EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Wilda Santiago González
Recurrida Certiorari v. 2005 TSPR 192 Solomón T. Setongo Kabuka 166 DPR ____ Peticionario
Número del Caso: CC-2005-853
Fecha: 15 de diciembre de 2005
Tribunal de Circuito de Apelaciones:
Región Judicial de Carolina, Humacao y Aibonito-Panel XIII
Juez Ponente:
Hon. Gretchen Coll Martí
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Antonio Borrés Otero
Abogada de la Parte Recurrida:
Lcda. Rosa I. Ward Cid
Materia: Custodia
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Recurrida
v. CC-2005-853 Salomón T. Setongo Kabuka
Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 15 de diciembre de 2005
Tenemos nuevamente ante nuestra atención una
controversia sobre la custodia de un menor en la cual
se invoca lo dispuesto en la ley federal conocida
como “Parental Kidnapping Prevention Act” (PKPA), que
gobierna los procedimientos de custodia de menores a
nivel interestatal, para argüir que los tribunales
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no tienen
jurisdicción para intervenir en la controversia.
En esta ocasión, acude a nosotros un padre,
residente en St. Thomas, Islas Vírgenes de América,
quien nos solicita que revoquemos la determinación
del Tribunal de Primera Instancia, confirmada por el
Tribunal de Apelaciones, asumiendo jurisdicción para CC-2005-853 2
atender un asunto de custodia. Corresponde confirmar
dicha determinación.
Resolvemos que, conforme el PKPA, no existe en este
momento otro foro con jurisdicción sobre asuntos de
custodia y alimentos para este menor. Por consiguiente,
por ser Puerto Rico el estado de residencia del menor,
procede que asumamos jurisdicción.
I
Las partes aquí comparecientes, el señor Solomón
Setongo Kabuka, (en adelante el señor Kabuka o el
peticionario) y la señora Wilda Santiago González (en
adelante la señora Santiago o la recurrida), contrajeron
matrimonio el 14 de julio de 1990 en St. Thomas, Islas
Vírgenes. Allí establecieron su domicilio conyugal ya que
el señor Kabuka, quien es de origen africano, se desempeña
como profesor universitario de la Universidad de las Islas
Vírgenes. Fruto de dicho matrimonio nació un hijo, en Río
Piedras, Puerto Rico, el 4 de junio de 1996. Desde su
nacimiento, el menor vivió con sus padres en St. Thomas,
hasta que el 9 de septiembre de 1999 se decretó la
sentencia de divorcio en la Corte Superior de las Islas
Vírgenes, División de St. Thomas y St. John. Desde ese
momento, tanto la madre como el menor, trasladaron su
residencia a Carolina, Puerto Rico, donde han vivido
ininterrumpidamente hasta el día de hoy.
El decreto de divorcio emitido por el tribunal de
Islas Vírgenes dispuso que las partes debían regirse por
las provisiones de un acuerdo de separación por ellas CC-2005-853 3
estipulado. Este acuerdo se incorporó a la sentencia de
divorcio pero no se fusionó, consolidó o absorbió
(“merged”) al dictamen de divorcio. En lo pertinente el
decreto de divorcio dispuso que:
ORDERED, ADJUDGED AND DECREED:
. . .
3. That the parties are ordered to abide by the provisions of their Separation Agreement at all times and in all places, which Agreement is not merged in this Decree. (Énfasis nuestro.)
Mediante el referido acuerdo de separación las partes
establecieron cómo se regirían las relaciones paterno
filiales y de custodia; y se determinó una pensión
alimentaria de quinientos dólares mensuales ($500), a ser
pagada por el padre para beneficio del menor. El acuerdo
disponía que ambos progenitores compartirían la custodia
legal del menor. La madre tendría la custodia física de
éste durante todo el año, exceptuando los meses de junio y
julio, y el periodo comprendido desde Navidad hasta Año
Nuevo; en cuyas fechas el menor estaría bajo la custodia
física del padre. Además, se dispuso que las
determinaciones de custodia y el monto de pensión debían
ser revisadas cada cinco años.
El mencionado acuerdo incorporó una cláusula de
mediación y arbitraje compulsorio la cual leía de la
siguiente manera:
SECTION SIX
g. In the event that the parties are unable to agree after a review of physical custody CC-2005-853 4
arrangements or child support amounts, or in respect of any matter concerning the physical custody, financial support, or education, health or welfare of the minor child not provided for herein, the parties shall first seek mediation, utilizing a mediator certified by the Family Division of the Territorial Court of the Virgin Islands, or, if neither party is a resident of the territory, a mediator certified by the equivalent of a family court in the jurisdiction of either of the parties, and, if that is not fully successful, the outstanding matters shall be submitted to binding arbitration.
Pactaron además que, “the provisions of this agreement
shall take precedence and shall be the primary obligation
of both the parties hereto.”
Así las cosas, el 13 de diciembre de 2004, luego de
cumplidos los cinco años de decretado el divorcio en St.
Thomas, la señora Santiago presentó en el Tribunal de
Primera Instancia, Sala de Carolina, una petición para que
asumiera jurisdicción sobre el caso; se modificaran las
disposiciones relativas a la custodia para otorgarle a
ella la custodia legal y patria potestad; y finalmente,
concediera un aumento de pensión alimentaria. La madre
solicitó además que, conforme al acuerdo de separación, se
remitiera el aumento de pensión a la atención de un
mediador certificado en Puerto Rico.
Luego que el tribunal de instancia ordenara un estudio
sobre la custodia y relaciones filiales, el señor Kabuka
reclamó la falta de jurisdicción de los tribunales de
Puerto Rico, a tenor con la legislación federal “Parental
Kidnapping Prevention Act”, 28 U.S.C sec. 1738A. A su vez,
presentó en el tribunal de Islas Vírgenes una petición para CC-2005-853 5
modificar las condiciones de custodia, a los efectos de
invertir el tiempo que el menor pasaba bajo la custodia
física de sus progenitores.
El 27 de abril de 2005, el tribunal de Islas Vírgenes
denegó la solicitud del señor Kabuka. El tribunal se
proclamó carente de jurisdicción, toda vez que el decreto
de divorcio ordenó a las partes a regir todo asunto de
modificación de custodia conforme a lo estipulado en el
acuerdo de separación y que dicho acuerdo no se fusionó a
la sentencia. Sobre ésto la orden dispuso que:
Consistent with the agreement, the Divorce Decree ordered the parties to ‘abide by the provisions of their Separation Agreement at all times and in all places’ and further provided that the ‘Agreement is not merged in this Decree’. Title 16 V.I.C. §110 provides that after judgment, the Court ‘may set aside, alter or modify so much of the judgment as may provide . . . for the care and custody of the minor children. . .’ Since the Court’s judgment did not provide for the care and custody of the minor child based upon the parties’ own agreement, this Court lacks jurisdiction to reverse the custody arrangement agreed upon by the parties. (Énfasis nuestro.)
Mientras tanto, en Puerto Rico, la señora Santiago
presentó una moción urgente ante el tribunal mediante la
cual solicitó se prohibiera la salida del menor de la
jurisdicción de Puerto Rico, ya que el señor Kabuka tenía
amplia movilidad y fuertes lazos con África. Solicitó
además al tribunal que ordenara al señor Kabuka entregar su
pasaporte previo a sostener relación paterno filial alguna
en esta jurisdicción. El tribunal de instancia asumió
jurisdicción sobre el caso y emitió orden para prohibir la
salida del menor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. CC-2005-853 6
No conforme, el señor Kabuka acudió al Tribunal de
Apelaciones con una petición de certiorari en la que alegó
nuevamente la falta de jurisdicción de los tribunales de
Puerto Rico, y cuestionó la determinación de no remover al
menor de la isla. El tribunal a quo se reafirmó en que los
tribunales de Puerto Rico tienen jurisdicción bajo el
fundamento que conforme el PKPA y nuestra jurisprudencia
interpretativa, Puerto Rico es el estado de residencia del
menor por lo que constituye el foro con jurisdicción en
situaciones de conflicto interestatales de custodia. No
obstante, el foro intermedio ordenó al tribunal de
instancia a reglamentar las relaciones paterno filiales,
toda vez que el padre durante los pasados cinco años ha
demostrado una conducta correcta y cumplidora en todo lo
relacionado a las relaciones con su hijo y a sus
obligaciones hacia él.
Ante la determinación del Tribunal de Apelaciones el
señor Kabuka acudió a nosotros con un recurso de certiorari
y una Moción en Auxilio de Jurisdicción. Reclama un solo
señalamiento de error, a saber:
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al declarar No Ha Lugar a la solicitud de certiorari del Peticionario y encontrar que el Tribunal de Primera Instancia tiene jurisdicción para continuar con los procedimientos del caso de autos, incluyendo custodia y alimentos, a base de las disposiciones del Parental Kidnapping Prevention Act, 28 U.S.C. sec. 1738A(f).
El 17 de octubre de 2005 emitimos una orden a la parte
recurrida para que se expresara sobre el recurso
presentado. La parte compareció oportunamente con su CC-2005-853 7
alegato. Con el beneficio de la comparecencia de las
partes, procedemos a resolver.
II
En el año 1968 se promulgó en los Estados Unidos el
“Uniform Child Custody Jurisdiction Act” (UCCJA), para
establecer un esquema que promoviera la estabilidad
interestatal en materia de custodia de menores, y así
prevenir la remoción interestatal de menores por sus
propios padres o parientes con el propósito de obtener
decretos de custodia favorables en otros foros. Sin
embargo, el UCCJA no fue adoptado por todos los estados
derrotando así su objetivo. S.T. Dickens, The Parental
Kidnapping Prevention Act: Application and Interpretation,
23 J. Family Law 419 (1984-85).1
Ante esta situación, el Congreso de los Estados Unidos
consideró que era necesario aprobar legislación que
atendiera este problema. Así, en el 1980 se aprobó la ley
federal conocida como “Parental Kidnapping Prevention Act”
(PKPA), 28 U.S.C. sec. 1738A; convirtiéndose así en el
primer estatuto federal dirigido a regular el problema de
remoción interestatal de menores por sus padres o
parientes.2 El estatuto identifica los siguientes objetivos
1 El Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act (UCCJEA), Uniform Laws Annotated, Volumen 9, Parte 1A, págs. 649 et seq., posteriormente sustituyó el UCCJA. Esta legislación más reciente fue promulgada en un intento de revisar y clarificar interpretaciones inconsistentes y ambiguas del UCCJA, en específico aquellas disposiciones relacionadas a la jurisdicción del foro judicial. 2 El PKPA, salvo ciertas diferencias significativas en cuanto al esquema de preferencia jurisdiccional, contiene básicamente el mismo lenguaje que el UCCJA. Véase S.A. CC-2005-853 8
principales: promover la cooperación interestatal;
facilitar la ejecución de los decretos de custodia de otros
estados; prevenir la competencia y el conflicto
interjurisdiccional; y frenar la remoción unilateral de los
menores por sus parientes para obtener decretos judiciales
favorables en otros foros. La ley rige expresamente en
todos los estados de los Estados Unidos, en el Distrito de
Columbia, en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y en
los territorios y posesiones de los Estados Unidos de
América. 28 U.S.C. sec. 1738A (b)(8).
El PKPA ocupa el campo en materia de determinaciones
interestatales de custodia, por cuanto prevalece sobre
cualquier otra legislación estatal, incluyendo la propia
UCCJA. M.E. Moraza Choizne, Juridical Solutions in the
U.S.A. for Parental Kidnapping in Child Custody Cases, 24
Rev. Jur. U.I.P.R. 309, 320 (1990).
Como su principal postulado, el PKPA ordena a los
tribunales a reconocer entera fe y crédito a los decretos
de custodia de otros estados o jurisdicciones, siempre que
éstos hayan sido emitidos consistentemente con las
disposiciones del estatuto; y el foro original continúe
teniendo jurisdicción sobre la materia de custodia del
menor. 28 U.S.C. sec. 1738A(a). En su inciso (c) la ley
dispone los parámetros que determinan si un decreto de
custodia es consistente con el estatuto, a saber:
§1738A.
Vincenti, The Parental Kidnapping Prevention Act: Time to Reassess, 33 Idaho L. Rev. 351 (1997). CC-2005-853 9
(c) Una determinación de custodia o de derecho de visita hecha por un tribunal de un estado es consistente con los requisitos de esta sección solamente si--
(1) dicho tribunal tiene jurisdicción bajo las leyes de su estado; y
(2) se cumple con una de las siguientes condiciones:
A. Ese estado (i) es el estado de residencia del menor a la fecha en que comenzaron los procedimientos, o (ii) ha sido el estado de residencia del menor seis meses antes de la fecha en que comenzaron los procedimientos y el menor se encuentra fuera del estado porque ha sido trasladado o retenido por una de las partes o por otras razones, y una de las partes aún reside en el estado que emitió el decreto;
B. (i) surge que ningún otro estado tiene jurisdicción bajo el párrafo (A), y (ii) para el mejor bienestar del menor el tribunal de dicho estado asume jurisdicción debido a que (I)el menor y sus padres, o el menor y al menos uno de los litigantes, tiene contactos significativos con el estado, más allá de la mera presencia física en el mismo; y (II) está disponible en ese estado evidencia sustancial relativa al cuidado, protección, entrenamiento y relaciones personales presentes o futuras del menor;
C. el menor está físicamente presente en ese estado, y (i) ha sido abandonado, o (ii) existe una emergencia que requiera su protección porque el niño, un hermano o uno de sus padres, ha recibido amenazas o ha estado expuesto a maltrato o abuso;
D.(i) surge que no hay otro estado con jurisdicción bajo los párrafos (A), (B), (C) o (E), u otro estado ha declinado ejercer jurisdicción bajo el fundamento que el estado cuya jurisdicción está en controversia es el foro más apropiado para determinar la custodia del menor, y (ii) es para el mejor bienestar del menor que ese tribunal asuma jurisdicción; o
E. el tribunal tiene jurisdicción continua conforme al inciso (d) de esta sección.
28 U.S.C. sec. 1738A(c). (Traducción nuestra). Conforme se
desprende de lo anterior, el PKPA reconoce cuatro bases CC-2005-853 10
jurisdiccionales, que son: jurisdicción del estado de
residencia del menor, jurisdicción por contactos
significativos con el foro, jurisdicción cuando no existe
otro estado con jurisdicción o ha declinado ejercerla, y
jurisdicción para situaciones en las que el menor se
encuentra en estado de emergencia.
El estatuto establece un esquema de preferencia
jurisdiccional mediante el cual se favorece el estado de
residencia del menor como el foro que mejor está capacitado
para atender las cuestiones de custodia de dicho menor.
Ortega v. Morales, 131 D.P.R. 783 (1992). La ley considera
como “estado de residencia” del menor aquel estado o
jurisdicción en la que el menor haya vivido con uno o ambos
padres, o con un tutor, al menos durante seis meses
consecutivos antes de la fecha de inicio de los
procedimientos de custodia o fijación de derechos de
visita. 28 U.S.C. sec. 1738A(b)(4).
No obstante, si bien el PKPA da preferencia al estado
de residencia del menor sobre cualquier otra jurisdicción,
la ley confiere jurisdicción continua al estado o foro que
haya emitido un decreto original de custodia, para que este
foro haga valer o revise sus determinaciones originales.
28 U.S.C. sec. 1738(A)(d). Debe entenderse que ante la
existencia de un decreto original que se ajuste a las
disposiciones del estatuto, la jurisdicción continua es el
criterio principal, aun cuando ésta no sea la jurisdicción
de residencia del menor. M.E. Moraza Choizne, supra, a la
pág. 319. (“In these actions, the jurisdictional basis CC-2005-853 11
[providing continuous jurisdiction] is hierarchically
superior even to home state jurisdiction.”)
Para que un foro mantenga jurisdicción continua es
necesario que se cumplan tres requisitos: un decreto
original de custodia consistente con las disposiciones del
PKPA, que el foro original mantenga jurisdicción bajo sus
propias leyes, y que dicho foro continúe siendo el estado
de residencia del menor o al menos una de las partes. 28
U.S.C. sec. 1738(A)(d). Véase también A.B. Goldstein, The
Tragedy of the Interstate Child: A Critical Reexamination
of the Uniform Child Custody Jurisdiction Act and the
Parental Kidnapping Prevention Act, 25 U.C. Davis L. Rev.
845 (1992).
De otro lado y a manera de excepción, la ley reconoce
jurisdicción a un foro para modificar determinaciones de
custodia emitidas por otros foros cuando el estado o
jurisdicción que pretende modificar el decreto ostenta
jurisdicción para hacer determinaciones de custodia; y el
tribunal del otro foro ha perdido jurisdicción o ha
declinado ejercerla. 28 U.S.C. sec. 1738A(f) y (h). Una
vez comenzado un procedimiento de custodia en un estado o
jurisdicción, éste sea consistente con las disposiciones
del PKPA, y dicho procedimiento se encuentre pendiente; un
segundo estado o jurisdicción queda impedido de ejercer
jurisdicción, o debe declinar ejercerla. 28 U.S.C.
1738A(g). Véase P.A.T. v. D.B., 638 So.2d 905 (Ala. 1994);
In re Marriage of Hopson, 110 Cal.App.3d 884 (1980); Owens
v. Huffman, 481 So.2d 231 (Miss. 1985). CC-2005-853 12
Conforme a la discusión que antecede, procede que
determinemos si los tribunales de Puerto Rico pueden asumir
jurisdicción sobre la materia de custodia del menor; o si
por el contrario, están impedidos de hacerlo debido a que
los tribunales de las Islas Vírgenes de América mantienen
jurisdicción conforme a la cláusula de jurisdicción
continua del PKPA.
III
Habiéndose decretado el divorcio entre las partes en
el tribunal de Islas Vírgenes, corresponde evaluar si
mediante el decreto de divorcio dicho foro asumió
jurisdicción original sobre los asuntos de custodia y
relaciones filiales sobre el hijo del matrimonio Kabuka-
Santiago de modo consistente con las disposiciones del
PKPA. Veamos cuál es el estado de derecho de las Islas
Vírgenes en materia de custodia y alimentos de menores.
El Código de las Islas Vírgenes dispone en cuanto a
las modificaciones de órdenes finales en casos de divorcio
o anulación que:
At any time after a judgment is given the court, upon the motion of either party on notice, may set aside, alter or modify so much of the judgment as may provide alimony or for the appointment of trustees, for the care and custody of the minor children, or the nurture and education thereof [. . .].
16 V.I.C. sec. 110. De la anterior disposición estatutaria
se desprende que un tribunal de las Islas Vírgenes que
emite una sentencia de divorcio, mantiene jurisdicción para
modificar las disposiciones de dicha sentencia en lo CC-2005-853 13
relacionado a los alimentos o custodia de los menores;
poder que descansa en la sana discreción del tribunal.
Towers v. Towers, 16 V.I. 209, 220 (1979).
Por el contrario, si la sentencia de divorcio nada
dispuso sobre asuntos relacionados a la custodia y pensión
alimentaria, el tribunal carece de jurisdicción para
modificar dichas disposiciones. Así, en Brandy v. Brandy,
21 V.I. 267, 269 (1985) el tribunal de Islas Vírgenes
enfatizó que “[n]o Virgin Islands decision, though, can be
found that holds that section 110 allows the court to order
payment of support where as here, the original divorce
decree is silent on that subject.” De este modo, la
jurisdicción del tribunal de Islas Vírgenes para modificar
asuntos de custodia y alimentos de menores, podría verse
limitada cuando estas disposiciones se fundamentan en
acuerdos de separación independientes. Viles v. Viles, 316
F.2d 31 (V.I. 1963).
En algunas jurisdicciones de los Estados Unidos, donde
existe legislación conocida como “no fault divorce laws” se
promueve la utilización de los llamados “acuerdos de
separación” o “acuerdos pre-divorcio” para regir los
asuntos posteriores al divorcio. De esta forma se provee
un mecanismo menos contencioso y antagónico para gobernar
las relaciones entre los ex cónyuges. Mediante estos
acuerdos se atienden asuntos relacionados con la división
de bienes matrimoniales, determinaciones de custodia,
alimentos, y demás incidentes posteriores al divorcio.
M.J. Whaling, The No Fault Concept: Is this the Final Stage CC-2005-853 14
in the Evolution of Divorce?, 47 Notre Dame Lawyer 959
(1972).
Las Islas Vírgenes es un ejemplo de una jurisdicción
que autoriza este tipo de negociación entre los cónyuges
previo al divorcio. Estos acuerdos no obligan al tribunal,
que en su sana discreción podría ignorarlos si estima que
no atienden cabalmente las necesidades de las partes, o en
algún modo las perjudican. Francois v. Francois, 599 F.2d
1286 (V.I. 1979); Viles v. Viles, supra. Cuando un acuerdo
de separación se incorpora a una sentencia de divorcio, el
tribunal de Islas Vírgenes puede optar por fusionarlo a la
sentencia (“merged into the decree”), o no fusionarlo (“not
merged into the decree”). Si la decisión del tribunal es
de fusionarlo, éste podrá entonces en ocasiones futuras,
modificarlo o hacer valer las determinaciones del mismo.
Pfister v. Pfister, 21 V.I. 533 (1985). En Pfister v.
Pfister, supra, el tribunal de Islas Vírgenes expresó que
“[i]f the agreement was merged in the decree, then the
original claim . . . is extinguished, is superseded by the
judgment. . .”
Por el contrario, si el acuerdo de separación no se
fusiona o absorbe por la sentencia de divorcio dictada
originalmente, los reclamos sobre el incumplimiento con lo
estipulado no se extinguen con el decreto de divorcio; pero
el tribunal carece de jurisdicción para modificar o hacer
valer estos acuerdos como parte de la propia sentencia de
divorcio. En este caso, procedería una acción
independiente por incumplimiento contractual. Pfister v. CC-2005-853 15
Pfister, supra, reiterado en Morton v. Morton, 34 V.I. 32
(1996).
En igual sentido tratan el asunto otras
jurisdicciones. Cuando el acuerdo de separación se fusiona
al decreto de divorcio, el contrato de estipulación se
convierte en una orden de custodia o alimentos y pierde así
su carácter contractual. Véase Doherty v. Doherty, 383
S.E.2d 759 (Va. App. 1989); Smith v. Smith, 589 S.E 2d 439
(Va. App. 2003); Callen v. Callen, 58 So.2d 462 (Ala.
1952); Jeanes v. Jeanes, 177 S.E.2d 537 (S.C. 1977); Grant
v. Grant, 396 N.E.2d 1037 (Ohio App. 1977).3
Por el contrario, si un acuerdo de separación válido
se incorpora a la sentencia de divorcio pero no se fusionó
en ésta, el acuerdo sobrevive como un arreglo contractual
independiente, y el tribunal no adquiere autoridad para
efectuar ulteriores modificaciones a lo estipulado entre
las partes, salvo que el propio acuerdo disponga lo
contrario. S.Z. Moghadam, Dismissing the Purpose and
Public Policy Surrounding Spousal Support, 56 Md. L. Rev.
927 (1995-1996). El remedio para las partes en estos casos
es instar una acción independiente, luego del divorcio,
para exigir el cumplimiento de lo pactado entre los
3 Cabe destacar que en otras jurisdicciones de los Estados Unidos, al igual que en la nuestra, por razones de política pública, el tribunal siempre retiene jurisdicción sobre las cuestiones de custodia y alimentos de menores, irrespectivamente de cualquier acuerdo contractual entre las partes. Véase Alfano v. Alfano, 72 S.W.3d 104 (Ark.Ct.App. 2002); Moseley v. Mosier, 306 S.E.2d 624 (S.C. 1983); Hay v. Hay, 730 N.E.2d 787 (Ind. Ct.App. 2000); Adamson v. Dodge, 816 A.2d 455 (Vt. 2002) CC-2005-853 16
cónyuges. Siegel v. Siegel, 197 A.D.2d 569 (N.Y. 1993);
Hoyt v. Hoyt, 307 A.D.2d 621 (N.Y. 2003).
Para interpretaciones consistentes con lo anterior
véase Riffenburg v. Riffenburg, 585 A.2d 627 (R.I. 1991),
(“[T]he judiciary is without authority to modify alimony in
a nonmerged separation agreement. . .In this unsurprising
holding, we are essentially adhering to hundreds of years
of contract theory that the modification of contracts can
only be accomplished by the contracting parties. As the
average contract that is fairly entered into is
nonmodifiable by a court, so too is the separation
agreement with respect to alimony.”); Engels v. Jacobs, 297
A.D.2d 657 (N.Y.App. 2002), (“[C]hild support agreement
arrived at pursuant to a stipulation of settlement, which
is incorporated but not merged into the divorce decree,
should not be disturbed absent a showing that the agreement
was unfair or inequitable at the time that it was made,
that an ‘unanticipated and unreasonable change in
circumstances has occurred resulting in a concomitant need’
or that the child's right to receive adequate support is
not being met.”). En igual sentido, Blitz v. Florida Dept.
of Revenue ex rel Maxwell, 898 So.2d 121 (Fla.App. 2005);
Carosone v. Carosone, 688 A.2d 733 (Pa. 1997); Sorace v.
Sorace, 655 A.2d 125 (Pa. 1995); Knott v. Knott, 806 A.2d
768 (Md.App. 2002); Gold v. Gold, 156 A.D.2d 874 (N.Y.
1989); Johnston v. Johnston, 465 A.2d 436 (Md. 1983).
Cuando el acuerdo de separación no se fusiona a la
sentencia, el tribunal no adquiere jurisdicción sobre la CC-2005-853 17
materia, consistente con las disposiciones del PKPA o el
UCCJA. Conforme a dichos estatutos, el tribunal queda
impedido entonces de intervenir con los asuntos
relacionados a la custodia o relaciones paterno filiales.
Gestl v. Frederick, 754 A.2d 1087 (Md. App. 2000); State ex
rel Morenz v. Kerr, 818 N.E.2d 1162 (Ohio 2004). No
existiendo un procedimiento de custodia pendiente en otra
jurisdicción, un segundo foro puede asumir jurisdicción
sobre la custodia del menor, si se cumplen con los
requisitos jurisdiccionales de la ley federal.
Examinemos los hechos del presente caso a la luz de la
anterior discusión doctrinal.
IV
El peticionario, señor Kabuka, alegó que el tribunal
de Islas Vírgenes mantiene jurisdicción sobre el caso ya
qué fue el estado que emitió el decreto original de
custodia y no ha renunciado a su jurisdicción. Veamos por
qué no tiene razón.
En septiembre de 1999, en una escueta sentencia, la
Corte Superior de las Islas Vírgenes decretó el divorcio
entre las partes. En dicho decreto, el tribunal ordenó a
las partes a cumplir con lo pactado en el acuerdo de
separación en todo momento y en todo lugar. El tribunal
claramente expresó que el acuerdo de separación no se
fusionaba al decreto de divorcio. El decreto nada ordenó
propiamente sobre la custodia, relaciones filiales, ni
pensión alimentaria para el menor; habiéndose incluido
todos estos asuntos en el acuerdo de separación. Conforme CC-2005-853 18
el estado de derecho de las Islas Vírgenes, al no
fusionarse el acuerdo de separación al decreto de divorcio,
éste retuvo intacta su naturaleza contractual. En
consecuencia, el tribunal quedó impedido de intervenir con
estos asuntos. Cabe señalar que la validez del acuerdo de
separación no ha sido impugnada ni está en controversia.
Precisamente así lo resolvió el propio tribunal de Islas
Vírgenes al declararse sin jurisdicción ante la solicitud
de modificación de custodia presentada por el señor Kabuka.
Resulta forzoso concluir que el tribunal de Islas
Vírgenes no adquirió, mediante el decreto de divorcio,
jurisdicción original conforme al “Parental Kidnapping
Prevention Act”, sobre los asuntos relacionados a la
custodia del menor. Al no existir en Islas Vírgenes un
decreto original que se ajuste a las disposiciones del
PKPA, lógicamente, no puede entenderse que el tribunal de
Islas Vírgenes mantenga jurisdicción continua en virtud de
la cláusula de continuidad de dicha legislación federal,
tal y como argumenta el peticionario. No se cumple con el
requisito de umbral para la jurisdicción continua, a saber:
un decreto original de custodia o derechos de visita
consistente con las disposiciones de la ley. 28 U.S.C.
1738A(d).
Ante esta situación, no existe en la actualidad un
decreto de custodia pendiente en otro foro relacionado al
menor Kabuka Santiago al que los tribunales de Puerto Rico
deban otorgar entera fe y crédito, a tenor con el PKPA.
Puerto Rico, tal y como resolvieron los tribunales de CC-2005-853 19
Primera Instancia y Apelaciones, puede asumir jurisdicción
en la materia de custodia y relaciones filiales de este
niño. Este menor reside en Puerto Rico desde hace
aproximadamente seis años, y es Puerto Rico,
indudablemente, su estado de residencia. Corresponde al
mejor bienestar del menor que asumamos jurisdicción, lo que
hacemos consistente con el PKPA.
V
Por los fundamentos anteriormente expuestos, se expide
el auto solicitado y se dicta sentencia confirmando la
sentencia del Tribunal de Apelaciones, que a su vez
confirmó la resolución del Tribunal de Primera Instancia,
asumiendo jurisdicción sobre la materia de custodia y
alimentos del menor Kabuka Santiago. Se dictará la
sentencia correspondiente.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede los cuales se incorporan íntegramente a la presente, se expide el auto solicitado y se dicta sentencia confirmando la sentencia del Tribunal de Apelaciones.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera Pérez concurre en el resultado sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo