Miramar Marine, Inc. Y Otros v. Citi Walk Development Corporation Y Otros

2017 TSPR 141

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: July 27, 2017
• Docket: CC-2015-609
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Miramar Marine, Inc.; Luis A. García Gómez y otros

Peticionarios Certiorari

v. 2017 TSPR 141

Citi Walk Developmet 198 DPR ____ Corporation; McCloskey, Pérez & Asociados, Inc. y otros

Recurridos

Número del Caso: CC-2015-609

Fecha: 27 de julio de 2017

Tribunal de Apelaciones: Región Judicial de San Juan

Abogados de la parte peticionaria: Lcdo. José Andreu Fuentes Lcdo. Pedro López Bergollo Lcdo. Francisco Ramos Martínez

Abogados de la parte recurrida:

Lcdo. Alfredo Fernández Martínez Lcda. Marie Lynn Quiñones Tañón Lcdo. Juan M. Cordero Morales

Materia: Corporaciones: Al expirar para una corporación disuelta el término dispuesto por el Art. 9.08 de la Ley General de Corporaciones, el único remedio que existe para liquidar cualquier propiedad que aun posea la corporación disuelta es el procedimiento dispuesto por el Art. 9.09 de la Ley General de Corporaciones.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Peticionarios

v. CC-2015-0609 Citi Walk Development Corporation; McCloskey, Pérez & Asociados, Inc. y otros

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES.

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de julio de 2017.

La controversia que tenemos ante nuestra

consideración requiere que analicemos en conjunto

los Arts. 9.08 y 9.09 de nuestra Ley General de

Corporaciones, 14 LPRA secs. 3708 y 3709. Luego de

estudiar y analizar los artículos antes mencionados

revocamos la sentencia emitida por el Tribunal de

Apelaciones.

I

Miramar Marine, Inc. (Miramar Marine) fue una

corporación con fines de lucro incorporada al amparo

de la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico,

14 LPRA secs. 3501 et seq. Esta vendió una propiedad

inmueble a Hogares, S.E., mediante escritura

pública, CC-2015-0609 2

el 30 de diciembre de 2005. Como parte de la transacción,

Hogares S.E. otorgó un pagaré al portador a favor de

Miramar Marine por la cantidad de $1,625,000. Este pagaré

fue garantizado con una primera hipoteca sobre la propiedad

adquirida por Hogares, S.E. en la transacción de

compraventa, la cual fue debidamente inscrita en el

Registro de la Propiedad.

El 27 de diciembre de 2007 Hogares S.E. vendió,

mediante escritura pública, la propiedad inmueble en

cuestión a Citi Walk Development Corp. (Citi Walk), sin que

hubiere saldado su deuda con Miramar Marine. Sin embargo,

Miramar Marine consintió a que Citi Walk asumiera el pago

de la deuda que existía entre ellos y Hogares S.E.

Asimismo, Miramar Marine aceptó permutar a un segundo rango

la hipoteca que tenía sobre el inmueble, con el propósito

de que Eurobank pudiera garantizar el préstamo otorgado a

Citi Walk para que pudiera adquirir la propiedad. Además,

Citi Walk y Miramar Marine acordaron extender a veinte años

la vigencia de la hipoteca a favor de Miramar Marine. Por

otro lado, establecieron que el interés sobre el monto

principal de la deuda iba a ser de 8.25% hasta el 30 de

junio de 2008 y a partir de esta fecha el interés

aumentaría a 8.50%, hasta que se pagara la deuda en su

totalidad. También, acordaron aumentar el principal de la

deuda por $75,000, para lo que se emitió un pagaré

adicional. Finalmente, Urbanus Development, Inc. y

McCloskey Pérez y Asociados, Inc. garantizaron, por partes CC-2015-0609 3

iguales, el pago del principal e intereses de la deuda

asumida por Citi Walk, así como las penalidades y los

honorarios pactados en la hipoteca. Sin embargo, como

veremos más adelante, Citi Walk incumplió con estos

acuerdos.

Citi Walk incumplió con los pagos del préstamo que

realizó con Eurobank para adquirir la propiedad. Por ello,

Oriental Bank, quien era el dueño del crédito en

controversia para el tiempo de la reclamación, presentó una

demanda sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El

foro primario dictó sentencia a favor de Oriental Bank el

20 de abril de 2012. Además, el Tribunal de Primera

Instancia, como parte del proceso de ejecución de hipoteca,

ordenó la cancelación de la hipoteca de Miramar Marine, la

cual, como mencionamos anteriormente, se encontraba en

segundo rango.

Por su parte, Miramar Marine quedó disuelta en abril

de 2008 y, como consecuencia, comenzó su proceso de

liquidación. Como parte de ese proceso, Miramar Marine

realizó una serie de reclamaciones extrajudiciales contra

Citi Walk desde comienzos del 2009, con el propósito de que

Citi Walk le pagara el dinero adeudado por la propiedad que

le había vendido a Hogares S.E., y que Citi Walk le había

comprado a Hogares S.E. Finalmente, Miramar Marine logró un

acuerdo con F & R Construction, Corp., en donde estos

últimos se comprometieron a continuar con los pagos. Sin CC-2015-0609 4

embargo, F & R Construction Corp. dejó de cumplir con los

pagos en noviembre de 2012.

Como consecuencia, Miramar Marine y sus accionistas,

Luis A. García Gómez, Marisol N. de García, Rafael Nevares

Bengochea y Marta Burgos de Nevares, presentaron una

demanda ante el Tribunal de Primera Instancia el 24 de

septiembre de 2013 contra McCloskey, Pérez & Asociados,

Inc.; Citi Walk Development Corporation; Luis Pérez Pagán,

su esposa Gloria Tañón Ortiz y la sociedad legal de bienes

gananciales compuesta por ambos; Joseph McCloskey Vázquez,

su esposa Stacy Suárez Kiley y la sociedad legal de bienes

gananciales compuesta por ambos; Urbanus Development, Inc.;

TN Development Corp.; F & R Construction, Corp.; Jaime

Fullana Olivencia, su esposa Jossette Lefranc Romero y la

sociedad legal de bienes gananciales compuesta por ambos;

Ángel Antonio Fullana, su esposa Lydia Morales Cobián y la

José Miguel Fullana Olivencia, su esposa María Milagros

Morales López y la sociedad legal de bienes gananciales

compuesta por ambos, y Oriental Bank (Oriental). La demanda

se instó al amparo del Art. 9.08 de la Ley General de

Corporaciones, supra. Como consecuencia de la demanda,

McCloskey, Pérez & Asociados, Inc.; Citi Walk Development

Corporation; Luis Pérez Pagán, su esposa Gloria Tañón Ortiz

y la sociedad legal de bienes gananciales compuesta por

ambos; Joseph McCloskey Vázquez, su esposa Stacy Suárez

Kiley y la sociedad legal de bienes gananciales compuesta CC-2015-0609 5

por ambos (McCloskey) presentaron una moción de

desestimación el 10 de diciembre de 2013. Alegaron que los

demandantes dejaron de exponer una reclamación que

justifique la concesión de un remedio, debido a que al

momento de presentarse la demanda la corporación no tenía

capacidad jurídica para ser demandada. Regla 10.2 de las

Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA AP. V. Se basaron en

que había transcurrido el término de tres años que permite

el Art. 9.08 de la Ley General de Corporaciones, supra,

para presentar reclamaciones. De esta misma forma arguyeron

que, los accionistas tampoco presentaron su reclamación

dentro del periodo de tres años dispuestos por el Art. 9.08

de la Ley General de Corporaciones, supra. Por su parte,

los co-demandados Urbanus Development, Inc.; TN Development

Corp.; F & R Construction, Corp.; Jaime Fullana Olivencia,

su esposa Jossette Lefranc Romero y la sociedad legal de

bienes gananciales compuesta por ambos; Ángel Antonio

Fullana, su esposa Lydia Morales Cobián y la sociedad legal

de bienes gananciales compuesta por ambos; José Miguel

Fullana Olivencia, su esposa María Milagros Morales López y

la sociedad legal de bienes gananciales compuesta por ambos

(Urbanus), se unieron a la moción de desestimación

presentada por McCloskey. Finalmente, Oriental radicó,

también, una moción de desestimación en la que hizo

alegaciones similares a las de McCloskey y Urbanus. Por su

parte, el Tribunal de Primera Instancia proveyó no ha lugar

a las mociones de desestimación el 24 de noviembre de 2014. CC-2015-0609 6

Este foro concluyó que el término “acción” contenido en el

Art. 9.08 de la Ley General de Corporaciones, supra,

incluye reclamaciones extrajudiciales. En específico

indicó:

[U]na corporación que presenta una acción durante el período de sobrevivencia, en la forma de reclamación extrajudicial, puede proseguir con la misma luego de expirado dicho término y llevarla hasta su conclusión, aun cuando ello requiera convertir la reclamación de extra judicial en judicial. Véase, Resolución y Orden del 14 de noviembre de 2014, pág. 13.

Urbanus y Oriental acudieron al Tribunal de

Apelaciones, en donde cada una presentó un recurso de

certiorari. Ante esto, Miramar Marine se opuso a que se

expidiera el auto y planteó que en caso de resolver que la

corporación no tenía capacidad jurídica para hacer el

reclamo, entonces los accionistas podían hacerlo, pues los

bienes de una corporación pasaban directamente a ellos

cuando la misma se disolvía. Eventualmente, el foro

apelativo intermedio revocó al foro primario e indicó que

solo contempla acciones judiciales y no extrajudiciales,

por lo que cualquier reclamación judicial tenía que

presentarse en el periodo de tres años que indica el

mencionado artículo. Asimismo, en una nota al calce

concluyó que los accionistas de la corporación no podían

demandar, ya que luego del periodo dispuesto en el Art.

9.08 de la Ley General de Corporaciones, supra, no puede

hacerse ninguna reclamación. CC-2015-0609 7

Ante este resultado, Miramar Marine y sus accionistas

comparecen ante este foro y plantean que Miramar Marine

tiene legitimación para reclamar, ya que instó una

reclamación extrajudicial dentro del plazo de tres años del

Art. 9.08 de la Ley General de Corporaciones, supra.

También, en la alternativa señaló que, si se resuelve que

el plazo de tres años expiró, los activos de Miramar

Marine, incluyendo la acreencia reclamada, pasaron a ser

propiedad de los accionistas al liquidarse la corporación.

Como consecuencia, inicialmente notificamos una Resolución

en la que denegamos la expedición del Certiorari. No

obstante, en reconsideración, y luego de evaluar la misma,

decidimos expedir el auto de Certiorari. Así pues, luego de

haber analizado y estudiado los alegatos de las partes

procedemos a resolver las controversias que tenemos ante

nuestra consideración.

II

La figura de la corporación nace con el motivo de

facilitar y promover las actividades comerciales.

Exposición de Motivos de la Ley General de Corporaciones,

Ley Núm. 164-2009,(2009 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico).

Véase también, Santiago et al. v. Rodríguez et al., 181 DPR

204, 215 (2011). Por eso, una de las características

principales de la corporación es que cuenta con una

personalidad jurídica distinta y separada de la de sus

dueños. Íd. Véase también, C.E. Díaz Olivo, Corporaciones:

Tratado sobre Derecho Corporativo, Colombia, [s. Ed], 2016, CC-2015-0609 8

págs. 2, 45; M. Muñoz Rivera, Ley de Corporaciones de

Puerto Rico: Análisis y Comentarios, 1ra ed., San Juan, Ed.

Situm, 2015, pág. 7. Además, la personalidad jurídica se

extiende hasta que la corporación deja de existir.

Por otra parte, la disolución es el proceso mediante

el cual se pone fin a la existencia de la corporación. En

otras palabras, la disolución equivale a la “muerte

jurídica de la corporación”. Díaz Olivo, op. cit., pág.

371. El Capítulo IX de nuestra Ley General de

Corporaciones, 14 LPRA sec. 3701 et seq., regula el proceso

de disolución de una corporación en Puerto Rico. Junto con

la disolución comienza el proceso de liquidación del ente

corporativo. Durante este proceso, “[l]a corporación, entre

otras cosas, tiene antes que pagar las obligaciones

pendientes, cobrar sus acreencias y distribuir cualquier

sobrante entre los accionistas, de conformidad a las

prioridades que sus acciones les confieren.”. Díaz Olivo,

op. cit., págs. 381-382.

Para poder comprender mejor las consecuencias

jurídicas de la disolución de la corporación, es necesario

recordar que nuestro derecho corporativo proviene del

common law, específicamente del estado de Delaware.

supra. Por esa razón, hemos expresado que las

interpretaciones que hagan los tribunales de Delaware sobre

su Ley General de Corporaciones tienen valor ilustrativo y

persuasivo en esta jurisdicción, al igual que las CC-2015-0609 9

interpretaciones que hayan hecho otros estados de la

legislación corporativa de Delaware. Llorens et al. v.

Arribas et al., 184 DPR 32, 49-50 (2011). Es importante

tener esto en cuenta debido a que en el common law, la

disolución de una corporación, como la muerte de una

persona natural, terminan con la capacidad jurídica que

esta tiene para demandar y ser demandada. Por consiguiente,

se terminan todos los litigios que la corporación tenía

pendiente. A estos efectos, el Tribunal Supremo de Estados

Unidos ha expresado:

There is no specific provision in our rules for the substitution as a party litigant of a successor to a dissolved corporation. It is well settled that at common law and in the federal jurisdiction a corporation which has been dissolved is as if it did not exist, and the result of the dissolution cannot be distinguished from the death of natural person in its effect. It follows, therefore, that as the death of the natural person abates all pending litigation to which such a person is a party, dissolution of a corporation at common law abates all litigation in which the corporation is appearing either as plaintiff or defendant.(Citas omitidas) Oklahoma Natural Gas Co. v. State of Oklahoma, 273 U.S. 257, 259 (1927).

Véase también, In re Citadel Industries, Inc., 423

A.2d 500, 503 (Del. Ch. 1980); 16A Fletcher, Fletcher

Cyclopedia of the Law of Corporations Sec. 7966, (2012).

En Puerto Rico, los efectos de la disolución de una

corporación son distintos a los de la muerte de una persona

natural. En nuestra jurisdicción, el efecto de la muerte de

una persona natural es que los herederos se subrogan por

operación de ley en los derechos del causante, salvo

repudio o rechazo de la masa hereditaria. E. González CC-2015-0609 10

Tejera, Derecho de sucesiones: La sucesión intestal, San

Juan, Ed. Universidad de Puerto Rico, 2001, T. 1, pág. 31.

En otras palabras, opera una sucesión civil, la cual no

cuenta con una personalidad jurídica propia. Kogan v.

Registrador, 125 DPR 636, 656 (1990). Por lo tanto, sería

erróneo ver a los accionistas de una corporación disuelta

como los herederos de los activos y pasivos de la entidad.

Sin embargo, en aras de culminar el proceso de

liquidación, las legislaciones corporativas han adoptado

los llamados survival statutes. Véase, In re Citadel

Industries, supra, pág. 503; Fletcher, supra, págs. 9-10.

En Puerto Rico, el Art. 9.08 de la Ley General de

Corporaciones, supra, extiende la personalidad jurídica de

la corporación por un plazo de tres (3) años contados a

partir de su disolución. Ese artículo indica:

Toda corporación que se extinga por limitación propia o que por otro modo se disuelva, continuará como cuerpo corporativo por un plazo de tres (3) años a partir de la fecha de extinción o de disolución o por cualquier plazo mayor que el Tribunal de Primera Instancia (Sala Superior) en el ejercicio de su discreción disponga a los efectos de llevar adelante los pleitos entablados por la corporación y de proseguir con la defensa de los pleitos entablados contra ella, ya sean civiles, criminales o administrativos, así como a los efectos de liquidar y terminar el negocio, de cumplir con sus obligaciones y de distribuir a los accionistas los activos restantes. No podrá continuar la personalidad jurídica con el propósito de continuar los negocios para los cuales se creó dicha corporación. Respecto a cualquier acción, pleito o procedimiento entablado o instituido por la corporación o contra ella, antes de su extinción o dentro de los tres (3) años siguientes a su extinción o disolución, la corporación continuará como entidad corporativa después del plazo de los CC-2015-0609 11

tres (3) años y hasta que se ejecuten totalmente cualesquiera sentencias, órdenes o decretos respecto a las acciones, pleitos o procedimientos antes expresados, sin la necesidad de ninguna disposición especial a tal efecto por parte del Tribunal de Primera Instancia (Sala Superior).(Énfasis nuestro.)

Esta disposición es una copia de la Sec. 278 de la Ley

General de Corporaciones de Delaware, 8 Del. C. Sec. 278.1

Por otro lado, nuestra legislación corporativa

contempla la posibilidad de que expirado el plazo dispuesto

por el estatuto de supervivencia, quede patrimonio de la

corporación sin distribuir. Específicamente el Art. 9.09 de

la Ley General de Corporaciones de 2009, supra, indica:

1 La Sec. 278 de la Ley General de Corporaciones de Delaware, supra, indica:

All corporations, whether they expire by their own limitation or are otherwise dissolved, shall nevertheless be continued, for the term of 3 years from such expiration or dissolution or for such longer period as the Court of Chancery shall in its discretion direct, bodies corporate for the purpose of prosecuting and defending suits, whether civil, criminal or administrative, by or against them, and of enabling them gradually to settle and close their business, to dispose of and convey their property, to discharge their liabilities and to distribute to their stockholders any remaining assets, but not for the purpose of continuing the business for which the corporation was organized. With respect to any action, suit or proceeding begun by or against the corporation either prior to or within 3 years after the date of its expiration or dissolution, the action shall not abate by reason of the dissolution of the corporation; the corporation shall, solely for the purpose of such action, suit or proceeding, be continued as a body corporate beyond the 3-year period and until any judgments, orders or decrees therein shall be fully executed, without the necessity for any special direction to that effect by the Court of Chancery. CC-2015-0609 12

Cuando se disolviere alguna corporación con arreglo a las disposiciones de este subtítulo, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Superior), en cualquier momento y a petición de cualquier acreedor o de cualquier accionista o director de la corporación, o a petición de cualquiera que a juicio del tribunal muestre justa causa para ello, podrá nombrar como síndico a uno o varios de los directores de la corporación o designar administrador judicial a una o más personas, en representación de y para beneficio de la corporación, para que tales administradores judiciales o síndicos se hagan cargo del patrimonio de la corporación y cobren los créditos y recobren los bienes de la corporación con poder de demandar y defender, a nombre de la corporación, para entablar todos los litigios que sean necesarios para los propósitos antes expuesto[s], y para nombrar agente o agentes bajo sus órdenes y para ejecutar todos los actos que la corporación realizaría, si existiera y que sean necesarios para CC-2015-0609 13

la liquidación final de los asuntos corporativos pendientes. Las facultades de los administradores judiciales y los síndicos podrán prorrogarse por el tiempo que el Tribunal de Primera Instancia (Sala Superior) estime necesario para los fines antes mencionados. (Énfasis nuestro).

Cuando miramos la Ley General de Corporaciones de

Delaware encontramos que nuestro Art. 9.09 de la Ley

General de Corporaciones, supra, es una copia de la Sec.

279 de la ley General de Corporaciones de Delaware, 8 Del.

C. sec. 279.2

El propósito principal de la Sec. 279 de la Ley

General de Corporaciones de Delaware, supra, es

“salvaguardar el recobro y la administración de los aún

existentes derechos propietarios de la corporación disuelta

2 Específicamente, la Sec. 279 de la Ley General de

Corporaciones de Delaware, supra, indica:

When any corporation organized under this chapter shall be dissolved in any manner whatever, the Court of Chancery, on application of any creditor, stockholder or director of the corporation, or any other person who shows good cause therefor, at any time, may either appoint 1 or more of the directors of the corporation to be trustees, or appoint 1 or more persons to be receivers, of and for the corporation, to take charge of the corporation's property, and to collect the debts and property due and belonging to the corporation, with power to prosecute and defend, in the name of the corporation, or otherwise, all such suits as may be necessary or proper for the purposes aforesaid, and to appoint an agent or agents under them, and to do all other acts which might be done by the corporation, if in being, that may be necessary for the final settlement of the unfinished business of the corporation. The powers of the trustees or receivers may be continued as long as the Court of Chancery shall think necessary for the purposes aforesaid. CC-2015-0609 14

una vez transcurre el plazo de tres años después de la

disolución…”. (Traducción nuestra). Welch, Saunders and

Voss, Folk on the Delaware General Corporation Law, Vol. 3,

Sec. 279.01 (2017). (“to safe guard the collection and

administration of the still-existing property interests of

a dissolved corporation once the three-year period after

the dissolution prescribed…”) Los tribunales de Delaware en

varias ocasiones han tenido la oportunidad de interpretar

las Secs. 278 y 279 de su Ley General de Corporaciones,

supra, y han mencionado que el propósito de ambas

legislaciones es permitir la liquidación de una

corporación. Ambas disposiciones parten de la premisa de

que luego de la disolución, la propiedad de la corporación

no pasa a los accionistas, sino que sigue perteneciendo a

la corporación. City Investing Co. Liquidating Trust v.

Continental Cas. Co., 624 A.2d. 1191, 1195 (Del. 1993).

Asimismo, en Addy v. Short, 89 A.2d 136, 140 (Del. 1952),

el Tribunal Supremo de Delaware concluyó que como la Sec.

43 de la Ley General de Corporaciones de Delaware, hoy la

Sec. 279, supra, “provee para el nombramiento de un síndico

luego del periodo de tres años para administrar los bienes

que no han sido distribuidos, esto debe significar que la

corporación posee esos bienes; de lo contrario no habría

nada que administrar”. (traducción nuestra). (“Since

Section 43 provides for appointment of a receiver after the

three-year period to administer undistributed assets, it

must mean that the corporation continues to hold such CC-2015-0609 15

assets, otherwise there would be nothing to administer.”)

Sin embargo, ambas secciones se diferencian en que la Sec.

278 de la Ley General de Corporaciones de Delaware, supra,

extiende la personalidad por un plazo específico. Sin

embargo, la Sec. 279 de la Ley General de Corporaciones de

Delaware, supra, aplica, como ya mencionamos, luego de

expirado el plazo de tres años, cuando ya la corporación es

legalmente inexistente. In re Krafft-Murphy Co., Inc., 82

A.3d 696, 703-704 (Del. 2013); In re Citadel Industries,

supra, págs. 504-505; Harned v. Beacon Hill Real Estate

Co., 84 A.229 (Del. 1912). Véase también, Welch, Saunders

and Voss, supra, pág. 116.

Los tribunales de Delaware han resuelto que el único

remedio con el que cuenta una corporación para liquidar

cualquier propiedad que le pertenezca luego de que venza el

periodo dispuesto en la Sec. 278 de la Ley General de

Corporaciones de Delaware, supra, es el procedimiento

dispuesto en la Sec. 279, supra. In re Citadel Industries,

Inc., supra, pág. 507. Véase también, Balotti and

Finkelstein‟s, Delaware Law of Corporations and Business

Organizations, Vol. 1 , Sec. 10.16 (2017). Mediante este

procedimiento, todos los bienes de la corporación disuelta

pasan a un fideicomiso. El síndico o el administrador

judicial será el representante de la corporación y, como

tal, una vez el tribunal lo nombre, será el encargado del

fideicomiso. Welch, Saunders and Voss, supra, pág. 122. El

síndico o administrador deberá velar por los bienes que CC-2015-0609 16

estén en el fideicomiso y administrarlos para beneficio de

los accionistas y de los acreedores. Díaz Olivo, op. cit.,

pág. 385. Al ejercer sus funciones deberá actuar con el

juicio y la diligencia que observaría cualquier persona en

su misma posición. Íd.

Hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de

interpretar el Art. 9.09 de nuestra Ley General de

Corporaciones, supra. Sin embargo, el profesor de Derecho

Corporativo, Carlos E. Díaz Olivo, ha indicado que el

propósito del Art. 9.09 de nuestra Ley General de

Corporaciones, supra, es ”asegurar el cobro y la buena

administración de la propiedad que aún posea la corporación

luego de expirado el plazo de tres años provisto en el

Artículo 9.08”. Íd. Como podemos ver, ese es el mismo

propósito que los tribunales de Delaware le han dado a la

Sec. 279 de la Ley de General de Corporaciones de Delaware,

supra. El Derecho aquí expuesto nos lleva a concluir que en

caso de que una corporación haya quedado disuelta y el

término dispuesto por el Art. 9.08 de la Ley General de

Corporaciones, supra, haya expirado, el único remedio que

existe para liquidar cualquier propiedad que aún posea la

corporación, es el procedimiento dispuesto en el Art. 9.09

de nuestra Ley General de Corporaciones, supra.

III

En este caso el periodo de liquidación de Miramar

Marine culminó en 2011, de acuerdo a lo dispuesto en el

Art. 9.08 de la Ley General de Corporaciones, supra. CC-2015-0609 17

Miramar Marine y los accionistas pasaron por alto en sus

alegaciones la existencia del Art. 9.09 en la Ley General

de Corporaciones, supra. Como ya mencionamos, este artículo

es el encargado de regular el proceso de liquidación de la

propiedad perteneciente a la corporación luego de que esta

se haya disuelto. Es por esto que resulta innecesario

entrar a discutir lo planteado al respecto por Miramar

Marine y sus accionistas.

Asimismo, sería incorrecto concluir que los

accionistas son los nudos propietarios de los bienes de la

corporación luego de expirado el plazo dispuesto por el

Art. 9.08 de la Ley de Corporaciones, supra, según alega

Miramar Marine. Eso implicaría, como consecuencia

inescapable, que las deudas y obligaciones también se les

transferirían a los accionistas. Este resultado sería

contrario a los preceptos de nuestro Derecho, que establece

que las corporaciones tienen una personalidad jurídica

distinta y separada de la de sus accionistas y las

convertiría en meros DBA‟s (Doing Business As).

IV

La Regla 42.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.V,

indica que “[t]oda sentencia concederá el remedio a que

tenga derecho la parte a cuyo favor se dicte, aun cuando

[e]sta no haya solicitado tal remedio en sus alegaciones”.

Asimismo, la Regla 71 de Procedimiento Civil, supra,

sostiene que “[c]ualquier defecto en la denominación del

pleito o en la súplica del remedio, no será óbice para que CC-2015-0609 18

el tribunal conceda el remedio que proceda de acuerdo con

las alegaciones de la prueba. Esta regla se debe a que en

reiteradas ocasiones hemos resuelto que los foros

judiciales debemos hacer todo lo posible por resolver los

casos que tengamos ante nosotros”. Ortiz Rivera v. P.R. Tel

Co., 162 DPR 715, 723 (2004). Véase, además, López v.

Meléndez, 143 DPR 282, 292 (1997).

En vista de lo anterior, resolvemos conforme a derecho

y proveemos el remedio adecuado en ley, aunque la parte no

lo solicitó. Como consecuencia, revocamos la Sentencia

emitida por el Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso

al Tribunal de Primera Instancia para que la demanda de

Miramar Marine, Inc. y sus accionistas se tome como una

petición para activar el proceso dispuesto en el Art. 9.09

de la Ley General de Corporaciones, supra.

Se dictará sentencia de conformidad.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v. CC-2015-0609 Citi Walk Development Corporation; McCloskey, Pérez & Asociados, Inc. y otros

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de esta Sentencia, revocamos la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para que la demanda de Miramar Marine, Inc. y sus accionistas se tome como una petición para activar el proceso dispuesto en el Art. 9.09 de la Ley General de Corporaciones, supra.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez disintió con opinión escrita, a la cual se unieron la Jueza Presidenta señora Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado señor Colón Pérez.

Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO Miramar Marine, Inc.; Luis A. García Gómez y Otros

v.

Citi Walk Development Corporation; McCloskey, Pérez & Núm. CC-2015-0609 Asociados, Inc. y Otros

Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez a la que se unen la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado señor Colón Pérez

San Juan, Puerto Rico, a 27 de julio de 2017

Este Tribunal aún no ha tenido la oportunidad de

interpretar importantes disposiciones de la Ley

general de corporaciones. Por ello, debemos aprovechar

controversias como la que penden ante nuestra

consideración para precisar aquellos asuntos que -

aunque para una mayoría de esta Curia aparenten

inmeritorios- requieren ser esclarecidos. En

consideración a que la Opinión mayoritaria elude, sin

mayor explicación, atender los primeros tres (3)

señalamientos de error relacionados con los dictámenes

recurridos; y ya que se dispone de la controversia

mediante el uso innecesario y no solicitado del

mecanismo contemplado en el Artículo 9.09 la Ley,

disiento. CC-2015-0609 2

Miramar Marine, Inc. (Miramar Marine) era una

corporación con fines de lucro incorporada al amparo de la

Ley general de corporaciones de Puerto Rico. El 30 de

diciembre de 2005, mediante escritura pública, Miramar

Marine le vendió a Hogares, S.E. una propiedad inmueble.

Como parte de la transacción de compraventa, Hogares, S.E.

emitió un pagaré al portador por la cantidad de

$1,625,000.00 que le fue entregado a Miramar Marine. Este

pagaré fue garantizado con una primera hipoteca, a favor

de Miramar Marine, constituida sobre el inmueble objeto de

la compraventa. Ahora bien, el 27 de diciembre de 2007,

Hogares, S.E. vendió el inmueble en cuestión a Citi Walk

Development Corp. (Citi Walk). A esos efectos, Citi Walk

asumió el pago de la deuda, suscrita por Hogares, S.E., a

favor de Miramar Marine. Además, con tal de viabilizar la

compraventa, Miramar Marine accedió a permutar a un

segundo rango su hipoteca sobre el referido inmueble.3

3 Como parte del acuerdo de subordinación de la hipoteca, Miramar Marine y Citi Walk pactaron lo siguiente: (1) se extendió la vigencia de la hipoteca a favor de Miramar Marine por un término de veinte años, contado a partir del 31 de diciembre de 2008; (2) se fijaron intereses sobre el principal de la deuda a razón de 8.25% anual hasta el 30 de junio de 2008 y, posterior a esa fecha, a razón de 8.50% anual hasta su pago total; (3) se aumentó el principal de la deuda por $75,000.00 y, a esos efectos, se emitió un pagaré al portador adicional, y (4) las compañías Urbanus Development, Inc. (Urbanus) y McCloskey, Pérez & Asociados, Inc. (McCloskey), garantizaron -por partes iguales- el pago del principal e intereses de la deuda suscrita por Citi Walk. CC-2015-0609 3

Posteriormente, durante el mes de abril de 2008,

Miramar Marine fue disuelta. A esos efectos, comenzó un

proceso de liquidación de sus activos en aras de concretar

la terminación de su gestión corporativa. Como parte de

ello, Miramar Marine le cursó una serie de reclamaciones

extrajudiciales a Citi Walk, tras ésta incumplir con el

pago de la referida compraventa. A principios del año

2010, Miramar Marine concretó un plan de pago con F&R

Construction Corp. (F&R), corporación que asumió -de forma

voluntaria- la deuda de Citi Walk. No obstante, F&R dejó

de cumplir con el referido plan de pago a partir del mes

de noviembre de 2012.

Por otro lado, Citi Walk incumplió, además, los

pagos correspondientes al préstamo que se la había

concedido para la compraventa del referido inmueble. En

consecuencia, el 4 de abril de 2011, Oriental Bank -dueño

a esa fecha del referido crédito- instó ante el Tribunal

de Primera Instancia una demanda sobre cobro de dinero y

ejecución de hipoteca. Así las cosas, el 20 de abril de

2012, el foro primario dictó sentencia a favor de Oriental

Bank. Luego de varios trámites procesales, el referido

inmueble se vendió en pública subasta y, el 18 de marzo de

2013, el tribunal de instancia ordenó la cancelación de la

hipoteca en segundo rango a favor de Miramar Marine.

El 24 de septiembre de 2013, Miramar Marine y sus

accionistas, Luis A. García Gómez, Marisol N. de García,

Rafael Nevares Bengoechea y Marta Burgos de Nevares (en CC-2015-0609 4

conjunto, los peticionarios), presentaron una demanda ante

el Tribunal de Primera Instancia sobre incumplimiento de

contrato, cobro de dinero, daños y perjuicios, y fraude en

contra de Citi Walk, Oriental Bank y otros (en conjunto,

los recurridos).4 En lo pertinente, los peticionarios

plantearon que, tras la disolución de Miramar Marine, el

crédito en litigio era el único activo sobrante de la

corporación y solicitaron que se ordenara a los recurridos

el pago de éste.5

El 20 de diciembre de 2013, Citi Walk; McCloskey,

Pérez & Asociados, Inc. (McCloskey) y sus accionistas

presentaron una moción de desestimación al amparo de la

Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil. 32 LPRA

Ap. V, R. 10.2.6 En síntesis, arguyeron que Miramar Marine

4 Los demás codemandados son: McCloskey y sus accionistas, Joseph McCloskey Vázquez y su esposa Stacey Suárez Kiley, Luis Pérez Pagán y su esposa Gloria Tazón Ortiz; Urbanus, TN Development, Corp., (TN) F&R, y sus accionistas, Jaime Fullana Olivencia, Ángel Antonio Fullana Olivencia, José Miguel Fullana Olivencia y sus respectivas esposas y Sociedades Legales de Gananciales, y Oriental Bank. 5 En particular, los peticionarios arguyeron que el principal de la deuda evidenciada por los pagarés al portador en posesión de Miramar Marine ascendía a $1,219,590.29. Asimismo, plantearon que esta cantidad no contemplaba los intereses, calculados al 8.50% anual, acumulados desde el 30 de junio de 2009. Por último, solicitaron el pago de costas y de una cantidad ascendente a $170,000.00 que habían pactado las partes para el pago de honorarios de abogado y daños y perjuicios en caso de reclamaciones entre éstas. 6 Urbanus, TN y F&R, junto a sus accionistas, esposas y sociedades de bienes gananciales, se unieron a la moción. Por su parte, Oriental Bank presentó una moción de desestimación. Al igual que los demás recurridos, Oriental Bank fundamentó su solicitud en la falta de capacidad jurídica de Miramar Marine para presentar la demanda en cuestión. Puntualizó, además, que el pleito presentado CC-2015-0609 5

dejó de exponer una reclamación que justificara un remedio

toda vez que, a la fecha en que se presentó la demanda, la

corporación no tenía capacidad jurídica para demandar o

ser demandada. De otra parte, alegaron que los accionistas

de Miramar Marine no tenían una causa de acción válida ya

que no instaron una demanda en cobro de su acreencia

dentro del término de caducidad de tres (3) años posterior

a la disolución de la corporación, conforme al Artículo

9.08 de la Ley general de corporaciones de 1995. 14 LPRA

sec. 3008.

El Tribunal de Primera Instancia notificó, el 2 de

diciembre de 2014, una Resolución y Orden mediante la cual

denegó las mociones de desestimación presentadas por los

recurridos. En síntesis, el tribunal de instancia concluyó

que los peticionarios presentaron una reclamación válida

que justificaba la concesión de un remedio y que Miramar

Marine tenía capacidad jurídica para así hacerlo. A esos

efectos, reconoció que el Artículo 9.08 de la Ley general

de corporaciones de 1995 permitía la extensión de la

personalidad jurídica de la corporación disuelta, incluso

transcurrido el término de tres (3) años provisto para

ello, para que ésta concluyera la tramitación de aquellas

constituía un ataque colateral al dictamen judicial que autorizó a Oriental Bank la venta en pública subasta del inmueble en cuestión y la correspondiente eliminación de la hipoteca en segundo rango a favor de Miramar Marine. CC-2015-0609 6

acciones que hayan sido comenzadas durante el referido

periodo de extensión.

A su vez, determinó que el término „acción‟, en el

contexto de este artículo, incluía la presentación de

reclamaciones extrajudiciales. Así, pues, habida cuenta de

que desde el año 2009 Miramar Marine realizó reclamaciones

extrajudiciales directas a los recurridos, la demanda

presentada constituyó una continuación o acción secundaria

a la reclamación extrajudicial. Por último, concluyó que

el término de extensión contemplado en el Artículo 9.08 no

era de caducidad, por lo que podría quedar interrumpido

indefinidamente sin intervención judicial.

Los recurridos presentaron oportunas mociones de

reconsideración. No obstante, el foro primario las denegó

el 29 de enero de 2015. Inconformes, éstos acudieron al

Tribunal de Apelaciones mediante recursos de certiorari.

Tras consolidar ambos recursos, el 7 de mayo de 2015, el

foro apelativo intermedio notificó una Sentencia mediante

la cual revocó la Resolución y Orden recurrida.

En síntesis, el foro apelativo intermedio concluyó

que el término „acción‟ contemplado en el Artículo 9.08 de

la Ley general de corporaciones -al igual que en la

Sección 278 de la de corporaciones del estado de Delaware,

8 Del. sec. 278- no significa “otra cosa que un pleito

presentado ante un Tribunal”. Considerando que Miramar

Marine se disolvió durante el mes de abril de 2008, y que

la reclamación extrajudicial no está incluida en el CC-2015-0609 7

término „acción‟ del referido artículo, ésta no tenía

capacidad jurídica para presentar la demanda el 25 de

septiembre de 2013.

Cabe señalar, además, que los peticionarios en su

oposición a la expedición del certiorari plantearon que,

del tribunal resolver que Miramar Marine no tenía

capacidad jurídica para presentar la demanda en cuestión,

se debía concluir que sus accionistas tenían legitimación

activa para continuar la acción de cobro de dinero. El

Tribunal de Apelaciones atendió este planteamiento en una

escueta nota al calce en la que se limitó a hacer

referencia al caso MBC, Inc. v. Engel, 119 N.H. 8 (1979) y

a citar la siguiente expresión del tratadista

norteamericano William Fletcher, “[t]he statute

extinguishes the corporate rights, remedies and claims a

disolved corporation, and its shareholders, directors and

officers fail to bring within the . . . wind-up period”.

Apéndice, pág. 365. El Tribunal de Apelaciones desestimó

en sus méritos la demanda presentada por los

peticionarios.

Oportunamente, los peticionarios solicitaron la

reconsideración del dictamen del foro apelativo

intermedio. No obstante, el Tribunal de Apelaciones,

mediante Resolución notificada el 1 de julio de 2015,

proveyó no ha lugar a la moción de reconsideración.

Inconformes, el 24 de junio de 2015, los peticionarios CC-2015-0609 8

acudieron ante este Tribunal mediante un recurso de

certiorari.

En síntesis, los peticionarios plantearon que el

Tribunal de Apelaciones erró al determinar que Miramar

Marine no poseía „legitimación activa‟ para promover la

presente acción.7 Ello, pues, estiman que las

reclamaciones extrajudiciales que éstos le cursaron a los

recurridos extendieron la personalidad jurídica de la

corporación, conforme a lo dispuesto en el Artículo 9.08

de la Ley general de corporaciones. Según adelantamos, la

Opinión mayoritaria no aborda los tres (3) señalamientos

de error que se relacionan con éste planteamiento. En la

alternativa, éstos arguyeron que erró el foro apelativo

intermedio tras concluir que los accionistas de Miramar

Marine no podían proseguir con el presente litigio, ya que

éstos eran los nudos propietarios de los activos restantes

de la corporación disuelta.

Los recurridos se opusieron a la expedición del auto

de certiorari. Éstos, en esencia, reprodujeron los

planteamientos esbozados ante los foros inferiores. En lo

pertinente, arguyeron que Miramar Marine carecía de

7 A pesar de que los peticionarios aluden al término „legitimación activa‟ en sus señalamientos de error, adelantamos que el asunto ante nuestra consideración es uno propiamente sobre capacidad jurídica. Véase Asoc. De Res. Est. Cidra v. Future Dev., 152 DPR 68 (2000) (“[l]os conceptos de parte interesada o de standing no atañen a la personalidad porque se trata de relaciones jurídicas que son externas a ella y que representan el interés en el conflicto que se somete a decisión judicial”.) (citas omitidas). CC-2015-0609 9

capacidad jurídica y legitimación activa para presentar

demandas expirado el término de tres (3) años tras su

disolución; que la reclamación extrajudicial no está

contemplada en el término „acción‟ del Artículo 9.08 de la

Ley general de corporaciones, y que durante el término de

extensión de tres (3) años se tienen que distribuir los

activos restantes a los accionistas y éstos tienen que

presentar aquellas causas de acción correspondientes para

vindicar los derechos derivados de la corporación.

El 22 de octubre de 2015, este Tribunal notificó una

Resolución en la que se proveyó no ha lugar a la petición

de certiorari. No obstante, tras evaluar una Primera

moción de reconsideración presentada oportunamente por los

peticionarios y las correspondientes oposiciones

presentadas por los recurridos, este Tribunal reconsideró

su dictamen inicial y expidió el recurso de certiorari.

Con el beneficio de las comparecencias de las partes,

estamos en posición de resolver.

A

Para atender la controversia que nos atañe debemos

examinar de forma particular el proceso de disolución que

tienen a su disposición las entidades corporativas

organizadas al amparo de la Ley general de corporaciones.

En primer lugar, es importante puntualizar que este

proceso se tiene que llevar a cabo cumpliendo

estrictamente con las disposiciones correspondientes de la CC-2015-0609 10

Ley.8 Ello, pues incumplir con los requisitos ahí

dispuestos “impedirá que la corporación sea legalmente

disuelta. [Por ende,] [l]a franquicia corporativa

continuará vigente y la corporación, sus accionistas,

directores y oficiales sujetos a todas las imposiciones

que legalmente les apliquen”. Véase Dorado Handcraft, Inc.

v. Registrador, 99 DPR 21, 23 (1970). Véase, además,

Manuelita Muñoz Rivera, Ley de Corporaciones de Puerto

Rico, Análisis y Comentarios 219-220 (2015).

En términos estructurales, el proceso de disolución

en nuestro ordenamiento puede dividirse en dos (2) etapas,

a saber: (1) el reconocimiento por parte del Estado de la

culminación de la existencia de la personalidad jurídica

de la corporación, y (2) el proceso de terminar la gestión

corporativa.9 Durante la segunda etapa del proceso, la

corporación dispone de diversos asuntos, a saber: “(1)

cualquier litigio o procedimiento contra la corporación,

sea este de naturaleza civil, criminal o administrativ[o];

(2) liquidación y cierre del negocio; (3) disposición de

propiedades; (4) cumplimiento con sus obligaciones, y (5)

8 Véase 14 LPRA secs. 3703-3715. Cabe señalar que, además de las referidas disposiciones, existen otras secciones de la Ley general de corporaciones que contienen requisitos específicos para la disolución de tipos particulares de corporaciones. Véase, por ejemplo, 14 LPRA sec. 3997 (disolución de corporaciones de responsabilidad limitada). 9 Para una discusión del proceso de disolución en otras jurisdicciones, véase William Meade Fletcher, Fletcher Cyclopedia of the Law of Corporations 69-73, Vol. 16A (2012). CC-2015-0609 11

distribución y repartición de cualquier remanente a los

accionistas”. Carlos Díaz Olivo, supra, en la pág. 382.10

El proceso antes descrito conlleva, sin duda,

considerables consecuencias jurídicas que deben ser

matizadas.11 En primer lugar, el proceso de disolución

acarrea la extinción de la entidad corporativa y su

capacidad jurídica de obrar. Por ello, una vez disuelta,

la corporación está impedida de suscribir contratos;

adquirir, poseer o transferir propiedad; demandar o ser

demandada, y de ejercer cualquier otro poder conferido por

10 Nótese que, al igual que la legislación corporativa de distintos estados de Estados Unidos, la Ley general de corporaciones no delimita la forma en que dichas gestiones debe ser realizadas. Véase James D. Cox, Thomas Lee Hanzen, F. Hodge O‟Neal, supra, Vol. III, en la pág. 26.17 (“The statutes of most states proscribe the winding-up process only in a general way. The most important questions are the rights of creditors, whether the title to the property remains in the corporation for winding-up purposes or passes automatically to the directors as trustees or to the shareholders subject to the power of the directors to make liquidating distributions.”) 11 El profesor Carlos Díaz Olivo, sobre este proceso ha indicado que:

Una vez se emprende el proceso de disolución la corporación inicia un proceso de transformación . . . de un negocio activo y en marcha, que desarrolla transacciones con suplidores, acreedores, clientes, empleados, el gobierno y otras personas, en pos de la consecución de los objetivos para los que se organizó, altera su curso para iniciar un proceso de ajuste con miras a su eventual desaparición del mercado. Esto no ocurre de la noche a la mañana. La corporación, entre otras cosas, tiene antes que pagar las obligaciones pendientes, cobrar sus acreencias y distribuir cualquier sobrante entre los accionistas, de conformidad a las prioridades que sus acciones les confieren. Carlos Díaz Olivo, supra, en las págs. 381-382. CC-2015-0609 12

la Ley general de corporaciones. Véase James D. Cox,

Thomas Lee Hanzen, F. Hodge O‟Neal, Corporations 26.21,

Vol. III (1995). No obstante, mediante el Artículo 9.08 de

la Ley, la Asamblea Legislativa permite la extensión de la

personalidad jurídica de la corporación disuelta por un

término de tres (3) años y le confiere a ésta ciertos

poderes y facultades necesarios para terminar su gestión

corporativa. 14 LPRA sec. 3708.

La médula de la controversia ante nuestra

consideración requiere que examinemos con particular

detenimiento el Artículo 9.08 de la Ley general de

corporaciones con tal de interpretar su alcance. Veamos.

B

Comenzamos reiterando que, toda vez que la Ley

general de corporaciones se redactó con base en la

legislación corporativa del estado de Delaware, este

Tribunal ha avalado, en reiteradas ocasiones, recurrir a

la normativa que interpreta tal legislación a manera de

guía en la interpretación de nuestra ley. Véase Herger

Pacheco v. Calidad Vida Vecinal, 190 DPR 1007, 1017

(2014). Así, “otorgamos valor ilustrativo y persuasivo a

las interpretaciones que los tribunales del estado de

Delaware, al igual que otras jurisdicciones, hayan dado a

las secciones correspondientes de la ley General de

Corporaciones de ese estado”. Llorens v. Arribas, 184 DPR

32, 51 (2011). Claro está, según comentaremos, esta CC-2015-0609 13

metodología no es una camisa de fuerza para realizar una

interpretación de nuestro derecho autóctono.

Inicialmente, en el derecho común estadounidense, la

disolución de una corporación equivalía a la muerte de una

persona natural. William Meade Fletcher, Fletcher

Cyclopedia of the Law of Corporations 10, Vol. 4A (2012).12

A esos efectos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos en

Oklahoma Gas Co. v. Oklahoma, 73 U.S. 257 (1927), expresó

que:

[i]t is well settled that at common law and in the federal jurisdiction a corporation which has been dissolved is as if it did not exist, and the result of the dissolution cannot be distinguished from the death of a natural person in its effect. It follows therefore, that as the death of the natural person abates all pending litigation to which such a person is a party, dissolution of a corporation at common law abates all litigation in which the corporation is appearing either as plaintiff or defendant.

A pesar de pronunciamientos como éste, desde el siglo

XIX, las cortes de Estados Unidos desarrollaron remedios

en equidad para mitigar los efectos de la disolución

corporativa. En Wood v. Dummer, 30 F.Cas. 435 (D. Maine

1824), por ejemplo, se resolvió que los activos de una

corporación disuelta constituían un fideicomiso del cual

los acreedores de ésta podrían cobrar su acreencia. Esta

decisión es de particular importancia ya que engendró la

controversial doctrina en equidad conocida como la

12 Para una discusión más detallada, véase Phillip Marcus, Suability of Dissolved Corporations-A Study in Interstate and Federal State Relationships, 58 Harv. L. Rev. 675, 676-683 (1945). CC-2015-0609 14

doctrina del fideicomiso o trust fund doctrine.13 Véase

Cruz v. Ramírez, 75 DPR 947 (1954).

La utilización de la doctrina del fideicomiso por las

cortes de Estados Unidos se ha sido caracterizado por su 14 inconsistencia e imprecisión. Por ello, en respuesta,

los estados de Estados Unidos optaron por aprobar

legislación corporativa que atendiera, de forma puntual,

los retos que suponía la disolución de una corporación.15

Este tipo de legislación se conoce como estatuto de

supervivencia o survival statute. Véase William Meade

Fletcher, supra, Vol. 16A, en la pág. 314.

Un estatuto de supervivencia permitirá, generalmente,

la extensión de la personalidad jurídica de la corporación

disuelta por un tiempo limitado para ciertos fines. En

aquellas jurisdicciones donde el proceso de dar por

terminada la gestión corporativa es un requisito previo

para que el estado reconozca la disolución de una

corporación, el estatuto de supervivencia se limita a

proveer aquellos poderes y facultades necesarios para

atender reclamaciones presentadas por la corporación

13 Para un recuento histórico del desarrollo de la doctrina del fideicomismo, véase Edward T. Pivin, The Integrity of Delaware’s Corporate Dissolution Statute After Territory of the United States Virgin Islands v. Goldman, Sachs & Co.: Is Extended Post-Dissolution Shareholder Liability Necessary Component of Delaware’s Corporate Dissolution Scheme?, 55 St. Luis U. L.J. 1179-1182 (2011). 14 Véase, por ejemplo, Edwin S. Hunt, The Trust Fund Theory and Some Substitutes for It, 12 Yale L. J. 63 (1902). 15 Véase George D. Horstein, Voluntary Dissolution-A New Development in Intracorporate Abuse, 51 Yale L. J. 64 (1941). CC-2015-0609 15

disuelta o en contra de ésta. De otra parte, en

jurisdicciones como la nuestra, donde el proceso de

disolución comienza con el reconocimiento del estado de la

terminación de la existencia del ente corporativo, los

estatutos de supervivencia proveen poderes y facultades de

mayor envergadura con tal de que la corporación disuelta

pueda realizar las gestiones pertinentes para concluir su

gestión corporativa. Véase William Meade Fletcher, supra,

Vol. 16A, en las págs. 240-241.

Cabe destacar que con la aprobación de la Ley general

de corporaciones de 1956, Ley Núm. 3 de 9 de enero de

1956, la Asamblea Legislativa optó por seguir de cerca los

desarrollos de la ley corporativa del estado de Delaware.

Desde entonces, el estatuto de supervivencia que rige en

nuestro Derecho Corporativo es una traducción de la

Sección 278 de la ley de corporaciones de dicho estado.16

Al igual que en la Ley general de corporaciones de 1995,

el Artículo 9.08 de la Ley general de corporaciones de

2009 lee como sigue:

16 Destacamos que nuestro Derecho Corporativo ha contemplado estatutos de supervivencia desde el año 1911 cuando se aprobó la Ley de corporaciones privadas, Ley Núm. 30 de 9 de marzo de 1911. Véase Artículo 27 de la Ley de corporaciones privadas, 1910 Leyes de Puerto Rico 107 (“Todas las corporaciones, ora cesen en virtud de la limitación fijada en las cláusulas de incorporación, ora queden anuladas por disposición legislativa, ó se disuelvan de otro modo, subsistirán como personas jurídicas con capacidad para demandar y ser demandadas y á fin de que puedan liquidar y terminar sus negocios, enajenar y traspasar sus bienes y distribuir su capital; pero no lo serán por lo que respecta á la continuación de los negocios para los cuales fueren establecidas.”) CC-2015-0609 16

Toda corporación que se extinga por limitación propia o que por otro modo se disuelva, continuará como cuerpo corporativo por un plazo de tres (3) años a partir de la fecha de extinción o de disolución o por cualquier plazo mayor que el Tribunal de Primera Instancia (Sala Superior) en el ejercicio de su discreción disponga a los efectos de llevar adelante los pleitos entablados por la corporación y de proseguir con la defensa de los pleitos entablados contra ella, ya sean civiles, criminales o administrativos, así como a los efectos de liquidar y terminar el negocio, de cumplir con sus obligaciones y de distribuir a los accionistas los activos restantes. No podrá continuar la personalidad jurídica con el propósito de continuar los negocios para los cuales se creó dicha corporación.

Respecto a cualquier acción, pleito o procedimiento entablado o instituido por la corporación o contra ella, antes de su extinción o dentro de los tres (3) años siguientes a su extinción o disolución, la corporación continuará como entidad corporativa después del plazo de los tres (3) años y hasta que se ejecuten totalmente cualesquiera sentencias, órdenes o decretos respecto a las acciones, pleitos o procedimientos antes expresados, sin la necesidad de ninguna disposición especial a tal efecto por parte del Tribunal de Primera Instancia (Sala Superior). 14 LPRA sec. 3708.

Según podemos apreciar, el estatuto de supervivencia

tiene un sinnúmero de importantes implicaciones. En primer

lugar, extiende la personalidad jurídica de la corporación

para ciertos fines. Ahora bien, esta extensión se puede

configurar de diversas formas. Conforme al primer párrafo,

el periodo de extensión será de tres (3) años y estará

sujeto a ser prolongado por un término mayor, a discreción

del Tribunal de Primera Instancia (Sala Superior). De otra

parte, en el segundo párrafo, se provee un término de

extensión automático e indefinido. Éste, en particular, se

limita a la extensión de la personalidad jurídica de la CC-2015-0609 17

corporación disuelta para ejecutar sentencias, órdenes o

decretos producto de acciones, pleitos o procedimientos,

presentados antes de la disolución o durante el término de

extensión de tres (3) años antes mencionado. Por último,

queda de manifiesto que la corporación disuelta está

vedada de continuar con su gestión de negocio.

En el contexto de este caso, debemos plantearnos las

siguientes dos (2) interrogantes que no fueron contestadas

por la Opinión mayoritaria. Primero, ¿las reclamaciones

extrajudiciales están contempladas en el término

„cualquier acción‟ que contiene el segundo párrafo del

Artículo 9.08? Segundo, toda vez que el Artículo 9.08

provee para un periodo de extensión de tres (3) años,

¿constituye este término uno de naturaleza prescriptivo

sujeto al efecto interruptor de una reclamación

extrajudicial?

En respuesta a la primera pregunta, si recurriéramos

a una interpretación literal del término „cualquier

acción‟ para determinar qué comprende, obtendríamos un

resultado absurdamente amplio. Por ende, es necesario

contextualizar este término, en primer lugar, dentro de

los confines del propio estatuto que lo contempla.

Según reseñamos, el Artículo 9.08 de la Ley general

de corporaciones permite la continuación de la existencia

de la personalidad jurídica de la corporación para llevar

adelante o defenderse de „pleitos entablados‟. 14 LPRA CC-2015-0609 18

sec. 3708. A su vez, la misma disposición categoriza los

„pleitos entablados‟ como de naturaleza civil, criminal o

administrativo. Por otro lado, el segundo párrafo de la

disposición permite la extensión de la personalidad

jurídica de la corporación disuelta para efectos de

ejecutar sentencias, órdenes o decretos producto de

“cualquier acción, pleito o procedimiento entablado”. Id.

Ciertamente, de lo anterior surge que la Asamblea

Legislativa circunscribió la extensión de la personalidad

jurídica a supuestos muy particulares contenidos en el

mismo artículo.

De otra parte, cabe destacar que tanto los

tribunales estatales como federales de Estados Unidos se

han enfrentado a este debate en el contexto de la Sección

278 de la ley corporativa del estado de Delaware, que

como sabemos es análogo al Artículo 9.08 de nuestra Ley

general de corporaciones. En la mayoría de estas

decisiones, estos tribunales se enfocaron en determinar

si los términos „action‟, „suit‟ o „proceeding‟ incluyen

procedimientos de naturaleza criminal en contra de la

corporación disuelta.17 Por ejemplo, en U.S. v. P.F.

Collier & Son Corp., 208 F.2d 936 (7th Cir. 1953), el

Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Séptimo

17 Véase U.S. v. Mobile Materials, Inc., 776 F.2d 1476 (10th Cir. 1985); Mellrose Distilleries, Inc., v. U.S., 359 U.S. 271 (1959); U.S. v. U.S. Vanadium Corp., 230 F.2d 646 (10th Cir. 1956); U.S. v. Line Material Co., 202 F.2d 929 (6th Cir. 1953); U.S. v. Safeway Stores, Inc., 140 F.2d 834 (1st Cir. 1944). CC-2015-0609 19

Circuito resolvió esta controversia en la afirmativa. El

tribunal razonó que “[t]he words „any action, suit, or

proceeding‟ in their ordinary and generally accepted

meaning and use embrace, so we think, all forms of

litigation, civil, criminal, bankruptcy and admiralty.”

Además, cabe señalar que el referido debate se ha

contextualizado en otro tipo de acciones. Véase, por

ejemplo, Bahen & Wright, Inc. v. C.I.R., 176 F.2d 538

(4th Cir. 1949) (donde se interpretó que los referidos

términos incluyen acciones administrativas, promovidas

por agentes gubernamentales, con tal de recuperar

impuestos adeudados por la corporación disuelta); Partan

v. Niemi, 288 Mass. 111 (1934) (donde se interpretó que

los referidos términos incluyen peticiones ante la Corte

de Quiebras); Craftsman Finance & Mortg. Co. v. Brown, 64

F.Supp. 168 (D. S.D. N. Y. 1945) (donde se interpretó que

los referidos términos incluyen acciones derivativas

presentadas por los accionistas ante una Corte de

Distrito federal). Ahora bien, los resultados de las

referidas decisiones dejan de manifiesto que los términos

en cuestión sólo cobijan acciones presentadas ante los

tribunales de justicia o entes administrativos.

Por ende, el término „cualquier acción‟, conforme lo

dispone el Artículo 9.08 de la Ley general de

corporaciones, se refiere a reclamaciones judiciales, ya

sean de carácter civil, criminal o administrativo.

ii CC-2015-0609 20

En respuesta a la segunda interrogante, si estamos

ante un término prescriptivo, señalamos que el tratadista

norteamericano William Fletcher comenta que los estatutos

de supervivencia se categorizan como una limitación a la

capacidad de demandar o ser demandado de una corporación

disuelta y no imponen un término prescriptivo.18 William

Meade Fletcher, supra, Vol. 16A, en las págs. 319-320

(“The statutory survival period has been construed as a

limitation upon the capacity to sue or be sued rather

than a statute of limitations”). Asimismo, recientemente

el Tribunal Supremo del estado de Delaware, en In re

Krafft-Murphy, Co., Inc., 82 A.3d 696, 705 (2013),

dispuso que:

Nothing in section 278 operates as a statute of limitations that would bar claims or extinguish a dissolved corporation‟s liability to third parties. It is the case -and our courts have frequently held- that as a body corporate a dissolved corporation ceases to exist and is not amenable to suit after the expiration of section 278‟s three year period. From that it does not follow, however, that section 278 extinguishes the corporation‟s underlying liability to third parties. To the contrary, section 279 enables a dissolved corporation to (through a receiver) „sue and be sued‟ after the expiration of section 278‟s three year period does not extinguish the dissolved corporation‟s underlying liability.

Nótese, además, que en la jurisprudencia de otros

estados de Estados Unidos se ha llegado a la misma

18 Véase, por ejemplo, Johnson v. Helicopter & Airplane Services Corp., 404 F.Supp. 726 (D. Md. 1975); Smith- Johnson Steamship Corp. v. United States, 231 F.Supp. 184 (D. Del. 1964). CC-2015-0609 21

conclusión.19 Como fundamento para ello se ha resaltado la

importancia de distinguir entre los propósitos de ambas

figuras, a saber, “[t]he distinction is that a statute of

limitations affects the time that a stale claim may be

brought while a survival statute gives life for a limited

time to a right or claim that would have been destroyed

entirely but for the statute”. Davis v. St. Paul Fire &

Marine Ins. Co., 727 F.Supp. 549, 551 (D. S.D. 1989).

Véase, además, Van Pelt v. Greathouse, 364 N.W.2d 14, 15

(1985).

Cuando se habla de „statutes of limitations’, se

refiere a aquella disposición que fija términos de

prescripción. Véase Guillermo Cabanellas, Eleanor Hoague,

Diccionario ur ico Espa ol ngl s utterworths 586

(1991). Por lo tanto, la prescripción extintiva y el

statute of limitations del derecho común son figuras

análogas que sirven el mismo propósito.

En consideración a lo anterior, sería

irreconciliable categorizar el término de extensión

provisto por el estatuto de supervivencia de la Ley

general de corporaciones como uno prescriptivo. A esos

efectos, debemos descartar la aplicación del efecto

19 Véase Citizens Elec. Corp. v. Bituminous Fire & Marine Ins. Co., 68 F.3d 1016, 1020 (7th Cir. 1995) (interpretando legislación corporativa del estado de Illinois); Huston v. Fulgham Industries, Inc., 869 F.2d 1457, 1460 (11th Cir. 1989) (interpetando legislación corporativa del estado de Alabama); Litts v. Refrigerated Transport Co., 375 F.Supp. 675, 677 (D. M.D. Pa. 1973) (intepretando legislación corporativa del estado de Georgia). CC-2015-0609 22

interruptor al que este término está sujeto. Véase 31

LPRA sec. 5303. Véase, además, Sánchez v. Aut. de los

Puertos, 153 DPR 559, 567-567 (2001); García Aponte et

al. v. E.L.A. et al., 135 DPR 137 (1994); Zambrana

Maldonado v. E.L.A., 129 DPR 740 (1992).

C

En el contexto del proceso de terminación de la

gestión corporativa, al amparo del Artículo 9.08 de la

Ley general de corporaciones, la corporación disuelta

tiene la facultad de distribuir sus activos.20 Así,

20 Los poderes y facultades provistos a las corporaciones disueltas, por virtud de los estatutos de supervivencia, constituyen un mero marco de referencia en cuanto a los actos a ser realizados para terminar la gestión corporativa. Véase William Meade Fletcher, supra, Vol. 16A, en la pág. 353. Ello, pues, estos estatutos no suelen prescribir requisitos, de orden u forma, para llevar a cabo este proceso. Ahora bien, surge del propio lenguaje de la Ley general de corporaciones, la jurisprudencia y los tratadistas una sugerencia implícita referente a cuándo deben distribuirse los activos corporativos y los actos que deben preceder la distribución. Por ejemplo, el lenguaje de los Artículos 9.07, 9.08, 9.09, 9.10, 9.14 de la Ley sugiere que la distribución de activos se realizará luego de subsanar las obligaciones de la corporación. A esos efectos, el Prof. Carlos Díaz Olivo insinúa el mismo orden cuando comenta que la corporación disuelta durante su proceso de liquidación o terminación “tiene antes que pagar las obligaciones pendientes, cobrar sus acreencias y distribuir cualquier sobrante entre los accionistas, de conformidad a las prioridades que sus acciones les confieren”. Carlos Díaz Olivo, supra, en las págs. 381- 382. Por último, William Fletcher puntualiza que “[a]fter dissolution, the property of the corporation passes to the shareholders, subject to the payment of corporate debts. Any distribution to shareholders made before satisfaction of the corporation‟s debts is illegal, and corporate creditors can bring claims against the shareholders possessing the corporate assets.” William Meade Fletcher, supra, Vol. 16A, en las págs. 483-484. CC-2015-0609 23

durante el término de extensión de la personalidad

jurídica, ésta retiene la facultad de poseer y de

disponer de su propiedad.

Cabe señalar, además, que la titularidad de la

propiedad de la corporación disuelta no se ve afectada

durante el referido periodo de extensión. A esos efectos,

el Tribunal Supremo del estado de Delaware expresó que

“as concerns the property it had at the time of

dissolution, it‟s title and possessions are unimpaired.

Whatever rights it had, of whatever nature, are

preserved, in full vigor during the three year period.

Any other conclusion would contravene the plain language

of the statute.” Addy v. Short, 47 Del. 157, 163 (1952).21

Ahora bien, culminado el término de extensión de la

personalidad jurídica de la corporación disuelta, su

capacidad jurídica de obrar queda extinguida por

completa. Es en este momento, que la corporación extinta

está imposibilitada de poseer o disponer de su propiedad.

Véase, además, Jenot v. White Mountain Acceptance Corp., 124 N.H. 701, 706 (1984) (“This court has long recognized the rights of former shareholders of a dissolved corporation to succeed, in their individual capacities, to assets owned but her corporation prior to dissolution . . . subject to the payment of corporate debts.”). 21 Véase, además, James D. Cox, Thomas Lee Hanzen, F. Hodge O‟Neal, supra, en la pág. 26.21 (“Debts do to or buy the corporation are not extinguished. Even in the absence of a statute, a court of equity can enforce collection of debts due to a corporation for the benefit of creditors and shareholders and will satisfy debts due from the corporation out of its assets. The property of the corporation belongs to the shareholders, subject to the corporate debts and the powers of the liquidators”.). CC-2015-0609 24

En la discusión del Derecho que se aborda en la

Opinión mayoritaria, se dispone que “los efectos de la

disolución de una corporación son distintos a los de la

muerte de una persona natural”. Opinión mayoritaria, en

la pág. 9. Por ende, se concluye que “sería erróneo ver a

los accionistas de una corporación disuelta como los

herederos de los activos y pasivos de la entidad”. Id. en

la pág. 10.

En consideración a lo anterior, la mayoría analiza

el Artículo 9.08 ya discutido, al igual que el Artículo

9.09 de la Ley general de corporaciones. Éste último,

según bien se señala en la Opinión mayoritaria, permite

que en cualquier momento -ciertas personas con interés-

soliciten el nombramiento de un síndico o administrador

judicial para que

cobren los créditos y recobren los bienes de la corporación con poder de demandar y defender, a nombre de la corporación, para entablar todos los litigios que sean necesarios para los propósitos antes expuestos, y para nombrar agente o agentes bajo sus órdenes y para ejecutar todos los actos que la corporación realizaría, si existiera y que sean necesarios para la liquidación final de los asuntos corporativos pendientes. 14 LPRA sec. 3709.

Posteriormente, una mayoría de este Tribunal hace

referencia a varias determinaciones del Tribunal Supremo

del estado de Delaware en las que se resuelve, al amparo

de la ley general de corporaciones de ese estado, que la

propiedad del ente corporativo no pasa a los accionistas,

pues ésta sigue perteneciendo a la corporación. Conforme CC-2015-0609 25

a este razonamiento se justifica la funcionalidad del

mecanismo dispuesto en la Sección 279 de la ley de

Delaware -equivalente al Artículo 9.09 de nuestra Ley-.

No obstante, con ello discrepo.

En primer lugar, considero que -como bien identificó

la Opinión mayoritaria- “las interpretaciones que hagan

los tribunales de Delaware sobre su Ley General de

Corporaciones tienen valor ilustrativo y persuasivo en

esta jurisdicción”. Opinión mayoritaria, en la pág. 8

(énfasis suplido). Ciertamente, en el Derecho Corporativo

existe una verdadera analogía con la legislación de ese

estado para justificar un análisis de derecho comparado.

Véase Vilanova v. Vilanova, 184 DPR 824, 885-886 (2012)

(Op. Disidente, Fiol Matta, Hernández Denton, Rodríguez

Rodríguez). Ahora bien, ya que debemos realizar esta

tarea interpretativa en consideración a las realidades

específicas de nuestro contexto, no estamos obligados a

adoptar las interpretaciones o la jurisprudencia que

utilicemos para efectuar este análisis. Véase Pueblo v.

Rivera Cintrón, 185 DPR 484, 490 (2012); Peña Clos v.

Cartagena Ortiz, 114 DPR 576, 588 (1983) (Cuando una de

nuestras instituciones derive de determinada tradición

jurídica, los precedentes de ésta tendrán valor

persuasivo en esta jurisdicción, sin olvido de

desarrollos valiosos en otros sistemas, aunque sujeto

siempre a las realidades específicas de nuestro medio). CC-2015-0609 26

Según señalamos anteriormente, la ausencia de

personalidad jurídica anula la capacidad para poseer. Por

tanto, no me parece suficiente aludir al carácter de

„ficción jurídica‟ del ente corporativo para justificar

el que, una vez extinta, ésta posea propiedad para

posibilitar el mecanismo de liquidación opcional

contemplado en el Artículo 9.09 de la Ley .

Veremos que, si estudiamos este dilema un poco más

allá de los confines de Delaware -incluso dentro de los

propios márgenes de los tratados dedicados al Derecho

Corporativo- podremos apreciar que no hay consenso real

sobre qué ocurre con los activos de la corporación una

vez ésta se extingue. Por tanto, considero necesario

repasar una figura que estimo central para plantear una

solución alterna a esta controversia; a saber, el

accionista.

Anteriormente, hemos definido la figura del

accionista como un propietario de una corporación con

fines de lucro. Santiago v. Rodríguez, 181 DPR 204, 215

(2011). Éste, como titular de las acciones de la

corporación, “posee una parte alícuota de su capital, un

derecho general a participar de sus ganancias y la

distribución de sus activos en caso de liquidación”. Id.

Para todos los efectos, los accionistas son “the ultimate

equitable owners of [the corporation‟s] assets.” William

Meade Fletcher, supra, Vol. 12B, en las págs. 72-73. CC-2015-0609 27

Así, pues, tras la disolución de la entidad

corporativa, el interés propietario de los accionistas

subsiste inalterado. Véase William Meade Fletcher, supra,

Vol. 16A, en la pág. 276 (“[a]lthough the dissolution of

a corporation may have an impact on the personal rights

of shareholders, it does not terminate their property

interests in the corporation.”). Por ende, resulta

evidente que, luego del vencimiento del periodo de

extensión de la personalidad jurídica de la corporación

disuelta, los activos sobrantes de ésta son transferidos

a mano de los accionistas, en cuanto éstos son dueños de

la misma. Véase, por ejemplo, Jenot v. White Mountain

Acceptance Corp., 124 N.H. 701 (1984) (interpretando

legislación corporativa del estado de New Hampshire).22

Según reseñamos en los acápites precedentes, uno de

los efectos del estatuto de supervivencia es proveer un

límite de tiempo para presentar causas de acción, a favor

o en contra de la corporación disuelta, que hayan surgido

previo a la disolución o durante el referido término de

22 Cabe reconocer que la Opinión mayoritaria tiene una preocupación legítima en cuanto a esta propuesta; a saber, si se afectará la dicotomía entre la personalidad jurídica de la corporación y aquella del accionista individual. Ello, principalmente, respecto a la transferencia de los pasivos y obligaciones de la corporación, una vez ésta se extinga, a los accionistas. Ahora bien, surge de las alegaciones de este caso que no existen obligaciones o pasivos correspondientes a la extinta Miramar Marine. Por tanto, no estamos llamados a abordar este asunto. Ahora bien, confío que, de suscitarse una controversia como ésta, podríamos armonizar lo aquí propuesto con este principio para así asegurar debidamente los intereses de los accionistas. CC-2015-0609 28

extensión. Cabe señalar que, las causas de acción que

tuviese la corporación disuelta a su haber, pueden ser

considerados como activos transferibles a los

accionistas. Véase, por ejemplo, Huston v. Fulgham

Industries, Inc., 869 F.2d 1457 (11th Cir. 1989). En

consideración a ello, una vez se extinga la corporación

disuelta, es necesario identificar a favor de quién se

presenta las causas de acción.23

Ahora bien, Fletcher nos indica que los accionistas

no pueden hacer valer los derechos extintos de una

corporación disuelta. Esto, pues una accionista no tiene

más derechos de los que tiene la corporación. Véase

William Meade Fletcher, supra, Vol. 16A, en la pág. 326.

Ello no obstante, y en lo que nos atañe, Fletcher

23 La jurisprudencia que aborda este tema a nivel estatal y federal se contextualiza, principalmente, en la ley de corporaciones del estado de Illinois. Aunque esta legislación contiene un estatuto de supervivencia notablemente distinto al nuestro, consideramos pertinente reseñar este asunto brevemente. En particular, los tribunales han determinado que las causas de acción trasferidas a los accionistas, tras el proceso de disolución, tienen que ser vindicadas durante el término de extensión de la personalidad jurídica de la corporación disuelta. Aunque, inicialmente, la regla se aplicó con sumo rigor, al presente se ha flexibilizado y contempla dos excepciones generales; a saber: (1) aquellas causas de acción que son presentadas por los accionistas a título personal por un daño que se le ha causado y (2) “those involving ascertainable or previously asserted claims that have the caracter of a tangible property asset and which have devolved by law or have been assigned to the shareholders.” Halliwell Associates, Inc. v. C.E. Maguire Services, Inc., 586 A.2d 530 (1991). Véase, Shariff v. International Development Group Co. Ltd., 399 F.3d 857 (2005). Véase, además, Jacqueline M. Belcastro, Post-Dissolution Rights of Corporations: What Survives the Survival Statute, 89 Ill. B.J. 120 (2001). CC-2015-0609 29

distingue la situación anterior de cuando el accionista

busca vindicar en su capacidad personal sus derechos.

Específicamente señala que:

the rights of former shareholders to seek recovery in their own individual capacities, seeking nothing for and on behalf of the corporation. Corporate continuance statutes do not supplant the equitable rule that shareholders succeed to the assets of a dissolved corporation and therefore they are entitled to maintain an action on that basis despite expiration of the corporation’s wind-up period. Id. (énfasis nuestro).

Procedemos entonces a aplicar la normativa jurídica

antes reseñada a los hechos en el caso de autos.24

Los peticionarios intentan persuadirnos de que la

frase „cualquier acción‟, dispuesta en el Artículo 9.08

de la Ley general de corporaciones, incluye la figura de

la reclamación extrajudicial.25 De acceder a tal

24 En consideración a que esta controversia se trabó con la presentación de una moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de las Reglas Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, corresponde que tomemos como ciertos “todos los hechos bien alegados en la demanda, que hayan sido aseverados de manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen a dudas”. Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). Véase, también, Torres Torres v. Torres Serrano, 179 DPR 481, 501 (2010). Asimismo, debemos interpretar estos hechos conjuntamente, liberalmente y de la manera más favorable a la parte demandante. Véase Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497 (1994); Alberty Marrero v. Rodríguez Emma y otros, 149 DPR 655 (1999). 25 En lo pertinente, cabe recordar que la reclamación extrajudicial constituye una manifestación inequívoca de quien, amenazado con la pérdida de su derecho, expresa su voluntad de no perderlo. Véase De Jesús v. Chardón, 116 DPR 238 (1985); Feliciano v. A.A.A., 93 DPR 655 (1966). CC-2015-0609 30

propuesta, la presentación de una reclamación

extrajudicial tendría el efecto de activar el término de

extensión de la personalidad jurídica de una corporación

disuelta, conforme lo dispone el segundo párrafo del

referido artículo, “hasta que se ejecuten totalmente

cualesquiera sentencia, órdenes o decretos”. 14 LPRA sec.

3708. Apoyados en esta interpretación, los peticionarios

razonan que al haber presentado una reclamación

extrajudicial en contra de algunos de los recurridos,

durante los tres (3) años siguientes a la disolución de

Miramar Marine en el año 2008, tenían la facultad de

“continuar su litigación al convertirla en una

reclamación judicial y presentar la correspondiente

demanda” en el año 2013.

Tras un análisis integral del lenguaje del Artículo

9.08 de la Ley general de corporaciones y aquella

jurisprudencia pertinente, concluimos que no fue la

intención de la Asamblea Legislativa considerar la

reclamación extrajudicial como una „acción‟, „pleito‟ o

„procedimiento‟. A esos efectos, y como habíamos

adelantado, al igual que las cortes estatales y federales

de Estados Unidos, concluimos que estos términos, en el

contexto de los estatutos de supervivencia, se refieren a

“Este tipo de reclamación sirve varios propósitos fundamentales, siendo los principales: interrumpir el transcurso del término prescriptivo de las acciones; fomentar las transacciones extrajudiciales, y notificar, a grandes rasgos, la naturaleza de la reclamación”. Sánchez, 153 DPR en la pág. 568. CC-2015-0609 31

reclamaciones iniciadas ante los tribunales de justicia,

cortes de quiebras o agencias administrativas. Lo

contrario supondría claudicar el estatuto de

supervivencia y permitir que las corporaciones subsistan

por tiempo indefinido –pese a haber sido disueltas-

siempre que se reclame extrajudicialmente cualquier

derecho o acreencia.

Es necesario recalcar que los estatutos de

supervivencia, aunque de carácter remedial, se diseñaron

con el propósito de proveer seguridad al proceso de

disolución y terminación de la gestión corporativa de una

corporación disuelta. Véase James D. Cox, Thomas Lee

Hanzen, F. Hodge O‟Neal, supra, en la pág. 26.29. A su

vez, se aprobaron para delimitar el periodo de tiempo en

el que la corporación, sus accionistas, acreedores y

terceros, podrían ejercer sus derechos y responder por

sus obligaciones.

Permitir que la reclamación extrajudicial presentada

por los peticionarios active los efectos del Artículo

9.08 de la Ley general de corporaciones, sin ésta

siquiera tener el potencial de producir, de suyo, una

sentencia orden o decreto, sentaría un precedente que

atentaría contra la estabilidad que propicia el estatuto

de supervivencia.

Por otro lado, los peticionarios proponen que el

referido estatuto de supervivencia debe ser categorizado

como uno de prescripción con todos los atributos que esta CC-2015-0609 32

figura jurídica ostenta. Así, razonan que la extensión de

la personalidad jurídica de una corporación disuelta

estaría sujeta a interrupción mediante actos no

contemplados en la Ley general de corporaciones. No les

asiste la razón.

Conforme discutimos anteriormente, los tribunales de

Estados Unidos que han abordado precisamente la misma

controversia que aquí atendemos –incluyendo los del

estado de Delaware de donde proviene el Artículo 9.08 de

la Ley general de corporaciones- han concluido

uniformemente que el estatuto de supervivencia no es un

estatuto que fije un término prescriptivo. La parte

peticionaria no ha adelantado fundamento alguno para

abandonar el razonamiento de estos foros judiciales.

De otra parte, sin duda alguna, existe una

distinción fundamental entre los fines que persiguen los

estatutos de supervivencia y la figura de la

prescripción. Consideramos que extender al esquema

legislativo en cuestión los efectos jurídicos de la

prescripción constituiría un atentado a la prerrogativa

de la Asamblea Legislativa en cuanto a la regulación de

la existencia misma del ente corporativo.

En consideración a lo anterior, concluimos que la

reclamación extrajudicial presentada por Miramar Marine

no tuvo el efecto de activar el periodo de extensión

contemplado en el segundo párrafo del Artículo 9.08 de la

Ley general de corporaciones. Así, pues, transcurrido el CC-2015-0609 33

término de tres (3) años, contado a partir de la

disolución de ésta, Miramar Marine cesó de existir y no

tenía capacidad jurídica para presentar la demanda en

cuestión.

Ahora bien, según comentamos, el interés propietario

de los accionistas se mantiene inalterado luego de la

extinción de la personalidad jurídica de la corporación

disuelta. Así, éstos advienen dueños de los activos

restantes de ésta. Por tanto, conforme a los hechos bien

alegados en la demanda, los accionistas de la extinta

Miramar Marine se convirtieron en dueños de su único

activo restante, a saber, el crédito en litigio.

Cabe destacar que los accionistas de Miramar Marine

hicieron constar en la demanda enmendada que “promueven

la presente demanda por sí y como parte del proceso de

liquidación de los asuntos corporativos”. Apéndice, pág.

333. Ciertamente los accionistas no pueden vindicar

derechos de la extinta Miramar Marine, pero, en éste

caso, éstos bien pueden continuar el presente litigio

para vindicar un derecho personal que alegan tener, es

decir para cobrar su acreencia.

No obstante, la Opinión mayoritaria dispone que en

caso de que una corporación se disuelva, y transcurra el

periodo de extensión contemplado en el Artículo 9.08 de

la Ley general de corporaciones, “el único remedio que

corporación, es el procedimiento dispuesto en el Art. CC-2015-0609 34

9.09 de nuestra Ley General de Corporaciones, supra”.

Opinión mayoritaria, en la pág. 16. Según comenté,

discrepo conceptualmente de este curso de acción.

Asimismo, me parece inadecuado el lenguaje utilizado para

articular la determinación, pues aparentaría convertir un

procedimiento -evidentemente- opcional en uno

obligatorio. ¿Quedará trastocada la naturaleza de los

procedimientos de liquidación corporativa tras este

dictamen? Veremos.

Por último, considero que este Tribunal se

extralimitó al ordenar, motu proprio, que la demanda se

convierta en una petición para activar el proceso

dispuesto en el Artículo 9.09 de la Ley general de

corporaciones. En primer lugar, es preciso destacar que

la parte peticionaria no realiza una solicitud para

comenzar el procedimiento en cuestión; ni siquiera hace

mención alguna del Artículo 9.09. Si bien es cierto que

en uno de los alegatos presentado por las partes

recurridas se hace referencia a este procedimiento, éstos

no solicitaron que se activara el mismo. Al contrario, en

consideración a que entendían que procedía, solicitaban

la desestimación de la causa de acción instada. En

segundo lugar, soy del criterio que el texto del Artículo

9.09 no contempla que el proceso en cuestión sea

iniciado, motu proprio, por los tribunales. Más bien, el

lenguaje es meridianamente claro al disponer que “a

petición de” los accionistas, acreedores u otra parte CC-2015-0609 35

interesada de la corporación disuelta –según los

criterios que dispone la propia Ley-, el tribunal podrá

nombrar un síndico u administrador judicial. Por tanto,

insistimos, no le corresponde a este Tribunal ordenar el

inicio del procedimiento en cuestión.

Por todo lo anterior disiento del curso decisorio de

la mayoría cuyo resultado práctico será burocratizar

innecesariamente el proceso de disolución de una

corporación.

Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada