EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Nadia Liz Serrano Maldonado Certiorari Recurrida 2019 TSPR 08 v. 201 DPR ____ Emanuel Molina Figueroa
Peticionario
Número del Caso: CC-2016-944
Fecha: 15 de enero de 2019
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan y Caguas
Abogado de la parte peticionaria:
Por derecho propio
Abogada de la parte recurrida:
Lcda. Lilliam A. Ramos Bahamundi
Materia: Derecho de Familia – Una pensión por incapacidad que recibe un veterano debe considerarse como ingreso al momento de computar y fijar una pensión alimentaria.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Nadia Liz Serrano Maldonado
Recurrida
v. Núm.CC-2016-0944
Emanuel Molina Figueroa
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 15 de enero de 2019
En esta ocasión, nos corresponde determinar si una
pensión por incapacidad que recibe un veterano de las fuerzas
armadas de Estados Unidos debe ser considerada como ingreso
al momento de calcular y fijar una pensión alimentaria.
Específicamente, debemos evaluar si los foros inferiores
erraron al incluir dicha pensión por incapacidad en el
cómputo para establecer la obligación del alimentante hacia
su hija menor de edad.
I
El peticionario, Sr. Emanuel Molina Figueroa, contrajo
matrimonio con la Sra. Nadia Liz Serrano Maldonado en el
2011 y procreó con ésta una hija. El 25 de agosto de 2014,
la señora Serrano Maldonado presentó una demanda de divorcio
y solicitud de pensión alimentaria para la menor ante el
Tribunal de Primera Instancia. Mediante sentencia dictada el
16 de octubre de 2016, el foro primario decretó el divorcio
y otorgó la custodia de la menor a la señora Serrano CC-2016-0944 2
Maldonado. Además, determinó que la patria potestad sería
compartida, fijó las relaciones paterno-filiales y
estableció una pensión alimentaria provisional de $220.00
mensuales, retroactiva a la fecha de la presentación de la
demanda.
Luego de varios incidentes procesales, el 1 de junio de
2015, se celebró la vista de fijación de pensión ante la
Examinadora de Pensiones Alimentarias (EPA). Luego de
evaluar la prueba presentada, el 11 de mayo de 2016, la EPA
rindió un informe en el cual consignó lo siguiente:
Se consideró en cuanto al padre no custodio, el ingreso como Investigador de Querellas de Accidente en DACO, así como las deducciones mandatorias y permitidas según reflejadas en los talonarios de pago provistos. Se consideró además como ingreso mensual, la cantidad de $1,002.65 por concepto de compensación del Departamento de Asuntos de Veteranos.
Véase Informe del 11 de mayo de 2016.
Así las cosas, la EPA recomendó una pensión ascendente
a $409.00 mensuales desde la fecha de la presentación de la
demanda hasta el 30 de noviembre de 2014 y de $434.00 a
partir del 2 de diciembre de 2014. Al hacer esta
recomendación, la EPA concluyó que la pensión recibida por
el peticionario por parte del Departamento de Asuntos del
Veterano de Estados Unidos en concepto de beneficios por
incapacidad no estaba exenta del cálculo de los ingresos
para fijar una pensión alimentaria. Razonó que la ley federal
conocida como la Child Support Enforcement Act (CSEA), 42
USC sec. 651 et seq., no contenía una prohibición en torno
a utilizar la pensión por incapacidad que recibe un veterano CC-2016-0944 3
como ingreso para el cálculo de la pensión alimentaria. Por
ello, consideró dicha cuantía en conjunto con el salario que
el peticionario recibe como Investigador del Departamento de
Asuntos del Consumidor (DACO).
Mediante resolución dictada el 16 de mayo de 2016, el
Tribunal de Primera Instancia acogió las recomendaciones de
la EPA en su totalidad y fijó la pensión correspondiente.
Inconforme con tal proceder, el peticionario acudió al
Tribunal de Apelaciones, foro que confirmó la resolución
recurrida. Al así proceder, el foro apelativo intermedio
analizó la definición de ingresos contenida en la Ley de
sustento de menores, 8 LPRA sec. 501(22), así como las guías
promulgadas al amparo de ésta. En virtud de estas
disposiciones, concluyó que la pensión por incapacidad
recibida por el peticionario debía ser computada al momento
de determinar los ingresos que servirían de base para la
fijación de la pensión alimentaria.
Insatisfecho con ese dictamen, el 3 de octubre de 2016,
el señor Molina Figueroa presentó un recurso de certiorari
ante este Tribunal. Mediante éste, planteó como único
señalamiento de error que el Tribunal de Apelaciones había
errado “al no considerar las disposiciones legales y
reglamentarias federales que excluyen la compensación por
incapacidad otorgada por la Administración de Veteranos del
cómputo para establecer una pensión alimentaria”.
Certiorari, en la pág. 4. Según arguyó, tanto la EPA como
los foros inferiores erraron en su interpretación de los
estatutos federales aplicables, lo que resultó en la CC-2016-0944 4
categorización errónea de su pensión por incapacidad como
ingreso.
Específicamente, el peticionario alegó que las guías
contenían una limitación respecto a ingresos recibidos en la
jurisdicción federal. Según indicó, la CSEA claramente
establece que, para considerar una compensación por
incapacidad como ingreso, es necesario que su recipiente
hubiese renunciado a la pensión por retiro o a una porción
de ésta. Así, el peticionario sostuvo que, dado que él no
había renunciado a dicha pensión en concepto de retiro, su
pensión por incapacidad no debía ser considerada ingreso.
Por tanto, reiteró que la cuantía de la pensión alimentaria
era incorrecta y que no procedía el pago de la deuda
retroactiva, puesto que la misma derivaba del nuevo cómputo
que incluyó la pensión por incapacidad.
Mediante resolución emitida el 24 de febrero de 2017,
expedimos el auto solicitado. Posteriormente, el 9 de marzo
de 2017, la parte recurrida presentó su Alegato en oposición
a certiorari. En éste, argumentó que la ley federal CSEA no
prohibía que la pensión recibida por un veterano fuese
incluida en el cómputo para determinar una pensión
alimentaria. Aludió, además, al principio federal de la
inmunidad soberana que inspiró esa legislación y el poder de
los estados de reglamentar todo lo relativo a reclamos de
alimentos para menores. Por tanto, sostuvo que los foros
recurridos actuaron correctamente al considerar como ingreso
la pensión por incapacidad al momento de realizar el cómputo
para determinar la pensión alimentaria correspondiente. CC-2016-0944 5
Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes y
los autos originales que nos fueron remitidos por el Tribunal
de Apelaciones, estamos en posición de resolver.
II
Para examinar adecuadamente la controversia ante
nuestra consideración, resulta preciso examinar las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables; en
particular aquéllas relativas a lo que constituye “ingreso”
al momento de calcular una pensión alimentaria en nuestra
jurisdicción. En cuanto a esto, la Ley orgánica de la
Administración para el Sustento de Menores provee la
siguiente definición:
Ingresos — Comprende cualquier ganancia, beneficio, rendimiento o fruto derivado de sueldos, jornales o compensación por servicios personales, incluyendo la retribución recibida por servicios prestados como funcionario o empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, del Gobierno de los Estados Unidos de América, el Distrito de Columbia, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos de América, o cualquier territorio o posesión sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos de América, según lo permitan las leyes y reglamentos federales aplicables, de cualquier estado de la Unión de los Estados Unidos de América, o de cualquier subdivisión política de los mismos, o de cualquier agencia o instrumentalidad de cualesquiera de las mencionadas entidades en cualquiera que sea la forma en que se pagaren; o de profesiones, oficios, industrias, negocios, comercio o ventas; o de operaciones en propiedad, bien sea mueble o inmueble, que surjan de la posesión o uso del interés en tal propiedad; también los derivados de intereses, rentas, dividendos, beneficios de sociedad, valores o la operación de cualquier negocio explotado con fines de lucro o utilidad; y ganancias, beneficios, rendimientos, fondos, emolumentos o compensación derivados de cualquier procedencia, incluyendo compensaciones como contratista independiente, compensaciones por desempleo, compensaciones por incapacidad, beneficios de retiro y pensiones o cualquier otro CC-2016-0944 6
pago que reciba un alimentante de cualquier persona natural o jurídica.
8 LPRA sec. 501(20).
De esta definición surge claramente que, en nuestra
jurisdicción, una pensión o compensación en virtud de una
incapacidad sobrevenida se considera ingreso para propósitos
de fijar una pensión alimentaria. Las Guías mandatorias para
computar las pensiones alimentarias en Puerto Rico (Guías)
promulgadas al amparo de esta legislación contienen una
definición de ingreso idéntica a la dispuesta en la Ley.1 No
1 La definición de “ingreso” provista en las Guías es la siguiente:
[C]ualquier ganancia monetaria, beneficio, rendimiento o fruto derivado de sueldos, jornales o compensación por servicios personales, incluyendo la retribución recibida por servicios prestados como funcionario o funcionaria o empleado o empleada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, del Gobierno de los Estados Unidos de América, del Distrito de Columbia, de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos de América, o de cualquier territorio o posesión sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos de América según lo permitan las leyes y reglamentos federales aplicables, de cualquier estado de la Unión de los Estados Unidos de América, o de cualquier agencia o instrumentalidad de cualesquiera de las mencionadas entidades o país extranjero en cualquiera que sea la forma en que se pagaren; o de profesiones, oficios, industrias, negocios, comercio o ventas; o de operaciones en propiedad, bien sea mueble o inmueble, que surjan de la posesión o uso del interés en tal propiedad; también los derivados de intereses, rentas, dividendos, beneficios de sociedad o corporación, valores o la operación de cualquier negocio explotado con fines de lucro o utilidad; y ganancias, beneficios, rendimientos, fondos, emolumentos o compensación derivados de cualquier procedencia, compensaciones como contratista independiente, compensaciones por desempleo, compensaciones por incapacidad, beneficios de retiro y pensiones o cualquier otro pago que CC-2016-0944 7
obstante, las definiciones provistas en la Ley y en las Guías
condicionan la consideración de ciertas cuantías como
ingresos a lo que “permitan las leyes y reglamentos federales
aplicables”. Id. Es decir, tanto la Ley de Sustento de
Menores como las Guías establecen que una compensación que
se recibe en concepto de pensión por incapacidad se reputa
ingreso al momento de calcular el monto de la pensión
alimentaria debida, según lo permitan las leyes federales.
A nivel federal, el Child Support Enforcement Act, 42
USC sec. 651 et seq., regula lo concerniente a la manutención
de menores. Esta legislación, además, incluye un
reconocimiento expreso de las soberanías estatales en todo
lo atinente a las deudas por concepto de alimentos y cómo
éstas pueden ser reclamadas en las cortes estatales con
independencia de que el ingreso del obligado provenga de una
pensión por retiro o por incapacidad provista por la
Administración de Veteranos federal.
En el caso de Rose v. Rose, 481 US 619 (1987), el
Tribunal Supremo de Estados Unidos tuvo la oportunidad de
evaluar la aplicación de la doctrina de campo ocupado a
aquellas leyes que regulan el Derecho de Familia en los
distintos estados. En ese caso, un veterano completamente
incapacitado, cuya principal fuente de ingreso era la
pensión que recibía por parte de las fuerzas armadas, fue
encontrado incurso en desacato por la corte estatal de
reciba una persona de cualquier persona natural o jurídica.
Reglamento Núm. 8529, Parte II, Artículo 7(16). CC-2016-0944 8
Tennessee luego de no satisfacer la pensión alimentaria
debida a sus hijos. Esa pensión alimentaria había sido fijada
tomando en consideración las cuantías provenientes del
Seguro Social federal y de la Administración del Veterano en
concepto de beneficios por incapacidad. Esto, conforme a un
estatuto del estado de Tennessee que establecía que, al
momento de fijar las pensiones alimentarias, debían tomarse
en cuenta la capacidad de generar ingreso, las necesidades,
las obligaciones y los recursos económicos de cada pariente.
Véase Rose, 481 US en la pág. 622 (citando a Tenn. Code Ann.
Sec. 36-5-101 (e)(3)).2
La Corte de Apelaciones de Tennessee confirmó el
dictamen y dispuso que la intención del Congreso al fijar
pensiones por incapacidad era asegurar que esos beneficios
pudiesen satisfacer las necesidades del beneficiario y sus
dependientes. Inconforme, el veterano acudió al Tribunal
Supremo de Estados Unidos y planteó que, al tratarse de
beneficios provistos al amparo de legislación federal -y
conforme a la cláusula de supremacía- el único foro con
jurisdicción para determinar cuál sería su uso era la
Administración de Veteranos, por lo que una corte estatal
2 El Tribunal Supremo federal destacó que el veterano no apeló la cuantía que la corte de Tennessee había determinado que le correspondía pagar en concepto de pensión alimentaria y que incluía la pensión por incapacidad que recibía como veterano de las fuerzas armadas. Por el contrario, el apelante en Rose optó por no pagar la cuantía calculada por la corte estatal y, al ser hallado incurso en desacato por su incumplimiento, arguyó que la cláusula de supremacía impedía que dichos beneficios fuesen incluidos en la fórmula para calcular la pensión alimentaria, por lo que la ley estatal era “nula”. Véase Rose, 481 US en la pág. 623. CC-2016-0944 9
carecía de jurisdicción para encontrarlo incurso en
desacato. En cuanto a este asunto jurisdiccional, el
Tribunal Supremo concluyó que una corte estatal tenía
jurisdicción para encontrar a un veterano incurso en
desacato, puesto que el campo no estaba ocupado por la
legislación federal. Específicamente, razonó lo siguiente:
This jurisdictional framework finds little support in the statute and implementing regulations. Neither mentions the limited role appellant assigns the state court's child support order or the restrictions appellant seeks to impose on that court's ability to enforce such an order. The statute simply provides that disability benefits “may ... be apportioned as may be prescribed by the Administrator.” 38 U.S.C. § 3107(a)(2). The regulations broadly authorize apportionment if “the veteran is not reasonably discharging his or her responsibility for the ... children's support.” 38 CFR § 3.450(a)(1)(ii) (1986). In none of these provisions is there an express indication that the Administrator possesses exclusive authority to order payment of disability benefits as child support.
Rose, 481 US en la pág. 627.
Resuelto el asunto jurisdiccional, en el ámbito
sustantivo, el Tribunal Supremo aclaró que, como norma
general, la doctrina de campo ocupado no aplicará en casos
que regulen relaciones domésticas propias del Derecho de
Familia, como lo es la fijación y el reclamo de pensiones
alimentarias. Específicamente, el máximo foro federal
expresó que:
We have consistently recognized that ‘the whole subject of the domestic relations of husband and wife, parent and child, belongs to the laws of the States and not to the laws of the United States[…]. ‘On the rare occasion when state family law has come into conflict with a federal statute, this Court has limited review under the Supremacy Clause to a determination whether Congress has CC-2016-0944 10
“positively required by direct enactment” that state law be pre-empted.’[…]. Before a state law governing domestic relations will be overridden, it ‘must do “mayor damage to “clear and substantial” federal interests.’
Id. en la pág. 625 (citas omitidas).
De lo anterior se colige que, para que opere la doctrina
de campo ocupado, será necesario que el gobierno federal
expresamente establezca que el campo estará ocupado por la
legislación federal en un asunto en particular de las
relaciones interfamiliares. En su análisis, el Tribunal
Supremo evaluó distintas disposiciones de la ley federal en
aras de determinar si éstas tenían el efecto de desplazar la
legislación estatal. En cuanto a la sección 3101 (a) del
Título 38, que excluye de embargo o retención en un proceso
legal cualquier cuantía recibida como pago de beneficios por
parte de la Administración del Veterano, el foro federal
evaluó la naturaleza de estos beneficios, así como la
intención legislativa al proveerlos y concluyó lo siguiente:
As we have demonstrated, these benefits are intended to support not only the veteran, but the veteran's family as well. Recognizing an exception to the application of § 3101(a)'s prohibition against attachment, levy, or seizure in this context would further, not undermine, the federal purpose in providing these benefits. Therefore, regardless of the merit of the distinction between the moral imperative of family support obligations and the businesslike justifications for community property division, we conclude that § 3101(a) does not extend to protect a veteran's disability benefits from seizure where the veteran invokes that provision to avoid an otherwise valid order of child support.
Id. en la pág. 634 (énfasis nuestro). CC-2016-0944 11
De otra parte, el Tribunal Supremo también examinó las
secciones 659 (a) y 662 (f) (2) del CSEA, que, según arguyó
el peticionario en Rose, exceptuaban de cualquier proceso
legal –incluyendo un embargo- los beneficios por incapacidad
que recibía un veterano de las fuerzas armadas mientras éstos
se encontraran en posesión de la agencia federal. Al disponer
de este argumento, el Tribunal Supremo de Estados Unidos
pautó lo siguiente:
But §659(a) does not refer to any legal process. The provision was intended to create a limited waiver of sovereign immunity so that state courts could issue valid orders directed against agencies of the United States Government attaching funds in the possession of those agencies. . . . Waivers of sovereign immunity are strictly construed, and we find no indication in the statute that a state-court order of contempt issued against an individual is precluded where the individual's income happens to be composed of veterans' disability benefits. In this context, the Veterans' Administration is not made a party to the action, and the state court issues no order directing the Administrator to pay benefits to anyone other than the veteran. Thus, while it may be true that these funds are exempt from garnishment or attachment while in the hands of the Administrator, we are not persuaded that once these funds are delivered to the veteran a state court cannot require that veteran to use them to satisfy an order of child support.
Rose, 481 US en la pág. 635.
Queda claro, pues, que en el ámbito del Derecho de
Familia, como norma general, la cláusula de supremacía de la
Constitución federal no desplaza la soberanía que se le
reconoce a los estados para regular las relaciones
domésticas interfamiliares. En Rose, el máximo foro federal CC-2016-0944 12
justamente determinó que ninguna de las disposiciones
federales a las que aludió el veterano peticionario estaban
en conflicto con la ley del estado de Tennessee que permitía
que dichas cuantías fuesen utilizadas para determinar la
pensión alimentaria debida y, ante el incumplimiento con esa
obligación, autorizaba a las cortes estatales a emitir las
órdenes de desacato correspondientes.
A pesar de lo decidido por el máximo foro federal en
Rose, el señor Molina Figueroa arguye que ese dictamen no es
de aplicación al presente caso. Según alega, su alcance se
limita a aquellos casos en los que el veterano “solo tiene
como fuentes de ingreso los beneficios del seguro social y
de veteranos”. Certiorari, en la pág. 13. Así, sostiene que
el Tribunal Supremo federal en Rose no consideró la
legislación federal aplicable a un veterano que tiene otras
fuentes de ingreso y que no ha renunciado a la pensión de
retiro de las fuerzas armadas. Para apoyar su contención
sobre la aplicabilidad de la doctrina de campo ocupado, el
peticionario hace referencia a distintas secciones del CSEA
y del Code of Federal Regulations (CFR). No le asiste la
razón. Veamos.
III
A.
Como cuestión de umbral, la sección 659(a) del CSEA que
fue analizada en Rose v. Rose reconoce la autoridad de los
estados, sus agencias y organismos gubernamentales de
retener dinero a quienes reciban cuantías provenientes del
gobierno federal para asegurar el cumplimiento con la CC-2016-0944 13
obligación de proveer alimentos. La referida sección
establece ese consentimiento del gobierno federal de la
siguiente manera:
(a) Consent to Support Enforcement Notwithstanding any other provision of law (including section 407 of this title and section 5301 of title 38), effective January 1, 1975, moneys (the entitlement to which is based upon remuneration for employment) due from, or payable by, the United States or the District of Columbia (including any agency, subdivision, or instrumentality thereof) to any individual, including members of the Armed Forces of the United States, shall be subject, in like manner and to the same extent as if the United States or the District of Columbia were a private person, to withholding in accordance with State law enacted pursuant to subsections (a)(1) and (b) of section 666 of this title and regulations of the Secretary under such subsections, and to any other legal process brought, by a State agency administering a program under a State plan approved under this part or by an individual obligee, to enforce the legal obligation of the individual to provide child support or alimony.3
42 USCA sec. 659 (a).
Ahora bien, la sección 659(h) del CSEA enumera las
cuantías que estarán sujetas a procesos legales de retención
3 Resulta preciso destacar que esta disposición constituye una excepción a la prohibición de embargo o “anti garnishment” de los beneficios que reciben los veteranos de las fuerzas armadas, según contenida en la sección 3101 (a) del Título 38:
Payments of benefits due or to become due under any law administered by the Secretary shall not be assignable except to the extent specifically authorized by law, and such payments made to, or on account of, a beneficiary shall be exempt from taxation, shall be exempt from the claim of creditors, and shall not be liable to attachment, levy, or seizure by or under any legal or equitable process whatever, either before or after receipt by the beneficiary.
38 USC sec. 3101. CC-2016-0944 14
o embargo, incluyendo la remuneración que recibe un
individuo por su empleo y beneficios periódicos relacionados
a éste, entre otros. Asimismo, la sección 659(h) establece
que aquellas cuantías recibidas como compensación por una
incapacidad sobrevenida como consecuencia del servicio en
las fuerzas armadas también estarán sujetas a retención. No
obstante, condiciona esa retención a que el beneficiario de
la compensación por incapacidad haya renunciado a una
porción de su pensión de retiro para poder recibir la misma.
Véase 42 USCA sec. 659 (h)(1)(A)(ii)(V). (“by the Secretary
of Veterans Affairs as compensation for a service-connected
disability paid by the Secretary to a former member of the
Armed Forces who is in receipt of retired or retainer pay if
the former member has waived a portion of the retired or
retainer pay in order to receive such compensation”)(énfasis
suplido).
B.
Según se adelantó, el peticionario alega que esta
disposición que condiciona la retención de la compensación
por incapacidad a la renuncia a una porción de la pensión a
la que tendría derecho por retiro evidencia que la pensión
por incapacidad que recibe de las fuerzas armadas no debe
ser calculada al momento de fijar la pensión alimenticia.
Además, el peticionario arguye que la sección 581.03 del
Code of Federal Regulations, 5 CFR sec. 581.103, titulada
Moneys which are subject to garnishment, también requiere
que el beneficiario haya renunciado a una porción de la
pensión por retiro para que los beneficios por incapacidad CC-2016-0944 15
que reciba estén sujetos a la retención que autoriza el
CSEA.4
Es decir, hay una presunción de que dichos fondos no
estarán sujetos a procesos legales mientras permanezcan en
las arcas de la agencia correspondiente. Sin embargo, nada
de lo anterior sugiere un impedimento para que una vez el
dinero sea desembolsado al veterano -en calidad de pensión
por años de servicio o en calidad de compensación por
incapacidad- los foros pertinentes puedan considerar la
partida como ingreso, y además, emplear los procedimientos
legales necesarios para ejecutar una orden de pensión
alimentaria.
Por último, el peticionario alude a una Opinión
suscrita por el ex Subprocurador General de Estados Unidos,
John O. McGinnis que, según sostiene, reafirma la
imposibilidad de incluir la pensión por incapacidad que
recibe en el cálculo para fijar la pensión alimentaria. Según
expone, esta Opinión versa sobre una consulta respecto a la
4 Esta sección contiene la siguiente excepción:
(7) Any payment by the Secretary of Veterans Affairs as compensation for a service-connected disability paid by the Secretary to a former member of the Armed Forces who is in receipt of retired or retainer pay if the former member has waived either the entire amount or a portion of the retired or retainer pay in order to receive such compensation. In such cases, only that part of the Department of Veterans Affairs payment that is in lieu of the waived retired pay or waived retainer pay is subject to garnishment.
5 CFR sec. 581.103 (c)(7). CC-2016-0944 16
aplicabilidad de la prohibición de retener o embargar los
beneficios por incapacidad cuando el veterano de las fuerzas
armadas ha renunciado a la totalidad –y no meramente a una
porción- de su pensión de retiro, según lo requieren las
disposiciones precitadas. El Subprocurador General concluye
que no hace diferencia si se trata de una renuncia total o
parcial, puesto que la intención legislativa nunca fue
eximir a un veterano de su obligación de pagar pensión
alimentaria por razón de que su compensación por incapacidad
fuera mayor que su pensión por retiro.
Esto es, el requisito de que el veterano haya renunciado
a la totalidad o parte de su pensión de retiro para que los
beneficios por incapacidad que recibe puedan ser retenidos
o embargados se fundamenta únicamente en que esa renuncia
implicaría que los beneficios por incapacidad tienen el
efecto de sustituir los beneficios que recibiría por razón
de su retiro y, por tanto, éstos sí serían embargables. Véase
Memorandum Opinion for the General Counsel, Department of
Veteran Affairs, December 19, 1989 (“Congress permitted
garnishment in these circumstances because it recognized
that a veteran waiving retired pay to obtain DVA compensation
is merely substituting one form of income for another, and
that the latter income should thus be subject to garnishment
to the same extent as the former.”).
C.
Ciertamente, la referencia que hace el peticionario a
esta disposición legislativa se hace en abstracción de la
intención legislativa que la subyace y los criterios que CC-2016-0944 17
rigen el recibo de beneficios por incapacidad para los
veteranos de las fuerzas armadas. Conviene señalar que el
requisito de renuncia se fundamenta en la prohibición de
doble compensación estatuida en la Sección 5304 del Título
38. Véase 38 USC sec. 5304 (a)(1) (“Except as provided in
section 1414 of title 10 or to the extent that retirement
pay is waived under other provisions of law, not more than
one award of pension, compensation, emergency officers’,
regular, or reserve retirement pay, or initial award of naval
pension granted after July 13, 1943, shall be made
concurrently to any person based on such person's own service
or concurrently to any person based on the service of any
other person.”). A tenor con esto, la Sección 5305 del mismo
título regula lo relativo a la renuncia a la pensión de
retiro cuando el veterano también tiene derecho a otro tipo
de compensación o beneficio. Véase id. sec. 5305.5
En el presente caso, sin embargo, el asunto de la
renuncia a la pensión por retiro como requisito para recibir
beneficios por incapacidad es completamente irrelevante.
Ello, puesto que el señor Molina Figueroa no recibe pensión
por retiro, no porque haya renunciado a ella, -lo que
evidentemente derrotaría su pretensión- sino porque no tiene
derecho a recibirla. En atención a ello, su argumento con
relación a cómo los beneficios por incapacidad sólo estarían
5 En el año 2003, el Congreso federal aprobó legislación efectiva el 1 de enero de 2004 para permitir el recibo concurrente de ambos beneficios para ciertos individuos que se hubiesen retirado de las fuerzas armadas. Véase 10 USC sec. 1414. CC-2016-0944 18
sujeto a embargo o retención si media una renuncia a la
pensión por retiro es completamente inmeritorio y raya en la
frivolidad.
IV
Como se adelantó, el único señalamiento de error del
peticionario estriba en la improcedencia de fijar una
pensión alimentaria incluyendo la pensión que recibe por
incapacidad en el cálculo. En esencia, sus argumentos se
fundamentan en una interpretación errónea y sumamente
acomodaticia de la legislación federal y su jurisprudencia
interpretativa. Un examen de los incisos de las distintas
leyes federales citadas por el peticionario devela que éstas
no establecen una prohibición para que se considere como
ingreso la compensación que éste recibe por parte de la
Administración de Veteranos en concepto de beneficios por
incapacidad. En su mayoría, las disposiciones legales que
cita el peticionario se refieren a las limitaciones e
impedimentos que existen respecto a la posibilidad de
asignar, retener o embargar este tipo de compensación. Es
decir, una prohibición federal de embargar esos beneficios
no es óbice para que éstos sean considerados como ingreso al
momento de fijar la pensión alimentaria debida a un menor.
Aún si se considerara que el peticionario no ha
renunciado a su pensión por retiro y, por tanto, los
beneficios que recibe no deben estar sujetos a asignación o
embargo conforme a lo dispuesto en la sección 659(h) del
CSEA, su señalamiento de error sería igualmente inmeritorio.
Ello es así porque la inclusión de los beneficios por CC-2016-0944 19
incapacidad que recibe el señor Molina Figueroa en la fórmula
para fijar la pensión alimentaria que está obligado a
satisfacer a favor de su hija menor de edad no constituye,
bajo ningún concepto, un embargo, una asignación o una
retención.
En cuanto a lo decidido por el Tribunal Supremo de
Estados Unidos en Rose v. Rose, el peticionario arguye que
dicho caso es distinguible puesto que el veterano en ese
caso únicamente recibía beneficios por incapacidad. Según
arguye, la distinción estriba en que -en su caso- él recibe
un ingreso como Investigador en DACO además de la pensión
por incapacidad. Por ello, insiste en que únicamente ese
salario que recibe como empleado gubernamental debía
considerarse como ingreso al momento de fijar la pensión. Al
margen de lo irrazonable que resulta ser esta aserción, la
misma no toma en cuenta el propósito de los beneficios que
recibe por razón de su incapacidad.
Una evaluación del historial legislativo asociado al
Título 38 del Código de Estados Unidos, según examinado por
el Tribunal Supremo federal en Rose v. Rose, revela que la
pensión para veteranos incapacitados tiene como propósito
proveer una compensación razonable y adecuada a los
veteranos y sus familias. A tenor con este propósito,
nuestras Guías contemplan aquellos casos en los que un
alimentante no recibe un salario que pueda utilizarse como
base al momento de fijar una pensión. A esos efectos, se
establece que, cuando la persona custodia o no custodia
demuestre que no puede trabajar porque su incapacidad se lo CC-2016-0944 20
impide, “se considerará como ingreso la cantidad, si alguna,
que reciba por concepto de beneficios por incapacidad y
cualquier otro ingreso que se demuestre tenga”. Guías, Art.
11(1)(a).
Conforme a la legislación federal, los beneficios que
reciben los veteranos, incluyendo cualquier compensación por
incapacidad, estarán exentos de impuestos, del reclamo de
acreedores, así como de embargos al amparo de ciertos
procesos legales. Estas exenciones no sugieren, como
sostiene el peticionario, que la intención del Congreso de
Estados Unidos fue ocupar el campo para exceptuar esas
cuantías de cualquier definición de ingreso y excluirlas del
cálculo para fijar una pensión alimentaria en todas las
jurisdicciones estatales. Después de todo, los familiares
del veterano, particularmente sus dependientes menores de
edad, no son acreedores particulares o gubernamentales
ordinarios, sino sujetos revestidos de protecciones
especiales como la que representa el derecho a reclamar
alimentos que, a su vez, emana del derecho a la vida
protegido por nuestra Constitución. Véase Fonseca Zayas v.
Rodríguez Meléndez, 180 DPR 623, 632 (2011).
Como vimos, la definición de ingreso provista en la Ley
orgánica de la Administración para el Sustento de Menores y
en las Guías promulgadas al amparo de esa legislación
claramente incluye la pensión por incapacidad que recibe un
alimentante. Esta inclusión no está en conflicto con ninguna
legislación federal. Si bien -como norma general- los
beneficios por incapacidad que recibe un veterano no están CC-2016-0944 21
sujetos a retención o embargo, la calificación de esa cuantía
como ingreso en nuestra jurisdicción no incide en esa
prohibición federal.
V
En virtud de lo anterior, resulta forzoso concluir que
la cuantía de dinero que recibe un veterano en concepto de
pensión por incapacidad debe considerarse como ingreso al
momento de fijar y computar una pensión alimentaria. Por tal
razón, actuaron correctamente los foros recurridos al
incluir la pensión por incapacidad que recibe el señor Molina
Figueroa en el cálculo y fijar la pensión correspondiente.
Consiguientemente, se confirma el dictamen del Tribunal de
Apelaciones y se ordena al peticionario el pago de la pensión
alimentaria asignada, incluyendo las partidas en concepto de
deuda retroactiva.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de esta Sentencia, se confirma el dictamen del Tribunal de Apelaciones y se ordena al peticionario el pago de la pensión alimentaria asignada, incluyendo las partidas en concepto de deuda retroactiva.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado señor Rivera García no intervinieron.
José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo