Pueblo v. Ayala García
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Opinion
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico Certiorari Peticionario 2012 TSPR 120 v. 186 DPR ____ Abraham Ayala García
Recurrido
Número del Caso: CC-2009-795
Fecha: 13 de julio de 2012
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Fajardo Panel X
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Zaira Z. Girón Anadón Subprocuradora General
Lcda. Lisa M. Durán Ortiz Procuradora General Auxiliar
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Luis G. Gutiérrez Marcano Sociedad Para Asistencia Legal
Materia: Ley 54 – Prevención e intervención con la violencia doméstica – Arts. 3.1, 3.2 y 3.3 de la ley; delito menor incluido.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico Peticionario
v. Certiorari
Abraham Ayala García CC-2009-795 Recurrido
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora FIOL MATTA
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de julio de 2012.
Nos corresponde analizar si el delito de
maltrato contenido en la Ley para la Prevención e
Intervención con la Violencia Doméstica, Ley 54 de
1989, es uno menor incluido en el de maltrato
mediante amenaza que tipifica esa ley. Asimismo,
debemos determinar si se justifica dejar en
libertad a una persona acusada por maltratar a su
pareja debido a que se le sentenció por un delito
distinto al imputado, aunque se probó que había
cometido aquel por el cual se le acusó.
I
La señora Moraima Vázquez Cotto y el señor
Abraham Ayala García vivieron juntos durante seis CC-2009-795 2
años y son madre y padre de dos niñas. A mayo de 2008,
llevaban un año y dos meses separados.
El 12 de mayo de 2008, la señora Vázquez Cotto se
encontraba en el balcón de su casa junto a sus dos hijas y
su pareja actual cuando el señor Ayala García llegó en la
guagua de su madre y se estacionó frente a la residencia.
El señor Ayala García les gritó: “Aquí no va a haber break
pa‟ nadie. Rompieron el cristal de la guagua de mi mai y yo
sé que fueron ustedes”. Luego, señaló a Vázquez Cotto y le
dijo “a ti te voy a joder donde quiera que te coja”, la
insultó y se marchó en la guagua. La señora Vázquez Cotto
llamó a la Policía para notificar lo sucedido. Indicó que
temía por su vida, pues había experimentado episodios
violentos de su ex pareja anteriormente.1
El mismo día, se presentaron dos denuncias contra el
señor Ayala García. En una se imputaba violación al
artículo 3.2 de la Ley 54, que castiga el maltrato a la
pareja en modalidad agravada cuando éste se comete en
presencia de menores de edad, en violación de una orden de
protección o tras penetrar en la morada de la víctima,
entre otras circunstancias. La otra denuncia fue por
violación al artículo 3.3 de la misma ley, que castiga el
maltrato mediante amenaza.2 No obstante, en la vista
1 Exposición narrativa estipulada de la prueba, Apéndice del Certiorari, pág. 7. 2 Arts. 3.2 y 3.3, Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989 [Ley 54], 8 L.P.R.A. secs. 632-633. CC-2009-795 3
preliminar sólo se encontró causa para acusar por el
artículo 3.3. La acusación lee:
El referido imputado, Abraham Ayala García, allá en o para el día 29 de abril de 2008, en Río Grande, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, violó el Art. 3.3 de la Ley 54, consistente (sic) en que el aquí imputado amenazó a la Sra. Moraima Vázquez Cotto, persona con quien convivió y han procreado dos hijos. Consistente (sic) en que le manifestó “te voy a joder, eres una puta, cabrona, donde te coja te voy a joder”. Sintiendo ésta temor por su vida. Alegando la víctima que tiene miedo porque siempre anda sola con sus hijos.3
En el juicio, celebrado el 8 de septiembre de 2008, la
señora Vázquez Cotto fue la testigo de cargo. Según la
exposición narrativa de la prueba estipulada, Vázquez Cotto
testificó sobre lo sucedido el 12 de mayo de 2008.4 Además
de la descripción de ese incidente, narró que el 29 de
abril de 2008, en la mañana, ella se despertó porque
estaban tocando fuertemente en la ventana de la cocina y
luego en la puerta de la casa. Entonces, vio al señor Ayala
García, quien aparentemente había brincado la verja de la
residencia, y estaba gritándole que saliera, que “qué
carajos ella se creía” y le reclamaba, con actitud
3 Acusación presentada el 2 de julio de 2008, Expediente del Tribunal de Primera Instancia NSCR200800910 [Expediente TPI], pág. 2. Se enmendó el pliego acusatorio para que indicara la fecha correcta de los hechos: 12 de mayo de 2008. Véase Minuta del Juicio, 8 de septiembre de 2008, Expediente TPI, págs. 17A-17B. 4 El testimonio de la agente que tomó la querella el 12 de mayo se estipuló por ser prueba acumulativa. Exposición narrativa estipulada de la prueba, Apéndice del Certiorari, pág. 7. CC-2009-795 4
agresiva, que él tenía derecho a ver sus hijas.5 Ella le
contestó que no podría ver a las niñas hasta que solicitara
los documentos judiciales que establecían las relaciones
paterno-filiales. Según Vázquez Cotto, el señor Ayala
García se marchó enojado. Ella llamó a la Policía y luego
solicitó una orden de protección, la cual fue expedida.
Asimismo, Vázquez Cotto indicó en el juicio que
anteriormente se habían dado sucesos de violencia
doméstica, que la habían llevado a solicitar órdenes de
protección en tres ocasiones. A preguntas de la defensa,
también señaló que, a pesar de que el acusado vivía cerca
de su casa y de que la Policía se tardó tres semanas en
arrestarlo después de la vista de causa para arresto o
Regla 6, Ayala García no volvió a buscarla. No obstante,
dijo que sentía miedo debido a los incidentes previos.6
La jueza de instancia halló al señor Ayala García
culpable por violar el artículo 3.1 de la Ley 54, que
sanciona el empleo de fuerza física, violencia psicológica,
intimidación o persecución contra la pareja o ex pareja.7 El
5 Exposición narrativa estipulada de la prueba, Apéndice del Certiorari, págs. 6-7. 6 Exposición narrativa estipulada de la prueba, Apéndice del Certiorari, pág. 7. 7 Art. 3.1, Ley 54, 8 L.P.R.A. sec. 631. La minuta del juicio indica: “Sometido el caso por las partes, el tribunal encuentra al acusado culpable por infracción al Art. 3.1 de Ley 54”. Minuta del Juicio, 8 de septiembre de 2008, Expediente TPI, pág. 17B. No obstante, la orden para encarcelar provisionalmente al señor Ayala García que se dictó posteriormente corresponde al cargo por el artículo 3.3. Auto de Prisión Provisional, 6 de noviembre de 2008, Expediente TPI, pág. 21. Asimismo, la Minuta de la Vista de CC-2009-795 5
9 de diciembre de 2008, le impuso una sentencia de 3 años
de prisión, que es el término máximo de cárcel dispuesto
para violaciones tanto a dicho artículo 3.1 como al
artículo 3.3 de la Ley 54.8
El señor Ayala García apeló la sentencia. Indicó que
el Tribunal de Primera Instancia erró al encontrarlo
culpable por un delito distinto a aquel por el cual se le
acusó sin ser ese un delito menor incluido en el imputado y
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico Certiorari Peticionario 2012 TSPR 120 v. 186 DPR ____ Abraham Ayala García
Recurrido
Número del Caso: CC-2009-795
Fecha: 13 de julio de 2012
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Fajardo Panel X
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Zaira Z. Girón Anadón Subprocuradora General
Lcda. Lisa M. Durán Ortiz Procuradora General Auxiliar
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Luis G. Gutiérrez Marcano Sociedad Para Asistencia Legal
Materia: Ley 54 – Prevención e intervención con la violencia doméstica – Arts. 3.1, 3.2 y 3.3 de la ley; delito menor incluido.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico Peticionario
v. Certiorari
Abraham Ayala García CC-2009-795 Recurrido
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora FIOL MATTA
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de julio de 2012.
Nos corresponde analizar si el delito de
maltrato contenido en la Ley para la Prevención e
Intervención con la Violencia Doméstica, Ley 54 de
1989, es uno menor incluido en el de maltrato
mediante amenaza que tipifica esa ley. Asimismo,
debemos determinar si se justifica dejar en
libertad a una persona acusada por maltratar a su
pareja debido a que se le sentenció por un delito
distinto al imputado, aunque se probó que había
cometido aquel por el cual se le acusó.
I
La señora Moraima Vázquez Cotto y el señor
Abraham Ayala García vivieron juntos durante seis CC-2009-795 2
años y son madre y padre de dos niñas. A mayo de 2008,
llevaban un año y dos meses separados.
El 12 de mayo de 2008, la señora Vázquez Cotto se
encontraba en el balcón de su casa junto a sus dos hijas y
su pareja actual cuando el señor Ayala García llegó en la
guagua de su madre y se estacionó frente a la residencia.
El señor Ayala García les gritó: “Aquí no va a haber break
pa‟ nadie. Rompieron el cristal de la guagua de mi mai y yo
sé que fueron ustedes”. Luego, señaló a Vázquez Cotto y le
dijo “a ti te voy a joder donde quiera que te coja”, la
insultó y se marchó en la guagua. La señora Vázquez Cotto
llamó a la Policía para notificar lo sucedido. Indicó que
temía por su vida, pues había experimentado episodios
violentos de su ex pareja anteriormente.1
El mismo día, se presentaron dos denuncias contra el
señor Ayala García. En una se imputaba violación al
artículo 3.2 de la Ley 54, que castiga el maltrato a la
pareja en modalidad agravada cuando éste se comete en
presencia de menores de edad, en violación de una orden de
protección o tras penetrar en la morada de la víctima,
entre otras circunstancias. La otra denuncia fue por
violación al artículo 3.3 de la misma ley, que castiga el
maltrato mediante amenaza.2 No obstante, en la vista
1 Exposición narrativa estipulada de la prueba, Apéndice del Certiorari, pág. 7. 2 Arts. 3.2 y 3.3, Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989 [Ley 54], 8 L.P.R.A. secs. 632-633. CC-2009-795 3
preliminar sólo se encontró causa para acusar por el
artículo 3.3. La acusación lee:
El referido imputado, Abraham Ayala García, allá en o para el día 29 de abril de 2008, en Río Grande, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, violó el Art. 3.3 de la Ley 54, consistente (sic) en que el aquí imputado amenazó a la Sra. Moraima Vázquez Cotto, persona con quien convivió y han procreado dos hijos. Consistente (sic) en que le manifestó “te voy a joder, eres una puta, cabrona, donde te coja te voy a joder”. Sintiendo ésta temor por su vida. Alegando la víctima que tiene miedo porque siempre anda sola con sus hijos.3
En el juicio, celebrado el 8 de septiembre de 2008, la
señora Vázquez Cotto fue la testigo de cargo. Según la
exposición narrativa de la prueba estipulada, Vázquez Cotto
testificó sobre lo sucedido el 12 de mayo de 2008.4 Además
de la descripción de ese incidente, narró que el 29 de
abril de 2008, en la mañana, ella se despertó porque
estaban tocando fuertemente en la ventana de la cocina y
luego en la puerta de la casa. Entonces, vio al señor Ayala
García, quien aparentemente había brincado la verja de la
residencia, y estaba gritándole que saliera, que “qué
carajos ella se creía” y le reclamaba, con actitud
3 Acusación presentada el 2 de julio de 2008, Expediente del Tribunal de Primera Instancia NSCR200800910 [Expediente TPI], pág. 2. Se enmendó el pliego acusatorio para que indicara la fecha correcta de los hechos: 12 de mayo de 2008. Véase Minuta del Juicio, 8 de septiembre de 2008, Expediente TPI, págs. 17A-17B. 4 El testimonio de la agente que tomó la querella el 12 de mayo se estipuló por ser prueba acumulativa. Exposición narrativa estipulada de la prueba, Apéndice del Certiorari, pág. 7. CC-2009-795 4
agresiva, que él tenía derecho a ver sus hijas.5 Ella le
contestó que no podría ver a las niñas hasta que solicitara
los documentos judiciales que establecían las relaciones
paterno-filiales. Según Vázquez Cotto, el señor Ayala
García se marchó enojado. Ella llamó a la Policía y luego
solicitó una orden de protección, la cual fue expedida.
Asimismo, Vázquez Cotto indicó en el juicio que
anteriormente se habían dado sucesos de violencia
doméstica, que la habían llevado a solicitar órdenes de
protección en tres ocasiones. A preguntas de la defensa,
también señaló que, a pesar de que el acusado vivía cerca
de su casa y de que la Policía se tardó tres semanas en
arrestarlo después de la vista de causa para arresto o
Regla 6, Ayala García no volvió a buscarla. No obstante,
dijo que sentía miedo debido a los incidentes previos.6
La jueza de instancia halló al señor Ayala García
culpable por violar el artículo 3.1 de la Ley 54, que
sanciona el empleo de fuerza física, violencia psicológica,
intimidación o persecución contra la pareja o ex pareja.7 El
5 Exposición narrativa estipulada de la prueba, Apéndice del Certiorari, págs. 6-7. 6 Exposición narrativa estipulada de la prueba, Apéndice del Certiorari, pág. 7. 7 Art. 3.1, Ley 54, 8 L.P.R.A. sec. 631. La minuta del juicio indica: “Sometido el caso por las partes, el tribunal encuentra al acusado culpable por infracción al Art. 3.1 de Ley 54”. Minuta del Juicio, 8 de septiembre de 2008, Expediente TPI, pág. 17B. No obstante, la orden para encarcelar provisionalmente al señor Ayala García que se dictó posteriormente corresponde al cargo por el artículo 3.3. Auto de Prisión Provisional, 6 de noviembre de 2008, Expediente TPI, pág. 21. Asimismo, la Minuta de la Vista de CC-2009-795 5
9 de diciembre de 2008, le impuso una sentencia de 3 años
de prisión, que es el término máximo de cárcel dispuesto
para violaciones tanto a dicho artículo 3.1 como al
artículo 3.3 de la Ley 54.8
El señor Ayala García apeló la sentencia. Indicó que
el Tribunal de Primera Instancia erró al encontrarlo
culpable por un delito distinto a aquel por el cual se le
acusó sin ser ese un delito menor incluido en el imputado y
al imponerle la pena máxima establecida para dicho delito
sin justificación.9 El Ministerio Público replicó que el
delito de maltrato del artículo 3.1 está subsumido en el de
maltrato mediante amenaza del artículo 3.3 porque el
primero requiere intimidación, y justificó la pena impuesta
Lectura de Sentencia indica “artículo 3.3” en el epígrafe. Minuta de 9 de diciembre de 2008, Expediente TPI, pág. 22. 8 La Sentencia indica que se impone “una pena de cárcel de TRES (3) AÑOS por el delito de epígrafe”. En el epígrafe se señala que el caso es por: “Art. 3.1 Ley 54 Reclasificado a Art. 3.3 Ley 54”. Sentencia, 9 de diciembre de 2008, Expediente TPI, pág. 24. Dado que el delito imputado era por el artículo 3.3 pero en la minuta del juicio aparece que el acusado fue hallado culpable por el artículo 3.1 y no contamos con la transcripción de los procedimientos, no queda claro si la Sentencia se dictó por violación al artículo 3.1, reclasificado de artículo 3.3, o si en la Sentencia se pretendió hacer constar que, aunque se declaró la culpabilidad por el artículo 3.1, ésta debía ser por el artículo 3.3 imputado, y por eso el epígrafe leyó artículo 3.1 reclasificado a artículo 3.3. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones no hizo referencia a estas incongruencias y las partes señalan que el señor Ayala García fue sentenciado por infringir el artículo 3.1, por lo que analizaremos el caso partiendo de la premisa de que la convicción fue por el artículo 3.1. 9 Escrito de Apelación presentado el 17 de septiembre de 2008, Apéndice del Certiorari, págs. 2-3; Alegato del Apelante ante el Tribunal de Apelaciones presentado el 16 de marzo de 2009, Apéndice del Certiorari, págs. 9-25. CC-2009-795 6
por el foro de instancia dentro de la discreción que tiene
para ello, pues el acusado dio resultado positivo a
marihuana y heroína en las pruebas de sustancias
controladas, llevó a cabo la conducta delictiva frente a
sus hijas y ya había incurrido en situaciones de violencia
contra su ex pareja.10
El Tribunal de Apelaciones concluyó que el delito de
maltrato del artículo 3.1 no es uno menor incluido en el de
maltrato mediante amenaza del artículo 3.3, por lo que no
se podía hallar culpable al acusado del primer delito
cuando el que se le imputó fue el segundo. Ordenó la
excarcelación del señor Ayala García, basándose en la Regla
38(d) de Procedimiento Criminal. Ésta dicta que, cuando la
prueba presentada no establece los elementos del delito
imputado y sí los de un delito distinto no incluido en
aquel por el cual se acusó, procede el sobreseimiento del
proceso penal.11
El Ministerio Público solicitó al foro apelativo que
reconsiderara su decisión para que no quedase impune la
conducta antijurídica por la cual el señor Ayala García fue
acusado y que, según alegó, se probó más allá de duda
razonable. Enfatizó en que la absolución no se debió a que
la prueba de cargo resultara insuficiente o inverosímil
10 Alegato del Pueblo ante el Tribunal de Apelaciones presentado el 15 de abril de 2009, Apéndice del Certiorari, págs. 26-43. 11 Pueblo v. Ayala García, Sentencia del Tribunal de Apelaciones KLAN20082008 de 18 de junio de 2009, Apéndice del Certiorari, págs. 47-62. Uno de los jueces del panel apelativo disintió sin opinión escrita. CC-2009-795 7
para probar el delito imputado, sino a un error de derecho
del foro de instancia, y solicitó que se modificara la
sentencia apelada y se ordenara al foro de instancia emitir
un dictamen de culpabilidad por el delito de maltrato
mediante amenaza por el cual el señor Ayala García fue
acusado.12 Luego de que el Tribunal de Apelaciones denegara
lo solicitado, el Ministerio Público recurrió a este
Tribunal con los mismos argumentos que presentó en la
reconsideración ante el foro apelativo.13
El 15 de marzo de 2010, expedimos el recurso. El
Ministerio Público presentó su alegato y retomó su
argumento de que se debía reinstalar la sentencia del
Tribunal de Primera Instancia porque el delito de maltrato
del artículo 3.1 es uno menor incluido en el de maltrato
mediante amenaza del artículo 3.3. En la alternativa,
solicitó que se modificara el fallo y se dictara sentencia
por el delito imputado. Mientras, el señor Ayala García
indicó en su alegato que el delito de maltrato no está
subsumido en el de maltrato mediante amenaza porque el
primero no siempre implica intimidación y requiere un
patrón recurrente para que se cometa bajo dicha modalidad,
así como porque ambos delitos conllevan la misma pena.
Señaló, además, que ni el pliego acusatorio ni la prueba
12 Moción de reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones presentada el 7 de julio de 2009, Apéndice del Certiorari, págs. 63-69. 13 Pueblo v. Ayala García, Sentencia del Tribunal de Apelaciones KLAN20082008 de 18 de junio de 2009, Apéndice del Certiorari, págs. 71-73; Petición de Certiorari ante el Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2009. CC-2009-795 8
presentada demostraron más allá de duda razonable que
hubiesen ocurrido episodios de maltrato adicionales al de
la amenaza que se le imputó.
Con el beneficio de ambas comparecencias, pasamos a
resolver.
II
Toda persona acusada, por mandato constitucional,
tiene derecho a conocer la naturaleza y la causa de la
acusación.14 Ésta, según la Regla 35 de Procedimiento
Criminal, tiene que contener “una exposición de los hechos
esenciales constitutivos del delito redactada en lenguaje
sencillo, claro y conciso, y de tal modo que pueda
entenderla cualquier persona de inteligencia común”.15
Además, debe incluir la cita de la ley que se alegue que se
infringió. No obstante, omitirla o incluir una cita errónea
se considera sólo un defecto de forma.16 Como explica el
profesor Ernesto Chiesa, si los hechos imputados son
constitutivos de algún delito bajo las leyes penales de
Puerto Rico, la acusación será suficiente, a menos que de
esos hechos no se pueda identificar qué delito se cometió o
se demuestre que ese error de forma perjudica los derechos
14 Art. II sec. 11, Const. P.R. 15 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 35(c). Véanse Pueblo v. Pérez Feliciano, 2011 T.S.P.R. 199 (Sentencia); Pueblo v. Rivera Rivera, 145 D.P.R. 366, 378 (1998); Pueblo v. Flores Betancourt, 124 D.P.R. 867, 883 (1989); Pueblo v. González Olivencia, 116 D.P.R. 614, 617-618 (1985); Pueblo v. Calviño Cereijo, 110 D.P.R. 691, 693-694 (1981); Pueblo v. Santiago Cedeño, 106 D.P.R. 663, 666 (1978). 16 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 35(d). CC-2009-795 9
sustanciales del imputado.17 Lo importante es que el pliego
acusatorio provea la información necesaria para que el
acusado pueda preparar su defensa adecuadamente.18
El acusado, si el Ministerio Público prueba más allá
de duda razonable que cometió los hechos alegados, puede
ser declarado culpable por el delito imputado, así como por
“cualquier delito inferior necesariamente comprendido en el
delito que se le imputa; o de cualquier grado inferior del
delito que se le imputa; o de tentativa de cometer el
delito que se le imputa”.19 La decisión de declarar culpable
al acusado por el delito imputado o por un delito menor
incluido en el primero depende de la evidencia presentada
en el juicio, de que se puedan identificar en la prueba los
elementos necesarios para concluir que se cometió la
infracción y el vínculo del acusado con ese hecho.20
Para que se pueda hallar culpable a una persona por un
delito menor incluido en el delito por el cual se le acusó,
es necesario que los hechos expuestos en la acusación por
el delito mayor contengan los elementos esenciales del
delito menor. Si el delito mayor incluye todos los
17 E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Ed. Forum, 1993, Vol. III, págs. 158 y 169. Véanse: Regla 36 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 36; Pueblo v. Seda, 82 D.P.R. 719, 727 (1961). 18 Pueblo v. Meléndez Cartagena, 106 D.P.R. 338, 340-341 (1977). 19 Regla 147 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 147. 20 Pueblo v. Rivera Ortiz, 150 D.P.R. 457, 462-463 (2000). CC-2009-795 10
elementos requeridos por la Ley en relación con el menor,
el mayor incluye al menor. Por el contrario, el menor no
está comprendido en el mayor si el menor requiere algún
otro elemento indispensable que no es parte del delito
mayor.21 Para hacer la determinación, se analiza si no se
puede cometer el delito imputado sin cometer también el
menor incluido.22
III
La Ley para la Prevención e Intervención con la
Violencia Doméstica o Ley 54 se aprobó en 1989 para atender
la situación del maltrato de pareja que sufrían miles de
personas en Puerto Rico, en su mayoría mujeres, y que no
encontraba remedio en los recursos legales existentes. Su
propósito fue prevenir la violencia y proteger la vida y la
seguridad de estas personas, y por eso se diseñó a partir
de las experiencias de las agraviadas.23 Para cumplir con
dicho objetivo, la Ley 54 recogió de manera integrada
diversas medidas. Éstas agilizan los procesos para obtener
órdenes de protección contra los agresores, tipifican cinco
delitos de maltrato contra la pareja; permiten el arresto
inmediato, sin necesidad de orden, de la pareja
21 Pueblo v. Oyola Rodríguez, 132 D.P.R. 1064, 1071 (1993); Pueblo v. Ramos López, 85 D.P.R. 576, 580 (1962). 22 Pueblo v. Concepción Sánchez, 101 D.P.R. 17, 19 (1973). 23 Y. Zayas, La Ley 54 y la protección de la familia puertorriqueña, Sexto Congreso Internacional sobre Derecho de Familia – Nuevas Tendencias del Derecho Familiar, 1990, págs. 2-9. Véase también Informe Conjunto del Sustitutivo a los P. del S. 90 y 470, 25 de junio de 1989 [Informe Conjunto], págs. 6-20. CC-2009-795 11
maltratante; obligan a la Policía a brindar ayuda a las
víctimas y preparar informes sobre los incidentes de
violencia doméstica; proveen alternativas de rehabilitación
para los ofensores y ordenan educar a la ciudadanía para
prevenir esta conducta.24
Una de las innovaciones más importantes de la Ley 54
fue criminalizar de manera específica el abuso psicológico
en las relaciones íntimas, pues éste suele pasar
desapercibido tanto porque no deja marcas visibles como
porque muchas veces queda subsumido en otros tipos de
violencia.25 Los estudios sobre violencia doméstica
demuestran que la violencia emocional o psicológica es la
más insidiosa de las agresiones contra la pareja, en parte
porque muchas veces ni siquiera se reconoce como violencia,
a pesar de que su efecto es devastador y persistente.26
24 Exposición de Motivos, Ley 54, Leyes de Puerto Rico 1989, 11a Asamblea - 1ra Sesión Ordinaria, págs. 222-224; Art. 1.2, Ley 54, 8 L.P.R.A. sec. 601. 25 E. Vicente, Beyond Law Reform: The Puerto Rican Experience in the Construction and Implementation of the Domestic Violence Act, 68 Rev. Jur. UPR 553, 585 y 591-592 (1999). 26 A. Mullender, La violencia doméstica: una nueva visión de un viejo problema, Barcelona, Ed. Paidós, 2000, págs. 47- 59. Véase también C. Ganzenmüller Roig y otros, La violencia doméstica: regulación legal y análisis sociológico y multidisciplinar, Barcelona, Ed. Bosch, 1999. Estos autores explican: “Es frecuente la existencia de comportamientos de maltrato psicológico que socialmente sean aceptados y entren dentro de los límites de la „normalidad‟. Algunos hombres no golpean físicamente a sus compañeras, pero las hacen víctimas cargándolas de reproches continuos y amenazas, lo cual las obliga a mantenerse en un continuo clima de angustia que perturba su equilibrio psicológico. Este tipo de violencia conduce sistemáticamente a la depresión y a veces al suicidio”. Íd. págs. 44-45. CC-2009-795 12
Asimismo, las investigaciones indican que los insultos y
las intimidaciones suelen sentar las bases para que las
mujeres se sientan subordinadas e indefensas y soporten
luego ataques físicos y sexuales.27
Por eso, cuando se presentó el proyecto legislativo
que culminó en la aprobación de la Ley 54, se expresó que
la creación de los delitos de maltrato mediante amenaza y
maltrato mediante restricción de la libertad de la pareja
se justificaba principalmente porque “[l]a mayoría de los
actos de violencia doméstica que degeneran en grave daño
físico en la persona del cónyuge, muchas veces causándole
la muerte, comienzan con una amenaza o se dan cuando la
persona está bajo el dominio de otra”.28 Pero, más allá de
ser indicadores de riesgo de violencia física y daño letal
contra las víctimas, el acoso y las amenazas constituyen un
elemento de persecución y desestabilización que requiere
ser sancionado, aun cuando no se concrete el atentado
anunciado.29
27 R.M. Silva Bonilla y otras, Hay amores que matan: la violencia contra las mujeres en la vida conyugal, San Juan, Ed. Huracán, 1990, págs. 40-41. Las víctimas de violencia doméstica llegan a pensar que el abuso que sufren es por culpa suya. Véase San Vicente v. Policía de P.R., 142 D.P.R. 1, 8-23 (1996) (Opinión de conformidad de la jueza Naveira). 28 Informe Conjunto, pág. 13. 29 V. Garrido, Amores que matan: acoso y violencia contra las mujeres, Barcelona, Ed. Algar, 2001, págs. 44-50; Comisión para los Asuntos de la Mujer, Ponencia sobre el P. del S. 470 (Historial Legislativo de la Ley 54), 1 de junio de 1989, págs. 7-9 y 23-24. CC-2009-795 13
El elemento de abuso psicológico está presente en los
cinco delitos que tipifica la Ley 54. El artículo 3.1, que
prescribe el maltrato contra la pareja de modo general,
incluye la violencia psicológica, la intimidación y la
persecución. Lo mismo ocurre con el artículo 3.2, que
castiga las conductas incluidas en el artículo 3.1 cuando
suceden en determinadas circunstancias agravantes. De
hecho, una de las razones para crear los delitos de
maltrato y maltrato agravado en los artículos 3.1 y 3.2 de
la Ley 54, a pesar de que ya existían el de agresión y el
de agresión agravada en el Código Penal, fue que estos
últimos se referían sólo a lesiones a la integridad
corporal, mientras que los propuestos en la legislación
especial contemplaban el daño causado por violencia
psicológica.30 Por su parte, el artículo 3.3 sanciona el
maltrato cuando se realiza mediante amenazas y el artículo
3.4 cuando se lleva a cabo restringiendo la libertad de la
otra persona, ambas manifestaciones de abuso emocional.
Asimismo, el artículo 3.5, que condena la agresión sexual
conyugal, contiene en su enumeración de instancias de
relaciones sexuales no consentidas las situaciones en que
se emplean violencia psicológica, intimidación o amenazas.31
Esto se debe a que los distintos tipos de abuso –el físico,
30 Informe Conjunto, supra, pág. 11. 31 Arts. 3.1-3.5, Ley 54, 8 L.P.R.A. secs. 631-635. El artículo 2.8 establece que la violación de una orden de protección será sancionada como delito grave de tercer grado en su mitad inferior, pero no se encuentra en el Subcapítulo de Conducta Delictiva de la Ley 54. 8 L.P.R.A. sec. 628. CC-2009-795 14
el sexual y el psicológico- se encuentran intricados en los
casos de violencia doméstica. De ahí la dificultad de
clasificar los hechos de violencia de pareja bajo
categorías penales definidas. Sin embargo, como explica la
profesora Esther Vicente, al construir los delitos que
sancionaría la Ley 54, por imperativo del principio de
legalidad,32 la conducta lesiva contra la pareja se tuvo que
subdividir en varios delitos que establecieran de forma
clara y específica qué se estaba prohibiendo.33
En este caso nos corresponde analizar el contenido y
alcance de los artículos 3.1 y 3.3 de la Ley 54. El
artículo 3.1 de la Ley 54 dispone:
Toda persona que empleare fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución en la persona de su cónyuge, ex cónyuge, o la persona con quien cohabita o haya cohabitado, o la persona con quien sostuviere o haya sostenido una relación consensual, o la persona con quien haya procreado un hijo o hija, para causarle daño físico a su persona, a los bienes apreciados por ésta, excepto aquéllos que pertenecen privativamente al ofensor, o a la persona de otro, o para causarle grave daño emocional, incurrirá en delito grave de cuarto grado en su mitad superior. El tribunal podrá imponer la pena de restitución, además de la pena de reclusión establecida.34
Mientras, el artículo 3.3 de la Ley 54 establece:
Toda persona que amenazare a su cónyuge, ex cónyuge, a la persona con quien cohabita o con quien haya cohabitado, o con quien sostiene o
32 El principio de legalidad prohíbe instar acciones penales por hechos que no estén expresamente definidos como delitos. Art. 2, Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4630. 33 Vicente, supra, pág. 592. 34 (Énfasis suplido.) Art. 3.1, Ley 54, 8 L.P.R.A. sec. 631. CC-2009-795 15
haya sostenido una relación consensual, o la persona con quien haya procreado un hijo o hija, con causarle daño determinado a su persona, a los bienes apreciados por ésta, excepto aquéllos que pertenecen privativamente al ofensor, o a la persona de otro, incurrirá en delito grave de cuarto grado en su mitad superior. El tribunal podrá imponer la pena de restitución, además de la pena de reclusión establecida.35
Estos dos delitos comparten el mismo sujeto activo,
toda persona, y el mismo sujeto pasivo: su cónyuge, ex
cónyuge, persona con quien cohabita o cohabitó, persona con
quien sostiene o sostuvo una relación consensual o persona
con quien haya procreado hijos o hijas. También, el
maltrato y el maltrato mediante amenaza son ambos delitos
graves de cuarto grado y la Ley ordena imponer la pena
correspondiente en su mitad superior en los dos casos.
¿Por qué estos dos delitos conllevan la misma pena?
Como mencionamos anteriormente, el daño permanente y
difícil de subsanar que produce el abuso psicológico, así
como las implicaciones que tiene dentro de la relación de
pareja como factor para la perpetuación del ciclo de
maltrato, instan a equiparar el abuso físico con la amenaza
de llevarlo a cabo. Además, ambas conductas representan
abuso emocional. Así lo reconoció nuestra Legislatura
cuando afirmó, en el Memorial Explicativo del proyecto que
se convirtió en la Ley 54, que “[t]odos los delitos
propuestos se han clasificado como graves, pues es
importante que comuniquemos a los ofensores que su conducta
es inaceptable y que no será tolerada” y que el maltrato
35 (Énfasis suplido.) Art. 3.3, Ley 54, 8 L.P.R.A. sec. 633. CC-2009-795 16
psicológico, incluido en el artículo 3.1, recoge el abuso
emocional que “acompaña todo maltrato físico, pero en
ocasiones se presenta solo y deja cicatrices tan severas
como el físico”.36 Asimismo, cuando la Cámara de
Representantes evaluó el proyecto de ley aprobado por el
Senado, recomendó enmendarlo para que los artículos 3.1 y
3.3 fueran clasificados como menos graves y se pudieran
referir a mediación antes de que se diera la vista de causa
probable, pero las enmiendas fueron retiradas porque se
reconoció que iban en contra del propósito de la medida de
eliminar los patrones de conducta agresiva y de dejar claro
que ningún tipo de violencia contra la pareja sería
condonado.37
Esta valorización se ha mantenido. Tanto el artículo
3.1 como el 3.3 fueron enmendados en el 2004 para aumentar
la pena de cárcel aplicable desde 1989 de una de 12 meses,
que se podían reducir a 9 meses si mediaban circunstancias
atenuantes y aumentar a 18 meses en caso de agravantes, a
36 Memorial Explicativo, P. del S. 470 (P. de la C. 615) de 28 de abril de 1989 [Memorial Explicativo], págs. 7-8. Véase también Pueblo v. Lacroix Correa, 127 D.P.R. 557, 561-568 (1990) (Opinión disidente del juez Hernández Denton). 37 Vicente, supra, págs. 571-573; Informe de la Comisión de lo Jurídico Penal sobre los Sustitutivos al P. del S. 90 y 470, Diario de Sesiones, Cámara de Representantes, 28 de junio de 1989, págs. 102-103; Memorial Explicativo, supra, págs. 1-2. Los delitos de agresión y amenazas en el Código Penal son menos graves. Arts. 121 y 188, Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. secs. 4749 y 4816. Sobre los factores que se consideraron para decidir que esta conducta fuera delito grave si se cometía contra la pareja, véase Comisión para Asuntos de la Mujer, supra, págs. 21-22. CC-2009-795 17
la correspondiente a delitos graves de cuarto grado.38 Los
delitos graves de cuarto grado conllevan una pena de
reclusión por término fijo no menor de 6 meses y 1 día ni
mayor de 3 años, contados en años naturales.39 En el 2005,
los artículos 3.1 y 3.3 de la Ley 54 se enmendaron
nuevamente para establecer que quienes realizaran la
conducta tipificada incurrirían en delito grave de cuarto
grado en su mitad superior; es decir, se les impondría una
pena de entre 18 meses y un día como mínimo y 3 años como
máximo.40 Esto refleja que, cuando la Legislatura ha
revisado estos delitos, ha decidido aumentar las penas
aplicables, pero conservándolas iguales para ambas
conductas.
La diferencia entre el artículo 3.1 y el 3.3 de la Ley
54 se encuentra en la conducta delictiva que tipifican. De
entrada, debemos notar que ambos delitos proscriben el
abuso psicológico. No obstante, el artículo 3.3 es más
específico, pues se limita a castigar el maltrato psíquico
que se realiza a través de amenazas, mientras que el 3.1 es
más abarcador, pues prohíbe el abuso psicológico en general
y, además, el abuso físico.
El delito de maltrato del artículo 3.1 tiene tres
elementos: (1) que se emplee fuerza física, violencia
38 Arts. 2 y 4, Ley Núm. 480-2004, 8 L.P.R.A. secs. 631 y 633. 39 Art. 66(e), Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4694(e). 40 Arts. 3 y 5, Ley Núm. 165-2005, 8 L.P.R.A. secs. 631 y 633. CC-2009-795 18
psicológica, persecución o intimidación; (2) que esa
conducta se lleve a cabo contra una de las parejas o ex
parejas identificadas en la Ley y (3) que se haga con el
propósito de causar algún daño físico a la persona, a sus
bienes o a otra persona o para causarle grave daño
emocional a la pareja o ex pareja.41
En cuanto al primer elemento, la violencia física no
está definida en la Ley, pero este Tribunal ha interpretado
que se da con cualquier agresión, independientemente de si
existe un patrón de maltrato.42 El artículo 3.1 tampoco
exige que la fuerza física utilizada sea severa; cualquier
grado de fuerza es suficiente para que se configure el
delito si se emplea con la intención de causar algún daño.43
La Ley 54 sí delimita las demás conductas prohibidas
por el artículo 3.1. La violencia psicológica se define
como “un patrón de conducta constante ejercitada en
deshonra, descrédito o menosprecio al valor personal,
limitación irrazonable al acceso y manejo de los bienes
41 Pueblo v. Ríos Alonso, 156 D.P.R. 428, 434-437 (2002). 42 Pueblo v. Figueroa Santana, 154 D.P.R. 717, 726-731 (2002). Desde que se aprobó la Ley 54, surgió confusión sobre si la definición de violencia doméstica del artículo 1.3 se debía utilizar para analizar el artículo 3.1. La diferencia entre estas dos disposiciones se encuentra en que la primera habla de un patrón de conducta constante y la segunda no. Art. 1.3(p), Ley 54, 8 L.P.R.A. sec. 602(p). La intención de la Ley fue cubrir la mayor cantidad de agresiones posible, por lo que no contempló que se integrara el requisito de probar varios actos violentos para que se configurara el delito de maltrato. Véanse Vicente, supra, págs. 582-586; E.L. Chiesa Aponte, Derecho Penal, 71 Rev. Jur. U.P.R. 495, 495-499 (2002). 43 Pueblo v. Roldán López, 158 D.P.R. 54 (2002). CC-2009-795 19
comunes, chantaje, vigilancia constante, aislamiento,
privación de acceso a alimentación o descanso adecuado,
amenazas de privar de la custodia de los hijos o hijas, o
destrucción de objetos apreciados por la persona, excepto
aquellos que pertenecen privativamente al ofensor”.44 Esta
ocurre, por ejemplo, cuando se verbalizan insultos, burlas
o críticas de manera repetida.45 La intimidación se da a
través de “toda acción o palabra que manifestada en forma
recurrente tenga el efecto de ejercer una presión moral
sobre el ánimo de una persona, la que por temor a sufrir un
daño físico o emocional en su persona, sus bienes o en la
persona de otro, es obligada a llevar a cabo un acto
contrario a su voluntad”.46 La persecución, según la Ley 54,
significa “mantener a una persona bajo vigilancia constante
o frecuente con su presencia en los lugares inmediatos o
relativamente cercanos al hogar, residencia, escuela,
trabajo o vehículo en el cual se encuentre la persona, para
infundir temor o miedo en el ánimo de una persona prudente
y razonable”.47 Asimismo, la Ley 54 define el grave daño
emocional que forma parte del tercer elemento del artículo
3.1 como “cuando, como resultado de la violencia doméstica,
haya evidencia de que la persona manifiesta en forma
44 (Énfasis suplido.) Art. 1.3(q), Ley 54, 8 L.P.R.A. sec. 602(q). 45 Informe Conjunto, supra, pág. 6. 46 (Énfasis suplido.) Art. 1.3(g), Ley 54, 8 L.P.R.A. sec. 602(g). 47 (Énfasis suplido.) Art. 1.3(j), Ley 54, 8 L.P.R.A. sec. 602(j). CC-2009-795 20
recurrente una o varias de las características siguientes:
miedo paralizador, sentimientos de desamparo o
desesperanza, sentimientos de frustración y fracaso,
sentimientos de inseguridad, desvalidez, autoestima
debilitada u otra conducta similar, cuando sea producto de
actos u omisiones reiteradas”.48
En todas estas definiciones aplicables a la violencia
psicológica y el daño emocional que sanciona el artículo
3.1 encontramos el elemento de recurrencia. Por el
contrario, el delito de maltrato mediante amenaza del
artículo 3.3 no requiere un patrón de conducta ni un efecto
sobre el ánimo de la víctima.49 En vista de ello y debido a
que es difícil probar que ha habido un patrón constante de
abuso psicológico o que se ha causado grave daño emocional,
los incidentes de maltrato en que están presentes las
amenazas y la intimidación se tramitan al amparo del
artículo 3.3 y no del artículo 3.1.50
Los artículos 3.1 y 3.3 de la Ley 54 tipifican delitos
distintos con la misma pena. Aunque tienen en común la
persona que comete el delito y la víctima, así como el
empleo de maltrato psicológico, el artículo 3.3 sólo exige
que se haga una amenaza de causar un daño determinado. El
artículo 3.1, además de ser más amplio en cuanto a los
48 (Énfasis suplido.) Art. 1.3(f), Ley 54, 8 L.P.R.A. sec. 602(f). 49 La palabra “amenaza” no se define en la Ley, por lo que se entiende que se utiliza con su acepción coloquial de dar a entender que se le quiere causar algún mal a alguien. 50 Vicente, supra, pág. 587. CC-2009-795 21
tipos de conducta que sanciona, requiere elementos que no
están presentes en el delito de maltrato mediante amenaza:
la recurrencia del abuso psicológico y el grave daño
emocional que se le causa a la víctima. Entonces, el delito
de maltrato del artículo 3.1 no puede ser considerado un
delito menor incluido en el de maltrato mediante amenaza
del artículo 3.3. Para esto, sería necesario que el
artículo 3.3 incluyera todos los elementos del artículo 3.1
y no lo hace. Está claro que el delito que el Estado alega
que es uno menor incluido requiere elementos que no forman
parte del supuesto delito mayor. Asimismo, una persona
puede cometer el delito de maltrato mediante amenaza contra
su pareja sin incurrir en el delito de maltrato general de
la Ley 54. Esto es, que no necesariamente se va a cometer
el delito que se alega que es uno menor incluido cuando se
comete el delito por el cual se acusó al señor Ayala
García.
En este caso, la prueba presentada podría servir para
probar un caso de maltrato bajo el artículo 3.1 de la Ley
54. Sin embargo, al acusado se le imputó haber violado el
artículo 3.3 de la Ley y, en el ámbito criminal, la prueba
no enmienda las alegaciones tácitamente.51 La acusación,
aunque aludió al temor que la víctima sentía ante las
acciones de su ex pareja, no incluyó la alegación de
maltrato psicológico recurrente, pues sólo mencionó un
incidente. Además, originalmente, al señor Ayala García se
le imputó haber incurrido en la conducta prohibida por el
51 Chiesa Aponte, op. cit., Vol. III, pág. 178. CC-2009-795 22
artículo 3.1 en su modalidad agravada, según dispuesto por
el artículo 3.2, pero no se encontró causa para acusar por
dicho delito, sino sólo por el artículo 3.3.
Por todo ello, erró el Tribunal de Primera Instancia
al emitir un fallo de culpabilidad contra el señor Ayala
García por violación al artículo 3.1 de la Ley 54. El
Tribunal de Apelaciones concluyó correctamente que no se
justificaba la convicción bajo ese delito, que es uno
distinto al imputado y no es uno menor incluido en éste.
Sin embargo, el foro apelativo no terminó su análisis en
este punto y tampoco puede hacerlo este Tribunal.
IV
El Tribunal de Apelaciones razonó que, como
consecuencia de que se dictó sentencia por un delito
distinto al imputado que no era uno menor incluido en éste,
procedía la excarcelación del acusado. Para ello, se basó
equivocadamente en la Regla 38(d) de Procedimiento
Criminal. Ésta establece:
El tribunal podrá permitir enmiendas a la acusación, a la denuncia o a un escrito de especificaciones en cualquier momento antes de la convicción o absolución del acusado, en caso de que hubiere incongruencia entre las alegaciones y la prueba. La incongruencia o desacuerdo entre las alegaciones y la prueba no será fundamento para la absolución del acusado; pero el tribunal, siempre que el acusado no se opusiere, deberá posponer el juicio si es de opinión que los derechos sustanciales del acusado se han perjudicado, para celebrarlo ante otro jurado o ante el mismo tribunal si el juicio no fuere por jurado, y según el tribunal determinare. Si la incongruencia o desacuerdo es de tal naturaleza que la prueba estableciere un delito distinto del imputado, no incluido en éste, o estableciere la comisión de un delito fuera de la CC-2009-795 23
competencia del tribunal, se deberá disolver el jurado y se sobreseerá el proceso.52
El sobreseimiento de la acción penal que permite esta
regla se refiere a casos, distintos al presente, en los que
se haya imputado un delito y la prueba haya demostrado la
comisión de otro no incluido en aquel por el cual se le
acusó. La incongruencia entre la acusación y la prueba
tiene que ser de tal grado que haga imposible una
convicción por el delito originalmente imputado, en cuyo
caso el acusado no habría estado expuesto realmente a una
convicción bajo el delito imputado y no habría problema
para iniciar un nuevo proceso penal por el delito que
verdaderamente se cometió.53
En este caso, no aplica la Regla 38(d) porque no hay
incongruencia alguna entre el pliego acusatorio y la prueba
presentada. Al señor Ayala García se le acusó por el
artículo 3.3 y en el juicio se presentó evidencia sobre su
violación a esa disposición. El error que cometió el foro
de instancia al hallarlo culpable por el artículo 3.1, que
tiene elementos similares con el imputado pero no es uno
menor incluido en éste, no puede resolverse sobreseyendo el
proceso penal en su contra en virtud de dicha regla.
Además, para que proceda la absolución del acusado
según la Regla 38(d) de Procedimiento Criminal, la
incongruencia entre la acusación y la prueba tiene que ser
“de tal orden que impida u obstaculice de modo
52 (Énfasis suplido.) 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 38(d). 53 Chiesa Aponte, op. cit., Vol. III, págs. 183-184. CC-2009-795 24
significativo la preparación de la defensa o exponga al
acusado a la posibilidad de ser enjuiciado dos veces por el
mismo delito”.54 Aquí, el señor Ayala García fue debidamente
notificado de los hechos que se le imputaban y tuvo
oportunidad de defenderse de la acusación de maltrato
mediante amenaza. El expediente demuestra que todo el
proceso penal se tramitó correctamente de acuerdo con la
acusación por el artículo 3.3 y fue únicamente al emitir el
fallo de culpabilidad que se mencionó el artículo 3.1.
La comisión del delito imputado, el de maltrato
mediante amenaza, se probó más allá de duda razonable.55 La
evidencia presentada y admitida, que fue estipulada por las
54 Pueblo v. Santiago Cedeño, supra, pág. 667. Véanse también: Pueblo v. Flores Betancourt, 124 D.P.R. 867, 883- 884 (1989); Pueblo v. Cancel Peraza, 106 D.P.R. 28, 31-32 (1977); Ríos Mora v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 117, 123- 124 (1967). 55 No nos convence el argumento que hace el señor Ayala García en la alternativa de que el foro de instancia, al declararlo culpable por el artículo 3.1, decidió absolverlo del cargo por maltrato mediante amenaza porque la prueba era insuficiente para que se determinara su culpabilidad por ese delito. Véase Alegato del Recurrido ante el Tribunal Supremo de 1 de septiembre de 2010, págs. 15-17. Si el tribunal primario lo halló culpable del artículo 3.1, que es más abarcador y requiere elementos adicionales a los que exige el artículo 3.3, no es posible que lo hubiera determinado porque entendió que el maltrato mediante amenaza no se cometió; menos aun cuando la prueba demostró que ocurrieron múltiples incidentes de maltrato psicológico y cuando el expediente sugiere que la mención del artículo 3.1 en el fallo de culpabilidad fue un error involuntario. Además, es la convicción por un delito menor incluido la que conlleva la absolución implícita por el delito mayor por el cual se acusa. Como hemos visto, en este caso, el delito de maltrato del artículo 3.1 por el cual se dictó el fallo de culpabilidad no es uno menor incluido en el de maltrato mediante amenaza por el cual se acusó al señor Ayala García, por lo que no habría una absolución implícita en cuanto al delito del artículo 3.3. CC-2009-795 25
partes, era suficiente para una convicción de acuerdo con
el delito por el cual se acusó al señor Ayala García.
Claramente, al emitir el fallo de culpabilidad por el
artículo 3.1, el tribunal de instancia cometió un error de
derecho que puede ser revisado por los foros apelativos.56
Cuando el acusado solicita que se revoque la sentencia
dictada en su contra debido a un error de derecho del foro
de instancia, y no por insuficiencia de la prueba, está
impedido de alegar luego la protección constitucional
contra la doble exposición.57 Corregir la sentencia
posteriormente no implica una segunda oportunidad para que
el Ministerio Público pruebe su caso, sino la protección
del interés de la sociedad en que se le imponga la pena
justa a quien se le ha probado su culpabilidad en un
proceso judicial.58
El foro apelativo erró al absolver al señor Ayala
García en lugar de modificar la sentencia para que
correspondiera al delito imputado y probado, con lo que
permitió que quedara impune un acto de violencia doméstica.
En ocasiones anteriores, hemos enfatizado la importancia de
que los tribunales consideren con seriedad los crímenes de
violencia doméstica para que la intervención judicial en
56 Véanse Pueblo v. Rodríguez Maldonado, 2012 T.S.P.R. 76, pág. 16; Pueblo v. Colón, Castillo, 140 D.P.R. 564, 580-582 (1996). 57 “Nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito”. Art. II sec. 11, Const. P.R. 58 Pueblo v. Martínez Torres, 126 D.P.R. 561, 567-573 (1990); Chiesa Aponte, op. cit., Vol. II, págs. 395-408. CC-2009-795 26
este tipo de casos sea efectiva y ayude a erradicar la
violencia entre las parejas, y especialmente los patrones
de conducta violenta contra las mujeres tan nocivos y tan
arraigados en nuestra sociedad.59
Por lo tanto, procede modificar la Sentencia dictada
por el Tribunal de Primera Instancia para que sustituya la
designación del delito por el cual se halló culpable al
señor Ayala García, de maltrato según el artículo 3.1 de la
Ley 54 a maltrato mediante amenaza de acuerdo con el
artículo 3.3 de la misma ley.60 El tiempo de prisión que el
señor Ayala García cumplió bajo la Sentencia revocada
erróneamente por el Tribunal de Apelaciones se le deberá
descontar del periodo de encarcelamiento que se le imponga
al modificarse la Sentencia para que corresponda al delito
imputado y probado.61
59 Véanse, por ejemplo: Pueblo v. Rodríguez Velázquez, 152 D.P.R. 192, 204-205 (2000); Pueblo v. Rivera Morales, 133 D.P.R. 444, 469-487 (1993) (Voto de conformidad de la jueza Naveira); Pueblo v. Esmurria Rosario, 117 D.P.R. 884, 890- 894 (1986) (Voto particular de la jueza Naveira). Véase, en general, M. Burton, Legal Responses to Domestic Violence, New York, Ed. Routledge-Cavendish (2008). 60 Regla 213 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 213; Pueblo v. Candelario Couvertier, 100 D.P.R. 159 (1971). En caso de que, como sugieren las incongruencias en los documentos del foro de instancia, la alusión al artículo 3.1 al declarar culpable al acusado haya sido un error, también hubiese procedido corregir la sentencia para que la convicción correspondiera al artículo 3.3 imputado. Regla 185(b) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 185(b). Una persona no puede librarse de la pena que le corresponda cumplir por un delito cuya comisión haya sido probada por el hecho de que el tribunal se haya equivocado al dictar sentencia. González de Jesús v. Jefe Penitenciaría, 90 D.P.R. 31, 34-35 (1964). 61 Regla 184 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 184. CC-2009-795 27
V
Por los fundamentos antes expuestos, se revoca el
dictamen del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso
al Tribunal de Primera Instancia para que modifique la
sentencia impuesta al señor Ayala García, de acuerdo con el
artículo 3.3 de la Ley 54 y lo aquí resuelto.
Se dictará sentencia de conformidad.
Liana Fiol Matta Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico Peticionario Certiorari
v. CC-2009-795
Abraham Ayala García Recurrido
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente Sentencia, se revoca el dictamen del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que modifique la sentencia impuesta al señor Ayala García, de acuerdo con el artículo 3.3 de la Ley 54 y lo aquí resuelto.
Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor Hernández Denton disiente sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió una opinión disidente a la cual se une el Juez Asociado señor Estrella Martínez. El Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v. CC-2009-795 Abraham Ayala García
Opinión disidente del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES, a la cual se unió el Juez Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ.
No hay duda, de que quien quebrante las disposiciones de la Ley Núm. 54 merece recibir la debida sanción dispuesta por Ley, pero ello conforme a las Reglas impuestas para todos los ciudadanos en nuestro ordenamiento legal y constitucional. Alejarnos de esa norma esencial en nuestro sistema de derecho, nos colocaría precisamente en contra del ordenamiento que estamos llamados a defender.
Sentencia del Tribunal de Apelaciones, pág. 15.
En la Opinión que hoy se emite este Tribunal
encuentra culpable a una persona, por primera vez,
de un delito por el cual el foro primario lo
absolvió. Lo anterior es contrario a la cláusula
constitucional que prohíbe la doble exposición por CC-2009-795 2
el mismo delito. Art. II, Sec. 11 de la Constitución de
Puerto Rico; Quinta y Decimocuarta Enmiendas a la
Constitución de los Estados Unidos, L.P.R.A., Tomo I. Por
los fundamentos que expreso a continuación, disiento
vehementemente, pero con mucho respeto, de la decisión de
este Foro.
Según se desprende de la exposición narrativa
estipulada de la prueba, el 29 de abril de 2008 el Sr.
Abraham Ayala García llegó a la casa de la Sra. Moraima
Vázquez Cotto, y allí profirió palabras soeces mientras
golpeaba la ventana de la cocina y la puerta. Estos fueron
compañeros consensuales por seis años y procrearon dos
hijas, aunque al momento de los hechos llevaban poco más de
un año separados. El señor Ayala García reclamó que tenía
derecho a relacionarse con sus hijas. La señora Vázquez
Cotto indicó que no podía buscarlas hasta que solicitara
los documentos relativos a las relaciones paterno filiales.
Acto seguido, la señora Vázquez Cotto llamó a la Policía y
obtuvo una orden de protección.
Posteriormente, el 12 de mayo de 2008, mientras la
señora Vázquez Cotto compartía con su pareja actual y sus
dos hijas en el balcón de su residencia, el señor Ayala
García llegó y estacionó a toda prisa el vehículo en que se
encontraba. Luego de que se bajó del vehículo manifestó que
“aquí no va haber „break‟ pa‟ nadie, rompieron el cristal
de la guagua de mi „mai‟ y yo sé que fueron ustedes”. Al CC-2009-795 3
marcharse la señaló y le dijo, “a ti te voy a joder donde
quiera que te coja”. La señora Vázquez Cotto manifestó que
inmediatamente llamó a la Policía para notificar lo
sucedido, ya que sintió temor por su vida, no solo por ese
incidente, sino también por los episodios previos por los
cuales había obtenido tres órdenes de protección. Declaró,
además, que el señor Ayala García vivía cerca de su
residencia, pero que durante las tres semanas que le tomó a
la Policía arrestarlo, luego de la celebración de la vista
de causa probable para arresto, este no la buscó ni fue a
su casa.
señor Ayala García. En una se le imputó violación al Art.
3.2 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, conocida
como Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia
Doméstica, Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 8 L.P.R.A.
sec.632. En la segunda, se imputó violación al Art. 3.3 de
la Ley Núm. 54, íd., 8 L.P.R.A. sec. 633. No obstante, en
la vista preliminar, solo se encontró causa para acusar por
el Art. 3.3 de la Ley Núm. 54, íd. Es decir, no se encontró
causa para acusar por el Art. 3.2 de la Ley Núm. 54, supra.
El 11 de agosto de 2008, luego de celebrarse el juicio
en su fondo, el Tribunal de Primera Instancia resolvió que,
conforme a la prueba presentada, se configuró el delito de
maltrato, según tipificado por el Art. 3.1 de la Ley Núm.
54, supra, 3 L.P.R.A. sec. 361. Consecuentemente, sentenció CC-2009-795 4
al señor Ayala García a cumplir una pena de reclusión de
tres años.
El señor Ayala García apeló la decisión del tribunal
sentenciador bajo el fundamento de que dicho foro lo había
hallado culpable por un delito distinto al imputado en la
acusación, a pesar de no tratarse de un delito menor
incluido. El Tribunal de Apelaciones acogió su
planteamiento y revocó la sentencia dictada por entenderla
contraria a derecho. Además, ordenó la excarcelación del
señor Ayala García.
Inconforme, el Procurador General acude ante este
Tribunal. Señala que el Tribunal de Apelaciones erró al
absolver al señor Ayala García, a pesar de que su función
revisora a tenor con lo dispuesto en la Regla 213 de
Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, exigía que
modificara la sentencia apelada y dispusiera una sentencia
por el delito de maltrato mediante amenaza, que fue el
imputado y probado más allá de duda razonable. Este
Tribunal expidió el auto de certiorari y hoy emite la
decisión que motiva esta Opinión disidente.
A. En nuestro ordenamiento jurídico, la acción penal se
inicia con la determinación de causa probable para arresto
o citación del imputado, según se regula en la Regla 6 de
Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Pueblo v.
Rivera Martell, 173 D.P.R. 601, 608 (2008). Desde que ello
ocurre, “el tribunal adquiere jurisdicción sobre la persona CC-2009-795 5
del imputado y se considera que éste queda sujeto a
responder por la comisión del delito” que se le imputa. Íd.
Véase, además, Pueblo v. Irizarry, 160 D.P.R. 544, 555
(2003).
Si lo que se imputa es un delito grave, luego de que
se determine causa para arrestar al amparo de la Regla 6 de
Procedimiento Criminal, supra, procede celebrar una vista
para determinar si existe causa para celebrar un juicio.
Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.
En esencia, el propósito de la vista al amparo de la
Regla 23, íd., “es evitar que una persona sea sometida
injustificadamente a los rigores de un proceso penal. Ello
se logra mediante la exigencia de que el Estado presente
alguna prueba sobre los elementos constitutivos del delito
y sobre la conexión del imputado con su comisión”. Pueblo
v. Fernández Rodríguez, Op. de 9 de diciembre de 2011, 2011
T.S.P.R. 188, pág. 31, 2011 J.T.S. 193, pág. 776, 183
D.P.R. __, __ (2011. Véase, además, Pueblo v. Rivera
Vázquez, 177 D.P.R. 868, 875 (2010).
De igual forma, hemos mencionado que “si luego de
evaluar la prueba desfilada el juez se convence de que
existe causa probable para acusar, debe autorizar que se
presente la acusación en contra del imputado. De lo
contrario, lo debe exonerar y ponerlo en libertad si estaba
detenido”. Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, pág.875.
Véanse, además, Pueblo v. Ríos Alonso, 149 D.P.R. 761, 766- CC-2009-795 6
67 (1999); Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653, 663
(1985).
Dicho de otro modo, la determinación de no causa sobre
un delito en la etapa de vista preliminar, impide que el
Ministerio Público presente la acusación correspondiente.
Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, pág.875. Ahora bien,
adviértase que en la vista preliminar el tribunal tiene
autoridad para encontrar causa “por el delito que la prueba
sustente y no necesariamente por el imputado”. Pueblo v.
APS Healthcare of P.R., 175 D.P.R. 368, 396 (2009). Lo
anterior incluye encontrar causa por un delito que sea
menor e incluido en el que se imputó.
B. En ocasiones anteriores hemos estudiado la doctrina
del delito menor incluido. En particular, hemos expresado
que para aplicar esta doctrina:
el delito menor debe estar comprendido en el mayor por el cual se le acusa y que los hechos expuestos para describir la comisión del delito mayor deben contener las alegaciones que son esenciales para constituir una imputación por el menor. Si el delito mayor incluye todos los elementos de hecho y los requeridos por la ley en relación con el menor, el mayor incluye al menor; pero si el delito menor requiere otro elemento indispensable que no es parte del delito mayor entonces el menor no está comprendido en el mayor. La prueba para determinar si un delito está incluido en otro es determinar si no se puede cometer el primer delito sin que necesariamente se cometa el segundo.
Pueblo v. Oyola Rodríguez, 132 D.P.R. 1064, 1071 (1993), citando a Pueblo v. Concepción Sánchez, 101 DPR 17, 19 (1973). Véase, además, Pueblo v. Ramos López, 85 DPR 576, 580 (1962).
El Art. 3.1 de la Ley Núm. 54, supra, indica:
§ 631. Maltrato CC-2009-795 7
Toda persona que empleare fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución en la persona de su cónyuge, ex cónyuge, o la persona con quien cohabita o haya cohabitado, o la persona con quien sostuviere o haya sostenido una relación consensual, o la persona con quien haya procreado un hijo o hija, para causarle daño físico a su persona, a los bienes apreciados por ésta, excepto aquéllos que pertenecen privativamente al ofensor, o a la persona de otro o para causarle grave daño emocional, incurrirá en delito grave de cuarto grado en su mitad superior.
El tribunal podrá imponer la pena de restitución, además de la pena de reclusión establecida.
Por su parte, el Art. 3.2 de la Ley Núm. 54, supra,
define el maltrato agravado:
§ 632. Maltrato agravado
Se impondrá pena correspondiente a delito grave de tercer grado en su mitad inferior cuando en la persona del cónyuge, ex cónyuge o de la persona con quien se cohabita o se haya cohabitado, o con quien se sostiene o haya sostenido una relación consensual, o con quien se haya procreado un hijo o hija, si se incurriere en maltrato según tipificado en este capítulo, mediando una o más de las circunstancias siguientes:
(a) Se penetrare en la morada de la persona o en el lugar donde esté albergada y se cometiere allí maltrato, en el caso de cónyuges o cohabitantes cuando éstos estuvieren separados o mediare una orden de protección ordenando el desalojo de la residencia a una de las partes; o (b) cuando se infiriere grave daño corporal a la persona; o (c) cuando se cometiere con arma mortífera en circunstancias que no revistiesen la intención de matar o mutilar; o (d) cuando se cometiere en la presencia de menores de edad; o (e) cuando se cometiere luego de mediar una orden de protección o resolución contra la persona acusada expedida en auxilio de la víctima del maltrato; o (f) se indujere, incitare u obligare a la persona a drogarse con sustancias controladas, o CC-2009-795 8
cualquier otra sustancia o medio que altere la voluntad de la persona o a intoxicarse con bebidas embriagantes; (g) cuando se cometiere y simultáneamente se incurriere en maltrato de un menor según definido en las secs. 444 a 450m de este título, o (h) si a la víctima se le obliga o induce mediante maltrato, violencia física o sicológica a participar o involucrarse en una relación sexual no deseada con terceras personas. (i) Cuando se cometiere contra una mujer embarazada. (j) Cuando se cometiere contra una persona menor de dieciséis (16) años y la persona agresora sea de dieciocho (18) años o más. El tribunal podrá imponer la pena de restitución, además de la pena de reclusión establecida.
Un análisis de los delitos antes citados revela, sin
ambages, que el Art. 3.1 de la Ley Núm. 54, supra, es uno
menor incluido en el Art. 3.2, supra. En esencia, el Art.
3.2, íd., incluye la conducta que tipifica el Art. 3.1,
supra, además de unas situaciones específicas, que de
configurarse, agravan la pena de cuarto grado en su
intervalo superior, a la correspondiente de tercer grado en
su mitad inferior.
C. En el caso que nos ocupa, se presentaron denuncias
contra el señor Ayala García por los Art. 3.2 y 3.3 de la
Ley Núm. 54, supra. Sin embargo, solo se encontró causa
para acusar por el Art. 3.3 y no por el Art. 3.2. Ello
impidió que el Ministerio Público presentara acusación por
este último delito, a saber, maltrato agravado. Por esa
razón, era improcedente que el foro primario encontrara al
acusado culpable del Art. 3.1 de la Ley Núm. 54, supra, que
tipifica el maltrato. CC-2009-795 9
Es decir, si el Ministerio Público no recibió
autorización para presentar una acusación por el delito
establecido en el Art. 3.2 de la Ley Núm. 54, supra, mucho
menos el Tribunal de Primera Instancia podía encontrarlo
culpable por el delito menor incluido estatuido en el Art.
3.1.
Por otro lado, es correcta la conclusión a la que
arriban el Tribunal de Apelaciones y este Tribunal de que
el delito estatuido en el Art. 3.1 de la Ley Núm. 54,
supra, no es uno menor incluido del Art. 3.3 de esa misma
ley, supra. El Art. 3.3 de la Ley Núm. 54, supra, dispone
lo siguiente:
§ 633 Maltrato mediante amenaza
Toda persona que amenazare a su cónyuge, ex cónyuge, a la persona con quien cohabita o con quien haya cohabitado o con quien sostiene o haya sostenido una relación consensual, o la persona con quien haya procreado un hijo o hija, con causarle daño determinado a su persona, a los bienes apreciados por ésta, excepto aquellos que pertenecen privativamente al ofensor, o a la persona de otro, incurrirá en delito grave de cuarto grado en su mitad superior.
El tribunal podrá imponer la pena de restitución, además de la pena de reclusión establecida.
Como indica la Opinión del Tribunal en las págs. 17-
22, efectivamente el Art. 3.1 contiene elementos que no se
configuran el Art. 3.3 y viceversa. El Art. 3.1 castiga el
uso de la fuerza física, la violencia psicológica, la
intimidación o la persecución para causarle daño a la
víctima. En cambio, el Art. 3.3 penaliza al que amenaza con
causarle daño a la víctima. Así pues, como en el proceso CC-2009-795 10
penal la prueba no enmienda las alegaciones, fue totalmente
desacertado que el Tribunal de Primera Instancia encontrara
culpable al señor Ayala García de infringir el Art. 3.1 de
la Ley Núm. 54, supra. Regla 38(d) de Procedimiento
Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II; E.L. Chiesa Aponte, Derecho
Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Ed. Forum,
1991, Vol. 3, Sec. 24.3, pág. 123.
A. La protección contra la doble exposición, de rango
constitucional, cobija a todo imputado de delito en la
medida en que se le garantiza no ser “puesto en riesgo de
ser castigado dos veces por el mismo delito”. Art. II,
Sec. 11 de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo
I. Igual dispone la Enmienda Quinta de la Constitución de
Estados Unidos al establecer que “nadie podrá ser sometido
por la misma ofensa dos veces a un juicio...”.(Traducción
nuestra.)62 En Benton v. Maryland, 395 U.S. 784 (1969), el
Tribunal Supremo federal resolvió que la cláusula
constitucional aludida aplicaba a los estados por conducto
de la cláusula del debido proceso de ley contenida en la
Enmienda Decimocuarta de esa misma Constitución.63
62 El texto original en inglés es el siguiente: “no person shall be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb.” 63 No hay controversia de que la garantía del debido proceso de ley de la Quinta Enmienda a la Constitución federal aplica a Puerto Rico. Rodríguez v. Popular Democratic Party, 457 U.S. 1, 7 (1982); Balzac v. Porto Rico, 258 U.S. 298, 312-313 (1922); Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244, 283-284 (1901). Sin embargo, no se ha decidido si lo hace directamente o incorporada a través de la Enmienda Decimocuarta. Rodríguez v. Popular Democratic Party, supra; Examining Board v. Flores de Otero, 426 U.S. 572, 600-601 (1976); Calero-Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co., 416 U.S. 663, 668-669 (1974). CC-2009-795 11
Dicha garantía opera:
(i) contra ulterior exposición tras absolución por la misma ofensa;
(ii) contra ulterior exposición tras convicción por la misma ofensa;
(iii) contra ulterior exposición tras exposición anterior por la misma ofensa (tras haber comenzado el juicio, que no culminó ni en absolución ni convicción);
(iv) contra castigos múltiples por la misma ofensa.
E. L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Ed. Forum, 1991, Vol. 2, Sec. 16.1, pág. 364.
Véanse, además, Pueblo v. Rivera Cintrón, Op. de 29 de
abril de 2012, 2012 T.S.P.R. 75, 2012 J.T.S. 88, 185 D.P.R.
__ (2012); Pueblo v. Martínez Torres, 126 D.P.R. 561, 568-
69 (1990).
Es conocido por todos que la interpretación que haga
el Tribunal Supremo federal sobre cierta cláusula
constitucional constituye el mínimo que los estados están
obligados a garantizar. Pueblo v. Díaz, Bonano, 176 D.P.R.
601, 621 (2009). Claro está, en circunstancias apropiadas,
“en Puerto Rico podemos ser más amplios y abarcadores que
el Tribunal Supremo de los Estados Unidos al interpretar
una cláusula homóloga de la Constitución federal”. Íd.
Véase, además, H.M.C.A. (P.R.), Inc., etc. v. Contralor,
133 D.P.R. 945, 974-975 (1993). Sin embargo, en el caso que
nos ocupa, no se trata de ofrecer una factura más ancha; se
trata de cumplir con la normativa clara que sobre el
particular el Tribunal Supremo federal ha pautado. Veamos. CC-2009-795 12
B. Como manifestamos anteriormente, la cláusula
constitucional que protege contra la doble exposición se
manifiesta en cuatro dimensiones. Sin embargo, concentramos
nuestro análisis en la protección contra ulterior
exposición tras absolución por la misma ofensa, ya que es
la que aplica a la controversia ante nos.
Una de las normas más fundamentales en la historia de
la cláusula que protege contra la doble exposición es que
una decisión de absolución no puede ser revisada, como
error u otra forma, sin exponer dos veces a un acusado al
riesgo de ser convicto. United States v. Martin Linen
Supply Co., 430 U.S. 564, 571 (1977); United States v.
Ball, 163 U.S. 662, 671 (1896). Cónsono con lo anterior, la
jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos
ha establecido que luego de que una persona es absuelta a
nivel de primera instancia no procede una apelación por
parte del Ministerio Público. Kepner v. United States, 195
U.S. 100, 130 (1904), reiterado en Green v. United States,
355 U.S. 184, 224 (1957). Para ello no importa lo errónea
que sea la sentencia dictada por el foro primario. Sanabria
v. United States, 437 U.S. 54, 68-69 (1978). Véanse,
además, United States v. Martin Linen Supply Co., supra,
pág. 571; Fong Foo v. United States, 369 U.S. 141 (1962);
Green v. United States, supra, pág. 188; United States v.
Ball, supra, pág. 671.
Adviértase que una absolución, a diferencia de una
convicción, termina la exposición para fines de la cláusula CC-2009-795 13
constitucional que nos ocupa. Justices of Boston Municipal
Court v. Lydon, 466 U.S. 294, 308 (1984). Consecuentemente,
atar al acusado, que ya ha sido declarado absuelto, a un
procedimiento posterior de determinación de hechos dirigido
a declararlo culpable o inocente viola la cláusula
constitucional que prohíbe la doble exposición. Smalis v.
Pennsylvania, 476 U.S. 140, 145 (1986). Véase, además,
Arizona v. Rumsey, 467 U.S. 203, 211-212 (1984).
De igual forma, la cláusula contra la doble exposición
protege por igual toda determinación de absolución, ya esté
contenida en un veredicto emitido por un jurado o en un
fallo emitido por un juez. Smith v. Massachusetts, 543 U.S.
462, 466-467 (2005). Véanse, además, Richardson v. United
States, 468 U.S. 317, 325, esc. 5, (1984); Sanabria v.
United States, supra, pág. 64; United States v. Martin
Linen Supply Co., supra, pág. 573; United States v. Sisson,
399 U.S. 267, 290 (1970). La única excepción a la norma
anteriormente esbozada se configura cuando el tribunal
concede una moción de absolución perentoria, luego de que
un jurado emite un veredicto de culpabilidad. Smith v.
Massachusetts, supra. Véanse, además, Regla 135 de
Procedimiento Criminal, 32 L.P.R.A. Ap. II; Pueblo v. Colón
Burgos, 140 D.P.R. 564 (1996). En ese caso se permite
recurrir al foro apelativo porque de revocarse la
determinación de absolución, solo procedería reinstalar el
veredicto que el jurado emitió. Íd. Se protege así la
decisión de los ciudadanos que compusieron el jurado. CC-2009-795 14
Ahora bien, en el caso presente, resulta neurálgico
definir lo que significa una absolución al amparo de la
cláusula constitucional que protege contra la doble
exposición. Sobre el particular, se ha expresado que es
necesario cuestionarse si la determinación que hizo el foro
primario (o el jurado) es una absolución, aunque se
caracterice de otra forma. United States v. Wilson, 420
U.S. 332, 336 (1975). Es decir, se debe precisar si la
determinación del juez, o del jurado, “como quiera que sea
rotulada, representa una determinación, correcta o no, de
todos o algunos de los elementos del delito imputado”.
United States v. Martin Linen Supply Co., supra, pág. 571.64
(Traducción y énfasis nuestro.)
En ocasiones, puede suceder que se emita un fallo o
veredicto de culpabilidad por un delito distinto al
imputado en el pliego acusatorio, lo que constituye una
absolución implícita. En este aspecto, el caso principal es
Green v. United States, supra. Allí, se presentó acusación
contra el señor Green por asesinato en primer grado. En las
instrucciones al jurado, se indicó que el señor Green podía
ser declarado culpable por asesinato en primer grado o en
segundo grado. Luego de la deliberación, el jurado emitió
un veredicto en que encontró al señor Green culpable de
asesinato en segundo grado. Sin embargo, el veredicto
guardó silencio en cuanto al cargo de asesinato en primer
64 La cita en inglés es la siguiente: “we must determine whether the ruling of the judge, whatever its label, actually represents a resolution, correct or not, of some or all of the factual elements of the offense charged”. CC-2009-795 15
grado. Luego de que el tribunal aceptó el veredicto,
sentenció al señor Green por asesinato en segundo grado.
Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones de los
Estados Unidos para el Distrito de Columbia revocó y
devolvió el caso para que se celebrara un juicio nuevo. En
el segundo juicio, el señor Green fue acusado de nuevo por
asesinato en primer grado. Se encontró culpable por ese
delito, a pesar de que adujo la defensa de doble
exposición. Aunque hubo disidencia, el Tribunal de
Apelaciones para el Distrito de Columbia confirmó la
convicción por asesinato en primer grado. Así las cosas, el
Tribunal Supremo de los Estados Unidos expidió el recurso y
revocó la decisión del Tribunal de Apelaciones. En esencia,
resolvió que no procedía la convicción por asesinato en
primer grado porque hubo una absolución implícita por ese
delito en el primer proceso que se celebró.
Por su pertinencia, citamos extensamente lo expuesto
por el Tribunal Supremo federal, en Green v. United States,
supra, págs. 191-192:
[E]l resultado en este caso no tiene por qué sustentarse únicamente en el supuesto, que consideramos legítimo, de que el jurado, por una razón u otra, absolvió al señor Green de asesinato en primer grado. Aquí, el jurado fue despachado sin expresar un veredicto expreso en ese cargo [asesinato en primer grado] y sin el consentimiento del señor Green. Sin embargo, al jurado se le dio oportunidad plena de emitir un veredicto y no hay circunstancias extraordinarias que demuestren que se le impidió hacerlo. Por lo tanto, parece claro, en virtud de los principios establecidos de exposición previa, que la exposición de Green por el asesinato en primer grado llegó a su fin cuando el jurado fue despachado, por lo que no podía ser juzgado por CC-2009-795 16
ese delito nuevamente. Wade v. Hunter, 336 U.S. 684 (1949). En resumen, creemos que este caso no puede ser tratado de manera diferente, a efectos de exposición previa, de un caso en que el jurado emite un veredicto que expresamente indica: „Encontramos al acusado no culpable de asesinato en primer grado, pero culpable de asesinato en el de segundo grado‟. (Traducción nuestra.) 65
Incluso, el Tribunal Supremo federal rechazó el
argumento de que un acusado renuncia al planteamiento de
doble exposición en cuanto a un delito, si apela la
sentencia que emitió el foro primario en relación a otro
delito por los mismos hechos. La contención del Estado era
que un acusado debía estar dispuesto a ceder su protección
constitucional en contra de la doble exposición por un
delito si apelaba exitosamente la convicción errónea de
otro delito por el cual había sido condenado. Íd., pág.
193. Al rechazar esa postura, ese Foro expresó:
La ley no debe, y en nuestro criterio no coloca al acusado en tan increíble dilema. Condicionar la apelación de un delito a una renuncia coaccionada de una alegación de exposición previa en cuanto a otro delito, equivale a una
65 La cita en inglés es la siguiente: “the result in this case need not rest alone on the assumption, which we believe legitimate, that the jury for one reason or another acquitted Green of murder in the first degree. For here, the jury was dismissed without returning any express verdict on that charge and without Green's consent. Yet it was given a full opportunity to return a verdict and no extraordinary circumstances appeared which prevented it from doing so. Therefore it seems clear, under established principles of former jeopardy, that Green's jeopardy for first degree murder came to an end when the jury was discharged so that he could not be retried for that offense. Wade v. Hunter, 336 U.S. 684, 69 S.Ct. 834, 93 L.Ed. 974. In brief, we believe this case can be treated no differently, for purposes of former jeopardy, than if the jury had returned a verdict which expressly read: „We find the defendant not guilty of murder in the first degree but guilty of murder in the second degree‟”. CC-2009-795 17
confiscación, en conflicto evidente con la prohibición constitucional en contra de la doble exposición.
Íd., págs. 193-194. (Traducción y énfasis nuestro.)66
Lo resuelto en Green v. United States, íd., significa
que en algunas circunstancias la convicción por un delito
implica, para propósitos de la cláusula que prohíbe la
doble exposición, la absolución implícita de otro. W. R.
LaFave, J. Israel y otros, Criminal Procedure, 3 ed.,
Thomson West, 2007, Vol. 6, sec. 25.4(d), pág. 653.
La jurisprudencia reciente emitida por el Tribunal
Supremo federal ha reiterado lo resuelto en Green v. United
States, supra. Véase, Blueford v. Arkansas, __ S. Ct. __,
2012 WL 1868066, 566 U.S. __ (2012). En Blueford v.
Arkansas, íd., decidido el 24 de mayo de 2012, el Tribunal
Supremo de los Estados Unidos resolvió que una
determinación preliminar de absolución hecha por un jurado
adolece de finalidad para fines de la cláusula
constitucional que protege contra la doble exposición.
Ello, se debió a que ese caso, la determinación de
absolución que informó el jurado al tribunal no fue una
decisión final sino interlocutoria, pues el jurado siguió
deliberando y al final no se pudo llegar a un veredicto.
Íd. Sin embargo, para fines de la controversia que nos
ocupa, el Tribunal Supremo federal citó nuevamente como
66 La cita en inglés es la siguiente: “the law should not, and in our judgment does not, place the defendant in such an incredible dilemma. Conditioning an appeal of one offense on a coerced surrender of a valid plea of former jeopardy on another offense exacts a forfeiture in plain conflict with the constitutional bar against double jeopardy”. CC-2009-795 18
autoridad lo resuelto en Green v. United States, supra, lo
que conlleva a concluir que ese precedente sigue vigente
con toda su fuerza.67
Hace más de cincuenta años este Tribunal reconoció la
norma que se pautó en Green v. United States, íd.
Específicamente, lo hicimos en Pueblo v. Pérez Martínez, 84
D.P.R. 181, 183 (1961). Allí, se produjo un veredicto de
culpabilidad por asesinato en segundo grado contra el Sr.
Osvaldo Pérez Martínez, aunque el pliego acusatorio
imputaba asesinato en primer grado. En apelación, revocamos
ese primer veredicto de culpabilidad por una instrucción
errónea trasmitida al jurado. Pueblo v. Pérez Martínez,
supra, pág. 183, esc. 1. En el nuevo juicio, se encontró
culpable al señor Pérez Martínez otra vez por asesinato en
segundo grado. Así las cosas, distinguimos los hechos que
teníamos ante nuestra consideración de los que tuvo el
Tribunal Supremo federal en Green v. United States, supra.
En particular, señalamos:
En el presente caso, sin embargo, el veredicto rendido en el primer juicio y el rendido en el nuevo juicio fue el mismo: culpable de asesinato en segundo grado. El primer veredicto, habiendo sido anulado a instancias del acusado, no constituye una exposición anterior. El acusado
67 El 11 de junio de 2012 el Tribunal Supremo de Estados Unidos expidió certiorari en el caso Evans v. Michigan, Núm. 11-1327. El caso presenta la controversia de si la cláusula constitucional que prohíbe la doble exposición permite un juicio nuevo por un delito cuando en el juicio anterior el juez de primera instancia absolvió erróneamente por entender que ese delito requería un elemento adicional. En ese caso, el juez del foro primario concedió una moción de absolución perentoria a mitad de juicio, por entender erróneamente que el Ministerio Público no presentó prueba sobre un elemento del delito. Inconforme, el Ministerio Público volvió a presentar otro proceso por el mismo delito. El Tribunal Supremo de Michigan resolvió que no se configuró una violación a la cláusula constitucional que prohíbe la doble exposición porque la absolución se debió a un error de derecho. CC-2009-795 19
podía ser legalmente castigado por el delito de asesinato en segundo grado en el segundo juicio, sin que ello violara su derecho constitucional... [a] no ser puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito.
Pueblo v. Pérez Martínez, supra, pág. 184.
Distinto habría sido si en el segundo juicio se
hubiera encontrado culpable al señor Pérez Martínez de
asesinato en primer grado. En ese supuesto, tal como
ocurrió en Green v, U.S., supra, se hubiese quebrantado la
cláusula contra la doble exposición porque en cuanto al
delito de asesinato en primer grado hubo una absolución
implícita.
C. En el caso que nos ocupa, el Procurador General nos
pide que determinemos que el Art. 3.1 de la Ley Núm. 54,
supra, es un delito menor incluido en el Art. 3.3 de esa
misma ley, supra. En cuanto a ese punto, ya determinamos
que es inmeritorio lo que se nos solicita. En la
alternativa, nos insta a modificar el fallo que emitió el
foro primario para que declaremos culpable al señor Ayala
García de un delito que ningún otro tribunal inferior lo
encontró culpable, a saber, el Art. 3.3 de la Ley Núm. 54,
íd.
En el día de hoy, la Opinión del Tribunal accede a
“modificar” la sentencia y encontrar culpable al acusado de
quebrantar el Art. 3.3, íd., porque no le “convence el
argumento que hace el señor Ayala García en la alternativa
de que el foro de instancia, al declararlo culpable por el CC-2009-795 20
artículo 3.1, decidió absolverlo del cargo por maltrato
mediante amenaza porque la prueba era insuficiente para que
se determinara su culpabilidad por ese delito”. Opinión del
Tribunal, pág. 24, esc. 55. Acto seguido, la Opinión del
Tribunal, pág. 24, esc. 55, se embarca en un análisis
psíquico de lo que alegadamente razonó la Hon. María I.
Cartagena Colón al momento de emitir su fallo. En
específico, se expresa:
[s]i el tribunal primario lo halló culpable del artículo 3.1, que es más abarcador y requiere elementos adicionales a los que exige el artículo 3.3, no es posible que lo hubiera determinado porque entendió que el maltrato mediante amenaza no se cometió, menos aun cuando la prueba demostró que ocurrieron múltiples incidentes de maltrato psicológico y cuando el expediente sugiere que la mención del artículo 3.1 en el fallo de culpabilidad fue un error involuntario.
Sin embargo, un análisis detenido, pausado y
concienzudo de la sentencia lacónica que emitió el foro
primario y de la minuta de lo que ocurrió en ese día no
permite, bajo ningún supuesto, arribar a la conclusión que
llega hoy la Opinión de este Foro. Lo único que se
desprende de esos documentos es que se encontró culpable al
señor Ayala García de infracción del Art. 3.1 de la Ley
Núm. 54, supra y no del Art. 3.3 de esa misma ley. De
hecho, el Procurador General en su comparecencia no
controvierte el hecho de que el señor Ayala García fue
hallado culpable de infringir el. Art. 3.1 de la Ley Núm.
54, supra y no el Art. 3.3 de esa misma ley. Así pues, en
este caso no cabe concluir que “el expediente sugiere que CC-2009-795 21
la mención del artículo 3.1 en el fallo de culpabilidad fue
un error involuntario”. Opinión del Tribunal, pág. 24, n.
55.
Además, en el caso que nos ocupa, la Juez Cartagena
Colón no explicó las razones por las cuales encontró
culpable al señor Ayala García de quebrantar el Art. 3.1 y
no el Art. 3.3. Así pues, solo contamos con la exposición
narrativa estipulada de la prueba. En ella, se vierte lo
que declararon las testigos Vázquez Cotto y Vanessa
González. Sin embargo, eso no nos dice qué fue lo que el
foro primario creyó. Ante ese cuadro, es totalmente
impropio concluir que nos enfrentamos a un error puro de
derecho, y mucho menos que “[l]a comisión del delito
imputado, el de maltrato mediante amenaza, se probó más
allá de duda razonable. Opinión del Tribunal, pág. 24.
Ahora bien, lo que sí demuestran la orden de
encarcelación y la sentencia del foro primario es que el
proceso finalizó para fines de la cláusula constitucional
que prohíbe la doble exposición. Blueford v. Arkansas,
supra. Dicho de otro modo, con la sentencia que emitió el
tribunal primario, terminó la exposición del señor Ayala
García por el Art. 3.3 de la Ley Núm. 54, supra. Eso
constituye una absolución implícita. Blueford v. Arkansas,
supra; Smith v. Massachusetts, supra; Green v. United
States, supra.
Adviértase que cuando el Tribunal de Primera Instancia
tuvo el caso sometido ante su consideración, tenía a su CC-2009-795 22
disposición la opción de encontrar al señor Ayala García
culpable por el delito que se le acusó y no lo hizo.
Entonces, si el proceso culminó –hubo una orden de
encarcelación- y el Tribunal de Primera Instancia no lo
encontró culpable del Art. 3.3 de la Ley Núm. 54, supra, la
única conclusión lógica es que lo absolvió implícitamente.
Si el foro primario no absolvió al señor Ayala García del
Art. 3.3, supra, entonces, ¿qué hizo? Formular cualquier
otro razonamiento implica resolver que la exposición del
señor Ayala García en cuanto al Art. 3.3, íd., quedó en un
limbo jurídico porque no fue declarado culpable ni fue
absuelto expresamente. Y peor aún, que esa exposición por
el Art. 3.3, supra, se encuentra en un suspenso jurídico,
del cual la Opinión del Tribunal guarda silencio, que nos
permite declararlo culpable de ese delito por primera vez,
con solo una narración estipulada de la prueba, que no
expresa si el Tribunal de Primera Instancia creyó todo o
parte de lo que en ella se recoge.
Sobre el particular, ya el Tribunal Supremo de los
Estados Unidos resolvió en Green v. United States, supra,
págs. 191-192, que es innecesario que un fallo o veredicto
diga expresamente que se absuelve, para que se configure
una absolución. De igual forma, ese Foro resolvió en
Sanabria v. Unites States, supra, págs. 68-69, que por más
manifiestamente errónea que sea la decisión que emite un
foro primario, no se puede revisar y encontrar culpable al
acusado en apelación, porque se violaría la cláusula CC-2009-795 23
constitucional discutida. Véanse, además, United States v.
Martin Linen Supply Co., supra, pág. 571; Green v. United
States, supra, pág. 188; United States v. Ball, supra, pág.
671.
Eso responde a que luego que recae un fallo o veredicto
absolutorio, un procedimiento posterior de determinación de
hechos dirigido a declarar culpable o inocente a una
persona viola la cláusula constitucional que prohíbe la
doble exposición. United States v. Martin Linen Supply Co.,
supra, pág. 570, reiterado en Smalis v. Pennsylvania,
supra, pág. 146. Sin embargo, precisamente eso es lo que se
hace en este caso.
Por último, es menester aclarar que el señor Ayala
García no renunció al planteamiento de doble exposición por
apelar la sentencia del foro primario que lo encontró
culpable del Art. 3.1, supra. En esencia, ese fue el mismo
planteamiento que hizo el Estado en Green v. United States,
supra, págs. 193-194, y que el Tribunal Supremo federal
rechazó expresamente. CC-2009-795 24
Al igual que el Tribunal de Apelaciones, opino que
todos debemos esforzarnos por cumplir con la clara política
pública en contra de la violencia doméstica que permea toda
la Ley Núm. 54, supra. Véase, Art. 1.2 de la Ley Núm. 54,
supra, 8 L.P.R.A. sec. 601. Sin embargo, aunque soy
consciente que las acusaciones por violencia doméstica han
aumentado en los últimos tiempos, no puedo por ello negarme
a aplicar la Constitución que juré defender. El día que
haga eso habré faltado a mi deber de defender y proteger
nuestro régimen constitucional. Los individuos tienen unos
derechos constitucionales y la obligación de este Tribunal
es protegerlos.
Por los fundamentos antes expuestos, disiento
respetuosamente de la decisión de este Tribunal de declarar
culpable al señor Ayala García en primera instancia de un
delito por el cual el Tribunal de Primera Instancia lo
absolvió implícitamente. Por el contrario, confirmaría la
decisión del Tribunal de Apelaciones que exoneró al señor
Ayala García y ordenó su excarcelación.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES Juez Asociado
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2012 TSPR 120, Counsel Stack Legal Research, https://law.counselstack.com/opinion/pueblo-v-ayala-garcia-prsupreme-2012.