Uniform Child Custody Jurisdiction Act” (UCCJA),
Uniform Laws Annotated, Volumen 9, Parte 1A, págs. 270 et
seq., para atender los problemas interjurisdiccionales que
se generaban cuando más de una jurisdicción tenía facultad
para intervenir en controversias relacionadas con la
custodia de un menor, incluyendo el secuestro de un menor
8 Se mencionaron, a manera de ejemplo, los siguientes criterios: “la suficiencia de la información disponible para aquilatar debidamente los hechos y formar juicio sobre el impacto del decreto que se dicte sobre la personalidad y el bienestar del menor; la sustancialidad de los contactos del foro con la controversia; el grado a que el ejercicio de jurisdicción pueda desalentar la multiplicación y prolongación de controversias sobre el asunto y contribuir a crear la estabilidad necesaria; el punto a que se tienda, como se debe tender, a evitar el secuestro unilateral de menores para fines de obtener un decreto de custodia; y el extremo en que se facilite el mayor respeto posible a las determinaciones de otros estados, así como del propio foro.” Marrero, a la pág. 100. AC-2005-029 13
por su padre o madre no custodio. 9 Véase, Thompson v.
Thompson, 484 U.S. 174, 180-181 (1988). El objetivo
principal del UCCJA fue proveer normas uniformes que
permitieran a los estados que adoptaran el estatuto
determinar si tenían jurisdicción en materia de custodia, y
a la vez obligarlos a reconocer los decretos de otros
estados. De este modo se pretendió promover la cooperación
interjurisdiccional para el beneficio de los menores.10
No obstante, años después de su promulgación, el UCCJA
no había alcanzado los resultados esperados ya que éste no
era de carácter obligatorio; no todos los estados lo
aprobaron y otros, lo aprobaron con modificaciones. Esto a
su vez promovía interpretaciones conflictivas entre los
estados que lo acogieron, que era precisamente lo que el
estatuto pretendía evitar. El UCCJA también resultó
deficiente ya que reconoce la jurisdicción concurrente
entre estados, sin establecer ningún tipo de prelación o
preferencia entre jurisdicciones. Tanto el estado de
residencia del menor como otro estado donde las partes
mantengan contactos significativos, pueden legítimamente
reclamar jurisdicción sobre la materia de custodia, lo que
alentó la práctica conocida como “forum shopping”. Íbid.
9 Nótese que la cláusula de entera fe y crédito de la Constitución de los Estados Unidos, Artículo IV, sec. 1, no aplica a los decretos de custodia ya que éstos no son de naturaleza final y firme. Fernández v. Rodríguez, 411 N.Y.S.2d 134, 137 (1978), y otros casos allí citados. 10 Cabe destacar que al día de hoy todos los estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes han aprobado sus versiones del UCCJA. AC-2005-029 14
Véase también S.T. Dickens, The Parental Kidnapping
Prevention Act: Application and Interpretation, 23 J.
Family Law 419 (1984-85).11
En un esfuerzo de remediar las deficiencias del UCCJA,
en el año 1980, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el
“Parental Kidnapping Prevention Act” (PKPA), 28 U.S.C. sec.
1738A, titulado “Full faith and credit given to child
custody determination decrees”. Tal y como sugiere su
título, el PKPA, cuyas disposiciones se derivan del UCCJA,
impone a los estados el deber de otorgar entera fe y
crédito, a través de un patrón uniforme, a decretos de
custodia de otros estados. Véase L.M. Demelis, Interstate
Child Custody and the Parental Kidnapping Prevention Act:
the Continuing Search for a National Standard, 45 Hastings
L.J. 1329 (1994).
El estatuto en su declaración de propósitos,
identifica como sus objetivos principales los siguientes:
promover la cooperación interestatal; facilitar la
11 Posteriormente se promovió el Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act (UCCJEA), Uniform Laws Annotated, Volumen 9, Parte 1A, págs 649 et seq., en sustitución del UCCJA. El UCCJEA constituyó un intento de revisar y clarificar interpretaciones inconsistentes y ambiguas del UCCJA, en específico aquellas disposiciones relacionadas a la jurisdicción del foro judicial. C. Guzaldo Gamrath, UCCJEA: A New Approach to Custody Jurisdiction and Interstate Custody and Visitation, 92 Ill.B.J. 204 (2004). Esta legislación incorpora procedimientos más expeditos y eficientes para asistir a los estados en hacer valer sus decretos de custodia y derechos de visita. Además, incluye estipulaciones dirigidas a proteger las víctimas de violencia doméstica, de conformidad con la ley federal Violence Against Women Act (VAWA), 18 U.S.C. sec. 2265. AC-2005-029 15
ejecución de los decretos de custodia de otros estados;
prevenir la competencia y el conflicto interjurisdiccional;
y frenar la remoción unilateral de los menores con el
propósito de obtener decretos favorables de otros foros.
Por mandato expreso, el cumplimiento con las disposiciones
de la ley es obligatorio para todos los estados, el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico y los territorios de los
Estados Unidos. 28 U.S.C. sec. 1738A(b)(8).
En términos generales, bajo el PKPA cuando el foro
original haya actuado de acuerdo a las disposiciones del
estatuto, y este foro continúe teniendo jurisdicción sobre
la materia, la ley ordena a los tribunales de otros estados
o jurisdicciones a reconocerle a ese decreto original
entera fe y crédito. 28 U.S.C sec. 1738A(a). Al igual que
el UCCJA, el PKPA aplica a decretos de custodia y a órdenes
de visita. Sobre este particular citamos in extenso del
PKPA:
§1738A
(c) Una determinación de custodia o de derecho de visita hecha por un tribunal de un estado es consistente con los requisitos de esta sección solamente si--
(1) dicho tribunal tiene jurisdicción bajo las leyes de su estado; y
(2) se cumple con una de las siguientes condiciones:
A. Ese estado (i) es el estado de residencia del menor a la fecha en que comenzaron los procedimientos, o (ii) ha sido el estado de residencia del menor seis meses antes de la fecha en que comenzaron los procedimientos y el menor se encuentra fuera del estado porque ha AC-2005-029 16
sido trasladado o retenido por una de las partes o por otras razones, y una de las partes aún reside en el estado que emitió el decreto;
B. (i) surge que ningún otro estado tiene jurisdicción bajo el párrafo (A), y (ii) para el mejor bienestar del menor el tribunal de dicho estado asume jurisdicción debido a que (I)el menor y sus padres, o el menor y al menos uno de los litigantes, tiene contactos significativos con el estado, más allá de la mera presencia física en el mismo; y (II) está disponible en ese estado evidencia sustancial relativa al cuidado, protección, entrenamiento y relaciones personales presentes o futuras del menor;
C. el menor está físicamente presente en ese estado, y (i) ha sido abandonado, o (ii) existe una emergencia que requiera su protección porque el niño, un hermano o uno de sus padres, ha recibido amenazas o ha estado expuesto a maltrato o abuso;
D.(i) surge que no hay otro estado con jurisdicción bajo los párrafos (A), (B), (C) o (E), u otro estado ha declinado ejercer jurisdicción bajo el fundamento que el estado cuya jurisdicción está en controversia es el foro más apropiado para determinar la custodia del menor, y (ii) es para el mejor bienestar del menor que ese tribunal asuma jurisdicción; o
E. el tribunal tiene jurisdicción continua conforme al inciso (d) de esta sección.
28 U.S.C. sec. 1738A(c). (Traducción y énfasis nuestro).
Surge de la anterior disposición que el PKPA, al igual
que el UCCJA, reconoce cuatro bases jurisdiccionales.
Estas son: jurisdicción del estado de residencia del menor,
jurisdicción por contactos significativos con el foro,
jurisdicción cuando no existe otro estado con jurisdicción
o ha declinado ejercerla, y jurisdicción para situaciones
de emergencia. Sin embargo, donde el UCCJA admite la
jurisdicción concurrente, el PKPA establece un esquema AC-2005-029 17
jerárquico de preferencia jurisdiccional. Bajo este
esquema, claramente se favorece al estado de residencia del
menor como aquel que merece entera fe y crédito de los
estados y las demás jurisdicciones; mientras que sólo es
posible asumir jurisdicción por contactos significativos
cuando no es viable identificar el estado de residencia del
menor. B.A. Atwood, Child Custody Jurisdiction and
Territoriality, 52 Ohio St.L.J. 369 (1991); Atkins v.
Atkins, 823 S.W.2d 816 (Ark. 1992); Williams v. Williams,
430 S.E.2d 277 (N.C. 1993). En Puerto Rico, Ortega v.
Morales, 131 D.P.R. 783 (1992).
Nótese que el término “estado de residencia del
menor”, significa aquel estado o jurisdicción donde un niño
ha vivido con uno o ambos padres, o con un tutor, al menos
por seis meses consecutivos inmediatamente antes de la
fecha en que se inicien los procedimientos de custodia o de
fijación de derecho de visitas. 28 U.S.C. sec.
1738A(b)(4).
El PKPA le reconoce expresamente jurisdicción continua
al estado que emitió un decreto original de custodia para
hacer valer y revisar su determinación original, al
disponer lo siguiente:
(d) La jurisdicción de un tribunal de un estado que haya emitido una determinación de custodia de menores o de derechos de visita, consistentemente con las disposiciones de esta sección, continúa mientras se cumplan los requisitos de la sección (c)(1) y ese estado se mantenga como estado de residencia del menor o de alguno de los litigantes. AC-2005-029 18
28 U.S.C. sec. 1738A(d). (Traducción nuestra).
Por lo tanto, el PKPA establece tres requisitos
necesarios para la jurisdicción continua, a saber: un
decreto de custodia original consistente con las
disposiciones del estatuto; que el foro original mantenga
jurisdicción bajo sus propias leyes; y que dicho foro
continúe siendo el lugar de residencia legal del menor o al
menos una de las partes. Cumplidos los requisitos de la
cláusula de continuidad, es el estado o la jurisdicción que
emitió el decreto judicial original, cuya determinación de
custodia recibirá entera fe y crédito. A.B. Goldstein, The
Tragedy of the Interstate Child: A Critical Reexamination
of the Uniform Child Custody Jurisdiction Act and the
Parental Kidnapping Prevention Act, 25 U.C. Davis L. Rev.
845 (1992).12
Es decir, si bien el PKPA da preferencia
jurisdiccional al estado de residencia del menor para
atender cuestiones de custodia de menores, la jurisdicción
continua es el criterio rector ante la existencia de un
decreto válido. Esto refuerza la protección y estabilidad
que brinda el PKPA a los decretos de custodia. M.E. Moraza
Choizne, Juridical Solutions in the U.S.A. for Parental
Kidnapping in Child Custody Cases, 24 Rev. Jur. U.I.P.R.
309, 319 (1990). (“In these actions, the jurisdiccional
12 Para interpretación de la cláusula de continuidad veáse entre otros Mitchell v. Mitchell, 437 So.2d 122 (Ala. 1982); Delk v. González, 658 N.E.2d 681 (Mass. 1995); Glanzner v. State, Dep’t of Social Services, 835 S.W.2d 386 (Mo. 1992). AC-2005-029 19
basis [providing continuous jurisdiction] is hierarchically
superior even to home state jurisdiction.”)13
A manera de excepción, el PKPA reconoce a los
tribunales autoridad para modificar una determinación de
custodia emitida originalmente por otro estado, siempre y
cuando el estado que pretende modificar el decreto ostente
jurisdicción para tomar determinaciones de custodia sobre
el menor; y el foro original haya perdido jurisdicción para
modificar el decreto, o haya renunciado a ella. 28 U.S.C.
sec. 1738A(f). La pérdida de jurisdicción del foro
original se analiza a base de los parámetros
jurisdiccionales del propio estatuto, según el esquema
jerárquico de la sec. 1738A(c) 14 . Crump v. Crump, 821 P.2d
1172 (Utah 1991). Como norma general, los tribunales
deberán celebrar una vista especial para determinar si el
foro mantiene jurisdicción, o si por el contrario, la ha
perdido. Schwartz v. Schwartz, 428 S.E.2d 748 (1993).
La ley declara que pendiente otro procedimiento de
custodia sobre ese menor en otro estado, los tribunales
13 Para opiniones consistentes con la interpretación anterior véase: Fuerstenberg v. Fuersternberg, 591 N.W.2d 798 (S.D. 1999); Barndt v. Barndt, 580 A.2d 320 (Pa. 1990); Moore v. Pérez, 428 So.2d 113 (Ala.App. 1983); Dobbins v. Maner, 517 So.2d 619 (Ala. 1987); O’Daniel v. Walter, 686 S.W.2d 805 (Ark. 1985); Clark v. Atkins, 489 N.E.2d 90 (Ind. 1986); In re McBride, 469 So.2d 645 (Ala. 1985). 14 Además de los factores enumerados en la propia ley, los tribunales han considerado otra serie de circunstancias relacionadas al bienestar del menor, como por ejemplo que el foro original no haya dado el peso debido a alegaciones de maltrato de parte del progenitor que continúa residiendo en el foro, In re Thorensen, 730 P.2d 1380 (Wash. 1987); o que se pruebe que el progenitor residente sea adicto a drogas o alcohólico, Serna v. Salazar, 651 P.2d 1292 (N.M. 1982). AC-2005-029 20
deberán abstenerse de asumir jurisdicción, siempre que el
foro original esté ejerciendo jurisdicción de manera
compatible con las disposiciones del estatuto. 28 U.S.C.
sec. 1738A(g). De actuar el foro original de manera
compatible con el PKPA, el segundo estado al que se le
reclama jurisdicción queda impedido de asumirla, o en todo
caso, debe declinar ejercerla. P.A.T v. D.B., 638 So.2d
905 (Ala. 1994). En igual sentido, In re Marriage of
Hopson, 110 Cal.App.3d 884 (1980); Owens v. Huffman, 481
So.2d 231 (Miss. 1985); y en el estado de Florida, Johnson
v. Denton, 542 So.2d 447 (Fla. 1989).
En casos en donde esté en controversia el derecho de
visita --ya sea para limitar o acrecentar el derecho-- se
ha resuelto que el estado de residencia del progenitor no
custodio seguramente tendrá mejor evidencia para tomar la
determinación, a no ser que las razones para la
modificación se relacionen precisamente a las actividades y
la vida diaria del menor en su estado de residencia. DeLee
v. Koss, 430 So.2d 196 (La. 1983).
Como ya vimos, el PKPA aplica expresamente a decretos
de custodia emitidos válidamente. Se diseñó principalmente
para proteger a los tribunales estatales de ataques de
tribunales de otros estados sobre la validez de sus
decretos de custodia y derechos de visita; o ante intentos
de otros tribunales de modificar los mismos. L.M. Demelis,
op cit. Todo con el claro propósito de prevenir la
competencia y evitar los conflictos de custodia entre los AC-2005-029 21
estados con jurisdicción sobre la materia. Siendo así, el
PKPA no aplica ante la falta de conflicto
interjurisdiccional o cuando sólo hay un foro involucrado
con los procedimientos de custodia de un menor. Ausente un
segundo decreto de custodia o una acción de custodia
pendiente en otro foro, no es bajo el PKPA sino bajo las
leyes “estatales” que se dilucidan los asuntos de custodia
de menores. Veáse Padzer v. Padzer, 556 N.Y.S.2d 427
(1990); Erler v. Erler, 862 P.2d 12 (Mont. 1993).
C.
En Puerto Rico aplica el PKPA por mandato expreso
federal por cuanto los tribunales de Puerto Rico deben
otorgar entera fe y crédito a los decretos de custodia de
otros foros de los Estados Unidos, en aquellos casos de
custodia que cumplan con los parámetros de dicha ley
federal, y se haya observado propiamente el debido proceso
de ley. Veáse Pérez Pascual v. Vega Rodríguez, 124 D.P.R.
529 (1989); Ortega v. Morales, supra; Perron v. Corretjer,
113 D.P.R. 593 (1982); Perron v. Miranda, 114 D.P.R. 25
(1983).
De igual modo, los estados de los Estados Unidos están
obligados por el PKPA a reconocer los decretos de custodia
emitidos originalmente en el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, siempre que éstos se ajusten a las
disposiciones del PKPA. En In re Marriage of Zierenberg,
11 Cal.App.4th 1436 (1992), el tribunal de apelaciones de
California determinó que bajo los parámetros del PKPA era AC-2005-029 22
Puerto Rico, y no California, el estado de residencia de
los menores al momento de emitir el decreto de custodia; ya
que Puerto Rico tenía jurisdicción bajo sus propias leyes y
no la había renunciado. El tribunal resolvió que Puerto
Rico mantuvo jurisdicción continua para decretar y
modificar órdenes de custodia.
Así también en Herrero v. Matas, 447 So.2d 335 (Fla.
1984) un tribunal del Condado de Dade, Florida, que era el
estado de residencia de la menor, asumió jurisdicción ante
una solicitud de la madre para modificar un decreto de
custodia emitido originalmente en Puerto Rico. Existía en
ese momento un procedimiento de custodia pendiente en
Puerto Rico. El foro apelativo de Florida revocó.
Resolvió que Puerto Rico había retenido control de todos
los aspectos del litigio, se había mantenido activo en la
disputa de custodia, y había actuado en “conformidad
sustancial” con el UCCJA, por cuanto el tribunal del
Condado de Dade había asumido jurisdicción indebidamente.
En igual sentido Sterzinger v. Efron, 534 So.2d 798 (Fla.
1988); Izmery v. Izmery, 559 So.2d 1211 (Fla. 1990).
A contrario sensu, en Fernández v. Rodríguez, 411
N.Y.S.2d 134 (1978), la corte suprema del estado de Nueva
York resolvió que el decreto de custodia original emitido
por el tribunal de Puerto Rico no se ajustó a los
estándares del UCCJA 15 , por cuanto rechazó dar entera fe y
15 El tribunal de Nueva York determinó que el dictamen de Puerto Rico no fue consistente con los parámetros del UCCJA AC-2005-029 23
crédito -- reconocer y hacer valer-- al dictamen emitido en
Puerto Rico.
D.
Analizada la legislación federal Parental Kidnapping
Prevention Act --su trayectoria y sus propósitos-- y la
jurisprudencia que la ha interpretado, entendemos que, aun
existiendo otro estado o jurisdicción que constituya el
estado de residencia del menor, un tribunal de Puerto Rico
mantiene jurisdicción continua en conformidad con el PKPA
para emitir una orden de custodia cuando el tribunal en
Puerto Rico haya actuado con jurisdicción de acuerdo a las
disposiciones de la ley federal al emitir la determinación
original de custodia. El análisis es el siguiente:
primero, corresponde evaluar si el tribunal de Puerto Rico
emitió el decreto original de custodia de manera
consistente a las disposiciones del PKPA; es decir,
ejerciendo válidamente jurisdicción al amparo de nuestro
propio derecho y además, en cumplimiento con los
requerimientos jurisdiccionales de la Sección 1738A(c).
Segundo, resulta necesario considerar si el tribunal
de Puerto Rico mantiene jurisdicción en materia de custodia
de menores bajo nuestro propio derecho. Tercero, se
requiere que al menos una de las partes continúe residiendo
en Puerto Rico. De cumplirse cabalmente estos criterios,
será forzoso concluir que los tribunales de Puerto Rico
por consideraciones de debido proceso de ley y además porque no se cumplían con los requisitos jurisdiccionales. AC-2005-029 24
mantienen jurisdicción, bajo la cláusula de continuidad del
PKPA, 28 U.S.C. sec. 1378A(d), para ordenar el cumplimiento
(“enforcement”) o para modificar sus decretos de custodia.
IV
Con el anterior trasfondo doctrinal, analicemos los
hechos del caso.
La controversia medular que nos ocupa es si el
Tribunal de Primera Instancia retuvo jurisdicción, luego de
decretado el divorcio de los comparecientes para emitir la
orden que le ha solicitado el padre no custodio para hacer
valer su derecho de visita. El Tribunal de Apelaciones
erró al resolver bajo el PKPA cuando ante dicho foro no se
había planteado conflicto jurisdiccional alguno, toda vez
que no fue informado del pleito presentado por la recurrida
ante un tribunal en la Florida.
Ahora bien, en su comparecencia ante nosotros, la
recurrida nos informó del pleito que presentó ante los
tribunales en Florida por lo que, en estos momentos,
existen dos jurisdicciones donde el asunto de la custodia
de la menor está pendiente. Por ende, es de aplicación la
legislación federal PKPA y procede que resolvamos de
acuerdo a sus postulados.
Lo cierto es que el Tribunal de Apelaciones erró en su
interpretación del PKPA. El tribunal en su sentencia
reconoció que el PKPA favorece un esquema de jurisdicción
continua, mas no discutió la disposición estatutaria que
así lo reconoce. Más bien, centralizó su discusión AC-2005-029 25
alrededor de la cláusula del estado de residencia del
menor. Por el contrario, procedía evaluar detenidamente
nuestra jurisdicción conforme a un análisis integrado del
estatuto federal, sin limitarse el análisis a sólo una de
sus cláusulas.16 Veamos.
Según hemos indicado, precisa determinar si, por ser
Puerto Rico el foro que emitió el decreto original de
custodia en este caso, bajo la cláusula de continuidad del
PKPA, conserva jurisdicción para emitir una orden
relacionada a la determinación original de custodia. De
acuerdo al análisis de jurisdicción continua, corresponde
resolver, como cuestión de umbral, si el tribunal de Puerto
Rico actuó consistentemente con el PKPA al emitir el
decreto original de custodia en el año 1997.
Es decir, debemos determinar si al momento del decreto
original era Puerto Rico el estado de residencia de la
menor o en su defecto, que no hubiera en ese momento otro
foro que cualificara como estado de residencia de la menor,
haciéndose posible la jurisdicción por contactos
significativos con el foro. Ello exige que se determine si
en ese momento la menor llevaba al menos seis meses
residiendo ininterrumpidamente en Puerto Rico; o, si por el
contrario, la menor llevaba ese tiempo o más, residiendo en
la Florida. De ser este último el caso, entonces, para
16 En Ortega v. Morales Ortega, supra, no examinamos la cláusula de continuidad del PKPA como lo hacemos en esta ocasión. Allí, centramos nuestra discusión en la cláusula de residencia del menor del estatuto federal y resolvimos a base de ello. AC-2005-029 26
efectos del PKAP el decreto original no se conformó a sus
requerimientos.
Al revisar el récord ante nuestra consideración nos
percatamos que el mismo no contiene información sobre este
asunto toda vez que no ha sido tema de análisis ni por el
tribunal de instancia o el de apelaciones, como tampoco por
las partes involucradas en esta controversia. A base de la
información que consta en autos, no se puede concluir con
certeza cuál era el lugar de residencia de la menor al
fijarse las relaciones paterno filiales. Ello es
imprescindible para determinar, conforme los parámetros del
PKPA, si los tribunales de Puerto Rico mantienen
jurisdicción continua para modificar su dictamen original.
Este es un asunto que, en última instancia, debe
dilucidarse en una vista evidenciaria en la que las partes
aporten la prueba necesaria sobre sus respectivas
residencias al momento de decretarse el divorcio y fijarse
las relaciones paterno filiales. Solo de esta forma se
podrá atender la controversia jurisdiccional plantada en
este caso. A esos efectos, el caso debe ser devuelto al
Tribunal de Primera Instancia para que celebre la
correspondiente vista acorde a lo aquí dispuesto.
De resolverse que Puerto Rico actuó con jurisdicción
de acuerdo al PKPA para emitir el decreto original; es
claro que los demás requisitos para la jurisdicción
continua están debidamente atendidos. Esto es así ya que
mantenemos jurisdicción bajo nuestro derecho y al menos una AC-2005-029 27
de las partes mantiene residencia en Puerto Rico.
Procedería entonces que el foro primario ejerciera su
jurisdicción conforme los mejores intereses de la menor.
V
Nos resta expresarnos sobre el segundo señalamiento de
error traído ante nuestra consideración. El peticionario
nos pide que se enmiende el dictamen original a los efectos
de que se ejerza la patria potestad de manera compartida
entre ambos progenitores. La Regla 49.1 de las de
Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.III R.49.1, gobierna en
cuanto a la corrección de errores incurridos debido a
inadvertencia u omisión. Esta regla faculta a los
tribunales a corregir en cualquier momento los errores de
forma en una sentencia. Sobre el procedimiento, denominado
enmienda nunc pro tunc, la regla dispone que:
Los errores de forma en las sentencias, órdenes u otras partes del expediente y los que aparezcan en las mismas por inadvertencia u omisión, podrán corregirse por el tribunal en cualquier tiempo, a su propia iniciativa, o a moción de cualquier parte, previa notificación, si ésta se ordenare. Durante la tramitación de una apelación o un recurso de certiorari, podrán corregirse dichos errores antes de elevar el expediente al tribunal de apelación y, posteriormente, sólo podrán corregirse con permiso del tribunal de apelación.
Adviértase que, independientemente de la facultad que
le es conferida estatutariamente a los tribunales mediante
la referida regla, para efectuar enmiendas nunc pro tunc,
éstos tienen un poder inherente para corregir en cualquier
momento sus expedientes de manera tal que éstos reflejen la AC-2005-029 28
realidad; aun cuando se trate de sentencias que ya hayan
advenido finales. Sucn. Rosario v. Sucn. Cortijo, 83
D.P.R. 678 (1961); Security Insurance Co. v. Tribunal
Superior, 101 D.P.R. 191 (1973).
Hemos avalado como errores de forma las correcciones
de errores del secretario del tribunal al anotar una
sentencia, Pueblo v. Miranda, 56 D.P.R. 601 (1940); añadir
a una sentencia remedios adicionales derivados del derecho
originalmente concedido, Concepción v. Latoni, 63 D.P.R.
693 (1944) 17 ; añadir o modificar una descripción de un bien
en una sentencia, Cintrón v. Hartman & Co., 43 D.P.R. 179
(1932); y conceder costas cuando éstas se reconocen en la
opinión, Lawton v. Rodríguez, 41 D.P.R. 447 (1930).
Siempre que el expediente sustente el remedio, la omisión
en concederlo resulta subsanable mediante una enmienda nunc
pro tunc, con el efecto práctico que la misma se retrotrae.
Coriano Hernández v. Kmart, res. el 29 de junio de 2001,
2001 T.S.P.R. 97, 157 D.P.R. ___.
El criterio principal es que la cuestión a ser
enmendada no conlleve la alteración de un derecho
sustantivo, sino la corrección de una mera inadvertencia.
En cambio, ante una cuestión de interpretación de ley --aun
tratándose de un cálculo matemático-- no procede la
enmienda nunc pro tunc. Banco Popular v. Tribunal
Superior, 82 D.P.R. 242 (1961). En esta situación se
considera un error de derecho sustantivo y no error de
17 Revocado en cuanto a otro punto de derecho. AC-2005-029 29
forma, y no podrá ser corregido por el tribunal una vez la
sentencia advenga firme. García López v. Méndez García,
102 D.P.R. 383.
De acuerdo a los parámetros anteriores, entendemos que
la solicitud de enmienda nunc pro tunc para corregir la
sentencia de divorcio a que refleje que la patria potestad
será compartida no procede en derecho. No se trata de una
enmienda de forma, toda vez que lo solicitado afecta los
derechos sustantivos de las partes. Por el contrario, esta
enmienda tenía que haberse solicitado oportunamente, antes
que la sentencia de divorcio, emitida en el 1997, adviniera
final y firme. No procede una solicitud de enmienda a
estos efectos a más de ocho (8) años luego de haberse
emitido el dictamen.
En vista de la anterior discusión estamos conformes
con la sentencia hoy dictada, la cual revoca al Tribunal de
Apelaciones y devuelve el caso al Tribunal de Primera
Instancia para la celebración de una vista en la cual se
habrá de determinar si, al momento de decretado el divorcio
de las partes en este caso y fijarse las relaciones paterno
filiales, Puerto Rico era el estado de residencia de la
menor, o, que no hubiese en ese momento, otro foro que
pudiese cualificar como tal.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada