Pueblo v. Velázquez Colón

2008 TSPR 124

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: July 18, 2008
• Docket: CC-2003-0218
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico Apelación Recurrido 2008 TSPR 124

v. 174 DPR ____

Carmelo Velázquez Colón Peticionario

Número del Caso: CC-2003-218

Fecha: 18 julio de 2008

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial Caguas/Humacao/Guayama Panel I

Juez Ponente:

Hon. Carmen A. Pesante Martínez

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Erasmo Rodríguez Vázquez

Oficina del Procurador General:

Lcda. Zaira Z. Girón Anadón Procuradora General Auxiliar

Materia: Asesinato 1er grado y otros

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico Certiorari Recurrido

CC-2003-218 v.

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora FIOL MATTA

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de julio de 2008.

La capacidad de defensa social y represión del crimen en los países democráticos radica en la sabiduría de sus leyes y en la idoneidad de sus funcionarios; jamás en un procedimiento criminal mutilado y opresivo. No es… el momento de ofrecer la justicia como cordero de sacrificio en aras de la paz y la seguridad del pueblo. La gran fuerza de la Ley y de las cortes como espada protectora de la ciudadanía será más respetable cuanto más diáfanos y esclarecidos sean sus métodos de enjuiciamiento. Pueblo v. Dones, 102 D.P.R. 118, 127 (1974).

Las controversias que nos corresponde atender

en este caso versan sobre el derecho del acusado a

preparar adecuadamente su defensa, específicamente

sobre el requisito de divulgación de prueba

impugnatoria relativa a la inocencia del acusado o

su castigo, lo cual requiere a su vez la entrega

oportuna de dicha prueba. Además, tenemos la

oportunidad de establecer los criterios aplicables CC-2003-218 2

a una solicitud de nuevo juicio bajo el fundamento de

descubrimiento de nueva prueba cuando ésta ha sido

suprimida u ocultada por el Ministerio Fiscal.

I

El peticionario, Carmelo Velázquez Colón, por

conducto de la representación legal que le fue designada

de oficio, solicita que se revoque una Resolución del

Tribunal de Apelaciones que confirmó la denegatoria por

parte del Tribunal de Primera Instancia de una solicitud

de nuevo juicio al amparo de la Regla 192 de

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R 192.

Dada la complejidad de este caso, nos vemos

obligados a reproducir en detalle su desarrollo procesal

y fáctico.

Por hechos ocurridos el 3 de agosto de 1995, se le

imputó al peticionario el haber incurrido en violación a

los artículos 6 y 8 de la Ley de Armas, artículo sobre

Asesinato en primer grado y artículo sobre Conspiración,

por alegadamente ultimar al señor Rafael Colomba en

conjunto con Orlando Ramos Félix y Leopoldo Sanabria

Díaz, en adelante los co-acusados. El 21 de diciembre de

1998 la defensa de uno de los co-acusados, Leopoldo

Sanabria Díaz, radicó su moción de descubrimiento de

prueba al amparo de la Regla 95 de Procedimiento

Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R 95, mediante la cual se

le solicitó al tribunal que ordenara al Ministerio Fiscal

y a la Policía de Puerto Rico el acceso a información CC-2003-218 3

necesaria para la preparación de su defensa. En lo

pertinente a este caso, la defensa solicitó:

1. Informes de delito y arresto y cualquier otro informe policiaco suplementario. (…) 7. Todo informe, papel, documento, anotación, y/o constancia escrita que se haya preparado en la investigación de esta causa por los testigos de cargo y/o por la Policía de Puerto Rico, incluyendo, entre otros: a. Informe de denuncia o delito b. Hoja o tarjeta de querella c. Orden de arresto d. Informe de arresto e. Notas en las libretas particulares de los testigos 8. Toda información y evidencia que pueda contradecir al versión de la fiscalía (en todo o parte), las alegaciones del pliego acusatorio (en todo o en parte), los testigos de cargo (en todo o en parte) y/o que pueda impugnar, desacreditar, y/o poner en duda la prueba objetiva, científica, pericial y testimonial del Ministerio Público; y/o que pueda implicar deshonestidad y/o perjurio de todo o parte de la prueba testifical y/o pericial. De existir dudas sobre la naturaleza y alcance de esta información, deberá someterse al Tribunal para que sea este quien determine lo procedente en Derecho. (…) 11. Nombres completos, direcciones residenciales, de trabajo y postales, de todas las personas entrevistadas en relación con este caso y que no hubiesen sido incluidas como testigos de cargo, y que conozcan prueba o información sobre este caso que sirvan o puedan ayudar a corroborar y/o a impugnar la prueba de cargo y/o a demostrar que se cometió un delito menor al imputado. 12. Toda anotación que cualquier miembro de la Policía de Puerto Rico y/o funcionario del Estado haya realizado en relación con toda comunicación, llamada, mensaje, y/o alerta efectuada el día de los hechos que se imputan; específicamente las anotaciones de los retenes y/o encargados del sistema de radiocomunicaciones de la Policía de Puerto Rico en los pueblos jurisdicción de este Tribunal. (…) 14. Examen y fotocopia de anotaciones en Libro de Querellas y/o Novedades o en cualquier otro libro o documento, de querellas, quejas, llamadas telefónicas, mensajes, avisos, notificaciones, e CC-2003-218 4

informaciones todas realizadas y/o recibidas en relación con esta causa. (…) 20. Todo acuerdo, ofrecimiento, convenio o información sobre inmunidad, pagos, rebaja de calificación de falta o delito, penalidades, protección, amparo, ayuda, encauzamiento, parcial o trato preferente que se haya hecho por el Estado o sus funcionarios a testigos y/o a personas relacionadas con los testigos, incluyendo al confidente. (Énfasis suplido.) (…) 23. Copia de todo récord penal, record y/o expediente administrativo y/o expediente disciplinario de los agentes, testigos de cargo. (…) 28. Se solicita, además, que el Ministerio Fiscal suministre a la Defensa toda información, prueba o evidencia que pueda resultar favorable a la defensa o ayudar a la misma, o pertinente a la inocencia del imputado o al castigo que en su día pueda imponérsele. (…)

El peticionario solicitó unirse a ésta solicitud de

descubrimiento de prueba y añadió el siguiente

requerimiento:

Además solicitamos se ordene al Ministerio Público descubrir de qué forma y manera se intervino con la testigo del pueblo, Zoe Díaz Colón. También solicitamos se le ordene indicar qué ofrecimiento o acuerdo, si alguno, se le hizo para que aceptara ser testigo del pueblo y se ordene la entrega de documento firmado por el Ministerio Público y dicha testigo y su representación legal.

El 12 de marzo de 1999 se celebró la vista sobre el

Estado procesal del caso. De acuerdo a la minuta de la

vista, luego de que se hiciera constar por la defensa

todo lo que el Ministerio Fiscal había entregado, la

defensa de uno de los co-acusados llamó a la atención del

tribunal que faltaban las notas que tomó el agente de la

policía que investigó los hechos. Por su parte, la CC-2003-218 5

defensa del peticionario reiteró su petición de los

documentos relacionados a las negociaciones existentes

entre la testigo Zoe Díaz Colón y la fiscalía. El fiscal

se limitó a negar que a la testigo se le hubiese ofrecido

inmunidad.

El tribunal le concedió 20 días al Ministerio

Público para conseguir todo lo solicitado y señaló la

Vista Evidenciaria para el 29 de abril del 1999. El 31 de

marzo de 1999, el peticionario expresó, mediante moción

titulada “Solicitud de Orden”, que entre la evidencia que

fiscalía le había entregado a través de uno de los co-

acusados no se encontraba “el ofrecimiento o acuerdo, si

alguno” que se le hiciera a la señora Zoe Díaz Colón para

que fuera testigo del Pueblo. El peticionario también

adujo que tampoco se le había hecho entrega de la

información solicitada referente a contestaciones y notas

en las libretas de los agentes sobre su investigación, ni

lo concerniente a las…

…anotaciones en el Libro de Querellas y/o Novedades o en cualquier otro libro o documento, de querellas, quejas, llamadas telefónicas, mensajes, avisos, notificaciones, e informaciones todas realizadas y/o recibidas en relación con esta causa.

De acuerdo a la minuta de la Vista Evidenciaria

celebrada el 29 de abril de 1999, el Ministerio Publico

indicó que el fiscal Zayas, a quien se le había

solicitado la información, se encontraba de turno y no

podía comparecer a sala. Además expresó el Ministerio

Público que la información requerida por la defensa del CC-2003-218 6

peticionario podía conseguirse a través del agente

Francisco Báez, pero que a pesar de haberse hecho

gestiones para comunicarse con él en su oficina,

informaron que éste se encontraba fuera de San Juan. El

Ministerio Público solicitó copia de la “Solicitud de

Orden” de la defensa para iniciar los trámites ese mismo

día y pidió una prórroga de cinco días a los fines de

contactar al agente Báez y proveer la información

solicitada. El tribunal concedió cinco días

improrrogables para que se suministrara la información

pedida.

El 6 de mayo de 1999 se celebró la vista de

seguimiento. En la minuta se hizo constar que la defensa

del peticionario reiteró su petición de prueba. Ese día,

el Ministerio Público informó que por razón de que el

fiscal Zayas estaba enfermo no se pudo completar la orden

del tribunal, pero que se ponían a la disposición de la

defensa los agentes Jesús Figueroa y Francisco Báez para

que consiguieran la información que faltaba. Éstos

expresaron que ese mismo día harían las gestiones para

obtener lo requerido. El Ministerio Fiscal nuevamente

reiteró que no se había firmado ningún acuerdo de

inmunidad con la testigo. Así las cosas, se señaló la

fecha para el juicio por tribunal de derecho.

El primer día del juicio, la defensa reiteró una

moción urgente de suspensión que le habían hecho al

tribunal, la cual fue denegada. Al concedérsele un tiempo CC-2003-218 7

para argumentar a favor de la suspensión, la defensa

insistió en que aún faltaba prueba por descubrir, entre

la cual se encontraban los informes policíacos de los

agentes que investigaron los hechos delictivos. En ese

momento, el Ministerio Público informó que apareció una

documentación que se había perdido y que se había

comenzado a fotocopiar para entregarla a la defensa.

Dicha información resultó ser el informe policiaco del

agente Dones; el informe policial de persona muerta y las

notas del Agente Figueroa. A éste último se le había

preguntado al respecto de esas notas cuando se le puso

como testigo a la disposición de la defensa durante las

vistas evidenciarias y tanto él, como el agente Báez

informaron que las conseguirían. A pesar de ello, nunca

aparecieron hasta el primer día del juicio. Estos

documentos contenían los nombres de testigos que fueron

entrevistados por los agentes del orden público y cuyas

declaraciones contradecían la declaración jurada y el

testimonio de la testigo principal de la fiscalía, la

Sra. Zoe Díaz Colón.1 No se le concedió el tiempo a la

1 La declaración prestada por Zoe Díaz Colón lee así: [P.] [¿] Qué usted me puede decir sobre unos hechos ocurridos el día 3 de agosto de 1995 en Salinas, Puerto Rico? R. Que yo me encontraba en el Pueblito del Carmen en el negocio frente al parque, y estaban Orlando Ramos Félix (quien era mi esposo), Rosty [Carmelo Velázquez Colón] y Chaca [Leopoldo Sanabria Díaz], y Orlando hizo el comentario que ellos querían tumbar a Colomba quien iba mucho al negocio, lo querían tumbar por $300.00, y Orlando dijo que el día 3 que cogía el Seguro Social Colomba lo iba a tumbar para tumbarle los chavos, esto fue el 29 CC-2003-218 8

antes de la muerte, luego el día 3 de agosto de 1995, yo estaba en el Bo. La Plena donde yo vivo y ellos hacían horas que estaban dando vueltas en un 5 litros color rojo, este carro supuestamente era de la que era novia de Orlando, y entonces ese mismo día Colomba fue y le pagó unos chavos al señor Ángel Rivera, quien vende comidas, carnes, cervezas, y estuvo mucho rato bebiendo en el negocio y entonces vino mi amigo y yo que andaba con tres amigas mías, nos fuimos a pasear por La Plena, Cimarrona, subimos por Guayama, pasamos por un puente y llegamos al Pueblito del Carmen a jugar billar frente del parque, ahí estuvimos un buen rato de [sic] las 5:00 p.m. hasta las 8:30 p.m., y de ahí le dije al amigo mió que nos fuéramos para La Plena y cuando veníamos bajando de allá arriba del Pueblito del Carmen después de las 8:30 p.m., que íbamos llegando a un [sic.] curva casi a la casa de Columba [sic.], mi amigo puso la luz larga y yo le dije a él, aquí pasó algo, y cuando mi amigo alumbró bien la luz, veo a Orlando a [sic.] Chaca que se montan en el carro cinco litros y Rusty está montado en la parte de atrás del carro, Orlando se montó en lado del guía, cuando orlando se fue a montar al carro yo le v un revólver en la mano y ahí se montó Orlando en el carro, y ellos arrancaron, huyeron, y yo le dije a mi amigo que se parara y cuando nos bajamos vi a Colomba muerto en el piso y el carro estaba de la [sic.] lado y la puerta del conductor estaba abierta y por ahí nosotros cogimos y nos montamos y no dijimos na [sic.] y seguimos por ahí pa’ bajo [sic.] y llegamos al negocio de Judith que queda al lado del Albergue Olímpico y ahí estaban Rusty, Chaca y Orlando jugando billar y fui y le pregunté a Orlando por lo nenes míos y ellos se veían como azorados. P. ¿Algo más que declarar? R. Sí, que yo supe que luego de la muerte de Colomba al amanecer se fue Rusty para allá afuera y estuvo como dos semanas afuera y cuando regresó, me vio en casa de Judith y me haló pa’ fue [sic.] y me amenazó que si yo hablo del caso de Colomba, que me iba a matar. También quiero decir que el arma era negro despintaou [sic.], las tapitas eran negras, el cañón era corto.

Nota: Se hace constar que esta declaración fue leída por el agente Francisco Baez Quiñones, ya que la declarante no sabe leer. (…) En el expediente policiaco entregado el primer día del juicio, se hacen constar los nombres de diferentes testigos, algunos entrevistados por los agentes, que ubican al occiso vivo y acompañado de otras personas, CC-2003-218 9

defensa para estudiar dicho expediente y se procedió con

la celebración del juicio en su fondo.

Durante el juicio, la prueba del Estado consistió en

la declaración de los agentes investigadores de la

Policía de Puerto Rico y en el testimonio de Zoe Díaz

Colón.

El primer testigo, el Sr. Hilario Garriga Bank

declaró que en la noche de los hechos se encontraba dando

rondas preventivas cuando recibió una llamada de una

señora que le informó que había una persona tirada en la

orilla de la carretera, cerca de un vehiculo azul, que

aparentaba estar muerta. Este agente fue quien primero se

personó al lugar de los hechos, describió al occiso e

indicó que presentaba varios impactos de bala en el

abdomen.

El Teniente Osvaldo Cartagena fue agente de

servicios técnicos del Cuerpo de Investigaciones

Criminales (C.I.C.) de Guayama para la época de los

hechos y expuso que de acuerdo a un examen efectuado, las

huellas dactilares encontradas en el vehículo del occiso

no resultaron ser las de los co-acusados.

El Sr. Aníbal Soliván Soliván declaró ser el

Director del C.I.C. de Guayama e indicó que la noche de

los hechos cubrió la escena junto al agente Cartagena.

Su testimonio giró en torno a las fotos que se tomaron

horas más tarde de lo que dice la única testigo del Estado. CC-2003-218 10

del lugar de los hechos y a la descripción del lugar

donde se halló el cadáver.

El Sr. Figueroa Cruz manifestó que fue agente

investigador del caso a partir del 11 de junio de 1993.

Declaró que entrevistó a Zoe Díaz Colón y que como

resultado de esa entrevista, interrogó al agente Dones y

al sargento Daniel Colón y que el 2 de julio del 1998 se

sometieron denuncias en ausencia contra los co-acusados.

Por su parte, el Sr. Héctor Dones declaró que el

caso le fue asignado el 4 de agosto de 1995 y que estuvo

encargado de investigar el área para buscar evidencia.

Por último, Zoe Díaz Colón declaró que el 29 de

julio de 1995 el peticionario y los co-acusados estaban

planeando matar a Colomba por trescientos dólares ($300),

cosa que efectuaron el 3 de agosto del mismo año.

Explicó que ella se encontraba el día de los hechos en el

Barrio La Plena de Salinas con dos personas más, y que a

eso de las 5:30 p.m. se dirigió en automóvil hacia el

Pueblo del Carmen, en donde jugó billar en un local

frente al parque.2 Aproximadamente a las 8:00 p.m. se

dirigían de vuelta hacia el Barrio La Plena cuando vio el

carro de Colomba, al lado vio a Orlando Ramos Félix con

un revolver, Leopoldo Sanabria Díaz estaba al lado,

2 Como alega el peticionario, estas personas que la acompañaban y que alegadamente presenciaron con Zoe Díaz Colón la huída del peticionario y los co acusados y que vieron al occiso, nunca fueron entrevistados por los agentes investigadores, nunca formaron parte de la prueba de cargo, y nunca aparecieron a pesar de las gestiones que efectuara la defensa. CC-2003-218 11

Carmelo Velázquez detrás. Alegó Díaz Colón que cuando

Ramos Félix la ve, se montan los tres en un carro. Ramos

Félix iba guiando. La testigo explicó que los tres co-

acusados se dirigieron al “negocio en casa de Judith”.

La testigo, que se dirigía al mismo lugar, llegó al

negocio de Judith y habló con Ramos Félix, quien lucía

bien asustado. Declaró que los tres co-acusados se

encontraban allí jugando billar, y que a pesar de que el

cuartel de la Policía se encuentra entre la casa de

Colomba y el negocio de Judith, ella no se detuvo.

De acuerdo a la prueba presentada por el Estado, y

luego de divulgado su testimonio en sala, Zoe Díaz Colón

fue la única testigo que colocó a los acusados en la

escena del crimen y que los identificó como los

perpetradores. La defensa trató de impugnar el testimonio

de ésta testigo con las múltiples inconsistencias entre

su testimonio en sala, el testimonio ofrecido en la Vista

Preliminar y su declaración jurada y con el testimonio

ofrecido por ella en otros procesos criminales en los que

fungió como testigo principal de cargo, ello con el

propósito de establecer que era un testimonio

estereotipado que merecía ser evaluado con sospecha.

Antes de recaer sentencia, el 22 de septiembre de

1999, el peticionario radicó una moción de nuevo juicio

al amparo de la Regla 188, de Procedimiento Criminal, 34

L.P.R.A. Ap. II, basada, entre otras cosas en el hecho de

que el Ministerio Fiscal entregó el primer día del juicio CC-2003-218 12

prueba que existía y era pertinente para impugnar la

prueba del Estado y por ende, necesaria para la

preparación adecuada del caso de la defensa. Tomando en

consideración el tiempo que había transcurrido entre los

hechos y el juicio (cuatro años); la localización del

lugar de los hechos en barrios de las zonas montañosas;

el contenido de la evidencia; el hecho de que las notas

de los agentes estaban en manuscrito, contenían frases

incompletas y que en ellos se identificaba a los testigos

entrevistados por su apodo o primer nombre, el acusado

sostuvo que el momento de la entrega fue inoportuna e

impidió la adecuada preparación de su defensa. Muestra

de ello fue que no se pudo dar con varios de estos

testigos hasta después del juicio; algunos no estaban

disponibles o vivían en el extranjero y a otros ni tan

siquiera se les pudo identificar. El peticionario

describió adecuadamente las diligencias que tuvo que

llevar a cabo para tratar de localizar a los potenciales

testigos que surgían de los expedientes policiales.

El mismo día en que decretó la Sentencia atribuyendo

al peticionario y co-acusados la comisión de los delitos

imputados, el Tribunal de Primera Instancia emitió una

Resolución oral declarando no ha lugar la mencionada

moción de nuevo juicio. Ésta Resolución luego se incluyó

en la Resolución que declaró no ha lugar la Moción de

Reconsideración que radicó el acusado contra la sentencia

dictaminada. El Tribunal de Primera Instancia fundamentó CC-2003-218 13

su dictamen en el hecho de que se había celebrado una

vista de estado procesal el 6 de mayo de 1999, y que en

la misma, la defensa había anunciado que “la Regla 95

estaba completa”.

El peticionario acudió oportunamente al Tribunal de

Apelaciones. Como error, reiteró lo planteado en la

moción de nuevo juicio acerca de que se celebró el juicio

a pesar de que no pudo descubrir oportunamente y debido a

la falta de diligencia del Estado, evidencia que

impugnaba la del Ministerio Público, ello en

contravención al debido proceso de ley. El Tribunal de

Apelaciones se concentró en los intentos del peticionario

por impugnar a la testigo Zoe Díaz Colón con

declaraciones juradas vertidas en otros procedimientos

criminales ajenos al caso de autos. Dicho foro confirmó

al de Primera Instancia bajo el fundamento de deferencia

a la apreciación de la prueba que hiciera el foro

inferior.

El peticionario acudió ante nos el 4 de junio del

2001 mediante el recurso CC-2001-449. Nuevamente incluyó

como uno de los errores que cometió el foro apelativo, el

que se celebrara el juicio sin darle la oportunidad de

investigar y descubrir efectivamente la prueba que le fue

entregada el primer día del juicio. Mediante Resolución

del 6 de julio del 2001, declaramos No Ha Lugar su

solicitud de Certiorari. CC-2003-218 14

El 9 de julio del 2001, el peticionario radicó,

ante el Tribunal de Primera Instancia, otra moción de

nuevo juicio, esta vez bajo la Regla 192 de Procedimiento

Criminal, supra, amparándose tanto en los fundamentos

planteados en su solicitud de nuevo juicio radicada bajo

la Regla 188, supra, como en otros que se incluyen por

primera vez como nueva prueba.

De acuerdo a sus alegaciones, el 5 de mayo del 2001,

Zoe Díaz Colón prestó una declaración jurada ante el

abogado de uno de los acusados en otro caso criminal en

el que ella también fue testigo. Mediante esta nueva

declaración desmintió el testimonio que había prestado en

tres casos distintos, incluyendo el caso de la muerte de

Colomba, que fue atribuida al peticionario y a los co-

acusados. La testigo expresó que no tenía conocimiento

personal de las muertes y que testificó porque le

ofrecieron una casa, dinero en efectivo y la custodia de

los hijos que procreó con uno de los co-acusados del caso

de autos, Orlando Ramos Félix. La madre de éste tenía la

custodia temporera de los menores. Mencionó que se había

enterado recientemente del suicidio en prisión de una

persona que resultó convicta en uno de los casos en los

que ella testificó, cosa que le hizo sentir sumamente

culpable, al punto en que intentó suicidarse en el

Albergue de Testigos y Víctimas. Además, expresó en su

declaración jurada que la madre de su compadre asesinado

y el agente Francisco Báez la habían presionado. Díaz CC-2003-218 15

Colón explicó que luego de diez (10) sesiones en las que

los agentes le enseñaban fotos de los acusados y la

llevaban al lugar de los hechos, se aprendió las

declaraciones que debía dar y que finalmente ofreció en

fiscalía.

En su moción de nuevo juicio, el peticionario alegó

entre otras cosas, que a pesar de las solicitudes para

descubrir prueba favorable y de impugnación con respecto

a la testigo principal de fiscalía, no es hasta que Zoe

Díaz Colón se retracta de su testimonio original mediante

su declaración del 5 de mayo del 2001 que surge el hecho

de que ella era confidente retribuida de la Policía de

Puerto Rico desde antes de la ocurrencia de los hechos

imputados al peticionario.

De acuerdo a la evidencia sometida como parte de la

moción de nuevo juicio, Zoe Díaz Colón firmó un contrato

para prestar servicios como cooperadora retribuida el 2

de agosto de 1995. Los hechos imputados al peticionario

ocurrieron el 3 de agosto de 1995. No obstante, la

testigo prestó su declaración jurada sobre la muerte de

Colomba casi tres años después, el 11 de junio de 1998.

Ese mismo día también prestó otra declaración jurada en

la que alegó tener conocimiento personal del asesinato de

su compadre, ocurrido el 2 de noviembre de 1997. Ambas

declaraciones fueron prestadas entre las 4:00 p.m. y 6:00

p.m. de ese día. Esa tarde, se le entregaron doscientos

dólares ($200.00) como remuneración por información CC-2003-218 16

prestada en el caso de la muerte de otra persona. El pago

efectuado en concepto de retribución por la información

para esclarecer el asesinato que se le atribuye al

peticionario se hizo el 10 de marzo de 1999; el recibo se

adjuntó a la moción de nuevo juicio. De acuerdo al

peticionario, esta prueba era necesaria para la debida

impugnación de la única testigo del Estado que lo vinculó

al delito.

Los co-acusados en el caso de la muerte de Colomba

también presentaron mociones de nuevo juicio. A solicitud

del Ministerio Fiscal, se consolidaron éstas mociones de

nuevo juicio con las de los co-acusados en el caso de la

muerte de Peña, el compadre de Zoe Díaz Colón. La

consolidación se debió a que el fundamento principal,

aunque no exclusivo, de los acusados era el retracto de

quien fuera la testigo principal del Estado en ambos

procesos penales. La representación legal del

peticionario se opuso a la consolidación, pero el

tribunal no accedió a su solicitud.

El Tribunal de Primera Instancia celebró vistas para

dilucidar los planteamientos del peticionario y los demás

acusados en ambos casos. Durante el desfile de prueba, el

peticionario manifestó en varias ocasiones que fue

durante este proceso de nuevo juicio que finalmente

obtuvo acceso al contrato de confidente de la testigo Zoe

Díaz Colón y que además, el primer día del juicio fue que

se le entregó evidencia que de haber sido entregada CC-2003-218 17

oportunamente, hubiese servido para impugnar la del

Ministerio Fiscal.3

Durante esta vista de nuevo juicio, uno de los

testigos, el Sr. Orlando Rodríguez Almedina declaró haber

sido uno de los oficiales pagadores encargados de emitir

los pagos a los confidentes para la época en que

ocurrieron los hechos. Como parte de las aseveraciones

que hizo, aceptó que para el caso de la muerte de

Colomba, fiscalía le había requerido copia del contrato

de confidente de Zoe Díaz Colón porque le habían

solicitado a fiscalía dicho documento, no obstante, el

testigo aceptó que a la primera persona a quien entregó

copia del contrato fue al fiscal que representó al Pueblo

en otro caso donde Zoe Díaz Colón fue testigo.

Por su parte, el agente Francisco Báez testificó en

la vista de nuevo juicio que los expedientes policíacos

3 Como parte de la prueba presentada durante las vistas de nuevo juicio, el acusado presentó declaraciones juradas de los testigos que pudo conseguir de entre los que se encontraban en el expediente policiaco por haber sido entrevistados por el agente de la policía. A pesar de las diligencias del acusado para conseguir su testimonio, Myrna Mendoza Bristol y Leonardo Arias Reyes, no estuvieron disponibles durante el juicio por estar fuera de Puerto Rico. En sus declaraciones, testificaron haber ayudado al occiso a reparar su vehículo averiado durante el tiempo en que Zoe Díaz Colón alegó haber visto a los co-acusados en el lugar de los hechos. Carlos Pomales Pomales resultó ser, para la época de los hechos, el arrendatario del negocio en donde Zoe Díaz Colón alegadamente escuchó la planificación del crimen. Este señor declaró que el occiso había visitado su negocio en varias ocasiones, incluyendo el día de cobro del seguro social, pero Zoe Díaz Colón nunca había estado allí. Para el juicio, el acusado sólo contó con el testimonio del dueño del negocio, el nombre del arrendatario surgió del expediente del agente investigador. CC-2003-218 18

siempre estuvieron disponibles en el C.I.C. y que

contrario a lo que le informaron a la defensa y al

tribunal el primer día del juicio, nunca estuvieron

perdidos. El fiscal Ulpiano Crespo Armenteros aceptó

haber dicho el primer día del juicio que dicho expediente

estaba perdido pero que había aparecido.

A pesar de que el peticionario demostró que la

prueba que solicitó desde la etapa del descubrimiento de

prueba no se divulgó por falta de diligencia estatal, y

no obstante el hecho de que durante la vista de nuevo

juicio el Tribunal del Primera Instancia reconoció que el

peticionario no tuvo el tiempo suficiente para evaluar

los expedientes policíacos, dicho foro se limitó a

evaluar la petición de nuevo juicio a la luz del retracto

del testimonio de Zoe Díaz Colón y de toda la prueba

presentada por la defensa de todos los acusados y por

fiscalía en torno a este punto.4 Aún cuando el

peticionario aclaró en varias ocasiones que había prueba

que no debía tomarse en consideración para su petición de

nuevo juicio, el tribunal resolvió las mociones en

conjunto y sin hacer determinaciones particularizadas.

El tribunal aplicó los requisitos que se han

establecido jurisprudencialmente para evaluar las

solicitudes de nuevo juicio fundamentadas en el

descubrimiento de nueva prueba, luego de lo cual denegó

la moción de nuevo juicio del peticionario y de los co-

4 Pueblo v. Chévere Heredia, supra. CC-2003-218 19

acusados. El tribunal concluyó que la prueba no se pudo

haber descubierto con razonable diligencia antes del

juicio y que no era meramente acumulativa. En cuanto a si

era prueba impugnatoria, el tribunal señaló que al

retractarse de su testimonio original y al ser la única

testigo de cargo, su nueva declaración jurada iba

dirigida a sembrar dudas sobre la confiabilidad de su

testimonio original, al punto que de ser creída, sería

prueba totalmente exculpatoria. A pesar de esto, el

Tribunal de Primera Instancia concluyó que el testimonio

de la testigo Zoe Díaz Colón, no era creíble y que no

derrotó la prueba que estableció la culpabilidad del

peticionario y de los co-acusados en el juicio original.

Tras solicitar reconsideración, el acusado acudió al

Tribunal de Apelaciones. Allí cuestionó, entre otras

cosas, que el Tribunal de Primera Instancia no tomara en

consideración sus planteamientos sobre el contrato de

confidente de Zoe Díaz a pesar de que la fiscalía tiene

la obligación de revelar prueba relativa a la inocencia

del acusado. El Tribunal de Apelaciones también hizo caso

omiso de los planteamientos particulares del

peticionario, y al resolver los recursos consolidados de

todos los acusados, determinó que no habían cumplido con

lo dispuesto en Pueblo v. Marcano Parrilla I, 152 D.P.R.

557 (2000), donde se estableció el estándar que para

entonces aplicaba a las solicitudes de nuevo juicio

basados en nueva prueba después de emitida la sentencia y CC-2003-218 20

en Pueblo v. Chévere Heredia, 139 D.P.R. 1 (1995), que

trata sobre el retracto de un testimonio y su efecto a

nivel de nuevo juicio.

Particularmente, en cuanto a los requisitos del

nuevo juicio, el tribunal apelativo concluyó que las

contradicciones de Zoe Díaz Colón, las alegaciones sobre

las amenazas bajo las cuales testificó, la prueba sobre

sus capacidades mentales y carácter mendaz, y los

testimonios de los testigos que se encontraban en el

expediente policiaco que se le entregó al peticionario el

primer día del juicio, constituyen prueba que pudo

razonablemente conseguirse durante el juicio. El tribunal

también señaló que la prueba de los acusados, a pesar de

no ser acumulativa, iba dirigida a impugnar toda la

prueba presentada en el juicio. El Tribunal de

Apelaciones sostuvo en su Sentencia que parte de la

prueba presentada resultó creíble, pero que no hubiese

variado el fallo de culpabilidad de haberse presentado en

el juicio al no establecer claramente la inocencia de los

convictos al punto de que su encarcelación ofenda el

sentido de la justicia.

El Tribunal de Apelaciones concluyó además que la

moción de nuevo juicio va dirigida a la discreción del

tribunal sentenciador, por lo que denegada esta moción

por el foro de primera instancia, un tribunal apelativo

no intervendrá con dicha determinación a menos que se

muestre un claro e inequívoco abuso de discreción. Esto CC-2003-218 21

de acuerdo a lo resuelto en Pueblo v. Chévere Heredia,

supra, Pueblo v. Morales Rivera, 115 D.P.R. 107 (1984) y

Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 D.P.R. 102 (1974).

Al ser denegada su solicitud de reconsideración por

el foro apelativo, el peticionario acudió ante nosotros.

Mediante Resolución denegamos su recurso de Certiorari.

Al presentarse una solicitud de reconsideración, y a los

fines de evaluar la misma, solicitamos la transcripción

de la vista de nuevo juicio y toda la evidencia

documental allí presentada. Finalmente, expedimos el auto

de Certiorari. Con la comparecencia de ambas partes,

procedemos a atender el recurso.

Para justificar su petición, y entre otros

planteamientos, el peticionario alude a la admisión que

hizo el agente Francisco Báez en las vistas sobre nuevo

juicio en cuanto a que el expediente de investigación de

la policía estuvo siempre disponible en el C.I.C.

También apunta a lo expresado por el testigo Orlando

Rodríguez Almedina, quien aceptó que el Ministerio

Público le solicitó el contrato de confidente de Zoe Díaz

Colón en el caso de la muerte de Colomba porque se lo

habían pedido a fiscalía. No obstante, nunca se le

entregó a la defensa. En torno a este punto, el

peticionario también argumenta que aún cuando el agente

Francisco Báez sabía, desde el 1998, que Zoe Díaz Colón

era confidente, lo ocultó en las vistas evidenciarias que CC-2003-218 22

precedieron el juicio.5 Resalta el peticionario que ambos

foros judiciales ignoraron estos planteamientos al

adjudicar la moción de nuevo juicio. Por estas razones, y

contrario a lo que concluyó el Tribunal de Apelaciones,

el peticionario arguye que no se le puede imputar a la

defensa el que no se pudiera usar durante el juicio la

evidencia contenida en el expediente policiaco. En su

recurso nos solicita que tomemos en consideración, entre

otros asuntos, lo resuelto en Brady v. Maryland, 373 U.S.

83 (1963); Pueblo v. Ortiz Vega, 149 D.P.R. 363 (1999);

Pueblo v. Torres Rivera, 129 D.P.R. 331 (1991); Pueblo v.

Hernández García, 102 D.P.R. 506 (1974) y Pueblo v.

Rodríguez Sánchez, 109 D.P.R. 243 (1979).

Las controversias que nos corresponde atender en

este caso versan sobre el derecho del acusado a preparar

adecuadamente su defensa, lo cual requiere tanto la

divulgación de prueba impugnatoria relativa a su

inocencia o castigo, como su entrega oportuna al acusado.

Ambas garantías están cimentadas en consideraciones

jurídicas que trascienden el ámbito estatutario, pues su

razón de ser radica en la base misma del derecho de todo

acusado a gozar de un debido proceso de ley contenido en

la séptima sección de nuestra Carta de Derechos y en el

derecho plasmado en la undécima sección del mismo

5 El peticionario señala además que no fue hasta el primer día del juicio que se le informó a la defensa que se habían examinado las huellas digitales en el carro del occiso, a pesar de que esta información también se había solicitado durante la etapa de descubrimiento de prueba. CC-2003-218 23

documento constitucional que garantiza a todo acusado de

delito público un juicio justo e imparcial en el cual

pueda carearse con la prueba del Estado.6 La divulgación

de prueba impugnatoria relativa a la inocencia o castigo

del acusado, así como su entrega oportuna son esenciales

salvaguardas contra las acciones arbitrarias del Estado

en situaciones en las que está en juego uno de los más

preciados valores de una sociedad democrática, la

libertad.

Además, esta controversia nos presenta una

oportunidad para establecer la relación entre la Regla

192 de Procedimiento Criminal y la concesión de nuevo

juicio por descubrimiento de nueva prueba de impugnación

cuando ésta es de carácter exculpatorio y el Ministerio

Público dejó de divulgarla.

Cuando el Estado lesiona el debido proceso de ley de

un acusado mediante la supresión u omisión de evidencia

que incide sobre asuntos de inocencia o culpabilidad, el

remedio que procede es la concesión de un nuevo juicio.

En Pueblo v. Hernández Santana, 138 D.P.R. 577 (1995)

resolvimos que ante “la situación grave y perjudicial”,

en que el Ministerio Fiscal “esconde” o no descubre

prueba que demuestra, o tiende a demostrar, la inocencia 6 Ya dijo un conocido autor que una de las características de un gobierno tirano es la ausencia del derecho de una persona a enfrentar, con una defensa efectiva, un proceso criminal celebrado en su contra. Edward J. Imwinkelried, Exculpatory Evidence, 3ra ed., San Francisco, Lexis Nexis, 2004, pág. 1. CC-2003-218 24

del acusado, lo que procede es revocar la convicción y

ordenar la celebración de un nuevo juicio. Como dijimos

en este caso, esa es la regla mayoritaria, tanto en

nuestra jurisdicción, como en la esfera federal. Véanse

además Pueblo v. Morales Rivera, 115 D.P.R. 107, 109-110

(1984); Pueblo v. Torres Rivera, 129 D.P.R. 331 (1991).

Establecido lo anterior, debemos señalar como

cuestión de umbral, cuál es el estándar que aplica a una

moción de nuevo juicio como la instada en el caso de

autos.

De acuerdo a nuestro ordenamiento estatutario, la

moción de nuevo juicio que permite la Regla 192 de

Procedimiento Criminal, supra, procede cuando el acusado

adviene en conocimiento de nueva prueba luego de que se

haya dictado sentencia. El caso de Pueblo v. Marcano

Parrilla II, 2006 TSPR 136, estableció el nuevo criterio

que debe utilizarse para determinar si procede ese

remedio.

Allí, tras estudiar los antecedentes legales de la

figura contenida en nuestra Regla 192, supra, entendimos

procedente analizar esta moción de nuevo juicio a la luz

de la moción de nuevo juicio codificada en la Regla 33 de

Procedimiento Criminal Federal. En atención a dicha

Regla, la doctrina federal señala unos requisitos que el

promovente debe cumplir para que proceda el nuevo juicio

solicitado. Estos requisitos son: que la prueba se haya

descubierto después del juicio; que no pudo ser CC-2003-218 25

descubierta antes a pesar de haber mediado diligencia;

que la nueva prueba es pertinente a la controversia y no

meramente acumulativa o de impugnación. Además, la nueva

prueba presentada en apoyo a la moción debe hacer

probable un resultado distinto si se concediera el nuevo

juicio. Estos criterios componen la doctrina llamada

“Berry Rule” y aplican en Puerto Rico, tanto a la moción

de nuevo juicio bajo la Regla 188 de Procedimiento

Criminal, como a la Regla 192, supra. Pueblo v. Chévere

Heredia, 139 D.P.R. 1 (1995); Pueblo v. Marcano Parrilla

II, supra.7

Distinto a nuestro ordenamiento, en la jurisdicción

federal sólo existe una Regla unitaria de nuevo juicio

que aplica antes y después de dictada la sentencia.

Tomando en consideración este hecho, resolvimos en Pueblo

v. Marcano Parilla II, supra, que la Regla 192, supra,

debía ser de naturaleza excepcional, pues su propósito es

la revocación de sentencias finales y firmes avaladas por

una presunción de legalidad y corrección. En resumidas

cuentas, una moción de nuevo juicio basada en nueva

prueba y solicitada en virtud de la Regla 192, supra,

procede si…

…analizando la nueva evidencia junto a la presentada en el juicio original de la forma más favorable al fallo o veredicto de culpabilidad que se impugna, la misma pudo

7 Para un excelente acopio de la jurisprudencia que ha establecido estos criterios en Puerto Rico, véanse Pueblo v. Rivera Lugo y Almodóvar, 121 D.P.R 476 (1988) y Pueblo v. Morales, 66 D.P.R. 10 (1946). CC-2003-218 26

haber creado duda razonable en el ánimo del juzgador, en cuanto a la culpabilidad del peticionario. Esto es, la nueva prueba debe demostrar que es más probable que el convicto sea inocente a que sea culpable. Pueblo v. Marcano Parilla, supra, pág.

No obstante lo anterior, la trayectoria

jurisprudencial, tanto en Puerto Rico como en Estados

Unidos, ha tomado otro curso cuando la nueva prueba que

sustenta la solicitud de nuevo juicio fue ocultada o

suprimida por el Estado.

En la jurisdicción federal, las mociones

“ordinarias” de nuevo juicio basadas en el descubrimiento

de nueva prueba solicitadas al amparo de la Regla 33 de

Procedimiento Criminal Federal, son evaluadas bajo el

“Berry Rule”. No así cuando se suprime o se deja de

divulgar prueba favorable a la defensa; en esos casos se

aplica un estándar más relajado.

De acuerdo al Tribunal Supremo de Estados Unidos, si

el estándar aplicado a las mociones “ordinarias” de nuevo

juicio fuera el mismo cuando la nueva prueba estuvo en

manos del Estado que cuando la evidencia provenga de

fuentes neutrales, no sería particularmente significante

la obligación que tiene el ministerio fiscal de servirle

a la causa de la justicia. U.S. v. Agurs, 427 U.S. 97,

111 (1976). Véase además Wright, King & Klein, Federal

Practice and Procedure, Thomson, West, Vol. 3, 2004, sec.

557, págs. 542-543 y sec. 557.2, págs. 588-589. Los

criterios que se utilizan en situaciones donde la

negligencia del Estado es la causante de la solicitud de CC-2003-218 27

nuevo juicio bajo el fundamento de nueva prueba son los

establecidos en Brady v. Maryland, supra, y su posterior

desarrollo jurisprudencial.

En Puerto Rico, en el caso de Pueblo v. Torres

Rivera, 129 D.P.R. 331 (1991), resolvimos mediante

sentencia una moción de nuevo juicio bajo la Regla 192,

basada en la omisión del Ministerio Público de revelar

prueba que impugnaba la de cargo. Allí, tras citar los

requisitos de una moción de nuevo juicio, resolvimos que…

…para examinar un reclamo de nueva prueba de carácter impugnatorio de la prueba producida en el juicio… debemos aplicar los criterios esbozados en Giglio y Bagley. Ello, ya que, aun cuando la alegada nueva prueba va dirigida a impugnar la prueba de cargo aducida en el juicio, implica el derecho del acusado a un juicio justo en donde se le garantice el debido proceso de ley frente a la conducta del representante del Estado. Pueblo v. Hernández García, págs. 510-511.

De igual manera, nuestra decisión en Pueblo v.

Hernández Santana, supra, estuvo fundamentada en el caso

de Brady v. Maryland, supra, y su progenie. Al resolver

que la prueba suprimida cumplía con la casuística federal

aplicada, concedimos un nuevo juicio. Véase además Pueblo

v. Morales Rivera, 115 D.P.R. 107, 109-110 (1984).

Es decir, cuando el Estado ha ocultado prueba

exculpatoria, la moción de nuevo juicio que procede no

puede ser evaluada a la luz de los requisitos

estatutarios y jurisprudenciales aplicables a las

mociones “ordinarias” de nuevo juicio, pues los derechos

lacerados con la omisión del Estado están protegidos por CC-2003-218 28

consideraciones mucho más abarcadoras que las Reglas de

Procedimiento Criminal, a saber, el derecho a un debido

proceso de ley, el derecho a obtener evidencia favorable

y el derecho a enfrentar la prueba del Estado. Pueblo v.

Arzuaga Rivera, 160 D.P.R. 520 (2003).

A continuación discutiremos la jurisprudencia

federal y puertorriqueña que ha establecido el criterio

aplicable cuando por negligencia del Estado el acusado no

descubre prueba relativa a su inocencia o castigo.

II

Al adentrarnos en el tema sobre las obligaciones del

ministerio fiscal hacia la defensa del acusado en torno a

prueba relativa a inocencia o castigo, partimos del caso

de Napue v. State of Illinois, 360 U.S. 264 (1959). En

este caso, un testigo esencial de cargo, a preguntas de

la defensa, mintió sobre el hecho de que le habían

prometido una reducción en su sentencia a cambio de su

testimonio; el fiscal no lo desmintió. El Tribunal

Supremo de Estados Unidos resolvió que el juicio había

sido maculado e injusto, a pesar de que la defensa había

presentado durante el juicio prueba adicional para

impugnar a este testigo en cuanto a su parcialidad. De

esta manera, comenzó a ampliarse el derecho de acceso a

prueba exculpatoria, al incluir en su ámbito prueba

relativa a la credibilidad de los testigos.

Pocos años después, en Brady v. Maryland, supra, el

Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió que se CC-2003-218 29

lacera el debido proceso de ley de un acusado cuando la

fiscalía suprime, ya sea de buena o de mala fe, prueba

favorable al acusado que la defensa ha solicitado como

parte de su descubrimiento de prueba y que sea pertinente

en cuanto a la culpabilidad o al castigo del acusado. El

Tribunal declaró que una fiscalía que suprime prueba

exculpatoria aporta a la formación de un sistema

acusatorio que impone una carga impermisible a los

acusados. Además, el Tribunal concluyó que era imposible

ponerse en el lugar del juzgador de hechos y asumir la

adjudicación de credibilidad y de valor probatorio que

éste hubiese efectuado de tener ante sí la prueba

suprimida.

Posteriormente y siguiendo este raciocinio, en

Giglio v. United States, 405 U.S. 150 (1972), el Tribunal

dictó la norma que establece que cuando la fiabilidad en

un testigo sea un factor determinante para propósitos de

establecer la inocencia o culpabilidad de un acusado, la

supresión de evidencia impugnatoria cae dentro de la

regla de Brady eliminándose así la distinción entre

prueba impugnatoria y prueba exculpatoria. De manera que

la supresión de prueba de impugnación de un testigo

esencial del Estado, al ser considerada evidencia

pertinente en cuanto a la inocencia o culpabilidad del

acusado, amerita un nuevo juicio. De acuerdo a esta norma

jurisprudencial, cuando el caso en contra de un acusado

dependa casi enteramente en el testimonio de un testigo CC-2003-218 30

con el cual la fiscalía haya hecho un acuerdo, la

credibilidad de este testigo es un asunto importante, y

cualquier acuerdo entre la fiscalía y el testigo es

pertinente para impugnar la credibilidad de su

testimonio.

En U.S. v. Bagley, 473 U.S. 667 (1985), el Tribunal

Supremo de Estados Unidos delimitó el alcance de la

doctrina de Giglio y aclaró el estándar de pertinencia

(materiality) aplicable para conceder un nuevo juicio en

el contexto de prueba exculpatoria omitida. De acuerdo a

los hechos de este caso, durante la etapa del

descubrimiento de prueba el acusado había solicitado

expresamente que se revelara cualquier promesa o

incentivo que se hubiera ofrecido a los testigos

principales del Estado, quienes habían intervenido en el

caso como agentes encubiertos. Luego de recaída la

sentencia, el acusado advino en conocimiento de unos

contratos que establecían un pago contingente por la

información que suministraban los encubiertos.

El Tribunal Supremo indicó que la doctrina

establecida en Brady está cimentada en el debido proceso

de ley, y que su propósito no fue reemplazar el sistema

adversativo como el modo primario de descubrir la verdad,

sino el de evitar un fracaso de la justicia8. En este

8 El Tribunal expresa que el rol del fiscal trasciende el de un adversario, pues no es el representante legal de una parte ordinaria, sino de una soberanía cuyo interés en el ámbito penal no es ganar un caso, sino que se haga justicia. Id. pág. 675, escolio 6. CC-2003-218 31

sentido, la doctrina no pretende que la defensa efectúe

una expedición de pesca en el expediente de la fiscalía,

sino que se divulgue aquella prueba que sea favorable al

acusado, es decir, prueba sin la cual no es posible un

juicio justo. Id. pág. 675.

También en Bagley, el Tribunal señaló que aunque el

caso de Brady trataba sobre la omisión de prueba

exculpatoria, la prueba de impugnación que se pretenda

utilizar para mostrar parcialidad o interés de los

testigos del gobierno cae también bajo la llamada “regla

de Brady” por constituir prueba exculpatoria de acuerdo a

los estándares de los casos mencionados. Ello así pues de

ser revelada y efectivamente utilizada por la defensa,

esa prueba puede hacer la diferencia entre la convicción

del acusado o su absolución. En fin, el Tribunal Supremo

Estadounidense resolvió que la supresión de prueba

impugnatoria amerita la revocación de la condena y la

celebración de un nuevo juicio sólo cuando su omisión

constituya una lesión al derecho constitucional del

acusado a que se le celebre un juicio justo, y cuando la

supresión de dicha evidencia socave la confianza en el

resultado del caso.

Más recientemente, en el caso de Kyles v. Whitley,

514 U.S. 419, 433-435 (1994), el Tribunal resolvió que

hay cuatro aspectos sobre la pertinencia de la evidencia

exculpatoria que el caso de Bagley aclara con respecto a

la norma de Brady. De antemano, la evidencia favorable al CC-2003-218 32

acusado alegadamente omitida debe ser pertinente

(material) y debe existir una probabilidad razonable que

de haber sido divulgada, el resultado del caso hubiese

sido distinto. Kyles, aclara, además, que el concepto de

pertinencia de Brady no implica una evaluación sobre la

suficiencia de la prueba, más bien lo que se debe evaluar

es si la evidencia omitida puede cambiar la perspectiva

del caso al punto de minar la confiabilidad del fallo

condenatorio. Por eso, el asunto no es si el Ministerio

Público tiene prueba suficiente para justificar la

convicción aun en ausencia de la prueba suprimida.

El Tribunal también concluyó en Kyles, supra, pág.

434, que cuando el fundamento para pedir el remedio del

nuevo juicio sea la supresión de prueba exculpatoria, el

acusado no tiene que demostrar que la divulgación de la

evidencia probablemente le hubiera absuelto. La pregunta

tampoco es si con dicha prueba es más probable que el

acusado hubiera recibido un veredicto diferente. La

cuestión a resolver es si en ausencia de la prueba

favorable, se le celebró un juicio justo, es decir, un

juicio cuyo resultado es digno de confianza. De manera

que el estándar de pertinencia que establecieron los

casos de Brady y Bagley se cumple cuando el acusado

demuestra que la evidencia suprimida puede razonablemente

“arrojar una luz diferente sobre el juicio al punto de

socavar la confianza en el resultado.” Kyles, supra, pág.

435. CC-2003-218 33

Por otra parte, el caso de Kyles también explica que

cuando el gobierno suprime prueba exculpatoria que cumple

con los requisitos de Bagley, se incurre en un error de

naturaleza constitucional para el cual no es necesario

evaluar si fue un “error no perjudicial”, pues el

estándar de pertinencia de Bagley es más riguroso que el

que se utiliza para determinar que un error

constitucional no fue perjudicial.9 Kyles, supra, págs.

435-436.

El Tribunal Supremo estadounidense también expresó

que para resolver si el Estado está obligado a divulgar

evidencia exculpatoria se debe evaluar el efecto

cumulativo de la omisión de dicha evidencia y no cada

pieza de evidencia de manera aislada. El Tribunal

resolvió que la responsabilidad del Ministerio Público

consiste en determinar cuándo es que se configura el

estándar de probabilidad razonable, responsabilidad que

existe a pesar de que la policía no lleve dicha prueba a

la atención de Ministerio Público.10

En Pueblo v. Soto Ribas, 83 D.P.R. 386 (1961),

citamos como autoridad en el tema del descubrimiento de

prueba del acusado el caso de Jencks v. United States,

9 Un error constitucional puede ser “no perjudicial” si el tribunal queda convencido más allá de duda razonable que de no haberse cometido el resultado del caso aparentemente hubiera sido el mismo. Véase Chapman v. California, 386 U.S. 18 (1967). 10 Véase además y en general J.F. Lawless, Prosecutorial Misconduct, New York, Kluwer Law Book Pub., 1985, sec. 5.11, págs. 283-284, 290-292. CC-2003-218 34

353 U.S. 657 (1957) para concederle la oportunidad al

acusado de obtener copia de las declaraciones pertinentes

y materiales de un testigo gubernamental que se

encuentren en poder del gobierno y se relacionen con los

hechos o actividades sobre las cuales el testigo ha

declarado en corte, ello para propósitos de impugnación.

Además expresamos que:

No es necesario determinar si negarle al acusado copia de la declaración jurada por él solicitada para impugnar la veracidad de un testigo de cargo infringe los preceptos básicos del debido proceso de ley… Lo que aquí está envuelto no son conceptos mínimos de garantía constitucional. Hay algo más. Es el principio que sólo se hace justicia cuando se conoce toda la verdad… Es esencial a nuestro sistema de gobierno que se establezcan aquellas prácticas procesales que hagan más fácil el descubrimiento de la verdad. En una verdadera democracia todo ciudadano tiene derecho a que si es acusado de delito público, se le procese y condene bajo unas reglas que le garanticen un juicio justo en el concepto lato del término, ya que el Estado no está interesado en interponer obstáculos para que se conozcan todos los hechos y pueda descubrirse la verdad. (Citas omitidas.)

El caso de Pueblo v. Dones, 102 D.P.R. 118 (1974)

constituye otro hito más en la liberalización del acceso

a la evidencia que le sirva al acusado para refutar

adecuadamente la que le es adversa. Allí declaramos que:

Todo acusado que tiene su libertad en peligro debe tener al alcance de su mano los medios más amplios para demostrar que su acusador es un truhán, falto de integridad e indigno de crédito. Mientras más cortapisas y restricciones se opongan a esta prueba, mayor es el riesgo de que un testimonio mendaz y falso prevalezca en corte adulterando y deshonrando la justicia, convirtiendo el fallo judicial en trágico producto elaborado de la perversidad. CC-2003-218 35

En Pueblo v. Hernández García, 102 D.P.R. 506 (1974)

la defensa alegó en su solicitud de nuevo juicio que se

había concedido inmunidad al único testigo de cargo que

presenció los hechos; que se le había exigido la renuncia

de la División de Drogas y Narcóticos y que el Ministerio

Público había solicitado el archivo de varios casos en el

que dicho agente era testigo de cargo. La fiscalía

resistió activamente el descubrimiento de esta evidencia

y asumió una actitud pasiva al no desmentir al testigo

cuando negó la existencia de tales acuerdos. Ante este

cuadro fáctico adoptamos la casuística federal referente

al derecho a recibir evidencia exculpatoria tal y como

fue reconocido en los casos de Napue, Brady y Giglio por

lo que concluimos que había ocurrido una violación al

debido proceso de ley del acusado. Por ello, le

concedimos un nuevo juicio para que se pusiera a

disposición de la defensa toda la información pertinente

a la inocencia del acusado, que en este caso se trataba

de evidencia para impugnar la credibilidad del testigo

presencial. En este caso hicimos hincapié en la tendencia

de algunos tribunales de reconocer la necesidad de un

descubrimiento de evidencia total a pesar de que el

criterio jurisprudencial Estadounidense no lo apoya.11

11 United States v. Hibler, 463 F.2d 455 (9th Cir. 1972); Shuler v. Wainwright, 341 F. Supp. 1061, 1072 (M.D. Fla. 1972); Bass, V.: Brady v. Maryland and the Prosecutor's Duty to Disclosure, 40 U. Chi. L. Rev. 112 (1972); Traynor, Ground Lost and Found in Criminal Discovery, 39 N.Y.U.L. Rev. 228 (1964). CC-2003-218 36

Véanse además Pueblo v. Quiñones Ramos, 99 D.P.R. 1

(1970); Pueblo v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 470

(1974); Pueblo v. Delgado López, 106 D.P.R. 441, 444

(1977) y Pueblo v. Cancel Hernández, 111 D.P.R. 625

(1981).12

Los casos que reconocen el derecho del acusado a

obtener y presentar evidencia favorable que sea

exculpatoria y de carácter impugnatorio a nivel de vista

preliminar demuestran que en nuestra jurisdicción, la

obligación del Estado de presentar evidencia exculpatoria

o de impugnación de la prueba principal de cargo, no

parte del derecho estatutario a descubrir prueba

favorable contenido en la Regla 95, sino del derecho

constitucional al debido proceso de ley y del derecho a

enfrentar la prueba adversa. Pueblo v. Ortiz Vega, 149

D.P.R. 363 (1999); Pueblo v. Vega Rosario, 148 D.P.R. 981

(1999); Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653

(1985).

Por eso, en Pueblo v. Arzuaga Rivera, 160 D.P.R.

520, 533-536 (2003) explicamos que la obligación del

Ministerio Público de entregar prueba relacionada a la

inocencia del acusado surge en situaciones no

12 Véanse ABA Project on Minimum Standards for Criminal Justice, Standards Relating to Discovery and Procedure before Trial (Approved Draft, 1970), sec. 2.1(d); ABA Project on the Standards for Criminal Justice, Standards Relating to the Prosecution Function and Defense Function (Approved Draft, 1971), sec. 3.11. Véase además la Regla 4.9 del National Advisory Commission on Criminal Justice Standards and Goals, Report on Courts, Washington, 1973, pág. 89. CC-2003-218 37

contempladas por las Reglas de Procedimiento Criminal.

Como señalamos, “[l]a llave que da acceso a esta

posibilidad es una sola y se llama debido proceso de

ley”. Id. pág. 534. Por tal razón, en casos como Pueblo

v. Hernández García, supra, aplicamos el criterio

establecido en la jurisprudencia federal en cuanto a que

la solicitud expresa de la defensa no se estima un

requisito. Así, la ausencia de un requerimiento

específico no libera al fiscal de poner a la disposición

del acusado prueba relativa a su defensa. Este principio

fue reiterado en Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109 D.P.R.

243, 247 (1979) y Pueblo v. Cancel Hernández, supra, pág.

628.

En Pueblo v. Rodríguez Sánchez, supra, resolvimos

que para que el derecho del acusado a “carearse con los

testigos de cargo” tenga concreción y sentido, el debido

proceso de ley exige que se pongan a disposición del

acusado:

…los medios de prueba para impugnar a los testigos, atacar su credibilidad y todo recurso análogo encaminado a erradicar la falsedad del juicio y evitar el desvío de la justicia. Un careo sin estos instrumentos, cuando sean legítimamente asequibles, frustra el propósito del precepto constitucional. Id., pág. 249.

De acuerdo a nuestro dictamen, si se le oculta al

acusado prueba de esta naturaleza, y hay una probabilidad

razonable de que el jurado o el juez, de conocerla,

hubiesen rendido un fallo distinto, “es responsabilidad

del Estado en su obligación de proveer un juicio justo CC-2003-218 38

bajo la cláusula de debido proceso de ley, y aún sin

mediar solicitud de la defensa”, revelar dicha prueba.

Id., pág. 247.

A modo de guía, la Regla 44 de Evidencia, 32

L.P.R.A. Ap. IV, R.44, provee un listado no taxativo de

distintos medios de impugnación.13 Según hemos

interpretado esta Regla, “toda prueba pertinente a la

veracidad o mendacidad de un testigo es prima facie

admisible para evaluar su credibilidad.” Pueblo v.

Galindo, 129 D.P.R. 627 (1991); Pueblo v. Figueroa Gómez,

113 D.P.R. 138, 142 (1982).

La doctrina ha dividido la prueba de impugnación en

dos clases generales, a saber, la prueba de impugnación

“específica” y la prueba de impugnación “no específica”.14

La primera va dirigida a atacar el testimonio particular

vertido por el testigo. Bajo esta clasificación se

encuentra la impugnación de un testigo mediante prueba

que establezca que ha incurrido en contradicciones.

En Pueblo v. Galindo, supra, págs. 642-644,

aclaramos que

…a pesar de no haberse incluido expresamente en esta regla, no cabe duda de que una instancia clásica de impugnación de un testigo es la prueba de contradicción del testimonio vertido en el juicio… Por tratarse

13 La regla dispone que “[l]a credibilidad de un testigo podrá ser impugnada o defendida mediante cualquier evidencia pertinente, incluyendo” los ejemplos que la Regla menciona. Regla 44, supra. (Énfasis suplido.) 14 Véase Imwilkelried, Exculpatory Evidence, op. cit. pág. 302. CC-2003-218 39

de evidencia que demuestra que lo que ha dicho el testigo en el juicio no es cierto, su pertinencia respecto a la veracidad o mendacidad del resto del testimonio es obvia… El propósito de la impugnación por contradicción es atacar instancias específicas del testimonio del declarante. Es decir, se persigue demostrar, contradiciendo al testigo, que algo de lo vertido en el juicio es falso, inexacto, poco preciso o erróneo… Lo cardinal es que contradiga lo aseverado por el testigo ante el juzgador de los hechos… Con este propósito, además de la declaración de otro testigo, cualquier evidencia extrínseca será admisible para contradecir lo declarado por el testigo y demostrar que mintió en la silla testifical.15

La impugnación por contradicción fue incorporada a

nuestras Reglas de Evidencia mediante la Ley núm. 450 del

23 de septiembre del 2004 que enmendó la Regla 44,

supra.16 Dicha enmienda acogió el lenguaje de la Sección

780 (i) del Código de evidencia de California para

establecer que la credibilidad de una persona puede

impugnarse mediante cualquier evidencia pertinente que

establezca la “existencia o inexistencia de un hecho

declarado por el testigo; sujeto a lo dispuesto en la

Regla 19”. Regla 44 B (7), supra.17

15 En esa ocasión citamos la obra de E.W. Cleary, McCormick on Evidence, 3ra ed., Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1984, sec. 43. 16 En la exposición de motivos, la legislatura se hizo eco de nuestras expresiones jurisprudenciales al declarar que “[l]a impugnación de los testigos es uno de los mecanismos más eficaces para el descubrimiento de la verdad y es un corolario del contrainterrogatorio.” 17 Véase además F. A. Gilligan & E.J. Imwilkelried, Bringing the “Opening the Door” Theory to a Close: The Tendency to Overlook the Specific Contradiction Doctrine in Evidence Law, 41 Santa Clara L. Rev. 807 (2001). CC-2003-218 40

Por otro lado, la prueba de impugnación “no

específica” va dirigida a atacar de forma general al

testigo como tal. Entre las causas “no específicas” para

impugnar el testimonio de un testigo se encuentra la

impugnación por parcialidad o interés. Aun cuando un

testigo esté concientemente tratando de ser sincero, la

parcialidad puede distorsionar el contenido de su

testimonio en un nivel subconsciente. Por ello, prueba

extrínseca de la parcialidad de un testigo es

rutinariamente admisible. En este sentido, los

tribunales son generalmente laxos. Imwilkelried,

Gianelli, Gilligan & Lederer, Courtroom Criminal

Evidence, 4ta ed., San Francisco, Lexis Nexis, 2005,

págs. 310-313.18

La doctrina es clara al expresar que la parcialidad

de un testigo se puede demostrar con prueba de que el

testigo es un informante retribuido.19 Imwilkelried,

Gianelli, Gilligan & Lederer, id. En torno a este tema,

Ernesto L. Chiesa, explica que:

18 Véase Davis v. Alaska, 415 U.S. 308, 316 (1974), donde se estableció que exponer los motivos que tiene un testigo para testificar es una función importante y propia del derecho constitucional a contrainterrogar los testigos adversos. Véase además Greene v. McElroy, 360 U.S. 474 (1959). 19 Véanse además U.S. v. Bradfield, 103 F.3d 1207, 1215-18 (5to Cir.), 113 F.3d 515 (5to Cir. 1997) (aún cuando el acusado no las solicite, se tienen que dar instrucciones cautelares especiales sobre la credibilidad de un testigo retribuido) y Wheeler v. U.S. 351 F. 2d 946 (1er Cir. 1965). CC-2003-218 41

La parcialidad de un testigo es un elemento crucial para el juzgador evaluar el peso del testimonio… es un asunto tan central para evaluar su testimonio que nunca se considera colateral, por lo que se permite evidencia extrínseca de la parcialidad cuando el contra interrogatorio del testigo no revela adecuadamente tal parcialidad… Se trata de un aspecto central del derecho constitucional del acusado a confrontarse con los testigos del fiscal… Es particularmente importante el derecho del acusado a que el juzgador conozca los beneficios que recibe o espera recibir un testigo de cargo por su testimonio… Lo mismo en casos civiles que en casos criminales, cualquier tipo de interés del testigo en testificar, más allá del deber de hacerlo y del interés de que se haga justicia es pertinente en cuanto a parcialidad.” E.L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, Tomo 1, Publicaciones JTS, pág. 465-467,471.20

En Pueblo v. Colón Obregón, 102 D.P.R. 369, 373

(1974), caso en el que la defensa no solicitó

instrucciones especiales con respecto a los pagos

contingentes recibidos por un agente encubierto,

aprovechamos la ocasión para mencionar que cuando hay

“informantes adictos o a sueldo, especialmente cuando es

contingente su pago, su testimonio debe escudriñarse para

determinar su confiabilidad” con especial rigor. Véanse

además Pueblo v. Almodóvar, 109 D.P.R. 117 (1979; Pueblo

v. Acevedo Estrada, supra. 21

20 El autor nos remite al caso de U.S. v. Abel, 469 U.S. 45,52 (1984) para el tema de la parcialidad de los testigos y al caso de Davis v. Alaska, 415 U.S. 308 (1974). 21 Véase en general Mario Daniel Montoya, Informantes y técnicas de investigación encubiertas, 2da ed. Buenos Aires, Ad Hoc, 2001. CC-2003-218 42

Ahora bien, en nuestra jurisdicción, la identidad

del informante o confidente está protegida expresamente

por la Regla 32 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV.22 Como

es sabido, las reglas de exclusión “pueden estar fundadas

en consideraciones ajenas a la búsqueda de la verdad,

independientemente de su valor probatorio”.23 Reglas como

la citada están basadas en consideraciones de política

pública que ameritan anteponerse al propósito esencial

del descubrimiento de la verdad. Ya en Pueblo v. Soto

Ribas, supra, pág. 389, habíamos expresado que:

En ausencia de un requisito gubernamental exigiendo que se mantenga confidencial la información obtenida para el más eficaz cumplimiento de la ley, el Estado no tiene interés en negarle al acusado acceso a toda evidencia que pueda dar luz sobre las cuestiones envueltas en el caso, y en particular no hay interés en condenar basándose en declaraciones de testigos que no han sido rigurosamente contrainterrogados e impugnados tan a fondo como la evidencia permitiría. (Citas omitidas y énfasis suplido.)

Sobre el asunto, el Tribunal Supremo de Estados

Unidos, resolvió, en el caso de Roviaro v. U.S., 353 U.S.

53 (1957), que no existe una regla fija para determinar

cuándo se justifica la divulgación de la identidad del

22 Valga señalar que tradicionalmente, en términos del privilegio evidenciario, se le ha dado el mismo trato a los términos “confidente” e “informante”. En Pueblo v. López Rivera, 91 D.P.R. 693, 696-967 (1965), al acoger la doctrina de U.S. v. Roviaro, 353 U.S. 53 (1957), tradujimos “informer’s privilege” como “privilegio del confidente” refiriéndonos al privilegio del Estado a no divulgar la identidad de aquellas personas que suministran a las autoridades información sobre violaciones de ley. Véase además Angueira v. JLBP, 150 D.P.R. 10, 26 (2000). 23 E. Chiesa, op. cit. tomo I, pág. 4. CC-2003-218 43

informante. El asunto conlleva un balance de intereses

mediante el cual se deben sopesar el interés público en

la protección de la información y el derecho del acusado

a preparar su defensa. Roviaro, supra, pág. 62. De

acuerdo a los intereses imperantes en proteger la

amplitud del descubrimiento de prueba de la defensa, la

misma Regla 32 de Evidencia establece las excepciones que

permiten la divulgación de la identidad del informante.

Una de estas excepciones es “que la información sobre su

identidad es esencial para una justa decisión de la

controversia, particularmente cuando es esencial para la

defensa del acusado.” Regla 32 de Evidencia, supra.

En Pueblo v. López Rivera, 91 D.P.R. 693 (1965)

resolvimos que el caso de Roviaro, supra, estableció una

excepción al privilegio del informante llamada la del

‘confidente-participante’ (participant-informer rule).

Explicamos que el ‘confidente-participante’, como el

término indica, participa en el acto delictivo,

diferenciándose así del mero confidente que suple

información a las autoridades pero que no tiene

participación en los hechos de los cuales surge el

delito. Si bien el hecho de que el confidente sea

participante no le concede al acusado un derecho

automático a conocer su identidad, resolvimos que una

controversia de esta naturaleza debe resolverse caso a

caso. CC-2003-218 44

El factor determinante debe ser siempre que la

identidad del confidente sea necesaria y pertinente para

la adecuada defensa del acusado. No obstante reconocer en

la jurisprudencia la importancia del factor de la

participación del confidente, hemos recalcado que “la

distinción entre el meramente informante y el informante

participante es pertinente pero no decisiva”. Pueblo v.

López Rivera; supra; Benítez v. Tribunal Superior, 102

D.P.R. 601 (1974); E. Chiesa, op. cit. Tomo I, págs. 313-

314. Reiteradamente hemos declarado que:

El descubrimiento de prueba en el proceso criminal debe ensancharse hasta donde permita la competencia entre el interés del acusado en su defensa y la confidencialidad de determinados documentos y expedientes, moderada por una discreción judicial que habrá de decidir si la utilidad que para la defensa representa esa prueba supera los intereses del Estado y de terceras personas a cuya protección va dirigida la norma de secretividad. Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109 D.P.R. 243, 248 (1979).24

Cónsono con el análisis dispuesto en Roviaro, supra,

hay quienes plantean que cuando el Estado llame al

estrado a un informante para que testifique, hay que

divulgar su identidad, pues se considera que el hecho de

ser informante es un asunto significativo para adjudicar

la credibilidad de su testimonio. § 5712 Wright & Graham,

Federal Practice and Procedure, Thomson, West, 1992,

págs. 424-425. En este sentido, tras sopesar los

intereses involucrados en un caso en el cual un

24 Véase además Pueblo v. Cancel Hernández, 111 D.P.R. 625 (1981). CC-2003-218 45

confidente sea llamando al estrado para testificar como

parte de la prueba de cargo, la “balanza” debe favorecer

al acusado.25

Lo anterior cobra mayor pertinencia cuando el

testimonio del informante es central o esencial para la

prueba del Estado al punto que la convicción dependa del

mismo. De esta misma manera, resulta claro que si el

Estado utiliza el testimonio en corte de una informante

remunerada y divulga su nombre y demás información

personal, la naturaleza de su relación con el Estado y

todo contrato o acuerdo entre ellos adviene prueba de

impugnación necesaria para adjudicar sobre la

credibilidad que merezca su testimonio. Esta prueba no

sólo cumple con la excepción establecida en la Regla 32

de Evidencia, supra, sino que es del carácter cuya

divulgación la jurisprudencia interpretativa de la

Constitución ha hecho obligatoria. De no revelarse, una

persona imputada de delito no podrá gozar de las

garantías de justicia que conforman los cimientos

ideológicos de nuestro ordenamiento jurídico penal.

III

En materia de descubrimiento de prueba favorable al

acusado, y tomando en cuenta las consideraciones que

motivan nuestra continua tutela de los derechos del

25 Véase además Disclosure of Informers who might establish the accused’s innocence, 12 Stan. L. Rev. 256 (1959). CC-2003-218 46

acusado frente al Estado, hemos establecido que las

acciones del ministerio fiscal para cumplir con sus

deberes constitucionales están regidas por limitaciones

temporales. Este Tribunal ha determinado que lo que

incide en los derechos del acusado que garantiza nuestra

Carta de Derechos no es sólo la omisión de prueba

exculpatoria o de prueba favorable, sino el momento en

que ésta se entrega.

Hace cincuenta años, en Pueblo v. Tribunal Superior

y Ramos, 80 D.P.R. 702, 705 (1958), declaramos que por

razón de que “[n]o se debe perder de vista que el

objetivo de todo procedimiento judicial es el

esclarecimiento de la verdad”, rechazábamos las “arcaicas

tendencias” de no concederle al acusado, con razonable

anticipación al juicio, la prueba necesaria para

enfrentar la evidencia del Estado.26 Adoptamos el moderno

proceder en materia de descubrimiento de prueba por parte

del acusado, implantando desde entonces “el imperante

sistema de conceder al acusado las más amplias

oportunidades para defenderse”.

Al respecto dijimos que:

Aunque podría argüirse que el acusado podría esperar al acto del juicio y entonces solicitar que se produzcan los informes una vez declare el agente policiaco, tal práctica conduciría a una innecesaria dilación en los procedimientos, en perjuicio del principio de “tramitación justa” y de evitación de “dilaciones y gastos 26 Estas tendencias nos venían del derecho común inglés, en el cual no se permitía por ejemplo, la entrega de las declaraciones juradas (probablemente incriminatorias) de los acusados hasta el día del juicio. CC-2003-218 47

injustificados” que leemos en la número uno de las Reglas de Procedimiento Criminal. Pueblo v. Tribunal Superior, supra, pág. 476.

En Pueblo v. Ortiz Vega, 149 D.P.R. 363 (1999) el

Ministerio Público no puso a la disposición del imputado

la prueba pertinente en su poder sobre manifestaciones

adversas de su único testigo de cargo, con antelación

suficiente para que la defensa pudiera ejercitar

efectivamente su derecho a contrainterrogarlo en la vista

preliminar. Resolvimos que dicha práctica “no es cónsona

con la naturaleza esencial de nuestro sistema de justicia

criminal que preconiza la búsqueda de la verdad como

principio fundamental que permea todo procedimiento

judicial.” Véase además Pueblo v. Arzuaga Rivera, 160

D.P.R. 520 (2003).

Tanto en Pueblo v. Santa Cruz-Bacardi, 149 D.P.R.

223 (1999) como en Pueblo v. Guzmán Meléndez, 2004 TSPR

13, reiteramos la obligación del Ministerio Público de

entregar oportunamente a la defensa la prueba necesaria

para enfrentar los cargos imputados y la evidencia

utilizada por el Estado para sustentarlos. En ambos casos

se le imputaba a los acusados conducir vehículos de motor

con una cantidad de alcohol en la sangre mayor al límite

establecido en la ley. El primer día del juicio se le

entregó a la defensa el Manual de Operaciones del

instrumento utilizado para determinar el por ciento de

alcohol en la sangre, las certificaciones de los peritos

sobre su uso y los informes de mantenimiento del mismo. CC-2003-218 48

En ambos casos resolvimos que la entrega de la evidencia

el primer día del juicio afectó el derecho de los

acusados a preparase adecuadamente para su defensa a tal

grado, que no estaban preparados para enfrentar un juicio

en su contra

En la jurisdicción federal se ha resuelto que la

prueba favorable al acusado que sea relativa a cualquier

asunto sobre inocencia o castigo, o cuyo uso se relacione

incidentalmente a estos asuntos, puede ser entregada en

cualquier momento, inclusive durante el juicio.27 A pesar

de esto, los tribunales apelativos federales han

reconocido, mayoritariamente que la entrega debe ser

oportuna, es decir, en un momento en que el acusado pueda

usarla efectivamente.

Cuando se trata de la entrega tardía de prueba

favorable relativa a la inocencia o castigo del acusado

(belatedly disclosure of favorable evidence), el enfoque

jurisprudencial de varios circuitos apelativos radica en

determinar el efecto de la tardanza en la capacidad del

acusado para utilizar la evidencia efectivamente. A pesar

de que en otros circuitos federales se han establecido

requisitos adicionales para alegar una violación al

debido proceso de ley por entrega inoportuna de prueba

favorable, la inhabilidad para usar efectivamente la

evidencia inoportunamente entregada es el estándar que se

27 Imbler v. Pachtman, 424 U.S. 409, 427 n. 25 (1976). CC-2003-218 49

ha considerado de uso mayoritario en la jurisdicción

federal. 28

La oportunidad que se le debe brindar a la defensa

para usar la evidencia efectivamente ha sido definida

como “la oportunidad que tiene un abogado responsable de

usar la evidencia con cierto grado de cálculo y

premeditación”. De acuerdo a este criterio, la entrega

inoportuna no constituye una divulgación conforme a

Brady, supra. Debe quedar claro que no es suficiente que

la fiscalía se limite a evitar la “supresión activa de

evidencia”. Leka v. Portuondo, 257 F. 3d 89, 103 (2do Cir.

2001); Madsen v. Domire, 137 F. 3d 602 (8vo Cir. 1998);

Kyle v. U.S., 297 F 2d 507 (2do Cir. 1961).29

La entrega inoportuna de evidencia favorable

constituye una supresión si el acusado no tuvo la

28 Por ejemplo se ha resuelto que la defensa debe demostrar que la evidencia entregada inoportunamente no es meramente acumulativa. También se ha resuelto que si la evidencia entregada inoportunamente es impugnatoria, el acusado debe demostrar que no tuvo la oportunidad de contrainterrogar al testigo en cuanto al hecho que establece la prueba que le fue entregada tarde. Se ha considerado como factor adverso al planteamiento de la defensa el que el estado haya presentado otra evidencia contundente que sustente la convicción. Véase Bennett L. Gershman, Prosecutorial Misconduct, 2da ed., Sec. 5:15, (revisado en septiembre del 2007). 29 Véanse además U.S. v. Rodríguez, 496 F. 3d 221 (2do Cir. 2007); Di Simone v. Phillips, 461 F. 3d 181 (2nd Cir. 2006); U.S. v. Watson, 76 F. 3d 4 (1er Cir. 1996); U.S. v. Devin, 918 F. 2d 280 (1er Cir. 1990); U.S. v. Martínez-Mercado, 888 F. 2d 1484 (5to Cir. 1989); U.S. v. Beherens, 689 F. 2d 154 (10mo Cir. 1982); U.S. v. Shelton, 588 F.2d 1242 (9no Cir. 1978) y U.S. v. Stone, 471 F. 170 (7mo Cir. 1972). Un caso resuelto por una corte de distrito federal U.S. v. Greichunos, 572 F.Supp. 220 (N.D. Ill. 1983) también aplica este estándar. CC-2003-218 50

oportunidad de utilizarla efectivamente. De esa forma,

la casuística ha impuesto una carga sobre el Ministerio

Público. El fiscal tiene el deber de descubrir,

oportunamente, toda la evidencia favorable que esté en

las manos del gobierno, incluyendo la policía. El fiscal

es quien, a fin de cuentas, lleva la representación del

Gobierno en el juicio y es

…quien conduce la investigación y el acopio de pruebas por lo que en dicho funcionario se centra y concreta todo el proceso acusatorio capaz de producir la privación de libertad como resultado de convicción. Pueblo v. Rodríguez Sánchez, supra, pág. 248.

Antes hemos mencionado que en nuestra jurisdicción,

el conocimiento o desconocimiento que tenga el Ministerio

Público sobre la existencia de la prueba favorable a la

defensa del acusado que esté en manos del Gobierno, “no

tiene efecto alguno al determinar si al acusado se le

violó el debido proceso de ley, puesto que lo que

realmente cuenta [es la] posibilidad de daño al acusado y

cómo tales hechos pudieran variar el veredicto.” Pueblo

v. Hernández García, supra; Pueblo v. Rodríguez Sánchez,

supra, pág. 248.

Después de todo, “[l]a obligación de descubrir la

verdad es del Estado acusador.”30 El deber del Ministerio

Público responde, en esencia, a lo que reiteradamente

hemos recalcado en muchas de nuestras expresiones- los

30 E.L. Chiesa, Derecho Procesal Penal, vol. II, sec. 10.3, pág. 30. CC-2003-218 51

procesos judiciales “no son competencias en las cuales ha

de prevalecer el más listo.”31

Ya hemos dicho que:

…no resta dignidad al fiscal demandar y exigir de los funcionarios correspondientes la evidencia cuyo descubrimiento ha ordenado el tribunal. Aun cuando el abogado del pueblo de Puerto Rico ha de procesar al acusado con determinación y vigor, debe una lealtad primaria al interés superante de su cliente en que se haga justicia. El fiscal es el servidor de la ley cuyo objetivo dual es que el culpable no escape ni el inocente sufra. Pueblo v. Rodríguez Sánchez, supra.

En Pueblo v. Santa Cruz Bacardi, supra, quedó

establecido que el Ministerio Público y la Policía de

Puerto Rico son dos dependencias gubernamentales que

“están estrechamente ligadas en la investigación y el

procesamiento criminal, por lo que “deben coordinar

cuidadosamente sus esfuerzos por encausar a las personas

imputadas de un delito”. Tomando esto en consideración,

un Fiscal no puede alegar, ante su incumplimiento con el

deber de entregar prueba favorable, que la prueba

requerida está en manos de la Policía de Puerto Rico o en

las de cualquier otra dependencia gubernamental. Id. pág.

235.

Como dijéramos en Pueblo v. Rodríguez Sánchez,

supra, es responsabilidad del fiscal exigir, de quien los 31 A fin de cuentas, el interés principal del Estado en una causa criminal no es ganar un caso, sino que se haga justicia. “El celo por encauzar al criminal, sobre todo cuando lo motiva, además, el interés por quedar bien ante la opinión publica, no justifica nunca la utilización de medios contrarios a la meta reseñada.” Pueblo v. Delgado López, supra, pág. 444; Pueblo v. Ortiz Vega, 149 D.P.R. 363 (1999). CC-2003-218 52

tenga, los informes de los agentes encubiertos en todo

caso en el que el acusado justifique la necesidad de los

mismos, o como en el caso de autos, cuando el tribunal

haya autorizado dicho descubrimiento.

Cabe resaltar que en consideración a la delicadeza

del asunto sobre el descubrimiento oportuno de prueba

favorable o de prueba exculpatoria, ha quedado resuelto

que se puede prescindir de autorización u orden judicial

cuando a petición del acusado se le requiera al

Ministerio Público prueba que está en poder del Estado.32

Hemos resuelto que el Ministerio Público no debe

descansar en el poder del Tribunal de Primera Instancia

para tratar de obtener documentos relacionados al

descubrimiento de prueba que se encuentran en manos de

otras agencias de gobierno ya que…

…para los fines del descubrimiento de prueba, las Agencias de Gobierno de Puerto Rico no son consideradas entidades privadas. Es por ello que el Ministerio Público tiene el deber de hacer las gestiones pertinentes con las agencias gubernamentales para obtener el descubrimiento de prueba requerido, de manera que la defensa de un acusado sea una adecuada. Por tanto, resulta meridianamente claro que el ministerio Fiscal se encuentra en una relación interagencial con las demás agencias de gobierno, en especial, cuando se habla de cualquier otra división del Departamento de Justicia o de la Policía, lo que obliga a éste a gestionar prontamente sin la intervención de 32 Aún cuando la Regla 95 (c), establece que:

El Ministerio Fiscal deberá informar al tribunal si el material o la información solicitada no se encuentra en su posesión, custodia o control, en cuyo caso el tribunal ordenará a la persona o entidad que la posea, custodie o controle, que la ponga a la disposición del acusado. CC-2003-218 53

los tribunales el descubrimiento de prueba que le sea requerido. Pueblo v. Guzmán Meléndez, supra.

IV

En el caso de autos, la única prueba de cargo que

señaló al peticionario y lo vinculó a la comisión de un

delito fue el testimonio de Zoe Díaz Colón, pues el

examen sobre las huellas dactilares encontradas en el

lugar de los hechos arrojó un resultado negativo.

Tampoco se presentó el testimonio de otros testigos de

cargo durante el juicio. Por estas razones, el

testimonio de Zoe Díaz Colón fue la prueba esencial del

caso del Ministerio Público, por lo que toda prueba que

sirviera para impugnar la credibilidad de esta testigo no

sólo es favorable a la defensa del acusado, sino que es

acusado de acuerdo a Giglio v. U.S, supra y U.S. v.

Bagley, supra.

El contrato como confidente de Zoe Díaz Colón,

otorgado días antes de los hechos, estuvo siempre bajo la

custodia de la Policía de Puerto Rico; así lo atestiguó

uno de los testigos de cargo en la vista sobre nuevo

juicio. Aún cuando no es imprescindible en casos como el

de autos, el peticionario fue claro y asertivo en sus

reiteradas solicitudes de descubrimiento de prueba al

requerir que se le entregaran cualquier contrato o

acuerdo entre el Estado y Zoe Díaz Colón y los informes CC-2003-218 54

policíacos de los agentes a cargo de la investigación del

caso.

El Ministerio Público se limitó a anunciar en las

vistas con antelación al juicio que no se le había

ofrecido inmunidad a la testigo de cargo. Este hecho no

sólo incumple con lo solicitado por la defensa, sino que

atenta contra los postulados de verdad y justicia que

deben prevalecer en nuestros procedimientos penales pues

con esa información se distorsionó la adjudicación de

credibilidad del Tribunal de Primera Instancia en cuanto

al testimonio de Zoe Díaz Colón.33

En fin, el peticionario tenía derecho a obtener

copia del contrato de confidente de Zoe Díaz Colón, pues

su condición de informante retribuida debió haberse

planteado ante el juzgador de los hechos como factor

pertinente para impugnar la credibilidad de su testimonio

que resultó ser central a la acusación del Estado.

Además, la concurrencia entre el momento en que Zoe Díaz

Colón se convierte en informante y el día en que ocurren

los hechos, así como el tiempo transcurrido hasta que

ella prestó su declaración jurada son aspectos que

33 Algunos tribunales han indicado que una convicción puede ser revocada cuando el Ministerio fiscal no sólo suprime evidencia favorable, sino que además hace comentarios en corte abierta malinterpretando, negando, o distorsionando hechos que serían expuestos a través de la evidencia suprimida. Véanse Kyle v United States, 297 F2d 507 (1961, 2do Cir.) Certiorari denegado en 377 U.S. 909; Jackson v Wainwright, 390 F2d 288 (1968, 5to Cir.). CC-2003-218 55

nuestra jurisprudencia ha reconocido que inciden sobre la

credibilidad que pueda merecer su testimonio.

Por otra parte, de lo perfilado en la vista sobre

nuevo juicio también surge que los informes de los

agentes investigadores nunca se habían “perdido y

encontrado” como alegó el Ministerio Público el primer

día del juicio. El Tribunal de Primera Instancia había

concedido la solicitud de la defensa en cuanto a esta

prueba. El Ministerio Público nunca cuestionó esta

resolución ni alegó que se tratara de prueba impertinente

o que su revelación afectaría la seguridad del Estado o

las labores investigativas de sus agentes policiacos.

Por el contrario, el Ministerio Público y los agentes de

la Policía de Puerto Rico le hicieron representaciones a

la defensa sobre sus alegadas gestiones para conseguir

los informes antes del juicio, al punto que la defensa

declaró haber culminado su descubrimiento descansando en

lo prometido y alegado por el Estado. Si la defensa

anunció el 6 de mayo de 1999 que su descubrimiento de

prueba estaba completo, (cosa que no consta de las

minutas) fue luego de que se le informara que los agentes

conseguirían la información que faltaba para cumplir con

la orden del tribunal. Según se desprende de la minuta

del 6 de mayo, el descubrimiento de prueba no estaba

completo.

Los informes y expedientes policiacos entregados el

primer día del juicio contenían los nombres de posibles CC-2003-218 56

testigos que podían refutar el testimonio de Zoe Díaz

Colón en cuanto a aspectos centrales de sus alegaciones.

Además, la Policía de Puerto Rico había entrevistado a

esos testigos y de las expresiones que éstos le hicieron

a los agentes, se colige el carácter impugnatorio de su

testimonio, pues contradecían lo atestiguado por Zoe Díaz

Colón en varios aspectos.

La concurrencia de varios factores nos lleva a

concluir que en el caso de autos, la entrega de estos

informes el primer día del juicio fue insosteniblemente

onerosa.

El juicio duró aproximadamente dos semanas durante

las cuales la defensa comparecía al tribunal y efectuaba

las diligencias para conseguir a los testigos que

surgieron de los expedientes policiacos. Durante el

tiempo que transcurrió entre los hechos imputados y la

fecha de los procedimientos judiciales algunos testigos

se mudaron fuera del país, enfermaron o sus

circunstancias personales cambiaron al extremo de no

estar disponibles para responder a tan apresurado

requerimiento. La localización geográfica (zona

montañosa) del lugar de los hechos y las condiciones de

los escritos de los agentes (en manuscrito e

identificando a los entrevistados por sus apodos) fueron

otros factores que razonablemente dificultaron la tarea

de conseguir a los testigos potenciales que aparecen en

los expedientes policíacos. CC-2003-218 57

Además, la naturaleza grave del delito y el hecho de

que el Estado sólo utilizó el testimonio de una sola

testigo (que luego resultó ser informante retribuida)

para relacionar al peticionario con el asesinato hacían

más imperante la entrega anticipada de los informes

policiacos.

Dadas las circunstancias particulares de este caso,

no podemos concluir que la defensa haya tenido la

oportunidad que necesita todo abogado responsable para

premeditación. Por tal razón, la entrega tardía de los

expedientes policiacos constituyó una omisión

constructiva de la evidencia allí contenida al no

permitir su uso efectivo.

Debemos determinar si la prueba que no fue divulgada

y la que fue entregada inoportunamente constituye prueba

pertinente para una solicitud de nuevo juicio. Acorde a

la doctrina que hemos discutido anteriormente, procede

resolver si en ausencia de la prueba pertinente en cuanto

a inocencia o culpabilidad que fue suprimida, el

peticionario gozó de un juicio justo, es decir, de un

juicio cuyo resultado es digno de confianza, o si en

cambio, de haber sido presentada, la prueba omitida

hubiese arrojado una luz diferente en el juicio al punto

de socavar la confianza en el resultado. Este es el

estándar aplicable para determinar si hay una

probabilidad razonable de un veredicto diferente que CC-2003-218 58

amerite un nuevo juicio cuando las actuaciones del Estado

ocasionan que el acusado no haya tenido acceso a la

evidencia durante la etapa del juicio original.

De acuerdo a la jurisprudencia esbozada, tanto el

contrato de informante retribuida de Zoe Díaz Colón como

el expediente policiaco constituyen prueba que confronta

la evidencia del Estado y sirve para impugnar su

credibilidad y contradecirla. De haber estado sujeta a la

adjudicación del Tribunal de Primera Instancia, esta

prueba hubiera razonablemente socavado la confianza en la

única evidencia que sostenía la acusación del Estado, el

testimonio de Zoe Díaz Colón, testimonio que además

requiere un trato particular y cauteloso. De acuerdo al

análisis que antecede, procede revocar la sentencia

condenatoria y conceder un nuevo juicio al peticionario.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Liana Fiol Matta Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se revoca la sentencia condenatoria y se concede un nuevo juicio al peticionario.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor Hernández Denton disiente con opinión escrita. La Jueza Asociada señora Rodríguez Rodríguez acompaña su disenso con la siguiente expresión: Disiento del curso trazado hoy por este Tribunal en la Opinión que hoy anuncia, pues difiero del estándar distendido que se adopta para determinar cuándo procede revocar una sentencia y ordenar un nuevo juicio. Además, soy del criterio que la Opinión no salva, adecuadamente, las diferencias que existen entre la figura del informante frente al confidente, lo que supondrá dificultades en lo sucesivo. En virtud de ello, no puedo impartirle mi anuencia a la Opinión del Tribunal.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v. CC-2003-218 Certiorari

Carmelo Velázquez Colón

Peticionario

Opinión Disidente emitida por el Juez Presidente señor Hernández Denton

San Juan, Puerto Rico, a 18 de julio de 2008.

Si bien coincidimos con la Opinión del Tribunal, en

cuanto al estándar aplicable para determinar si procede

una moción de nuevo juicio en circunstancias como las del

caso de autos, nos vemos en la necesidad de disentir con

el resultado de la misma por entender que el caso debió

ser devuelto al foro de instancia para que sea éste el

que evalúe la moción de nuevo juicio a la luz de la

normativa adoptada. En vista de que este Tribunal no

había pautado la norma aplicable y, de hecho, el tribunal

de instancia hizo su análisis al amparo del escrutinio

tradicional de error no perjudicial, debe dársele la

oportunidad al referido foro para que, CC-2003-218 2

previa la celebración de una vista, haga la determinación

correspondiente.

Dicho proceder sería cónsono con el curso de acción

tomado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso

de U.S. v. Bagley, 473 U.S. 667 (1985). En ese caso normativo

-cuyos hechos son muy similares a los del caso de autos- el

fiscal no reveló, a pesar de la oportuna solicitud de la

defensa, un acuerdo entre uno de los testigos de cargo y el

ministerio público por medio del cual el Estado acordó

remunerar al testigo por la información que éste vertiera en

el juicio. Una moción de nuevo juicio presentada por la

defensa a raíz de lo anterior, fue denegada por el foro de

instancia al resolver que la omisión del fiscal constituía un

error no perjudicial. Posteriormente, la Corte de Apelaciones

de los Estados Unidos para el Noveno Circuito dejó sin efecto

dicha determinación por entender que procedía la revocación

automática. El Tribunal Supremo Federal, a su vez, revocó a

dicho tribunal apelativo y devolvió el caso al foro primario

para que celebrara una vista y evaluara la moción de nuevo

juicio bajo el estándar de probabilidad razonable de que el

resultado de los procedimientos sería distinto. Dicho foro,

además, resolvió que para ello el tribunal de instancia debía

tomar en consideración el efecto acumulativo de la evidencia

A pesar del curso de acción del Tribunal Supremo Federal

en Bagley y de la similitud entre los hechos de ese caso y

los del caso de autos, la Opinión del Tribunal revoca la

sentencia de culpabilidad y ordena la celebración de un nuevo CC-2003-218 3

juicio, en lugar de devolver el caso al tribunal de instancia

para que celebre la vista correspondiente. La opinión del

Tribunal basa su determinación en lo resuelto por el máximo

foro federal en Kyles v. Whitley, 514 U.S. 419 (1995).

En el referido caso, el Tribunal Supremo Federal revocó

una sentencia de culpabilidad luego de determinar que el

fiscal había ocultado evidencia exculpatoria. No obstante,

los hechos de Kyles presentan unas particularidades que lo

distinguen sustancialmente del transfondo fáctico que nos

ocupa: ese era un caso de pena de muerte, en el que un primer

jurado había sido disuelto por no ponerse de acuerdo para un

veredicto de culpabilidad, y en el cual la evidencia

suprimida por el fiscal parecía inculpar al principal testigo

de cargo. Además, el principal testigo del Estado había

cambiado su testimonio y la descripción del supuesto asesino

brindada por otros testigos no coincidía con las

características físicas de Kyles.

Evidentemente, la marcada diferencia entre los hechos de

Kyles y Bagley en lo que respecta a la naturaleza de la

evidencia suprimida, es relevante para entender por qué en un

caso el tribunal revocó la sentencia de culpabilidad,

mientras que en el otro, tras aclarar el estándar aplicable,

devolvió el caso al foro primario. Si bien en Bagley el

Tribunal Supremo Federal expresó que no existe diferencia

entre la evidencia impugnatoria y la exculpatoria en cuanto a

que ambas constituyen prueba beneficiosa al acusado, ello no

quiere decir que cualquier prueba suprimida por el fiscal y CC-2003-218 4

que sirva para impugnar a un testigo de cargo conlleva la

revocación automática de una sentencia de culpabilidad.

De hecho, en Bagley -el mismo caso donde se hacen las

referidas expresiones- el Tribunal Supremo Federal no revocó

la sentencia de culpabilidad y optó por devolver el caso al

foro primario para que fuera dicho foro quién evaluara la

prueba, a la luz de la normativa adoptada y tomando en

consideración el efecto acumulativo de la evidencia suprimida

por el Estado. Esto es, enfrentado con dos casos donde la

naturaleza de la evidencia suprimida era distinta –en Bagley

se trataba de prueba impugnatoria de un testigo de cargo y en

Kyles la prueba suprimida era prueba claramente exculpatoria,

en el contexto de un caso de pena de muerte- el Tribunal

Supremo Federal resolvió de manera distinta, devolviendo el

caso al foro de instancia en el primero y revocando la

sentencia de culpabilidad en el segundo.

A la luz de lo anterior, y tomando en consideración la

forma en que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha

aplicado la normativa que rige en estas circunstancias,

somos del criterio que la Opinión del Tribunal incide al

revocar automáticamente la sentencia condenatoria. Por ello,

aunque coincidimos con la Opinión del Tribunal en que

procedía revocar la determinación del foro apelativo, en

atención a las acciones altamente cuestionables del Estado al

negarse a descubrir prueba que podía beneficiar a la defensa,

no podemos endosar la revocación automática de una sentencia

de culpabilidad, en ausencia de una evaluación del impacto CC-2003-218 5

acumulativo de la evidencia suprimida por parte del foro

primario.

En vista de que el Tribunal opta por revocar la

sentencia de culpabilidad y ordena la celebración de un nuevo

juicio, sin darle oportunidad al foro de instancia para que

evalúe la moción de nuevo juicio a la luz del estándar

adoptado en el día de hoy, disentimos.

Federico Hernández Denton Juez Presidente